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Valero & Saiz Abogados - desde 1996

 

Para cualquier información o consulta referida al contenido del presente artículo o de Derecho Administrativo en general contacte con el Letrado Pedro Tabárez en el 91 530 96 95 o 91 530 96 98.

El Consejo de Ministros aprobó el 8 de mayo la remisión a las Cortes Generales de los Proyectos de Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y de Régimen Jurídico del Sector Público, que implantarán una Administración totalmente electrónica, interconectada, transparente y con una estructura clara y simple.

 

Esta reforma se basa en dos ejes complementarios:

1.El referido a las relaciones externas de la Administración con ciudadanos y empresas, del que se ocupa el Proyecto de Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2. El referido a la organización y relaciones internas dentro de cada Administración y entre las distintas Administraciones, en el que se centra el Proyecto de Ley de Régimen Jurídico del Sector Público

 

 

NOVEDADES PARA LOS CIUDADANOS

  1. Se facilitan las relaciones electrónicas de los ciudadanos con la Administración. Con este objetivo se habilita la presentación de escritos en cualquier momento en el registro electrónico de cualquier Administración, con independencia de a quien se dirijan.

  2. Se simplifican los medios de identificación y de firma electrónica que se pueden utilizar para los trámites administrativos. Para ello se potencia, por ejemplo, el uso de claves electrónicas concertadas que se facilitan al ciudadano en el momento para realizar su trámite, se establece la asistencia personal por parte de la Administración en el uso de medios electrónicos a aquellos ciudadanos que lo necesiten y se prevé que las Administraciones puedan avisar al ciudadano, si así lo ha autorizado, mediante mensaje al teléfono móvil de que tiene una notificación que podrá consultar de manera electrónica.

  3. Se reducen las cargas administrativas y se establece como regla general la no solicitud de documentos originales, por ejemplo, la declaración de la renta o los certificados de empadronamiento, etc.
    No será preciso que los ciudadanos presenten fotocopias de documentos, sino que, registrados éstos electrónicamente, la Administración elaborará las copias que necesite.

  4. Habrá un único procedimiento común, más fácil de conocer, prescindiendo del abundante número actual de procedimientos especiales, y se prevé un procedimiento administrativo "exprés" para supuestos de menor complejidad, a fin de reducir plazos.

  5. Se generaliza para todos los procedimientos administrativos la posibilidad de reducir el importe de las sanciones por pronto pago o por reconocimiento de la responsabilidad.

  6. Por otra parte, los ciudadanos podrán conocer las principales reformas que se tiene previsto aprobar cada año a través del denominado Plan anual normativo.

 


NOVEDADES PARA LAS EMPRESAS

  1. Las empresas se relacionarán, obligatoriamente, de forma electrónica con todas las Administraciones, como vienen haciendo ya con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, y podrán otorgar poderes electrónicamente para que sus representantes realicen trámites administrativos. Para facilitarles esta tarea contarán con un registro administrativo de poderes a su disposición.
  2. Se reducen cargas administrativas al no exigir como regla general documentos que hayan sido presentados con anterioridad, o elaborados por la propia Administración (por ejemplo: licencias o autorizaciones ya expedidas).

  3. En el ámbito estatal, se fija con carácter general una fecha común (enero y junio) de entrada en vigor de las normas que impongan obligaciones a profesionales y empresas para el desarrollo de su actividad económica o profesional, lo que permitirá a las empresas poder planificar su actividad con mayor certidumbre y adaptarse mejor a los cambios normativos.

 


MAYOR AGILIDAD Y TRANSPARENCIA DE LAS ADMINISTRACIONES

  1. Las ganancias de agilidad serán, tanto para la gestión de procedimientos administrativos, al prever que todas las comunicaciones entre Administraciones serán íntegramente electrónicas en todos sus procedimientos, lo que permitirá reducir tiempos de tramitación, como en los procesos de elaboración de normas, al prever, en el ámbito estatal, un procedimiento abreviado, lo que facilitará dar respuestas regulatorias más rápidas a determinados problemas.

  2. A ello se unen distintas medidas que profundizan en la senda de transparencia iniciada en el último año.
    Entre ellas destaca la creación de un inventario único y público de todos los organismos y entidades vinculados o dependientes de todas las Administraciones.

