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Mostrando articulos por etiqueta: Derecho Administrativo
A continuación tratamos de proporcionar de forma simplificada las novedades más relevantes que introduce la Ley 39/2015.

En cuanto a los interesados en el procedimiento, el Título I introduce:
-Se hace extensiva la capacidad de obrar a los “grupos de afectado”, etc.
-Se regula el apoderamiento “apud acta” presencial o electrónico, además se crea el “Registro de apoderamientos”, electrónico.
-Se implanta la separación entre “identificación” y “firma electrónica”. En principio, solo se exigirá la “identificación”.


El Título II relativo a la actividad de las Administraciones Públicas se constituye en dos capítulos. En el primero destacan las novedades relativas a las reglas sobre sujetos obligados a relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas; el Registro de habilitados y el Archivo electrónico único, etc. El segundo capítulo hace alusión a términos y plazos, estableciéndose el cómputo por horas y el carácter de inhábil de los sábados.



El Título III introduce novedades en materia de notificaciones electrónicas de los actos administrativos, manteniendo en líneas generales las reglas de eficacia, nulidad y anulabilidad.



La regulación del procedimiento está recogida en el Título IV. Lo más relevante es la introducción del “procedimiento simplificado”, cuyas particularidades estan descritas en el siguiente enlace http://www.quieroabogado.es/derecho-noticias/item/12123-el-procedimiento-simplificado-de-la-nueva-ley-39/2015-de-1-de-octubre-del-procedimiento-administrativo-com%C3%BAn-de-las-administraciones-p%C3%BAblicas



En lo relativo a la revisión de los actos en vía administrativa, se mantienen las reglas sobre revisión de oficio y la regulación de los recursos administrativos (Título V).

La novedad más relevante es la supresión de las reclamaciones previas en vía civil y laboral.



Por último, el Título VI introduce principios y técnicas de la buena regulación relativas a la iniciativa legislativa y ejercicio de la potestad reglamentaria.

 

 

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Las Leyes 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas y 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público introducen novedades relativas a la potestad sancionadora.

Hasta ahora esta regulación estaba recogida en los artículos 127 a 138 de la Ley 30/92 y en el Reglamento del Procedimiento, aprobado por R.D 1398/93, de 4 de agosto, que queda derogado por la Ley 39/2015.

A partir de ahora toda la regulación será regulada íntegramente por ley y no reglamento.

En síntesis, los principios de la potestad sancionadora serán regulados por la Ley 40/2015 y las especialidades que presenta el procedimiento están recogidas en el la Ley 39/2015.


Novedades relativas a los Principios de la potestad sancionadora (Ley 40/2015, artículos 25 a 31).

-         Los principios de la potestad sancionadora se extenderán al ejercicio de la potestad disciplinaria sobre el personal al servicio de las Administraciones Públicas, pero se mantiene la exclusión de su aplicación en materia de sanciones contractuales.

-         Paralelamente a la capacidad de obrar, se prevé la posibilidad de que resulten responsables de las infracciones los grupos de afectados, las uniones sin personalidad, etc.

-         Se amplía la consideración en cuanto a la posibilidad de que las leyes establezcan la responsabilidad por infracción de otro. Los dos supuestos que se prevén son:

Tipificar como infracción el incumplimiento de la obligación de prevenir la comisión de infracciones administrativas por quienes se hallen sujetos a una relación de dependencia o vinculación; y prever los supuestos en que determinadas personas responderán del pago de las sanciones impuestas a quienes de ellos dependen. Este último precepto es relevante en tanto en cuanto las infracciones sean cometidas por menores.

-         En cuanto a la reincidencia, se sustituyen el concepto de “reiteración” por el de “continuidad o persistencia en la conducta”.

Como criterio de graduación se añade “el grado de culpabilidad”.


