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El Derecho de Familia es posiblemente una de las ramas jurídicas más compleja, por dirimirse cuestiones que afectan no solo a cuestiones patrimoniales, sino muy directamente a cómo se van a desarrollar las relaciones personales entre los miembros de la familia tras la ruptura del matrimonio o pareja. 

Contar con el adecuado asesoramiento y defensa, propiciará que los derechos en liza sean convenientemente amparados.

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El incremento de la esperanza de vida es uno de los mayores logros de nuestra sociedad, pero por desgracia no todo son beneficios, pues observamos que en bastantes ocasiones esos años ganados no se disfrutan con una adecuada calidad de vida, surgiendo enfermedades que limitan o inclusive anulan la capacidad de obrar de las personas.
 
En España por el hecho de alcanzar los 18 años se presupone que contamos con capacidad suficiente para autogobernanos, si bien no siempre es así, debiendo en estos casos la persona contar con el apoyo de otra que complete o supla esa falta de capacidad de obrar, para lo que es preciso instar un Proceso de Incapacitación.
 
Desde esta sección de QuieroAbogado.es ponemos a vuestra disposición información y documentación que entendemos puede ser de utilidad.

 


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Compartir la propiedad de un bien habitualmente suele suponer una fuente de conflictos entre los condueños, siendo por ello necesario saber cuáles son los cauces más adecuados para poner fin a dicha situación; comenzando con un intento amistoso hasta llegar a la vía judicial o venta a terceros, en caso de situaciones insuperables.

 

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En los últimos años el Derecho Bancario ha sido el sector legal que mayor crecimiento ha experimentado, gracias en gran parte a las Sentencias tanto nacionales como europeas que han venido condenando a los bancos y cajas por los abusos cometidos al conculcar los derecho de sus clientes.

 

Hoy día las entidades financieras han dejado de ser intocables y están pagando las consecuencias de sus deleales actos, siendo reiteradamente condenadas a devolver lo indevidamente percibido o a reintegrar las inversiones hechas..

 

 

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Isabel Pérez M-Aranda, Abogada especialista en la Cancelación de Antecedentes Penales y Policiales.

 

Abogada colegiada ejerciente en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, desde el año 2010.

  •  Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid.
  • Curso de Práctica Procesal Penal (ICAM).
  • Curso de cancelación de antecedentes penales y policiales (ICAM).

Derecho Penal

 

 

 

Abogada-Cancelación-Antecedentes-Penales-Policiales

 

De conformidad con lo establecido en el apartado 1 del artículo 15 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores se podrán celebrar contratos de duración determinada en los siguientes supuestos:

-          Para realizar una obra o servicio determinados.

-          Para atender circunstancias del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos.

-          Para sustituir a trabajadores con derecho a la reserva del puesto de trabajo.

En este artículo nos vamos a centrar en el primero de los supuestos, esto es, el contrato por obra o servicio determinado. Es el que se concierta para la realización de una obra o prestación de un servicio, con autonomía y sustantividad propia dentro de la actividad de la empresa y cuya ejecución, aunque limitada en el tiempo, sea en principio de duración incierta.

Los convenios sectoriales estatales y de ámbito inferior, incluidos los convenios de empresa, podrán identificar aquellos trabajos o tareas que pueden cubrirse con estos tipos de contratos.

Este tipo de contratos temporales puede celebrarse a tiempo completo o jornada parcial.

La duración será por el tiempo necesario o exigido para la realización de la obra o servicio. Los contratos celebrados después del 18 de junio de 2010 no podrán tener una duración superior a tres años, prorrogable por doce meses más cuando sea previsto en convenio colectivo sectorial de ámbito estatal, o en su defecto, por convenio colectivo sectorial de ámbito interior. Por tanto, cuando se superen dichos plazos y el trabajador continue desarrollando su actividad laboral su contrato adquiere la condición de indefinido. También se transforma en indefinido, salvo prueba en contrario que acredite la naturaleza temporal de la prestación:
- Por falta de forma escrita (es decir, cuando el contrato no esté formalizado por escrito)
- Por falta de alta en la Seguridad Social si hubiera transcurrido un plazo igual o superior al periodo de prueba.
- Los contratos celebrados en fraude de ley

Por tanto, la formalización del contrato ha de ser por escrito, y además deberá especificar e identificar de forma clara y precisa el carácter de la contratación y la obra y servicio para el que se contrata, al igual que el trabajo a desarrollar. El empleador deberá comunicar el contenido del contrato en el plazo de los diez días hábiles siguientes a su concertación en el correspondiente Servicio Público de Empleo (SEPE). Es decir, el contrato tiene que haberse formalizado antes o simultáneamente a la incorporación laboral con el correspondiente alta en la Seguridad Social, aunque el empleador disponga de 10 días para presentarlo ante el SEPE.

La duración del periodo de prueba será la pactada en el contrato, siempre que no supere los límites establecidos en el convenio de aplicación. Si en el contrato no se hace mención a ello, se entiende que no hay periodo de prueba. En cuanto a la duración, no podrá exceder de 6 meses para los técnicos titulados, ni de 2 meses para los demás trabajadores. En la misma línea, el artículo 14 del Estatuto de los Trabajadores refleja que en las empresas de menos de veinticinco trabajadores el periodo de prueba no podrá exceder de tres meses para los trabajadores que no sean técnicos titulados.

Loscontratos celebrados a partir del 21 de diciembre de 2013y cuya duración no supere los seis meses el periodo no podrán exceder de un mes, salvo que el convenio colectivo de aplicación prevea otra cosa.

El empleador deberá informar a los trabajadores sobre la existencia de puestos de trabajo vacantes para así garantizarles las mismas oportunidades de acceso a puestos permanentes. Esta información podrá facilitarse mediante un anuncio público en un lugar adecuado de la empresa o centro de trabajo.

En cuanto a las prórrogas, los contratos concertados por una duración inferior a la máxima establecida legal o convencionalmente se entenderán prorrogados tácitamente, hasta la duración máxima siempre y cuando no haya denuncia o prórroga expresa antes de su vencimiento y el trabajador siga prestando servicios.

Salvo pacto en contrario, la suspensión de este tipo de contratos no implica la ampliación de su duración.

La extinción de los contratos de obra o servicios determinada se produce previa denuncia por cualquiera de las partes, por la realización de la obra o servicio objeto del contrato. Cuando la duración del contrato sea superior a un año, la parte que decida proceder a la extinción de la relación laboral tendrá que preavisar con al menos quince días de antelación. Omitir la obligación de preavisar conlleva una indemnización equivalente al salario correspondiente a los días en que dicho plazo se haya incumplido.

A la finalización del contrato por obra o servicio el trabajador tendrá derecho a recibir una indemnización de cuantía equivalente a la parte proporcional de la cantidad que resultaría de abonar doce días de salario por cada año de servicio, o la establecida en su caso, en la normativa específica que sea de aplicación. Para los contratos suscritos a partir de 18 de junio de 2010, la indemnización será de doce días de salario por cada año de servicio según el siguiente calendario:

Fecha de formalización del contrato

Días de indemnización

Con posterioridad al 1/1/2011

8

Con posterioridad al 1/1/2012

9

Con posterioridad al 1/1/2013

10

Con posterioridad al 1/1/2014

11

Con posterioridad al 1/1/2015

12


Cuando la resolución de la relación laboral se produzca por decisión unilateral del empleador aduciendo a motivos disciplinarios u objetivos, y no porque haya finalizado la obra o el servicio objeto del contrato, el trabajador tendrá un plazo máximo 20 días hábiles para impugnar el despido.

Si se encuentra en alguna de estas situaciones y necesita asesoramiento legal no dude en contactar con nosotros.

 

 

DISCIPLINA URBANÍSTICA Y MECANISMOS DE CONTROL PREVENTIVO EN MADRID.

 

 EL NUEVO MARCO NORMATIVO: LA DECLARACION RESPONSABLE Y SUS CONSECUENCIAS

 

 


1. ¿QUE ES UNA LICENCIA?

2. ¿QUE ES UNA DECLARACION RESPONSABLE?

3. ¿QUE ES UNA ENTIDAD COLABORADORA URBANÍSTICA?

4. ¿QUE ES UN CERTIFICADO DE CONFORMIDAD?

5. ¿QUE SE ENTIENDE POR ACTIVIDAD ECONOMICA?

6 ¿QUE DEBO TENER EN CUENTA ANTES DE SOLICITAR UNA LICENCIA O PRESENTAR UNA DECLARACION RESPONSABLE?

7. ¿CUALES SON LAS INFRACCIONES URBANÍSTICAS MAS HABITUALES?

8. ¿QUE MULTAS IMPONE LA ADMINISTRACIÓN POR LA COMISIÓN DE UNA INFRACCION URBANÍSTICA?

9 ¿COMO ACTÚA EL AYUNTAMIENTO CUANDO CONOCE LA EXISTENCIA DE UNA INFACCIÓN URBANÍSTICA?

10. ¿QUÉ DEBO HACER ANTE LA APERTURA DE UN EXPEDIENTE DE DISCIPLINA URBANISTICA?

11. ¿CUANTO TIEMPO TIENE EL AYUNTAMIENTO PARA EXIGIR EL RESTABLECIMIENTO DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA?

12. ¿COMO PUEDO PROBAR LA PRESCRIPCIÓN DE UNA INFRACCIÓN URBANÍSTICA?


 

 

NUEVO MARCO NORMATIVO: LA DECLARACION RESPONSABLE Y SUS CONSECUENCIAS

 

Tradicionalmente, la licencia urbanística ha constituido el mecanismo de control de la Administración para autorizar la ejecución de obras y/o la implantación de actividades, suponiendo, en muchas ocasiones, grandes cargas burocráticas que impedían a los ciudadanos poner en marcha su actividad económica.

 

La Ley 2/2012, de 12 de junio, de Dinamización de la Actividad Comercial en la Comunidad de Madrid, inicia un proceso de impulso y fomento de la actividad económica a través de la simplificación de procedimientos administrativos y urbanísticos, y la eliminación de trabas administrativas y limitaciones para el libre ejercicio de la actividad.

 

El objetivo principal de la Ley, es la supresión en un gran número de actividades comerciales de la exigencia previa de licencia urbanística, pudiendo comenzarse la actividad con la presentación de una declaración responsable.

 

Los Ayuntamiento no han sido ajenos a esta corriente normativa de apoyo al emprendedor y a la implantación de actividades económicas, lo que ha determinado la modificación de la normativa Municipal para su adaptación a este nuevo contexto normativo.

 

Este nuevo sistema basado en la confianza en los ciudadanos tiene dos consecuencias fundamentales:

 

La primera es el protagonismo que adquiere la figura de la declaración responsable, que pasa a ser el medio de intervención utilizado con carácter general, reemplazando así a la licencia tradicional, que pasa a tener un carácter residual.

 

La sustitución de la licencia por la declaración responsable no exime, por tanto, al solicitante de cumplir con los mismos requisitos necesarios para obtener esa licencia, lo que hace es permitir al titular del negocio iniciar la actividad sin esperar al visto bueno del Ayuntamiento.


Otra consecuencia, no menos importante, es la alteración del sistema de comprobación y control tradicional, pasando de un control ex ante a un control posterior una vez que ya se está desarrollando la actividad económica.

 

Este sistema otorga mayor confianza al ciudadano en aras de dinamizar la actividad económica pero a su vez se intensifican por parte de la Administración los mecanismos de control a posteriori, lo que puede determinar la imposición de sanciones, para quienes no cumplan con la legalidad urbanística de multas de 600.001 a 3.000.000 euros (artículos 7, 8,9 y 10 de la Ley 2/2012, de 12 de junio, de Dinamización de la Actividad Comercial en la Comunidad de Madrid)


 

  • PREGUNTAS FRECUENTES

 


1. ¿QUE ES UNA LICENCIA URBANÍSTICA?


La licencia urbanística es un acto administrativo que se traduce en una autorización para llevar a cabo una obra o actividad.

 

Se trata de un mecanismo de control previo de la actuación proyectada por el administrado, para verificar y comprobar si se ajusta o no a la ordenación urbanística vigente.

 

La licencia es un acto rigurosamente reglado, lo que quiere decir que la administración únicamente podrá denegarla si lo pretendido infringe la ordenación urbanística, siendo obligatorio su otorgamiento en caso contrario.

 

 

2. ¿QUE ES UNA DECLARACION RESPONSABLE?

 

La declaración responsable es un documento suscrito por un interesado en el que manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos por la normativa vigente para acceder al reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio, que dispone de la documentación que así lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento durante el periodo de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio.

 

 

3. ¿QUE ES UNA ENTIDAD COLABORADORA URBANÍSTICA?

 

Son entidades privadas legalmente homologadas que cuentan con la preceptiva autorización Municipal para desempeñar funciones de verificación, inspección y control del cumplimiento de la normativa urbanística.

 

 

4. ¿QUE ES UN CERTIFICADO DE CONFORMIDAD?

 

Documento expedido por la entidad colaboradora en virtud del cual se acredita el cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa urbanística aplicable para la realización de las actuaciones urbanísticas solicitadas.

 

 

5. ¿QUE SE ENTIENDE POR ACTIVIDAD ECONOMICA?

 

Toda aquella actividad industrial, mercantil o profesional que consiste en la producción de bienes o prestación de servicios.

 


6. ¿QUE DEBO TENER EN CUENTA ANTES DE SOLICITAR UNA LICENCIA O PRESENTAR UNA DECLARACION RESPONSABLE?


Con independencia de que decidamos solicitar licencia o en su caso presentar la correspondiente declaración responsable, antes de iniciar una actividad o ejecutar una obra debemos asegurarnos de que lo que vamos a realizar es legalizable.


De esta forma evitaremos el riesgo de invertir tiempo y dinero en una actuación que es inviable urbanísticamente, lo que determinaría, inevitablemente, el cese y clausura de la actividad o la demolición de lo indebidamente construido (Ej.: Ejercer una actividad de oficinas en la planta tercera de un edificio residencial cuando el plan general únicamente lo permite en planta baja y primera)

 


7. ¿CUALES SON LAS INFRACCIONES URBANÍSTICAS MAS HABITUALES?


La Ley diferencia dos regímenes o sistemas para calificar las infracciones: un régimen general y un régimen específico.


A) Dentro del régimen general previsto en la Ley del suelo de la Comunidad de Madrid 9/2001 destacan:


Infracciones muy graves:

• La destrucción o el deterioro de bienes catalogados por la ordenación urbanística o declarados de interés cultural [ art. 204.2.c) de la Ley].

• El incumplimiento de medidas provisionales o cautelares adoptadas en un procedimiento de protección de la legalidad urbanística [ art. 204.2.b) de la Ley].

 

Infracciones graves:

• La realización de obras o usos del suelo sin la cobertura formal obligatoria de aprobaciones, calificaciones, autorizaciones, licencias u órdenes de ejecución o cuando se realicen contraviniendo lo dispuesto por éstas [ art. 204.3.a) de la Ley].

• La implantación y el desarrollo de usos incompatibles con la ordenación urbanística vigente [ art. 204.3.b) de la Ley].

• La negativa y la obstrucción al labor inspectora [ art. 204.3.d) de la Ley].

• El art. 204.4 de la Ley establece que serán consideradas infracciones leves aquellas acciones u omisiones que no sean tipificadas como infracciones graves o muy graves.

 

Infracciones leves:

• El art. 204.4 de la Ley establece que serán consideradas infracciones leves aquellas acciones u omisiones que no sean tipificadas como infracciones graves o muy graves.

 

B) Dentro del régimen específico, La Ley 2/2012, de 12 de junio, de Dinamización de la Actividad Comercial en la Comunidad de Madrid, establece una serie de supuestos en los que se aplicará un régimen de infracciones específico diferenciando por materias.


Infracciones muy graves:

• Ejecución de obras y ejercicio de actividad sin la declaración responsable o el proyecto técnico.

• Ejecución de obras y ejercicio de actividad contradiciendo lo manifestado en la declaración responsable o en el proyecto técnico presentado;

• Falsedad en la declaración responsable o el proyecto técnico previsto para la ejecución de obras y ejercicio de actividad (en el ámbito de aplicación de la Ley 2/2012 (LCM 2012, 111)

 

Infracciones Graves:

• Implantación de actividades o modificación de existente (sin ejecutar obras) sin presentación de la declaración responsable o de la documentación técnica específicamente exigida.

• Implantación de actividades o modificación de existente (sin ejecutar obras) contraviniendo lo señalado en la declaración responsable y en la documentación técnica presentada

• Falsedad en la declaración responsables o en la documentación técnica prevista para la implantación de actividades o modificación de existentes (sin ejecución de obras) de las incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 2/2012 (LCM 2012, 111) .

• Negativa u obstrucción a las labores de verificación y control posterior.

 

Infracciones leves:

• Realización de otras actos de naturaleza urbanística sin la previa comunicación y liquidación de tasa correspondiente;

• Cualquier otro acto u omisión que contravenga el régimen específico establecido por la Ley 2/2012 (LCM 2012, 111) para las actuaciones urbanísticas.

 

 

8. ¿QUE MULTAS IMPONE LA ADMINISTRACIÓN POR LA COMISIÓN DE UNA INFRACCION URBANÍSTICA?


Las infracciones urbanísticas serán sancionadas mediante la imposición de multas pecuniarias.


Las multas se impondrán considerando el siguiente baremo en base a la calificación de la infracción a sancionar:


– Las infracciones leves serán sancionadas con multa de 600 a 30.000 euros.

– Las infracciones graves serán sancionadas con multa de 30.001 a 600.000 euros.

– Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa de 600.001 a 3.000.000 de euros.

 

 

9. ¿COMO ACTÚA EL AYUNTAMIENTO CUANDO CONOCE LA EXISTENCIA DE UNA INFACCIÓN URBANÍSTICA?


Si como consecuencia de una denuncia o inspección Municipal, el ayuntamiento detecta que hemos cometido una infracción urbanística, deberá iniciar, sucesivamente, dos procedimientos administrativos:


1. Procedimiento de protección de legalidad urbanística. Tiene por objeto obligar al titular de la vivienda o local a restaurar la legalidad urbanística.


El Ayuntamiento nos remitirá un escrito (Orden de Legalización) donde nos informará de las actuaciones a realizar y del plazo que tenemos para ello (2 meses)


En caso de no cumplir lo indicado, continuará la tramitación del procedimiento administrativo, dando lugar, según se trate de obras o actividades, a la demolición de lo indebidamente construido o al cese y clausura de la actividad.


2. Procedimiento sancionador. Concluido el expediente de disciplina urbanística, se procederá a iniciar el correspondiente expediente sancionador.


El expediente sancionador, a diferencia del procedimiento de restauración de la legalidad urbanística, tiene por objeto, únicamente, imponer la correspondiente sanción a la persona que ha cometido la infracción urbanística ( Ej.: Abrir un negocio sin obtener la preceptiva licencia o presentar la correspondiente declaración responsable, la ejecución de una obra de cerramiento de terraza en una vivienda sin la preceptiva licencia Municipal, la colocación de carteles y vallas publicitarias sin la preceptiva licencia Municipal……), todo ello sin perjuicio de la obligación de ajustar la obra o actividad a la ordenación urbanística.


Es importante tener muy presente que ambos expedientes se tramitan de forma sucesiva, si bien, el cumplimiento de la sanción impuesta en el expediente sancionador en ningún caso restaura la legalidad urbanística, ni la legalización de la actuación exime, en ningún caso, del cumplimiento de la sanción impuesta.

 


10. ¿QUÉ DEBO HACER ANTE LA APERTURA DE UN EXPEDIENTE DE DISCIPLINA URBANISTICA?


Si estamos desarrollando una actividad sin licencia o bien si tenemos alguna parte del local o de las instalaciones que no se corresponden con la licencia que nos han concedido, el Ayuntamiento, previa inspección Municipal, podrá iniciar un expediente de cese y clausura que podrá afectar a toda la actividad o bien a aquella parte de la actividad que no está legalizada.


En estos casos, lo mejor es iniciar los trámites para legalizar la actuación con la mayor celeridad posible, de manera que podamos obtener la licencia o presentar la declaración responsable antes de que el expediente de cese y clausura haya concluido.

 


11. ¿CUANTO TIEMPO TIENE EL AYUNTAMIENTO PARA EXIGIR EL RESTABLECIMIENTO DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA?

 

La prescripción de las infracciones urbanísticas se producirá por el transcurso de cuatro años, salvo las que afecten a zonas verdes y espacios libres que no tienen plazo de prescripción.


Teniendo en cuenta el plazo de prescripción mencionado en el párrafo anterior, si transcurren cuatro años desde la total terminación de una obra y no se ha abierto ningún expediente de disciplina urbanística, se entiende que ha caducado la acción de restablecimiento de la legalidad urbanística, y en consecuencia, el Ayuntamiento no me puede obligar a legalizar, salvo que la infracción afecte a zonas verdes o espacios libes, en cuyo caso, podrá iniciar el expediente sin limitación de plazo.

 

 

12.¿COMO PUEDO PROBAR LA PRESCRIPCIÓN DE UNA INFRACCIÓN URBANÍTICA?


Tal y como ha señalado la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, la carga de la prueba de haber transcurrido el plazo de prescripción de la infracción, ha de soportarla, no la administración, sino quien voluntariamente se situó en la clandestinidad al realizar las obras.

 

En cuanto a los medios de prueba admisibles para probar la prescripción podemos señalar:

 

• Fotografías aéreas oficiales que acrediten que han transcurrido cuatro años desde la total terminación de las obras.

 

• Documento notarial que acredite la existencia de la infracción urbanística habiendo transcurrido el plazo de cuatro años de prescripción.

 

• Documento público válidamente emitido por el órgano competente de la Administración Pública que acredite que la Administración conocía o debía conocer la comisión de la infracción.

 

• Certificados de técnicos que acrediten la realidad física y constructiva de las obras de hace más de cuatro años, en cuyo caso se deberá exigir que esté visado a afectos de la asunción de correspondiente responsabilidad en caso de falsedad u omisión.

 

En ningún caso se tendrán en cuenta a la hora de proceder a la declaración de la prescripción, facturas, albaranes y cualquier otro documento que no acrediten de forma fehaciente que a fecha de su emisión había sido consumada la infracción urbanística.

 

Orden 1562/1998, de 23 de octubre, de la Consejería de Presidencia, por la que se establece el régimen relativo a los horarios de los locales de espectáculos públicos y actividades recreativas, así como de otros establecimientos abiertos al público.

 

BOCM 3 de noviembre de 1998


Texto vigente en 2014


 

 

Actualizado con:

- Orden de 21 de diciembre de 2004, de la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Justicia e Interior, por la que se modifica y da nueva redacción al apartado A) 4 y 5 del artículo segundo de la Orden 1562/1998, de 23 de octubre, por la que se establece el régimen relativo a los horarios de los locales de espectáculos públicos y actividades recreativas, así como de otros establecimientos abiertos al público (BOCM 23 de diciembre de 2004, corrección de errores BOCM 21 de enero de 2005).

- Orden de 23 de marzo de 2012, por la que se modifica la Orden 1562/1998, de 23 de octubre, de la Consejería de Presidencia, por la que se establece el régimen relativo a los horarios de los locales de espectáculos públicos y actividades recreativas, así como de otros establecimientos abiertos al público. (BOCM 27 de septiembre de 2012)


 

La Ley 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, en su artículo 23 establece que el horario general de apertura y cierre de los locales y establecimientos regulados por la misma se determinará por Orden del Consejero competente en materia de espectáculos públicos de la Comunidad de Madrid. Actualmente esta competencia la tiene atribuida la Consejería de Presidencia.

 

La regulación del horario general de apertura y cierre de locales y establecimientos, por lo que a la Comunidad de Madrid se refiere, se ha venido produciendo a través de Circulares de la Delegación del Gobierno dictadas en aplicación de la Orden de 23 de noviembre de 1977, modificada por otra posterior de 29 de junio de 1981 (Boletín Oficial del Estado del día 2 de diciembre) que desarrollaban en esta materia el Reglamento General de Policía de Espectáculos y Actividades Recreativas de 27 de agosto de 1982, siendo la última de ellas de fecha de 29 de junio de 1990 (Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid del día 4 de julio).

 

Por otro lado, además de cumplirse con la aprobación de la presente norma con un mandato del legislador, se procede a adecuar los horarios de los locales y establecimientos a la nueva realidad social, a las exigencias generales de los ciudadanos, pero, eso sí, teniendo muy presente los intereses públicos y, entre ellos, el derecho al descanso de los vecinos.

 

Asimismo, también se regulan los supuestos en los que se podrá autorizar de forma excepcional una ampliación de horario de un determinado local o, con carácter general, de la totalidad de los ubicados en un mismo término municipal durante los días de celebración de sus fiestas patronales.

 

El texto que se aprueba se ha sometido a informe de la Comisión Consultiva de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de Madrid, en la que se encuentran representados los sectores afectados por la materia que se pasa a regular.

 

Por último, sólo resta poner de manifiesto la naturaleza temporal de esta Orden, dado que en el momento en que se apruebe el Reglamento General de la Ley 17/1997, de 4 de julio (Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de 7 de julio), de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, antes mencionada, será conveniente armonizarla con el mismo.

 

En su virtud, y en el ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 23 de la reiterada Ley 17/1997, previo informe de la Comisión Consultiva de Espectáculos Públicos de la Comunidad de Madrid de fecha 11 de diciembre de 1997, y de conformidad con el Consejo de Estado, se dicta la presente Orden.

 

 

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

La presente Orden tiene como objeto aprobar el régimen jurídico relativo al horario general de apertura y cierre de los locales de espectáculos públicos y actividades recreativas, así como de los otros establecimientos abiertos al público a que se refieren, respectivamente, los Anexos I y II del Decreto 184/1998, de 22 de octubre, por el que se aprueba el Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas, Establecimientos, Locales, Recintos e Instalaciones, en el ámbito de la Comunidad de Madrid, fijando a este respecto el ámbito temporal del legítimo ejercicio de los derechos contemplados por las correspondientes licencias de funcionamiento de aquéllos, o, en su caso, por las autorizaciones administrativas que fueran procedentes.

 

Se entenderán, a tal fin, por locales de espectáculos públicos aquellos en los que, con el fin de congregar, como espectadores, al público en general, se organizan actividades, representaciones o exhibiciones de naturaleza artística, cultural o deportiva, y como de actividades recreativas, aquellos en los que se realizan actividades dirigidas al público en general cuyo fin sea el esparcimiento, ocio, recreo y diversión del mismo.

 

Por otra parte, se regulan los recintos, instalaciones, locales y establecimientos abiertos al público que de forma profesional y habitual se dedican a proporcionar, a cambio de precio, comida o bebida a los concurrentes para ser consumidas en aquéllos.

 

 

Artículo 2. Horario General.

A) Normas generales.

 

1. Los espectáculos y actividades permitidas en las licencias de funcionamiento de los locales y establecimientos regulados en el Decreto 184/1998, de 22 de octubre, así como los que son objeto de las autorizaciones administrativas que fueren procedentes, en su caso, sólo podrán ejercerse dentro del horario que se fija en la presente normativa.


2. Todos los horarios, tanto generales, como específicos o especiales, sin excepción, tendrán la consideración de horarios máximos, por lo que en ningún caso podrán ser rebasados o excedidos.


3. Se entenderá por horario de apertura el momento a partir del cual se permitirá el acceso de los usuarios al local o establecimiento.


4. A partir de la hora de cierre no se permitirá el acceso de ningún cliente al local o establecimiento y no se expenderá consumición alguna. Sin perjuicio de las disposiciones que al respecto puedan ser adoptadas, según la normativa especial en materia de protección medioambiental, deberán, en su caso, quedar fuera de funcionamiento, a partir de dicho momento, la ambientación musical, las máquinas y demás aparatos de juego, vídeo o similares, las señales luminosas ubicadas en el exterior del local y cesar las actuaciones que se celebren, con independencia de las tareas propias de recogida y limpieza que se realicen por parte del personal de los establecimientos.


5. Asimismo, a la hora de cierre reglamentariamente establecida, se encenderán las luces generales del local, quedando las puertas de entrada y de salida expeditas y abiertas para que se produzca el completo desalojo ordenado del local. Sin perjuicio de los límites que vengan impuestos por normativa sectorial o de seguridad y orden público, el desalojo de los locales, cuya licencia municipal de funcionamiento fije el aforo en 350 personas o más, se practicará en el plazo máximo de cuarenta y cinco minutos desde la hora de cierre, en los demás casos, el período en el que debe realizarse el desalojo, alcanzará como máximo treintas minutos.


6. Las resoluciones administrativas que autoricen espectáculos y actividades recreativas especificarán tanto el horario de inicio como el de finalización de la actividad que contemplen, así como un período de tiempo de desalojo en función del aforo del local o recinto.


7. Serán de aplicación a las instalaciones eventuales, desmontables o portátiles que no figuren en el apartado B de este artículo, el mismo régimen horario que el fijado para las instalaciones permanentes, en función de la actividad que les haya sido autorizada en la correspondiente licencia municipal de funcionamiento.


8. En cualquier caso, y sin perjuicio del horario general de apertura y cierre que se determina en la presente Orden para todos los establecimientos y locales regulados en la misma, entre el cierre de los mismos y la subsiguiente apertura deberá transcurrir un período mínimo de seis horas.

 

B) Apertura y cierre.

1. El horario general de apertura de los locales o establecimientos, en función de las categorías recogidas en el Catálogo aprobado por el Decreto 184/1998, de 22 de octubre, es el siguiente:

I. Locales de espectáculos públicos (tipología; epígrafe del Catálogo de locales del Decreto 184/1998; apertura/cierre):

a) Café-espectáculo (1.1): 17.00 h/5.30 h.
b) Salas de fiesta con espectáculo y restaurantes-espectáculo (1.4 y 1.5): 17 h/5.30 h.
c) Circos permanentes, portátiles o desmontables y asimilables (1.2): 10.00 h/24.00 h.
d) Locales donde se exhiben películas en vídeo o se realizan actuaciones en directo en las que el espectador se ubica en cabinas individuales o sistema similar (1.3): 10.00 h/3.00 h.
e) Auditorios, salas de conciertos y teatros permanentes, eventuales, portátiles o desmontables (2.1, 2.5 y 2.9): 10.00 h/1.00 h.
f) Cines permanentes (2.2.3): 10.00 h/2.00 h. Autocines y cines de verano (2.2.1 y 2.2.2): 20.00 h/0.30 h.
g) Salas de conferencias, exposiciones y multiuso (2.6, 2.7 y 2.8): 9.00 h/24.00 h.

 

II. Locales de actividades recreativas (tipología, epígrafe del Catálogo de locales del Decreto 184/1998; apertura/cierre):

h) Discotecas, salas de baile y asimilables (4.1): 17.00 h/5.30 h.
i) Salas de juventud (4.2.): 17.00 h/22.00 h.
j) Establecimientos de juegos colectivos de dinero y de azar (6.2): 12.30/3.00 horas.
Salones de juego y recreativos (6.3): 10.00/0.30 horas.
Salones de recreo y diversión (6.4): 10.00/0.30 horas.
k) Verbenas, desfiles, bailes, fiestas populares y manifestaciones folclóricas (8.1): 6.00 h/2.30 h.

 

III. Otros establecimientos abiertos al público (tipología, epígrafe del Catálogo de locales del Decreto 184/1998; apertura/cierre):

l) Bares especiales: Bares de copas con o sin actuaciones musicales en directo (9.1.1 y 9.1.2): 13.00 h/3.00 h.
m) Tabernas, bodegas y otras asimilables (10.1): 10.00 h/2.00 h. Cafeterías, bares, café-bares y asimilables (10.2): 6.00 h/2.00 h.
Heladerías, chocolaterías, croissanteríes, salones de té y asimilables (10.3): 8.00 h/ 1.00 h.
n) Restaurantes, salones de banquetes y otros asimilables (10.4 y 10.7): 10.00 h/2.00 h.

 

C) Supuestos especiales.

1. Fines de semana y verano:

El horario de cierre de los locales e instalaciones a que se refiere la presente Orden se incrementará:
- Media hora los viernes, sábados y víspera de festivos, con carácter general.
- Los establecimientos de juegos colectivos de dinero y de azar podrán ampliar su horario de cierre treinta minutos, del 1 de julio al 30 de septiembre.

 

2. Bares y restaurantes de hoteles:

Podrán retrasar el horario de cierre una hora para atender exclusivamente a los clientes hospedados.

 

3. Terrazas:

Al considerarse como anexas o accesorias de bares, cafeterías o restaurantes, se regirán por el mismo horario de cierre que estos últimos, siendo el de su apertura el de las diez horas.
Sin embargo, en atención a las posibles características sociológicas, medioambientales y urbanísticas concurrentes, dichos horarios podrán ser ampliados por la Comunidad de Madrid, o simplemente reducidos por los Ayuntamientos respectivos con ocasión de la concesión de las licencias de funcionamiento de las mismas, o bien posteriormente.

4. Espectáculos y Actividades Recreativas:

Los que no se encuentren recogidos en el apartado B del presente artículo no podrán, con carácter general, comenzar antes de las seis horas ni finalizar después de las veinticuatro horas, salvo que por una normativa específica se permita un horario diferente.

 

Artículo 3. Modificaciones de horario.

1. Los horarios podrán ser modificados, es decir, aumentados o reducidos, en los supuestos que se establecen a continuación, y de conformidad con el procedimiento que se determina.

2. Corresponderá a la Dirección General de Protección Ciudadana de la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid la ampliación de los horarios. Los acuerdos que se dicten en esta materia agotarán la vía administrativa, quedando expedita la vía jurisdiccional correspondiente.

Asimismo, los Ayuntamientos serán competentes para reducir los horarios de apertura y cierre de los locales y establecimientos en los términos previstos en el artículo sexto de la presente Orden.

 

 

Artículo 4. Ampliaciones de horario.

1. Los horarios se podrán ampliar exclusivamente en los siguientes supuestos:

1.1. Locales, recintos y establecimientos situados en carreteras y fuera del casco urbano de las poblaciones.
1.2. Los situados en aeropuertos, estaciones de tren, de autobuses, mercados de mayoristas o lugares asimilables, y aquellos que estén destinados preferentemente al servicio de viajeros o de trabajadores con horarios nocturnos o de madrugada.
1.3. En la celebración de espectáculos y actividades recreativas que por sus características específicas o excepcionales justificaran la implantación de un horario diferenciado.
1.4. Cuando concurran otras circunstancias de interés público o social distintas a las anteriores que así lo aconsejen.

2. Procedimiento de ampliación del horario:

2.1. La solicitud de autorización de ampliación de horario deberá de presentarse por el titular de la licencia de funcionamiento del local, recinto o establecimiento, y dirigirse al Director General de Protección Ciudadana, conteniendo necesariamente los siguientes extremos:

a) Nombre, apellidos, DNI y domicilio, a efectos de notificaciones, del interesado y, en su caso, de la persona que le represente, así como expresión del lugar, fecha y firma del interesado.
b) Además, si el solicitante fuera una persona jurídica: el poder de representación de la persona que actúe en su nombre.
c) Indicación del horario máximo solicitado.

2.2. Al escrito de solicitud se deberá acompañar la siguiente documentación:

a) Copia de la licencia de funcionamiento del local.
b) Justificante de haber abonado las tasas respectivas.
c) Memoria justificativa de las causas por las que se pretende el cambio solicitado.
d) Justificante acreditativo de encontrarse vigentes las pólizas de seguros de incendios y de responsabilidad civil relativas al ejercicio de la actividad.

2.3. Recibida la solicitud por el órgano competente, junto con toda la documentación apuntada anteriormente, se iniciará el procedimiento solicitándose, por parte de la Dirección General de Protección Ciudadana, los siguientes informes:

a) Informe del Ayuntamiento correspondiente, en el que serán oídos los vecinos si los hubiere, que residan en un radio de hasta 100 metros del local para el que solicite horario especial, y en el que se hará constar la incidencia que supondrá la ampliación de horario en la convivencia ciudadana, así como, si el local se halla en o fuera del casco urbano y si dispone de aparcamiento.
El informe deberá ser remitido en un plazo de cuarenta días.
b) A los efectos de valorar la incidencia de la modificación solicitada, en la seguridad pública, informe motivado de los organismos competentes en dicha materia. Recibidos los informes o transcurrido el plazo para remitirlos, el órgano competente dictará la resolución correspondiente. El plazo máximo para resolver el expediente será de cuatro meses. Cuando hubiera transcurrido dicho plazo, sin haber recaído resolución expresa, el interesado podrá entender desestimada su solicitud.

2.4. Las autorizaciones de ampliación de horario deberán ser motivadas y no podrán concederse por períodos superiores a un año. Las autorizaciones podrán ser renovadas por un período de tiempo igual, previa solicitud del interesado y de conformidad con el procedimiento anteriormente indicado.
Asimismo, podrán ser objeto de revocación por causa debidamente justificada y motivada, previa audiencia del interesado.
De las resoluciones autorizatorias de ampliación de horario se dará traslado a la Comisión Consultiva de Espectáculos, Delegación del Gobierno y Ayuntamiento correspondiente.

 

 

Artículo 5. Fiestas Patronales.

1. Con ocasión de las fiestas patronales de cada Municipio, y previa comunicación del Ayuntamiento a la Dirección General de Protección Ciudadana con una antelación mínima de quince días, los locales y establecimientos regulados en la presente Orden podrán ampliar su horario de cierre en una hora.

2. Se entenderán por fiestas patronales las establecidas oficialmente por cada Ayuntamiento en su término municipal.

 

 

Artículo 6. Reducciones de horario.

1. Los Ayuntamientos podrán reducir el horario general de los locales, recintos, instalaciones y otros establecimientos abiertos al público, regulados por la presente Orden por las causas que a continuación se expresan, y de conformidad con el procedimiento que se determina.

2. Serán causas de reducción de horario la ubicación de locales recintos, instalaciones y establecimientos en áreas o zonas de alta ¬concentración de los mismos y/o que se encuentren calificadas y delimitadas como residenciales, medioambientales protegidas o simplemente saturadas cuando la actividad que en ellos se desarrolla impida el derecho al descanso de los vecinos.

3. Procedimiento para la reducción del horario de un local o establecimiento:

En las zonas o áreas contempladas en el punto 2 del presente artículo, y cuando concurran las circunstancias mencionadas en el mismo, se podrá proceder a la reducción del horario general del cierre de los locales, recintos, instalaciones y establecimientos mencionados en el artículo 2.B), apartados a), b), d), h) y l) de la presente Orden, hasta poder equipararlos, como máximo, al de los bares cafeterías y café-bares.

En estos supuestos, durante la tramitación del expediente, y con anterioridad a la Propuesta de Resolución, por los Ayuntamientos se recabarán los informes técnicos precisos además de la información vecinal correspondiente. Asimismo, se dará trámite de vista del expediente al titular del local o establecimiento, a los efectos de que pueda formular las alegaciones pertinentes en un plazo de quince días.

El Ayuntamiento resolverá el expediente de forma motivada en un plazo máximo de tres meses, haciéndose constar de forma expresa el período de vigencia de la reducción acordada. Transcurrido el mismo regirá de nuevo el horario general.

 

 

Artículo 7. Apertura de puertas de locales, recintos e instalaciones.

1. Todos los espectáculos y actividades comenzarán a la hora anunciada y durarán el tiempo previsto en los carteles o, en su caso, en la correspondiente autorización.

2. Los locales de espectáculos y actividades recreativas estarán abiertos y, en su caso, debidamente alumbrados, al menos quince minutos antes de dar comienzo sus actividades.

3. Sin perjuicio de lo establecido en la normativa sectorial de aplicación, los recintos e instalaciones de espectáculos estarán abiertos al público con la antelación siguiente:

- Hasta 1.000 personas de aforo, treinta minutos antes.
- De 1.000 a 5.000 personas de aforo, cuarenta y cinco minutos antes.
- De 5.001 a 25.000 personas de aforo, una hora antes.
- De más de 25.000 personas de aforo, hora y media antes.

 

 

Artículo 8. Superposición, acumulación de ampliaciones y solapamiento de horarios.

1. Los locales, recintos y establecimientos a los que se les haya aplicado tanto el régimen de autorización de ampliación del horario de cierre, como el de reducción del horario general, no podrán acogerse a la prolongación del horario de cierre establecido para los viernes, sábados y vísperas de festivos.

2. En los horarios de verano, la ampliación del horario de cierre establecida para los viernes, sábados y vísperas de fiesta se entenderá siempre que se aplica sobre el horario general de invierno previsto en el artículo 2.B).

3. En el supuesto de que en un local se ejerzan más de una de las actividades compatibles reguladas por la citada Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de Madrid, y éstas tengan horarios de cierre distintos, cada una de ellas deberá cesar en su funcionamiento, de acuerdo con el horario establecido en el artículo 2.B) de la presente Orden.

 

 

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. Lo dispuesto en la presente normativa se entenderá sin perjuicio de lo regulado por la legislación laboral, respecto del horario y jornada laboral de los trabajadores de los locales y establecimientos contemplados por aquélla.

 

Segunda. El horario de apertura y de cierre de los casinos de juego será el establecido en cada momento por la normativa sectorial de aplicación en materia de juego.

En los salones recreativos a los que, de acuerdo con lo dispuesto en las disposiciones sectoriales en materia de juego puedan acceder menores de dieciséis años, así como en los salones de recreo y diversión, el horario de permanencia de aquellos menores en los mismos no podrá exceder, en ningún caso, de las 22,00 horas. A tales efectos, deberá colocarse un rótulo claramente visible en el exterior del local que indique esta limitación.

 

 

Disposición transitoria única

Todas las modificaciones de horario, de los locales y establecimientos regulados por la presente Orden que se encontrasen vigentes y en uso en esta fecha, se extinguirán automáticamente el día 31 de diciembre de 1998, salvo que en la resolución administrativa de autorización se hubiese fijado un plazo menor de vigencia.

 

 

Disposición derogatoria

Quedan derogadas, en el ámbito de la Comunidad de Madrid, la Orden de 22 de julio de 1965 (Boletín Oficial del Estado de 2 de agosto); la Orden de 23 de noviembre de 1977, modificada por otra posterior de 29 de junio de 1981 (Boletín Oficial del Estado de 2 de diciembre de 1977 y de 2 de julio de 1981), reguladoras de los horarios de los locales y actividades recreativas, y de los establecimientos de pública concurrencia, y Circular de la Delegación del Gobierno de fecha 29 de junio de 1990 (Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de 4 de julio), así como cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la presente Orden.

 

 

Disposición final

La presente Orden entrará en vigor a los diez días de su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.

 

horario-cierre-apertura-espectaculos-publicos-locales-actividades-recreativas

 

DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL CATÁLOGO DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, ACTIVIDADES RECREATIVAS, ESTABLECIMIENTOS, LOCALES E INSTALACIONES.

 

BOCM 3 de noviembre de 1998, corrección de errores BOCM 10 de diciembre de 1998

 

 


 Norma vigente en el 2014


 

Decreto 184/1998, de 22 de octubre, por el que se aprueba el Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas, Establecimientos, Locales e Instalaciones.


PREÁMBULO

 

Artículo 1. Ámbito de aplicación.

Artículo 2. Catálogo.

Artículo 3. Espectáculos públicos y actividades recreativas.

Artículo 4. Locales, recintos y establecimientos.

Artículo 5. Licencias de funcionamiento.

Artículo 6. Pluralidad de espectáculos o actividades.

Artículo 7. Publicidad.

Artículo 8. Comunicaciones.

Artículo 9. Prohibiciones.

 

Disposiciones adicionales

Disposiciones transitorias

Disposición derogatoria

Disposiciones finales

 

ANEXO I - Catálogo de espectáculos públicos, actividades recreativas, establecimientos, locales e instalaciones - Actividades

ANEXO II Catálogo de espectáculos públicos, actividades recreativas, establecimientos, locales e instalaciones - Locales y establecimientos

ANEXO III

ANEXO IV.- 

 

 

 


Decreto 184/1998, de 22 de octubre, por el que se aprueba el Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas, Establecimientos, Locales e Instalaciones.


PREÁMBULO


La Ley 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas regula, como señala su Preámbulo, una gran variedad de situaciones por lo que la misma no tiene ni podría tener un carácter exhaustivo. Ello determina la necesidad de un importante desarrollo reglamentario de sus preceptos que permita su plena aplicación. Este desarrollo se inicia con el presente Decreto.

 

El artículo 4 de la Ley 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, regula el Catálogo de los espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos comprendidos en el ámbito de aplicación de la Ley. La finalidad de este Catálogo no es otra que la de enumerar y agrupar, clasificándolos por afinidades y características comunes, los distintos tipos de espectáculos públicos, actividades recreativas, establecimientos, recintos, locales e instalaciones.

 

El Catálogo incluido en la mencionada Ley en forma de Anexo se limita a la enumeración de los distintos tipos de espectáculos públicos, actividades recreativas y otros establecimientos abiertos al público. Esta enumeración podía considerarse adecuada a la naturaleza y objeto de la citada norma. Sin embargo, resulta claramente insuficiente para su efectiva aplicación y sobre todo para su desarrollo reglamentario. Esta insuficiencia fue prevista por el legislador que en el artículo 4 autoriza al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid a modificar y desarrollar el Catálogo por Decreto.

 

El Catálogo, que se contiene en los Anexos I y II del presente Decreto, y que sustituirá al anteriormente citado, tiene por objetivo, en primer lugar, la plena adecuación de la clasificación normativa a la realidad de los diferentes tipos de establecimientos existentes en la actualidad.

 

Por otra parte, se hace preciso completar la clasificación con una definición de cada uno de los diferentes tipos de espectáculos, actividades recreativas, establecimientos, locales e instalaciones a fin de clarificar el panorama actual y facilitar la actuación de los Ayuntamientos a la hora de conceder las licencias de funcionamiento. En esta definición, se ha tratado de establecer no sólo sus elementos, más característicos o específicos, sino también las actividades que no deben ser toleradas dentro de cada tipo a fin de evitar la desnaturalización de los mismos.

 

El Anexo I enumera y ordena los distintos tipos y clases de espectáculos públicos, actividades recreativas, locales, recintos y establecimientos regulados por la citada Ley. El Anexo II recoge las definiciones de los mismos.

 

La aprobación del nuevo Catálogo exige la regulación de los aspectos dinámicos del contenido del mismo así como de algunos de sus efectos, máxime si se tiene presente que el Reglamento que ha de desarrollar la Ley 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, todavía no ha sido aprobado.

 

En consecuencia, el Decreto contiene las normas precisas para evitar lagunas en materias fundamentales del régimen de los espectáculos públicos y actividades recreativas, Como puede ser la regulación de la licencia de funcionamiento de los locales y establecimientos o de los carteles indicativos previstos en el artículo 13 de la Ley.

 

Por todo ello, se considera necesario y urgente proceder al desarrollo parcial de la Ley 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, sin perjuicio de que el contenido normativo que se aprueba se incorpore con posterioridad a la norma que desarrolle, de manera completa, esta Ley.

 

En su virtud, previo informe de la Comisión de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de fecha 11 de diciembre de 1997, y de conformidad con el Consejo de Estado, a propuesta del Consejero de Presidencia, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su sesión del día 22 de octubre de 1998,

 

DISPONGO:

 

Artículo 1. Ámbito de aplicación.

El presente Decreto será de aplicación a los espectáculos públicos, actividades recreativas, locales, recintos, instalaciones y establecimientos comprendidos en el ámbito de aplicación de la Ley 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de Madrid.

 

 

Artículo 2. Catálogo.

1. Se aprueba el Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas, Establecimientos Locales e Instalaciones previsto en el artículo 4 de la Ley 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, que se incorpora al presente Decreto como Anexos I y II. Este Catálogo sustituye al que figura como Anexo de dicha Ley.

2. La enumeración contenida en el Anexo I no tiene carácter exhaustivo.

 

 

Artículo 3. Espectáculos públicos y actividades recreativas.

1. Los espectáculos y actividades recogidos en el Catálogo podrán desarrollarse en los locales, recintos, instalaciones o establecimientos que se enumeran y definen en el mismo como aptos para cada uno de aquéllos. Los espectáculos y actividades podrán también celebrarse en otros locales o establecimientos diferentes de los indicados, siempre que estén comprendidos en el Catálogo, respetando los límites y requisitos establecidos en el artículo 6 del presente Decreto.

2. Los espectáculos y actividades regulados en el presente Decreto pueden ser de carácter permanente, eventual o extraordinario.
Se considerarán espectáculos y actividades de carácter permanente aquellos que tengan lugar con carácter habitual en locales, recintos o establecimientos de carácter fijo y estable, y que estén expresamente autorizados en la correspondiente licencia de funcionamiento.
Se considerarán espectáculos y actividades de carácter eventual, aquellos que se desarrollen en instalaciones o estructuras eventuales, desmontables o portátiles y que se realicen durante un período determinado de tiempo. La celebración de espectáculos o actividades de carácter eventual requerirá la oportuna licencia municipal de funcionamiento.
Se considerarán espectáculos y actividades de carácter extraordinario aquellos que sean distintos de los que se realicen habitualmente en los locales o establecimientos y no figuren expresamente autorizados en la correspondiente licencia de funcionamiento. La celebración de los espectáculos y actividades de carácter extraordinario requerirá autorización administrativa expresa del órgano competente de la Comunidad de Madrid.

 

 

Artículo 4. Locales, recintos y establecimientos.

1. Se entenderán como locales, recintos o establecimientos, a los efectos del presente Decreto, aquellos espacios físicos y determinados o específicos que, por reunir los requisitos exigidos por la normativa vigente y encontrarse clasificados y definidos en el Catálogo, se consideran aptos e idóneos para el desarrollo de un determinado espectáculo o actividad, encontrándose su titular en posesión de la correspondiente licencia de funcionamiento.

2. La Comunidad de Madrid asignará a cada uno de los locales, recintos y establecimientos incluidos en el ámbito de aplicación del presente Decreto un número identificativo que deberá figurar en el cartel y en la ficha técnica previstos en los artículos 7 y 8 respectivamente.

 

 

Artículo 5. Licencias de funcionamiento.

1. En las licencias de funcionamiento que concedan los Ayuntamientos conforme a lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, deberán constar con exactitud los espectáculos o actividades a que vayan a ser dedicados los locales, recintos, instalaciones o establecimientos, conforme a la clasificación y definiciones contenidas en el Catálogo.
En dichas licencias deberán, además, constar en todo caso los siguientes datos: Nombre, apellidos del titular, denominación y razón social en su caso, y domicilio; denominación, nombre comercial y emplazamiento del local, recinto o establecimiento, así como el aforo máximo permitido.

2. La clasificación de un local, recinto, instalación o establecimiento abierto al público, que no estuviere enumerado expresamente en cualquiera de los diferentes epígrafes y apartados del Catálogo, requerirá la previa autorización del órgano competente de la Comunidad de Madrid.

3. La concesión de la licencia de funcionamiento no excluye la obligación de obtener las demás autorizaciones exigidas por la normativa vigente, en particular, en materia de turismo, espectáculos taurinos o juego.

4. A la solicitud de la licencia de funcionamiento, se acompañará, como mínimo, la siguiente documentación:

a) Certificado del técnico competente, acreditativo de que las instalaciones del local, recinto y establecimiento se han realizado bajo su dirección, ajustándose a las condiciones y prescripciones de la previa licencia municipal correspondiente, así como a las previstas en la Ley 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, en el presente Decreto, en las correspondientes Ordenanzas Municipales y demás normativa de aplicación.
b) Plan de revisiones periódicas por entidad competente designada por el titular, para los equipos de protección contra incendios, ajustado a lo exigido en las condiciones de mantenimiento y uso por la normativa específica de aplicación.
c) Plan de emergencia según las normas de autoprotección en vigor.
d) Contrato de seguro, en la cuantía mínima vigente en cada momento, que cubra los riesgos de incendio del local o instalación, y de responsabilidad civil por daños a los concurrentes y a terceros, derivados de las condiciones del local, de sus instalaciones y servicios, así como de la actividad desarrollada y del personal que preste sus servicios en el mismo.
e) Ficha técnica del local o establecimiento con arreglo al modelo que figura como Anexo III del presente Decreto.