  3. También se crea un nuevo registro estatal en el que constará todo el listado de órganos de cooperación en los que participa la Administración General del Estado, así como de los convenios que el Estado tiene suscritos con otras Administraciones.

  4. También se gana en transparencia en los procedimientos de elaboración de normas al prever la realización de una consulta pública a través de la web con carácter previo a la elaboración de las propuestas normativas.

  5. Habrá una evaluación de las iniciativas normativas aprobadas el año anterior como mecanismo de control ex post, con el objetivo de analizar los efectos de su aplicación, el grado de cumplimiento de sus objetivos y hacer, si fuera necesario, propuestas de modificación o derogación.

 


MAYOR CONTROL DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

  1. El Proyecto de Ley de Régimen Jurídico del Sector Público simplifica el sector público institucional, racionalizando a futuro los tipos de entidades y organismos públicos que pueden existir en el ámbito estatal, y establece un régimen completo, más ágil y eficiente de transformaciones, fusiones, disolución, liquidación y extinción de entidades y organismos públicos estatales.

  2. Regulación de nuevas causas de disolución de entidades, en particular cuando se encuentren en desequilibrio económico durante dos años o se constate que ya no son idóneas para cumplir los fines que justificaron su creación.

  3. Se crean nuevos controles sobre las entidades y organismos del sector público, tanto de supervisión continua, para evaluar periódicamente el cumplimiento del plan de actuación y su sostenibilidad financiera, como de control de eficacia, para evaluar si están logrando los objetivos para los que se crearon.

  4. Para un mayor rigor y mejor control se clarifica el contenido mínimo de los convenios suscritos entre Administraciones Públicas, y se regulan los trámites e informes preceptivos a los que deben someterse, especialmente cuando conlleven aportaciones financieras, incluyendo la obligación de comunicación al Tribunal de Cuentas.

 

Para cualquier información o consulta referida al contenido del presente artículo o de Derecho Administrativo en general contacte con el Letrado Pedro Tabárez en el 91 530 96 95 o 91 530 96 98.

 

Los derechos de los ciudadanos frente a las administraciones públicas es lo primero que debemos tener en cuenta antes de emprender cualquier acción administrativa o judicial contra cualquier administración pública. 

 

Estos derechos están recogidos en el artículo 35 de la Ley 30/1992 de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

 

 

DERECHOS DE LOS CIUDADANOS FRENTE A LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

 a) A conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados, y a obtener copias de los documentos contenidos en ellos.

 b) A identificar a las autoridades y personal al servicio de las administraciones públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten.

 c) A obtener copia sellada de los documentos que presenten, aportando la junto con los originales, así como a la devolución de estos, salvo cuando los originales deban obrar en el procedimiento.

 d) A utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo previsto en esta ley y en el resto del ordenamiento jurídico.

 e) A formular alegaciones y aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia, que deberán ser tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución.

 f) A no presentar documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate, o que ya se encuentren en poder de la administración actuante.

 g) A obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar.

 h) Al acceso a la información pública, archivos y registros.

 i) A ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y funcionarios, que habrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.

 j) A exigir las responsabilidades de las administraciones públicas y del personal a su servicio, cuando así corresponda legalmente.

 k) Cualquiera otros que le reconozca la constitución y las leyes

 

Para cualquier información o consulta referida al contenido del presente artículo o de Derecho Administrativo en general contacte con el Letrado Pedro Tabárez en el 91 530 96 95 o 91 530 96 98.

 

 

El derecho administrativo es la rama del derecho que regula las relaciones jurídicas existentes  entre los ciudadanos y las diferentes administraciones públicas y de estas entre  si.


En este punto conviene poner de manifiesto que no existe una única  administración pública sino que existen varias, y a ellas se refiere expresamente el articulo 2 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen jurídico  de las Administraciones Públicas y  Procedimiento Administrativo Común.

" 1. Se entiende a los efectos de esta Ley por Administraciones Públicas :

a) La Administración General del Estado.

b) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas.

c) Las Entidades que integran la Administración Local.

  2. Las Entidades de Derecho Público , con personalidad jurídica  propia, vinculadas o dependientes de otras Administraciones Publicas tendrán asimismo la consideración de Administración pública.