Las especialidades del procedimiento sancionador en el procedimiento administrativo común (Ley 39/2015) se pueden sintetizar de la siguiente manera:

-          Aparte de los derechos inherentes a todos los interesados, los presuntos responsables tienen derecho a:

o   La notificación de los hechos que se les imputen, de las infracciones que puedan constituir, de las posibles sanciones, de la identidad del instructor, de las posibles sanciones, de la identidad del instructor, de la autoridad competente para imponer la sanción y de la norma que le atribuye tal competencia
o   La presunción de no existencia de responsabilidad


-          En los supuestos en los que una denuncia invoque un perjuicio en el patrimonio de las Administraciones Públicas, la no iniciación del procedimiento deberá ser motivada y se notificará la denuncia a los denunciantes.

-          El acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador debe contener:
 

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o   Los hechos que motivan la incoación
o   Su posible calificación
o   Las sanciones que pudieran corresponderles

-          El artículo 62.4 regula el procedimiento de clemencia. Cuando el denunciante sea participe en la comisión de la infracción y existan otros infractores:

o   Si es el primero en aportar pruebas y cesa en la actividad, se le eximirá del pago de la multa.
o   Si aporta pruebas y cesa la actividad, se le reducirá la multa

-          Cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, el pago voluntario en cualquier momento anterior a la resolución implicará la terminación del procedimiento. Las excepciones a esta regla general se dan en lo relativo a la reposición de la situación alterada o a la determinación de la indemnización por los daños y perjuicios causados por la comisión de la infracción.
Las reducciones a aplicar en estos casos serán al menos del 20% de la sanción.

-          Se regula la incoación de procedimiento complementario, cuya resolución es de inmediata ejecución, cuando las conductas sancionadas hubieran causado daños o perjuicios a las Administraciones, y la cuantía destinada a indemnización no hubiera quedado determinada en el expediente.
 

  

 

 
 
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Una de las novedades que prevé la Ley 39/2015 es la tramitación simplificada del procedimiento administrativo común. El objetivo del mismo radica en conseguir una administración más ágil y eficiente. Está regulado en el artículo 96 y establece lo siguiente:

1.- Cuando razones de interés público o la falta de complejidad del procedimiento así lo aconsejen, las Administraciones Públicas podrán acordar, de oficio o a solicitud de interesado, la tramitación simplificada del procedimiento.

En cualquier momento del procedimiento, anterior a su resolución, el órgano competente para su tramitación podrá acordar continuar con arreglo a la tramitación ordinaria.

2.- Cuando la Administración acuerde de oficio la tramitación simplificada del procedimiento, deberá notificarlo a los interesados, si alguno de ellos manifiesta su oposición expresa, la Administración deberá seguir la tramitación ordinaria.

3.- Los interesados podrán solicitar la tramitación simplificada del procedimiento. Si el órgano competente para la tramitación aprecia que no concurre razón alguna de las previstas en el apartado 1, podrá desestimar dicha solicitud, en el plazo de cinco días desde su presentación, sin que exista posibilidad de recurso por parte del interesado.

Transcurrido el mencionado plazo de cinco días, se entenderá desestimada la solicitud
[...]”.


Por tanto, las razones en las que puede motivarse la tramitación simplificada son:

Razones de interés público – Estamos ante un concepto abierto, no taxativo. Por lo que, es suficiente que este bien motivado. El interés público puede radicar en la propia agilidad y simplificación como elementos de calidad, y en beneficio de la ciudadanía.

Falta de complejidad del procedimiento - Es más concreta, pero también discutible. Cuando el artículo 96.6 nos dice, como veremos, que el procedimiento simplificado tiene que constar únicamente de determinados trámites tasados, nos ofrece una interpretación clara: si son precisos otros trámites, se entenderá “complejo”. Por ejemplo, cuando sean exigibles informes técnicos, o algún tipo de prueba, ya no será posible la aplicación simplificada.


En cualquier caso, el procedimiento sólo podrá usarse de mutuo acuerdo al respecto entre Administración o interesado. Por tanto, si la Administración lo insta, pero el interesado se opone, no prosperará la tramitación a través de vía simplificada. Por el contrario, si es el interesado quien lo pide, pero la administración no encuentra razones, o simplemente deja pasar 5 días, no podrá usarse la vía simplificada, ya que la petición se entenderá desestimada y no existe recurso.