 

 

Artículo 6. Pluralidad de espectáculos o actividades.

1. El desarrollo o celebración de varios espectáculos o actividades diferentes en un local, recinto o establecimiento estará sometido a los límites y requisitos establecidos en el presente artículo.

2. En los locales, recintos o establecimientos regulados en el presente Decreto no se podrán desarrollar espectáculos o actividades que resulten incompatibles entre sí a tenor de la normativa sectorial que les sea de aplicación, edad de lo usuarios, naturaleza y tipo de las actividades a desarrollar, sus horarios de apertura, así como por las dotaciones y demás características técnicas de los mismos.
El órgano competente de la Comunidad de Madrid podrá autorizar de forma excepcional, el desarrollo o celebración de espectáculos o actividades incompatibles, que estarán sujetas a las condiciones que la autorización correspondiente determine.

3. Cuando en un local, recinto o establecimiento vayan a desarrollarse habitualmente y por separado, en el tiempo o en zonas diferenciadas, uno o varios espectáculos o actividades recogidos en el Catálogo, distintos pero compatibles entre sí, deberá constar en la licencia de funcionamiento, con exactitud y separadamente, cada uno de dichos espectáculos o actividades.
Si el local, recinto o establecimiento contara con varios espacios de uso diferenciado, en la licencia de funcionamiento deberá constar con exactitud y por separado, la actividad y el aforo autorizado para cada uno de dichos espacios.

4. Los titulares de locales, recintos o establecimientos que cuenten con la preceptiva licencia de funcionamiento en la que figure ¬expresamente uno o más espectáculos o actividades autorizados, que con carácter extraordinario pretendan realizar otro de los contenidos en el Catálogo, precisarán la correspondiente autorización del órgano competente de la Comunidad de Madrid, conforme a lo establecido en el párrafo tercero del punto 2 del artículo 3 del presente Decreto.

5. Respecto de los locales y recintos que estén materialmente divididos en locales diferenciados, en los que se pretenda desarrollar diversas actividades, entre las que puedan existir alguna de las contempladas en el Catálogo, el ejercicio de estas últimas precisará de la correspondiente licencia de funcionamiento para cada una de ellas.

 

 

Artículo 7. Publicidad.

1. En el exterior de los locales, recintos o establecimientos regulados en el presente Decreto, y en lugar visible, deberá exhibirse un cartel expedido por los respectivos Ayuntamientos con arreglo a las características, medidas y contenido que figuran en el Anexo IV de este Decreto.

2. La exhibición, en lugar y forma adecuados, de este cartel identificativo constituye una de las obligaciones documentales de los titulares de las correspondientes licencias de funcionamiento a que se refiere el número diecisiete del artículo 38 de la Ley 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.

 

 

Artículo 8. Comunicaciones.

1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 5, apartado 4.e), los interesados que soliciten una licencia de funcionamiento deberán cumplimentar la ficha técnica de locales o establecimientos cuyo modelo figura en el Anexo III de este Decreto.
Una vez concedida la licencia de funcionamiento, el Ayuntamiento concedente verificará y completará los datos de la ficha técnica.

2. En el plazo de cinco días desde la concesión de la licencia de funcionamiento, los Ayuntamientos remitirán al órgano competente de la Comunidad de Madrid una copia de la licencia de funcionamiento, acompañada de la ficha técnica, debidamente cumplimentada y verificada.

3. En caso de cambio de titularidad de los locales, recintos o establecimientos regulados por el presente Decreto, el interesado comunicará el cambio al Ayuntamiento respectivo, cumplimentando una nueva ficha técnica. Esta ficha deberá ser remitida por el Ayuntamiento al órgano competente de la Comunidad de Madrid en el plazo previsto en el apartado anterior.

4. Recibidas las correspondientes comunicaciones, la Comunidad de Madrid asignará a cada local, recinto o establecimiento su número identificativo.
No obstante, el titular de la licencia de funcionamiento podrá solicitar dicho número identificativo, mediante escrito presentado ante el órgano competente de la Comunidad de Madrid, al que se acompañará la preceptiva licencia de funcionamiento y copia de la ficha técnica del local o establecimiento.

 

 

Artículo 9. Prohibiciones.

En los locales, recintos y establecimientos enumerados y definidos en el Catálogo, cuyo horario autorizado de apertura sea anterior a las nueve horas de cada día, queda prohibido, con carácter general, el funcionamiento de equipos o aparatos de música o cualquier otro medio de reproducción audio-musical, las actuaciones en directo, las pistas de baile o practicar esta actividad, así como cualquier otra análoga, antes de las nueve horas.

 

 

Disposiciones adicionales

 

Primera. Los locales, establecimientos, recintos e instalaciones objeto de regulación del presente Decreto deberán cumplir todas las condiciones y requisitos de seguridad, insonorización y de prevención de incendios que exija la normativa vigente para cada uno de ellos, según su tipología, superficie, aforo y demás características, así como la instalación, en los bares especiales, definidos en el apartado 9.1 del Anexo II, de sonómetros, limitadores del nivel de ruido y dobles puertas, cuando aquélla así lo prevea a fin de garantizar el derecho al descanso de los vecinos colindantes.

 

Segunda. Los apartados cuarto y quinto del artículo 6 no serán aplicables a las actividades que se desarrollen en Hoteles y asimilables en el ámbito propio de su normativa sectorial, siempre que los espectáculos o actividades se dirijan exclusivamente a sus clientes. 

 

 

Disposiciones transitorias

 

Primera. Los Ayuntamientos deberán revisar, de oficio o a instancia de parte, en el plazo de tres años, a contar desde la entrada en vigor del presente Decreto, todas las licencias de funcionamiento concedidas con anterioridad, con el único fin de adaptar la denominación de la actividad y la tipología del local a las definiciones contenidas en el Catálogo.

 

Segunda. Los titulares de las licencias de funcionamiento vigentes, que amparen la explotación de locales y establecimientos regulados en el presente Decreto, deberán solicitar del órgano competente de la Comunidad de Madrid el número identificativo del local o establecimiento, en el plazo de dos años a contar desde la entrada en vigor del presente Decreto, en la forma establecida en el apartado cuarto del artículo 8 del Decreto. 

 

 

Disposición derogatoria

Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto.

 

 


Disposiciones finales

 

Primera. Se faculta al Consejero de Presidencia para dictar las disposiciones necesarias para la aplicación y el desarrollo del presente Decreto, así como para proceder a la aprobación del modelo de cartel identificativo regulado en el artículo 7 del presente Decreto con arreglo a lo previsto en el Anexo IV.

 

Segunda. El presente Decreto entrará en vigor a los diez días de su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.

 


 

ANEXO I - Catálogo de espectáculos públicos, actividades recreativas, establecimientos, locales e instalaciones

 

Actividades

I. Espectáculos públicos

- Cine.
- Circo.
- Competiciones deportivas en sus diversas modalidades.
- Conciertos y festivales.
- Conferencias y congresos.
- Danza.
- Desfiles en vía pública.
- Espectáculos taurinos.
- Exposiciones artísticas y culturales.
- Representaciones o exhibiciones artísticas, culturales o folclóricas.
- Teatro.
- Variedades y cómicos.
- Espectáculos varios organizados con el fin de congregar al público en general para presenciar actividades, representaciones o exhibiciones de naturaleza artística, cultural o deportiva.

 

II. Actividades recreativas

- Atracciones de feria.
- Baile.
- Exhibición de animales vivos.
- Juegos recreativos y de azar.
- Verbenas y similares.
- Karaoke.
- Práctica de deportes en sus diversas modalidades con fines recreativos.
- Actividades recreativas varias dirigidas al público en general cuyo fin sea el esparcimiento, ocio, recreo y diversión del mismo.

 

Locales y establecimientos

 

III. De espectáculos públicos

1. Esparcimiento y diversión:

1.1. Café-espectáculo.
1.2. Circos:

1.2.1. Circos permanentes.
1.2.2. Circos portátiles.

1.3. Locales de exhibiciones.
1.4. Salas de fiestas.
1.5. Restaurante-espectáculo.
1.6. Otros locales o instalaciones asimilables a los mencionados.

2. Culturales y artísticos:

2.1. Auditorios.
2.2. Cines:

2.2.1. Autocines.
2.2.2. Eventuales, portátiles o desmontables.
2.2.3. Permanentes.

2.3. Plazas, recintos e instalaciones taurinas:

2.3.1. Plazas de toros permanentes.
2.3.2. Plazas de toros no permanentes y portátiles.
2.3.3. Otros recintos e instalaciones.

2.4. Pabellones de Congresos.
2.5. Salas de conciertos.
2.6. Salas de conferencias.
2.7. Salas de exposiciones.
2.8. Salas multiuso.
2.9. Teatros:

2.9.1. Teatros permanentes.
2.9.2. Teatros eventuales, portátiles o desmontables.

3. Deportivos:

3.1. Locales o recintos cerrados:

3.1.1. Campos de fútbol, rugby, béisbol y asimilables.
3.1.2. Campos de baloncesto, balonmano, balonvolea y asimilables.
3.1.3. Campos de tiro al plato, de pichón y asimilables.
3.1.4. Galerías de tiro.
3.1.5. Pistas de tenis y asimilables.
3.1.6. Pistas de patinaje, hockey sobre hielo, sobre patines y asimilables.
3.1.7. Piscinas.
3.1.8. Locales de boxeo, lucha, judo y asimilables.
3.1.9. Circuitos permanentes de motocicletas, automóviles y asimilables.
3.1.10. Velódromos.
3.1.11. Hipódromos, canódromos y asimilables.
3.1.12. Frontones, trinquetes, pistas de squash y asimilables.
3.1.13. Polideportivos.
3.1.14. Boleras y asimilables.
3.1.15. Salones de billar y asimilables.
3.1.16. Gimnasios.
3.1.17. Pistas de atletismo.
3.1.18. Estadios.

3.2. Espacios abiertos y vías públicas:

3.2.1. Recorridos de carreras pedestres.
3.2.2. Recorridos de pruebas ciclistas, motociclistas, automovilísticas y asimilables.
3.2.3. Recorridos de motocross, trial y asimilables.
3.2.4. Pruebas y exhibiciones náuticas.
3.2.5. Pruebas y exhibiciones aeronáuticas.

 

IV. De actividades recreativas

4. De baile:

4.1. Discotecas y salas de baile.
4.2. Salas de juventud.

5. Deportivo-recreativas:

5.1. Locales o recintos, sin espectadores, destinados a la práctica deportivo-recreativa de uso público, en cualquiera de sus modalidades.

6. Juegos recreativos y de azar:

6.1. Casinos.
6.2. Establecimientos de juegos colectivos de dinero y de azar.
6.3. Salones de juegos y recreativos.
6.4. Salones de recreo y diversión.
6.5. Rifas y tómbolas.
6.6. Otros locales e instalaciones asimilables a los mencionados conforme a lo que establezca la normativa sectorial en materia de juego.

7. Culturales y de ocio:

7.1. Parques de atracciones, ferias y asimilables.
7.2. Parques acuáticos.
7.3. Casetas de feria.
7.4. Parques zoológicos:

7.4.1. Parques zoológicos permanentes.
7.4.2. Parques zoológicos en medio natural y asimilables.

8. Recintos abiertos y vías públicas:

8.1. Verbenas, desfiles y fiestas populares o manifestaciones folclóricas.

 

V. Otros establecimientos abiertos al público

9. De ocio y diversión:

9.1. Bares especiales:

9.1.1. Bares de copas sin actuaciones musicales en directo.
9.1.2. Bares de copas con actuaciones musicales en directo.

10. De hostelería y restauración:

10.1. Tabernas y bodegas.
10.2. Cafeterías, bares, café-bares y asimilables.
10.3. Chocolaterías, heladerías, salones de té, croissanteries y asimilables.
10.4. Restaurantes, autoservicios de restauración y asimilables.
10.5. Bares-restaurante.
10.6. Bares y restaurantes de hoteles.
10.7. Salones de banquetes.
10.8. Terrazas.

 


 

ANEXO II Catálogo de espectáculos públicos, actividades recreativas, establecimientos, locales e instalaciones

 

Locales y establecimientos

 

I. De espectáculos públicos

Se entenderán por locales de espectáculos públicos aquellos en los que, con el fin de congregar, como espectadores, al público en general, se organizan actividades, representaciones o exhibiciones de naturaleza artística, cultural o deportiva.

 

1. Esparcimiento y diversión

1.1. Café espectáculo:

Locales cerrados y cubiertos con servicio de bar, cuya actividad principal es ofrecer representaciones de obras teatrales u otros espectáculos públicos propios de la escena a cargo de actores o ejecutantes, así como ejecuciones musicales o músico-vocales a cargo de uno o más intérpretes. En estos locales no puede celebrarse la actividad recreativa de baile. Disponen de espacio destinado a camerinos, y en la zona delimitada para las actuaciones o representaciones pueden disponer, o no, de escenario, de atrezo y otros accesorios.
No disponen de cocina, plancha o cualquier otro medio de preparación de alimentos.

 

1.2. Circos:

Locales permanentes o instalaciones portátiles con graderío para los espectadores, que tienen en medio uno o más espacios delimitados (pistas) donde se ejecutan ejercicios: Ecuestres, gimnásticos, en los que pueden emplearse elementos mecánicos tales como trapecios, cables, barras y otros, se realizan juegos malabares y exhibiciones de habilidades de animales, así como, cualquier otro tipo de espectáculos de variedades.

 

1.3. Locales de exhibiciones:

Locales cerrados y cubiertos donde se exhiben películas en vídeo o se realizan actuaciones en directo en las que el espectador se ubica en cabinas individuales o sistema similar.

 

1.4. Salas de fiesta:

Son locales cerrados y cubiertos destinados principalmente, aunque disponen de servicio de bebidas, a ofrecer al público espectáculos de variedades y la actividad recreativa de baile, en los que existen para ello una o más pistas de baile.
Están dotados de camerinos y pista/s y pueden tener escenario.
Pueden ofrecer, como actividad complementaria, la de restauración.
Está prohibida la entrada a menores de dieciséis años.

 

1.5. Restaurante-espectáculo:

Son locales cerrados y cubiertos destinados permanentemente a ofrecer al público espectáculos de variedades. Disponer de servicio de bar y restauración.
Están dotados de camerinos y de zona destinada a las representaciones o escenario.

 

2. Culturales y artísticos

2.1. Auditorios:

Locales o recintos que pueden ser cubiertos, semicubiertos o descubiertos, destinados a ofrecer al público preferentemente atracciones musicales, u otras similares, en directo, a cargo de uno o más intérpretes. Estos locales o recintos disponen de escenario y camerinos. El público asistente se ubica en localidades sentadas y, en su caso, en localidades de pie, estas últimas en espacios, especialmente delimitados y acondicionados, próximos al escenario de los intérpretes.

 

2.2. Cines:

Locales o recintos cerrados, cubiertos, semicubiertos o descubiertos, cuya actividad es la proyección en pantalla, como espectáculo, de películas mediante cualquier medio técnico, autorizado por su normativa sectorial. En los permanentes el público ocupará localidades de asiento fijas. Asimismo, podrán disponer de servicio complementario de ambigú.

 

2.3. Plazas, recintos e instalaciones taurinas:

Plazas permanentes, portátiles y demás recintos taurinos: Locales, instalaciones fijas o móviles, y recintos, construidos o montados específica o preferentemente para la celebración de espectáculos taurinos ante espectadores que ocupan localidades de asiento.
Manga para encierros de reses bravas: Recorridos protegidos por un vallado para la conducción a pie y por vías públicas de reses bravas, desde el lugar de la suelta hasta la plaza de toros o recinto cerrado.

 

2.4. Salas de conciertos:

Locales cerrados y cubiertos destinados a ofrecer al público exclusivamente actuaciones musicales u otras similares, en directo a cargo de uno o más intérpretes. Estos locales disponen de escenario o espacio similar y camerinos. Las localidades de estos recintos serán todas de asiento.

 

2.5. Salas de conferencias:

Locales cerrados y cubiertos, cuya finalidad es reunir al público para asistir a actividades exclusivamente culturales, como pronunciar conferencias, celebrar cursos, mesas redondas, debates, reuniones o congresos y otras asimilables.
Los asistentes ocupan plazas de asiento fijo. Estos locales pueden disponer de entarimado para los intervinientes.

 

2.6. Salas de exposiciones:

Locales cerrados y cubiertos cuyo fin es mostrar al público asistente, en espacios especialmente dispuestos para ello, pintura escultura, fotografía, libros o cualquier otra muestra artística o cultural. Estos locales podrán estar dotados de los medios audiovisuales necesarios para dicho fin, que no podrán ser utilizados para ejercer cualquier otra actividad distinta de la de sala de exposiciones.

 

2.7. Salas multiuso:

Locales cerrados y cubiertos dotados de espacios especialmente dispuestos para poder reunir al público a fin de realizar exclusivamente espectáculos y actividades recreativas artístico-culturales, así como fiestas populares. Pueden estar dotadas de asientos móviles.

 

2.8. Teatros:

Locales, recintos o instalaciones cerrados que pueden estar cubiertos, semicubiertos o descubiertos, destinados a la representación de obras teatrales u otros espectáculos públicos propios de la escena, a cargo de actores o ejecutantes, ante espectadores que ocupan localidades de asiento.
Se considerarán obras teatrales a efectos del presente Reglamento además de las dramáticas y comedias, aquellas que se acompañan en todo o en parte de música instrumental o vocal interpretada en directo o grabada previamente, como óperas, zarzuelas, ballet y similares. Disponen necesariamente de escenario y camerino, y podrán disponer de foso para orquesta.

 

3. Deportivos

3.1. Locales o recintos cerrados:

Lugares donde se realiza cualquier deporte cuya finalidad es el espectáculo. Están dotados de graderíos para el público asistente.
Para su definición y características específicas se estará a lo dispuesto en la Normativa Sectorial correspondiente.

 

II. De actividades recreativas

Se entenderán por locales de actividades recreativas aquellos en los que se realizan actividades dirigidas al público en general cuyo fin sea el esparcimiento, ocio, recreo y diversión del mismo.

 

4. De baile

4.1. Discotecas y salas de baile:

Son locales destinados principalmente, aunque disponen de servicio de bebidas, a ofrecer al público la actividad recreativa de baile, en los que existen para ello una o más pistas de baile, en las que no podrá realizarse ningún otro tipo de actividad recreativa o espectáculo. Se considera pista de baile el espacio delimitado y destinado, con carácter exclusivo, a tal fin, desprovisto de elementos constructivos y mobiliarios, de dimensiones suficientes para inscribir en él un círculo de 7 metros de diámetro.
En estos locales, el soporte musical utilizado puede ser mediante actuaciones en directo (conjuntos musicales, músico-vocales, cantante y amenizador), reproducción mecánica o electrónica, o alternando ambos sistemas.
Para poder realizar actuaciones en directo tienen que estar dotados de escenario y camerinos.
Está prohibida la entrada a menores de dieciséis años.

 

4.2. Salas de juventud:

Locales cubiertos y cerrados destinados a celebrar sesiones de baile para jóvenes de edades superiores a catorce años y que tienen las siguientes características:

a) El local no podrá ser destinado a actividad alguna distinta a sala de juventud.
b) No se podrá expedir ni exhibir bebidas alcohólicas o tabaco a los asistentes.
c) No se permitirá el consumo por parte de los menores de las sustancias mencionadas.
d) Queda prohibida la realización de cualquier actividad propia de locales no autorizados para menores.

 

5. Deportivo-recreativas

5.1. Locales o recintos, sin espectadores, destinados a la práctica deportivo-recreativa de uso público, en cualquiera de sus modalidades.

 

6. Juegos recreativos y de azar

6.1. Casinos:

Para su definición y demás características se estará a lo dispuesto a tal efecto en la Normativa Sectorial en materia de Juego.

 

6.2. Establecimientos de juegos colectivos de dinero y azar:

Para su definición y demás características se estará a lo dispuesto a tal efecto en la Normativa Sectorial en materia de Juego.

 

6.3. Salones de juego y recreativos:

Para su definición y demás características se estará a lo dispuesto a tal efecto en la Normativa Sectorial en materia de Juego.

 

6.4. Salones de recreo y diversión:

Locales cerrados y cubiertos cuya finalidad es ofrecer juegos en los que a cambio del pago de un precio se puede disfrutar de un tiempo de juego, sin otro premio que, eventualmente, la repetición de dicho divertimento. Comprende tanto las mesas o máquinas meramente mecánicas (billares, futbolines y similares), como las electrónicas. No se puede instalar en estos locales cualquier tipo de máquina cuyas características e instalación estén reguladas por la Normativa Sectorial de Juego.

 

6.5. Rifas y tómbolas:

Para su definición y demás características se estará a lo dispuesto a tal efecto en la Normativa Sectorial en materia de Juego.

 

7. Culturales y de ocio

7.1. Pabellones de Congresos:

Locales cerrados y cubiertos que reúnen público con el fin de tratar cuestiones e intereses comunes relativos a los espectáculos públicos, actividades recreativas y otros establecimientos abiertos al público. Pueden tener servicio complementario de bar y restauración.

 

7.2. Parques de atracciones, ferias y asimilables:

Recintos cerrados o acotados dotados de instalaciones fijas o desmontables en los que se ofrecen atracciones variadas mediante elementos mecánicos como carruseles, norias, montañas rusas y similares. Pueden realizarse actividades recreativas de baile u otros espectáculos en casetas fijas o desmontables especialmente habilitadas a tal fin.
Están dotados o no de servicios complementarios fijos o desmontables de bar y restauración. Estos recintos tienen que disponer de los reglamentarios servicios higiénicos-sanitarios.

 

7.3. Parques acuáticos:

Recintos cerrados dotados de instalaciones y atracciones recreativas especialmente diseñadas para ser utilizadas por el público en contacto con el agua. Pueden tener servicio complementario de bar y restauración.

 

7.4. Casetas de feria:

Instalaciones portátiles o desmontables, cuya finalidad es ofrecer espectáculos de variedades. Pueden ofrecer servicio de bar y comida limitada a bocadillos o similares cuya preparación no requiera la utilización de plancha, cocina o cualquier otro medio de cocinar alimentos. Tienen que disponer de servicios higiénicos-sanitarios.

 

7.5. Parques zoológicos:

Lugares dedicados a exhibir al público, en instalaciones adecuadas o en un medio natural animales vivos. Pueden estar dotados de servicios complementarios.

 

8. Recintos abiertos y vías públicas

8.1. Verbenas, desfiles y fiestas populares o manifestaciones folclóricas:

Comprenden todas las actividades de carácter festivo, lúdico o cultural, que concentra asistentes en un lugar previamente determinado, o a través de un recorrido.

 

III. Otros establecimientos abiertos al público

Por otra parte, se procede a clasificar y definir los recintos, instalaciones, locales y establecimientos abiertos al público, que de forma profesional y habitual, se dedican a proporcionar, a cambio de precio, comidas o bebidas a los concurrentes para ser consumidas en aquéllos.

 

9. De ocio y diversión

9.1. Bares especiales:

Locales cerrados y cubiertos dedicados principalmente de forma profesional y habitual a proporcionar, a cambio de precio, bebidas a los concurrentes para su consumo exclusivamente en el interior del local, teniendo como actividad especial y complementaria amenizar al público asistente mediante ambientación musical. Estos establecimientos deberán estar debidamente insonorizados evitando perturbar el entorno medioambiental.
Reúnen las siguientes características comunes:

a) La actividad se desarrolla única y exclusivamente en el interior del local.
b) Ausencia en los mismos de cocina, plancha o cualquier otro medio de preparación de alimentos, pudiendo ofrecer comida limitada a bocadillos o similares. Todos los alimentos deberán adquirirse a terceros.
c) La ambientación musical se realiza mediante la reproducción o transmisión mecánica o electrónica. Se permite asimismo la existencia de monitores de televisión para la reproducción videográfica de proyecciones músico-vocales.
d) No está permitida la existencia de pista de baile y ofrecer o permitir practicar esta última actividad recreativa.
e) Está prohibida la entrada a menores de dieciséis años.

Presentan las características diferenciadoras siguientes:

9.1.1. Bares de copas sin actuaciones musicales en directo: No están permitidas las actuaciones en directo.

9.1.2. Bares de copas con actuaciones musicales en directo: Pueden realizarse actuaciones musicales, músico-vocales en directo con un máximo de cuatro actuantes distintos por día, así como la actuación del público en actividad de karaoke.

 

10. De Hostelería y restauración

10.1. Tabernas y bodegas:

Tabernas: establecimiento de pública concurrencia cerrado y cubierto, dedicado de forma profesional y habitual a proporcionar, a cambio de precio, a los concurrentes para su consumo en el interior del local, vino y otras bebidas espiritosas. No pueden tener cafetera, cocina, plancha, ni cualquier otro medio que permita preparar o calentar comidas.
Bodegas: establecimiento de pública concurrencia cerrado y cubierto, cuya actividad principal es la venta al por menor de bebidas alcohólicas para su consumo en un lugar distinto, no obstante está permitido el menudeo para su consumo en el interior del local, únicamente en mostrador o barra, como degustación de los productos almacenados. Está prohibida la venta y consumo de comida en el interior del local.

 

10.2. Cafeterías, bares, café-bares y asimilables:

Se definen estos establecimientos a los efectos de este Reglamento, sin perjuicio de lo establecido en otras normas sectoriales que disciplinen aspectos de los mismos distintos de los regulados en el mismo.
Cafeterías: establecimientos de pública concurrencia cerrados y cubiertos, donde se sirven al público, de manera profesional y permanente, mediante precio, principalmente en la barra o mostrador, aunque también puede servirse en mesas, bebidas y comidas a cualquier hora en las que permanezca abierto el establecimiento, confeccionados normalmente a la plancha o cualquier otro método que permita servir una comida rápida.
Bares y café-bares: establecimientos fijos o desmontables de pública concurrencia, cerrados, cubiertos, semicubiertos o descubiertos donde se sirve al público de manera profesional y permanente, mediante precio, principalmente en la barra o mostrador, aunque también puede servirse en mesas, bebidas. Se permite servir tapas, bocadillos, raciones y similares, siempre que su consumo se realice en las mismas condiciones que el de las bebidas y no implique la actividad de restauración.

 

10.3. Chocolaterías, heladerías, salones de té, croissanteríes y asimilables:

Locales cerrados con servicio de bebidas y alimentos, que no implique la actividad de bar, cafetería o restaurante.

 

10.4. Restaurantes, autoservicios de restauración y asimilables:

Se definen estos establecimientos a los efectos de este Reglamento, sin perjuicio de lo establecido en otras normas sectoriales que disciplinen aspectos de los mismos distintos de los regulados en el mismo.
Restaurantes: establecimientos fijos o desmontables de pública concurrencia cerrados, cubiertos, semicubiertos o descubiertos, que sirven al público, de manera profesional y permanente, mediante precio, comidas y bebidas para ser consumidas, en servicio de mesas en el mismo local. En este epígrafe se comprende, cualesquiera que sea su denominación (asadores, pizzerías, hamburgueserías y similares) todos los locales que realicen la actividad descrita.
Los establecimientos comprendidos en este apartado podrán amenizar el servicio de comidas con música en directo, a cargo de uno o varios intérpretes sin exceder el máximo de cuatro distintos por día. No está permitida la existencia de escenario ni actuaciones que impliquen la actividad de teatro o variedades en cualquiera de sus formas.
Autoservicios de restauración: establecimientos de pública concurrencia cerrados y cubiertos, que ofrecen al público, en régimen de autoservicio, de manera profesional y permanente, mediante precio, comidas y bebidas para ser consumidas, en mesas existentes en el mismo local.

 

10.5. Bares-restaurante:

Establecimientos de pública concurrencia cerrados, cubiertos, semicubiertos, o descubiertos, en los que se ejerce, de manera diferenciada las actividades de bar y de restaurante. En estos establecimientos el servicio de mesas de restauración tiene que estar claramente delimitado de la zona del mismo destinada a bar.

 

10.6. Bares y restaurantes de hoteles:

Se definen estos establecimientos a los efectos de este Reglamento, sin perjuicio de lo establecido en otras normas sectoriales que disciplinen aspectos de los mismos distintos de los regulados en el mismo.
Dependencia del hotel donde se presta a los residentes en el mismo y acompañantes servicios que consisten en ofrecer las actividades definidas en los apartados 10.2 y 10.4 anteriores. Estas dependencias no tendrán acceso directo a la vía pública.

 

10.7. Salones de banquetes:

Locales cerrados y cubiertos que sirvan a grupos determinados de público, de manera profesional y permanente, mediante precio, comidas y bebidas, que no impliquen la actividad de bar, para ser consumidas en servicio de mesas en el mismo local. En estos locales puede realizarse la actividad de baile, siempre que sea única y exclusivamente para el público que ha asistido al banquete.

 

10.8. Terrazas:

Son recintos o instalaciones al aire libre, anexas o accesorias a establecimientos de cafeterías, bares, restaurantes y asimilables.



Se practican las mismas actividades que en el establecimiento de que dependen.


 

 

 

ANEXO III

ficha-tecnica-establecimientos-abiertos-al-publico

 


 

 

ANEXO IV
Cartel identificativo


Características

Tamaño: Cuadrado de 300 mm de lado.
Colores:
Espectáculos Públicos: Violeta, número 265 de Pantone.
Actividades recreativas: Rojo, número 485 de Pantone.
Otros establecimientos abiertos al público: Verde, número 348 de Pantone.

Letra identificativa

Color: Blanco.
Tipo: Bodoni.
Medida en milímetros: 140.
Textos en blanco sobre el color que se indica en el Pantone.

Contenido del cartel

1. Letra identificativa de la actividad que se ejerce en el establecimiento:

- Espectáculos Públicos:

1. Esparcimiento y diversión: Letra D.
2. Culturales y artísticos: Letra C.
3. Deportivos: Letra A.

 

- Actividades Recreativas:

4. De baile: Letra B.
5. Deportivo-recreativas: Letra R.
6. De juegos recreativos y de azar: Letra J.
7. Culturales y de ocio: Letra O.

- Otros establecimientos abiertos al público:

9. De ocio y diversión: Letra E.
10. De hostelería y restauración: Letra H.

2. Aforo total del local y, en su caso, por sectores diferenciados.
3. Horario de apertura, funcionamiento y cierre del local.
4. Prohibición de entrada a menores, cuando fuera procedente.
5. Número identificativo del local.

Índice de la DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL CATÁLOGO DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, ACTIVIDADES RECREATIVAS, ESTABLECIMIENTOS, LOCALES E INSTALACIONES

LEY DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS

 

BOCM de 7 de julio de 1997

 


 ACTUALIZADA A ENERO DE 2014


 

Con las modificaciones introducidas por: 

- Decreto 184/1998, de 22 de octubre, por el que se aprueba el Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas, Establecimientos, Locales e Instalaciones (BOCM 3 de diciembre, corrección de errores BOCM 10 de diciembre de 1998).

- Ley 5/2002, de 27 junio, sobre Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos (BOCM 8 de julio de 2002).

- Ley 8/2009, de 21 de diciembre, de Medidas Liberalizadoras y de Apoyo a la Empresa Madrileña (BOCM 29 de diciembre de 2009).

- Ley 10/2009, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas (BOCM 29 de diciembre de 2009).

- Ley 9/2010, de 23 de diciembre, Medidas Fiscales, Administrativas y Racionalización del Sector Público (BOCM 29 de diciembre de 2010).

- Ley 8/2012, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas. (BOCM 29 de diciembre de 2012)

- Ley 4/2013, de 18 de diciembre, de modificación de la Ley 17/1997, de 4 de julio, de espectáculos públicos y actividades recreativas (BOCM 23 diciembre de 2013).


 

ÍNDICE

 

Ley 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.


PREÁMBULO

 

TÍTULO I.- Disposiciones generales

Artículo 1. Ámbito de aplicación

Artículo 2. Normativas sectoriales.

Artículo 3. Exclusiones.

Artículo 4. Catálogo.

Artículo 5. Prohibiciones.

Artículo 6. Seguridad e higiene.

Artículo 7. Vigilancia.

 

TÍTULO II.- Licencias y autorizaciones

CAPÍTULO I.- Locales y establecimientos

Artículo 8. Licencias de funcionamiento.

Artículo 9. Otras licencias.

Artículo 10. Licencias provisionales de funcionamiento.

Artículo 11. Licencias excepcionales.

Artículo 12. Licencias de obras.

Artículo 13. Publicidad.

Artículo 14. Comunicaciones.

 

CAPÍTULO II.- Instalaciones eventuales, espacios abiertos y vía pública

Artículo 15. Instalaciones eventuales, portátiles o desmontables.

Artículo 16. Espacios abiertos.

Artículo 17. Vía pública.

 

CAPÍTULO III.- Autorizaciones

Artículo 18. Locales con licencia.

Artículo 19. Autorizaciones de la Comunidad de Madrid.

Artículo 20. Autorizaciones municipales.

Artículo 21. Competencias del Estado.

 

TÍTULO III.- Regulación de la actividad

Artículo 22. Horario.

Artículo 23. Horario general y apertura de establecimientos. 

Artículo 24. Protección del consumidor y del usuario.

Artículo 25. Protección del menor.

Artículo 26. Prohibición y suspensión de espectáculos.

Artículo 27. Clausura.

Artículo 28. Garantías de efectividad.

Artículo 29. Competencias de la Administración del Estado.

 

TÍTULO IV.- Inspección y régimen sancionador

CAPÍTULO I.- Inspección

Artículo 30. Inspecciones.

Artículo 31. Subsanación.

 

CAPÍTULO II.- Régimen sancionador

Artículo 32. Principios generales.

Artículo 33. Infracciones.

Artículo 34. Responsables.

Artículo 35. Procedimiento.

Artículo 36. Medidas cautelares. 

Artículo 37. Infracciones muy graves.

Artículo 38. Infracciones graves. 

Artículo 39. Infracciones leves.

Artículo 40. Prescripción.

Artículo 41. Sanciones.

Artículo 42. Graduación de las sanciones.

Artículo 43. Competencias. 


TÍTULO V.- Organización administrativa

Artículo 45. Comisión Consultiva de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. (derogado)

Artículo 46. Composición de la Comisión Consultiva (derogado). 

Artículo 47. Apoyo técnico.


Disposiciones adicionales

Disposiciones transitorias

Disposición derogatoria única.

Disposiciones finales

 

ANEXO.-  CATALOGO DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, ACTIVIDADES RECREATIVAS, ESTABLECIMIENTOS, LOCALES E INSTALACIONES

Sustituido por el que se aprueba mediante el Decreto 184/1998, de 22 de octubre

 

 


 

Ley 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.

 


PREÁMBULO

 

I

Los espectáculos públicos y actividades recreativas, las normas de seguridad que deben cumplir los establecimientos en los que se celebren y sus condiciones de desarrollo se encuentran regulados en el Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto por el que se aprueba el Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.

 

La aplicación de este Reglamento ha puesto de manifiesto notables lagunas y deficiencias entre las que destaca el insuficiente rango normativo del régimen sancionador previsto en el mismo, destacado en numerosas sentencias tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Supremo. Esta insuficiencia y la consiguiente nulidad de las sanciones impuestas al amparo del Reglamento han determinado la imposibilidad de llevar a la práctica muchas de las prescripciones del mismo.

 

Por otra parte, la realidad económica y social en la que incide esta normativa se ha modificado profundamente durante los últimos años generando una serie de necesidades y exigencias, en muchas ocasiones contradictorias, que reclaman una activa y decidida intervención de los poderes públicos.

 

En este sentido, se aprecia un extraordinario e imparable crecimiento del sector del ocio y del tiempo libre que viene a satisfacer la demanda de actividades deportivas, culturales, artísticas o meramente lúdicas que permitan a la población una adecuada utilización del tiempo libre, indispensable para la mejora de la calidad de vida. Este sector tiene una indiscutible importancia económica en el ámbito de la Comunidad de Madrid, como generador de empleo e inversiones, por lo que es necesario proporcionarle un marco normativo adecuado que acabe con la disparidad normativa y procedimental que actualmente existe en materia de autorizaciones y licencias entre los distintos municipios madrileños, fomentando su ordenado desarrollo.

 

Esta exigencia ha de conciliarse con otros derechos e intereses de la ciudadanía de igual o superior rango al derecho a una adecuada utilización del ocio y que, por tanto, los poderes públicos han de tutelar. Sin duda, la seguridad de los espectáculos y de los establecimientos ocupa un lugar preferente entre las exigencias sociales, máxime en una región como Madrid que ha vivido trágicos accidentes todavía frescos en la memoria colectiva.

 

La protección de la infancia y de la juventud exige el establecimiento de una serie de garantías que eviten que las actividades lúdicas y de esparcimiento, imprescindibles para una adecuada formación y desarrollo de la personalidad, se desvirtúen hasta convertirse en un obstáculo para ese desarrollo e incluso en un peligro para la salud y la seguridad de los niños y jóvenes.

 

Finalmente existen demandas sociales como la protección del medio ambiente entendido en el sentido más amplio posible, la eliminación de trabas a los minusválidos, la protección de los espectadores o asistentes a los espectáculos y actividades o el respeto hacia las minorías que han de tener un adecuado tratamiento en la normativa sobre espectáculos.

 

Este conglomerado de insuficiencias y exigencias determina no ya la oportunidad sino la absoluta necesidad de una Ley que dé adecuada satisfacción a los problemas que se plantean en la actualidad y que asiente unos principios que permitan hacer frente a los que genere la evolución de la sociedad.

 

Por otro lado, el traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad de Madrid en materia de espectáculos operado por el Real Decreto 2371/ 1994, de 9 de diciembre impone la adaptación de la normativa en la materia a la estructura y particularidades de la Administración de la Comunidad.

 

II

El artículo 26.22 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid ( ), en la redacción dada por la Ley Orgánica 10/1994, de 10 de marzo, atribuye a la Comunidad la plenitud de la función legislativa en materia de espectáculos públicos. El mismo artículo atribuye a la Comunidad la plenitud de la función legislativa en materias como urbanismo (número 3), cultura (número 15), turismo (número 16), deporte y ocio (número 17), asistencia social (número 18), casino, juegos y apuestas (número 20) y publicidad (número 28). Estos títulos competenciales plenos, junto con otros de desarrollo legislativo previstos en el artículo 27 como la sanidad e higiene, la defensa de consumidores y usuarios o la protección del medio ambiente, habilitan la actuación legislativa de la Comunidad de Madrid en la materia con la extensión y profundidad precisas para dar satisfacción a las necesidades expuestas.

 

III

La presente Ley tiene carácter global al ser de aplicación a todos los espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos en los que se celebren, que se desarrollen o se sitúen en la Comunidad de Madrid, estableciendo una regulación genérica para todos ellos.

 

No obstante, la variedad de las situaciones que quedan incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley determina que la misma no tenga ni pueda tener carácter exhaustivo.

 

Las singularidades de la materia regulada en la Ley determinan la imposibilidad material de regular la totalidad de las cuestiones que plantean los espectáculos públicos y las actividades recreativas. Esta imposibilidad se traduce en una genérica remisión a la normativa especial reguladora de ciertos establecimientos (establecimientos de juegos y apuestas y establecimientos turísticos definidos y disciplinados en la Ley de Ordenación del Turismo) y de ciertas actividades y espectáculos (actividades deportivas y los espectáculos taurinos) que, no obstante, quedan sometidos a la presente Ley en cuantas disposiciones no aparezcan reguladas en aquélla.

 

Asimismo la Ley regula en profundidad las materias sometidas a reserva legal como son, en general, las que afectan a los derechos de los ciudadanos y, en particular, el régimen sancionador.

 

La Ley se estructura en cinco Títulos, de los cuales el primero contiene las disposiciones generales, encabezadas por la delimitación del ámbito de aplicación de la Ley contenida en el artículo 1. La inclusión en este ámbito de aplicación viene determinada por la naturaleza del espectáculo o actividad, en función de las definiciones contenidas en el artículo 1 que tienen un carácter marcadamente genérico para satisfacer la vocación de generalidad de la Ley. Esta delimitación se cierra con las exclusiones recogidas en su artículo 3 entre las que destacan las actividades de carácter educativo, para evitar que una interpretación torcida y desviada del artículo 1 pueda llevar a pretender incluir en el mismo las actividades propias y características de las instituciones y entidades educativas.

 

El Título II regula las licencias y autorizaciones. Este Título trata de homogeneizar los requisitos y trámites que deban observarse en los distintos municipios de la Comunidad de Madrid para acabar con la disparidad que actualmente existe, respetando al máximo la autonomía local.

 

El Título se encuentra dividido en tres capítulos, el primero de los cuales regula las licencias de locales y establecimientos. Se admiten las licencias provisionales de funcionamiento únicamente en los supuestos contemplados en esta Ley y sometidas a importantes limitaciones temporales y materiales para evitar que, mediante su concesión generalizada, se conviertan en instrumento para eludir la aplicación de la normativa general. Se crea la figura de la licencia excepcional para permitir el funcionamiento de establecimientos de marcado valor histórico-artístico o cultural, siempre que cumplan las condiciones de seguridad exigibles.

 

El capítulo segundo se dedica a los espectáculos y actividades que se celebren en instalaciones eventuales, en espacios abiertos y la vía pública exigiendo para todos ellos los oportunos seguros.

 

El capítulo tercero disciplina las autorizaciones, siguiendo el criterio marcado por el Reglamento General de Policía de 1982 de no exigir autorización para los espectáculos o actividades que se desarrollen en locales que cuenten con licencia para el desarrollo de los mismos. Cualesquiera otros espectáculos o actividades que pretendan celebrarse en establecimientos con licencia requerirán autorización expresa de la Comunidad de Madrid y la prestación de fianza para evitar los abusos que se han venido produciendo en este tipo de actividades.

 

El Título III lleva por rúbrica "Regulación de la actividad" y contiene un conjunto de disposiciones dirigidas a garantizar que en el desarrollo de las actividades y espectáculos se hagan efectivos los principios protectores que inspiran esta Ley, dentro del respeto a las normas sectoriales reguladoras de cada tipo de actividad.

 

En materia de protección de consumidores y usuarios, la Ley se remite al desarrollo reglamentario conteniendo las líneas maestras que deberán inspirarlo. Se hace especial hincapié en las condiciones para el ejercicio del derecho de admisión que debe utilizarse como eficaz instrumento para impedir la violencia y las alteraciones del normal desarrollo de espectáculos y actividades, nunca como excusa para el ejercicio de la arbitrariedad y la discriminación en unos locales que, por definición, están abiertos a todo el público y no sólo a las personas que el responsable decida admitir en cada momento.

 

Las disposiciones de protección del menor son especialmente estrictas y se completan con el rigor de las sanciones previstas para su incumplimiento y con las modificaciones de la Ley 6/1995, de 28 de marzo de Garantías de los Derechos de la Infancia y de la Adolescencia, imprescindibles para lograr una adecuada coordinación con la nueva regulación. Puede resaltarse la prohibición de cualquier publicidad que incite al consumo de bebidas alcohólicas por los menores.

 

Se regula en este Título la prohibición y suspensión de actividades y la clausura de locales que no tienen, en ningún caso, carácter sancionador. Se trata de medidas dirigidas a restablecer la legalidad y a evitar los daños a personas o bienes que no podrán mantenerse cuando las causas que las justifiquen hayan desaparecido. Esta finalidad hace que la Ley limite la posibilidad de adoptar estas medidas a supuestos concretamente determinados.

 

El Título IV contiene las disposiciones imprescindibles para garantizar una efectiva aplicación de la Ley. El capítulo primero regula el régimen de inspección, atribuyendo el carácter de agentes de la autoridad a los funcionarios que realicen las inspecciones.

 

El capítulo segundo regula en profundidad el régimen sancionador, con pleno respeto a los principios de legalidad y tipicidad contenidos en el artículo 25 de la Constitución, así como a las normas y principios establecidos en el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Se establece un reparto de competencias para el ejercicio de la potestad sancionadora entre la Administración autonómica y la Administración local que refuerza la intervención de los Ayuntamientos en la materia.

 

Finalmente el Título V contiene disposiciones de carácter organizativo. En él se crea la Comisión Consultiva de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas como órgano de coordinación y de consulta de la Administración local y autonómica.

 

Estas previsiones se completan con unas disposiciones adicionales que tienen como principal objetivo adaptar el ordenamiento de la Comunidad al contenido normativo de la presente Ley, evitando los conflictos que podrían surgir, fundamentalmente, con la Ley de Garantías de los Derechos de la Infancia y de la Adolescencia (Ley 6/1995, de 28 de marzo). Esta armonización se completa con las disposiciones derogatorias.

 

El régimen transitorio de la Ley permitirá su inmediata aplicación, si bien continuará siendo de aplicación la reglamentación vigente para aquellas materias en que sea preciso el desarrollo reglamentario de la Ley, hasta que éste se produzca. 

 

 

TÍTULO I.- Disposiciones generales

 

Artículo 1. Ámbito de aplicación

1. La presente Ley será de aplicación a los espectáculos públicos y actividades recreativas que se desarrollen en el territorio de la Comunidad de Madrid, tengan o no finalidad lucrativa, se realicen de forma habitual o esporádica y con independencia de que sus titulares u organizadores sean entidades públicas, o personas físicas o jurídicas privadas.

A los efectos de la presente Ley se entenderá por espectáculos públicos aquellos organizados con el fin de congregar al público en general para presenciar actividades, representaciones o exhibiciones de naturaleza artística, cultural o deportiva.

Son actividades recreativas, a los efectos de esta Ley, aquellas dirigidas al público en general cuyo fin sea el esparcimiento, ocio, recreo y diversión del mismo.

2. La Ley será de aplicación a los establecimientos y locales en que tengan lugar los espectáculos públicos y actividades recreativas, así como a los establecimientos enumerados en el Anexo y a cualesquiera otros de análoga naturaleza. 

 

 

Artículo 2. Normativas sectoriales.

Las disposiciones de la presente Ley se aplicarán sin perjuicio de lo establecido en otras normas que disciplinen aspectos de los espectáculos públicos y actividades recreativas distintos de los regulados en ella. 

 

 

Artículo 3. Exclusiones.

Quedan excluidas de la presente Ley las actividades privadas, de carácter familiar o educativo que no estén abiertas a la pública concurrencia, así como las que se realicen en el ejercicio de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución. 

 

 

Artículo 4. Catálogo.

El Catálogo que figura como Anexo de la presente Ley recoge, sin carácter exhaustivo, los espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos regulados en la presente Ley. Este Catálogo podrá ser modificado y desarrollado por Decreto del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. 

 

 

Artículo 5. Prohibiciones.

Quedan prohibidos los espectáculos públicos y actividades recreativas siguientes:

- Los que sean constitutivos de delito.
- Los que inciten o fomenten la violencia, el racismo, la xenofobia y cualquier otra forma de discriminación o que atenten contra la dignidad humana.
- Los que impliquen crueldad o mal trato para los animales, puedan ocasionarles sufrimientos o hacerles objeto de tratamientos antinaturales.

No se entenderá incluida en esta prohibición la fiesta de los toros, así como los encierros y demás espectáculos taurinos en los términos establecidos por su normativa específica.

 

 

Artículo 6. Seguridad e higiene.

1. Los locales y establecimientos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley deberán reunir los requisitos y condiciones técnicas, que en orden a garantizar la seguridad del público asistente y la higiene de las instalaciones, así como para evitar molestias a terceros, establezca la normativa vigente.

2. Las anteriores condiciones deberán comprender, entre otras las siguientes materias:

a) Seguridad para el público asistente, trabajadores, ejecutantes y bienes.
b) Condiciones de solidez de las estructuras y de funcionamiento de las instalaciones.
c) Prevención y protección de incendios y otros riesgos inherentes a la actividad, facilitando la accesibilidad de los medios de auxilio externo.
d) Condiciones de salubridad, higiene y acústica, determinando expresamente las condiciones de insonorización de los locales necesarias para evitar molestias a terceros.
e) Protección del entorno urbano y natural, y del medio ambiente, protección tanto del entorno natural como del urbano y del patrimonio histórico, artístico y cultural.
f) Condiciones de accesibilidad y disfrute para minusválidos, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 8/1993, de 22 de junio de promoción de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, y que posibiliten el disfrute real del espectáculo por parte de los minusválidos, para lo cual se realizarán las adaptaciones precisas en los locales e instalaciones en el plazo que reglamentariamente se establezca, de acuerdo con la precitada Ley.

3. Los locales y establecimientos deberán tener suscrito contrato de seguro que cubra los riesgos de incendio del local y de responsabilidad civil por daños a los concurrentes y a terceros derivados de las condiciones del local, de sus instalaciones y servicios, así como de la actividad desarrollada y del personal que preste sus servicios en el mismo. La cuantía de los seguros se determinará reglamentariamente.
Igualmente deberán contar con un plan de emergencia según las normas de autoprotección en vigor. 

 

 

Artículo 7. Vigilancia.

La Comunidad de Madrid determinará reglamentariamente los espectáculos, actividades y establecimientos que por su naturaleza, aforo o incidencia en la convivencia ciudadana deberán implantar medidas o servicios de vigilancia, así como las características de los mismos.

 

 

TÍTULO II.- Licencias y autorizaciones

 

CAPÍTULO I.- Locales y establecimientos

 

Artículo 8. Licencias de funcionamiento.

1. Los locales y establecimientos regulados en la presente Ley necesitarán previamente a su puesta en funcionamiento la oportuna licencia municipal de funcionamiento, sin perjuicio de otras autorizaciones que les fueran exigibles.
Constituirá presupuesto indispensable para el otorgamiento de las licencias de funcionamiento, la previa acreditación del cumplimiento de lo establecido en el apartado tercero del artículo 6.

2. Los Ayuntamientos deberán efectuar la previa comprobación administrativa de que las instalaciones se ajustan al proyecto presentado para la obtención de la oportuna licencia y de que, en su caso, las medidas correctoras adoptadas funcionan con eficacia.

3. Esta comprobación deberá realizarse en el plazo máximo de un mes desde la comunicación a los Ayuntamientos de la finalización de las obras o de las medidas correctoras y se plasmará en una resolución expresa del órgano competente que constituye, en el supuesto de ser positiva, la licencia de funcionamiento.
Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior sin que se haya verificado la comprobación, los establecimientos podrán iniciar su actividad previa comunicación al Ayuntamiento de esta circunstancia. No obstante, el Ayuntamiento deberá proceder a la comprobación prevista en el apartado primero de este artículo, pudiendo acordar el cierre cuando las instalaciones no se ajusten al proyecto presentado o las medidas correctoras adoptadas no funcionen con eficacia.

4. En las licencias de funcionamiento se harán constar entre otros datos y, en todo caso: el nombre, denominación, razón social y domicilio de los titulares, el emplazamiento y denominación, aforo máximo permitido y la actividad o espectáculo a que se vaya a dedicar el local conforme al catálogo.

5. El incumplimiento de los requisitos y condiciones en que fue concedida la licencia de funcionamiento determinará la revocación de la misma previa tramitación de un expediente sumario con audiencia del interesado.

6. Será necesaria la obtención previa de nueva licencia de funcionamiento para la modificación de la clase de espectáculo o actividad a que fuera a dedicarse el establecimiento y para la reforma sustancial de los locales o instalaciones. Cualquier otra modificación y los cambios de titularidad deberán ser comunicados a los Ayuntamientos.

7. La inactividad o cierre, por cualquier causa, de un local o establecimiento durante más de seis meses determinará la suspensión de la vigencia de la licencia de funcionamiento, hasta la comprobación administrativa de que el local cumple las condiciones exigibles.

 

 

Artículo 9. Otras licencias.

Los distintos tipos de licencias municipales exigibles, previas todas ellas a la licencia de funcionamiento, serán otorgados por los Ayuntamientos, conforme a la normativa vigente, previa verificación del cumplimiento de las condiciones técnicas a que se refiere el artículo 6 y, en su caso, de las condiciones establecidas por las normativas específicas, urbanísticas, sanitarias, de seguridad o medio ambiente que fueran aplicables. 

