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¿Cómo será el procedimiento de Responsabilidad patrimonial a partir del 2 de octubre de 2016?

Hasta ahora la Responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas estaba regulada en los artículos 139 a 146 de la Ley 30/92 y en el Reglamento de los procedimientos aprobado por R.D 429/93.

Con la entrada en vigor de las Leyes 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas y 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público quedarán modificados principios y régimen jurídico, así como las especialidades procedimentales. Con la consideración de “especialidades” las mismas adquieren rango legal tal y como lo indica la Exposición de motivos de la Ley 39/2015, “los procedimientos se ha integrado en el común”.

En cuanto a las especialidades:

El procedimiento de responsabilidad patrimonial se puede iniciar de oficio, por petición razonada de otros órganos o a instancia de parte de los particulares.
Cuando sea la Administración la que haya iniciado el procedimiento de oficio, debe hacerlo antes de que prescriba el derecho a la reclamación por parte del particular. El plazo sigue siendo el de 1 año, desde que se produjo el hecho o acto lesivo, o desde la curación o desde que las secuelas quedan determinadas en los casos de daños físicos o psíquicos.

El artículo 81 de la Ley 39/2015 regula lo referente a solicitud de informes y dictámenes, indicando los 3 tipos:
- Informe del Servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión indemnizable. Este informe debe emitirse en 10 días.
- El Dictamen del Consejo de Estado, u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma, cuando la indemnización sea superior a la cantidad que fije la norma. Se emitirá en el plazo de 2 meses.
- El Informe del Consejo General del Poder Judicial, cuando sean reclamaciones al Estado por el funcionamiento anormal de la Justicia. Será emitido en el plazo máximo de 2 meses.


En cuanto a la terminación convencional, deriva del artículo 86.5 de la Ley 39/2015 que establece que el acuerdo alcanzado entre las partes deberá fijar la cuantía y modo de indemnización, de conformidad a los criterios del art. 34 de la Ley 40/2015 previsto para su cálculo y abono.

 

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Vicente J Saiz Marco Abogado de Incapacidades
Por Vicente J. Saiz Marco - Abogado

 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 
 

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