Además ha de existir consenso entre las parte, o al menos una no oposición expresa.


En el caso de expedientes sancionadores, si la administración considera que se trata de una falta leve puede decidir sin más, que el procedimiento sea simplificado, tal y como lo anuncia el art. 96.5 de la Ley 39/2015:
5. En el caso de procedimientos de naturaleza sancionadora, se podrá adoptar la tramitación simplificada del procedimiento cuando el órgano competente para iniciar el procedimiento considere que, de acuerdo con lo previsto en su normativa reguladora, existen elementos de juicio suficientes para calificar la infracción como leve, sin que quepa la oposición expresa por parte del interesado prevista en el apartado 2.

En lo referente a los supuestos especiales de responsabilidad patrimonial, el art. 96.4 regula que:
4. En el caso de procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, si una vez iniciado el procedimiento administrativo el órgano competente para su tramitación considera inequívoca la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión, así como la valoración del daño y el cálculo de la cuantía de la indemnización, podrá acordar de oficio la suspensión del procedimiento general y la iniciación de un procedimiento simplificado.”



El procedimiento simplificado debe resolverse en el plazo de 30 días a partir de la notificación al interesado del acuerdo de tramitación simplificada. El artículo 96.6 refleja los siguientes trámites:

a) Inicio del procedimiento de oficio o a solicitud del interesado.
b) Subsanación de la solicitud presentada, en su caso.
c) Alegaciones formuladas al inicio del procedimiento durante el plazo de cinco días.
d) Trámite de audiencia, únicamente cuando la resolución vaya a ser desfavorable para el interesado.
e) Informe del servicio jurídico, cuando éste sea preceptivo.
f) Informe del Consejo General del Poder Judicial, cuando éste sea preceptivo.
g) Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma en los casos en que sea preceptivo. Desde que se solicite el Dictamen al Consejo de Estado, u órgano equivalente, hasta que éste sea emitido, se producirá la suspensión automática del plazo para resolver.

 

 

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El órgano competente solicitará la emisión del Dictamen en un plazo tal que permita cumplir el plazo de resolución del procedimiento. El Dictamen podrá ser emitido en el plazo de quince días si así lo solicita el órgano competente.

En todo caso, en el expediente que se remita al Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente, se incluirá una propuesta de resolución. Cuando el Dictamen sea contrario al fondo de la propuesta de resolución, con independencia de que se atienda o no este criterio, el órgano competente para resolver acordará continuar el procedimiento con arreglo a la tramitación ordinaria, lo que se notificará a los interesados. En este caso, se entenderán convalidadas todas las actuaciones que se hubieran realizado durante la tramitación simplificada del procedimiento, a excepción del Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente.

h) Resolución.

No tienen por qué darse todos los trámites. Pero no puede haber otros trámites. Si el caso exige un trámite no previsto en la relación anterior, deberá ser tramitado de manera ordinaria.


 


  

 

 

 
 
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Actualmente la Ley, la 30/92, reguladora del Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común, quedará sin efecto desde el próximo 2 de octubre de 2016, siendo de aplicación a partir de ese momentos la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Estamos ante dos leyes generales cuyo contenido es diferente, pero existen tantas conexiones que, en numerosas materias se tienen que tomar en consideración paralelamente.

La Ley 40/2015 regula las relaciones internas de las Administraciones Públicas, esto es, las relaciones interadministrativas, el régimen jurídico administrativo y la organización.

En cambio, La Ley 39/2015 regula las relaciones de las Administraciones Públicas con los administrados o ciudadanos, en lo que respecta al ejercicio de la potestad de autotutela y en cuya virtud se dictan actos administrativos que inciden directamente en la esfera jurídica de los interesados, así como en lo relativo al ejercicio de la potestad reglamentaria.

En síntesis:
LA LEY 40/2015 DEROGA
• Ley 6/1997, de 14 de abril – LOFAGE
• LEY 28/2006, DE 18 DE JULIO, DE Agencias Estatales para la mejora de los servicios públicos.
• Normativa de régimen local referida a los consorcios:
- Artículos 37 al 40 del Decreto de 17 de junio de 1955, Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales.
- Artículo 87 de la LRBRL.
- Artículo 110 del TRRL.