 

 

Artículo 10. Licencias provisionales de funcionamiento.

1. Los Ayuntamientos podrán conceder licencias provisionales para el funcionamiento de los locales o establecimientos regulados en esta Ley, en los supuestos en que la comprobación administrativa, a que hace referencia el artículo 8.2 de esta Ley, resulte desfavorable siempre que ello no suponga riesgo para la seguridad de las personas lo que se hará constar en el expediente mediante certificación del técnico competente.

2. Estas licencias provisionales no podrán tener una vigencia superior a seis meses, prorrogables por causa justificada y a instancia del solicitante por un período igual de tiempo. Transcurrido este plazo, la licencia quedará sin efecto.

3. Los titulares de estas licencias deberán cumplir la obligación de suscribir los contratos de seguro previstos en el artículo 6.3. 

 

 

Artículo 11. Licencias excepcionales.

Los Ayuntamientos, excepcionalmente y previo dictamen vinculante del órgano competente de la Comunidad de Madrid, podrán conceder licencias a aquellos locales o edificios, de valor histórico-artístico o interés cultural, que figuren inscritos en el Catálogo de Edificios de Interés Cultural o Valor Histórico-Artístico de la Comunidad de Madrid, que no puedan cumplir la totalidad de los requisitos exigidos en la normativa vigente siempre que se pueda garantizar la debida seguridad del edificio y de las personas mediante las medidas correctoras necesarias, y que se acredite el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6.3 de esta Ley.

Esta posibilidad debe entenderse sin perjuicio del cumplimiento de las restantes disposiciones contenidas en la presente Ley. 

 

 

Artículo 12. Licencias de obras.

Se determinarán reglamentariamente los supuestos en que, atendiendo al aforo y especiales medidas de seguridad exigibles, los Ayuntamientos deberán remitir al órgano competente de la Comunidad de Madrid las solicitudes de concesión de licencias de obras, junto con la documentación presentada y copia del expediente instruido a fin de que por el mismo se fijen los condicionamientos de la licencia que se considere procedentes para proteger la seguridad de las personas y bienes.

 

 

Artículo 13. Publicidad.

En el exterior de los locales y establecimientos regulados en esta Ley y en lugar visible deberá exhibirse un documento expedido por los respectivos Ayuntamientos con arreglo al modelo que se aprobará reglamentariamente, donde constarán los datos esenciales de la licencia.

 

 

Artículo 14. Comunicaciones.

Las licencias de funcionamiento concedidas por los Ayuntamientos al amparo de la presente Ley deberán ser comunicadas al órgano competente de la Comunidad de Madrid en el plazo de cinco días desde su concesión. Igualmente deberán comunicarse cualesquiera variaciones y modificaciones de las mismas por el Ayuntamiento respectivo.

 

 

CAPÍTULO II.- Instalaciones eventuales, espacios abiertos y vía pública 

Artículo 15. Instalaciones eventuales, portátiles o desmontables.

1. La celebración de espectáculos o actividades recreativas con instalaciones o estructuras eventuales, desmontables o portátiles requerirá la oportuna licencia municipal, condicionada al cumplimiento de las condiciones de seguridad, higiene y comodidad.

2. Las instalaciones o estructuras eventuales deberán reunir los requisitos y condiciones de seguridad, higiene y comodidad que, en orden a garantizar la seguridad del público asistente y la higiene de las instalaciones establezca la normativa vigente, de manera equivalente a lo establecido por esta Ley para las instalaciones fijas.

3. Será requisito indispensable para la concesión de la licencia que el organizador del espectáculo o actividad acredite tener concertado un contrato de seguro que cubra los riesgos de incendio de la instalación y de responsabilidad civil por daños a los concurrentes y a terceros derivados de las condiciones y servicios de las instalaciones y estructuras, así como de la actividad desarrollada y del personal que preste sus servicios en la misma. La cuantía mínima de los seguros se determinará reglamentariamente.

 

 

Artículo 16. Espacios abiertos.

1. La celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas en espacios abiertos requiere la previa obtención de autorización municipal, que se expedirá una vez oídos los vecinos afectados, conforme a la normativa local.

2. Se entenderá por espacios abiertos aquellas zonas que, sin tener una estructura definida, se habiliten para realizar una determinada clase de espectáculos o actividades recreativas quedando perfectamente delimitada la zona de los espectadores en relación a aquella donde se desarrolle el espectáculo o actividad recreativa.

3. El otorgamiento de la autorización requerirá, en todo caso, que los organizadores acrediten tener concertado un contrato de seguro de responsabilidad civil por daños a los concurrentes y a terceros en la cuantía determinada reglamentariamente.

 

 

Artículo 17. Vía pública.

1. La utilización de la vía pública para la realización de espectáculos y actividades recreativas requerirá la previa obtención de la autorización municipal correspondiente.

2. El otorgamiento de la autorización precisará, en todo caso, que los organizadores acrediten tener concertado un contrato de seguro de responsabilidad civil por daños a los concurrentes y a terceros en la cuantía determinada reglamentariamente.

 

 

CAPÍTULO III.- Autorizaciones

Artículo 18. Locales con licencia.

Los espectáculos públicos y actividades recreativas que tengan lugar de modo habitual en establecimientos o locales que cuenten con las correspondientes licencias municipales y que figuren expresamente consignados en las mismas, no necesitarán de ninguna autorización para su celebración.

 

 

Artículo 19. Autorizaciones de la Comunidad de Madrid.

Será necesaria autorización expresa de la Comunidad de Madrid para la celebración de los espectáculos y actividades siguientes:

a) Los espectáculos en que se utilicen animales y no estén comprendidos en la prohibición del artículo 5.
b) Las actividades recreativas o deportivas cuyo desarrollo discurra por más de un término municipal.
c) Las actividades relacionadas con casinos, juegos y apuestas.
d) Los espectáculos y actividades recreativas de carácter extraordinario, entendiéndose por tales aquellos que sean distintos de los que se realizan habitualmente en los locales o establecimientos y que no figuren expresamente autorizados en la correspondiente licencia.
Será requisito indispensable para la concesión de la autorización la previa prestación de fianza en la cuantía y forma reglamentariamente establecidas. La fianza estará afecta a las responsabilidades que reglamentariamente se determinen y, en todo caso, al cumplimiento de las sanciones que pudieran imponerse por razón de la actividad o espectáculo para los que se hubiera constituido.
e) Los espectáculos y actividades singulares o excepcionales que no estén reglamentados o que por sus características no pudieran acogerse a los reglamentos dictados.

La presentación de solicitudes de autorización podrá ser realizada telemáticamente a través de la correspondiente aplicación en el portal informático de la Comunidad de Madrid. (Párrafo añadido por la Ley 8/2009, de 21 de diciembre.)

 

 

Artículo 20. Autorizaciones municipales.

Será necesaria autorización expresa de los respectivos Ayuntamientos para la celebración de los espectáculos y actividades siguientes:

a) Las actividades recreativas o deportivas cuyo desarrollo discurra dentro del propio término municipal.
b) Los espectáculos y actividades recreativas que se realicen en el municipio con motivo de la celebración de fiestas y verbenas populares.

 

 

Artículo 21. Competencias del Estado.

Lo dispuesto en los anteriores artículos se entiende sin perjuicio de la competencia de la Administración del Estado para autorizar las actividades recreativas o deportivas cuyo recorrido, discurriendo por uno o varios términos municipales de la Comunidad de Madrid, se extienda a otras Comunidades Autónomas.

En estos supuestos, la Administración del Estado comunicará las autorizaciones concedidas a la Comunidad de Madrid en los términos previstos en el Real Decreto 2371/ 1994, de 9 de diciembre. 

 

 

TÍTULO III.- Regulación de la actividad

 

Artículo 22. Horario.

Todos los espectáculos y actividades comenzarán a la hora anunciada y durarán el tiempo previsto en los carteles o, en su caso, en la correspondiente autorización, salvo que concurran circunstancias excepcionales que justifiquen la alteración.

 

 

Artículo 23. Horario general y apertura de establecimientos. (Nueva redacción dada al artículo 23 por Ley 8/2012, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas. Véase la Disposición Final 3ª de la citada ley en relación con la aplicación de la presente modificación.)

1. El horario general de apertura y cierre de los locales y establecimientos a que se refiere la presente ley se determinará por Orden del Consejero competente en la materia de espectáculos públicos y actividades recreativas. En la citada orden se fijará la antelación con la que los locales y establecimientos deberán estar abiertos antes de que den comienzo los espectáculos.
2. Los Ayuntamientos, con carácter excepcional, y caso por caso para cada local, establecimiento o actividad que lo solicite, podrán autorizar ampliaciones o reducciones de horarios, en atención a las peculiaridades de las poblaciones, condiciones de insonorización, afluencia turística o duración del espectáculo.

 

 

Artículo 24. Protección del consumidor y del usuario.

Sin perjuicio de lo establecido en la normativa vigente sobre disciplina de mercado y defensa del consumidor y del usuario, se establecen los siguientes derechos y obligaciones:

1. Los locales y establecimientos regulados en la presente Ley deberán tener a disposición del público Libros de Reclamaciones.
En los locales y establecimientos, con un aforo superior a 700 personas deberá existir un Libro de Reclamaciones en cada una de las puertas de acceso a los mismos.

2. Los titulares de establecimientos y los organizadores de espectáculos o actividades recreativas o personas en quienes deleguen podrán ejercer el derecho de admisión. Este derecho no podrá utilizarse para restringir el acceso de manera arbitraria o discriminatoria, ni situar al usuario en condiciones de inferioridad, indefensión o agravio comparativo. El derecho de Admisión deberá tener por finalidad impedir el acceso de personas que se comporten de manera violenta, que puedan producir molestias al público o usuarios o puedan alterar el normal desarrollo del espectáculo o actividad. Las condiciones para el ejercicio del derecho de admisión deberán constar en lugar visible a la entrada de los locales, establecimientos y recintos.
Se prohíbe el acceso a los establecimientos, espectáculos públicos y actividades recreativas portando prendas o símbolos que inciten a la violencia, el racismo y la xenofobia.

3. Queda prohibida la venta y reventa callejera o ambulante. La venta, venta telefónica y otras que eventualmente puedan surgir, así como la reventa o venta comisionada de entradas, localidades y abonos deberá ser objeto de autorización previa del Órgano competente de la Comunidad de Madrid, que sólo otorgará cuando sea concedida, previamente, por la entidad organizadora, y dentro de los porcentajes máximos de localidades de cada clase y de recargo sobre el precio de venta directa que se prevean reglamentariamente.

4. Los asistentes a los espectáculos y actividades recreativas, tienen derecho a contemplar el espectáculo o a participar en la actividad recreativa.
Asimismo tienen derecho a que dichos eventos se desarrollen en su integridad, según el modo y condiciones en que hayan sido anunciados.
Los usuarios tendrán derecho a la devolución total o parcial del importe abonado por las localidades, en el supuesto de que el espectáculo o actividad recreativa sea suspendido o modificado sustancialmente, salvo en aquellos supuestos en que la suspensión o modificación se produjera una vez comenzado el espectáculo o actividad recreativa y fuera por causa de fuerza mayor. Todo ello sin perjuicio de las reclamaciones que fueran procedentes conforme a la normativa civil y mercantil de aplicación.

5. Los carteles y programas publicitarios para la celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas deberán reflejar con claridad suficiente sus contenidos y las condiciones en las que se desarrollará, de forma que asegure la libertad de elección.

En todos los carteles habrá de consignarse al menos los datos siguientes:

a) La denominación de la clase de espectáculo o actividad a desarrollar.
b) En su caso, el título de las obras y los nombres de los autores.
c) El nombre artístico de las personas que vayan a actuar.
d) Fechas y horarios de las actuaciones o representaciones previas.
e) Los precios de las diversas clases de localidades y entradas que permitan el acceso a los locales donde se celebren los espectáculos y actividades recreativas.
f) Las condiciones, en su caso, del abono de localidades para una serie de actuaciones o representaciones previstas.
g) La denominación social y domicilio de la empresa u organizador de los espectáculos o actividades recreativas.

 

 

Artículo 25. Protección del menor.

1. Queda prohibida la entrada y permanencia de menores de dieciséis años en bares especiales, así como en las salas de fiestas, de baile, discotecas y establecimientos similares con carácter general; y a los menores de dieciocho años, siempre que en ellas se venda o facilite el consumo de bebidas alcohólicas. (Redacción dada al apartado1 del artículo 25 por Ley 5/2002.)

2. Está prohibida la entrada o participación de los menores de edad en los establecimientos, espectáculos y actividades enumerados en el artículo 31.1 de la Ley 6/1995, de 28 de marzo reguladora de las Garantías de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia.
La participación de menores en otros espectáculos como artistas o intervinientes se regirá por la legislación laboral.

3. A los menores de dieciocho años que accedan a los establecimientos, espectáculos y actividades regulados en esta Ley no se les podrá vender, servir, regalar, ni permitir el consumo de bebidas alcohólicas. Igualmente queda prohibida la venta de tabaco a menores de dieciocho años. (Redacción dada al apartado 3 del artículo 25 por Ley 5/2002.).
4. La publicidad de establecimientos, espectáculos y actividades recreativas deberá respetar los principios y normas contenidos en los artículos 36 a 38 de la Ley 6/1995, de 28 de marzo, de Garantías de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia. Queda prohibida cualquier forma de promoción o publicidad que incite de manera directa o indirecta a los menores al consumo de bebidas alcohólicas mediante la promesa de regalos, bonificaciones y cualesquiera otras ventajas de análoga naturaleza.

 

 

Artículo 26. Prohibición y suspensión de espectáculos.

1. La Comunidad de Madrid o los Ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán prohibir o, en el caso de haber comenzado, suspender la celebración de espectáculos o actividades recreativas, en los siguientes casos:

a) Los prohibidos por su naturaleza en el artículo 5 de esta Ley. La autoridad que acuerde la prohibición o suspensión pondrá en conocimiento del órgano jurisdiccional competente o del Ministerio Fiscal los que pudieran ser constitutivos de delito.
b) Cuando en el desarrollo de los mismos se produzca o se prevea que pueden producirse alteraciones del orden público con peligro para las personas y bienes.
c) Cuando exista riesgo grave para la seguridad de personas o bienes o cuando se incumplan gravemente las condiciones sanitarias y de higiene.
d) Cuando se celebren en locales o establecimientos que carezcan de las licencias necesarias.
e) Cuando carezcan de las autorizaciones preceptivas.

2. La suspensión de los espectáculos podrá decidirse también por el delegado de la autoridad que asista al mismo, previo aviso a los organizadores, cuando se produzcan graves alteraciones del orden público, o peligre la seguridad de personas o bienes. 

 

 

Artículo 27. Clausura.

1. La Comunidad de Madrid o los Ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán proceder a la clausura de los establecimientos y locales que carezcan de las licencias necesarias con arreglo a la normativa vigente.

2. Igualmente podrá acordarse el cierre de los locales o establecimientos que cuenten con licencia cuando exista grave riesgo para la seguridad de personas y bienes o para la salubridad pública. 

 

 

Artículo 28. Garantías de efectividad.

Con el fin de garantizar la efectividad de las prohibiciones y las suspensiones que pudieran acordarse al amparo de esta Ley, las autoridades competentes podrán decomisar, por el tiempo que sea preciso, los bienes relacionados con la actividad objeto de la prohibición o suspensión.

 

 

Artículo 29. Competencias de la Administración del Estado.

Lo dispuesto en los artículos precedentes se entenderá sin perjuicio de la facultad de la Administración del Estado de suspender o prohibir espectáculos, manifestaciones deportivas o actividades recreativas, así como clausurar locales y establecimientos por razones graves de seguridad pública.

 

 

TÍTULO IV.- Inspección y régimen sancionador

 

CAPÍTULO I.- Inspección 

Artículo 30. Inspecciones.

1. Corresponde a los Ayuntamientos el ejercicio de las funciones inspectoras que garanticen el cumplimiento de las normas reguladoras de los establecimientos y locales y de la celebración de los espectáculos públicos y actividades recreativas objeto de la presente Ley.
Asimismo la Comunidad de Madrid podrá realizar funciones inspectoras en el ámbito de sus competencias.

2. Las inspecciones podrán ser realizadas por funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de las Policías Locales, o por funcionarios de la Comunidad de Madrid y de los Ayuntamientos debidamente acreditados y dotados de los medios técnicos adecuados para desempeñar eficazmente su labor que, en todo caso, tendrán, en el ejercicio de sus funciones, el carácter de agentes de la autoridad.

3. Los organizadores de los espectáculos, los titulares de locales y establecimientos, así como los encargados de unos y otros, están obligados a permitir el acceso de los funcionarios debidamente acreditados al efecto para efectuar las inspecciones, estando igualmente obligados a prestarles la colaboración necesaria para el desarrollo de las mismas.

4. Cuando se considere necesario podrá, motivadamente, requerirse la comparecencia de los interesados en la sede de la inspección, al objeto de practicar las diligencias que se determinen en la correspondiente citación.

5. El resultado de la inspección deberá consignarse en un acta, de la que se entregará copia al titular u organizador o a su representante.

6. Todo ello sin perjuicio de la facultad inspectora de los funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dentro de sus competencias legales. 

 

 

Artículo 31. Subsanación.

1. Verificada por la actuación inspectora la existencia de irregularidades, si las mismas no afectan a la seguridad de personas o bienes o al cumplimiento de los límites de aforo o de los horarios de apertura y cierre de los establecimientos se podrá conceder al interesado un plazo adecuado y suficiente para su subsanación. (Redacción dada al apartado 1 del art. 31 por la Ley 9/2010, de 23 de diciembre.)

2. En caso de que no proceda la subsanación o no se hubiera cumplido la misma en el plazo concedido se elevará el acta al órgano competente para la incoación del oportuno expediente sancionador.

 

CAPÍTULO II.- Régimen sancionador 

Artículo 32. Principios generales.

La potestad sancionadora en materia de establecimientos, espectáculos públicos y actividades recreativas se ejercerá por las Administraciones públicas de acuerdo con lo establecido en el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en esta Ley y en las disposiciones que la desarrollen. 

 

 

Artículo 33. Infracciones.

Constituyen infracciones en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas las acciones u omisiones tipificadas en la presente Ley, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de otro orden que pudieran derivar de las mismas.

 

 

Artículo 34. Responsables. (Nueva redacción dada al artículo 34 por Ley 4/2013, de 18 de diciembre.)

1. Serán responsables de las infracciones administrativas previstas en esta Ley las personas físicas, jurídicas o ambas simultáneamente que incurran en las acciones u omisiones tipificadas en la misma.
2. Los titulares de los establecimientos y locales o de las respectivas licencias, y los organizadores o promotores de espectáculos públicos y actividades recreativas, serán responsables solidarios de las infracciones administrativas reguladas en la presente Ley que se cometan en los mismos por quienes intervengan en el espectáculo o actividad, y por quienes estén bajo su dependencia, cuando incumplan el deber de prevenir la infracción.
3. Los citados titulares y organizadores o promotores, serán asimismo responsables solidarios, cuando, por acción u omisión, permitan o toleren la comisión de dichas infracciones por parte del público o usuario.
4. Cuando el responsable de una infracción administrativa prevista en esta Ley sea una persona jurídica, la responsabilidad se extenderá a las personas físicas que integren sus órganos rectores o de dirección si, en el curso del procedimiento sancionador, se acredita que aquellas han tenido intervención directa e intencionada. 

 

 

Artículo 35. Procedimiento.

Las infracciones en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas serán objeto de las sanciones administrativas correspondientes, previa instrucción del oportuno expediente tramitado con arreglo a lo establecido en el Capítulo II del Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre y las disposiciones que lo desarrollan.

 

 

Artículo 36. Medidas cautelares. (Nueva redacción dada al artículo 36 por Ley 4/2013, de 18 de diciembre.)

1. Iniciado el procedimiento sancionador se podrán adoptar, en cualquier momento del mismo, las medidas cautelares imprescindibles para el normal desarrollo del procedimiento, asegurar el cumplimiento de la sanción que pudiera imponerse o evitar la comisión de nuevas infracciones.

2. Las medidas cautelares deberán ser proporcionales a la naturaleza y gravedad de las infracciones cometidas. Estas medidas podrán consistir en la adopción de medidas de acción preventiva de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley y especialmente en:

a) Suspensión de la licencia o autorización.
b) Suspensión o prohibición de la actividad o el espectáculo.
c) Clausura de local o establecimiento.
d) Decomiso de los bienes relacionados con el espectáculo o actividad.
e) Decomiso de los ingresos obtenidos por la actividad o espectáculo.
f) Inhabilitación para la organización o promoción de los espectáculos y actividades recreativas reguladas en la presente Ley.
La duración de las medidas cautelares de carácter temporal no podrá exceder de la mitad del plazo previsto en esta Ley para la sanción máxima que pudiera corresponder a la infracción cometida.

3. Las medidas cautelares serán acordadas en resolución motivada previa audiencia del interesado por un plazo de diez días. En caso de urgencia, el plazo quedará reducido a dos días. 

 

 

Artículo 37. Infracciones muy graves. (Nueva redacción dada al artículo 37 por Ley 4/2013, de 18 de diciembre.)

Se consideran infracciones muy graves en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas:

1. La permisión o tolerancia de actividades ilegales, especialmente la tolerancia del consumo ilícito o tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, en locales, espectáculos o establecimientos regulados en esta Ley o la falta de diligencia en orden a impedirlos por parte de los propietarios, organizadores o encargados.

2. La apertura de establecimientos, recintos y locales, la modificación sustancial de los mismos o sus instalaciones y el cambio de actividad que se produzcan careciendo de las preceptivas licencias de funcionamiento.

3. La celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas regulados en la presente Ley sin las preceptivas licencias o autorizaciones.

4. La celebración de los espectáculos y actividades prohibidos en esta Ley.

5. El incumplimiento de las resoluciones firmes en vía administrativa de la autoridad competente en materia de prohibición y suspensión de espectáculos públicos y actividades recreativas y de cierre de los locales y establecimientos.

6. La reapertura de establecimientos y locales sobre los que haya recaído sanción firme en vía administrativa de clausura o suspensión, durante su período de ejecución.

7. La celebración, promoción u organización de espectáculos públicos y actividades recreativas con infracción de las sanciones firmes en vía administrativa de suspensión, prohibición o inhabilitación, durante su período de ejecución.

8. El incumplimiento de las condiciones de seguridad cuando disminuya gravemente el grado de seguridad exigido conforme a lo dispuesto en el artículo 44 del Decreto Legislativo 1/2006, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley por la que se regulan los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos de la Comunidad de Madrid, o en las licencias o autorizaciones correspondientes.

9. La omisión de las condiciones de salubridad e higiene exigibles y, en general, el mal estado de conservación de los establecimientos, recintos e instalaciones que supongan un grave riesgo para la salud y la seguridad del público y de los ejecutantes.

10. La venta o servicio de bebidas alcohólicas a menores de dieciocho años, así como permitir su consumo en el local o establecimiento.

11. La superación del aforo máximo permitido cuando comporte un grave riesgo para la seguridad de personas o bienes.

12. La negativa a permitir el acceso a los agentes de la autoridad durante el ejercicio de sus funciones, así como impedir u obstaculizar de cualquier modo su actuación.

13. La comisión de más de dos faltas graves en un año.

14. El ejercicio del derecho de admisión de forma arbitraria o abusiva con infracción de las disposiciones que lo regulan.

15. Disponer de personal para el desarrollo de la actividad de control de acceso en espectáculos públicos, actividades recreativas, establecimientos, locales e instalaciones sin el certificado acreditativo de la Comunidad de Madrid, así como el incumplimiento de las medidas o servicios de vigilancia obligatorios.

16. Cuando en un mismo espectáculo público o actividad recreativa se hubiesen cometido más de dos infracciones graves, o dos infracciones graves, si una de ellas es la contemplada en el apartado 2 del artículo 38. 

 

 

Artículo 38. Infracciones graves. (ueva redacción dada al artículo 38 por Ley 4/2013, de 18 de diciembre.)

Serán infracciones graves:

1. El incumplimiento de la obligación de tener suscritos los contratos de seguro exigidos en la presente Ley.

2. El incumplimiento de las condiciones de seguridad establecidas en el artículo 45 del Decreto Legislativo 1/2006, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley por la que se regulan los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos de la Comunidad de Madrid, o en las licencias o autorizaciones correspondientes cuando no disminuya gravemente el grado de seguridad exigible.

3. La omisión de las condiciones de salubridad e higiene exigibles y, en general, el mal estado de conservación de los establecimientos, recintos e instalaciones que no supongan un grave riesgo para la salud y la seguridad del público y de los ejecutantes.

4. Las modificaciones que no requieran autorización o licencia en los locales, recintos, instalaciones, establecimientos y actividades y en su titularidad, sin que las mismas hayan sido comunicadas a la autoridad competente.

5. La suspensión o alteración de espectáculos y actividades recreativas así como la modificación de sus programas sin causa suficiente que lo justifique.

6. La admisión o participación de menores en espectáculos, actividades y establecimientos donde tengan prohibida su entrada o participación.

7. El incumplimiento por parte de los locales o establecimientos destinados a la celebración de sesiones de baile para jóvenes, de la prohibición de dedicarse a actividades distintas a la indicada en el mismo o en diferente horario establecido en el artículo 25.1 de la Ley.

8. La publicidad y promoción de los locales y espectáculos dirigidos a los menores que contravenga el artículo 25.4 de esta Ley.

9. La venta y reventa callejera o ambulante de entradas, localidades o abonos y la realizada con incumplimiento de las disposiciones que regulan su comercialización.

10. El incumplimiento de las condiciones que garanticen la accesibilidad de los minusválidos a los locales y establecimientos regulados en esta Ley.

11. La superación del aforo máximo permitido cuando no comporte un grave riesgo para la seguridad de personas o bienes.

12. El incumplimiento de las condiciones de insonorización de los locales, recintos e instalaciones.

13. Cualquier información, promoción o publicidad que induzca a engaño o confusión, enmascare la verdadera naturaleza del espectáculo o actividad recreativa o altere la capacidad electiva del público.

14. La instalación dentro de los establecimientos o locales, de cualquier tipo de puestos de venta y otras actividades sin obtener la licencia o autorización que fuera preceptiva.

15. La comisión de más de dos faltas leves en un año.

16. El incumplimiento de la obligación de tener a disposición del público los Libros de Reclamaciones así como de los requisitos que deban cumplir los mismos, y el no tener expuesta al público la documentación preceptiva o la falta de posesión en el local, o de exhibición a los Agentes de la Autoridad, de la documentación obligatoria.

17. La venta de tabaco a menores de dieciocho años. 

 

 

Artículo 39. Infracciones leves.

Serán infracciones leves (Véase el artículo 54.5 del Decreto Legislativo 1/2006, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley por la que se regulan los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos de la Comunidad de Madrid.):

1. El incumplimiento de los horarios de inicio o final de un espectáculo y de apertura y cierre de los establecimientos públicos.

2. La falta de limpieza o higiene en los establecimientos.

3. Derogado. (Apartado derogado por Ley 5/2002)

4. Cualquiera otra que constituya incumplimiento de las obligaciones o vulneración de las prohibiciones establecidas en la presente Ley y demás normativa de la Comunidad de Madrid en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas, cuando no proceda su calificación como infracción grave o muy grave. (Redacción dada al apartado 4 de este artículo por Ley 10/2009, de 23 de diciembre.) 

 

 

Artículo 40. Prescripción.

1. Las infracciones leves prescribirán a los seis meses, las graves al año y las muy graves a los dos años.
Las sanciones impuestas por faltas leves prescribirán a los seis meses, por infracciones graves al año y por infracciones muy graves a los dos años.

2. El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a computarse desde el día en que se hubiera cometido la infracción.
El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a computarse desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza en vía administrativa la resolución sancionadora.

3. La prescripción se interrumpirá por la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador. La interrupción dejará de producir efecto y comenzará a computarse de nuevo el plazo de prescripción cuando el procedimiento se paralice durante más de tres meses por causa no imputable al interesado. 

 

 

Artículo 41. Sanciones. (Nueva redacción dada al artículo 41 por Ley 4/2013, de 18 de diciembre.)

1. Las infracciones leves serán sancionadas con multa de hasta 4.500 euros.

2. Las infracciones graves serán sancionadas con alguna de las siguientes sanciones:

a) Multa comprendida entre 4.501 y 60.000 euros, salvo las infracciones tipificadas en los artículos 38.8 y 38.17, que serán sancionadas con una multa de hasta 90.000 euros.
b) Clausura del local por un período máximo de seis meses.
c) Suspensión o prohibición de la actividad o espectáculo por un período máximo de seis meses.
d) Inhabilitación para la organización o promoción de los espectáculos y actividades recreativas reguladas en la presente Ley por un período máximo de un año.
Las sanciones previstas en este párrafo se impondrán de manera alternativa salvo en aquellas infracciones que impliquen grave alteración de la seguridad y salud pública, y las que contravengan las disposiciones en materia de protección de la infancia y juventud, en cuyo caso podrán imponerse conjuntamente.

3. Las infracciones muy graves serán sancionadas con alguna de las siguientes sanciones:

a) Multa comprendida entre 60.001 y 600.000 euros, salvo la infracción tipificada en el artículo 37.10, que será sancionada con una multa de hasta 900.000 euros.
b) Clausura del local desde seis meses y un día hasta dos años.
c) Suspensión o prohibición de la actividad o espectáculo desde seis meses y un día hasta dos años.
d) Inhabilitación para la organización o promoción de los espectáculos y actividades recreativas reguladas en la presente Ley desde uno a tres años.

Las sanciones previstas en este párrafo se impondrán de manera alternativa salvo en aquellas infracciones que impliquen grave alteración de la seguridad y salud pública, y las que contravengan las disposiciones en materia de protección de la infancia y juventud, en cuyo caso podrán imponerse conjuntamente.
Podrá acordarse el cierre definitivo de un local cuando se incurra de forma reiterada en infracciones muy graves.

4. Las sanciones de clausura de locales y suspensión o prohibición de actividades o espectáculos, cuando sean superiores a seis meses, conllevarán la suspensión de las licencias reguladas en esta Ley.

5. Para evitar que una infracción pueda resultar beneficiosa para el infractor, la cuantía de las sanciones pecuniarias establecidas podrá ser incrementada hasta alcanzar el doble del valor del beneficio derivado de la comisión de la infracción.

6. En los procedimientos sancionadores en los que por el Instructor se proponga la imposición de la sanción de clausura o cierre definitivo del local, y suspensión de la actividad, deberá ponerse en conocimiento de los representantes de los trabajadores que pudieran verse afectados, el tipo y naturaleza de la sanción impuesta.

 

 

Artículo 42. Graduación de las sanciones. (Nueva redacción dada al artículo 42 por Ley 4/2013, de 18 de diciembre.)

Las sanciones que se impongan en cada caso concreto deberán guardar la necesaria proporcionalidad con la gravedad de los hechos constitutivos de la infracción. Las sanciones se graduarán atendiendo, especialmente, a los siguientes criterios:

a) La negligencia o intencionalidad del interesado.

b) La naturaleza y cuantía de los perjuicios ocasionados.

c) La existencia de reiteración. Se entenderá por reiteración la comisión en el plazo de dos años de una o varias infracciones de la misma o distinta naturaleza y gravedad sancionadas por resolución firme en vía administrativa.

d) La trascendencia social de la infracción.

e) La situación de predominio del infractor en el mercado.

f) La conducta observada por el infractor en orden al cumplimiento de las disposiciones legales.

g) El grado de riesgo, objetivable de acuerdo con la normativa vigente en materia de prevención de incendios, causado por la disminución de las condiciones de seguridad u omisión de las condiciones de salubridad.

 

 

Artículo 43. Competencias. (Redacción dada al artículo 43 por la Ley 9/2010, de 23 de diciembre)

1. La incoación, instrucción y resolución de los expedientes sancionadores por la comisión de infracciones tipificadas en la presente Ley corresponderá a los respectivos ayuntamientos.
2. La Comunidad de Madrid podrá asumir la competencia de incoación, instrucción y resolución de los expedientes sancionadores en los términos establecidos en el artículo 47 de esta Ley

Artículo 44. Publicidad de las sanciones. (Nueva redacción dada al artículo 44 por Ley 4/2013, de 18 de diciembre)

1.- La autoridad que resuelva el expediente podrá acordar, por razones de ejemplaridad, la publicación en los medios de comunicación social y en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de las sanciones firmes en vía administrativa que se impongan al amparo de esta Ley.

2.- Las sanciones impuestas por los ayuntamientos relativas a espectáculos en las que haya habido una concentración masiva de personas y que consistan en la inhabilitación para la organización o promoción de los espectáculos y actividades recreativas, reguladas en la presente Ley, tendrán efecto en todo el territorio de la Comunidad de Madrid. Para ello, el ayuntamiento que haya impuesto la referida sanción, deberá remitirla, para su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y en el Boletín Oficial del Estado, una vez sea firme en vía administrativa. Los gastos de publicación serán a cargo del infractor.

  


TÍTULO V.- Organización administrativa

 

Artículo 45. Comisión Consultiva de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. (Artículo 45 derogado por la Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y Racionalización del Sector Público, que suprimió esta Comisión.)


1. Se crea la Comisión Consultiva de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de Madrid como órgano consultivo, de estudio, coordinación y asesoramiento de las Administraciones autonómica y Local en las materias reguladas por esta Ley.

2. Esta Comisión tendrá las siguientes atribuciones:

a) Informe de los proyectos de reglamentos específicos que hayan de dictarse en desarrollo de la presente Ley.
b) Formulación de mociones, propuestas e informes sobre interpretación, aplicación y modificación de las disposiciones que regulan los espectáculos públicos y actividades recreativas.
c) Elaboración de recomendaciones para mejorar la actuación de la Administración de la Comunidad y de la Local en la materia objeto de la presente Ley.
d) Emisión de informes sobre horarios de espectáculos, actividades recreativas y establecimientos regulados en esta Ley. De dichos informes se dará conocimiento a la Comisión de Presidencia de la Asamblea de Madrid.

Estas atribuciones podrán ser completadas y desarrolladas reglamentariamente.

 

 

Artículo 46. Composición de la Comisión Consultiva. (derogado por la Ley 9/2010, de 23 de diciembre)

1. La Comisión Consultiva de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas estará compuesta por el Presidente, el Vicepresidente, los Vocales y el Secretario.

2. El Presidente será el titular de la Viceconsejería de Presidencia. En casos de ausencia, vacante o enfermedad será sustituido por el Vicepresidente. El Presidente de la Comisión Consultiva dirimirá con su voto los empates que puedan producirse.

El Vicepresidente será el titular de la Dirección General de Protección Ciudadana.

Los vocales serán designados por Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid conforme a la siguiente representación:

2.1. Seis representantes de las Consejerías de la Comunidad que tengan competencia en materia de Industria y Turismo, Sanidad, Cultura y Deportes, Juego, Obras Públicas y Urbanismo, y Medio Ambiente.
2.2. Representantes de la Consejería competente en materia de Espectáculos y Actividades Recreativas, en un número igual al del apartado 2.14.
2.3. Un representante del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios de la Comunidad de Madrid.
2.4. Un representante del Servicio de Protección Civil de la Comunidad de Madrid.
2.5. Un representante del Servicio de Espectáculos y Actividades Recreativas.
2.6. Tres representantes de la Federación de Municipios de Madrid.
2.7. Dos representantes del Ayuntamiento de Madrid.
2.8. Dos representantes de los Sindicatos que ostentan la condición de más representativos en el ámbito de la Comunidad de Madrid, con arreglo a lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores.
2.9. Dos representantes de las Organizaciones Empresariales de carácter intersectorial más representativas en el ámbito de la Comunidad de Madrid, con arreglo a lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores.
2.10. Un representante de las Organizaciones de Consumidores y Usuarios.
2.11. Un representante de las Organizaciones de la Juventud.
2.12. Un representante de las Organizaciones de Padres.
2.13. Un representante de las Organizaciones de Vecinos.
2.14. Un representante de cada uno de los Grupos Parlamentarios designados por éstos, de la Asamblea de Madrid.

Actuará como Secretario, con voz pero sin voto, un funcionario de la Dirección General de Protección Ciudadana.

3. En atención a la naturaleza de los asuntos a tratar, la Comisión Consultiva, a través de su Presidente, podrá invitar a participar en sus sesiones a representantes del sector o subsectores interesados. Estos representantes asistirán a las reuniones con voz pero sin voto.
También podrá recabar la colaboración de los expertos que estime necesarios. Su intervención se limitará a la prestación del asesoramiento para el que hubieran sido requeridos.

4. La Comisión Consultiva aprobará sus normas de organización y funcionamiento interno que deberán prever, en todo caso, la existencia de una Comisión Permanente encargada de preparar las reuniones de aquélla y de realizar los demás trabajos que le sean encomendados.

 

 

Artículo 47. Apoyo técnico.

1. Los Ayuntamientos podrán solicitar la colaboración y el apoyo técnico de la Comunidad de Madrid que precisen para la ejecución de esta Ley. A este efecto, se podrán suscribir convenios entre los Ayuntamientos y la Administración de la Comunidad.

2. Mientras no se hayan firmado los referidos convenios a que se refiere el apartado anterior, los Ayuntamientos que acrediten graves dificultades para llevar a cabo las funciones que la presente Ley les encomienda podrán solicitar a la Comunidad que las asuma directamente. 

 


Disposiciones adicionales

 

Primera. Los preceptos de esta Ley no serán de aplicación a los establecimientos turísticos, ni a los locales y actividades de juego, en aquellos aspectos que estén regulados en su normativa específica.

 

Segunda. Se modifican los siguientes artículos de la Ley 6/1995, de 28 de marzo de Garantías de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia:

- El artículo 31.1.d) quedará con la siguiente redacción:
"La venta de bebidas alcohólicas y tabaco a los menores de dieciséis años. Esta prohibición alcanzará a todos los establecimientos comerciales."
- El número 9 del artículo 99 queda suprimido.
- El número 10 del artículo 99 quedará con la siguiente redacción:
"La venta de tabaco a menores de dieciséis años en establecimientos comerciales. La responsabilidad corresponderá a los titulares de los establecimientos en que se expenda."
- Se añade un número 3 al artículo 100 con la siguiente redacción:
"La venta de bebidas alcohólicas a menores de dieciséis años en establecimientos comerciales. La responsabilidad corresponderá a los titulares de los establecimientos en que se expendan aquéllas."
- La letra c) del artículo 101 quedará con la siguiente redacción:
"c) Infracciones muy graves: Multas desde 5.000.001 pesetas hasta 100.000.000 de pesetas, salvo para la infracción tipificada en el número 3 del artículo anterior en que la multa máxima será de 50.000.000 de pesetas. "

 

Tercera. Se autoriza al Consejo de Gobierno para actualizar la cuantía de las sanciones pecuniarias previstas en esta Ley teniendo en cuanta la variación del Indice de Precios al Consumo.

 

Cuarta. Las referencias al órgano competente de la Comunidad de Madrid en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas se entenderán hechas, en tanto se mantenga la estructura vigente a la fecha de aprobación de esta Ley, a la Consejería de Presidencia y dentro de ella, a la Dirección General de Protección Ciudadana.

 

QuintaA los efectos del artículo 11 de esta Ley, la referencia al órgano competente de la Comunidad de Madrid se entenderá hecha, en tanto se mantenga la estructura vigente, a la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Consejería de Educación y Cultura.

 

Sexta. Tras la promulgación de la presente Ley se elaborará por la Comunidad de Madrid, en el plazo de un año, un Catálogo de Edificios de Interés Cultural o Valor Histórico-Artístico.

 

Séptima. Por la Comunidad de Madrid se elaborará una Ley de Seguridad e Higiene que contendrá las condiciones y requisitos mínimos que deberán de cumplir los locales y establecimientos afectados por la presente Ley. Hasta su promulgación, por el Consejo de Gobierno se dictarán a tal efecto cuantas disposiciones sean precisas en desarrollo de las previsiones contenidas en el artículo 6 de la presente Ley.

 

Octava. Reglamentariamente, a propuesta de los Órganos de la Comunidad competentes al efecto, se regularán las características de las hojas que componen el Libro de Reclamaciones, así como la obligatoriedad del titular del local o establecimiento de transmitir al Órgano competente de la Comunidad de Madrid las reclamaciones recibidas. El Libro de Reclamaciones deberá estar compuesto de hojas autocopiativas por triplicado, de las cuales, una vez cumplimentadas, una se remitirá a la Administración competente, otra quedará en poder del reclamante y la tercera en manos del titular del local o establecimiento.

 

Novena.  Apoyo de la Comunidad de Madrid a la iniciativa empresarial por parte de creadores culturales, emprendedores, microempresas y PYMES: Procedimiento específico para la apertura de establecimientos públicos por parte de creadores culturales, emprendedores, las microempresas y PYMES mediante declaración responsable: (Disposición Adicional Novena añadida por Ley 4/2013, de 18 de diciembre)

1. Los locales y establecimientos regulados en la presente Ley necesitarán previamente a su puesta en funcionamiento la licencia municipal de funcionamiento o la declaración responsable del solicitante ante el Ayuntamiento, a elección del solicitante, sin perjuicio de otras autorizaciones que le fueran exigibles.

Para desarrollar cualquiera de las actividades contempladas en el ámbito de aplicación de la presente ley podrá a elección del solicitante presentar, ante el ayuntamiento del municipio de que se trate, una declaración responsable en la que, al menos, se indique la identidad del titular o prestador, ubicación física del establecimiento público, actividad recreativa o espectáculo público ofertado y manifieste bajo su exclusiva responsabilidad que se cumple con todos los requisitos técnicos y administrativos previstos en la normativa vigente para proceder a la apertura del local.

En todo caso, esta declaración responsable se entenderá sin perjuicio de lo que puedan exigir otras legislaciones sectoriales.

2. Junto a la declaración responsable citada en el apartado anterior se deberá aportar, como mínimo, la siguiente documentación:

a) Proyecto de obra y actividad conforme a la normativa vigente firmado por técnico competente y visado, si así procediere, por colegio profesional.
b) En su caso, copia de la declaración de impacto ambiental o de la resolución sobre la innecesariedad de sometimiento del proyecto a evaluación de impacto ambiental, si la actividad se corresponde con alguno de los proyectos sometidos a evaluación ambiental.
c) Asimismo, en el supuesto de la ejecución de obras, se presentará certificado final de obras e instalaciones ejecutadas, firmados por técnico competente y visados, en su caso, por el colegio oficial correspondiente, acreditativo de la realización de las mismas conforme a la licencia. En el supuesto de que la implantación de la actividad no requiera la ejecución de ningún tipo de obras, se acompañará el proyecto o, en su caso, la memoria técnica de la actividad correspondiente.
d) Certificado que acredite la suscripción de un contrato de seguro, en los términos indicados en la presente ley.
e) Copia del resguardo por el que se certifica el abono de las tasas municipales correspondientes.

3. El ayuntamiento, una vez recibida la declaración responsable y la documentación anexa indicada, procederá a registrar de entrada dicha recepción en el mismo día en que ello se produzca, entregando copia al interesado.

4. El ayuntamiento inspeccionará el establecimiento para acreditar la adecuación de éste y de la actividad del proyecto presentado por el titular o prestador.

Esta apertura no exime al consistorio de efectuar la visita de comprobación. En este caso, si se detectase una inexactitud o falsedad de carácter esencial se atenderá a lo indicado en el apartado anterior.

5. Los municipios, que por sus circunstancias, no dispongan de equipo técnico suficiente para efectuar la visita de comprobación prevista deberán, en virtud de lo indicado en el artículo 5 de esta ley, acogerse al régimen de cooperación y colaboración administrativa con otras entidades locales o con la administración autonómica para este contenido.

6. Reglamentariamente se podrá establecer un procedimiento especial para los establecimientos que se ubiquen dentro del ámbito de actividades declaradas expresamente de interés general, o celebradas en el marco de acontecimientos considerados como tales.

7. Los ayuntamientos deberán efectuar la comprobación administrativa de que las instalaciones se ajustan al proyecto presentado para la obtención de la oportuna licencia y de que, en su caso, las medidas correctoras adoptadas funcionan con eficacia.

8. Esta comprobación deberá realizarse en el plazo máximo de un mes desde la comunicación a los ayuntamientos de la finalización de las obras, o de la finalización de las medidas correctoras o de la realización de la declaración responsable del solicitante, y se plasmará en una resolución expresa del órgano competente que constituye, en el supuesto de ser positiva, la licencia de funcionamiento.

 

 

Disposiciones transitorias

Primera. Hasta que no se proceda al desarrollo reglamentario de la presente Ley serán de aplicación, en lo que no se opongan a la misma, las normas vigentes en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas.

 

Segunda. Los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, se regirán por lo dispuesto en la normativa anterior sin que les sea de aplicación la presente Ley.

 

Tercera. En tanto no se proceda al desarrollo reglamentario de esta Ley, la cuantía de los capitales mínimos que deberán cubrir los seguros exigidos en los artículos 6.3 y 16.3, sin franquicia alguna, será la siguiente:

- Establecimientos con aforo máximo hasta 50 personas: 7.000.000 de pesetas.
- Establecimientos con aforo máximo hasta 100 personas: 10.000.000 de pesetas.
- Establecimientos con aforo máximo hasta 300 personas: 20.000.000 de pesetas.
- Establecimientos con aforo máximo hasta 700 personas: 80.000.000 de pesetas.
- Establecimientos con aforo máximo hasta 1.500 personas: 120.000.000 de pesetas.
- Establecimientos con aforo máximo hasta 5.000 personas: 200.000.000 de pesetas.

En los establecimientos de aforo superior a 5.000 personas y hasta 25.000 personas se incrementará la cuantía mínima establecida en el último guión en 20.000.000 de pesetas por cada 2.500 personas de aforo o fracción.
En los establecimientos de aforo superior a 25.000 personas, se incrementará la cuantía resultante de la aplicación de las normas anteriores en 20.000.000 de pesetas por cada 5.000 personas de aforo o fracción.
Para las instalaciones eventuales, portátiles y desmontables la cuantía mínima de los seguros se determinará en la correspondiente licencia, en función del espectáculo o actividad que fuera a desarrollarse, condiciones de la instalación, capacidad y demás circunstancias relevantes a estos efectos. 

 

 

Disposición derogatoria única.

Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o se opongan a lo dispuesto en la presente Ley.

 

 

Disposiciones finales

 

Primera. Se autoriza al Consejo de Gobierno para dictar cuantas disposiciones de aplicación y desarrollo de la presente Ley sean necesarias. Estas disposiciones deberán aprobarse en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la presente Ley.

La adaptación de establecimientos de pública concurrencia y locales dedicados a la actividad de espectáculos públicos y actividades recreativas, existentes con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley a las exigencias prevenidas en el Título I de la misma, deberá llevarse a cabo dentro del plazo de dos años, a contar desde dicha entrada en vigor, siempre que tal adaptación requiera modificación de instalaciones, o de elementos constructivos, y en un plazo de un año, a contar desde la misma fecha, si no necesita de dichas modificaciones.
Siempre que la adaptación precise licencia municipal para la realización de las obras, el correspondiente proyecto técnico deberá presentarse en un período máximo de seis meses desde la entrada en vigor de la presente Ley.
Asimismo y cuando por la estructura, elementos constructivos o condiciones urbanísticas del local, no se pueda realizar la adaptación antes mencionada, se concederá por el Ayuntamiento correspondiente un período de tiempo, que en ningún caso excederá de quince meses, a los efectos de que por el titular de la actividad se pueda trasladar su ejercicio a otro local, que sí reúna las citadas condiciones.
Transcurrido el citado plazo sin haberse procedido al traslado de la actividad se procederá de inmediato, por el Ayuntamiento, a suspender la actividad, así como a la clausura y preciso del local donde la misma se realiza.

 

Segunda. La presente Ley entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, siendo también publicada en el Boletín Oficial del Estado. 

 

 

ANEXO.-  CATALOGO DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, ACTIVIDADES RECREATIVAS, ESTABLECIMIENTOS, LOCALES E INSTALACIONES 

Sustituido por el que se aprueba mediante el Decreto 184/1998, de 22 de octubre

 

espectaculos-publicos-actividades-recreativas-madrid

Índice de la LEY DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS

 

LEY 2/2002, de 19 de junio, DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Publicada en BOCM de 1 de julio de 2002.

 

Con las modificaciones introducidas por:

- Ley 2/2004, de 31 de mayo, de Medidas Fiscales y Administrativas (BOCM 1 de junio de 2004).

- Ley 3/2008, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas (BOCM 30 de diciembre de 2008)

 

ÍNDICE

 

PREÁMBULO

 

TÍTULO I.- Disposiciones generales

Artículo 1.- Objeto y finalidad

Artículo 2.- Definiciones

Artículo 3.- Ámbito de aplicación

Artículo 4.- Procedimientos ambientales

Artículo 5.- Estudio caso por caso

Artículo 6.- Planes, programas, proyectos o actividades singulares

Artículo 7.- Exenciones

Artículo 8.- Cambio de titularidad

Artículo 9.- Ampliación de actividades o instalaciones existentes

Artículo 10.- Fraccionamiento de proyectos o actividades

Artículo 11.- Resolución de discrepancias

 

TÍTULO II.- Análisis ambiental de planes y programas

Artículo 12.- Planes y programas objeto de Análisis Ambiental

Artículo 13.- Competencias

Artículo 14.- Procedimiento

Artículo 15.- Estudio de la incidencia ambiental

Artículo 16.- Contenido del estudio de la incidencia ambiental 

Artículo 17.- Consultas previas

Artículo 18.- Información pública

Artículo 19.- Propuesta de resolución y alegaciones

Artículo 20.- Informe de Análisis Ambiental

Artículo 21.- Procedimiento de análisis ambiental del planeamiento urbanístico

 

TÍTULO III.- Evaluación de impacto ambiental

Capítulo I.- Criterios generales

Artículo 22.- Proyectos sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental

Artículo 23.- Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental

Artículo 24.- Competencias


Capítulo II.- Evaluación de impacto ambiental ordinaria

Artículo 25.- Procedimiento ordinario

Artículo 26.- Inicio del procedimiento

Artículo 27.- Consultas previas

Artículo 28.- Estudio de Impacto Ambiental

Artículo 29.- Información pública del estudio de impacto ambiental


Capítulo III.- Evaluación de impacto ambiental abreviada

Artículo 30.- Procedimiento abreviado

Artículo 31.- Inicio del procedimiento

Artículo 32.- Estudio de impacto ambiental del procedimiento abreviado

Artículo 33.- Información pública

 

Capítulo IV.- Declaración de impacto ambiental

Artículo 34.- Declaración de Impacto Ambiental

Artículo 35.- Publicación de la Declaración de Impacto Ambiental

Artículo 36.- Efectos de la Declaración de Impacto Ambiental

Artículo 37.- Revisión de la Declaración de Impacto Ambiental

 

Capítulo V.- Normas comunes

Artículo 38.- Confidencialidad

Artículo 39.- Responsabilidad del autor del Estudio de Impacto Ambiental

Artículo 40.- Información complementaria

 

 TÍTULO IV.- Evaluación ambiental de actividades

Artículo 41.- Ámbito de aplicación

Artículo 42.- Competencias

Artículo 43.- Iniciación del procedimiento

Artículo 44.- Proyecto técnico

Artículo 45.- Información pública

Artículo 46.- Propuesta de resolución y alegaciones

Artículo 47.- Informe de Evaluación Ambiental de Actividades

Artículo 48.- Información

 

TÍTULO V.- Inspección, vigilancia y control

Artículo 49.- Órganos competentes

Artículo 50.- Servicios de inspección y vigilancia de la Comunidad de Madrid

Artículo 51.- Actas de inspección

Artículo 52.- Deber de colaboración

Artículo 53.- Medidas provisionales urgentes

Artículo 54.- Coordinación y sustitución

Artículo 55.- Suspensión de la ejecución de planes, programas, proyectos o actividades

 

TÍTULO VI.- Disciplina ambiental

Capítulo I.- Régimen sancionador

Artículo 56.- Infracciones

Artículo 57.- Responsabilidad

Artículo 58.- Infracciones muy graves

Artículo 59.- Infracciones graves

Artículo 60.- Infracciones leves

Artículo 61.- Prescripción de las infracciones

Artículo 62.- Sanciones

Artículo 63.- Graduación de las sanciones

Artículo 64.- Prescripción de las sanciones

Artículo 65.- Compatibilidad de las sanciones

Artículo 66.- Reparación e indemnización de los daños al medio ambiente 

Artículo 67.- Vía de apremio 

Artículo 68.- Medidas cautelares

Artículo 69.- Relación con el orden jurisdiccional penal

 

Capítulo II.- Procedimiento sancionador

Artículo 70.- Procedimiento sancionador

Artículo 71.- Potestad sancionadora

Artículo 72.- Órganos competentes

Artículo 73.- Colaboración interadministrativa

 

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.- Órgano ambiental

Segunda.- Competencias del órgano ambiental

Tercera.- Inclusión de los procedimientos ambientales en el procedimiento de autorización ambiental integrada

Cuarta.- Inaplicación del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas

Quinta.- Servicios de vigilancia e inspección

Sexta.- Información a la Comisión Europea

Séptima.- Competencias sancionadoras en materia de medio ambiente

Octava.- Declaración de utilidad pública. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- Régimen transitorio de los procedimientos de Evaluación Ambiental

Segunda.- Régimen transitorio de adaptación para los Ayuntamientos

 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Única.- Derogaciones y vigencias

 

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Modificación de la Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid

Segunda.- Habilitación al Gobierno de la Comunidad de Madrid para dictar normas de desarrollo. 