Estas Entidades sujetarán  su actividad a la presente ley cuando ejerzan potestades administrativas, sometiéndose en el resto de su actividad a lo que dispongan sus normas de creación. 

En base a lo dispuesto en el articulo precedente, podemos clasificar las administraciones públicas  en dos grandes grupos: 

A) Administración territorial.  Es la integrada por la Administración  General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración  local ( Provincias, Municipios e Islas )

B) Administración no territorial. Esta integrada por las diferentes Entidades de derecho público  con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de otras administraciones públicas.

 

Dentro de la Administración  no territorial, debemos distinguir a su vez entre:

          1. Administración  Institucional. Dentro de la Administración Institucional se encuentran los Organismos Autónomos, Entidades publicas Empresariales y las Agencias Estatales. (Ejemplo de Organismo Autónomo: Consejo Superior de Deportes ; Ejemplo de Entidad Publica Empresarial: ADIF ( Administrador de infraestructuras ferroviarias ) ; Ejemplo de Agencia Estatal: AEMET ( Agencia Estatal de meteorología )

          2. Administración  Corporativa. Dentro de la Administración  Corporativa se encuentran los Colegios Profesionales y las Cámaras Oficiales ( Ejemplos: Colegio de Abogados de Madrid, Cámara de Comercio...)

 

El presente artículo  pretende únicamente  una primera aproximación  a las diferentes tipologías de Administraciones Públicas. En posteriores publicaciones estudiaremos el régimen jurídico  de cada una de ellas y sus principales singularidades.

Sandra Cilla Díaz, Procuradora de los Tribunales (Colegiada nº 2050 ICPM). ofrecemos, en los partidos judiciales de Madrid Capital y Colmenar Viejo, una gestión integral, profesional y eficaz de las representaciones que se nos otorguen en todo lo concerniente a: 

 

  • TRAMITACIÓN, GESTIÓN Y CONSULTA DE PROCEDIMIENTOS, expedientes y, en general, asuntos judiciales que estén tramitándose ante los Juzgados y Tribunales pertenecientes a los partidos judiciales de Madrid Capital y Colmenar Viejo.
  • CUMPLIMENTACIÓN Y DILIGENCIAMIENTO DE TODO TIPO DE EXHORTOS, OFICIOS Y MANDAMIENTOS.
  • GESTIONES ANTE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS que tengan su sede en nuestros partidos.
  • CONSULTAS EN REGISTROS PÚBLICOS Y PUBLICACIÓN DE EDICTOS: realizamos todo tipo de consultas en registros públicos (Registro de la Propiedad, Registro Mercantil, Registro Civil, Tráfico...), y procedemos a la publicación de edictos en cualquier Boletín Oficial Provincial, en el BOCAM, en el BOE y en el Diario Oficial de la Unión Europea.


Todas las notificaciones que se reciben del Juzgado, Registro, o cualquier otro Organismo o Administración se remiten el mismo día vía fax, e-mail o cualquier otro medio acorde con la metodología de trabajo del director de la litis.

 

Además, mediante recordatorios, comunicamos a los letrados todos los vencimientos, juicios, señalamientos, requerimientos, plazos…. con suficiente antelación.

  

 

Procuradora-en-colmenar-viejo

Procurador Colegiado en el Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid desde el año 1.996.

 

En la actualidad y tras más de 20 años ligado al mundo del Derecho, mantiene abierto su despacho profesional en la Calle Santísima Trinidad nº 30, planta 7ª, Oficina 9, de Madrid.

 

Su ámbito de actuación se circunscribe exclusivamente a Madrid Capital, partido judicial que mantiene perféctamente atendido con su equipo de profesionales.

 

El método de trabajo que ha implantado en su despacho garantiza que el letrado esté siempre cumplídamente informado, utilizando simultáneamente hasta tres medios diferentes (Email; Fax y Correo Ordinario) para hacer llegar al Letrado/a las resoluciones judiciales sean dictadas en el proceso.

 

Además remite recordatorios con varios días de antelación al vencimiento de plazos o requerimientos. Estando simpre localizable, ya sea diréctamente en su teléfono móvil o a través de sus colaboradores.

 

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