LA LEY 39/2015 DEROGA
• Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
• Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo: Reglamento de Procedimientos de Responsabilidad Patrimonial.
• Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto: Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.
Ley 11/2007, de 28 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos.

Una gran parte del contenido de la Ley 40/2015 alude a la organización y funcionamiento de la Administración General del Estado y, por ello, no resulta de aplicación directa a las Entidades Locales. Por el contrario, el contenido de la Ley 39/2015 es de aplicación directa a todas las Administraciones Públicas, con carácter general.

Al aprobar dos leyes, se retorna a la tradición anterior a 1992, cuando la Ley 30/92 marcó la etapa unificada.

La Ley 39/2015, unifica los contenidos del procedimiento administrativo común (Ley 30/92) y electrónico (Ley 11/2007). Por un lado, se separa y, por otro, se unifica. Más allá de ese afán codificador o dispersor, lo realmente importante es lo siguiente:

Las dos leyes responden en paralelo a un propósito común.
El mayor interés para la Administración Local se centra en la 39/2015.
En diversas materias y a partir del 2 de octubre, será precisa la consulta simultánea de las dos leyes concatenadas.

 

 

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El propósito común y general es “una reforma integral y estructural, que permita ordenar y clarificar cómo se organizan y relacionan las Administraciones Públicas, tanto externamente, con los ciudadanos y empresas, como internamente, con el resto de Administraciones e Instituciones del Estado”, de tal forma que se consiga una Administración eficiente y de calidad, respetuosa con los derechos del ciudadano y que les facilite su desarrollo y bienestar, en lugar de entorpecer y crear obstáculos.

En resumidas cuentas, para conseguirlo, se pretende eliminar duplicidades y hacer unos procedimientos más ágiles, permeables y seguros, confiando en las nuevas tecnologías y con expectativas de lograr de una vez una Administración sin papeles.

La entrada en vigor de las nuevas leyes de reforma administrativa pretende marcar un cambio de época en la forma de actuar de la Administración. Básicamente todo deberá resolverse en soporte electrónico y “desparecerá el papel”

 


  

 

 

 
 
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Para cualquier información o consulta referida al contenido del presente artículo o de Derecho Administrativo en general contacte con el Letrado Pedro Tabárez en el 91 530 96 95 o 91 530 96 98.

El Consejo de Ministros aprobó el 8 de mayo la remisión a las Cortes Generales de los Proyectos de Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y de Régimen Jurídico del Sector Público, que implantarán una Administración totalmente electrónica, interconectada, transparente y con una estructura clara y simple.

 

Esta reforma se basa en dos ejes complementarios:

1.El referido a las relaciones externas de la Administración con ciudadanos y empresas, del que se ocupa el Proyecto de Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2. El referido a la organización y relaciones internas dentro de cada Administración y entre las distintas Administraciones, en el que se centra el Proyecto de Ley de Régimen Jurídico del Sector Público

 

 

NOVEDADES PARA LOS CIUDADANOS

  1. Se facilitan las relaciones electrónicas de los ciudadanos con la Administración. Con este objetivo se habilita la presentación de escritos en cualquier momento en el registro electrónico de cualquier Administración, con independencia de a quien se dirijan.

  2. Se simplifican los medios de identificación y de firma electrónica que se pueden utilizar para los trámites administrativos. Para ello se potencia, por ejemplo, el uso de claves electrónicas concertadas que se facilitan al ciudadano en el momento para realizar su trámite, se establece la asistencia personal por parte de la Administración en el uso de medios electrónicos a aquellos ciudadanos que lo necesiten y se prevé que las Administraciones puedan avisar al ciudadano, si así lo ha autorizado, mediante mensaje al teléfono móvil de que tiene una notificación que podrá consultar de manera electrónica.

  3. Se reducen las cargas administrativas y se establece como regla general la no solicitud de documentos originales, por ejemplo, la declaración de la renta o los certificados de empadronamiento, etc.
    No será preciso que los ciudadanos presenten fotocopias de documentos, sino que, registrados éstos electrónicamente, la Administración elaborará las copias que necesite.