Tercera.- Actualización de las sanciones consistentes en multas

Cuarta.- Habilitación al Gobierno de la Comunidad de Madrid para adaptar los Anexos

Quinta.- Entrada en vigor

 

ANEXOS

ANEXO PRIMERO.- PLANES Y PROGRAMAS SOMETIDOS A ANÁLISIS AMBIENTAL EN LA COMUNIDAD DE MADRID

ANEXO SEGUNDO.-  PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE OBLIGADO SOMETIMIENTO A EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL EN LA COMUNIDAD DE MADRID

ANEXO TERCERO.- PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE OBLIGADO SOMETIMIENTO A EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL EN LA COMUNIDAD DE MADRID

ANEXO CUARTO.- PROYECTOS Y ACTIVIDADES A ESTUDIAR CASO POR CASO POR EL ÓRGANO AMBIENTAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

ANEXO QUINTO.- ACTIVIDADES O PROYECTOS CON INCIDENCIA AMBIENTAL SOMETIDOS AL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE ACTIVIDADES EN LA COMUNIDAD DE MADRID

ANEXO SEXTO.- ÁREAS ESPECIALES

ANEXO SÉPTIMO.-  CRITERIOS PARA DETERMINAR LA POSIBLE SIGNIFICACIÓN DE LAS REPERCUSIONES SOBRE EL MEDIO AMBIENTE 


 

 

LEY 2/2002, de 19 de junio, DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

 


PREÁMBULO

 

La Constitución española, en su artículo 45, reconoce el derecho de todos los españoles a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, estableciendo el correlativo deber de conservarlo. Asimismo, en su apartado segundo, encomienda a las administraciones públicas la función de velar por una utilización racional de todos los recursos naturales sin excepción, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose siempre en la indispensable solidaridad colectiva. Como cláusula final y para completar el círculo de la protección, contempla en su apartado tercero la posibilidad de establecer, conforme a lo que la Ley fije, sanciones penales o administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado, para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior.

 

La normativa dictada desde el año 1978 con el objeto de proteger el medio ambiente ha sido extensa, tanto en número, como en sectores tratados. El esfuerzo legislativo a todos los niveles ha sido impulsado y acompañado por una creciente sensibilización social que ha ejercido sus efectos también sobre las administraciones públicas, en su tarea de gestión y tutela de los recursos naturales.

 

Esta sensibilización y creciente preocupación social por las cuestiones relativas al medio ambiente se ha plasmado, de manera significada, en la política ambiental comunitaria desarrollada a través de los sucesivos Programas Comunitarios de Acción en materia de medio ambiente.

 

La Unión Europea ha insistido, entre otras cuestiones, en el perfeccionamiento de mecanismos de acción preventiva, debiendo destacarse a estos efectos la Directiva 2001/42/CE, de 27 de junio, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, la Directiva 97/11, de 3 de marzo, que perfecciona la técnica preventiva de la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, transpuesta al ordenamiento jurídico español a través de la Ley 6/2001, de 8 de mayo, de Modificación del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental, así como la Directiva 96/61/CE, de 24 de septiembre, relativa a la prevención y control integrados de la contaminación.

 

La Comunidad de Madrid, en el ejercicio de las competencias que le atribuía el Estatuto de Autonomía antes de su última reforma, promulgó un importante cuerpo normativo en materia ambiental. Por una parte, se han aprobado normas reguladoras de los diferentes sectores ambientales necesitados de disciplina; por otra, se han aprobado normas que establecen el marco genérico de gestión en materia ambiental, entre las que destacan la Ley 3/1988, de 13 de octubre, de Gestión del Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid y la Ley 10/1991, de 4 de abril, para la Protección del Medio Ambiente.

 

Las crecientes exigencias de la sociedad para la protección del medio ambiente, la experiencia adquirida durante los años transcurridos desde la entrada en vigor de las normas anteriormente mencionadas y los nuevos instrumentos incorporados por la política ambiental comunitaria, aconsejan una nueva regulación de los procedimientos ambientales aplicables a los planes, programas, proyectos y actividades susceptibles de tener una incidencia ambiental en la Comunidad de Madrid. Con ello se pretende, además, reforzar la actividad preventiva que, en materia de medio ambiente, es la mejor y más eficaz de las soluciones a los problemas que se plantean.

 

De esta forma, se regulan distintos procedimientos en función de las características de la actuación a emprender. Pero también, se hace precisa una mejora y adecuación del régimen sancionador a la nueva regulación establecida y al contexto social en que será aplicada.

 

La modificación del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, por la Ley Orgánica 5/1998, de 7 de julio, ha proporcionado el marco adecuado para el desarrollo normativo de los indicados objetivos. Así, se han incorporado al Estatuto diversos títulos competenciales relativos al medio ambiente y se ha modificado el nivel de competencias de la Comunidad en otros títulos relacionados con la materia ambiental, que han venido a reforzar la capacidad normativa autonómica. En este sentido, cabe destacar la atribución de la competencia de desarrollo legislativo sobre protección del medio ambiente.

 

En resumen, esta Ley tiene por objetivo la implantación de un marco normativo en la Comunidad de Madrid que posibilite una eficaz actuación preventiva orientada a evitar, reducir o minimizar los efectos adversos sobre el medio ambiente derivados de la puesta en marcha o ejecución de determinados planes, programas, proyectos y actividades.

 

La Ley consta de 73 artículos estructurados en 6 Títulos, 8 Disposiciones Adicionales, 2 Disposiciones Transitorias, 1 Disposición Derogatoria Única, 5 Disposiciones Finales y 7 Anexos.

 

En el Título I se establecen las disposiciones generales que permitirán a los órganos encargados de la aplicación de la Ley su correcta interpretación y desarrollo. El Título II regula un novedoso procedimiento de Análisis Ambiental de planes y programas, con el que se incorpora el compromiso ambiental en fases previas a la de proyecto y actividad, mejorando de forma notable los mecanismos de protección de nuestro entorno respecto a la Ley 10/1991, de 4 de abril, de Protección del Medio Ambiente. El Título III regula la Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos y actividades, entendida como el conjunto de actuaciones dirigidas a evitar, corregir o minimizar los efectos que pueden producir en el medio ambiente las diversas formas de intervención humana en el mismo. En él se regulan dos procedimientos, ordinario y abreviado, persiguiendo su agilización y estableciendo las previsiones necesarias para su inmediata aplicación.

 

En este ámbito, el texto legal mantiene la característica esencial del derecho vigente en materia de evaluación de impacto ambiental, la dualidad órgano sustantivo-órgano ambiental. Ello supone seguir manteniendo en esta Ley un procedimiento especial para la evaluación de impacto ambiental, pero no independiente del procedimiento principal en el que se inserta. Así, su desenvolvimiento corre paralelo a la tramitación del procedimiento sustantivo y su resolución debe incorporarse a la del procedimiento principal. El Título IV regula la Evaluación Ambiental de Actividades, procedimiento que deriva de la anterior Calificación Ambiental y que presenta, como novedad principal, la atribución de competencias para su resolución a los Ayuntamientos, bien por sí mismos o a través de órganos mancomunados o consorciados. La Comunidad de Madrid apoyará el desarrollo de esta nueva competencia, incentivando la creación de mancomunidades de acuerdo con lo establecido en la normativa reguladora del régimen local.

 

Por su parte, el Título V regula las funciones de inspección, vigilancia y control de las actividades con incidencia ambiental, con la finalidad de posibilitar a las administraciones públicas competentes ejercer eficazmente sus competencias. El Título VI de la Ley establece un completo régimen sancionador cuya finalidad, además de corregir las infracciones que puedan cometerse y de que los responsables reparen el medio ambiente afectado, es actuar como mecanismo de sensibilización social que disuada a los potenciales infractores de degradar los recursos naturales.

 

Los Anexos de la Ley, y en concreto los cinco primeros, no agotan el ámbito de la prevención ambiental por el principio general de sometimiento a la evaluación ambiental de aquellas intervenciones que puedan producir efectos significativos sobre el medio ambiente.

 

Por último, de las disposiciones de la parte final de la Ley habría que destacar La Disposición Adicional Cuarta, por la que se deja sin aplicación directa en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid el Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, al considerar que los objetivos ambientales que persigue esta norma quedan cubiertos con la presente Ley así como con la abundante normativa ambiental existente en la actualidad. 

 

 

TÍTULO I.- Disposiciones generales

 

Artículo 1.- Objeto y finalidad

Esta Ley tiene por objeto establecer el régimen jurídico de los procedimientos ambientales aplicables a los planes, programas, proyectos y actividades, tanto públicos como privados, que se pretendan llevar a cabo en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid, con el fin de garantizar una adecuada protección del medio ambiente. 

 

 

Artículo 2.- Definiciones

A los efectos de esta Ley y para su correcta aplicación se definen los siguientes términos:

a) Autoridad competente de medio ambiente u órgano ambiental: aquella a la que, en cada Administración Pública, corresponda el ejercicio de las competencias en las materias reguladas en la presente Ley.

b) Autoridad competente sustantiva u órgano sustantivo: aquella a la que corresponda la tramitación o aprobación de un plan o programa, o el otorgamiento de las licencias o autorizaciones precisas para la ejecución de un proyecto o actividad.

c) Plan o Programa: conjunto de documentos elaborados por las administraciones públicas que establecen un marco para posteriores decisiones de autorización, fijando fines y objetivos y determinando prioridades de la acción pública, de forma que posibilite la armonización de las decisiones referidas al espacio económico y la protección del medio ambiente.

d) Proyecto: documento técnico previo a la ejecución de una construcción, instalación, obra o cualquier otra actividad, que la define o condiciona de modo necesario, particularmente en lo que se refiere a la localización y explotación, así como a cualquier otra intervención sobre el medio ambiente, incluidas las destinadas a la utilización de los recursos naturales.

e) Actividad: explotación de una industria, establecimiento, instalación o, en general, cualquier actuación, susceptible de afectar de forma significativa al medio ambiente.

f) Promotor o titular: persona física o jurídica, privada o pública, que inicia un procedimiento de los previstos en esta Ley, en relación con un plan, programa, proyecto o actividad, para su tramitación y aprobación.

g) Procedimientos ambientales: diferentes procesos administrativos a los que han de someterse los planes, programas, proyectos o actividades y que van a permitir valorar los efectos que los mismos producen sobre el medio ambiente.

h) Análisis Ambiental: procedimiento que incluye el conjunto de estudios e informes técnicos que permiten estimar los efectos de un plan o programa sobre el medio ambiente, con el fin de prevenir, evitar y corregir dichos efectos.

i) Estudio de incidencia ambiental: documento técnico que se integra en el plan o programa y forma parte de él, en el que se identifican, describen y evalúan de manera apropiada las repercusiones ambientales de la aplicación del plan o programa, incluyendo todas las fases en que se desarrolle el mismo, así como las distintas alternativas razonables que tengan en cuenta los objetivos y el ámbito de aplicación geográfico del plan o programa.

j) Alternativa cero: alternativa contemplada en el estudio de la incidencia ambiental de planes y programas que contiene los aspectos relevantes de la situación actual del medio ambiente y su probable evolución en el caso de no aplicación del plan o programa.

k) Informe de análisis ambiental: resolución del órgano ambiental que pone fin al procedimiento de análisis ambiental de planes y programas, en la que se determina, respecto a los efectos ambientales previsibles, las condiciones de diseño, ejecución, explotación y vigilancia ambiental que deben establecerse en el plan o programa para la adecuada protección del medio ambiente y los recursos naturales.

l) Evaluación de Impacto Ambiental: procedimiento que incluye el conjunto de estudios e informes técnicos y de consultas que permiten estimar los efectos que la ejecución de un determinado proyecto o actividad causa sobre el medio ambiente, con el fin de prevenir, evitar y corregir dichos efectos.

m) Estudio de Impacto Ambiental: documento técnico que debe presentar el titular o el promotor de un proyecto o actividad para identificar, describir y valorar de manera apropiada, y en función de las particularidades de cada caso concreto, los efectos previsibles que la realización del proyecto o actividad, incluyendo todas sus fases (construcción, funcionamiento y clausura o desmantelamiento) producirá sobre los distintos aspectos ambientales.

n) Indicadores ambientales de estado cero: Conjunto de parámetros medibles que definan la calidad ambiental previa del ámbito territorial donde se quiere desarrollar un proyecto o implantar una actividad, que permitan analizar su evolución en el tiempo y, con ello, un seguimiento de las repercusiones ambientales reales que el proyecto o actividad tiene sobre su entorno.

ñ) Declaración de Impacto Ambiental: resolución del órgano ambiental que pone fin a los procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental, ordinario y abreviado, y en la que se determina, respecto a los efectos ambientales previsibles, la conveniencia o no de realizar el proyecto o actividad y, en caso afirmativo, las condiciones de diseño, ejecución, explotación y vigilancia ambiental del proyecto o actividad que deben establecerse para a la adecuada protección del medio ambiente y los recursos naturales.

o) Evaluación Ambiental de Actividades: procedimiento que incluye el conjunto de estudios e informes técnicos que permiten estimar los efectos que la ejecución de los proyectos y actividades incluidos en el Anexo Quinto causa sobre el medio ambiente, con el fin de prevenir, evitar y corregir dichos efectos.

p) Informe de Evaluación Ambiental: resolución del órgano ambiental que pone fin al procedimiento de Evaluación Ambiental de Actividades en la que se determina, respecto a los efectos ambientales previsibles, la conveniencia o no de realizar el proyecto o actividad y, en caso afirmativo, las condiciones de diseño, ejecución, explotación y vigilancia ambiental del proyecto o actividad que deben establecerse para la adecuada protección del medio ambiente y los recursos naturales.

q) Autor: persona física identificada que asume, con su firma, la responsabilidad del estudio de incidencia ambiental, del estudio de impacto ambiental o de la memoria ambiental.

r) Memoria Ambiental: Documento que contiene el conjunto de estudios e informes técnicos y de consultas que permiten estimar los efectos que la realización de una determinada actividad causa sobre el medio ambiente, con el fin de prevenir, evitar y corregir dichos efectos. 

 

 

Artículo 3.- Ámbito de aplicación

Esta Ley será de aplicación a los planes, programas, proyectos y actividades, públicos o privados, que se pretendan llevar a cabo en la Comunidad de Madrid, ya corresponda su autorización o aprobación al Estado, Comunidad Autónoma o Administración Local, con las siguientes excepciones:

a) Planes y programas en materia de emergencia civil.

b) Proyectos o actividades, aprobados o autorizados por una Ley.

c) Planes, programas, proyectos o actividades, cuya aprobación o autorización sustantiva competa a la Administración General del Estado y cuya evaluación ambiental resulte obligada por aplicación de la legislación básica estatal.

d) Los planes, programas, proyectos o actividades que pudieran estar exceptuados del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental por las normas dictadas por el Estado en el ejercicio de sus competencias.

 

 

Artículo 4.- Procedimientos ambientales

1. Los planes, programas, proyectos o actividades incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley se someterán, de acuerdo con lo dispuesto en la misma, a alguno de los siguientes procedimientos ambientales:

a) Análisis Ambiental de Planes y Programas.

b) Evaluación de Impacto Ambiental, que se podrá tramitar por el procedimiento ordinario o por el procedimiento abreviado.

c) Evaluación Ambiental de Actividades.

2. Ningún plan, programa, proyecto o actividad podrá ser objeto de más de un procedimiento de los establecidos en esta Ley, salvo que se modifiquen los parámetros o circunstancias que fueron tenidos en cuenta para su emisión.

 

 

Artículo 5.- Estudio caso por caso

1. El órgano ambiental de la Comunidad de Madrid decidirá, estudiando caso por caso y basándose en los criterios recogidos en el Anexo Séptimo, si alguno de los planes, programas, proyectos y actividades de los mencionados en los apartados siguientes deben o no deben someterse a un procedimiento ambiental.

2. Serán objeto de estudio caso por caso las modificaciones de los planes y programas que hayan sido objeto de análisis ambiental, así como los planes y programas no contemplados en el Anexo Primero que establezcan un marco para la autorización en el futuro de proyectos a los que sea de aplicación esta Ley.

3. Serán objeto de estudio caso por caso los proyectos y actividades recogidos en el Anexo Cuarto de esta Ley.

4. Igualmente se someterá a estudio caso por caso cualquier cambio o ampliación de los proyectos y actividades que figuran en los Anexos Segundo, Tercero y Cuarto, ya autorizados, ejecutados, o en proceso de ejecución, que puedan tener repercusiones sobre el medio ambiente, es decir cuando impliquen uno o más de los efectos siguientes:

a) Incremento de las emisiones a la atmósfera.

b) Incremento de los vertidos de aguas residuales.

c) Incremento de la generación de residuos.

d) Incremento de la utilización de recursos naturales.

e) Afección a áreas incluidas en el Anexo Sexto.

5. Para el cumplimiento de lo establecido en este artículo, el promotor deberá solicitar al órgano ambiental su pronunciamiento al respecto, para lo que deberá presentar la documentación íntegra del plan o programa, o bien una memoria resumen del proyecto o actividad tal y como se establece en el artículo 26 de esta Ley.

6. El órgano ambiental de la Comunidad de Madrid contará con un plazo máximo de cuarenta y cinco días para decidir si el plan, programa, proyecto o actividad debe o no debe someterse a un procedimiento ambiental y, en caso afirmativo, a cual de los definidos en esta Ley deberá someterse.

7. Está decisión será motivada y pública.

 

 

Artículo 6.- Planes, programas, proyectos o actividades singulares

1. El Gobierno de la Comunidad de Madrid podrá someter a las obligaciones contenidas en esta Ley los planes, programas, proyectos o actividades singulares no incluidos en sus Anexos, sobre los que concurran circunstancias extraordinarias, con arreglo a los criterios recogidos en el Anexo Séptimo, que puedan suponer un riesgo ambiental o tener repercusiones significativas para el medio ambiente.

2. El órgano ambiental emitirá informe previo al acuerdo específico que se adopte al respecto. Dicho acuerdo será motivado, expresará el procedimiento ambiental a que deberá ser sometido el plan, programa, proyecto o actividad de que se trate y publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 

 

 

Artículo 7.- Exenciones

1. El Gobierno de la Comunidad de Madrid podrá eximir de las obligaciones contenidas en esta Ley, en supuestos excepcionales y con respeto en todo caso a la legislación básica del Estado, la totalidad o parte de determinados planes, programas, proyectos o actividades.

2. La exención requerirá el previo informe del órgano ambiental de la Comunidad de Madrid, que se emitirá a solicitud de la Consejería competente para proponer el acuerdo de Consejo de Gobierno. A dicha solicitud, se adjuntará una memoria justificativa del plan, programa, proyecto o actividad donde se analicen sus efectos ambientales.

3. El órgano ambiental emitirá su informe en el plazo máximo de cuarenta y cinco días, dentro del cual se incluirá un trámite de audiencia al Ayuntamiento o Ayuntamientos afectados, por un periodo de quince días.

4. El acuerdo de exención contendrá las razones por las que ha sido concedido y las previsiones y medidas que, en su caso, sean precisas para minimizar el impacto ambiental.

5. Este acuerdo será publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, por el órgano que promueva la solicitud de exención.

6. Previamente a la aprobación o a la concesión de la autorización o de la licencia que requieran los planes, programas, proyectos o actividades eximidos conforme a este artículo, el órgano ambiental informará a la Administración del Estado a los efectos de la comunicación, en su caso, a la Comisión Europea, así como a los Ayuntamientos afectados. 

 

 

Artículo 8.- Cambio de titularidad

Cualquier cambio de titularidad o competencia que afecte a un plan, programa, proyecto o actividad sometido a los procedimientos ambientales contenidos en esta Ley, deberá comunicarse al órgano ambiental en un plazo máximo de veinte días, a contar desde la fecha de efectividad de la transmisión. 

 

 

Artículo 9.- Ampliación de actividades o instalaciones existentes

1. Para cualquier ampliación de actividades o instalaciones ya existentes, las dimensiones y los límites establecidos en los Anexos de esta Ley se entenderán referidos a los que resulten al final de la ampliación.

2. El órgano ambiental de la Comunidad de Madrid podrá considerar rebasados dichos límites y dimensiones mínimas cuando así resulte por acumulación con otras actuaciones que puedan afectar al mismo entorno ecológico, lo que implicará su sometimiento al procedimiento ambiental que, en cada caso, determine el órgano ambiental de la Comunidad de Madrid. 

 

 

Artículo 10.- Fraccionamiento de proyectos o actividades

El fraccionamiento de proyectos o actividades de naturaleza análoga y a realizar en el mismo espacio físico, por uno o varios promotores, no impedirá su sometimiento a los procedimientos ambientales regulados en esta Ley, aún cuando dicho sometimiento venga exigido a partir de determinados umbrales, a cuyos efectos se acumularán las magnitudes o dimensiones de cada una de las fracciones del proyecto o actividad. 

 

 

Artículo 11.- Resolución de discrepancias

En caso de que hubiera discrepancia entre el órgano con competencia sustantiva y el órgano ambiental sobre la conveniencia de llevar a cabo el plan, programa, proyecto o actividad, o sobre el contenido de las condiciones establecidas en la resolución que ponga fin al procedimiento ambiental, resolverá el Gobierno de la Comunidad de Madrid, salvo que el órgano sustantivo y el órgano ambiental pertenezcan a la misma Administración Local, en cuyo caso se estará a lo que dispongan sus normas de organización. 

 

 

TÍTULO II.- Análisis ambiental de planes y programas


Artículo 12.- Planes y programas objeto de Análisis Ambiental

1. Deberán someterse a Análisis Ambiental, con carácter previo a su aprobación, los planes y programas de la Administración Autonómica o Local que se desarrollen en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid y que se encuentren entre los comprendidos en el Anexo Primero o que resulten de la aplicación de lo dispuesto en los artículos 5 y 6 de esta Ley.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, cuando el órgano ambiental estime a la vista de la documentación presentada que el plan o programa puede tener un efecto ambiental reducido y local, podrá decidir de forma motivada que dicho plan o programa no se someta al procedimiento regulado en el presente Título. 

 

 

Artículo 13.- Competencias

La tramitación y resolución del procedimiento de Análisis Ambiental corresponderá al órgano ambiental de la Comunidad de Madrid. 

 

 

Artículo 14.- Procedimiento

1. El órgano promotor deberá remitir al órgano ambiental un estudio de la incidencia ambiental del plan o programa y la documentación completa del mismo, incluidos los anejos y cartografía descriptivos de las diferentes acciones que contemple.

2. La documentación completa a la que se refiere el apartado anterior deberá ser aquella que vaya a ser sometida a aprobación por parte del órgano competente para ello, salvo en el caso del planeamiento urbanístico, que se regulará por lo dispuesto en el artículo 21 de esta Ley.

3. El procedimiento se iniciará a partir de la recepción por el órgano ambiental de la Comunidad de Madrid de los documentos señalados en el punto primero. 

 

 

Artículo 15.- Estudio de la incidencia ambiental

1. Los planes y programas que sean sometidos a análisis ambiental deberán contener un estudio de la incidencia ambiental, para cuya elaboración se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 17 de esta Ley y en el que se identificarán, describirán y evaluarán los probables efectos en el medio ambiente de la aplicación del plan o programa, así como un conjunto de alternativas evaluadas con criterios de sostenibilidad ambiental que tengan en cuenta sus objetivos y ámbito geográfico de aplicación.

2. En el estudio de la incidencia ambiental se hará constar la información que se señala en el artículo siguiente, teniendo en cuenta los conocimientos y métodos de evaluación existentes, el contenido y grado de especificación del plan o programa, la fase del proceso de decisión en que se encuentra y la medida en que la evaluación de determinados aspectos es más adecuada en fases distintas de dicho proceso, con objeto de evitar su repetición. 

 

 

Artículo 16.- Contenido del estudio de la incidencia ambiental

1. El estudio de la incidencia ambiental del plan o programa, deberá aportar información suficiente sobre los siguientes aspectos:

a) Contenido y objetivos del plan o programa y su relación con otros planes o programas.

b) Descripción de la "alternativa cero".

c) Criterios de la selección de las alternativas contempladas y descripción de la manera en que se evaluaron, incluyendo las dificultades que pudieran haberse encontrado a la hora de recabar la información requerida.

d) Descripción de la alternativa seleccionada y de las demás alternativas consideradas para alcanzar los objetivos del plan o programa y los motivos por los cuales han sido rechazadas.

e) Características ambientales de todas las zonas que puedan verse afectadas.

f) Cualquier problema ambiental existente para el plan o programa, incluyendo, en particular, los problemas relacionados con cualquier área incluida en el Anexo Sexto de esta Ley.

g) Objetivos de protección ambiental que estén establecidos tanto en el ámbito internacional, comunitario, estatal, autonómico o local y que guarden relación con el plan o programa y la manera en que tales objetivos y cualquier aspecto ambiental hayan sido tenidos en cuenta durante su elaboración.

h) Análisis de los efectos, ya sean secundarios, acumulativos, sinérgicos, a corto, medio y largo plazo, permanentes o temporales, positivos o negativos, sobre el medio ambiente del plan o programa y metodología utilizada para el análisis, teniendo en cuenta aspectos como la biodiversidad, la población, la salud humana, la fauna, la flora, la tierra, el agua, el aire, los factores climáticos, los bienes materiales, el patrimonio cultural, el paisaje y la interrelación entre estos aspectos.

i) Medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de los posible, compensar cualquier efecto negativo sobre el medio ambiente derivado de la aplicación del plan o programa. Se acompañarán de un conjunto de indicadores que permitan realizar un análisis de su grado de cumplimiento de tales medidas y de su efectividad.

j) Medidas previstas para la supervisión, vigilancia e información al órgano ambiental de la ejecución de las distintas fases del plan y programación temporal de dichas medidas.

k) Resumen en términos fácilmente comprensibles de la información facilitada en los epígrafes precedentes.

2. En todo caso, la información que se suministre debe tener el detalle suficiente para permitir una evaluación de la incidencia ambiental de las diferentes etapas que contemple el plan o programa.

3. El órgano ambiental podrá requerir a estos fines, motivadamente, la ampliación de la información suministrada, en cuyo caso el procedimiento quedará interrumpido y se reanudará una vez recibida la misma por el órgano ambiental. 

 

 

Artículo 17.- Consultas previas

1. Para la elaboración del estudio de la incidencia ambiental del plan o programa, el órgano promotor deberá consultar con el órgano ambiental la amplitud y grado de especificación de la información que debe contener dicho estudio.

2. El órgano ambiental, con el fin de evitar una repetición de la evaluación, tendrá en cuenta el alcance del plan o programa y su posterior desarrollo a través de otros planes o programas, a la hora de decidir la amplitud y grado de especificación de la información que debe contener el estudio de la incidencia ambiental.

3. Asimismo, con el objeto de facilitar su decisión sobre la amplitud y grado de especificación de dicha información, el órgano ambiental podrá recabar informes de otros órganos con competencias relacionadas con el medio ambiente.

 

 

Artículo 18.- Información pública

1. Cuando no haya sido sometido al trámite de información pública por el órgano promotor, el órgano ambiental someterá el estudio de incidencia ambiental a dicho trámite durante un período de treinta días.

2. El período de información pública será anunciado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.

3. Durante el período de información pública, el órgano ambiental podrá dar audiencia a otros órganos que pudieran verse afectados por la ejecución del plan o programa.

4. Cuando la información pública se haya realizado por el órgano promotor, éste remitirá los resultados de dicho trámite al órgano ambiental, en un plazo de quince días desde su finalización.

 

 

Artículo 19.- Propuesta de resolución y alegaciones

Antes de emitir el informe de Análisis Ambiental, si el órgano ambiental considera que el mismo debe ser desfavorable, o que deben imponerse medidas correctoras, dará traslado de la propuesta de informe al órgano promotor, a fin de que, en plazo de diez días, pueda formular las alegaciones que estime pertinentes.

 

 

Artículo 20.- Informe de Análisis Ambiental

1. Una vez realizados los trámites previstos en los artículos anteriores, el órgano ambiental emitirá el Informe de Análisis Ambiental, teniendo en cuenta el contenido de toda la documentación y de las alegaciones presentadas en el periodo de información pública, así como las alegaciones que en su caso haya realizado el órgano promotor de conformidad con lo previsto en el artículo anterior.

2. El informe de Análisis Ambiental se remitirá al órgano promotor y al órgano sustantivo para la aprobación del plan o programa correspondiente.

3. El Informe de Análisis Ambiental determinará, únicamente a efectos ambientales, la conveniencia o no de realizar el plan o programa en los términos en que esté planteado, las principales razones en las que se ha basado la decisión y, en caso favorable, las condiciones que deben establecerse para la adecuada protección del medio ambiente y los recursos naturales.

4. El Informe de Análisis Ambiental establecerá, asimismo, los proyectos y actividades derivados del plan o programa analizado que, por sus características particulares, deban ser sometidos a un procedimiento ambiental, así como los que, no encontrándose en el caso anterior, puedan requerir la adopción de medidas correctoras y precauciones especiales por sus previsibles afecciones ambientales, señalando, además, las alternativas que, en principio, pudieran resultar de menor impacto ambiental.

5. El plazo máximo para la emisión del informe será de cinco meses, contados a partir de la fecha de solicitud de inicio del procedimiento por el órgano promotor. Una vez transcurrido dicho plazo sin que se haya dictado resolución expresa, se entenderá que el Informe de Análisis Ambiental del plan o programa es desfavorable.

6. El plazo señalado en el punto anterior quedará interrumpido en caso de que se solicite información adicional o ampliación de la documentación y se reanudará una vez recibida la misma por el órgano ambiental.

7. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 11 de esta Ley, el Informe de Análisis Ambiental favorable será un requisito previo e indispensable para la aprobación del plan o programa y su contenido será vinculante por lo que las condiciones contenidas en dicho informe deberán incluirse expresamente en el plan o programa antes de su aprobación.

 

 

Artículo 21.- Procedimiento de análisis ambiental del planeamiento urbanístico

El análisis ambiental de los instrumentos de planeamiento urbanístico general, incluidas sus revisiones y modificaciones, se realizará de conformidad con lo previsto en los artículos anteriores con las siguientes particularidades:

a) El primer documento a remitir por el órgano promotor al órgano ambiental será, sin perjuicio del resto de la documentación que deba acompañarle, el que se vaya a someter a información pública en el procedimiento de aprobación del avance del planeamiento.

b) El estudio de la incidencia ambiental deberá contener, además de los aspectos contemplados en el artículo 16, cuantas cuestiones sean exigidas por la normativa ambiental específica de aplicación al planeamiento en la Comunidad de Madrid y, al menos, aquellas relacionadas con el saneamiento, depuración, evacuación de aguas pluviales, residuos y contaminación acústica.

c) Igualmente el estudio de la incidencia ambiental de los documentos de planeamiento evaluará y propondrá medidas y acciones tendentes a la protección del medio nocturno, minimizando la contaminación lumínica de los nuevos desarrollos urbanísticos propuestos.

d) Será requisito necesario la inclusión en el estudio de medidas tendentes al ahorro efectivo y disminución del consumo de agua potable, restringiendo en lo posible su uso al abastecimiento para el consumo.

e) En el plazo de tres meses, contados a partir de la recepción por el órgano ambiental de la documentación prevista en el apartado a), deberá emitirse un informe previo de análisis ambiental, con el contenido y las características previstos en el artículo 20 de esta Ley.

f) Una vez concluido el procedimiento de aprobación inicial, el órgano promotor enviará al órgano ambiental la documentación completa del plan que vaya a ser objeto de la aprobación provisional, con objeto de que éste emita, con carácter previo a la misma, el informe definitivo de análisis ambiental, para lo cual contará con un plazo de dos meses, contados a partir de la recepción de la citada documentación. 

 


TÍTULO III.- Evaluación de impacto ambiental


Capítulo I.- Criterios generales


Artículo 22.- Proyectos sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental

Se someterán a Evaluación de Impacto Ambiental los proyectos y actividades, públicos o privados, enumerados en los Anexos Segundo y Tercero de esta Ley, así como los que resulten de la aplicación de lo dispuesto en sus artículos 5 y 6. 

 

 

Artículo 23.- Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental

1. Los procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos y actividades serán de dos tipos:

a) Ordinario.

b) Abreviado.

2. Se tramitará por el procedimiento ordinario la Evaluación de Impacto Ambiental de los proyectos y actividades enumerados en el Anexo Segundo de esta Ley, y por el procedimiento abreviado la de los proyectos y actividades enumerados en el Anexo Tercero de esta Ley.

 

 

Artículo 24.- Competencias

La tramitación y resolución de los procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental corresponderá al órgano ambiental de la Comunidad de Madrid, salvo aquellos supuestos en que la competencia sustantiva para su aprobación o autorización corresponda a la Administración General del Estado. 

 


Capítulo II.- Evaluación de impacto ambiental ordinaria


Artículo 25.- Procedimiento ordinario

El procedimiento ordinario de Evaluación de Impacto Ambiental es el regulado por la legislación básica del Estado, por las disposiciones contenidas en esta Ley y por su desarrollo reglamentario, así como por las demás normas adicionales de protección que puedan establecerse. 

 

 

Artículo 26.- Inicio del procedimiento

1. Cuando pretenda realizarse un proyecto o actividad de los enumerados en el Anexo Segundo de esta Ley, el promotor deberá presentar una memoria-resumen del proyecto o actividad, junto con la solicitud de autorización del mismo y demás documentación exigible, en el órgano sustantivo, quien la remitirá al órgano ambiental, en el plazo máximo de quince días.

2. El procedimiento ordinario de evaluación de impacto ambiental se iniciará a partir de la recepción, por el órgano ambiental de la Comunidad de Madrid, de la memoria-resumen del proyecto o actividad que se somete a Evaluación de Impacto Ambiental. Dicho órgano comunicará al promotor la fecha de recepción, a los efectos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

3. La memoria-resumen deberá recoger las características más significativas del proyecto o actividad y deberá ser redactada por el promotor, de acuerdo con las directrices que le facilite el órgano ambiental.

4. El promotor deberá incluir en la memoria-resumen, entre otros datos, las determinaciones del planeamiento urbanístico vigente en el ámbito de implantación del proyecto o actividad, detallando, en especial, las referentes a usos permitidos y prohibidos, condiciones de uso y cualesquiera otras que pudieran tener relación con la actuación, así como un certificado de la viabilidad urbanística del proyecto o actividad, emitido por la administración competente en cada caso.

5. Los proyectos o actividades previamente declarados de interés público por el Gobierno de la Comunidad de Madrid podrán ser eximidos del requisito de presentación del certificado de viabilidad urbanística expresado en el párrafo anterior. 

 

 

Artículo 27.- Consultas previas

1. En el plazo de treinta días desde la recepción de la memoria-resumen, el órgano ambiental remitirá al promotor el listado de las personas, instituciones y administraciones, previsiblemente afectadas por el proyecto o actividad, a las que deberá consultar, así como las directrices básicas para la elaboración del estudio de impacto ambiental. En cualquier caso, el listado facilitado por el órgano ambiental podrá ser ampliado por el promotor.

2. El promotor enviará a dichas personas, instituciones y administraciones la memoria-resumen del proyecto o actividad, solicitándoles que formulen cuantas sugerencias consideren necesarias para la elaboración del estudio de impacto ambiental.

3. Tales sugerencias deberán enviarse al promotor en el plazo máximo de treinta días, remitiendo, además, copia al órgano ambiental. Transcurrido dicho plazo sin haber recibido respuesta, el promotor podrá continuar los trámites correspondientes.

4. Asimismo, las sugerencias recibidas en contestación a las consultas realizadas deberán ser tenidas en cuenta por el promotor en la elaboración del estudio de impacto ambiental. Cuando no se haya estimado conveniente considerar alguna de las respuestas, se incluirá la justificación de tal decisión en el estudio de impacto ambiental.

5. A partir de la remisión al promotor del listado de las personas, instituciones y administraciones a las que deberá consultar, el procedimiento quedará interrumpido hasta la recepción del estudio de impacto ambiental por el órgano ambiental. No obstante, si el órgano ambiental no hubiera recibido el estudio de impacto ambiental en el plazo de siete meses desde que se interrumpió el procedimiento, podrá acordar el archivo del expediente, notificándoselo al promotor.

6. A solicitud del promotor, el órgano ambiental pondrá a su disposición cuanta información esté en su poder y sea relevante para la correcta elaboración del estudio de impacto ambiental. 

 

 

Artículo 28.- Estudio de Impacto Ambiental

1. El estudio de impacto ambiental comprenderá, al menos, la siguiente información:

a) Descripción del proyecto y sus alternativas que deberá incluir, entre otros datos, objetivos, localización y dimensiones; instalaciones anexas; modo de ejecución de las obras y programación temporal de las mismas; características de los procesos productivos, con indicación de la naturaleza y cantidad de los materiales utilizados; balance de materia y de energía; y exigencias de ocupación de suelo.

b) Evaluación de un conjunto de alternativas lo suficientemente amplio como para permitir determinar razonablemente la opción de menor impacto ambiental global. Las alternativas planteadas deberán ser técnicamente viables y adecuadas al fin del proyecto.

c) Descripción de las Mejores Tecnologías Disponibles y de las Mejores Prácticas Disponibles de posible aplicación.

d) Determinaciones del planeamiento urbanístico vigente en el ámbito de influencia del proyecto, detallando, en especial, las referentes a usos permitidos y prohibidos, condiciones de uso y cualesquiera otras que pudieran tener relación con la actuación.

e) Estudio socio-demográfico de la población del área de influencia de la instalación. Descripción de las zonas habitadas próximas actuales o futuras, distancias críticas y análisis de los factores de riesgo para la salud de las poblaciones limítrofes, según su naturaleza.

f) Descripción de los recursos naturales y factores ambientales que previsiblemente se verán alterados. Dentro de este análisis, se incluirán aquellos indicadores ambientales del "estado cero" del área susceptible de verse afectada por el proyecto o actividad.

g) Descripción de los tipos, cantidades y composición de los residuos generados, vertidos, y emisiones contaminantes en todas sus formas, y la gestión prevista para ellos, así como cualquier otro elemento derivado de la actuación, tanto si corresponde a la fase de preparación del proyecto, previo a su inicio, como si corresponde a su fase de ejecución, funcionamiento, clausura o cese de la actividad.

h) Identificación y valoración de las alteraciones generadas por las acciones de la alternativa propuesta susceptibles de producir un impacto directo o indirecto sobre el medio ambiente o sobre los bienes materiales, incluido el patrimonio histórico artístico y arqueológico, detallando las metodologías y procesos de cálculo utilizados en la valoración.

i) Valoración integral de la incidencia ambiental del proyecto y estimación del impacto ambiental inducido por la puesta en marcha del proyecto o actividad como por ejemplo; movimientos de población, implantación de actividades complementarias al proyecto principal o necesidad de nuevas infraestructuras, entre otros.

j) Identificación, caracterización y valoración de la generación de riesgos directos o inducidos; deslizamiento, subsidencia, inundación, erosión, incendio, riesgo de emisiones o vertidos incontrolados de sustancias peligrosas, accidentes en el transporte de sustancias peligrosas, acumulación de instalaciones peligrosas en la zona de influencia del proyecto o actividad.

k) Identificación, caracterización y valoración de los posibles efectos negativos sobre la población del área de influencia, considerando los factores de riesgo para la salud analizados, la exposición de la población, los potenciales efectos sobre la salud (agudos, acumulativos, sinérgicos, periódicos, entre otros) y su gravedad.

l) Identificación, caracterización y valoración de los posibles efectos negativos sobre el paisaje, incluyendo afección a vistas panorámicas o a elementos singulares, creación de nuevas fuentes de luz o brillo significativas que puedan afectar negativamente a las vistas diurnas o nocturnas del área.

m) Identificación, caracterización y valoración de los posibles efectos negativos sobre la agricultura, especialmente en el caso de conversión de suelos agrícolas de gran productividad a uso no agrícola.

n) Compatibilidad del proyecto o actividad con la legislación vigente y con planes y programas europeos, nacionales o autonómicos en materia ambiental, con especial incidencia en los relativos a la conservación de especies, espacios naturales, gestión y ahorro de agua y energía y gestión de residuos.

ñ) Estudio y propuesta de medidas preventivas, correctoras y compensatorias, e indicación de impactos residuales, así como la estimación económica del coste de ejecución de las mismas.

o) Programa de vigilancia ambiental, en el que se establecerán los controles necesarios para el seguimiento de la ejecución y efectividad de las medidas propuestas, indicando la metodología y el cronograma de las mismas. Asimismo deberá incluirse un conjunto de indicadores tanto del grado de ejecución de las medidas correctoras y preventivas como del seguimiento de su efectividad.

p) Resumen en términos fácilmente comprensibles del estudio, en el que se señalarán los principales factores del medio afectados, los impactos más significativos derivados de las acciones del proyecto, las medidas propuestas para su eliminación, reducción o compensación, así como los controles para su vigilancia. Este resumen recogerá también, en su caso, informe sobre las dificultades informativas o técnicas encontradas en la elaboración del estudio.

2. Asimismo, si se trata de una actividad catalogada como potencialmente contaminante por ruido o vibraciones, el estudio de impacto ambiental deberá contener la información exigida por la normativa vigente en la Comunidad de Madrid, en la materia.

3. En el caso de proyectos o actividades englobados dentro de planes o programas que hayan sido sometidos al procedimiento de Análisis Ambiental, el estudio de impacto ambiental deberá recoger, de forma obligatoria, lo establecido en el informe de Análisis Ambiental. 

 

 

Artículo 29.- Información pública del estudio de impacto ambiental

1. El estudio de impacto ambiental se presentará en el órgano sustantivo. Deberán presentarse tantos ejemplares del estudio de impacto ambiental como número de municipios en los que se localice el proyecto o actividad incrementados en dos unidades.

2. Si dentro del procedimiento que siga el órgano sustantivo para la autorización del proyecto, estuviese previsto el trámite de información pública, el estudio de impacto ambiental se someterá al mismo junto con el documento técnico del proyecto o actividad. Asimismo, el estudio de impacto ambiental se someterá a los demás trámites de informe que en dicho procedimiento se establezcan. En este caso, de manera previa a la resolución administrativa que se adopte para la autorización o aprobación del proyecto o actividad, el órgano sustantivo remitirá al órgano ambiental el expediente, que deberá estar integrado, al menos, por el documento técnico del proyecto o actividad, el estudio de impacto ambiental y el resultado de la información pública.

3. Si no estuviese previsto este trámite en el citado procedimiento, el órgano sustantivo remitirá al órgano ambiental los ejemplares del estudio de impacto ambiental, en el plazo máximo de quince días desde su recepción. El órgano ambiental procederá directamente a someter el estudio de impacto ambiental a información pública por un periodo de treinta días, así como a recabar los informes que, en cada caso, considere necesarios.

4. El período de información pública será anunciado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, y en el tablón de anuncios de los Ayuntamientos en cuyos términos municipales se ubique físicamente el proyecto o actividad. 

 


Capítulo III.- Evaluación de impacto ambiental abreviada

Artículo 30.- Procedimiento abreviado

El procedimiento abreviado de Evaluación de Impacto Ambiental se regirá por lo dispuesto en esta Ley y sus normas de desarrollo, así como por las demás normas adicionales de protección que puedan establecerse. 

 

 

Artículo 31.- Inicio del procedimiento

1. Cuando pretenda realizarse un proyecto o actividad de los enumerados en el Anexo Tercero de esta Ley, el promotor deberá presentar el estudio de impacto ambiental del proyecto o actividad, junto con la solicitud de autorización del mismo y demás documentación exigible, en el órgano sustantivo, quien lo remitirá al órgano ambiental, en el plazo máximo de quince días.

2. Deberán presentarse tantos ejemplares del estudio de impacto ambiental como número de municipios en los que se localice el proyecto o actividad, incrementados en dos unidades.

3. El procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Abreviada de proyectos y actividades se iniciará con la recepción, por el órgano ambiental, del estudio de impacto ambiental. Dicho órgano comunicará al promotor la fecha de recepción, a los efectos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

 

 

Artículo 32.- Estudio de impacto ambiental del procedimiento abreviado

El contenido mínimo del estudio de impacto ambiental para los proyectos y actividades sometidos al procedimiento abreviado será el establecido en el artículo 28 de esta Ley. 

 

 

Artículo 33.- Información pública

El estudio de impacto ambiental se someterá a información pública por el órgano ambiental de conformidad con lo establecido en el artículo 29, durante un periodo de veinte días hábiles.

 

 

Capítulo IV.- Declaración de impacto ambiental 

Artículo 34.- Declaración de Impacto Ambiental

1. Una vez finalizada la tramitación de los procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental previstos en los capítulos anteriores, el órgano ambiental de la Comunidad de Madrid formulará la Declaración de Impacto Ambiental, en la que determinará, a los solos efectos ambientales, la conveniencia o no de realizar el proyecto o actividad, los principales motivos en las que se ha basado la decisión y, en caso favorable, las condiciones que deben establecerse para la adecuada protección del medio ambiente y los recursos naturales.

2. La Declaración de Impacto Ambiental deberá emitirse en el plazo máximo de nueve meses, contados a partir de la recepción por el órgano ambiental de la memoria-resumen, si se trata del procedimiento ordinario, o de cinco meses, contados a partir de la recepción por el órgano ambiental de la Comunidad de Madrid del estudio de impacto ambiental, si se trata del procedimiento abreviado. Transcurridos dichos plazos sin que se haya dictado resolución expresa, se entenderá que la Declaración de Impacto Ambiental es negativa. Estos plazos quedarán interrumpidos en caso de que se solicite información adicional o ampliación de la documentación y se reanudarán una vez recibida la misma por el órgano ambiental competente o transcurrido el plazo concedido al efecto.

3. En el caso de proyectos o actividades englobados dentro de planes o programas que hayan sido sometidos al procedimiento de Análisis Ambiental, la Declaración de Impacto Ambiental no podrá entrar en contradicción con el condicionado establecido en el informe de Análisis Ambiental emitido, salvo que se produjesen cambios significativos debidamente justificados en las condiciones ambientales del medio que pudiera verse afectado por la ejecución del proyecto o actividad.

 

 

Artículo 35.- Publicación de la Declaración de Impacto Ambiental

1. La Declaración de Impacto Ambiental será publicada en todo caso en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.

2. Una vez formulada la Declaración de Impacto Ambiental, el órgano ambiental la remitirá al órgano con competencia sustantiva y al promotor. 

 

 

Artículo 36.- Efectos de la Declaración de Impacto Ambiental

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 11 de esta Ley, la Declaración de Impacto Ambiental favorable constituye requisito previo e indispensable para el otorgamiento de cualquiera de las autorizaciones o licencias que los proyectos o actividades sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental precisen para su ejecución, siendo, asimismo, el contenido de dicha Declaración de Impacto Ambiental vinculante para tales autorizaciones o licencias.

2. Las licencias o autorizaciones otorgadas contraviniendo lo dispuesto en el apartado anterior serán nulas de pleno derecho.

 

 

Artículo 37.- Revisión de la Declaración de Impacto Ambiental

1. Si en el plazo de dos años desde la emisión de la Declaración de Impacto Ambiental, no hubieren comenzado las obras o el montaje de las instalaciones necesarias para la ejecución del proyecto o actividad, dicha Declaración de Impacto Ambiental deberá someterse en todo caso, a solicitud del promotor, a informe del órgano ambiental de la Comunidad de Madrid que revise la vigencia de lo que en ella se estableció en su momento.

2. Asimismo, deberá revisarse, a requerimiento del órgano ambiental, la Declaración de Impacto Ambiental si, de forma previa al comienzo de las obras o del montaje de las instalaciones necesarias para la ejecución del proyecto o actividad, se produjesen cambios significativos en las condiciones ambientales del medio que puede verse afectado.

3. El plazo máximo de emisión de la resolución sobre la revisión de la Declaración de Impacto Ambiental será de cuarenta y cinco días. Transcurrido dicho plazo sin que se haya emitido la citada resolución, podrá entenderse vigente la Declaración de Impacto Ambiental formulada en su día.

4. A los efectos previstos en este artículo, el promotor de cualquier proyecto o actividad sometido a evaluación de impacto ambiental, deberá comunicar al órgano ambiental, con la suficiente antelación, la fecha de comienzo de las obras o del montaje de las instalaciones. 

 

 

Capítulo V.- Normas comunes 

Artículo 38.- Confidencialidad
El órgano ambiental competente, al realizar la Evaluación de Impacto Ambiental, deberá respetar la confidencialidad de los datos e informaciones suministrados por el promotor, para los que haya solicitado que se les confiera tal carácter, teniendo en cuenta, en todo caso, la protección del interés público. 

 

 

Artículo 39.- Responsabilidad del autor del Estudio de Impacto Ambiental

La responsabilidad, en cuanto al contenido del estudio de impacto ambiental, salvo la derivada de los datos facilitados por la Administración, podrá exigirse de forma solidaria al autor del estudio y al promotor del proyecto o actividad. 

 

 

Artículo 40.- Información complementaria

Antes de efectuar la Declaración de Impacto Ambiental, el órgano ambiental de la Comunidad de Madrid, a la vista de los informes recabados y de las alegaciones formuladas en el periodo de información pública, y dentro de los treinta días siguientes a la terminación de dicho trámite, comunicará al promotor, en su caso, los aspectos en los que el estudio de impacto ambiental ha de ser completado, fijándose un plazo de veinte días para su cumplimiento, transcurrido el cual procederá a formular la Declaración de Impacto Ambiental, de acuerdo con lo establecido en el artículo 34 de esta Ley. 

 

 

TÍTULO IV.- Evaluación ambiental de actividades

 

Artículo 41.- Ámbito de aplicación

Deberán someterse al procedimiento de Evaluación Ambiental de Actividades las relacionadas en el Anexo Quinto de esta Ley, con las particularidades previstas en los artículos siguientes.

 

 

Artículo 42.- Competencias

1. La tramitación y resolución del procedimiento de Evaluación Ambiental de Actividades corresponderá a los municipios.

2. El ejercicio efectivo de esta competencia por parte de los Ayuntamientos podrá realizarse a través de órganos mancomunados, consorciados u otras asociaciones, de conformidad con lo establecido en la legislación de régimen local, en cuyo caso, deberá comunicarse al órgano ambiental de la Comunidad de Madrid. 