  4. Habrá un único procedimiento común, más fácil de conocer, prescindiendo del abundante número actual de procedimientos especiales, y se prevé un procedimiento administrativo "exprés" para supuestos de menor complejidad, a fin de reducir plazos.

  5. Se generaliza para todos los procedimientos administrativos la posibilidad de reducir el importe de las sanciones por pronto pago o por reconocimiento de la responsabilidad.

  6. Por otra parte, los ciudadanos podrán conocer las principales reformas que se tiene previsto aprobar cada año a través del denominado Plan anual normativo.

 


NOVEDADES PARA LAS EMPRESAS

  1. Las empresas se relacionarán, obligatoriamente, de forma electrónica con todas las Administraciones, como vienen haciendo ya con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, y podrán otorgar poderes electrónicamente para que sus representantes realicen trámites administrativos. Para facilitarles esta tarea contarán con un registro administrativo de poderes a su disposición.
  2. Se reducen cargas administrativas al no exigir como regla general documentos que hayan sido presentados con anterioridad, o elaborados por la propia Administración (por ejemplo: licencias o autorizaciones ya expedidas).

  3. En el ámbito estatal, se fija con carácter general una fecha común (enero y junio) de entrada en vigor de las normas que impongan obligaciones a profesionales y empresas para el desarrollo de su actividad económica o profesional, lo que permitirá a las empresas poder planificar su actividad con mayor certidumbre y adaptarse mejor a los cambios normativos.

 


MAYOR AGILIDAD Y TRANSPARENCIA DE LAS ADMINISTRACIONES

  1. Las ganancias de agilidad serán, tanto para la gestión de procedimientos administrativos, al prever que todas las comunicaciones entre Administraciones serán íntegramente electrónicas en todos sus procedimientos, lo que permitirá reducir tiempos de tramitación, como en los procesos de elaboración de normas, al prever, en el ámbito estatal, un procedimiento abreviado, lo que facilitará dar respuestas regulatorias más rápidas a determinados problemas.

  2. A ello se unen distintas medidas que profundizan en la senda de transparencia iniciada en el último año.
    Entre ellas destaca la creación de un inventario único y público de todos los organismos y entidades vinculados o dependientes de todas las Administraciones.

  3. También se crea un nuevo registro estatal en el que constará todo el listado de órganos de cooperación en los que participa la Administración General del Estado, así como de los convenios que el Estado tiene suscritos con otras Administraciones.

  4. También se gana en transparencia en los procedimientos de elaboración de normas al prever la realización de una consulta pública a través de la web con carácter previo a la elaboración de las propuestas normativas.

  5. Habrá una evaluación de las iniciativas normativas aprobadas el año anterior como mecanismo de control ex post, con el objetivo de analizar los efectos de su aplicación, el grado de cumplimiento de sus objetivos y hacer, si fuera necesario, propuestas de modificación o derogación.

 


MAYOR CONTROL DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

  1. El Proyecto de Ley de Régimen Jurídico del Sector Público simplifica el sector público institucional, racionalizando a futuro los tipos de entidades y organismos públicos que pueden existir en el ámbito estatal, y establece un régimen completo, más ágil y eficiente de transformaciones, fusiones, disolución, liquidación y extinción de entidades y organismos públicos estatales.

  2. Regulación de nuevas causas de disolución de entidades, en particular cuando se encuentren en desequilibrio económico durante dos años o se constate que ya no son idóneas para cumplir los fines que justificaron su creación.

  3. Se crean nuevos controles sobre las entidades y organismos del sector público, tanto de supervisión continua, para evaluar periódicamente el cumplimiento del plan de actuación y su sostenibilidad financiera, como de control de eficacia, para evaluar si están logrando los objetivos para los que se crearon.

  4. Para un mayor rigor y mejor control se clarifica el contenido mínimo de los convenios suscritos entre Administraciones Públicas, y se regulan los trámites e informes preceptivos a los que deben someterse, especialmente cuando conlleven aportaciones financieras, incluyendo la obligación de comunicación al Tribunal de Cuentas.