 

 

Artículo 43.- Iniciación del procedimiento

1. El procedimiento de Evaluación Ambiental de Actividades se iniciará con la presentación, en el ayuntamiento donde se pretenda instalar la actividad o desarrollar el proyecto, de la solicitud de autorización o licencia, a la que se acompañará el proyecto técnico regulado en el artículo siguiente.

2. Simultáneamente, el promotor deberá iniciar todos los trámites necesarios para recabar los informes ambientales preceptivos de otras administraciones públicas. 

 

 

Artículo 44.- Proyecto técnico

1. El proyecto técnico de las actividades que se pretenda someter a Evaluación Ambiental, de conformidad con lo dispuesto en este Título, deberá incluir una memoria ambiental detallada de la actividad o el proyecto que contenga, al menos:

a) La localización y descripción de las instalaciones, procesos productivos, materias primas y auxiliares utilizadas, energía consumida, caudales de abastecimiento de agua y productos y subproductos obtenidos.

b) La composición de las emisiones gaseosas, de los vertidos y de los residuos producidos por la actividad, con indicación de las cantidades estimadas de cada uno de ellos y su destino, así como los niveles de presión sonora y vibraciones emitidos. Las técnicas propuestas de prevención, reducción y sistemas de control de las emisiones, vertidos y residuos.

c) El grado de alteración del medio ambiente de la zona afectada, con carácter previo al inicio de la actividad (estado preoperacional), y evolución previsible de las condiciones ambientales durante todas las fases del proyecto o actividad; construcción, explotación o desarrollo de la actividad, cese de la misma y desmantelamiento de las instalaciones. Las técnicas de restauración del medio afectado por la actividad y programa de seguimiento del área restaurada.

d) Las determinaciones del planeamiento urbanístico vigente en el ámbito de implantación de la actividad, detallando, en especial, las referentes a usos permitidos y prohibidos, condiciones de uso y cualesquiera otras que pudieran tener relación con la actuación.

e) Cualquier otra información que resulte relevante para la evaluación de la actividad desde el punto de vista ambiental.

2. Asimismo, si se trata de una actividad catalogada como potencialmente contaminante por ruido o vibraciones, el proyecto técnico deberá contener la información exigida por la normativa vigente en la Comunidad de Madrid, en la materia. 

 

 

Artículo 45.- Información pública

La solicitud de autorización o licencia, junto con el proyecto técnico que deberá acompañarla, se someterá al trámite de información pública durante un período de veinte días, por el ente local competente mediante anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y en los tablones de anuncios de los Ayuntamientos afectados. Asimismo, dicha documentación será notificada a los vecinos interesados por razón del emplazamiento propuesto, quienes podrán presentar alegaciones en el mismo plazo de veinte días. 

 

 

Artículo 46.- Propuesta de resolución y alegaciones

Antes de emitir el Informe de Evaluación Ambiental de Actividades, si el órgano competente para ello considera que el mismo debe ser desfavorable, o que deben imponerse medidas correctoras, dará traslado de la propuesta del Informe al promotor, a fin de que, en plazo de diez días, pueda formular las alegaciones que estime pertinentes. 

 

 

Artículo 47.- Informe de Evaluación Ambiental de Actividades

1. Una vez realizados los trámites previstos en los artículos anteriores, el Ayuntamiento emitirá el Informe de Evaluación Ambiental de Actividades, conforme a lo previsto en esta Ley. Dicho informe será público.

2. El Informe de Evaluación Ambiental de Actividades determinará, únicamente a efectos ambientales, las condiciones con arreglo a las cuales podrá iniciarse la actividad, sin perjuicio de las demás licencias y autorizaciones administrativas que puedan ser necesarias.

3. El plazo máximo para la emisión del Informe será de cinco meses, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud. Una vez transcurridos sin que se haya dictado resolución expresa, podrá entenderse que el Informe de Evaluación Ambiental de la actividad es negativo. Este plazo quedará interrumpido en caso de que se solicite información adicional o ampliación de la documentación y se reanudará una vez recibida la misma por el órgano ambiental competente o transcurrido el plazo concedido al efecto.

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 11 de esta Ley, el Informe de Evaluación Ambiental de Actividades favorable será un requisito previo e indispensable para la concesión de cualquier licencia municipal relacionada con el proyecto o actividad en cuestión, siendo, asimismo, el contenido de dicho Informe vinculante para tales licencias.

5. Las licencias municipales otorgadas contraviniendo lo dispuesto en el apartado anterior serán nulas de pleno derecho. 

 

 

Artículo 48.- Información

Dentro de los treinta primeros días de cada año natural, los Ayuntamientos deberán remitir al órgano ambiental de la Comunidad de Madrid la relación de actividades que hayan sido sometidas al Procedimiento de Evaluación Ambiental de Actividades durante el año anterior. 

 

 

TÍTULO V.- Inspección, vigilancia y control

 

Artículo 49.- Órganos competentes

1. Corresponde al órgano ambiental de la Comunidad de Madrid o, en su caso, del Ayuntamiento competente, la inspección, vigilancia y control ambiental en los términos previstos en esta Ley y en sus disposiciones de desarrollo, así como en la legislación de Régimen Local y disposiciones aplicables por razón de la materia.

2. Los municipios podrán, en cualquier momento, realizar las inspecciones y comprobaciones que consideren necesarias en relación con las actividades objeto de Evaluación Ambiental de Actividades.

3. Los municipios podrán solicitar la asistencia del órgano ambiental de la Comunidad de Madrid para la realización de aquellas inspecciones que por sus características peculiares resulten de imposible o de muy difícil ejecución por el propio municipio. 

 

 

Artículo 50.- Servicios de inspección y vigilancia de la Comunidad de Madrid

1. Los funcionarios adscritos a los servicios de vigilancia e inspección ambiental de la Comunidad de Madrid tendrán a su cargo, dentro de las funciones que se les atribuyan, la vigilancia e inspección de la ejecución de los planes, programas, proyectos y actividades sujetos a esta Ley.

2. Estos funcionarios, en el ejercicio de sus funciones, tendrán la consideración de agentes de la autoridad y podrán acceder a aquellos lugares e instalaciones donde se desarrollen las actividades mencionadas en el apartado anterior, previa identificación y sin necesidad de previo aviso.

3. El titular del órgano ambiental podrá designar, en situaciones especiales y para el ejercicio de alguna de las funciones de vigilancia e inspección, a otros funcionarios que presten sus servicios en la correspondiente Administración, como agentes de la autoridad.

4. Los agentes de la autoridad, en el ejercicio de sus funciones y para el desempeño de las mismas, podrán ir acompañados de asesores técnicos debidamente identificados y autorizados por el titular del Centro directivo del que dependan los servicios de vigilancia e inspección. Estos asesores, que en ningún caso tendrán la consideración de agentes de la autoridad ni gozarán de las potestades de los mismos, estarán obligados a guardar secreto respecto de los datos e informaciones que conocieran en el ejercicio de estas funciones. 

 

 

Artículo 51.- Actas de inspección

1. El resultado de la vigilancia, inspección o control se consignará en el correspondiente acta o documento público que, firmado por el funcionario y con las formalidades exigidas, gozará de presunción de veracidad y valor probatorio en cuanto a los hechos consignados en el mismo, sin perjuicio de las demás pruebas que los interesados puedan aportar en defensa de sus respectivos intereses.

2. Del citado documento se entregará copia al interesado. 

 

 

Artículo 52.- Deber de colaboración

Los titulares, responsables o encargados de los proyectos y actividades que sean objeto de vigilancia o inspección, están obligados a permitir el acceso de los funcionarios debidamente acreditados y a los asesores técnicos, mencionados en el artículo 50.4 de esta Ley, para el ejercicio de sus funciones, así como a prestarles la colaboración necesaria para su desarrollo, facilitando cuanta información y documentación les sea requerida a tal efecto. 

 

 

Artículo 53.- Medidas provisionales urgentes

1. Cuando exista riesgo grave para el medio ambiente o para la salud de las personas, el órgano ambiental competente ordenará, mediante resolución motivada, las medidas indispensables para su protección; entre otras, la suspensión inmediata de la actividad generadora del riesgo. En caso de que la adopción de la medida provisional corresponda al órgano ambiental de la Comunidad de Madrid, será competente el titular de dicho órgano.

2. Estas medidas no tienen carácter sancionador. En el plazo máximo de quince días desde su adopción, el órgano ambiental deberá proceder bien a la incoación del correspondiente expediente sancionador, en el que deberá adoptarse como primera actuación el mantenimiento, cese o modificación de la medida provisional, o bien a pronunciarse expresamente sobre los mismos extremos y en los mismos términos si no existieren motivos suficientes para la incoación de expediente sancionador.

3. Si las medidas hubieran sido adoptadas por el órgano ambiental de la Comunidad de Madrid, éste deberá comunicar la resolución al Ayuntamiento o Ayuntamientos afectados a la mayor brevedad posible y, en todo caso, en el plazo máximo de diez días.

4. Igualmente, si las medidas han sido adoptadas por un Ayuntamiento, éste deberá comunicar la resolución al órgano ambiental de la Comunidad de Madrid, en el mismo plazo previsto en el apartado anterior. 

 

 

Artículo 54.- Coordinación y sustitución

1. El órgano ambiental de la Comunidad de Madrid pondrá en conocimiento de la Administración competente, con la mayor brevedad posible y, en todo caso en el plazo máximo de diez días, los hechos de los que tuviera conocimiento, que pudieran afectar al medio ambiente, a fin de que se adopten las medidas necesarias para preservarlo y, en su caso, se incoe el procedimiento sancionador correspondiente.

2. Los Ayuntamientos, deberán adoptar dichas medidas en el plazo máximo de un mes, a contar desde que reciban la comunicación prevista en el apartado anterior, dando traslado de los acuerdos al órgano ambiental de la Comunidad de Madrid, en el plazo de diez días. Si el Ayuntamiento no adoptara tales medidas, el órgano ambiental de la Comunidad de Madrid le requerirá expresamente para que las adopte en el plazo quince días. En caso de que siguiera sin adoptarlas transcurrido el plazo indicado, el órgano ambiental autonómico podrá ordenar las actuaciones que estime procedentes para preservar los valores ambientales y, en su caso, incoar el correspondiente expediente sancionador.

3. Todos los plazos previstos en el presente artículo se reducirán a la mitad cuando concurran motivos de urgencia expresamente señalados por el órgano ambiental de la Comunidad de Madrid.

 

 

Artículo 55.- Suspensión de la ejecución de planes, programas, proyectos o actividades

1. El órgano sustantivo, a iniciativa propia o previo requerimiento del órgano ambiental, suspenderá la ejecución de los planes, programas, proyectos o actividades cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que hayan empezado a ejecutarse sin contar con alguno de los informes, declaraciones o autorizaciones ambientales cuando éstas sean preceptivas.
b) Cuando se haya procedido a la ocultación, al falseamiento o a la manipulación de datos e informaciones.
c) Que se ejecute incumpliendo las condiciones o medidas correctoras recogidas en los informes, declaraciones o autorizaciones.
2. El órgano sustantivo, como medida preventiva, acordará de forma inmediata y, en todo caso en el plazo máximo de diez días, la suspensión requerida por el órgano ambiental o elevará su disconformidad al Gobierno de la Comunidad de Madrid, que resolverá sobre la procedencia de la suspensión.

3. Transcurrido dicho plazo sin que el órgano sustantivo haya acordado expresamente la suspensión o elevado su disconformidad con el requerimiento, el órgano ambiental acordará la suspensión y elevará el expediente al Gobierno de la Comunidad de Madrid, quien decidirá acerca del mantenimiento o levantamiento de la suspensión.

 

 

TÍTULO VI.- Disciplina ambiental

 

Capítulo I.- Régimen sancionador 

Artículo 56.- Infracciones

1. Constituyen infracciones, conforme a esta Ley, las acciones y omisiones tipificadas en la misma, sin perjuicio de las responsabilidades de cualquier orden que pudieran derivarse de las mismas.

2. Las infracciones a esta Ley se clasifican en muy graves, graves y leves. 

 

 

Artículo 57.- Responsabilidad

1. Sólo podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en esta Ley, las personas físicas o jurídicas que resulten responsables de los mismos, aun a título de mera inobservancia.

2. Cuando en la infracción hubieren participado varias personas conjuntamente y no sea posible determinar el grado de intervención de las mismas en la infracción, la responsabilidad de todas ellas será solidaria.

 

 

Artículo 58.- Infracciones muy graves

Son infracciones muy graves:

a) El inicio o ejecución de obras, proyectos o actividades sujetos a Evaluación de Impacto Ambiental sin haber obtenido Declaración de Impacto Ambiental positiva o incumpliendo las condiciones establecidas en la misma.

b) El incumplimiento de las resoluciones de cierre o clausura de establecimientos, de suspensión de actividades, de adopción de medidas correctoras o de restauración del medio ambiente.

c) El incumplimiento de las medidas provisionales y cautelares adoptadas por el órgano competente conforme a lo dispuesto en esta Ley.

d) La comisión de dos o más faltas graves en un período de dos años. 

 

 

Artículo 59.- Infracciones graves

Son infracciones graves:

a) La aprobación de planes o programas incluidos en el Anexo Primero de esta Ley sin haber obtenido el correspondiente Informe de Análisis Ambiental.

b) El inicio o desarrollo de actividades sometidas a Evaluación Ambiental de Actividades sin haber obtenido el informe de Evaluación Ambiental positivo o incumpliendo las condiciones establecidas en el mismo.

c) La ocultación, el falseamiento o la manipulación de los datos e informaciones necesarias para cualquiera de los procedimientos ambientales previstos en esta Ley.

d) El incumplimiento de los programas de vigilancia ambiental.

e) No solicitar al órgano ambiental su pronunciamiento acerca del sometimiento o no a un procedimiento ambiental de los planes, programas, proyectos o actividades a los que se refiere el artículo 5 de esta Ley.

f) La obstrucción a las labores de inspección, vigilancia y control de la Administración, consistente en la ocultación de datos, su falseamiento o manipulación en las actuaciones inspectoras o en la negativa a permitir el acceso de los agentes de la autoridad cuando actúen en ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control.

g) La descarga en el medio ambiente de productos o sustancias tanto en estado sólido, líquido o gaseoso, o de formas de energía, incluso sonora, que ponga en peligro la salud humana y los recursos naturales, suponga un deterioro de las condiciones ambientales o afecte al equilibrio ecológico en general y que esté relacionada con las actividades contempladas en los Anexos de esta Ley.

h) La comisión de alguna de las infracciones tipificadas en el artículo anterior, cuando por su cuantía y entidad no merezcan la calificación de muy graves.

i) La comisión de dos o más faltas leves en un período de dos años.

 

 

Artículo 60.- Infracciones leves

Son infracciones leves:

a) La adopción de medidas correctoras o restitutorias impuestas por el órgano competente, fuera del plazo concedido al efecto.

b) La falta de colaboración en la práctica de las inspecciones ambientales, cuando no esté prevista como infracción grave.

c) La comisión de alguna de las infracciones tipificadas en el artículo anterior, cuando por su escasa cuantía y entidad no merezcan la calificación de graves.

d) Cualesquiera otras que constituyan incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ley, vulneración de las prohibiciones en ella recogidas o la omisión de actos que fueran obligatorios conforme a la misma, cuando no proceda su calificación como falta muy grave o grave. 

 

 

Artículo 61.- Prescripción de las infracciones

1. Las infracciones previstas en esta Ley prescribirán en los siguientes plazos:

a) Las infracciones muy graves, a los tres años.

b) Las infracciones graves, a los dos años.

c) Las infracciones leves, al año.

2. El plazo de prescripción comenzará a contarse desde el día en que la infracción se hubiese cometido. Cuando se trate de infracciones continuadas, el plazo de prescripción comenzará a contar desde el momento de la finalización o cese de la acción u omisión que constituye la infracción.

En caso de que los daños al medio ambiente derivados de las infracciones no fueran inmediatamente perceptibles, el plazo de prescripción de la infracción comenzará a contarse desde la manifestación o detección del daño ambiental.

3. La prescripción se interrumpirá por la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador, reanudándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviera paralizado durante más de un mes por causa no imputable al interesado.

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 de este artículo, la prescripción de las infracciones no afecta a la obligación de solicitar las autorizaciones, licencias o concesiones necesarias para la ejecución del proyecto, obra o actividad. 

 

 

Artículo 62.- Sanciones

1. Por la comisión de las infracciones muy graves podrá imponerse una o varias de las siguientes sanciones:

a) Multa comprendida entre 240.406 y 2.404.050 euros.

b) Cierre del establecimiento por un período no superior a cuatro años ni inferior a dos.

c) Suspensión total o parcial de la actividad por un período no superior a cuatro años ni inferior a dos.

d) Clausura definitiva, total o parcial, del establecimiento.

e) Cese definitivo de la actividad.

 

2. Por la comisión de las infracciones graves podrá imponerse alguna de las siguientes sanciones:

a) Multa entre 60.001 y 240.405 euros.

b) Cierre del establecimiento por un periodo no superior a dos años ni inferior a seis meses.

c) Suspensión total o parcial de la actividad por un período no superior a dos años ni inferior a seis meses.

 

3. Por la comisión de las infracciones leves podrá imponerse alguna de las siguientes sanciones:

a) Multa de hasta 60.000 euros.

b) Cierre del establecimiento o suspensión total o parcial de la actividad por un periodo no superior a seis meses.

 

4. La sanción de multa será compatible con el resto de las sanciones previstas en los apartados anteriores.

5. En ningún caso la multa correspondiente será igual o inferior al beneficio que resulte de la comisión de la infracción, pudiendo incrementarse su cuantía hasta el doble del mismo, aunque ello suponga superar las sanciones máximas previstas en los párrafos precedentes.

6. Las personas físicas o jurídicas que hayan sido sancionadas por faltas graves o muy graves derivadas del incumplimiento de la normativa en materia de medio ambiente no podrán obtener subvenciones ni otro tipo de ayudas de la Comunidad de Madrid hasta que hayan transcurrido dos años desde que se haya cumplido íntegramente la sanción y, en su caso, ejecutado las medidas correctoras pertinentes en su totalidad.

7. Por razones de ejemplaridad y siempre que concurra alguna de las circunstancias de riesgo o daño efectivo para el medio ambiente, reincidencia o intencionalidad acreditada, el órgano competente para resolver el procedimiento sancionador dará publicidad a las sanciones impuestas, una vez firmes en vía administrativa, mediante la publicación del nombre de las personas físicas o jurídicas responsables, con indicación expresa de las infracciones cometidas. La publicidad se efectuará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y en los medios de comunicación social que se consideren adecuados para la prevención de futuras conductas infractoras.

 

 

Artículo 63.- Graduación de las sanciones

1. Las sanciones deberán guardar la debida proporcionalidad con la gravedad de la acción u omisión constitutiva de la infracción.

2. Las sanciones se graduarán atendiendo, especialmente, a los siguientes criterios:

a) El riesgo o daño ocasionado, su repercusión y trascendencia social, el coste de restitución o la irreversibilidad del daño o deterioro producido en la calidad del recurso o del bien protegido, la intencionalidad de la conducta y la reiteración o reincidencia en la comisión de infracciones al medio ambiente.
b) La comisión de la infracción en las áreas especiales identificadas del Anexo Sexto de esta Ley.
c) La adopción, con antelación a la finalización del procedimiento sancionador, y previo consentimiento del órgano ambiental competente, de medidas correctoras que minimicen o resuelvan los efectos perjudiciales que sobre el medio ambiente deriven de la infracción.

3. Cuando la sanción consista en el cierre temporal del establecimiento o la suspensión de la actividad, se incluirá en el cómputo de la duración de la sanción el tiempo que el establecimiento hubiera estado cerrado o la actividad suspendida como medida provisional o cautelar. 

 

 

Artículo 64.- Prescripción de las sanciones

1. Las sanciones impuestas por infracciones muy graves prescribirán a los cinco años, las impuestas por infracciones graves a los tres años y las impuestas por infracciones leves al año.

2. El plazo de prescripción comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción.

3. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento de ejecución de la sanción, volviendo a transcurrir el plazo si aquél está paralizado durante más de un mes por causa no imputable al infractor.

 

 

Artículo 65.- Compatibilidad de las sanciones

1. Cuando la misma conducta resulte sancionable con arreglo a esta Ley y a otras normas de protección ambiental, se impondrá únicamente la sanción más grave de las que resulten aplicables, o a igual gravedad, la de superior cuantía, salvo que en ambas normas se tipifique la misma infracción, en cuyo caso, prevalecerá la norma especial.

2. El apartado anterior no será de aplicación a las acciones u omisiones que infrinjan normas de protección ambiental y normas de índole sectorial encaminadas a la protección de bienes o valores distintos, o se funden en el incumplimiento de diferentes obligaciones formales.

En estos supuestos, el órgano ambiental de la Comunidad de Madrid deberá remitir al órgano competente por razón de la materia los antecedentes que obren en su poder y que pudieran acreditar dicha infracción.

 

 

Artículo 66.- Reparación e indemnización de los daños al medio ambiente

1. Sin perjuicio de las sanciones que se impongan, los infractores a la normativa de medio ambiente estarán obligados a reparar el daño causado, con objeto de restaurar el medio ambiente y reponer los bienes a su estado anterior a la comisión de la infracción.

2. La resolución sancionadora deberá reflejar expresamente esta obligación del infractor, determinando el contenido de la misma y el plazo para hacerla efectiva.

3. Si el infractor no reparase el daño en el plazo que se haya fijado en la resolución o no lo hiciese en la forma en ella establecida, el órgano competente podrá imponerle multas coercitivas, que serán reiteradas por lapsos de tiempo suficientes para cumplir lo ordenado. Estas multas serán independientes y compatibles con las sanciones que se hubieran impuesto por la infracción cometida y con las sanciones que pudieran imponerse por el incumplimiento de la obligación de reparación.

La cuantía de cada una de las multas coercitivas podrá alcanzar hasta el diez por ciento de la multa impuesta o que pudiera imponerse por la infracción cometida. La cuantía se fijará teniendo en cuenta los criterios siguientes:

a) El retraso en el cumplimiento de la obligación de reparar.

b) La existencia de intencionalidad o reiteración.

c) La naturaleza de los perjuicios causados y, en concreto, que el daño afecte a recursos o espacios únicos, escasos o protegidos.

d) La reincidencia en el incumplimiento de las obligaciones de reparación de los daños al medio ambiente.

4. Si el infractor no cumpliera su obligación de restauración del medio ambiente, el órgano sancionador podrá, igualmente, ordenar la ejecución subsidiaria conforme a lo previsto en el artículo 98 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

La ejecución subsidiaria se hará por cuenta de los responsables, sin perjuicio de las sanciones y demás indemnizaciones a que hubiere lugar.

5. El responsable de las infracciones en materia de medio ambiente deberá indemnizar por los daños y perjuicios causados. La valoración de los mismos se hará por la Administración, previa tasación contradictoria cuando el responsable no prestara su conformidad a la valoración realizada. 

 

 

Artículo 67.- Vía de apremio

El importe de las sanciones, de las multas coercitivas, de los gastos por la ejecución subsidiaria de las actividades de restauración del medio ambiente y las responsabilidades por los daños y perjuicios causados podrán ser exigidos por la vía de apremio. 

 

 

Artículo 68.- Medidas cautelares

1. Cuando, con carácter previo a la incoación del expediente sancionador, se haya acordado alguna de las medidas provisionales previstas en el artículo 53, el titular del órgano ambiental, deberá acordar en el plazo máximo de quince días, previa audiencia al interesado, el cese, mantenimiento o modificación de dichas medidas durante el tiempo que considere necesario.

2. Iniciado el procedimiento sancionador, en cualquier momento del mismo, el titular del órgano ambiental competente, por propia iniciativa o a propuesta del instructor, podrá adoptar las medidas cautelares que estime necesarias para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer y evitar el mantenimiento de los daños ambientales. Estas medidas se adoptarán por el titular del órgano ambiental de la Comunidad de Madrid en aquellos casos en que la competencia para tramitar el expediente sancionador corresponda a distinta Administración de la que sea competente para su resolución.

3. Las medidas cautelares deberán ser proporcionadas a la naturaleza y gravedad de las infracciones cometidas. Estas medidas podrán consistir en:

a) La suspensión inmediata de la ejecución de obras, y de actividades.

b) El cierre de locales o establecimientos.

c) Cualquier otra medida provisional tendente a evitar la continuidad o la extensión del daño ambiental. 

 

 

Artículo 69.- Relación con el orden jurisdiccional penal

1. Cuando el órgano competente estime que los hechos objeto de la infracción pudieran ser constitutivos de ilícito penal, lo comunicará al órgano jurisdiccional competente o al Ministerio Fiscal.

En estos supuestos, así como en aquellos casos en que el órgano competente tenga conocimiento de que se sigue procedimiento penal por los mismos hechos, solicitará del órgano judicial comunicación sobre las actuaciones practicadas.

2. Cuando existiere identidad de sujeto, hechos y fundamento entre la infracción administrativa y la penal, el órgano competente para la resolución del procedimiento sancionador acordará su suspensión hasta que recaiga resolución judicial.

3. En caso de que la resolución judicial no estime la existencia de delito o falta, el órgano competente podrá continuar la tramitación del procedimiento sancionador. En todo caso, los hechos declarados probados por resolución judicial penal firme vincularán a la Administración. 

 

 

Capítulo II.- Procedimiento sancionador 

Artículo 70.- Procedimiento sancionador

1. La imposición de sanciones y la exigencia de responsabilidades con arreglo a esta Ley se realizará mediante la instrucción del correspondiente procedimiento sancionador sujeto a lo dispuesto en el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como en las normas de desarrollo dictadas por la Comunidad de Madrid.

2. La resolución que ponga fin al procedimiento, que será motivada, resolverá todas las cuestiones planteadas en el expediente. La resolución deberá dictarse en el plazo máximo de un año desde la incoación del procedimiento.

3. La resolución será ejecutiva cuando ponga fin a la vía administrativa. En ella se adoptarán, en su caso, las disposiciones cautelares precisas para garantizar su eficacia en tanto no sea ejecutiva. 

 

 

Artículo 71.- Potestad sancionadora

1. La potestad sancionadora en el ámbito de aplicación de esta Ley corresponderá a la Comunidad de Madrid cuando las infracciones se produzcan en relación con los procedimientos de Análisis Ambiental de Planes y Programas y de Evaluación de Impacto Ambiental o se trate de actividades de carácter supramunicipal.

2. Dicha potestad sancionadora corresponderá a los Municipios cuando las infracciones se produzcan en relación con el procedimiento de Evaluación Ambiental de Actividades que no tengan carácter supramunicipal. 

 

 

Artículo 72.- Órganos competentes

1. Cuando el ejercicio de la potestad sancionadora por las infracciones reguladas en esta Ley sea competencia de la Comunidad de Madrid, la resolución de los procedimientos sancionadores corresponderá:

a) Al Gobierno de la Comunidad de Madrid, si se trata de infracciones muy graves.

b) Al titular del órgano ambiental, si se trata de infracciones graves.

c) Al órgano que se determine en el correspondiente Decreto que establezca la estructura del órgano ambiental de la Comunidad de Madrid, si se trata de infracciones leves.

2. Cuando el ejercicio de la potestad sancionadora por las infracciones reguladas en esta Ley sea competencia de los Municipios, la resolución de los procedimientos sancionadores corresponderá a los órganos que determinen sus normas de organización, salvo si se trata de infracciones muy graves, en cuyo caso la competencia para resolver el procedimiento corresponderá al Gobierno de la Comunidad de Madrid, a propuesta del órgano correspondiente del Municipio.

3. La Comunidad de Madrid será competente, en todo caso, para instruir y resolver los procedimientos sancionadores por infracciones en materia de evaluación ambiental cuando los hechos constitutivos de la infracción afecten a más de un término municipal, debiendo notificar a los Ayuntamientos afectados, los actos y resoluciones que se adopten en el ejercicio de esta competencia. 

 

 

Artículo 73.- Colaboración interadministrativa

1. Las resoluciones dictadas por los Ayuntamientos en el ejercicio de la potestad sancionadora a que se refiere el artículo anterior, deberán ser comunicadas al órgano ambiental de la Comunidad de Madrid en el plazo de quince días desde su firmeza en vía administrativa.

2. Cuando los Ayuntamientos tuvieren conocimiento de hechos que pudieren ser constitutivos de infracciones en materia ambiental respecto de los que no tuvieran atribuida competencia sancionadora, deberán ponerlos en conocimiento del órgano ambiental de la Comunidad de Madrid con la mayor brevedad posible, dándole traslado de las actuaciones, documentos y demás información precisa para la tramitación del procedimiento sancionador.

3. El órgano ambiental de la Comunidad de Madrid dará traslado a los Ayuntamientos afectados de los expedientes sancionadores incoados y de las resoluciones dictadas en los mismos. 

 

 

DISPOSICIONES ADICIONALES

 

Primera.- Órgano ambiental

El órgano ambiental de la Comunidad de Madrid será la Consejería que tenga atribuida la competencia en materia de Medio Ambiente. 

 

 

Segunda.- Competencias del órgano ambiental

Las competencias que cualquier disposición legal o reglamentaria atribuyera a la desaparecida Agencia de Medio Ambiente las ejercerá la Consejería que tenga atribuida la competencia en materia de Medio Ambiente. Asimismo, las referencias que cualquier norma haga a dicha Agencia se entenderán realizadas a la citada Consejería. 

 

 

Tercera.- Inclusión de los procedimientos ambientales en el procedimiento de autorización ambiental integrada

Los procedimientos ambientales establecidos en la presente Ley quedarán incluidos automáticamente dentro del procedimiento de autorización ambiental integrada, derivado de la Directiva 96/61/CE, relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación, que el Estado en su momento establezca. A tal fin, la Comunidad de Madrid desarrollará la normativa estatal con el objeto de adecuar los procedimientos de autorización ambiental a la nueva norma en su ámbito territorial. 

 

 

Cuarta.- Inaplicación del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas

A la entrada en vigor de esta Ley, quedará sin aplicación directa en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid, el Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. 

 

 

Quinta.- Servicios de vigilancia e inspección

A los efectos de lo previsto en el artículo 50 de esta Ley, tendrán la consideración de servicios de vigilancia e inspección, la unidad o unidades administrativas del órgano ambiental de la Comunidad de Madrid que en cada momento tengan encomendadas las funciones de inspección, control y vigilancia ambiental. 

 

 

Sexta.- Información a la Comisión Europea

A efectos de cumplir con las obligaciones de comunicación a la Comisión Europea, la Comunidad de Madrid notificará al Ministerio de Medio Ambiente cuantos actos legislativos o administrativos apruebe en aplicación de las directivas con las que se relaciona esta Ley. 

 

 

Séptima.- Competencias sancionadoras en materia de medio ambiente

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 72 de la presente Ley se atribuye la facultad sancionadora reconocida en la legislación vigente dentro del ámbito competencial de la Consejería de Medio Ambiente al Consejo de Gobierno,
cuando la calificación de las infracciones revista carácter de muy grave, al Consejero de Medio Ambiente, cuando sea grave y al órgano que se determine en el correspondiente Decreto de estructura del órgano ambiental para el caso de las menos graves y de las leves, de conformidad con la normativa que sea de aplicación.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior no será de aplicación en materia de caza y de pesca, en cuyo caso, la facultad sancionadora corresponderá al titular de la Viceconsejería de la Consejería con competencias en materia de medio ambiente cuando las infracciones estén calificadas como muy graves o graves, y al órgano de dicha Consejería que se determine reglamentariamente, en el caso de infracciones calificadas como menos graves o leves. 

 

 

Octava.- Declaración de utilidad pública

Se declaran de utilidad pública los bienes y derechos necesarios para la realización de las obras incluidas en los planes de abastecimiento y saneamiento de aguas y atmósfera, depuración, recuperación de márgenes, riveras y graveras situadas en las mismas, e instalaciones de tratamiento y eliminación de residuos. 

 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS


Primera.- Régimen transitorio de los procedimientos de Evaluación Ambiental

1. Los procedimientos que, a la entrada en vigor de esta Ley, se encuentren en tramitación continuarán rigiéndose por la normativa vigente en el momento en que se iniciaron.

2. No obstante, lo dispuesto en el apartado anterior no será de aplicación a los expedientes de Evaluación de Impacto Ambiental y de Calificación Ambiental en curso relativos a proyectos o actuaciones que por aplicación de la presente Ley no queden sometidos a procedimiento ambiental alguno, procediéndose al archivo de los mismos y a la devolución a los interesados de la documentación presentada. 

 

 

Segunda.- Régimen transitorio de adaptación para los Ayuntamientos

Durante el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente Ley los Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid con menos de 20.000 habitantes que no puedan asumir por sí solos o mancomunadamente las competencias establecidas en relación con el procedimiento de Evaluación Ambiental de Actividades, podrán solicitar a la Comunidad de Madrid de forma motivada el ejercicio por parte de la Administración Autonómica de dichas competencias. 

 

 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

 

Única.- Derogaciones y vigencias

1. Quedan expresamente derogadas las siguientes disposiciones:

a) La Ley 3/1988, de 13 de octubre, para la Gestión del Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid.

b) La Ley 10/1991, de 4 de abril, para la Protección del Medio Ambiente.

c) El Decreto 19/1992, de 13 de marzo, que modifica parcialmente los Anexos de la Ley 10/1991 de 4 de abril.

d) El Decreto 123/1996, de 1 de agosto, por el que se modifica el Anexo Segundo de la Ley 10/1991, de 4 de abril.

2. Quedan igualmente derogadas cuantas disposiciones, de igual o inferior rango, se opongan a lo establecido en esta Ley.

3. Queda vigente, en lo que no se oponga a esta Ley y en tanto no se dicte un nuevo Reglamento, el Decreto 73/1996, de 16 de mayo, por el que se aprueba el reglamento de los Funcionarios de la Escala de Agentes Ambientales, integrada en el Cuerpo de Técnicos Auxiliares Medioambientales de la Administración Especial de la Comunidad de Madrid. 

 

 

DISPOSICIONES FINALES

 

Primera.- Modificación de la Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid

Se modifica el artículo 75.3 de la Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid, que quedará redactado como sigue:

"Artículo 75.- Proyectos de Ordenación y Planes Técnicos

(...)

3. Los Proyectos de Ordenación y Planes Técnicos de los montes, así como sus revisiones, se aprobarán por el órgano competente de la Consejería de la que dependa la Administración forestal de la Comunidad de Madrid.

Cuando tales Proyectos de Ordenación o Planes Técnicos prevean la realización de actuaciones sometidas a normas urbanísticas o de cualquier otro tipo, los proyectos que desarrollen deberán cumplir dichas normas, debiendo contar, asimismo, con los permisos o autorizaciones que en ellas se exijan.

(...)." 

 

 

Segunda.- Habilitación al Gobierno de la Comunidad de Madrid para dictar normas de desarrollo

Se autoriza al Gobierno de la Comunidad de Madrid a dictar cuantas disposiciones de aplicación y desarrollo de la presente Ley sean necesarias. Estas disposiciones deberán aprobarse en el plazo máximo de dos años desde la entrada en vigor de la Ley. 

 

 

Tercera.- Actualización de las sanciones consistentes en multas

Se habilita al Gobierno de la Comunidad de Madrid para la actualización, mediante Decreto, de las cuantías de las multas previstas en la presente Ley para la sanción de infracciones medioambientales. 

 

 

Cuarta.- Habilitación al Gobierno de la Comunidad de Madrid para adaptar los Anexos

Se habilita al Gobierno de la Comunidad de Madrid para adaptar los Anexos de esta Ley a las previsiones de la normativa básica estatal, de la Unión Europea o a las innovaciones derivadas del progreso tecnológico.

 

 

Quinta.- Entrada en vigor

Esta Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 

 

 

ANEXOS

 

ANEXO PRIMERO.- PLANES Y PROGRAMAS SOMETIDOS A ANÁLISIS AMBIENTAL EN LA COMUNIDAD DE MADRID

1. Planes y programas que establezcan el marco para la autorización en el futuro de proyectos a los que sea de aplicación esta Ley y que se elaboren con respecto a:

a) Agricultura y ganadería.

b) Silvicultura.

c) Energía.

d) Industria.

e) Minería

f) Infraestructuras de Transporte.

g) Residuos.

h) Recursos hídricos.

i) Telecomunicaciones, en especial, los planes de cobertura o despliegue de estaciones base que operen con radiofrecuencias.

j) Turismo.

k) Ordenación del territorio urbano y rural.

l) Planeamiento urbanístico general, incluidas sus revisiones y modificaciones.

2. Planes y programas no contemplados en el epígrafe anterior que se desarrollen fuera de zonas urbanas en espacios incluidos en el Anexo Sexto y que no tengan relación directa con la gestión de dichas áreas. 

 

 

ANEXO SEGUNDO.-  PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE OBLIGADO SOMETIMIENTO A EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL EN LA COMUNIDAD DE MADRID

Procedimiento Ordinario

 

Proyectos relacionados con la silvicultura, agricultura, acuicultura y ganadería

1. Primeras repoblaciones forestales de más de 50 hectáreas, o de cualquier superficie si se llevan a cabo en espacios incluidos en el Anexo Sexto, cuando entrañen riesgos de graves transformaciones ecológicas negativas.

2. Cortas o arranque de arbolado con el propósito de cambiar a otro tipo de uso del suelo, cuando no esté sometida a planes de ordenación y afecte a una superficie mayor de 20 hectáreas. No se incluye en este apartado la corta de cultivos arbóreos explotados a turno inferior a cincuenta años.

3. Construcción de nuevas pistas forestales cuya longitud supere 1 km y su trazado se vea afectado en más del 15 por 100, por alguna de las siguientes circunstancias:

a) Que la pendiente de la traza supere el 10 por 100 de desnivel.

b) Que la pendiente de la ladera por la que discurra la pista sea superior al 25 por 100.

4. Vías de saca para la extracción de madera de longitud continua igual o superior a 5 Km.

5. Cortafuegos de más de 50 metros de ancho y 250 metros de longitud.

6. Proyectos para destinar terrenos incultos o áreas seminaturales a la explotación agrícola intensiva, que impliquen la ocupación de una superficie mayor de 50 hectáreas, o mayor de 10 hectáreas en el caso de terrenos situados en espacios incluidos en el Anexo Sexto, o en los que la pendiente media sea igual o superior al 12 por 100.

7. Proyectos de gestión de recursos hídricos para la agricultura incluidos aquellos proyectos de riego o avenamiento de terrenos, cuando afecten a una superficie mayor de 50 Has excepto los proyectos de consolidación o mejora de regadíos. En el caso de proyectos que afecten a espacios incluidos en el Anexo Sexto cuando la superficie sea mayor de 10 hectáreas.

8. Proyectos de concentración parcelaria que afecten a espacios incluidos en el Anexo Sexto.

9. Instalaciones para la explotación ganadera intensiva que superen los siguientes límites:

a) 18.750 plazas para gallinas.

b) 37.500 plazas para pollos.

c) 1.000 plazas para cerdos de engorde.

d) 600 plazas para cerdas de cría.

e) 1.400 plazas para ganado ovino y caprino.

f) 300 plazas para ganado vacuno de leche.

g) 600 plazas para vacuno de cebo.

h) 20.000 plazas para conejos.

i) 300 Unidades de Ganado Mayor para aquellas especies animales diferentes de las enunciadas.

10. Instalaciones para la explotación ganadera intensiva que se sitúen dentro de los límites de espacios recogidos en el Anexo Sexto y superen los siguientes límites:

a) 12.500 plazas para gallinas.

b) 25.000 plazas para pollos.

c) 600 plazas para cerdos de engorde.

d) 400 plazas para cerdas de cría.

e) 1.300 plazas para ganado ovino y caprino.

f) 200 plazas para ganado vacuno de leche.

g) 400 plazas para vacuno de cebo.

h) 14.200 plazas para conejos.

i) 200 Unidades de Ganado Mayor para aquellas especies animales diferentes de las enunciadas.

11. Introducción de especies animales no autóctonas en el medio natural, salvo las especies cinegéticas y piscícolas ya autorizadas por la Comunidad de Madrid a la entrada en vigor de esta Ley.

12. Instalaciones para la explotación y cría de animales silvestres o domésticos destinados a peletería o granjas cinegéticas.

13. Instalaciones para la acuicultura intensiva que tengan una capacidad de producción superior a 100 toneladas al año.

Proyectos mineros

14. Explotaciones y frentes de una misma autorización o concesión a cielo abierto de yacimientos minerales y demás recursos geológicos de las Secciones A, B, C y D cuyo aprovechamiento está regulado por la Ley de Minas y normativa complementaria, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Explotaciones en las que la superficie total de terreno afectado sea igual o superior a 10 hectáreas.

b) Que tengan un movimiento total de tierras superior a 200.000 metros cúbicos/año.

c) Que la explotación se realice por debajo del nivel freático, tomando como nivel de referencia el más elevado entre las oscilaciones anuales, o que pueda suponer una disminución de la recarga de los acuíferos superficiales o profundos.

d) Explotaciones de depósitos ligados a la dinámica fluvial actual. Aquellos otros depósitos que, por su contenido en flora fósil, puedan tener interés científico para la reconstrucción palinnológica y paleoclimática.

e) Explotaciones visibles desde autopistas, autovías, carreteras nacionales, red básica de segundo orden o núcleos urbanos superiores a 1.000 habitantes o situadas a distancias inferiores a 2 kilómetros de tales núcleos.

f) Explotaciones que se localicen en zonas incluidas en el Anexo Sexto de esta Ley o en un área que pueda visualizarse desde cualquiera de los límites establecidos de un espacio natural protegido, o que supongan un menoscabo de sus valores naturales.

g) Explotaciones de sustancias que puedan sufrir alteraciones por oxidación, hidratación, etcétera, y que puedan dar lugar, en límites superiores a los incluidos en la legislación vigente, a acidez, toxicidad u otros parámetros en concentraciones tales que supongan un riesgo para la salud humana o el medio ambiente, como las menas con sulfuros, explotaciones de combustibles sólidos, explotaciones que requieran tratamiento por lixiviación in situ y materiales radiactivos.

h) Explotaciones que se hallen ubicadas en terreno de Dominio Público Hidráulico, o en la zona de policía de un cauce.

i) Explotaciones que, aun no cumpliendo ninguna de las condiciones anteriores, se sitúen a menos de 5 kilómetros de los límites del área que se prevea afectar por el laboreo y las instalaciones anexas de cualquier explotación o concesión minera a cielo abierto existente.

15. Explotaciones subterráneas de recursos mineros, incluyendo todas las instalaciones y estructuras necesarias para el tratamiento del mineral, acopios temporales o residuales de estériles de mina o del aprovechamiento mineralúrgico (escombreras, presas y balsas de agua o de estériles, plantas de machaqueo o mineralúrgicas, etcétera).

16. Dragados fluviales, cuando se realicen en tramos de cauce o zonas húmedas protegidas (lagos, lagunas, humedales y embalsescatalogados, etcétera), cuando el volumen extraído sea superior a 20.000 metros cúbicos/año y en el resto de embalses, cuando el volumen de lodos extraídos sea mayor de 100.000 metros cúbicos/año.

17. Extracción de turba.

18. Plantas de tratamiento de áridos que cumplan alguna de las siguientes condiciones:

a) Que su vida útil sea igual o superior a un año.

b) Que su capacidad de tratamiento sea igual o superior a 100.000 toneladas al año.

19. Extracción de petróleo y gas natural, incluyendo todas las instalaciones y estructuras necesarias para su extracción.

20. Perforaciones geotérmicas de más de 200 metros de profundidad.

 

Proyectos industriales Industria petroquímica, química, papelera y textil

21. Refinerías de petróleo y gas.

22. Instalaciones para la fabricación de lubricante a partir de petróleo bruto.

23. Instalaciones industriales para la gasificación o licuefacción de carbón, minerales y pizarras bituminosas.

24. Instalaciones industriales para la fabricación de briquetas de hulla y de lignito.

25. Instalaciones industriales para la elaboración de betunes y productos asfálticos.

26. Plantas de regasificación y licuefacción de gas natural y de fabricación o destilación de combustibles gaseosos de base hidrocarburada manufacturados o sintéticos y sus isómeros, o de gases licuados del petróleo o de mezcla de gases combustibles con aire.

27. Instalaciones para el almacenamiento de productos petrolíferos, petroquímicos o químicos, con una capacidad superior a 100.000 toneladas.

28. Tuberías para el transporte de gas, petróleo y sus derivados o productos químicos con un diámetro igual o superior a 0,5 m y una longitud igual o superior a 10 Km.

29. Instalaciones para la fabricación a escala industrial mediante transformación química de los productos o grupo de productos mencionados a continuación en las letras a hasta f:

a) La fabricación de productos químicos orgánicos de base,

b) La fabricación de productos químicos inorgánicos de base,

c) La producción de fertilizantes simples o compuestos a base de fósforo, nitrógeno o potasio,

d) La fabricación de productos de base fitofarmacéuticos y de biocidas,

e) La fabricación de medicamentos de base mediante un proceso químico o biológico,

f) La fabricación de explosivos.

30. Plantas industriales para:

a) La producción de pasta de papel a partir de madera o de otras materias fibrosas;

b) La producción de papel y cartón, con una capacidad superior a 100 toneladas diarias.

31. Instalaciones de producción y tratamiento de celulosa con una capacidad de producción superior a 20 toneladas diarias.

32. Industrias de tratamiento previo (operaciones tales como el lavado, blanqueo o mercerización) o para el teñido de fibras o productos textiles cuando la capacidad de tratamiento supere las 10 toneladas diarias.

33. Industrias de teñido, curtido y acabado de cueros y pieles, cuando la capacidad de tratamiento supere las 12 toneladas de productos acabados al día.

 

Industria siderúrgica y del mineral. Producción y elaboración de metales

34. Instalaciones para la producción de fundición, de aceros brutos o de lingotes de hierro o acero (fusión primaria o secundaria), incluidas las correspondientes instalaciones de fundición continua, con una capacidad superior a 2,5 toneladas por hora.

35. Hornos de coque (destilación seca del carbón).

36. Instalaciones para la fabricación de carbono (carbón sintetizado) o electrografito por combustión o grafitación.

37. Plantas siderúrgicas integrales. Instalaciones para la producción de metales en bruto no ferrosos a partir de minerales, de concentrados o de materias primas secundarias mediante procesos metalúrgicos, químicos o electrolíticos.

38. Instalaciones para elaboración de metales ferrosos en las que se realice alguna de las siguientes actividades:

a) Laminado en caliente con una capacidad superior a 20 toneladas de acero bruto por hora.

b) Forjado con martillos cuya energía de impacto sea superior a 50 kilojulios por martillo y cuando la potencia térmica utilizada sea superior a 20 MW.

c) Aplicación de capas protectoras de metal fundido con una capacidad de tratamiento de más de 2 toneladas de acero bruto por hora.

39. Fundiciones de metales ferrosos con una capacidad de producción de más de 20 toneladas por día.

40. Instalaciones para la fusión (incluida la aleación) de metales no ferrosos, incluidos los productos de recuperación (refinado, moldeado en fundición, restos de fundición, etcétera) con una capacidad de fusión de más de 4 toneladas para el plomo y el cadmio o 20 toneladas para todos los demás metales, por día.

41. Instalaciones para la obtención de amianto y para la fabricación de productos a base de amianto.

42. Instalaciones de calcinación y de sinterizado de minerales metálicos incluido el mineral sulfuroso.

43. Fabricación de cemento o de clinker y de cales y yesos con una capacidad de producción superior a 50 toneladas por día.

44. Fabricación de abrasivos.

45. Instalaciones para la fundición de sustancias minerales, incluida la producción de fibras minerales, con una capacidad de fundición superior a 20 toneladas al día.

46. Instalaciones para la fabricación del vidrio, incluida la fibra de vidrio, con una capacidad de fusión superior a 20 toneladas al día.

47. Instalaciones para la fabricación de productos cerámicos mediante horneado, en particular tejas, ladrillos, ladrillos refractarios, azulejos, o productos cerámicos ornamentales o de uso doméstico gres o porcelana, con una capacidad de producción superior a 75 toneladas por día y/o una capacidad de horneado de más de 4 metros cúbicos y más de 300 kilogramos/metro cúbico de densidad de carga por horno.

 

Industria de productos alimenticios

48. Instalaciones industriales para la elaboración de grasas y aceites vegetales cuando concurran, al menos, dos de las siguientes circunstancias:

a) Que esté situada fuera de polígonos industriales.

b) Que se encuentre situada a menos de 500 metros de una zona residencial.

c) Que ocupe una superficie igual o superior a una hectárea.

49. Instalaciones industriales para la elaboración de grasas animales, cuando concurran, al menos, dos de las siguientes circunstancias:

a) Que esté situada fuera de polígonos industriales.

b) Que se encuentre situada a menos de 500 metros de una zona residencial.

c) Que ocupe una superficie igual o superior a una hectárea.

50. Instalaciones industriales para el tratamiento y transformación destinados a la fabricación de productos alimenticios a partir de:

a) Materia prima animal (excepto la leche) cuando la capacidad de producción sea superior a 75 toneladas de productos acabados al día.

b) Materia prima vegetal cuando la capacidad de producción sea superior a 300 toneladas de productos acabados al día (valores medios trimestrales).

51. Instalaciones industriales para el tratamiento y transformación de la leche así como para la fabricación de productos lácteos, siempre que la instalación reciba una cantidad de leche superior a 200 toneladas al día (valor medio anual).

52. Instalaciones industriales para la fabricación de alcohol o bebidas alcohólicas destiladas, cuando concurran al menos dos de las siguientes circunstancias:

a) Que esté situada fuera de polígonos industriales.

b) Que se encuentre situada a menos de 500 metros de una zona residencial.

c) Que ocupe una superficie igual o superior a una hectárea.

53. Instalaciones para el sacrificio de animales y salas de despiece con una capacidad de producción de canales superior a 50 toneladas al día de media anual.

54. Instalaciones para la eliminación, la transformación o el aprovechamiento de desechos de animales o animales muertos, con una capacidad de tratamiento superior a 10 toneladas al día.

55. Fábricas de harina de pescado y aceite de pescado, cuando concurran al menos dos de las siguientes circunstancias:

a) Que esté situada fuera de polígonos industriales.

b) Que se encuentre situada a menos de 500 metros de una zona residencial.

c) Que ocupe una superficie igual o superior a una hectárea.

56. Azucareras con una capacidad de tratamiento de materia prima superior a las 300 toneladas diarias.

57. Industrias transformadoras de residuos o subproductos de la industria alimentaria cuando concurran al menos dos de las siguientes circunstancias:

a) Que esté situada fuera de polígonos industriales.

b) Que se encuentre situada a menos de 500 metros de una zona residencial.

c) Que ocupe una superficie igual o superior a una hectárea.

 

Otras instalaciones industriales

58. Instalaciones industriales para el tratamiento de superficie de metales y materiales plásticos por procesos electrolíticos o químicos, cuando el volumen total de las cubetas o de las líneas completas destinadas al tratamiento sea superior a 30 metros cúbicos.

59. Fabricación de circuitos impresos.

60. Actividades e instalaciones afectadas por el Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, y modificaciones posteriores.

61. Instalaciones industriales para el tratamiento de superficies de objetos o productos con utilización de disolventes orgánicos, en particular para aprestarlos, estamparlos, revestirlos y desgrasarlos, impermeabilizarlos, pegarlos, enlacarlos, limpiarlos o impregnarlos, con una capacidad de consumo superior a 150 Kg de disolvente por hora o de más de 200 toneladas/año.

62. Instalaciones industriales no incluidas en otros epígrafes de este Anexo y que se encuentren entre las definidas en el Anexo I de la Directiva 1999/13/CEE del Consejo de 11 de marzo, relativa a la limitación de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes orgánicos en determinadas actividades e instalaciones, siempre que se superen los umbrales de consumo de disolvente establecidos en el Anexo IIA de dicha Directiva, o los establecidos en su trasposición a la legislación española.

 

Producción y transporte de energía

63. Centrales térmicas y otras instalaciones de combustión para la producción de electricidad, vapor, agua caliente con potencia térmica igual o superior a 300 MW.

64. Centrales nucleares y otros reactores nucleares, incluido el desmantelamiento o clausura definitiva de tales centrales y reactores (con exclusión de las instalaciones de investigación para la producción y transformación de materiales fisionables y fértiles, cuya potencia máxima no supere 1 KW de carga térmica continua).

65. Instalaciones diseñadas para cualquiera de los siguientes fines:

a) Reproceso o tratamiento de combustibles nucleares irradiados o de residuos de alta actividad.

b) La producción o enriquecimiento de combustible nuclear.

c) El depósito final de combustible nuclear irradiado.

d) Exclusivamente el almacenamiento de combustibles nucleares irradiados en un lugar distinto del de producción.

66. Instalaciones para la producción de energía hidroeléctrica.

67. Instalaciones destinadas al aprovechamiento de la fuerza del viento para la producción de energía eléctrica (parques eólicos) cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:

a) Que tengan 10 o más aerogeneradores.

b) Que alguno de los aerogeneradores tenga una altura total igual o superior a 15 metros.

c) Que se encuentren a menos de 2 kilómetros de otro parque eólico.

d) Que se ubiquen en espacios incluidos en el Anexo Sexto.

68. Instalaciones de producción de energía eléctrica de origen fotovoltaico situadas fuera de zonas urbanas y cuyos paneles instalados ocupen una superficie superior a 5.000 metros cuadrados.

69. Construcción de líneas aéreas de energía eléctrica cuando su longitud sea igual o superior a 10 kilómetros, o cuando su longitud sea superior a 3 kilómetros y discurran por espacios incluidos en el Anexo Sexto.

 

Proyectos relacionados con el medio hidráulico

70. Extracción de aguas subterráneas cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:

a) Situadas en las Unidades Hidrogeológicas 03.05 y 03.04 que superen los 300 metros de profundidad o cuyo caudal de explotación anual sea igual o superior a 300.000 metros cúbicos y no incluidas en el apartado anterior.

b) Situadas en la Unidad Hidrogeológica 03.03 que supongan un volumen anual de extracción superior a los 500.000 metros cúbicos.

c) Con independencia de su localización, cuando el caudal anual de explotación supere 1.000.000 de metros cúbicos.

71. Recarga artificial de acuíferos cuando el volumen anual de agua aportada sea igual o superior a 500.000 metros cúbicos.

72. Captación de aguas superficiales cuando el volumen anual de agua extraída sea igual o superior a 100.000 metros cúbicos.

73. Trasvase de recursos hídricos entre cuencas o subcuencas fluviales, excluidos los trasvases de agua potable por tubería.

74. Presas y otras instalaciones destinadas a retener agua o almacenarla, con una capacidad superior a 100.000 metros cúbicos o una cota de coronación mayor o igual a 10 metros, medidos desde la cota del punto más bajo de la superficie general de cimientos.

75. Conducciones de agua a larga distancia, de longitud mayor de 10 kilómetros cuya capacidad máxima de conducción sea superior a 5 metros cúbicos por segundo.

76. Proyectos que puedan suponer la alteración de zonas húmedas en una superficie igual o superior a 1 hectárea.

77. Plantas de tratamiento de aguas residuales con capacidad superior a 150.000 habitantes equivalentes.

78. Conducciones de aguas residuales de longitud superior a 10 km, situados fuera de zonas urbanas.

79. Obras de limpieza o desaterramiento que impliquen el vaciado de embalses.

80. Cualquier actividad que demande, use o vierta más de 250 metros cúbicos de agua, de media diaria, excluyendo la explotación y la gestión de abastecimientos y usos agrícolas, que no se encuentre incluida en otros apartados del presente Anexo.

81. Proyectos de encauzamiento, canalización y defensa de cursos naturales, situados en espacios incluidos en el Anexo Sexto.

 

Gestión de residuos

82. Instalaciones de incineración de residuos peligrosos (definidos en el artículo 3.c de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos), así como las de eliminación de dichos residuos mediante depósito en vertedero, depósito de seguridad o tratamiento químico-como se define en el epígrafe D9 del Anexo IIA de la Directiva 75/442/CEE, del Consejo, de 15 de julio, relativa a los residuos.

83. Instalaciones en las que se lleven a cabo operaciones de valorización de residuos peligrosos con capacidad de tratamiento superior a 300 Tm/año.

84. Instalaciones de incineración de residuos no peligrosos, así como las de eliminación de dichos residuos por tratamiento químico -como se define en el epígrafe D9 del Anexo IIA de la Directiva 75/442/CEE, del Consejo, de 15 de julio, relativa a los residuos- con capacidad superior a 100 Tm/día.

85. Vertederos de residuos no peligrosos, excluidos los residuos inertes, que reciban más de 10 Tm/día o cuya capacidad total sea superior a 25.000 Tm y de cualquier capacidad si se encuentran ubicados en espacios del Anexo Sexto.

86. Depósito de residuos inertes con una capacidad igual o superior a 5.000.000 de metros cúbicos, o de cualquier capacidad cuando ocupen una superficie superior a una hectárea (medida en verdadera magnitud) y se ubiquen dentro de los espacios recogidos en el Anexo Sexto.

87. Instalaciones diseñadas exclusivamente para:

a) El depósito final de residuos radiactivos.

b) El almacenamiento (proyectado para un período superior a 10 años) de residuos radiactivos en un lugar distinto del de producción.

88. Perforaciones para el almacenamiento de residuos nucleares.

89. Otras instalaciones para el procesamiento y almacenamiento de residuos radiactivos no incluidas en otros epígrafes de este Anexo.

 

Infraestructuras

90. Construcción de nuevas lineas de ferrocarril para tráfico de largo recorrido.

91. Nuevos ferrocarriles metropolitanos aéreos y subterráneos fuera de zonas urbanas.

92. Tranvías, teleféricos, funiculares, líneas de transporte suspendidas o líneas similares fuera de zonas urbanas cuando se localicen en espacios incluidos en el Anexo Sexto.

93. Construcción de aeropuertos y aeródromos, cuando se de alguna de las siguientes circunstancias:

a) Su pista de despegue y aterrizaje tenga una longitud igual o superior a 2.100 metros.

b) Se ubique en espacios recogidos en el Anexo Sexto o a menos de un kilómetro de los mismos.

94. Construcción de autopistas, autovías y vías rápidas de nuevo trazado.

95. Construcción de nuevas carreteras no incluidas en el epígrafe anterior, variantes, duplicaciones de calzada y enlaces a distinto nivel en los que intervenga al menos una vía de gran capacidad, así como la modificación de trazado, el acondicionamiento o el ensanche de cualquier tipo de carretera existente, cuando afecten a tramos con una longitud acumulada igual o superior a 5 km.

A efectos de cómputo de kilometraje, se considerará la misma actuación cuando las modificaciones a realizar en un mismo itinerario estén separadas por menos de 5 kilómetros.

 

Proyectos de instalaciones turísticas, recreativas, deportivas, etcétera

96. Proyectos de urbanizaciones, complejos hoteleros y turísticos, y construcciones asociadas, fuera de las zonas urbanas, incluida la construcción de centros comerciales y de aparcamientos, cuando se lleven a cabo en espacios incluidos en el Anexo Sexto.

97. Campos de golf.

98. Estaciones para la práctica de deportes de invierno, remontes, teleféricos, pistas y construcciones asociadas.

99. Instalaciones para tiendas de campaña, caravanas y otros elementos de acampada permitidos por la normativa turística, fuera de zonas urbanas.

100. Parques temáticos.

 

Otros

101. Proyectos de transformación de uso del suelo que impliquen la eliminación de la cubierta vegetal arbustiva o arbórea, cuando dichas transformaciones afecten a superficies superiores 100 Ha, o cuando afecten a superficies superiores a 10 Ha situadas en espacios incluidos en el Anexo Sexto. 

 

 

ANEXO TERCERO.- PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE OBLIGADO SOMETIMIENTO A EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL EN LA COMUNIDAD DE MADRID

Procedimiento Abreviado

 

Proyectos relacionados con la silvicultura, agricultura, acuicultura y ganadería

1. Tratamientos fitosanitarios en superficies continuas iguales o superiores a 50 hectáreas cuando se utilicen productos con toxicidad tipo C, para fauna terrestre o acuática (si existen cursos de agua superficiales o zonas húmedas), o muy tóxicos según su peligrosidad para las personas, según la clasificación del Real Decreto 3349/1983, de 30 de noviembre, de Reglamentación Técnico Sanitaria para la fabricación, comercialización y utilización de plaguicidas.

2. Explotaciones ganaderas en régimen extensivo con una carga ganadera superior a 1,44 Unidades de Ganado Mayor por hectárea.

3. Proyectos de gestión de recursos hídricos para la agricultura incluidos aquellos proyectos de riego o avenamiento de terrenos de una superficie superior a 10 hectáreas, no incluidos en el Anexo Segundo, así como los proyectos de consolidación o mejora de regadíos que afecten a superficies superiores a 100 Has.

4. Proyectos de transformación de uso del suelo que impliquen la eliminación de la cubierta vegetal, arbustiva o arbórea, cuando dichas transformaciones afecten a superficies iguales o superiores a 50 Ha, e inferiores a 100 Ha.

Proyectos mineros

5. Explotaciones mineras no incluidas en el Anexo Segundo de esta Ley.

6. Plantas de tratamiento de áridos no incluidas en el Anexo Segundo y que se sitúen en las áreas incluidas en el Anexo Sexto o dentro de la Zona de Policía de cauces.

 

Proyectos industriales Industria petroquímica, química, papelera y textil

7. Instalaciones para el almacenamiento de productos petrolíferos, petroquímicos o químicos, con una capacidad igual o inferior a 100.000 toneladas y superior o igual a 200 toneladas.

8. Tuberías para el transporte de gas, petróleo y sus derivados o productos químicos situadas fuera de zonas urbanas, con un diámetro superior a 200 mm y una longitud entre 10 km y 1 km.

9. Plantas industriales para la producción de papel y cartón con una capacidad igual o inferior a 100 toneladas/día y superior a 20 toneladas/día.

 

Industria siderúrgica y del mineral. Producción y elaboración de metales

10. Instalaciones para la fabricación de cemento, clinker, cales y yesos, supuestos no incluidos en el Anexo Segundo.

11. Instalaciones para la fabricación de productos cerámicos mediante horneado, en particular tejas, ladrillos, ladrillos refractarios, azulejos, o productos cerámicos ornamentales o de uso doméstico, supuestos no incluidos en el Anexo Segundo.

 

Industria de productos alimenticios

12. Instalaciones industriales para la elaboración de grasas y aceites de origen animal o vegetal, no incluidas en el Anexo Segundo, cuando su capacidad de producción sea superior a 250 toneladas/día (media trimestral).

13. Tratamiento y transformación de leche, con una cantidad de leche recibida igual o inferior a 200 toneladas al día y superior a 50.

14. Instalaciones para el sacrificio y/o despiece de animales con producción de canales igual o inferior a 50 y superior a 10 toneladas al día de media anual.

15. Instalaciones industriales para el envasado y empaquetado de productos alimenticios fabricados por terceros con una capacidad de envasado superior a 100 toneladas al día (media anual).

16. Instalaciones industriales para la elaboración de sidras y otras bebidas fermentadas a partir de frutas, cuando concurran al menos dos de las siguientes circunstancias:

a) Que esté situada fuera de polígonos industriales.

b) Que se encuentre situada a menos de 500 metros de una zona residencial.

c) Que ocupe una superficie igual o superior a una hectárea.

17. Instalaciones industriales para la fabricación de cerveza y malta, cuando concurran al menos dos de las siguientes circunstancias:

a) Que esté situada fuera de polígonos industriales.

b) Que se encuentre situada a menos de 500 metros de una zona residencial.

c) Que ocupe una superficie igual o superior a una hectárea.

18. Instalaciones industriales para la producción de vinos y derivados, cuando concurran al menos dos de las siguientes circunstancias:

a) Que esté situada fuera de polígonos industriales.

b) Que se encuentre situada a menos de 500 metros de una zona residencial.

c) Que ocupe una superficie igual o superior a una hectárea.

19. Instalaciones industriales para la elaboración de jugos, mostos, confituras y almíbares, con una capacidad de producción superior a 10 toneladas al día (media trimestral), cuando concurran al menos dos de las siguientes circunstancias:

a) Que esté situada fuera de polígonos industriales.

b) Que se encuentre situada a menos de 500 metros de una zona residencial.

c) Que ocupe una superficie igual o superior a una hectárea.

20. Azucareras con una capacidad de tratamiento de materia prima entre las 300 y las 50 toneladas diarias, ambos límites incluidos.

21. Instalaciones industriales para la fabricación de féculas, cuando concurran al menos dos de las siguientes circunstancias:

a) Que esté situada fuera de polígonos industriales.

b) Que se encuentre situada a menos de 500 metros de una zona residencial.

c) Que ocupe una superficie igual o superior a una hectárea.

22. Instalaciones industriales para la clasificación de huevos o elaboración de ovoproductos, cuando concurran al menos dos de las siguientes circunstancias:

a) Que esté situada fuera de polígonos industriales.

b) Que se encuentre situada a menos de 500 metros de una zona residencial.

c) Que ocupe una superficie igual o superior a una hectárea.

23. Instalaciones industriales para la fabricación de alcohol o bebidas alcohólicas destiladas, no incluidas en el Anexo Segundo, cuando la capacidad de producción sea superior a 250 toneladas/día.

24. Industrias transformadoras de residuos o subproductos de la industria alimentaria, no incluidas en el Anexo Segundo, cuando la capacidad de tratamiento sea superior a 250 toneladas/día.

25. Industrias de las aguas minerales cuando se sitúen dentro de las zonas incluidas en el Anexo Sexto.

 

Otras instalaciones industriales

26. Tratamiento de superficies metálicas y materiales plásticos por procedimientos electrolíticos o químicos, cuando el volumen total de las cubetas destinadas al tratamiento sea igual o inferior a 30 metros cúbicos y superior a 10 metros cúbicos.

27. Fabricación de aparatos electrodomésticos.

28. Fabricación de pilas y acumuladores.

29. Fabricación de motores eléctricos, transformadores y generadores.

30. Fabricación o almacenamiento al por mayor de municiones, explosivos y equipos pirotécnicos.

31. Fabricación industrial de monedas, artículos de joyería, orfebrería, platería y similares.

32. Fabricación de lámparas y materiales de alumbrado.

 

Producción y transporte energía

33. Centrales térmicas e instalaciones industriales de combustión para la producción de electricidad, vapor y agua caliente con potencia térmica igual o inferior a 300 MW y superior a 50 MW.

34. Instalaciones destinadas al aprovechamiento de la fuerza del viento para la producción de energía eléctrica (parques eólicos) no incluidos en el Anexo Segundo, que tengan 10 o más aerogeneradores.

 

Proyectos relacionados con el medio hidráulico

35. Extracción de aguas subterráneas cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:

a) Que se sitúe dentro de un perímetro de protección establecido en el Plan Hidrológico del Tajo y que no esté destinada a dar servicio a sistemas generales de abastecimiento.

b) Situada en las Unidades Hidrogeológicas 03.05 y 03.04, cuya profundidad sea menor de 300 metros de profundidad o cuyo caudal de explotación anual sea superior a 100.000 metros cúbicos no incluida en el Anexo Segundo.

c) Situada en la Unidad Hidrogeológica 03.03 que suponga un volumen anual de extracción superior a los 100.000 metros cúbicos.

d) Con independencia de su localización, que supere los 20.000 metros cúbicos de volumen anual de extracción y cuyo destino sea el riego de jardines, zonas verdes o infraestructuras de ocio, deportivas -públicas o privadas-.

36. Recarga artificial de acuíferos no incluidas en el Anexo Segundo.

37. Presas y otras instalaciones destinadas a retener agua o almacenarla, con capacidad igual o inferior a 100.000 metros cúbicos y superior o igual a 10.000 metros cúbicos.

38. Captación de aguas superficiales cuando el volumen anual de agua sea inferior a 100.000 metros cúbicos y superior o igual a 7.000 metros cúbicos anuales.

39. Depósitos para almacenar agua con capacidad igual o superior a 50.000 metros cúbicos y aducciones con diámetro igual o superior a 1 metro, en ambos casos cuando se sitúen fuera de zonas urbanas.

40. Estaciones de tratamiento de agua potable con capacidad superior o igual a 50.000 metros cúbicos diarios.

41. Conducciones de aguas residuales situadas fuera de zonas urbanas de más de un kilómetro de longitud, o de cualquier longitud cuando discurran por espacios incluidos en el Anexo Sexto.

42. Plantas de tratamiento de aguas residuales cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:

a) Capacidad de la planta entre 50.000 y 150.000 habitantes equivalentes.

b) Cuando el vertido del efluente afecte a un medio acuático calificado como sensible.

c) En caso de vertido a cauce, cuando el punto de vertido del efluente esté próximo, aguas arriba, de tomas para abastecimiento humano.

d) Esté situada en espacios incluidos en el Anexo sexto.

43. Suprimido.

 

Gestión de residuos

44. Instalaciones de eliminación de residuos peligrosos mediante tratamientos físicos tales como, desinfección térmica, condensación u operaciones asimilables, con una capacidad de tratamiento superior a 1.500 Tm/año.

45. Instalaciones de incineración o valorización energética de residuos no peligrosos, así como las de eliminación de dichos residuos mediante tratamiento químico (como se define en el epígrafe D9 del Anexo IIA de la Directiva 75/442/CEE, del Consejo, de 15 de julio, relativa a los residuos con capacidad superior a 100 Tm/año).

46. Almacenamiento o depósito de lodos de depuración, excluido el acopio sobre el terreno previo a su utilización agrícola.

47. Instalaciones de desguace y descontaminación de vehículos fuera de uso.

 

Infraestructuras

48. Nuevos ferrocarriles metropolitanos aéreos y subterráneos no contemplados en el Anexo Segundo.

49. Antenas de comunicaciones situadas fuera de zonas urbanas.

 

Otros Proyectos

50. Instalaciones para el suministro de carburantes o combustibles a vehículos.

51. Cementerios y crematorios.

52. Hospitales.

53. Cualquier proyecto o actividad de los incluidos en el Anexo Segundo de esta Ley que quedando hasta un 30 por 100 por debajo de los umbrales establecidos en el mencionado Anexo, se localice en alguna de las zonas recogidas en el Anexo Sexto. 

 

 

ANEXO CUARTO.- PROYECTOS Y ACTIVIDADES A ESTUDIAR CASO POR CASO POR EL ÓRGANO AMBIENTAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

 

Proyectos relacionados con la silvicultura, agricultura, acuicultura y ganadería

1. Primeras repoblaciones forestales cuando entrañen riesgos de graves transformaciones ecológicas negativas, no incluidas en el Anexo Segundo.

2. Proyectos para destinar terrenos incultos o áreas seminaturales a la explotación agrícola intensiva no incluidos en el Anexo Segundo.

3. Proyectos de concentración parcelaria no incluidos en el Anexo Segundo.

4. Cerramientos de cualquier tipo sobre el medio natural que puedan impedir la libre circulación de la fauna silvestre sobre longitudes superiores a 2.000 metros o extensiones superiores a 25 hectáreas, a excepción de los cerramientos ganaderos de carácter excepcional.

5. Instalaciones destinadas a la cría y reproducción de especies animales para el consumo humano o para su reintroducción en el medio natural, no incluidas en otros anexos.

6. Agrupaciones y núcleos zoológicos para la cría y exposición de especies animales no autóctonas situados fuera de zonas urbanas, excepto aquellos establecimientos registrados de venta al por menor.

 

Proyectos mineros

7. Perforaciones geotérmicas no incluidas en el Anexo Segundo.

8. Dragados fluviales no incluidos en el Anexo Segundo.

 

Proyectos industriales Industria petroquímica, química, papelera y textil

9. Instalaciones industriales en el exterior para la extracción de carbón, petróleo, gas natural, minerales y pizarras bituminosas.

10. Tuberías para el transporte y distribución de gas, vapor, agua caliente, petróleo y sus derivados o productos químicos no incluidas en epígrafes anteriores e instaladas fuera de zonas urbanas.

11. Almacenamiento de gases combustibles sobre el terreno. Tanques con capacidad unitaria superior a 200 toneladas.

12. Almacenamiento subterráneo de gases combustibles. Instalaciones con capacidad superior a 100 metros cúbicos.

13. Instalaciones industriales para el almacenamiento de productos petroquímicos y químicos no incluidas en otros epígrafes.

14. Instalaciones para la fabricación de productos farmacéuticos, plaguicidas, peróxidos, pinturas y barnices, no incluidas en otros Anexos.

15. Instalaciones para la fabricación de elastómeros y de productos a base de elastómeros.

16. Instalaciones para la fabricación y manipulado del vidrio, incluida la fibra de vidrio, con una capacidad de fusión igual o inferior a 20 toneladas al día.

17. Plantas industriales para la producción de papel y cartón con una capacidad igual o inferior a 20 toneladas/día.

18. Fabricación de productos de caucho y materias plásticas.

19. Industrias de tratamiento previo (operaciones de lavado, blanqueo o mercerización) o teñido de fibras y productos textiles cuando la capacidad de tratamiento sea igual o inferior a 10 toneladas de productos acabados al día.

20. Industrias de teñido, curtido y acabado de cueros y pieles, cuando la capacidad de tratamiento sea igual o inferior a 12 toneladas de productos acabados al día.

 

Industria siderúrgica y del mineral. Producción y elaboración de metales

21. Instalaciones para la producción, elaboración y fundición de todo tipo de metales no incluidas en otros epígrafes.

22. Instalaciones para la fabricación de fibras minerales, no incluidas en otros epígrafes.

23. Instalaciones de tratamiento, transformación y almacenamiento de amianto y de productos a base de amianto no incluidas en otros Anexos.

24. Industrias de productos minerales no metálicos no incluidos en otros epígrafes.

25. Instalaciones industriales para la elaboración y transformación de productos químicos no incluidas en otros epígrafes, así como para el tratamiento de productos intermedios.

 

Industria de productos alimenticios

26. Instalaciones industriales dedicadas a la obtención de bebidas alcohólicas no incluidas en otros epígrafes.

27. Instalaciones industriales para la elaboración de jugos, mostos, confituras y almíbares no incluidas en otros Anexos.

28. Instalaciones industriales para la elaboración de café, té, cacao y sucedáneos.

29. Instalaciones industriales para la elaboración de productos de molinería, almidones y productos amiláceos.

30. Instalaciones industriales para la elaboración de pastas alimenticias, productos de panadería y pastelería de larga duración.

31. Instalaciones industriales para la obtención de levaduras prensadas y en polvo.

32. Instalaciones industriales para la elaboración de conservas y productos alimenticios (incluidos aquéllos destinados a la alimentación animal) no contempladas en otros epígrafes.

33. Instalaciones para la eliminación, la trasformación o el aprovechamiento de desechos de animales o animales muertos, con una capacidad de tratamiento igual o inferior a 10 toneladas al día.

34. Industrias transformadoras de residuos o subproductos de la industria alimentaria, no incluidas en Anexos anteriores.

 

Otras instalaciones industriales

35. Plantas dosificadoras de hormigón.

36. Instalaciones para la recuperación o destrucción de explosivos o sustancias explosivas.

37. Embutido de fondo mediante explosivos o expansores del terreno.

38. Fabricación y montaje de vehículos a motor y fabricación de motores para vehículos.

39. Instalaciones para la construcción y reparación de aeronaves.

40. Instalaciones para la fabricación y reparación de ferrocarriles y material ferroviario.

41. Instalaciones industriales para el tratamiento de superficies de objetos o productos con utilización de disolventes orgánicos no incluidas en otros epígrafes.

42. Industria del tabaco.

43. Astilleros.

44. Instalaciones o bancos de pruebas de motores, turbinas o reactores.

45. Instalaciones industriales no incluidas en otros epígrafes, cuando viertan sus aguas residuales a cauce público o al terreno.

 

Producción y transporte de energía

46. Instalaciones industriales de combustión para la producción de electricidad, vapor y agua caliente con potencia térmica igual o inferior a 50 MW y superior a 5 MW.

47. Líneas aéreas de energía eléctrica no incluidas en el Anexo Segundo, cuando su longitud sea igual o superior a 1 kilómetro.

48. Instalaciones de producción de energía eléctrica de origen fotovoltaico situadas fuera de zonas urbanas, no destinadas a autoconsumo, que no se encuentren recogidas en otros Anexos.

49. Subestaciones eléctricas de transformación.

50. Instalaciones destinadas al aprovechamiento de la fuerza del viento para la producción de energía eléctrica (parques eólicos) no incluidas en los Anexos Segundo y Tercero, siempre que no estén destinadas al autoconsumo.

 

Proyectos relacionados con el medio hidráulico

51. Extracción de aguas subterráneas, no incluidas en los Anexos Segundo y Tercero, cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:

a) Que se sitúe dentro de un perímetro de protección establecido en el Plan Hidrológico del Tajo y esté destinada a dar servicio a sistemas generales de abastecimiento.

b) Situada en las Unidades Hidrogeológicas 03.05 y 03.04.

c) Con independencia de su localización, que supere los 7.000 metros cúbicos de volumen anual de extracción.

d) Perforaciones profundas para el abastecimiento de agua.

52. Presas, depósitos y otras instalaciones destinadas a retener agua o almacenarla con capacidad superior a 500 metros cúbicos, situadas fuera de zonas urbanas, no incluidas en otros Anexos.

53. Reutilización directa de aguas cuando el volumen anual de agua reutilizada sea igual o superior a 20.000 metros cúbicos y no tenga como fin la sustitución o reducción de otros consumos de agua ya existentes.

54. Plantas de tratamiento de aguas residuales de capacidad inferior a 50.000 habitantes equivalentes y superior a 5.000, que no estén incluidas en el Anexo tercero.

55. Proyectos que puedan suponer la alteración de zonas húmedas en superficies inferiores a 1 hectárea.

56. Estaciones de tratamiento de agua potable con capacidad inferior a 50.000 metros cúbicos al día.

57. Proyectos de encauzamiento, canalización y defensa de cauces naturales y márgenes, así como de alivio de inundaciones, no incluidos en el Anexo Segundo, excepto aquellas actuaciones que se ejecuten para evitar el riesgo de inundación en zonas urbanas.

58. Construcción de vías navegables, de embarcaderos y demás infraestructuras hidráulicas destinadas a la navegación comercial o deportiva.

59. Obras de alimentación artificial de playas fluviales.

 

Gestión de residuos

60. Instalaciones destinadas a la valorización o eliminación de residuos no incluidas en otros epígrafes.

61. Instalaciones para el almacenamiento, clasificación, trituración, compactación y operaciones similares con residuos peligrosos y no peligrosos.

62. Almacenamiento de chatarra, incluidos vehículos desechados.

 

Infraestructuras

63. Proyectos de zonas industriales.

64. Modificación de trazado, acondicionamiento o ensanche de carreteras existentes, no incluidos en el Anexo Segundo, cuando tengan lugar dentro de los espacios recogidos en el Anexo Sexto.

65. Construcción de vías ferroviarias, aeropuertos, aeródromos, helipuertos, e instalaciones de transbordo intermodal y de terminales intermodales no contemplados en los Anexos anteriores.

66. Tranvías, teleféricos, funiculares, líneas de transporte suspendidas o líneas similares fuera de zonas urbanas, no incluidos en Los Anexos Segundo y Tercero.

67. Vías ciclistas interurbanas.

 

Proyectos de instalaciones turísticas, recreativas, deportivas, etcétera

68. Pistas permanentes de carreras y de pruebas para vehículos motorizados.

69. Instalaciones deportivas, recreativas, de ocio y educativas situadas fuera de zonas urbanas que conlleven la construcción de edificaciones permanentes.

70. Proyectos de urbanizaciones, complejos hoteleros y turísticos, y construcciones asociadas, fuera de las zonas urbanas, incluida la construcción de centros comerciales y de aparcamientos, a los que no sea de aplicación otros epígrafes.

 

Otros Proyectos

71. Proyectos de descontaminación de suelos.

72. Proyectos de desmantelamiento de instalaciones industriales potencialmente contaminadoras del suelo.

73. Proyectos no recogidos en otros Anexos, que se desarrollen fuera de zonas urbanas, en espacios incluidos en el Anexo Sexto, que no tengan relación directa con la gestión de dichas áreas.

74. Cualquier construcción en Suelo No Urbanizable con un volumen construido igual o superior a 5.000 metros cúbicos o una ocupación de suelo superior a 2.000 metros cuadrados.

75. Centros de investigación de carácter técnico o científico relacionados, entre otras disciplinas, con la física, la química, la biología y especialidades farmacéuticas, biotecnológicas y sanitarias.

76. Los proyectos de los Anexos Segundo o Tercero que sirvan exclusiva o principalmente para desarrollar o ensayar nuevos métodos o productos y que no se utilicen por más de dos años.

 

 

ANEXO QUINTO.- ACTIVIDADES O PROYECTOS CON INCIDENCIA AMBIENTAL SOMETIDOS AL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE ACTIVIDADES EN LA COMUNIDAD DE MADRID

 

Proyectos agropecuarios

1. Instalaciones para la explotación ganadera intensiva no incluidos en otros Anexos.

 

Proyectos industriales

2. Fabricación de productos cárnicos y otras industrias derivadas de productos cárnicos, con capacidad inferior a 5 toneladas día.

3. Instalaciones para el sacrificio y/o despiece de animales con producción de canales igual o inferior a 10 toneladas al día de media anual.

4. Elaboración y conservación de pescados y productos a base de pescado, supuestos no incluidos en otros Anexos de la presente Ley.

5. Instalaciones industriales para el envasado y empaquetado de productos alimenticios fabricados por terceros no incluidas en otros epígrafes.

6. Industrias de las aguas minerales, aguas gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, no incluidas en otros epígrafes.

7. Instalaciones industriales para el almacenamiento de productos petrolíferos, petroquímicos o químicos con una capacidad igual o inferior a 200 toneladas.

8. Fabricación de chapas, tableros contrachapados, alistonados, de partículas aglomeradas, de fibras y otros tableros y paneles no incluidos en otros Anexos de esta Ley.

9. Fabricación de grandes depósitos y caldererías metálicas no incluidos en otros Anexos de esta Ley.

10. Instalaciones de producción y tratamiento de celulosa con una capacidad de producción igual o inferior a 20 toneladas diarias.

11. Tratamiento de superficies metálicas y materiales plásticos por procedimientos electrolíticos o químicos, cuando el volumen de las cubetas destinadas al tratamiento sea igual o inferior a 10 metros cúbicos.

12. Forja, estampado, embutido, troquelado, corte y repujado de metales no incluidos en otros Anexos de esta Ley.

13. Instalaciones para la fabricación o preparación de materiales de construcción: hormigón, escayola y otros.

 

Otros proyectos e instalaciones

14. Imprentas, centros de reprografía y otras actividades de impresión.

15. Talleres de reparación y mantenimiento de vehículos automóviles u otro medio de transporte.

16. Instalaciones base de telecomunicación que operen con radiofrecuencias.

17. Talleres de reparación de maquinaria en general.

18. Tintorerías y establecimientos similares, no incluidos en otros Anexos.

19. Instalaciones para el alojamiento temporal o recogida de animales y establecimientos destinados a su cría, venta, adiestramiento o doma.

20. Comercio y distribución al por menor de productos químicos, farmacéuticos, productos de droguería y perfumería, cuando se realicen operaciones de granelado, mezcla o envasado.

21. Instalaciones para la elaboración de abonos o enmiendas orgánicas con una capacidad inferior a 100 toneladas al año, o para su almacenamiento, cuando la capacidad sea inferior a 100 toneladas.

22. Instalaciones en las que se realicen prácticas de embalsamamiento y tanatopraxia.

23. Centros sanitarios asistenciales extrahospitalarios, clínicas veterinarias, médicas, odontológicas y similares.

24. Laboratorios de análisis clínicos.

25. Instalaciones o actividades catalogadas como potencialmente contaminantes por ruido no incluidas en otros Anexos.

26. Todas aquellas actividades establecidas en el Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, cuando no estén recogidas en otros Anexos de esta Ley. 

 

 

ANEXO SEXTO.- ÁREAS ESPECIALES

 

A los efectos previstos en esta Ley, se consideran áreas especiales:

a) Los Espacios Naturales Protegidos declarados por la normativa del Estado o de la Comunidad de Madrid.

b) Los Montes de Régimen Especial según la Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid.

c) Las Zonas húmedas y embalses de la Comunidad de Madrid, catalogados de acuerdo a la Ley 7/1990, de 28 de junio, de protección de embalses y zonas húmedas de la Comunidad Autónoma de Madrid, y sus ámbitos ordenados.

d) Las Zonas declaradas al amparo de las Directivas Comunitarias 79/409 relativa a la conservación de las aves silvestres y 92/43 relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres.

 

 

ANEXO SÉPTIMO.-  CRITERIOS PARA DETERMINAR LA POSIBLE SIGNIFICACIÓN DE LAS REPERCUSIONES SOBRE EL MEDIO AMBIENTE

 

A) Planes y programas

1. Características de los planes y programas, considerando en particular:

a) La medida en que el plan o programa establece un marco para proyectos y otras actividades con respecto a la ubicación, las características, las dimensiones, las condiciones de funcionamiento o mediante la asignación de recursos.

b) El grado en que el plan o programa influye en otros planes y programas, incluidos los que estén jerarquizados.

c) La pertinencia del plan o programa para la integración de aspectos ambientales con el objeto, en particular, de promover el desarrollo sostenible.

d) Problemas ambientales significativos para el plan o programa.

e) La pertinencia del plan o programa para la aplicación de la legislación comunitaria en materia de medio ambiente.

2. Características de los efectos y de la zona de influencia probable, considerando en particular:

a) La probabilidad, duración, frecuencia y reversibilidad de los efectos.

b) El carácter acumulativo de los efectos.

c) La naturaleza transfronteriza de los efectos.

d) Los riesgos para la salud humana o el medio ambiente (debidas, por ejemplo, a accidentes).

e) La magnitud y el alcance espacial de los efectos (zona geográfica y tamaño de la población que pueda verse afectada).

f) El valor y la vulnerabilidad de la zona probablemente afectada a causa de:

- Las características naturales especiales o el patrimonio cultural.

- La superación de niveles o valores límite de calidad del medio ambiente.

- La explotación intensiva de la tierra.

g) Los efectos en zonas o parajes incluidos en el Anexo Sexto.

 

B) Proyectos y actividades

1. Características de los proyectos.

Las características de los proyectos deberán considerarse, en particular, desde el punto de vista de:

a) La magnitud del proyecto.

b) La utilización de recursos naturales.

c) La generación de residuos y aguas residuales.

d) La contaminación producida.

e) El riesgo de accidentes, considerando en particular las sustancias y las tecnologías aplicadas.

f) La acumulación de sus efectos ambientales o de su riesgo de accidente con otros proyectos o actividades.

g) Las actividades inducidas y complementarias que se generen.

2. Ubicación de los proyectos.

La sensibilidad ambiental de las áreas que puedan verse afectadas por los proyectos o actividades deberá considerarse teniendo en cuenta, en particular:

a) El uso existente del suelo.

b) La abundancia, calidad y capacidad regenerativa de los recursos naturales del área.

c) La capacidad de carga del medio en el que se ubique, con especial atención a las áreas siguientes:

1. Espacios recogidos en el Anexo Sexto.

2. Áreas de montaña y de bosque.

3. Áreas en las que se hayan rebasado ya los objetivos de calidad medioambiental establecidos en la legislación comunitaria, estatal o autonómica.

4. Áreas de gran densidad demográfica.

5. Paisajes con significación histórica, cultural o arqueológica.

d) Que se sitúen a menos de 1.000 metros de una zona residencial.

e) Que se sitúen en el interior de las Zonas Sensibles propuestas por la Comunidad de Madrid a efectos de lo previsto en la Directiva 91/271/CEE, sobre tratamiento de las aguas residuales urbanas.

f) Que se sitúen en el interior de las Zonas Vulnerables declaradas al amparo del Real Decreto 261/a1996, sobre protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias.

g) Que sus efluentes realicen un recorrido inferior a 10 km antes de alcanzar uno de los espacios mencionados en los puntos c y e de este epígrafe.

h) Que se sitúen en el territorio de la Comunidad de Madrid perteneciente a las Unidades Hidrogeológicas 03.05 y 03.04, según las delimitaciones vigentes, establecidas por el Organismo de cuenca.

 

3. Características de los impactos potenciales.

Deben considerarse en relación con lo establecido en los puntos 1 y 2, teniendo en cuenta en particular:

a) La extensión del impacto (área geográfica y tamaño de la población).

b) El carácter transfronterizo del impacto.

c) La magnitud y complejidad del impacto.

d) La probabilidad del impacto.

e) La duración, frecuencia y reversibilidad del impacto.

 

ley-evaluacion-ambiental-comunidad-de-madrid

Índice de la LEY 2/2002, de 19 de junio, DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Decreto 245/2000, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora por la Administración de la Comunidad de Madrid

 

BOCM 23 de noviembre de 2000; corrección de errores BOCM 20 de diciembre de 2000


Última modificación Septembre de 2013


 

ÍNDICE

 

PREÁMBULO.

 

CAPÍTULO PRIMERO.-  Disposiciones generales

Artículo 1.- Objeto y ámbito de aplicación.

Artículo 2. Relación con el orden jurisdiccional penal.

Artículo 3.- Información Reservada.

Artículo 4.- Órganos Competentes.

CAPÍTULO II.- Iniciación

Artículo 5.- Forma de iniciación.

Artículo 6.- Formalización de la iniciación.

Artículo 7.- Medidas de carácter provisional.

Artículo 8.- Reconocimiento de responsabilidades.

 

CAPÍTULO III.- Instrucción

Artículo 9. -Actos de instrucción y alegaciones.

Artículo 10.- Apertura del período probatorio y admisión de pruebas.

Artículo 11.-Práctica de la prueba.

Artículo 12.-Propuesta de resolución y audiencia de los interesados.

 

CAPÍTULO IV.- Finalización

Artículo 13.- Actuaciones complementarias.

Artículo 14.- Resolución.

Artículo 15.- Reposición e indemnización. 

 

CAPÍTULO V.- Procedimiento simplificado

Artículo 16.- Procedimiento simplificado.

Artículo 17.- Tramitación.

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA
 

DISPOSICIÓN FINAL


 

 

Decreto 245/2000, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora por la Administración de la Comunidad de Madrid

 

BOCM 23 de noviembre de 2000; corrección de errores BOCM 20 de diciembre de 2000

 

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, regula entre otras materias el procedimiento administrativo común previsto en la Constitución para garantizar un tratamiento igualitario a todos los ciudadanos en sus relaciones con la Administración.


En el concepto de procedimiento común, la Ley integra los principios que deben informar el ejercicio de la potestad sancionadora, por un lado, y los principios del procedimiento sancionador propiamente dicho, por otro, aunque no contiene una regulación por trámites del procedimiento sancionador, sino que faculta a cada Administración Pública para que establezca sus propios procedimientos materiales concretos en el ejercicio de sus competencias.


De acuerdo con lo establecido en el artículo 134.1 de la citada Ley, que permite el establecimiento por vía reglamentaria del procedimiento sancionador, y con la habilitación conferida por la Ley 7/1993, de 22 de junio, al Consejo de Gobierno para adecuar los procedimientos administrativos autonómicos, mediante Decreto 77/1993, de 26 de agosto, se aprobó el Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora por la Administración Pública de la Comunidad de Madrid, potestad reconocida a ésta por el artículo 36.1.c) de su Estatuto de Autonomía.


Este Reglamento ha constituido, desde su entrada en vigor, un instrumento normativo útil y eficaz para dotar a la Administración de la Comunidad de Madrid de un procedimiento administrativo único en materia sancionadora, dentro del respeto a los derechos y garantías de los ciudadanos que la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, consagró. Sin embargo, la experiencia que se ha ido extrayendo de su aplicación a lo largo del tiempo transcurrido desde su aprobación y el análisis de algunas posibles mejoras que podían introducirse de cara a una más eficaz actuación administrativa en la tramitación de los procedimientos, aconsejan proceder, con la perspectiva que varios años de experiencia en la ejecución de la norma proporciona, a una modificación de la misma que busque un mejor encuadre en el a veces difícil equilibrio entre eficacia administrativa y garantías de los ciudadanos.


Para ello, el nuevo Reglamento que ahora se aprueba introduce una serie de modificaciones encaminadas a agilizar el procedimiento, inspirándose en el principio de economía procesal, eliminando aquellos trámites repetitivos o que no aportan mayores garantías para la defensa de los interesados. Así, se elimina el pliego de cargos, que puede considerarse un trámite superfluo por estar ya contenidos sus elementos esenciales en el acuerdo de iniciación, y se elimina asimismo el proyecto de propuesta de resolución, pues no añade ningún valor nuevo al procedimiento. De este modo, el procedimiento ordinario se configura con un acuerdo de iniciación, con plazo de alegaciones y propuesta de prueba, una propuesta de resolución, con audiencia de los interesados y plazo de alegaciones, y una resolución final, acentuando el principio de eficacia en la actuación administrativa sin que ello suponga merma de las garantías procesales de los particulares, cuyo derecho de defensa y de contradicción queda respetado.


Junto a las anteriores, se introducen también algunas innovaciones basadas en el principio de eficacia, tales como la posibilidad de que el acuerdo de iniciación sea considerado propuesta de resolución bajo ciertas condiciones y, finalmente se crea un procedimiento simplificado para la sanción de faltas leves, a través de una reducción de los plazos y trámites a efectuar, pero siempre manteniendo inalterables las facultades de defensa y las garantías de los interesados.


Por último, se añaden al Reglamento previsiones no contenidas en el anterior en materia de reconocimiento de responsabilidades, colaboración administrativa y actuaciones complementarias del órgano resolutorio antes de resolver el procedimiento, junto con ciertas mejoras técnicas o de sistemática en la articulación general de la norma.


En su virtud, a iniciativa de la Consejería de Economía y Empleo, a propuesta del Consejero de Justicia, Función Pública y Administración Local, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 16 de noviembre de 2000,

 

DISPONGO:

Artículo único. Aprobación del Reglamento

Se aprueba el Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora por la Administración de la Comunidad de Madrid, cuyo texto se inserta a continuación.

 


DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Única.- Procedimientos iniciados con anterioridad.
Los procedimientos sancionadores, incluidos en el ámbito de aplicación del Reglamento que se aprueba por el presente Decreto, iniciados con anterioridad a su entrada en vigor, se regirán por la normativa vigente en el momento en que se hubiera adoptado al correspondiente acuerdo de iniciación.

 

 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Única. Normas derogadas.
Queda derogado el Decreto 77/1993, de 26 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora por la Administración Pública de
la Comunidad de Madrid, así como cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en este Decreto.

 

 

DISPOSICIÓN FINAL
Única. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.

 

 

REGLAMENTO PARA EL EJERCICIO DE LA POTESTAD SANCIONADORA POR LA ADMINISTRACIÓNDE LA COMUNIDAD DE MADRID


CAPÍTULO PRIMERO.-  Disposiciones generales

Artículo 1.- Objeto y ámbito de aplicación.
1. El ejercicio por la Administración de la Comunidad de Madrid de su potestad sancionadora se ajustará al procedimiento establecido en el presente Reglamento en defecto total o parcial de procedimientos específicos para ámbitos sectoriales determinados.

2. Este Reglamento será de aplicación supletoria por las entidades locales del ámbito territorial de la Comunidad de Madrid para aquellas materias cuya competencia normativa corresponda a ésta, en defecto total o parcial de procedimientos sancionadores específicos previstos en los ordenamientos sectoriales o en las ordenanzas locales.

3. Las disposiciones del presente Reglamento no son de aplicación al ejercicio por la Administración de la Comunidad de Madrid de su potestad disciplinaria respecto al personal a su servicio y a quienes estén vinculados a ella por una relación contractual.
Asimismo, quedan excluidos del presente Reglamento, sin perjuicio de su carácter supletorio, los procedimientos de ejercicio de la potestad sancionadora en materia tributaria.

4. A los efectos de este Reglamento, se entienden incluidas en la Administración de la Comunidad de Madrid las entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de la misma, en los términos establecidos en el artículo 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 

 

Artículo 2. Relación con el orden jurisdiccional penal.
1. Si, una vez iniciado el procedimiento, el órgano competente para iniciarlo estimara que existe identidad de sujeto, hechos y fundamento entre la presunta infracción administrativa y una posible infracción penal, lo comunicará al Ministerio Fiscal o al órgano jurisdiccional competente, solicitando testimonio sobre las actuaciones practicadas respecto de la comunicación.

2. En tal supuesto, así como cuando se tenga conocimiento de que se está sustanciando un proceso penal en el que concurran las circunstancias referidas en el apartado anterior, el órgano competente para la iniciación del procedimiento acordará la suspensión del mismo hasta tanto recaiga resolución judicial firme.

3. Una vez recaída resolución judicial firme, el órgano competente acordará, según proceda, la continuación del procedimiento o el archivo de las actuaciones.

4. Durante el tiempo en que estuviera en suspenso el procedimiento sancionador por los motivos señalados en este artículo, se entenderán interrumpidos tanto el plazo de prescripción de la infracción como el de caducidad del propio procedimiento.

5. Los hechos declarados probados por resoluciones judiciales penales firmes vincularán a la Administración respecto a los procedimientos sancionadores que sustancie. 

 

 

Artículo 3.- Información Reservada.
1. Con anterioridad al acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador, el órgano competente podrá abrir un período de información previa con el fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la necesidad o no de iniciar dicho procedimiento.
La información previa tendrá carácter reservado y será realizada por los órganos que tengan atribuidas funciones de investigación e inspección en la materia y, en defecto de éstos, por quien determine el órgano competente para iniciar el procedimiento.

2. La duración del citado período informativo será la estrictamente necesaria para alcanzar los objetivos señalados. 

 

 

Artículo 4.- Órganos Competentes.
1. Serán competentes para iniciar y resolver el procedimiento sancionador los órganos que establezca la norma sustantiva sancionadora o, en su defecto, los que tengan competencia por razón de la materia.

2. La función instructora se ejercerá por quien determinen las normas sancionadoras o las normas sobre atribución y ejercicio de competencia y, en su defecto, por quien determine el órgano competente para la incoación del procedimiento. En todo caso, la fase de instrucción y la fase de resolución deberán atribuirse a órganos o unidades administrativas distintos.
Los órganos y unidades de la Administración facilitarán al órgano instructor los antecedentes e informes necesarios, así como los medios personales y materiales imprescindibles para el desarrollo de las actuaciones.

3. Salvo que la norma en virtud de la cual se ejerza la potestad sancionadora establezca otra cosa, será competente para acordar, de oficio o a propuesta del instructor, el sobreseimiento del procedimiento o declarar la no exigibilidad de responsabilidad el órgano que lo sea para iniciar el procedimiento. 

 

 

CAPÍTULO II.- Iniciación

Artículo 5.- Forma de iniciación.

1. Los procedimientos sancionadores se iniciarán siempre de oficio por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, por comunicación de un órgano que tenga atribuidas funciones de inspección, a petición razonada de otros órganos o por denuncia.

2. Las comunicaciones y las peticiones razonadas deberán especificar los datos de que disponga el órgano que las curse sobre las conductas o los hechos que pudieran constituir infracción administrativa, la fecha o el tiempo en el que se hubieren producido, las infracciones en que pudieran consistir, y la identidad de quienes presuntamente resultaren responsables.

3. Las denuncias deberán expresar la identidad de la persona o personas que las presenten, el relato de los hechos que pudieran constituir la infracción y, cuando sea posible, la identidad de los presuntos responsables.

4. La comunicación de un órgano que tenga atribuidas facultades de inspección, la petición razonada de iniciación de un procedimiento sancionador o la presentación de una denuncia no vinculan al órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador, si bien éste deberá comunicar a los órganos que hubieran formulado la comunicación o la petición los motivos por los que, en su caso, no procede la iniciación del procedimiento y, respecto a los denunciantes, se les comunicará la iniciación o no del mismo. 

 

 

Artículo 6.- Formalización de la iniciación.
1. El acuerdo de iniciación de los procedimientos sancionadores tendrá el contenido mínimo siguiente:

a) Identidad del instructor y, en su caso, del secretario.
b) Identificación de los presuntos responsables.
c) Hechos que se les imputen.
d) Las infracciones que tales hechos pudieran constituir.
e) Sanciones que se les pudieran imponer.
f) Autoridad competente para la resolución del expediente y norma que le atribuya tal competencia.
g) Indicación expresa del derecho de los interesados a formular alegaciones y a la audiencia en el procedimiento y plazos para su ejercicio.
h) Medidas de carácter provisional que puedan acordarse, sin perjuicio de aquellas otras que puedan adoptarse en cualquier otro momento del procedimiento.
i) En el supuesto previsto en el artículo 8.2 del presente Reglamento, las reducciones a aplicar en el importe de la sanción propuesta.

2. El acuerdo de iniciación se comunicará al instructor y al secretario, si lo hubiere, y simultáneamente se notificará a los interesados.
La notificación a los interesados incluirá, además de los extremos comunes a toda notificación, las siguientes advertencias:

a) Que, de no efectuar alegaciones sobre el contenido del acuerdo de iniciación del procedimiento, dicho acuerdo podrá ser considerado propuesta de resolución en el caso de que contenga un pronunciamiento preciso en todos los elementos que la integran de conformidad con lo establecido en el artículo 12 de este Reglamento.
b) La posibilidad del reconocimiento de responsabilidades en los términos y con los efectos previstos en el artículo 8 del presente Reglamento.

3. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 9.2, los interesados podrán, durante el plazo de quince días desde la notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento, formular las alegaciones y presentar los documentos que tengan por conveniente.
Igualmente podrán proponer, en el mismo plazo, la práctica de las pruebas que estimen pertinentes.

4. Si, como consecuencia de los actos de instrucción del procedimiento, aparecieran presuntos responsables de los hechos que no constaran en la iniciación de éste, el órgano competente para la incoación del procedimiento los incluirá en el mismo. La formalización de dicho acuerdo tendrá, como mínimo, el contenido indicado en el número 1 de este artículo, y se seguirán respecto de los mismos los trámites establecidos en este Reglamento. 

 

 

Artículo 7.- Medidas de carácter provisional.
1. Por propia iniciativa o a propuesta del instructor, el órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador podrá proceder, mediante acuerdo motivado, a la adopción de las medidas de carácter provisional que resulten necesarias para garantizar el buen fin del procedimiento, asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer o evitar el mantenimiento de los efectos de la presunta infracción.

2. Las medidas de carácter provisional podrán consistir en la suspensión temporal de actividades, en la prestación de fianzas o en aquellas otras previstas en normas específicas. En cualquier caso, deberán ser proporcionadas a la finalidad perseguida sin que la adopción de las mismas pueda causar perjuicios de difícil o imposible reparación a los interesados o implicar la violación de derechos amparados por las leyes. 

 

 

Artículo 8.- Reconocimiento de responsabilidades.
1. Iniciado el procedimiento sancionador, si el infractor reconoce explícitamente su responsabilidad se podrá resolver sin más trámite con la imposición de la sanción que proceda.

2. Cuando la sanción tenga carácter pecuniario, el pago voluntario por el imputado, en cualquier momento anterior a la resolución, podrá implicar igualmente la terminación del procedimiento sin perjuicio de la posibilidad de interponer los recursos procedentes.
En los términos o períodos expresamente establecidos por las correspondientes disposiciones legales, se podrán aplicar reducciones sobre el importe de la sanción propuesta, que deberán estar determinadas en la notificación de la iniciación del procedimiento. 