 

Para cualquier información o consulta referida al contenido del presente artículo o de Derecho Administrativo en general contacte con el Letrado Pedro Tabárez en el 91 530 96 95 o 91 530 96 98.

 

Los derechos de los ciudadanos frente a las administraciones públicas es lo primero que debemos tener en cuenta antes de emprender cualquier acción administrativa o judicial contra cualquier administración pública. 

 

Estos derechos están recogidos en el artículo 35 de la Ley 30/1992 de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

 

 

DERECHOS DE LOS CIUDADANOS FRENTE A LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

 a) A conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados, y a obtener copias de los documentos contenidos en ellos.

 b) A identificar a las autoridades y personal al servicio de las administraciones públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten.

 c) A obtener copia sellada de los documentos que presenten, aportando la junto con los originales, así como a la devolución de estos, salvo cuando los originales deban obrar en el procedimiento.

 d) A utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo previsto en esta ley y en el resto del ordenamiento jurídico.

 e) A formular alegaciones y aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia, que deberán ser tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución.

 f) A no presentar documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate, o que ya se encuentren en poder de la administración actuante.

 g) A obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar.

 h) Al acceso a la información pública, archivos y registros.

 i) A ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y funcionarios, que habrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.

 j) A exigir las responsabilidades de las administraciones públicas y del personal a su servicio, cuando así corresponda legalmente.

 k) Cualquiera otros que le reconozca la constitución y las leyes

 

Para cualquier información o consulta referida al contenido del presente artículo o de Derecho Administrativo en general contacte con el Letrado Pedro Tabárez en el 91 530 96 95 o 91 530 96 98.

 

 

El derecho administrativo es la rama del derecho que regula las relaciones jurídicas existentes  entre los ciudadanos y las diferentes administraciones públicas y de estas entre  si.


En este punto conviene poner de manifiesto que no existe una única  administración pública sino que existen varias, y a ellas se refiere expresamente el articulo 2 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen jurídico  de las Administraciones Públicas y  Procedimiento Administrativo Común.

" 1. Se entiende a los efectos de esta Ley por Administraciones Públicas :

a) La Administración General del Estado.

b) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas.

c) Las Entidades que integran la Administración Local.

  2. Las Entidades de Derecho Público , con personalidad jurídica  propia, vinculadas o dependientes de otras Administraciones Publicas tendrán asimismo la consideración de Administración pública.

Estas Entidades sujetarán  su actividad a la presente ley cuando ejerzan potestades administrativas, sometiéndose en el resto de su actividad a lo que dispongan sus normas de creación. 

En base a lo dispuesto en el articulo precedente, podemos clasificar las administraciones públicas  en dos grandes grupos: 

A) Administración territorial.  Es la integrada por la Administración  General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración  local ( Provincias, Municipios e Islas )

B) Administración no territorial. Esta integrada por las diferentes Entidades de derecho público  con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de otras administraciones públicas.

 

Dentro de la Administración  no territorial, debemos distinguir a su vez entre:

          1. Administración  Institucional. Dentro de la Administración Institucional se encuentran los Organismos Autónomos, Entidades publicas Empresariales y las Agencias Estatales. (Ejemplo de Organismo Autónomo: Consejo Superior de Deportes ; Ejemplo de Entidad Publica Empresarial: ADIF ( Administrador de infraestructuras ferroviarias ) ; Ejemplo de Agencia Estatal: AEMET ( Agencia Estatal de meteorología )

          2. Administración  Corporativa. Dentro de la Administración  Corporativa se encuentran los Colegios Profesionales y las Cámaras Oficiales ( Ejemplos: Colegio de Abogados de Madrid, Cámara de Comercio...)

 

El presente artículo  pretende únicamente  una primera aproximación  a las diferentes tipologías de Administraciones Públicas. En posteriores publicaciones estudiaremos el régimen jurídico  de cada una de ellas y sus principales singularidades.

 

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