 

 

CAPÍTULO III.- Instrucción

Artículo 9. -Actos de instrucción y alegaciones.

1. Los actos de instrucción necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución se realizarán de oficio por el órgano que tramite el procedimiento, sin perjuicio del derecho de los interesados a proponer aquellas actuaciones que requieran su intervención o constituyan trámites legales o reglamentariamente establecidos.

2. Los interesados podrán, en cualquier momento del procedimiento anterior a la propuesta de resolución, aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio.
Unos y otros serán tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la correspondiente propuesta de resolución.

 

 

Artículo 10.- Apertura del período probatorio y admisión de pruebas.
1. Una vez presentadas las alegaciones o transcurrido el plazo de quince días señalado en el apartado 3 del artículo 6, el órgano instructor acordará, en su caso, la apertura de un período de prueba conforme a lo establecido en el apartado 2 del artículo 80 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En el mismo acuerdo, que deberá notificarse a los interesados, decidirá sobre la admisión de aquellas pruebas propuestas por éstos y determinará de oficio la práctica de las que considere necesarias para la resolución del procedimiento.

2. Se practicarán de oficio, o se admitirán a propuesta de los presuntos responsables, cuantas pruebas sean adecuadas para la determinación de los hechos y posibles responsabilidades.
Sólo podrán ser declaradas improcedentes, de manera motivada, aquellas pruebas que por su relación con los hechos no puedan alterar la resolución final a favor del presunto responsable. 

 

 

Artículo 11.-Práctica de la prueba.

1. La práctica de la prueba se efectuará conforme a lo previsto por la legislación de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y procedimiento administrativo común.

2. Cuando la prueba acordada consista en la emisión de un informe de un órgano administrativo o de una entidad pública, se entenderá que tiene carácter preceptivo, y podrá considerarse determinante para la resolución de los procedimientos con los efectos previstos en el artículo 83.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

 

 

Artículo 12.-Propuesta de resolución y audiencia de los interesados.
1. Instruido el procedimiento, el instructor formulará propuesta de resolución, en la que se fijarán de forma motivada los hechos que se consideren probados y su calificación jurídica, se determinará la infracción que aquéllos constituyan, la persona o personas que resulten responsables, la sanción a imponer y el pronunciamiento sobre las medidas provisionales que se hubieran adoptado, en su caso.
Cuando de la instrucción practicada se derive la inexistencia de infracción o responsabilidad, el instructor propondrá el sobreseimiento del procedimiento.

2. La propuesta de resolución se notificará a los interesados a los que, durante el plazo de los quince días siguientes, se les pondrá de manifiesto el expediente para que, en dicho plazo, efectúen las alegaciones y presenten los documentos e informaciones que tengan por conveniente.

3. La propuesta de resolución, junto con todos los documentos, actuaciones y alegaciones que obren en el expediente, se cursará al órgano administrativo competente para resolver el procedimiento, salvo que dicha propuesta fuera la de sobreseimiento, en cuyo caso se cursará al órgano al que se refiere el artículo 4.3 de este Reglamento. 

 

 

CAPÍTULO IV.- Finalización

Artículo 13.- Actuaciones complementarias.
1. Antes de dictar resolución, el órgano competente para resolver el procedimiento podrá decidir, mediante acuerdo motivado, sobre la realización de actuaciones complementarias que considere necesarias para la resolución del procedimiento.
Dicho acuerdo se notificará a los interesados quienes, dentro del plazo de quince días, podrán alegar lo que estimen conveniente.
Las actuaciones complementarias se practicarán en un plazo que no excederá de quince días, y durante su realización quedará suspendido el plazo para resolver el procedimiento.

2. No tendrán la consideración de actuaciones complementarias los informes que precedan inmediatamente a la resolución del procedimiento. 

 

 

Artículo 14.- Resolución.
1. La resolución del procedimiento será motivada y deberá decidir todas las cuestiones planteadas por los interesados, así como aquellas otras derivadas del expediente, y podrá contener, en su caso, las disposiciones cautelares precisas para garantizar su eficacia en tanto no sea ejecutiva.

2. En la resolución no se podrá aceptar hechos distintos de los determinados en el curso del procedimiento, con independencia de su diferente valoración jurídica, considerándose a estos efectos incluidas en dicho procedimiento las actuaciones complementarias previstas en el artículo anterior.

3. Si el órgano competente para resolver considerase que la sanción a imponer debe resultar de mayor gravedad que la señalada en la propuesta de resolución, lo notificará al inculpado, el cual dispondrá de un plazo de diez días para formular cuantas alegaciones tenga por pertinentes.

4. La resolución se notificará al interesado y, si el procedimiento se hubiese iniciado como consecuencia de orden superior o petición razonada, dicha resolución se comunicará al órgano administrativo autor de aquéllas. En el caso de que la iniciación se hubiera producido como consecuencia de una denuncia, se comunicará al denunciante el contenido en extracto de la resolución.

5. Si el órgano competente para resolver acordase el sobreseimiento del procedimiento, se notificará dicha resolución al intere¬sado.

6. El plazo para dictar resolución será de seis meses contados desde la fecha del acuerdo de iniciación, salvo que una norma con rango de ley establezca uno mayor, todo ello sin perjuicio de la interrupción del cómputo de dicho plazo en los casos de paralización del procedimiento por causa imputable al interesado y de suspensión o aplazamiento previstos en el Reglamento.

7. Las resoluciones que pongan fin a la vía administrativa serán inmediatamente ejecutivas. 

 

 

Artículo 15.- Reposición e indemnización.
1. En la resolución del procedimiento podrá declararse la exigencia al infractor tanto de la reposición a su estado originario de la situación alterada por la infracción como de la indemnización de los daños y perjuicios causados a la Administración Pública, cuando su cuantía hubiere quedado determinada durante el procedimiento.

2. En el caso de que la cuantía de la indemnización por los daños y perjuicios causados no se hubiese determinado en la resolución, tal determinación se realizará a través de un procedimiento complementario, cuya resolución pondrá fin a la vía administrativa. Este procedimiento será susceptible de terminación convencional, aunque ni ésta ni la aceptación por el infractor de la resolución que pudiera recaer implicará el reconocimiento voluntario de su responsabilidad.

 

 

CAPÍTULO V.- Procedimiento simplicado

Artículo 16.- Procedimiento simplificado.
1. En el supuesto de que el órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador considere que existen elementos de juicio suficientes para calificar la infracción como leve, se podrá tramitar el procedimiento en la forma simplificada que se regula en este Capítulo.

2. El órgano competente para iniciar el procedimiento podrá acordar, a propuesta del órgano instructor, una vez iniciado el procedimiento sancionador de carácter ordinario previsto en el presente Reglamento, que prosiga conforme a la tramitación simplificada regulada en este Capítulo cuando concurran las mismas circunstancias previstas en el apartado anterior. 

 

 

Artículo 17.- Tramitación.
1. El órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador adoptará el correspondiente acuerdo de iniciación de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo II, con especificación del carácter simplificado del procedimiento, dando comunicación del mismo al órgano instructor y notificándolo a los interesados.

2. En el plazo de los diez días siguientes a la notificación del referido acuerdo, los interesados podrán formular alegaciones y presentar los documentos que estimen pertinentes, así como proponer la práctica de las pruebas que consideren convenientes.

3. El órgano instructor efectuará las actuaciones oportunas y, en su caso, practicará las pruebas que hubieran sido admitidas.

4. Realizadas las actividades señaladas en el apartado anterior, el órgano instructor formulará propuesta de resolución de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.1 o, si apreciase que los hechos pudieran ser constitutivos de infracción grave o muy grave, acordará que continúe la instrucción por los trámites del procedimiento ordinario, notificándose así a los interesados para que en el plazo de cinco días propongan prueba si lo estiman conveniente.

5. La propuesta de resolución, junto con la documentación unida al expediente se remitirá al órgano competente para resolver, a fin de que dicte la resolución que finalice el procedimiento en la forma y con los efectos previstos en el Capítulo IV. Dicho procedimiento deberá resolverse en el plazo máximo de tres meses a contar desde la fecha del acuerdo de iniciación.

 

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Índice del Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora por la Administración de la Comunidad de Madrid

 

Ley 2/2012, de 12 de junio, de Dinamización de la Actividad Comercial en la Comunidad de Madrid.

 

«BOE» núm. 247, de 13 de octubre de 2012, páginas 73228 a 73240 (13 págs.)

 

ÍNDICE

 

PREÁMBULO

 

CAPÍTULO I.- Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

 

CAPÍTULO II.- Medidas relativas al desarrollo de actuaciones urbanísticas

Artículo 3. Actos de ejecución de obras y ejercicio de actividad.

Artículo 4. Actos de implantación de actividad o de modificación de una ya existente.

Artículo 5. Otros actos de naturaleza urbanística.

 

CAPÍTULO III.- Medidas de fomento del libre ejercicio de la actividad comercial minorista

Artículo 6. Libertad de apertura comercial en días festivos.

 

CAPÍTULO IV.- Régimen sancionador

Artículo 7. Infracciones y sanciones.

Artículo 8. Infracciones específicas.

Artículo 9. Cuantía de las sanciones.

Artículo 10. Consecuencias legales de las infracciones.

 

Disposiciones Adicionales

Disposición transitoria única. Régimen transitorio.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Disposiciones Finales

 

ANEXO. ACTIVIDADES INCLUIDAS EN EL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LOS CAPÍTULOS II Y IV DE LA LEY

 


 

Ley 2/2012, de 12 de junio, de Dinamización de la Actividad Comercial en la Comunidad de Madrid.

 

«BOE» núm. 247, de 13 de octubre de 2012, páginas 73228 a 73240 (13 págs.)

 

TEXTO


LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Hago saber que la Asamblea de Madrid ha aprobado la siguiente Ley, que yo, en nombre del Rey, promulgo.

 

PREÁMBULO

I

La Comunidad de Madrid, en virtud de lo dispuesto en el artículo 26.3.1.2 de su Estatuto de Autonomía, ejerce la competencia exclusiva en materia de comercio interior, sin perjuicio de la política general de precios y de la libre circulación de bienes en el territorio del Estado, de acuerdo con las bases y la ordenación de la actividad económica general y la política monetaria del Estado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 38, 131 y en las materias 11.a) y 13.a) del artículo 149.1 de la Constitución española. De igual forma, conforme al artículo 26.1.4 de su Estatuto de Autonomía, la Comunidad de Madrid tiene competencia exclusiva en materia de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.

 

II

El Gobierno de la Comunidad de Madrid impulsará todos los mecanismos legales posibles que contribuyan a la generación de inversión y empleo. Para ello, es imprescindible potenciar la iniciativa empresarial y el emprendimiento, como elementos generadores de una mayor competitividad, dinamismo económico y bienestar social. Con tal fin, se introduce una serie de medidas administrativas tendentes a estimular y dinamizar el ejercicio de la actividad comercial minorista, de determinados servicios y la que se desarrolla en oficinas, y se encuentren recogidas en el Anexo de la Ley. Por un lado, se suprimen en dichas actividades las licencias urbanísticas anteriormente exigibles conforme a lo previsto en la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid. Por otra parte, se eliminan las últimas restricciones en materia de horarios comerciales previstas en la Ley 16/1999, de 29 de abril, de Comercio Interior de la Comunidad de Madrid, posibilitando que cada comerciante pueda determinar libremente los días en que ejercerá su actividad.

 

III

La Ley se estructura en cuatro capítulos, tres disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una disposición derogatoria, siete disposiciones finales y un Anexo.

El Capítulo I establece el objeto y ámbito de aplicación de la ley. En el Capítulo II se suprimen las hasta ahora preceptivas licencias urbanísticas, de manera que la ejecución de obras y el ejercicio de actividades podrán iniciarse con la simple presentación de la documentación prevista en el mismo: Declaración responsable manifestando que cumple con todos los requisitos exigidos por la normativa vigente para la ejecución de ese acto, proyecto técnico correspondiente y liquidación de la tasa municipal que proceda. En el Capítulo III se introduce una nueva medida de fomento del libre ejercicio de la actividad comercial minorista. Así, en un artículo único, se establece la plena libertad de apertura de los establecimientos comerciales, de tal modo que sean los comerciantes los que determinen con plena libertad los días festivos de apertura en los que ejercerán su actividad. Esta medida no afecta a las actividades de servicios recogidas en el Anexo de la ley, puesto que no están sujetas a ningún tipo de restricción en materia de horarios comerciales según lo dispuesto en la Ley 16/1999, de 29 de abril, de Comercio Interior de la Comunidad de Madrid, y, por tanto, ya disfrutan de plena libertad horaria. El Capítulo IV regula el régimen sancionador aplicable por la eventual infracción de lo dispuesto en la presente Ley, sin perjuicio de la aplicación, con carácter supletorio, de la legislación urbanística.

 

IV

La Ley ha sido objeto de los preceptivos informes del Consejo Económico y Social de la Comunidad de Madrid, del Consejo de Consumo y del Consejo para la Promoción del Comercio de la Comunidad de Madrid. 

 

 

CAPÍTULO I.- Disposiciones generales

 

Artículo 1. Objeto.

El objeto de la presente Ley es dinamizar la actividad comercial minorista y de determinados servicios mediante la flexibilización y simplificación de los procedimientos administrativos y urbanísticos y la reducción de las limitaciones existentes para el inicio y el libre ejercicio de la actividad.

 

 

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

1. La presente ley será de aplicación a las actividades comerciales minoristas y de servicios, en los términos de los artículos 2 y 4.1 de la Ley 16/1999, de 29 de abril, de Comercio Interior de la Comunidad de Madrid, así como a aquellas actividades que se realicen en oficinas, incluidas en el Anexo, y sean realizadas en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid.

No obstante, el Capítulo III será de aplicación exclusivamente a las actividades comerciales minoristas.

2. Lo dispuesto en el Capítulo II no será de aplicación a las actuaciones sobre inmuebles declarados como Bienes de Interés Cultural con declaración individualizada, a los bienes incluidos a título individual en el Inventario de Bienes Culturales de la Comunidad de Madrid, así como a los inmuebles catalogados dentro del régimen de máxima protección en el planeamiento urbanístico aplicable, salvo que en los mismos ya se viniera desarrollando alguna actividad de las recogidas en el apartado anterior, siempre y cuando no se afecten los elementos protegidos.

 

 

CAPÍTULO II.- Medidas relativas al desarrollo de actuaciones urbanísticas

 

Artículo 3. Actos de ejecución de obras y ejercicio de actividad.

La ejecución de obras y el ejercicio de la actividad, en el ámbito de aplicación de esta Ley, se iniciarán con la simple presentación de los siguientes documentos:

a) Declaración responsable, en la que el interesado manifieste que cumple con la legislación vigente.

b) Proyecto técnico que en cada caso proceda.

c) Liquidación de la tasa, o precio, o contraprestación económica que, en su caso, corresponda.

 

 

Artículo 4. Actos de implantación de actividad o de modificación de una ya existente.

La implantación de una actividad o la modificación de una ya existente, sin ejecución de obras de clase alguna, se iniciarán con la simple presentación de la declaración responsable, la documentación técnica exigible y la liquidación de la tasa, o precio, o contraprestación económica que, en su caso, corresponda. 

 

 

Artículo 5. Otros actos de naturaleza urbanística.

Cuando se trate de otros actos de naturaleza urbanística no contemplados en los artículos anteriores, los mismos se iniciarán con su simple comunicación acompañada de la liquidación de la tasa, precio o contraprestación económica que, en su caso, corresponda.

 

 

CAPÍTULO III.- Medidas de fomento del libre ejercicio de la actividad comercial minorista

 

Artículo 6. Libertad de apertura comercial en días festivos.

Cada comerciante determinará con plena libertad y sin limitación legal alguna, en todo el territorio de la Comunidad de Madrid, los festivos de apertura en los que desarrollará su actividad comercial.

 

 

CAPÍTULO IV.- Régimen sancionador

 

Artículo 7. Infracciones y sanciones.

Las infracciones y sanciones relacionadas con lo dispuesto en el Capítulo II, se regirán, en lo no previsto en los artículos siguientes, por lo establecido en el Capítulo III del Título V de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid.

La potestad sancionadora se ejercerá por los Municipios y por la Comunidad de Madrid de acuerdo con lo previsto en los artículos 231 y 232 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, conforme al procedimiento establecido en el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora por la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto 245/2000, de 16 de noviembre.

 

 

Artículo 8. Infracciones específicas.

1. Respecto a las actividades comerciales y de servicios recogidas en el Anexo de la presente ley, las infracciones se clasifican en muy graves, graves y leves.

2. Se consideran infracciones muy graves:

a) La ejecución de obras y el ejercicio de la actividad sin aportar ninguno de los documentos previstos en el artículo 3.

b) La ejecución de obras y el ejercicio de la actividad sin la presentación de la declaración responsable o el proyecto técnico citados en el artículo 3.

c) La ejecución de obras y el ejercicio de la actividad en contra de las manifestaciones contenidas en la declaración responsable o de lo previsto en el proyecto técnico citado en el artículo 3.

d) La falsedad en la declaración responsable o en el proyecto técnico citados en el artículo 3.

3. Se consideran infracciones graves:

a) La implantación de actividades o la modificación de una ya existente, sin ejecución de obras de clase alguna, sin aportar ninguno de los documentos previstos en el artículo 4.

b) La implantación de actividades o la modificación de una ya existente, sin ejecución de obras de clase alguna, sin la presentación de la declaración responsable o la documentación técnica citada en el artículo 4.

c) La implantación de actividades o la modificación de una ya existente, sin ejecución de obras de clase alguna, en contra de las manifestaciones contenidas en la declaración responsable o de lo previsto en la documentación técnica citadas en el artículo 4.

d) La falsedad en la declaración responsable o en la documentación técnica citadas en el artículo 4.

e) La negativa u obstrucción a las labores de verificación y control posterior que lleven a cabo las Administraciones Públicas en el ejercicio de sus funciones de disciplina urbanística.

4. Se consideran infracciones leves:

a) La realización de actos de naturaleza urbanística previstos en el artículo 5 de la presente Ley sin la previa comunicación acompañada de la liquidación de la tasa que en su caso corresponda.

b) Cualquier otra acción u omisión no comprendida en los supuestos anteriores y que contravenga lo dispuesto en el Capítulo II de la Ley.

 

 

Artículo 9. Cuantía de las sanciones.

Las infracciones serán sancionadas con las siguientes multas:

a) Infracciones leves: Multa de 600 a 30.000 euros.

b) Infracciones graves: Multa de 30.001 a 600.000 euros.

c) Infracciones muy graves: Multa de 600.001 a 3.000.000 de euros.

 

 

Artículo 10. Consecuencias legales de las infracciones.

1. Las infracciones muy graves y graves contempladas en el artículo 8 de la Ley podrán dar lugar a la adopción de las siguientes medidas:

a) La restauración del orden jurídico infringido y de la realidad física alterada o transformada como consecuencia de la actuación ilegal.

b) La exigencia de resarcimiento de daños e indemnización de los perjuicios a cargo de quienes sean declarados responsables.

2. Al que, en los términos y para los supuestos especificados en la ley, hubiera presentado la documentación prevista en los artículos 3 y 4, y realizara cualquier acto contrario a la normativa o al planeamiento urbanístico vigente, se le aplicará lo dispuesto en el Título V de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, a fin de restablecer la legalidad infringida.

3. En ningún caso, las medidas para el restablecimiento de la legalidad infringida que adopte la Administración competente darán derecho a indemnización alguna.

 

 

Disposiciones Adicionales

Disposición adicional primera. Proyectos que requieran Evaluación de Impacto Ambiental.

Solo deberán someterse a procedimiento de evaluación ambiental los proyectos previstos en la legislación estatal básica de aplicación. Así, cuando de acuerdo con el artículo 3 del Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, la instalación, implantación o modificación de alguna actividad comercial exija algún procedimiento de Evaluación Ambiental, la documentación enumerada en los artículos 3, 4 y 5 de la ley no podrá presentarse hasta haber llevado a cabo dicha evaluación y, en todo caso, deberá disponerse de la documentación que así lo acredite.

 

Disposición adicional segunda. Identificación de las actividades incluidas en el Anexo de la Ley.

Las actividades señaladas en el Anexo se identificarán e interpretarán de conformidad con los términos establecidos por el Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueban las tarifas y la instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas.

 

Disposición adicional tercera. Actuaciones municipales sobre la declaración responsable y comunicación previa.

1. La documentación prevista en los artículos 3, 4 y 5 de la presente Ley deberá dirigirse al Ayuntamiento del Municipio correspondiente, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. De conformidad con lo establecido en el artículo 71 bis.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los Ayuntamientos publicarán y tendrán permanentemente actualizados modelos de declaración responsable y de comunicación previa.

3. La verificación, inspección y control posterior a la presentación de la declaración responsable o de la comunicación previa en los supuestos contemplados en la presente ley se regirá por la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, así como por las respectivas Ordenanzas municipales. 

 

 

Disposición transitoria única. Régimen transitorio.

Los procedimientos administrativos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley se regirán por la normativa anterior que les resultase de aplicación, salvo que el interesado desistiese del procedimiento iniciado de conformidad con los artículos 90 y 91 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

 

 

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

1. A partir de la entrada en vigor de la Ley quedan derogados los artículos 18 y 28, el apartado 6 del artículo 46 y el apartado 3 del artículo 47 de la Ley 16/1999, de 29 de abril, de Comercio Interior de la Comunidad de Madrid.

2. Asimismo, quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango en lo que contradigan o se opongan a lo dispuesto en la presente Ley.

 

 

Disposiciones Finales

Disposición final primera. Modificación de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid.

Se adiciona una disposición adicional segunda a la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, con la siguiente redacción:

«Disposición adicional segunda. Actuaciones urbanísticas que amparen actividades de comercio minorista y de determinados servicios.

1. El régimen jurídico de las actuaciones urbanísticas que amparen actividades de comercio minorista y de determinados servicios será el previsto en la Ley 2/2012, de 12 de junio, de Dinamización de la Actividad Comercial en la Comunidad de Madrid, sin perjuicio de la aplicación del resto de legislación sectorial aplicable en función de la naturaleza de las actuaciones a realizar y de los inmuebles en los que las mismas se ejecuten.

2. El régimen jurídico de las actuaciones urbanísticas que amparen actividades de comercio minorista y de determinados servicios será el previsto en la Ley 2/2012, de 12 de junio, de Dinamización de la Actividad Comercial en la Comunidad de Madrid, sin perjuicio de la aplicación de lo previsto en la disposición adicional segunda de la Ley 8/2009, de 21 de diciembre, de Medidas Liberalizadoras y de Apoyo a la Empresa Madrileña, en relación a la colaboración de entidades privadas en el ejercicio de las funciones administrativas de verificación, inspección y control en el ámbito urbanístico.»

 

Disposición final segunda. Numeración de la disposición adicional única de la Ley 9/2001, de 17 de julio del Suelo de la Comunidad de Madrid.

La disposición adicional única de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, pasará a ser la disposición adicional primera, con la misma redacción.

 

Disposición final tercera. Modificación parcial de la Ley 5/2002, de 27 de junio, sobre Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos.

Se modifica, parcialmente, la Ley 5/2002, de 27 de junio, sobre Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos, en los siguientes términos:

Uno. Se modifica la redacción del apartado 2 del artículo 52, que quedaría de la forma siguiente:

«Artículo 52.2 La comisión de una infracción será objeto de la correspondiente sanción administrativa, previa instrucción del oportuno expediente sancionador, de conformidad con lo establecido en esta Ley y en el Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora por la Administración de la Comunidad de Madrid, aprobado mediante Decreto 245/2000, de 16 de noviembre; sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de otro orden que puedan concurrir».

Dos. Añadir los apartados 5 y 6 al artículo 50, con el siguiente tenor literal:

«Artículo 50.5.

El resultado de las inspecciones practicadas en las que se constate algún incumplimiento según lo dispuesto en el artículo 30.3 deberá consignarse en un acta, de la que se entregará copia al presunto responsable. En estas actas deberá constar, en todo caso:

a) La identificación del presunto responsable.

b) La dirección del lugar de realización de la actividad inspectora.

c) Fecha y hora de la inspección.

d) Identificación del profesional inspector.

e) Una descripción del incumplimiento observado, su calificación y la sanción que pudiera corresponder.

f) Identidad del Órgano Instructor, del Órgano competente para imponer la sanción y norma que atribuye la competencia.

g) Firma del presunto responsable. La firma no implica la conformidad con los hechos reflejados en el acta de inspección, únicamente acredita su recepción. En el supuesto que aquel se negara a firmar el acta, se hará constar expresamente esta circunstancia.

h) Indicación de que dicha acta inicia el procedimiento sancionador y que dispone de un plazo de diez días hábiles para formular alegaciones y proponer las pruebas que estime convenientes, con indicación de los lugares, oficinas o dependencias donde pueda presentarlas.

Así como de que si el presunto infractor reconoce explícitamente su responsabilidad en el plazo expresado en el párrafo anterior, se resolverá sin más trámite, aplicándose una reducción del 40 por 100 del importe.»

«Artículo 50.6.

Las actas de inspección realizadas por el personal a que se refiere el presente artículo poseen presunción de veracidad de los datos y circunstancias en ellas consignadas, salvo prueba en contrario.»

Tres. Se añade un nuevo artículo 60 bis, denominado Procedimiento abreviado, con la siguiente redacción:

«Artículo 60 bis Procedimiento abreviado.

1. Las actas de inspección previstas en el artículo 50.5, y notificadas en el acto al presunto responsable, constituyen el acto de iniciación del procedimiento sancionador abreviado, a todos los efectos.

2. Notificada la iniciación del procedimiento sancionador, el presunto responsable dispondrá de un plazo de diez días para formular alegaciones y proponer las pruebas que estime convenientes.

3. Si el presunto infractor reconoce explícitamente su responsabilidad en el plazo expresado en el párrafo anterior, se resolverá sin más trámite, aplicándose una reducción del 40 por 100 del importe, sin perjuicio que el interesado pueda interponer los recursos procedentes.

4. Concluida la instrucción del procedimiento, el órgano instructor, sin ningún otro trámite, elevará el expediente al órgano competente, para que dicte la resolución que proceda.»

Cuatro. El apartado 5 del artículo 52 de la Ley 5/2002, de 27 de junio, queda redactado de la siguiente forma:

«5. Las sanciones por infracción del artículo 30.3 de la presente Ley, referida al consumo de alcohol en la vía pública, consistirán:

a) Si la infracción hubiera sido cometida por un menor de dieciocho años, en multa de 500 euros.

En caso de que el menor hubiera sido sancionado, mediante resolución firme en la vía administrativa, por consumo de alcohol en la vía pública, en los seis meses anteriores a la fecha de comisión de la infracción, se elevará el importe de la multa en 500 euros por cada una de las reincidencias.

b) En el caso del infractor mayor de edad, la sanción aplicable será el doble de la prevista en el cuadro general de sanciones, establecido en el artículo 59.1 de la presente Ley.

En caso de que hubiera sido sancionado, mediante resolución firme en la vía administrativa, por consumo de alcohol en la vía pública, en los seis meses anteriores a la fecha de comisión de la infracción, se elevará el importe de la multa en 500 euros por cada una de las reincidencias.

Las Corporaciones Locales serán competentes para llevar a cabo el procedimiento sancionador de estas infracciones.»

 

Disposición final cuarta. Título competencial.

La Ley se dicta al amparo de las competencias exclusivas de la Comunidad de Madrid en materia de comercio interior, ordenación del territorio, urbanismo y vivienda, previstas en los términos establecidos en los artículos 26.3.1.2 y 26.1.4 de su Estatuto de Autonomía.

 

Disposición final quinta. Aplicación supletoria de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid.

La Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, se aplicará con carácter supletorio en todo aquello que no esté previsto en los Capítulos II y IV.

 

Disposición final sexta. Habilitación normativa.

Se faculta al Gobierno de la Comunidad de Madrid para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo de la presente Ley y para modificar el Anexo de la misma.

 

Disposición final séptima. Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor al mes de su publicación en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid».

Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a los que sea de aplicación esta Ley que la cumplan, y a los Tribunales y Autoridades que corresponda, la guarden y la hagan guardar.

Madrid, 12 de junio de 2012.–La Presidenta, Esperanza Aguirre Gil de Biedma.

(Publicada en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 142, de 15 de junio de 2012)

 

 

ANEXO. ACTIVIDADES INCLUIDAS EN EL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LOS CAPÍTULOS II Y IV DE LA LEY

 

Las siguientes actividades se han identificado con las claves y en los términos establecidos por el Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueban las tarifas y la instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas.

 

Sección 1.ª Actividades empresariales: Industriales, comerciales, de servicios y mineras

 

División 6. Comercio, restaurantes y hospedaje. Reparaciones

Agrupación 64. Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco realizado en establecimientos permanentes

 

Grupo 641 Comercio al por menor de frutas, verduras, hortalizas y tubérculos.

Grupo 642 Comercio al por menor de carnes y despojos; de productos y derivados cárnicos elaborados; de huevos, aves, conejos de granja, caza; y de productos derivados de los mismos.

Epígrafe 642.1 Comercio al por menor de carnes y despojos; de productos y derivados cárnicos elaborados; de huevos, aves, conejos de granja, caza; y de productos derivados de los mismos.

Epígrafe 642.2 Comercio al por menor, en dependencias de venta de carnicerías-charcuterías, de carnes frescas y congeladas, despojos y toda clase de productos y derivados cárnicos; de huevos, aves, conejos de granja, caza y de productos derivados de los mismos.

Epígrafe 642.3 Comercio al por menor, en dependencias de venta de carnicerías-salchicherías, de carnes frescas y congeladas, despojos, productos procedentes de industrias cárnicas y productos cárnicos frescos, crudos, adobados, tocino salado, embutidos de sangre (morcillas) y aquellos otros tradicionales de estas características para los que estén autorizados; así como de huevos, aves, conejos de granja, caza y de productos derivados de los mismos.

Epígrafe 642.4 Comercio al por menor, en carnicerías, de carnes frescas y congeladas, despojos y productos y derivados cárnicos elaborados; así como de huevos, aves, conejos de granja, caza y de productos derivados de los mismos.

Epígrafe 642.5 Comercio al por menor de huevos, aves, conejos de granja, caza; y de productos derivados de los mismos.

Epígrafe 642.6 Comercio al por menor, en casquerías, de vísceras y despojos procedentes de animales de abasto, frescos y congelados.

Grupo 643. Comercio al por menor de pescados y otros productos de la pesca y de la acuicultura y de caracoles.

Epígrafe 643.1 Comercio al por menor de pescados y otros productos de la pesca y de la acuicultura y de caracoles.

Epígrafe 643.2 Comercio al por menor de bacalao y otros pescados en salazón.

Grupo 644. Comercio al por menor de pan, pastelería, confitería y similares y de leche y productos lácteos.

Epígrafe 644.1 Comercio al por menor de pan, pastelería, confitería y similares y de leche y productos lácteos.

Epígrafe 644.2 Despachos de pan, panes especiales y bollería.

Epígrafe 644.3 Comercio al por menor de productos de pastelería, bollería y confitería.

Epígrafe 644.4 Comercio al por menor de helados.

Epígrafe 644.5 Comercio al por menor de bombones y caramelos.

Epígrafe 644.6 Comercio al por menor de masas fritas, con o sin coberturas o rellenos, patatas fritas, productos de aperitivo, frutos secos, golosinas, preparados de chocolate y bebidas refrescantes.

Grupo 645. Comercio al por menor de vinos y bebidas de todas clases.

Grupo 647. Comercio al por menor de productos alimenticios y bebidas en general.

Epígrafe 647.1 Comercio al por menor de cualquier clase de productos alimenticios y de bebidas en establecimientos con vendedor.

Epígrafe 647.2 Comercio al por menor de cualquier clase de productos alimenticios y de bebidas en régimen de autoservicio o mixto en establecimientos cuya sala de ventas tenga una superficie inferior a 120 metros cuadrados.

Epígrafe 647.3 Comercio al por menor de cualquier clase de productos alimenticios y bebidas en régimen de autoservicio o mixto en supermercados, denominados así cuando la superficie de su sala de ventas se halle comprendida entre 120 y 399 metros cuadrados.

Epígrafe 647.4 Comercio al por menor de cualquier clase de productos alimenticios y bebidas en régimen de autoservicio o mixto en supermercados, denominados así cuando la superficie de su sala de ventas sea igual o superior a 400 metros cuadrados.

Epígrafe 647.5 Suministro de productos alimenticios y bebidas, excluido el tabaco, a través de máquinas expendedoras.

 

Agrupación 65. Comercio al por menor de productos industriales no alimenticios realizado en establecimientos permanentes

Grupo 651. Comercio al por menor de productos textiles, confección, calzado, pieles y artículos de cuero.

Epígrafe 651.1 Comercio al por menor de productos textiles, confecciones para el hogar, alfombras y similares y artículos de tapicería.

Epígrafe 651.2 Comercio al por menor de toda clase de prendas para el vestido y tocado.

Epígrafe 651.3 Comercio al por menor de lencería y corsetería.

Epígrafe 651.4 Comercio al por menor de artículos de mercería y paquetería.

Epígrafe 651.5 Comercio al por menor de prendas especiales.

Epígrafe 651.6 Comercio al por menor de calzado, artículos de piel e imitación o productos sustitutivos, cinturones, carteras, bolsos, maletas y artículos de viaje en general.

Epígrafe 651.7 Comercio al por menor de confecciones de peletería.

Grupo 652. Comercio al por menor de medicamentos y de productos farmacéuticos; comercio al por menor de artículos de droguería y limpieza; perfumería y cosméticos de todas clases; y de productos químicos en general; comercio al por menor de hierbas y plantas en herbolarios.

Epígrafe 652.2 Comercio al por menor de productos de droguería, perfumería y cosmética, limpieza, pinturas, barnices, disolventes, papeles y otros productos para la decoración y de productos químicos.

Epígrafe 652.3 Comercio al por menor de productos de perfumería y cosmética, y de artículos para la higiene y el aseo personal.

Epígrafe 652.4 Comercio al por menor de plantas y hierbas en herbolarios.

Grupo 653. Comercio al por menor de artículos para el equipamiento del hogar y la construcción.

Epígrafe 653.1 Comercio al por menor de muebles (excepto los de oficina).

Epígrafe 653.2 Comercio al por menor de material y aparatos eléctricos, electrónicos, electrodomésticos y otros aparatos de uso doméstico accionados por otro tipo de energía distinta de la eléctrica, así como de muebles de cocina.

Epígrafe 653.3 Comercio al por menor de artículos de menaje, ferretería, adorno, regalo o reclamo (incluyendo bisutería y pequeños electrodomésticos).

Epígrafe 653.4 Comercio al por menor de materiales de construcción y de artículos y mobiliario de saneamiento.

Epígrafe 653.5 Comercio al por menor de puertas, ventanas y persianas, molduras y marcos, tarimas y parquet-mosaico, cestería y artículos de corcho.

Epígrafe 653.6 Comercio al por menor de artículos de «bricolaje».

Epígrafe 653.9 Comercio al por menor de otros artículos para el equipamiento del hogar n.c.o.p.

Grupo 654. Comercio al por menor de vehículos terrestres, aeronaves y embarcaciones y de maquinaria. Accesorios y piezas de recambio.

Epígrafe 654.1 Comercio al por menor de vehículos terrestres.

Epígrafe 654.2 Comercio al por menor de accesorios y piezas de recambio para vehículos terrestres.

Epígrafe 654.3 Comercio al por menor de vehículos aéreos.

Epígrafe 654.4 Comercio al por menor de vehículos fluviales y marítimos de vela o motor y deportivos.

Epígrafe 654.5 Comercio al por menor de toda clase de maquinaria (excepto aparatos del hogar, de oficina, médicos, ortopédicos, ópticos y fotográficos).

Epígrafe 654.6 Comercio al por menor de cubiertas, bandas o bandajes y cámaras de aire para toda clase de vehículos.

Grupo 656. Comercio al por menor de bienes usados tales como muebles, prendas y enseres ordinarios de uso doméstico.

Grupo 657. Comercio al por menor de instrumentos musicales en general, así como de sus accesorios.

Grupo 659. Otro comercio al por menor.

Epígrafe 659.1 Comercio al por menor de sellos, monedas, medallas conmemorativas, billetes para coleccionistas, obras de arte y antigüedades, minerales sueltos o en colecciones, fósiles, insectos, conchas, plantas y animales disecados.

Epígrafe 659.2 Comercio al por menor de muebles de oficina y de máquinas y equipos de oficina.

Epígrafe 659.3 Comercio al por menor de aparatos e instrumentos médicos, ortopédicos, ópticos y fotográficos.

Epígrafe 659.4 Comercio al por menor de libros, periódicos, artículos de papelería y escritorio y artículos de dibujo y bellas artes.

Epígrafe 659.5 Comercio al por menor de artículos de joyería, relojería, platería y bisutería.

Epígrafe 659.6 Comercio al por menor de juguetes, artículos de deporte, prendas deportivas de vestido, calzado y tocado, armas, cartuchería y artículos de pirotecnia.

Epígrafe 659.7 Comercio al por menor de semillas, abonos, flores y plantas y pequeños animales.

Epígrafe 659.8 Comercio al por menor denominado «sex-shop».

Epígrafe 659.9 Comercio al por menor de otros productos no especificados en esta Agrupación, excepto los que deben clasificarse en el epígrafe 653.9.

 

Agrupación 66. Comercio mixto o integrado; comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente (ambulancia, mercadillos y mercados ocasionales o periódicos); comercio en régimen de expositores en depósito y mediante aparatos automáticos; comercio al por menor por correo y catálogo de productos diversos

Grupo 661. Comercio mixto o integrado en grandes superficies.

Epígrafe 661.1 Comercio en grandes almacenes, entendiendo por tales aquellos establecimientos que ofrecen un surtido amplio y, en general, profundo de varias gamas de productos (principalmente artículos para el equipamiento del hogar, confección, calzado, perfumería, alimentación, etc.), presentados en departamentos múltiples, en general con la asistencia de un personal de venta, y que ponen además diversos servicios a disposición de los clientes.

Epígrafe 661.2 Comercio en hipermercados, entendiendo por tales aquellos establecimientos que ofrecen principalmente en autoservicio un amplio surtido de productos alimenticios y no alimenticios de gran venta, que disponen, normalmente, de estacionamientos y ponen además diversos servicios a disposición de los clientes.

Epígrafe 661.3 Comercio en almacenes populares, entendiendo por tales aquellos establecimientos que ofrecen en secciones múltiples y venden en autoservicio o en preselección un surtido relativamente amplio y poco profundo de bienes de consumo, con una gama de precios baja y un servicio reducido.

Grupo 662. Comercio mixto o integrado al por menor.

Epígrafe 662.1 Comercio al por menor de toda clase de artículos en economatos y cooperativas de consumo.

Epígrafe 662.2 Comercio al por menor de toda clase de artículos, incluyendo alimentación y bebidas, en establecimientos distintos de los especificados en el Grupo 661 y en el epígrafe 662.1.

Grupo 664. Comercio en régimen de expositores en depósito y mediante aparatos automáticos.

Epígrafe 664.1 Venta de toda clase de artículos diversos en régimen de expositores en depósito.

Epígrafe 664.9 Comercio al por menor de artículos diversos n.c.o.p. mediante aparatos automáticos, excepto alimentación, bebidas y tabaco.

Grupo 665. Comercio al por menor por correo o por catálogo de productos diversos.

 

Agrupación 69. Reparaciones

Grupo 691. Reparación de artículos eléctricos para el hogar, vehículos automóviles y otros bienes de consumo.

Epígrafe 691.1 Reparación de artículos eléctricos para el hogar.

Epígrafe 691.9 Reparación de otros bienes de consumo n.c.o.p.

 

División 8. Instituciones financieras, seguros, servicios prestados a las empresas y alquileres

Agrupación 81. Instituciones financieras

Grupo 811. Banca.

Grupo 812. Cajas de ahorro.

Grupo 819. Otras instituciones financieras.

 

Agrupación 82. Seguros

Grupo 821. Entidades aseguradoras de vida y capitalización.

Grupo 822. Entidades aseguradoras de enfermedad y riesgos diversos.

Grupo 823. Otras entidades aseguradoras (montepíos, caja de pensiones, etc.).

 

Agrupación 83. Auxiliares financieros y de seguros. Actividades inmobiliarias

Grupo 831. Auxiliares financieros.

Grupo 832. Auxiliares de seguros.

Grupo 833. Promoción inmobiliaria.

Grupo 834. Servicios relativos a la propiedad inmobiliaria y a la propiedad industrial.

 

Agrupación 84. Servicios prestados a las empresas

Grupo 841. Servicios jurídicos.

Grupo 842. Servicios financieros y contables.

Grupo 843. Servicios técnicos (ingeniería, arquitectura, urbanismo, etc.).

Epígrafe 843.1 Servicios técnicos de ingeniería.

Epígrafe 843.2 Servicios técnicos de arquitectura y urbanismo.

Epígrafe 843.3 Servicios técnicos de prospecciones y estudios geológicos.

Epígrafe 843.4 Servicios técnicos de topografía.

Epígrafe 843.5 Servicios técnicos de delineación.

Epígrafe 843.9 Otros servicios técnicos n.c.o.p.

Grupo 844. Servicios de publicidad, relaciones públicas y similares.

Grupo 845. Explotación electrónica por cuenta de terceros.

Grupo 846. Empresas de estudios de mercado.

Grupo 847. Servicios integrales de correos y telecomunicaciones.

Grupo 849. Otros servicios prestados a las empresas n.c.o.p.

 

Agrupación 85. Alquiler de bienes muebles

Grupo 851. Alquiler de maquinaria y equipo agrícola.

Grupo 852. Alquiler de maquinaria y equipo para la construcción.

Grupo 853. Alquiler de maquinaria y equipo contable de oficina y cálculo electrónico.

Grupo 854. Alquiler de automóviles sin conductor.

Grupo 855. Alquiler de otros medios de transporte.

Grupo 856. Alquiler de bienes de consumo.

Grupo 857. Alquiler de aparatos de medida.

Grupo 859. Alquiler de otros bienes muebles n.c.o.p. (Sin personal permanente).

 

Agrupación 86. Alquiler de bienes inmuebles

Grupo 861. Alquiler de bienes inmuebles de naturaleza urbana.

Grupo 862. Alquiler de bienes inmuebles de naturaleza rústica.

 

División 9. Otros servicios

Agrupación 92. Servicios de saneamiento, limpieza y similares. Servicios contra incendios y similares

Grupo 922. Servicio de limpieza.

 

Agrupación 97. Servicios personales

Grupo 971. Lavanderías, tintorerías y servicios similares.

Epígrafe 971.1 Tinte, limpieza en seco, lavado y planchado de ropas hechas y de prendas y artículos del hogar usados.

Epígrafe 971.2 Limpieza y teñido de calzado.

Epígrafe 971.3 Zurcido y reparación de ropas.

Grupo 972. Salones de peluquería e institutos de belleza.

Epígrafe 972.1 Servicios de peluquería de señora y caballero.

Epígrafe 972.2 Salones e institutos de belleza y gabinetes de estética.

Grupo 973. Servicios fotográficos, máquinas automáticas fotográficas y servicios de fotocopias.

Epígrafe 973.1 Servicios fotográficos.

Epígrafe 973.2 Máquinas automáticas, sin operador, para fotografías de personas y para copia de documentos.

Epígrafe 973.3 Servicios de copias de documentos con máquinas fotocopiadoras.

Grupo 974. Agencias de prestación de servicios domésticos.

Grupo 975. Servicios de enmarcación.

 


 

Ley 2/2012, de 12 de junio, de Dinamización de la Actividad Comercial en la Comunidad de Madrid

 

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Índice de la Ley 2/2012, de 12 de junio, de Dinamización de la Actividad Comercial en la Comunidad de Madrid

Publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de 14/04/2014, la Orden 639/2014, de 10 de Abril de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del territorio por la que se regulan las entidades colaboradoras en el ejercicio de las funciones administrativas de verificación y control en el ámbito urbanístico.


La Ley 2/2012, de 12 de Junio, de Dinamización de la Actividad comercial en la Comunidad de Madrid inicia un proceso de impulso y fomento de la actividad económica a través de la simplificación de procedimientos administrativos y urbanísticos y la eliminación de trabas administrativas y limitaciones para el libre ejercicio de la actividad.

 

La presente Orden regula el carácter, competencia y personalidad jurídica de dichas Entidades privadas y su atribución como colaboradoras de la administración local en la realización de las actuaciones de verificación y control del cumplimiento de la normativa correspondiente en el ámbito urbanístico.

 

Se regulan igualmente sus funciones y competencia, y se les dota de capacidad para verificar y controlar el cumplimiento de la normativa urbanística Municipal.

 

Las Entidades privadas colaboradoras en ningún caso tendrán el carácter de autoridad, ni su actuación podrá impedir la función de verificación, control e inspección propia de los servicios técnicos Municipales.

 

Cada Ayuntamiento desarrollará mediante Ordenanzas el procedimiento a seguir por las Entidades Colaboradoras en el ejercicio de sus funciones.

 

La aprobación de la presente Orden permite aplicar en toda su extensión la recientemente aprobada Ordenanza para la Apertura de Actividades Económicas en la Ciudad de Madrid de 28 de Febrero de 2014, presentando como principal novedad respecto a su predecesora, la Ordenanza por la que se establece el régimen de gestión y Control de las Licencias urbanísticas de Actividades de 29 de Junio de 2009, la voluntariedad del ciudadano de acudir a una Entidad colaboradora o acudir directamente al Ayuntamiento de Madrid para la tramitación de la licencia o la presentación de la preceptiva declaración responsable.

 

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Orden 639/2014, de 10 de abril, por la que se regulan las entidades privadas colacoradoras (ECUS) en el ámbito urbanístico.

 

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Compartir la propiedad de un bien habitualmente suele suponer una fuente de conflictos entre los condueños, siendo por ello necesario saber cuáles son los cauces más adecuados para poner fin a dicha situación; comenzando con un intento amistoso hasta llegar a la vía judicial o venta a terceros, en caso de situaciones insuperables.

 

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En este caso os presentamos un supuesto que hoy día se presenta con mucha frecuencia. Pareja que adquiere un inmueble en común, siendo avalistas los padres de alguno de ello y posteriormente la pareja se rompe, surgiendo las disputas tanto por el uso del inmueble como por la contribución al pago de los gastos e hipoteca.

 

El varón nos encargó dar contestación a los requerimientos efectuados por su expareja para que afrontara el pago de la hipoteca al 50%, lo que nuestro cliente no hacía desde un tiempo atrás.

 

  • Iniciamos un proceso de negociación, ofertando la entrega del inmueble a la parte contraria para que una vez consolidada la propiedad se procediera a formalizar la dación en pago con el banco.
  • Se consiguió el propósito con exoneración total de gastos hacia nuestro cliente, suscribiendo la oportuna escritura de disolución de la comunidad sobre el inmueble, cuya copia os adjuntamos.
  • Y para garantizar la efectiva entrega del inmueble al banco se suscribió documento privado con la expareja de nuestro cliente y avalistas por el que indemnizarían con una importante cantidad mensual de dinero para el caso de no materializarse.
  • Finalmente se entregó el piso a la entidad bancaria, quedando nuestro cliente libre de toda carga tanto frente a dicha entidad como con la copropietaria.
 

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Hay que se consciente que las situaciones son complejas, pues normalmente cuando se plantea un proindiviso viene precedido de un enfrentamiento entre los condueños, siendo por ello recomendable que se acuda a p`rofesionales en aras a lograr la mejor solución posible.

 

Lo conveniente es otorgar un Poder Notarial a un Letrado para no tener ni siqueira que pasar por el mal trago de acudir a firma la escritura o escrituras ante Notario, tal y como se hizo en el presente caso.

 

Escritura Notarial por la que se Disuelve una COmunidad existente sobre una Vivienda, con compormiso cumplido de entregar el Inmueble al Banco (Dación en Pago)

 

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Por Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, de 28 de febrero de 2014, se aprobó la Ordenanza para la Apertura de Actividades Económicas en la Ciudad de Madrid, publicada en el BOCM nº 67 el pasado día 20 de marzo, entrando en vigor al día siguiente.

 

Con la presente Ordenanza el Ayuntamiento de Madrid pretende impulsar y fomentar las actividades económicas a través de la simplificación de los procedimientos administrativos y urbanísticos.

 

Con esta nueva norma se eliminan trabas administrativas y limitaciones al libre ejercicio de las actividades económicas, con vocación de integrar en este nuevo marco la actuación del Ayuntamiento de Madrid.

 

Se reduce el número de procedimientos, pasando de 5 a 2, concretados en:

 

 

  • La Licencia (Título II), que será residual y precisará la intervención previa de la autoridad municipal.

 

Con ello queda alterado el sistema de comprobación y control tradicional, pasándose de uno previo al inicio de la intervención a otro en el que la Administración interviene para comprobar la legalidad de la actuación una vez se está desarrollando la actividad.

 

Se incrementa la confianza en los ciudadanos, considerando que cuentan con los mecanismos precisos para comenzar a ejercer dentro de la legalidad vigente.

 

Se mantiene la intervención de las Entidades Colaboradoras Privadas en la Gestión Urbanística (Título III), pero siendo facultativo para el ciudadano acudir a ellas o presentar la declaración responsable o licencia directamente ante la propia Administración Municipal, sin que el coste se vea significativamente alterado.

 

Es diseñado por tanto un nuevo sistema de intervención y control municipal, incluyendo un Régimen Sancionador (Título IV), que remite a la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid, en todo lo relativo a las infracciones en materia urbanística.

 

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Finalmente el Título V faculta al Ayuntamiento de Madrid para que imponga multas coercitivas como medio de ejecución forzosa de sus actos.


 

 

Ordenanza para la Apertura de Actividades Económicas en la Ciudad de Madrid, BOCM 67 de 20 de Marzo de 2014

 

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Rafael Pérez-Moreno Serrano.  Abogado ejerciente desde el año 1985. 

 

Letrado con Despacho de Abogados en Toledo desde el que preta sus servicios en toda la Provincia y limítrofes. Avila y Madrid.


Licenciado en Derecho por el Real Colegio Universitario María Cristina (San Lorenzo del Escorial) y la Facultad de Derecho ambos centros de la Universidad Complutense de Madrid.


Master en Derecho Urbanístico por ICADE (Universidad Pontificia).

 

Especialista en las siguientes materias:

 

-  Derecho Mercantil.

- Derecho empresarial en todas sus facetas (civil, mercantil, laboral, etc)

 

 

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El proximo día 14 de octubre de 2013 se celebrará en el Salon de Actos del Hospital Universitario de Getafe las II Jornadas de Sensibilización relacionadas con las enfermedades de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica. Se abordarán la distintas problemáticas a las que se enfrentan los enfermos y sus familias desde los ámbitos médico y jurídico tratando de marcar unas pautas que sirvan de orientación a este colectivo cada vez mayor. 

 

Programa de la Jornada de Sensibilización relacionadas con las enfermedades de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica. 


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TABLA COMPARATIVA DE LA LEY DE ARRENDAMIENTOS URBANOS DE 1994 TRAS LA REFORMA EFECTUADA POR LEY 4/2013, DE MEDIDAS DE FLEXIBILIZACIÓN Y FOMENTO DEL MERCADO DEL ALQUILER DE VIVIENDAS, APROBADA EL 4 DE JUNIO DE 2013.


Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos.  (Texto de la Ley vigente desde el día 6 de Junio de 2013)


 

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Préambulo


TÍTULO I. Ámbito de la ley

Artículo 1. Ámbito de aplicación.
Artículo 2. Arrendamiento de vivienda.
Artículo 3. Arrendamiento para uso distinto del de vivienda.
Artículo 4. Régimen aplicable (Reformado).
Artículo 5. Arrendamientos excluidos (Se añade Letra e).


TÍTULO II. De los arrendamientos de vivienda

CAPÍTULO I. Normas generales

Artículo 6. Naturaleza de las normas.
Artículo 7. Condición de arrendamiento de vivienda (Reformado).
Artículo 8. Cesión del contrato y subarriendo.


CAPÍTULO II. De la duración del contrato

Artículo 9. Plazo mínimo (Reformado).
Artículo 10. Prórroga del contrato (Reformado).
Artículo 11. Desistimiento del contrato (Reformado).
Artículo 12. Desistimiento y vencimiento en caso de matrimonio o convivencia del arrendatario.
Artículo 13. Resolución del derecho del arrendador (Reformado).
Artículo 14. Enajenación de la vivienda arrendada (Reformado).
Artículo 15. Separación, divorcio o nulidad del matrimonio del arrendatario (Reformado).
Artículo 16. Muerte del arrendatario (Reformado).


CAPÍTULO III. De la renta

Artículo 17. Determinación de la renta (Nuevo apartado 5).
Artículo 18. Actualización de la renta (Reformado).
Artículo 19. Elevación de renta por mejoras (Reformado).
Artículo 20. Gastos generales y de servicios individuales (Reformado).


CAPÍTULO IV. De los derechos y obligaciones de las partes

Artículo 21. Conservación de la vivienda.
Artículo 22. Obras de mejora.
Artículo 23. Obras del arrendatario. (Reformado)
Artículo 24. Arrendatarios con discapacidad. (Reformado)
Artículo 25. Derecho de adquisición preferente (Reformado).


CAPÍTULO V. De la suspensión, resolución y extinción del contrato

Artículo 26. Habitabilidad de la vivienda.
Artículo 27. Incumplimiento de obligaciones (Reformado).
Artículo 28. Extinción del arrendamiento.


TÍTULO III. De los arrendamientos para uso distinto del de vivienda

Artículo 29. Enajenación de la finca arrendada.
Artículo 30. Conservación, mejora y obras del arrendatario.
Artículo 31. Derecho de adquisición preferente.
Artículo 32. Cesión del contrato y subarriendo.
Artículo 33. Muerte del arrendatario.
Artículo 34. Indemnización al arrendatario.
Artículo 35. Resolución de pleno derecho (Reformado).


TÍTULO IV. Disposiciones comunes

Artículo 36. Fianza (Reformado).
Artículo 37. Formalización del arrendamiento.


TÍTULO V. Procesos arrendaticios

Artículo 38. Competencia.
Artículo 39. Procedimiento.
Artículo 40. Acumulación de acciones.


Disposiciones adicionales


Disposiciones transitorias


Disposición derogatoria única. Disposiciones que se derogan.


Disposiciones finales

 


 

Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos.

 

JUAN CARLOS I

REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley.

 

PREAMBULO

 

1

El régimen jurídico de los arrendamientos urbanos se encuentra en la actualidad regulado por el texto refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964, aprobado por el Decreto 4104/1964, de 24 de diciembre.

Los principios que inspiraron la reforma de la legislación arrendaticia llevada a cabo en 1964, según reza la Exposición de Motivos de la Ley 40/1964, fueron los de atemperar el movimiento liberalizador de la propiedad urbana a las circunstancias económicas del país y a las exigencias de la justicia. Sin embargo, el texto refundido no llegó a alcanzar sus objetivos de desbloquear la situación de las rentas congeladas. El citado texto consagró, además, un régimen de subrogaciones, tanto ínter vivos como mortis causa, favorable a los intereses del arrendatario.

Ambas circunstancias determinaron un marco normativo que la práctica ha puesto de manifiesto que fomentaba escasamente la utilización del instituto arrendaticio.

Ante estas circunstancias, el Real Decreto-ley 2/1985, de 30 de abril, sobre Medidas de Política Económica, introdujo dos modificaciones en la regulación del régimen de los arrendamientos urbanos que han tenido un enorme impacto en el desarrollo posterior de este sector. Estas modificaciones fueron la libertad para la transformación de viviendas en locales de negocio y la libertad para pactar la duración del contrato, suprimiendo el carácter obligatorio de la prórroga forzosa en los contratos de arrendamientos urbanos.

El Real Decreto-ley 2/1985 ha tenido resultados mixtos. Por un lado, ha permitido que la tendencia a la disminución en el porcentaje de viviendas alquiladas que se estaba produciendo a principios de la década de los ochenta se detuviera, aunque no ha podido revertir sustancialmente el signo de la tendencia. Por otro lado, sin embargo, ha generado una enorme inestabilidad en el mercado de viviendas en alquiler al dar lugar a un fenómeno de contratos de corta duración. Esto a su vez ha producido un movimiento de incremento de las rentas muy significativo, que se ha visto agravado por su simultaneidad en el tiempo con un período de elevación de los precios en el mercado inmobiliario.

En la actualidad, el mercado de los arrendamientos urbanos en vivienda se caracteriza por la coexistencia de dos situaciones claramente diferenciadas. Por un lado, los contratos celebrados al amparo del Real Decreto-ley 2/1985, que representan aproximadamente el 20 por 100 del total y se caracterizan por tener rentas elevadas y un importante grado de rotación ocupacional por consecuencia de su generalizada duración anual. Por el otro, los contratos celebrados con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del Real Decreto-ley 2/1985. En general, se trata de contratos con rentas no elevadas y, en el caso de los contratos celebrados con anterioridad a la Ley de 1964, aproximadamente el 50 por 100 del total, con rentas que se pueden calificar como ineconómicas.

Las disfunciones que esta situación genera en el mercado son tales que han convertido al arrendamiento en una alternativa poco atractiva frente a la de la adquisición en propiedad en relación con la solución al problema de la vivienda. En este sentido, sólo un 18 por 100 aproximadamente del parque total de viviendas se encuentra en régimen de alquiler.

Por ello, la finalidad última que persigue la reforma es la de coadyuvar a potenciar el mercado de los arrendamientos urbanos como pieza básica de una política de vivienda orientada por el mandato constitucional consagrado en el artículo 47, de reconocimiento del derecho de todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.

La consecución de este objetivo exige una modificación normativa que permita establecer un equilibrio adecuado en las prestaciones de las partes, y aunque es evidente que el cambio normativo por sí mismo no constituye una condición suficiente para potenciar la oferta en este sector, sí es una condición necesaria para que ello se produzca.

La regulación sustantiva del contrato de arrendamiento debe partir de una clara diferenciación de trato entre los arrendamientos de vivienda y los destinados a cualquier otro uso distinto del de vivienda, por entender que las realidades económicas subyacentes son sustancialmente distintas y merecedoras, por tanto, de sistemas normativos disímiles que se hagan eco de esa diferencia.

En este sentido, al mismo tiempo que se mantiene el carácter tuitivo de la regulación de los arrendamientos de vivienda, se opta en relación con los destinados a otros usos por una regulación basada de forma absoluta en el libre acuerdo de las partes.

Además, la ley contiene una reforma parcial de la regulación de los procesos arrendaticios y la modificación del régimen de los contratos actualmente en vigor.

 

2

La regulación de los arrendamientos de vivienda presenta novedades significativas, fundamentalmente en relación con su duración. En este sentido, se ha optado por establecer un plazo mínimo de duración del contrato de cinco años, por entender que un plazo de estas características permite una cierta estabilidad para las unidades familiares que les posibilita contemplar al arrendamiento como alternativa válida a la propiedad. Al mismo tiempo, no es un plazo excesivo que pudiera constituir un freno para que tanto los propietarios privados como los promotores empresariales sitúen viviendas en este mercado.

Este plazo mínimo de duración se articula a partir del libre pacto entre las partes sobre la duración inicial del contrato más un sistema de prórrogas anuales obligatorias hasta alcanzar el mínimo de cinco años de duración, si el pacto inicial hubiera sido por un plazo inferior.

Se introduce también en la ley un mecanismo de prórroga tácita, transcurrido como mínimo el plazo de garantía de cinco años, que da lugar a un nuevo plazo articulado, asimismo, sobre períodos anuales, de tres años.

El reconocimiento de la existencia de situaciones que exigen plazos inferiores de duración ha hecho que la ley prevea esta posibilidad, aunque vinculada en exclusiva a la necesidad, conocida al tiempo de la celebración del contrato, de recuperar el uso de la vivienda arrendada para domicilio del propio arrendador.

El establecimiento de un plazo de duración limitado permite mitigar el impacto que el instituto de las subrogaciones pudiera tener sobre el equilibrio de las prestaciones. En la medida en que el derecho de las personas subrogadas a continuar en el uso de la vivienda arrendada sólo se mantiene hasta la terminación del plazo contractual, no existe inconveniente en mantener dicho derecho en el ámbito mortis causa a favor de aquellas personas con vinculación directa con el arrendatario. Destaca como novedad el reconocimiento de este derecho al conviviente «more uxorio».

En relación con las subrogaciones ínter vivos, sólo se reconoce su existencia previo consentimiento escrito del arrendador. Al mismo tiempo, se introduce una novedad en casos de resoluciones judiciales que, en procesos de nulidad, separación o divorcio, asignen la vivienda al cónyuge no titular. En estos casos, se reconoce «ex lege» a dicho cónyuge el derecho a continuar en el uso de la vivienda arrendada por el tiempo que restare del contrato.

El régimen de rentas se construye en torno al principio de la libertad de pactos entre las partes para la determinación de la renta inicial tanto para los contratos nuevos como para aquellos que se mantengan con arrendatarios ya establecidos. Esto asegurará, cuando ello sea preciso, que las rentas de los contratos permitan reflejar la realidad del mercado, si esta realidad no hubiera podido trasladarse a la renta por la vía de las actualizaciones previstas. Ello puede ser así, dado que la norma establece un mecanismo de actualización de rentas vinculado a las variaciones porcentuales que pueda experimentar en un período anual el Indice de Precios al Consumo.

Por lo que se refiere a los derechos y obligaciones de las partes, la ley mantiene en líneas generales la regulación actual, sin introducir grandes novedades. Se exceptúa el establecimiento de una previsión especial para arrendatarios afectados de minusvalías o con personas minusválidas a su cargo, que pretendan efectuar modificaciones en la finca arrendada que les permitan mejorar la utilización de la misma.

También se mantiene el derecho de adquisición preferente en favor del arrendatario para el supuesto de enajenación de la vivienda arrendada durante la vigencia del arrendamiento aunque referido a condiciones de mercado, por entenderse que constituye un instrumento que sin suponer una grave onerosidad para el arrendador incrementa las posibilidades de permanencia del arrendatario en la vivienda.

Por último, por lo que se refiere a la formalización de los contratos, la ley mantiene la libertad de las partes de optar por la forma oral o escrita. Al mismo tiempo, se consagra expresamente la posibilidad de todos los contratos de arrendamiento, cualquiera que sea su duración, de acceder al Registro de la Propiedad, intentando, por otro lado, potenciar esta posibilidad de acceso mediante la vinculación de determinadas medidas de fomento o beneficio al hecho de la inscripción. Este hecho no sólo contribuye a reforzar las garantías de las partes, sino que incrementa la información disponible para el Estado, permitiéndole el diseño y ejecución de aquellas medidas que puedan contribuir a la mejora de la ordenación normativa y de la práctica de los arrendamientos.

 

3

La ley abandona la distinción tradicional entre arrendamientos de vivienda y arrendamientos de locales de negocio y asimilados para diferenciar entre arrendamientos de vivienda, que son aquellos dedicados a satisfacer la necesidad de vivienda permanente del arrendatario, su cónyuge o sus hijos dependientes, y arrendamientos para usos distintos al de vivienda, categoría ésta que engloba los arrendamientos de segunda residencia, los de temporada, los tradicionales de local de negocio y los asimilados a éstos.

Este nuevo categorismo se asienta en la idea de conceder medidas de protección al arrendatario sólo allí donde la finalidad del arrendamiento sea la satisfacción de la necesidad de vivienda del individuo y de su familia, pero no en otros supuestos en los que se satisfagan necesidades económicas, recreativas o administrativas.

Para ello, en la regulación de los arrendamientos para uso distinto al de vivienda, la ley opta por dejar al libre pacto de las partes todos los elementos del contrato, configurándose una regulación supletoria del libre pacto que también permite un amplio recurso al régimen del Código Civil.

Se regulan así, con carácter supletorio de la voluntad expresa de arrendador y arrendatario, el régimen de obligaciones de conservación y obras, el derecho de adquisición preferente, el de traspaso y las subrogaciones mortis causa, aunque limitadas al cónyuge e hijos del arrendatario que continúen la actividad.

Se introduce en esta regulación una novedad consistente en el derecho del arrendatario a ser indemnizado cuando, queriendo continuar con el arrendamiento, deba abandonar el local por el transcurso del plazo previsto, siempre que de alguna forma el arrendador o un nuevo arrendatario se pudiesen beneficiar de la clientela obtenida por el antiguo arrendatario, o alternativamente, de los gastos de traslado y de los perjuicios derivados del mismo, cuando el arrendatario se vea obligado a trasladar su actividad.

 

4

La fianza arrendaticia mantiene su carácter obligatorio, tanto en vivienda como en uso distinto, fijándose su cuantía en una o dos mensualidades de renta, según sea arrendamiento de vivienda o de uso distinto. Al mismo tiempo se permite a las Comunidades Autónomas con competencias en materia de vivienda que regulen su depósito obligatorio en favor de la propia Comunidad, ya que los rendimientos generados por estos fondos se han revelado como una importante fuente de financiación de las políticas autonómicas de vivienda, que se considera debe de mantenerse.

 

5

En la regulación de los procesos arrendaticios se establece que la competencia para conocer de las controversias corresponde, en todo caso, al Juez de Primera Instancia del lugar donde esté sita la finca urbana, excluyendo la posibilidad de modificar la competencia funcional por vía de sumisión expresa o tácita a Juez distinto.

Esto no obsta para recordar la posibilidad de que las partes en la relación jurídica puedan pactar, para la solución de sus conflictos, la utilización del procedimiento arbitral.

La tramitación de los procesos arrendaticios se defiere al juicio de cognición, haciendo salvedad expresa de los supuestos de aplicación del juicio de desahucio y del juicio verbal cuando se ejecuten, en este último caso, acciones para determinar rentas o importes que corresponda abonar al arrendatario.

Se regulan, asimismo, las condiciones en las que el arrendatario podrá enervar la acción en los desahucios promovidos por la falta de pago de cantidades debidas por virtud de la relación arrendaticia. Esta regulación matiza de forma significativa las posibilidades de enervación y rehabilitación contenidas en el texto refundido de 1964.

En los supuestos de acumulación de acciones se ha establecido, junto a la regulación tradicional, la posibilidad de acumulación que asiste a los arrendatarios cuando las acciones ejercitadas se funden en hechos comunes y se dirijan contra el mismo arrendador. También se permite a éste en los supuestos de resolución del contrato por falta de pago, el ejercicio acumulado y simultáneo de la acción de resolución del contrato y la reclamación de las cantidades adeudadas.

Por último, y como novedad más significativa de la ley en materia procesal, se establece la regulación del recurso de casación en materia arrendaticia por entender que la materia, dada su importancia y la trascendencia de los cambios normativos que esta norma introduce, debe poder ser objeto de una doctrina jurisprudencial elaborada en sede del Tribunal Supremo. Como notas más características del recurso de casación pueden señalarse las siguientes: sólo serán susceptibles de dicho recurso las sentencias dictadas en los procesos seguidos por los trámites del juicio de cognición, siempre que las sentencias de primera y segunda instancia no sean conformes, y la renta de los contratos se encuentre por debajo de los límites que por ley se consagran.

 

6

Por lo que se refiere a los contratos existentes a la entrada en vigor de esta ley, los celebrados al amparo del Real Decreto-ley 2/1985 no presentan una especial problemática puesto que ha sido la libre voluntad de las partes la que ha determinado el régimen de la relación en lo que a duración y renta se refiere. Por ello, estos contratos continuarán hasta su extinción sometidos al mismo régimen al que hasta ahora lo venían estando. En ese momento, la nueva relación arrendaticia que se pueda constituir sobre la finca quedará sujeta a la nueva normativa. De esta regulación no quedan exceptuados los contratos que, aunque en fecha posterior al 9 de mayo de 1985, se hayan celebrado con sujeción al régimen de prórroga forzosa, al derivar éste del libre pacto entre las partes.

Por lo que se refiere a los contratos celebrados con anterioridad, la ley opta por una solución que intenta conjugar el máximo de sencillez posible con un trato equilibrado de las distintas situaciones en que las partes en conflicto se encuentran. Por ello, se introduce un planteamiento que mantiene el criterio de trato diferenciado entre los contratos de arrendamiento de vivienda y los de local de negocio otorgando condiciones más suaves de modificación del arrendatario de vivienda que al de local de negocio.

Teniendo en cuenta los perjudiciales efectos que ha tenido la prolongada vigencia de la prórroga obligatoria impuesta por la Ley de 1964, se aborda la necesidad de poner límite a la duración de esta prórroga obligatoria restableciendo la temporalidad de la relación arrendataria de conformidad con su propia naturaleza, pero esta modificación se realiza teniendo en cuenta los efectos sociales y económicos de la medida tomando en consideración la situación personal y familiar y la capacidad económica de los arrendatarios.

En este sentido, en el arrendamiento de viviendas se opta por la supresión total de la subrogación ínter vivos, excepción hecha de la derivada de resolución judicial en procesos matrimoniales, y por la supresión gradual de los derechos de subrogación mortis causa que el texto refundido de 1964 reconocía.

Como esta medida afecta a situaciones cuyos contenidos potenciales de derechos son diferentes, arrendatarios titulares iniciales del contrato, arrendatarios en primera subrogación y arrendatarios en segunda subrogación, la norma debe ofrecer respuestas adecuadas para cada una de ellas. De ahí que la supresión de las subrogaciones sea tanto más gradual cuanto mayor sea el contenido potencial de derechos que la ley contempla para cada supuesto, a partir del principio general de conservar al arrendatario actual y a su cónyuge el derecho a continuar en el uso de la vivienda arrendada hasta su fallecimiento, allí donde este derecho les estuviera reconocido por la legislación de 1964.

En cuanto al régimen de rentas, la ley opta por intentar desbloquear la situación de las rentas congeladas. Para ello, se establece un sistema de revisión aplicable a todos los contratos anteriores al 9 de mayo de 1985, que pretende recuperar las variaciones no repercutidas de la inflación desde la fecha de celebración del contrato o desde la última revisión legal, según proceda. Esta revisión no se produce de manera inmediata sino gradual, incrementándose el número de años en que se produce la revisión total en función inversa de la renta del arrendatario, posibilitando a los arrendatarios de menor nivel económico a que adapten sus economías a la nueva realidad.

En el caso de arrendatarios de bajo nivel de renta, por debajo de dos veces y media, tres o tres veces y media el salario mínimo interprofesional en función del número de personas que habiten en la vivienda arrendada, se excluye la revisión de las rentas mandatándose al Gobierno para que en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la ley configure un mecanismo de compensación de naturaleza fiscal para aquellos arrendadores que no hayan podido, por las circunstancias antes señaladas proceder a la actualización de las rentas.

Asimismo, se concede a los arrendadores el derecho a disfrutar de beneficios en el Impuesto sobre el Patrimonio, en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, en los gastos de conservación de la finca arrendada y el coste de los servicios y suministros de que disfrute la vivienda arrendada, en estos tres últimos casos mediante la imputación de sus importes a los arrendatarios.

En el caso de los arrendamientos de locales de negocio, se ha optado por articular un calendario de resolución temporal de estos contratos, aunque distinguiendo entre los arrendamientos en los que el arrendatario sea una persona física de aquéllos en los que sea una persona jurídica, presumiendo mayor solvencia económica allí donde el entramado organizativo sea más complejo.

Por ello, se mantienen, aunque de forma limitada, derechos de subrogación mortis causa en el primer supuesto, garantizándose al grupo familiar vinculado al desarrollo de la actividad, un plazo mínimo de veinte años, que podrá superarse mientras el arrendatario y su cónyuge vivan y continúen el ejercicio de la actividad que se venga desarrollando en el local.

Para los arrendamientos de personas jurídicas se configuran plazos de resolución tasados, entre cinco y veinte años, en función de la naturaleza y del volumen de la actividad desarrollada en el local arrendado, configurándose un plazo de duración breve para aquellos arrendamientos en los que se desarrollan actividades con un potencial económico tal que coloquen a los titulares de estos contratos en posiciones de equilibrio respecto de los arrendadores a la hora de negociar nuevas condiciones arrendaticias.

En cuanto a la renta pagada en estos contratos, se reproduce el esquema de revisión establecido para los arrendamientos de viviendas, graduando temporalmente el ritmo de la revisión en función de las categorías antes expuestas.

Para favorecer la continuidad de los arrendatarios, la ley regula una figura de nueva creación que es el derecho de arrendamiento preferente, que concede al arrendatario un derecho preferente a continuar en el uso del local arrendado al tiempo de la extinción del contrato, frente a cualquier tercero en condiciones de mercado.

Asimismo, se estipula un derecho indemnizatorio en caso de no continuar en el uso del local arrendado cuando otra persona, sea el propietario o sea un nuevo arrendatario, pueda beneficiarse de la clientela generada por la actividad del antiguo arrendatario.

En cuanto a los arrendamientos asimilados, tanto al inquilinato como al local de negocio, se les da un tratamiento similar al de los arrendamientos de local de negocio, en materia de duración y de régimen de renta.

 

TÍTULO I.- Ámbito de la ley

 

Artículo 1. Ámbito de aplicación.

La presente ley establece el régimen jurídico aplicable a los arrendamientos de fincas urbanas que se destinen a vivienda o a usos distintos del de vivienda.

 

Artículo 2. Arrendamiento de vivienda.

1. Se considera arrendamiento de vivienda aquel arrendamiento que recae sobre una edificación habitable cuyo destino primordial sea satisfacer la necesidad permanente de vivienda del arrendatario.

2. Las normas reguladoras del arrendamiento de vivienda se aplicarán también al mobiliario, los trasteros, las plazas de garaje y cualesquiera otras dependencias, espacios arrendados o servicios cedidos como accesorios de la finca por el mismo arrendador.

 

Artículo 3. Arrendamiento para uso distinto del de vivienda.

1. Se considera arrendamiento para uso distinto del de vivienda aquel arrendamiento que, recayendo sobre una edificación, tenga como destino primordial uno distinto del establecido en el artículo anterior.

2. En especial, tendrán esta consideración los arrendamientos de fincas urbanas celebrados por temporada, sea ésta de verano o cualquier otra, y los celebrados para ejercerse en la finca una actividad industrial, comercial, artesanal, profesional, recreativa, asistencial, cultural o docente, cualquiera que sean las personas que los celebren. 

 

Texto Derogado oooooo Nueva Redacción
Artículo 4. Régimen aplicable.

1. Los arrendamientos regulados en la presente ley se someterán de forma imperativa a lo dispuesto en los Títulos I, IV y V de la misma y a lo dispuesto en los apartados siguientes de este artículo.

2. Respetando lo establecido en el apartado anterior, los arrendamientos de vivienda se rigen por lo dispuesto en el Título II de la presente ley, en su defecto, por la voluntad de las partes y, supletoriamente, por lo dispuesto en el Código Civil.

Se exceptúan de lo así dispuesto los arrendamientos de viviendas cuya superficie sea superior a 300 metros cuadrados o en los que la renta inicial en cómputo anual exceda de 5,5 veces el salario mínimo interprofesional en cómputo anual. Estos arrendamientos se regirán por la voluntad de las partes, en su defecto, por lo dispuesto en el Título II de la presente ley y, supletoriamente, por las disposiciones del Código Civil.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, los arrendamientos para uso distinto del de vivienda se rigen por la voluntad de las partes, en su defecto, por lo dispuesto en el Título III de la presente ley y, supletoriamente, por lo dispuesto en el Código Civil.

4. La exclusión de la aplicación de los preceptos de esta ley, cuando ello sea posible, deberá hacerse de forma expresa respecto de cada uno de ellos.

 Artículo 4. Régimen aplicable. 

1. Los arrendamientos regulados en la presente Ley se someterán de forma imperativa a lo dispuesto en los Títulos I y IV de la misma y a lo dispuesto en los apartados siguientes de este artículo.

2. Respetando lo establecido en el apartado anterior, los arrendamientos de vivienda se regirán por los pactos, cláusulas y condiciones determinados por la voluntad de las partes, en el marco de lo establecido en el Título II de la presente ley y, supletoriamente, por lo dispuesto en el Código Civil.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, los arrendamientos para uso distinto del de vivienda se rigen por la voluntad de las partes, en su defecto, por lo dispuesto en el Título III de la presente ley y, supletoriamente, por lo dispuesto en el Código Civil.

4. La exclusión de la aplicación de los preceptos de esta ley, cuando ello sea posible, deberá hacerse de forma expresa respecto de cada uno de ellos.

5. Las partes podrán pactar la sumisión a mediación o arbitraje de aquéllas controversias que por su naturaleza puedan resolverse a través de estas formas de resolución de conflictos, de conformidad con lo establecido en la legislación reguladora de la mediación en asuntos civiles y mercantiles y del arbitraje.

6. Las partes podrán señalar una dirección electrónica a los efectos de realizar las notificaciones previstas en esta ley, siempre que se Garantice la autenticidad de la comunicación y de su contenido y quede constancia fehaciente de la remisión y recepción íntegras y del momento en que se hicieron.

 

Artículo 5. Arrendamientos excluidos.

Quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta ley:

a) El uso de las viviendas que los porteros, guardas, asalariados, empleados y funcionarios, tengan asignadas por razón del cargo que desempeñen o del servicio que presten.

b) El uso de las viviendas militares, cualquiera que fuese su calificación y régimen, que se regirán por lo dispuesto en su legislación específica.

c) Los contratos en que, arrendándose una finca con casa-habitación, sea el aprovechamiento agrícola, pecuario o forestal del predio la finalidad primordial del arrendamiento. Estos contratos se regirán por lo dispuesto en la legislación aplicable sobre arrendamientos rústicos.

d) El uso de las viviendas universitarias, cuando éstas hayan sido calificadas expresamente como tales por la propia Universidad propietaria o responsable de las mismas, que sean asignadas a los alumnos matriculados en la correspondiente Universidad y al personal docente y de administración y servicios dependiente de aquélla, por razón del vínculo que se establezca entre cada uno de ellos y la Universidad respectiva, a la que corresponderá en cada caso el establecimiento de las normas a que se someterá su uso. 

Texto Vigente oooooo Nueva redacción
 Sin texto actualmente

e) La cesión temporal de uso de la totalidad  de una vivienda amueblada y equipada en condiciones de uso inmediato, comercializada o promocionada en canales de oferta turística y realizada  con finalidad lucrativa, cuando esté sometida a un  régimen específico, derivado de su normativa sectorial.

 

TÍTULO II.- De los arrendamientos de vivienda

 

CAPÍTULO I.- Normas generales

 

Artículo 6. Naturaleza de las normas.

Son nulas, y se tendrán por no puestas, las estipulaciones que modifiquen en perjuicio del arrendatario o subarrendatario las normas del presente Título, salvo los casos en que la propia norma expresamente lo autorice.  

Texto Derogado oooooo Nueva redacción
Artículo 7. Condición de arrendamiento de vivienda.

El arrendamiento de vivienda no perderá esta condición aunque el arrendatario no tenga en la finca arrendada su vivienda permanente, siempre que en ella habiten su cónyuge no separado legalmente o de hecho, o sus hijos dependientes. 

Artículo 7. Condición y efectos frente a terceros del arrendamiento de viviendas.

1. El arrendamiento de vivienda no perderá esta condición aunque el arrendatario no tenga en la finca arrendada su vivienda permanente, siempre que en ella habiten su cónyuge no separado legalmente o de hecho, o sus hijos dependientes.

2. En todo caso, para que los arrendamientos concertados sobre fincas urbanas, surtan efecto frente a terceros que hayan inscrito su derecho, dichos arrendamientos deberán inscribirse en el Registro de la Propiedad.

 

Artículo 8. Cesión del contrato y subarriendo.

1. El contrato no se podrá ceder por el arrendatario sin el consentimiento escrito del arrendador. En caso de cesión, el cesionario se subrogará en la posición del cedente frente al arrendador.

2. La vivienda arrendada sólo se podrá subarrendar de forma parcial y previo consentimiento escrito del arrendador.

El subarriendo se regirá por lo dispuesto en el presente Título para el arrendamiento cuando la parte de la finca subarrendada se destine por el subarrendatario a la finalidad indicada en el artículo 2.1. De no darse esta condición, se regirá por lo pactado entre las partes.

El derecho del subarrendatario se extinguirá, en todo caso, cuando lo haga el del arrendatario que subarrendó.

El precio del subarriendo no podrá exceder, en ningún caso, del que corresponda al arrendamiento.

 

CAPÍTULO II.- De la duración del contrato 

Texto Derogado oooooo Nueva redacción
Artículo 9. Plazo mínimo.

1. La duración del arrendamiento será libremente pactada por las partes. Si ésta fuera inferior a cinco años, llegado el día del vencimiento del contrato, éste se prorrogará obligatoriamente por plazos anuales hasta que el arrendamiento alcance una duración mínima de cinco años, salvo que el arrendatario manifieste al arrendador con treinta días de antelación como mínimo a la fecha de terminación del contrato o de cualquiera de las prórrogas, su voluntad de no renovarlo.

El plazo comenzará a contarse desde la fecha del contrato o desde la puesta del inmueble a disposición del arrendatario si ésta fuere posterior. Corresponderá al arrendatario la prueba de la fecha de la puesta a disposición.

2. Se entenderán celebrados por un año los arrendamientos para los que no se haya estipulado plazo de duración o éste sea indeterminado, sin perjuicio del derecho de prórroga anual para el arrendatario, en los términos resultantes del apartado anterior.

3. No procederá la prórroga obligatoria del contrato cuando, al tiempo de su celebración, se haga constar en el mismo, de forma expresa, la necesidad para el arrendador de ocupar la vivienda arrendada antes del transcurso de cinco años para destinarla a vivienda permanente para sí o sus familiares en primer grado de consanguinidad o por adopción o para su cónyuge en los supuestos de sentencia firme de divorcio o nulidad matrimonial.

Si transcurridos tres meses a contar de la extinción del contrato o, en su caso, del efectivo desalojo de la vivienda, no hubieran procedido el arrendador o sus familiares en primer grado de consanguinidad o por adopción o su cónyuge en los supuestos de sentencia firme de divorcio o nulidad matrimonial a ocupar ésta por sí, según los casos, el arrendador deberá reponer al arrendatario en el uso y disfrute de la vivienda arrendada por un nuevo período de hasta cinco años, respetando, en lo demás, las condiciones contractuales existentes al tiempo de la extinción, con indemnización de los gastos que el desalojo de la vivienda le hubiera supuesto hasta el momento de la reocupación, o indemnizarle, a elección del arrendatario, con una cantidad igual al importe de la renta por los años que quedaren hasta completar cinco, salvo que la ocupación no pudiera tener lugar por causa de fuerza mayor.

Artículo 9. Plazo mínimo.

1. La duración del arrendamiento será libremente pactada por las partes. Si ésta fuera inferior a tres años, llegado el día del vencimiento del contrato, éste se prorrogará obligatoriamente por plazos anuales hasta que el arrendamiento alcance una duración mínima de tres años, salvo que el arrendatario manifieste al arrendador, con treinta días de antelación como mínimo a la fecha de terminación del contrato o de cualquiera de las prórrogas, su voluntad de no renovarlo.

El plazo comenzará a contarse desde la fecha del contrato o desde la puesta del inmueble a disposición del arrendatario si ésta fuere posterior. Corresponderá al arrendatario la prueba de la fecha de la puesta a disposición.

2. Se entenderán celebrados por un año los arrendamientos para los que no se haya estipulado plazo de duración o éste sea indeterminado, sin perjuicio del derecho de prórroga anual para el arrendatario, en los términos resultantes del apartado anterior.

3. No procederá la prórroga obligatoria del contrato si, una vez transcurrido el primer año de duración del mismo, el arrendador comunica al
arrendatario que tiene necesidad de la vivienda arrendada para destinarla a vivienda permanente para sí o sus familiares en primer grado de consanguinidad o por adopción o para su cónyuge en los supuestos de sentencia firme de separación, divorcio o nulidad matrimonial. La referida comunicación deberá realizarse al arrendatario al menos con dos meses de antelación a la fecha en la que la vivienda se vaya a necesitar y el arrendatario estará obligado a entregar la finca arrendada en dicho plazo si las partes no llegan a un acuerdo distinto.

Si transcurridos tres meses a contar de la extinción del contrato o, en su caso, del efectivo desalojo de la vivienda, no hubieran procedido el
arrendador o sus familiares en primer grado de consanguinidad o por adopción o su cónyuge en los supuestos de sentencia firme de separación, divorcio o nulidad matrimonial a ocupar ésta por sí, según los casos, el arrendatario podrá optar, en el plazo de treinta días, entre ser repuesto en el uso y disfrute de la vivienda arrendada por un nuevo período de hasta tres años, respetando, en lo demás, las condiciones contractuales existentes al tiempo de la extinción, con indemnización de los gastos que el desalojo de la vivienda le hubiera
supuesto hasta el momento de la reocupación, o ser indemnizado por una cantidad equivalente a una mensualidad por cada año que quedara por cumplir hasta completar tres, salvo que la ocupación no hubiera tenido lugar por causa de fuerza mayor.

4. Tratándose de finca no inscrita, también durarán tres años los arrendamientos de vivienda que el arrendatario haya concertado de buena fe con la persona que parezca ser propietaria en virtud de un estado de cosas cuya creación sea imputable al verdadero propietario, sin perjuicio de la facultad de no renovación a que se refiere el apartado 1 de este artículo. Si el arrendador enajenase la vivienda arrendada, se estará a lo dispuesto en el artículo 1571 del Código Civil. Si fuere vencido en juicio por el verdadero propietario, se estará a lo dispuesto en el citado artículo 1571 del Código Civil, además de que corresponda indemnizar los daños y perjuicios causados.

  

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Artículo 10. Prórroga del contrato.

Si llegada la fecha de vencimiento del contrato, una vez transcurridos como mínimo cinco años de duración de aquél, ninguna de las partes hubiese notificado a la otra, al menos con un mes de antelación a aquella fecha, su voluntad de no renovarlo, el contrato se prorrogará obligatoriamente por plazos anuales hasta un máximo de tres años más, salvo que el arrendatario manifieste al arrendador con un mes de antelación a la fecha de terminación de cualquiera de las anualidades, su voluntad de no renovar el contrato.

Al contrato prorrogado, le seguirá siendo de aplicación el régimen legal y convencional al que estuviera sometido. 

Artículo 10. Prórroga del contrato.

1. Si llegada la fecha de vencimiento del contrato, o de cualquiera de sus prórrogas, una vez transcurridos como mínimo tres años de duración de aquel, ninguna de las partes hubiese notificado a la otra, al menos con treinta días de antelación a aquella fecha, su voluntad de no renovarlo, el contrato se prorrogará necesariamente durante un año más.

2. Una vez inscrito el contrato de arrendamiento, el derecho de prórroga establecido en el artículo 9, así como la prórroga de un año a la que
se refiere el apartado anterior, se impondrán en relación a terceros adquirentes que reúnan las condiciones del artículo 34 de la Ley hipotecaria.

3. Al contrato prorrogado, le seguirá siendo de aplicación el régimen legal y convencional al que estuviera sometido.

  

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Artículo 11. Desistimiento del contrato.

En arrendamientos de duración pactada superior a cinco años, podrá el arrendatario desistir del contrato siempre que el mismo hubiere durado al menos cinco años y dé el correspondiente preaviso al arrendador con una antelación mínima de dos meses.

Las partes podrán pactar en el contrato que, para el caso de desistimiento, deba el arrendatario indemnizar al arrendador con una cantidad equivalente a una mensualidad de la renta en vigor por cada año del contrato que reste de cumplir. Los períodos de tiempo inferiores al año darán lugar a la parte proporcional de la indemnización. 

Artículo 11. Desistimiento del contrato.

El arrendatario podrá desistir del contrato de arrendamiento, una vez que hayan transcurrido al menos seis meses, siempre que se lo comunique al arrendador con una antelación mínima de treinta días. Las partes podrán pactar en el contrato que, para el caso de desistimiento, deba el arrendatario indemnizar al arrendador con una cantidad equivalente a una mensualidad de la renta en vigor por
cada año del contrato que reste por cumplir. Los períodos de tiempo inferiores al año darán lugar a la parte proporcional de la indemnización.

 

Artículo 12. Desistimiento y vencimiento en caso de matrimonio o convivencia del arrendatario.

1. Si el arrendatario manifestase su voluntad de no renovar el contrato o de desistir de él, sin el consentimiento del cónyuge que conviviera con dicho arrendatario, podrá el arrendamiento continuar en beneficio de dicho cónyuge.

2. A estos efectos, podrá el arrendador requerir al cónyuge del arrendatario para que manifieste su voluntad al respecto.

Efectuado el requerimiento, el arrendamiento se extinguirá si el cónyuge no contesta en un plazo de quince días a contar de aquél. El cónyuge deberá abonar la renta correspondiente hasta la extinción del contrato, si la misma no estuviera ya abonada.

3. Si el arrendatario abandonara la vivienda sin manifestación expresa de desistimiento o de no renovación, el arrendamiento podrá continuar en beneficio del cónyuge que conviviera con aquél siempre que en el plazo de un mes de dicho abandono, el arrendador reciba notificación escrita del cónyuge manifestando su voluntad de ser arrendatario.

Si el contrato se extinguiera por falta de notificación, el cónyuge quedará obligado al pago de la renta correspondiente a dicho mes.

4. Lo dispuesto en los apartados anteriores será también de aplicación en favor de la persona que hubiera venido conviviendo con el arrendatario de forma permanente en análoga relación de afectividad a la de cónyuge, con independencia de su orientación sexual, durante, al menos, los dos años anteriores al desistimiento o abandono, salvo que hubieran tenido descendencia en común, en cuyo caso bastará la mera convivencia.

  

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Artículo 13. Resolución del derecho del arrendador.

1. Si durante los cinco primeros años de duración del contrato el derecho del arrendador quedara resuelto por el ejercicio de un retracto convencional, la apertura de una sustitución fideicomisaria, la enajenación forzosa derivada de una ejecución hipotecaria o de sentencia judicial o el ejercicio de un derecho de opción de compra, el arrendatario tendrá derecho, en todo caso, a continuar en el arrendamiento hasta que se cumplan cinco años, sin perjuicio de la facultad de no renovación prevista en el artículo 9.1.

En contratos de duración pactada superior a cinco años, si, transcurridos los cinco primeros años del mismo, el derecho del arrendador quedara resuelto por cualquiera de las circunstancias mencionadas en el párrafo anterior, quedará extinguido el arrendamiento. Se exceptúa el supuesto en que el contrato de arrendamiento haya accedido al Registro de la Propiedad con anterioridad a los derechos determinantes de la resolución del derecho del arrendador. En este caso, continuará el arrendamiento por la duración pactada.

2. Los arrendamientos otorgados por usufructuario, superficiario y cuantos tengan un análogo derecho de goce sobre el inmueble, se extinguirán al término del derecho del arrendador, además de por las demás causas de extinción que resulten de lo dispuesto en la presente ley.

3. Durarán cinco años los arrendamientos de vivienda ajena que el arrendatario haya concertado de buena fe con la persona que aparezca como propietario de la finca en el Registro de la Propiedad, o que parezca serlo en virtud de un estado de cosas cuya creación sea imputable al verdadero propietario, sin perjuicio de la facultad de no renovación a que se refiere el artículo 9.1. 

Artículo 13. Resolución del derecho del arrendador. 

1. Si durante la duración del contrato el derecho del arrendador quedara resuelto por el ejercicio de un retracto convencional, la apertura de una sustitución fideicomisaria, la enajenación forzosa derivada de una ejecución hipotecaria o de sentencia judicial o el ejercicio de un derecho de opción de compra, quedará extinguido el arrendamiento.

Conforme a lo dispuesto en el apartado segundo del artículo 7 y en el artículo 14, se exceptúan los supuestos en los que el contrato de
arrendamiento hubiera accedido al Registro de la Propiedad con anterioridad a los derechos determinantes de la resolución del derecho del arrendado. En este caso continuará el arrendamiento por la duración pactada.

Cuando se trate de un arrendamiento sobre finca no inscrita se estará a la duración establecida en el apartado 4 del artículo 9.

2. Los arrendamientos otorgados por usufructuario, superficiario y cuantos tengan un análogo derecho de goce sobre el inmueble, se extinguirán al término del derecho del arrendador, además de por las demás causas de extinción que resulten de lo dispuesto en la presente ley.

  

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Artículo 14. Enajenación de la vivienda arrendada.

El adquirente de una vivienda arrendada quedará subrogado en los derechos y obligaciones del arrendador durante los cinco primeros años de vigencia del contrato, aun cuando concurran en él los requisitos del artículo 34 de la Ley Hipotecaria.

Si la duración pactada fuera superior a cinco años, el adquirente quedará subrogado por la totalidad de la duración pactada, salvo que concurran en él los requisitos del artículo 34 de la Ley Hipotecaria. En este caso, el adquirente sólo deberá soportar el arrendamiento durante el tiempo que reste para el transcurso del plazo de cinco años, debiendo el enajenante indemnizar al arrendatario con una cantidad equivalente a una mensualidad de la renta en vigor por cada año del contrato que, excediendo del plazo citado de cinco años, reste por cumplir.

Cuando las partes hayan estipulado que la enajenación de la vivienda extinguirá el arrendamiento, el adquirente sólo deberá soportar el arrendamiento durante el tiempo que reste para el transcurso del plazo de cinco años. 

Artículo 14. Enajenación de la vivienda arrendada.

1. El adquirente de una finca inscrita en el Registro de la Propiedad, arrendada como vivienda en todo o en parte, que reúna los requisitos exigidos por el artículo 34 de la Ley Hipotecaria, sólo quedará subrogado en los derechos y obligaciones del arrendador si el arrendamiento se hallase inscrito, conforme a lo dispuesto por los artículos 7 y 10 de la presente ley, con anterioridad a la transmisión de la finca.

2. Si la finca no se hallase inscrita en el Registro de la Propiedad, se aplicará lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 1571 del Código Civil. Si el adquirente usare del derecho reconocido por el artículo citado, el arrendatario podrá exigir que se le deje continuar durante tres meses, desde que el adquirente le notifique fehacientemente su propósito, durante los cuales deberá satisfacer la renta y demás cantidades que se devenguen al adquirente. Podrá exigir, además, al vendedor, que le indemnice los daños y perjuicios que se le causen.

  

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Artículo 15. Separación, divorcio o nulidad del matrimonio del arrendatario.

1. En los casos de nulidad del matrimonio, separación judicial o divorcio del arrendatario, el cónyuge no arrendatario podrá continuar en el uso de la vivienda arrendada cuando le sea atribuida de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 90 y 96 del Código Civil.

2. La voluntad del cónyuge de continuar en el uso de la vivienda deberá ser comunicada al arrendador en el plazo de dos meses desde que fue notificada la resolución judicial correspondiente, acompañando copia de dicha resolución judicial o de la parte de la misma que afecte al uso de la vivienda. 

Artículo 15. Separación, divorcio o nulidad del matrimonio del arrendatario.

1. En los casos de nulidad del matrimonio, separación judicial o divorcio del arrendatario, el cónyuge no arrendatario podrá continuar en el uso de la vivienda arrendada cuando le sea atribuida de acuerdo con lo dispuesto en la legislación civil que resulte de aplicación. El cónyuge a quien se haya atribuido el uso de la vivienda arrendada de forma permanente o en un plazo superior al plazo que reste por cumplir del contrato de arrendamiento, pasará a ser el titular del contrato.

2. La voluntad del cónyuge de continuar en el uso de la vivienda deberá ser comunicada al arrendador en el plazo de dos meses desde que fue notificada la resolución judicial correspondiente, acompañando copia de dicha resolución judicial o de la parte de la misma que afecte al uso de la vivienda.

 

Artículo 16. Muerte del arrendatario.

1. En caso de muerte del arrendatario, podrán subrogarse en el contrato:

a) El cónyuge del arrendatario que al tiempo del fallecimiento conviviera con él.

b) La persona que hubiera venido conviviendo con el arrendatario de forma permanente en análoga relación de afectividad a la de cónyuge, con independencia de su orientación sexual, durante, al menos, los dos años anteriores al tiempo del fallecimiento, salvo que hubieran tenido descendencia en común, en cuyo caso bastará la mera convivencia.

c) Los descendientes del arrendatario que en el momento de su fallecimiento estuvieran sujetos a su patria potestad o tutela, o hubiesen convivido habitualmente con él durante los dos años precedentes.

d) Los ascendientes del arrendatario que hubieran convivido habitualmente con él durante los dos años precedentes a su fallecimiento.

e) Los hermanos del arrendatario en quienes concurra la circunstancia prevista en la letra anterior.

f) Las personas distintas de las mencionadas en las letras anteriores que sufran una minusvalía igual o superior al 65 por 100, siempre que tengan una relación de parentesco hasta el tercer grado colateral con el arrendatario y hayan convivido con éste durante los dos años anteriores al fallecimiento.

Si al tiempo del fallecimiento del arrendatario no existiera ninguna de estas personas, el arrendamiento quedará extinguido.

2. Si existiesen varias de las personas mencionadas, a falta de acuerdo unánime sobre quién de ellos será el beneficiario de la subrogación, regirá el orden de prelación establecido en el apartado anterior, salvo en que los padres septuagenarios serán preferidos a los descendientes. Entre los descendientes y entre los ascendientes, tendrá preferencia el más próximo en grado, y entre los hermanos, el de doble vínculo sobre el medio hermano.

Los casos de igualdad se resolverán en favor de quien tuviera una minusvalía igual o superior al 65 por 100; en defecto de esta situación, de quien tuviera mayores cargas familiares y, en última instancia, en favor del descendiente de menor edad, el ascendiente de mayor edad o el hermano más joven.

3. El arrendamiento se extinguirá si en el plazo de tres meses desde la muerte del arrendatario el arrendador no recibe notificación por escrito del hecho del fallecimiento, con certificado registral de defunción, y de la identidad del subrogado, indicando su parentesco con el fallecido y ofreciendo, en su caso, un principio de prueba de que cumple los requisitos legales para subrogarse. Si la extinción se produce, todos los que pudieran suceder al arrendatario, salvo los que renuncien a su opción notificándolo por escrito al arrendador en el plazo del mes siguiente al fallecimiento, quedarán solidariamente obligados al pago de la renta de dichos tres meses.

Si el arrendador recibiera en tiempo y forma varias notificaciones cuyos remitentes sostengan su condición de beneficiarios de la subrogación, podrá el arrendador considerarles deudores solidarios de las obligaciones propias del arrendatario, mientras mantengan su pretensión de subrogarse. 

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4. En arrendamientos cuya duración inicial sea superior a cinco años, las partes podrán pactar que no haya derecho de subrogación en caso de fallecimiento del arrendatario, cuando éste tenga lugar transcurridos los cinco primeros años de duración del arrendamiento, o que el arrendamiento se extinga a los cinco años cuando el fallecimiento se hubiera producido con anterioridad. 

4. En arrendamientos cuya duración inicial sea superior a tres años, las partes podrán pactar que no haya derecho de subrogación en caso de fallecimiento del arrendatario, cuando éste tenga lugar transcurridos los tres primeros años de duración del arrendamiento, o que el arrendamiento se extinga a los tres años cuando el fallecimiento se hubiera producido con anterioridad.

 

CAPÍTULO III.- De la renta

 

Artículo 17. Determinación de la renta.

1. La renta será la que libremente estipulen las partes.

2. Salvo pacto en contrario, el pago de la renta será mensual y habrá de efectuarse en los siete primeros días del mes. En ningún caso podrá el arrendador exigir el pago anticipado de más de una mensualidad de renta.

3. El pago se efectuará en el lugar y por el procedimiento que acuerden las partes o, en su defecto, en metálico y en la vivienda arrendada.

4. El arrendador queda obligado a entregar al arrendatario recibo del pago, salvo que se hubiera pactado que éste se realice mediante procedimientos que acrediten el efectivo cumplimiento de la obligación de pago por el arrendatario.

El recibo o documento acreditativo que lo sustituya deberá contener separadamente las cantidades abonadas por los distintos conceptos de los que se componga la totalidad del pago y, específicamente, la renta en vigor.

Si el arrendador no hace entrega del recibo, serán de su cuenta todos los gastos que se originen al arrendatario para dejar constancia del pago. 

Texto Derogadp oooooo Nuevo apartado 5
 Sin texto previo

5. En los contratos de arrendamiento podrá acordarse libremente por las partes que, durante un plazo determinado, la obligación del pago de la renta pueda remplazarse total o parcialmente por el compromiso del arrendatario de reformar o rehabilitar el inmueble en los términos y condiciones pactadas. Al finalizar el arrendamiento, el arrendatario no podrá pedir en ningún caso compensación adicional por el coste de las obras realizadas en el inmueble. El incumplimiento por parte del arrendatario de la realización de las obras en los términos y condiciones pactadas podrá ser causa de resolución del contrato de arrendamiento y resultará aplicable lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 23.

  

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Artículo 18. Actualización de la renta.

1. Durante los cinco primeros años de duración del contrato la renta sólo podrá ser actualizada por el arrendador o el arrendatario en la fecha en que se cumpla cada año de vigencia del contrato, aplicando a la renta correspondiente a la anualidad anterior la variación porcentual experimentada por el Indice General Nacional del Sistema de Indices de Precios de Consumo en un período de doce meses inmediatamente anteriores a la fecha de cada actualización, tomando como mes de referencia para la primera actualización el que corresponda al último índice que estuviera publicado en la fecha de celebración del contrato, y en las sucesivas el que corresponda al último aplicado.

2. A partir del sexto año de duración la actualización de la renta se regirá por lo estipulado al respecto por las partes y, en su defecto, por lo establecido en el apartado anterior.

3. La renta actualizada será exigible al arrendatario a partir del mes siguiente a aquel en que la parte interesada lo notifique a la otra parte por escrito, expresando el porcentaje de alteración aplicado y acompañando, si el arrendatario lo exigiera, la oportuna certificación del Instituto Nacional de Estadística, o haciendo referencia al «Boletín Oficial» en que se haya publicado.

Será válida la notificación efectuada por nota en el recibo de la mensualidad del pago precedente. 

Artículo 18. Actualización de la renta.

1. Durante la vigencia del contrato la renta sólo podrá ser actualizada por el arrendador o el arrendatario en la fecha en que se cumpla cada año de vigencia del contrato, en los términos pactados por las partes. En defecto de pacto expreso, el contrato se actualizará aplicando a la renta correspondiente a la anualidad anterior la variación porcentual experimentada por el Índice General Nacional del Sistema de Índices de Precios de Consumo en un período de 12 meses inmediatamente anteriores a la fecha de cada actualización, tomando como mes de referencia para la primera actualización el que corresponda al último índice que estuviera publicado en la fecha de celebración del contrato, y en las sucesivas, el que corresponda al último aplicado.

2. La renta actualizada será exigible al arrendatario a partir del mes siguiente a aquel en que la parte interesada lo notifique a la otra parte por escrito, expresando el porcentaje de alteración aplicado y acompañando, si el arrendatario lo exigiera, la oportuna certificación del Instituto Nacional de Estadística.

Será válida la notificación efectuada por nota en el recibo de la mensualidad del pago precedente.

 

Artículo 19. Elevación de renta por mejoras. 

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1. La realización por el arrendador de obras de mejora, transcurridos cinco años de duración del contrato le dará derecho, salvo pacto en contrario, a elevar la renta anual en la cuantía que resulte de aplicar al capital invertido en la mejora el tipo de interés legal del dinero en el momento de la terminación de las obras incrementado en tres puntos, sin que pueda exceder el aumento del 20 por 100 de la renta vigente en aquel momento.

Para el cálculo del capital invertido, deberán descontarse las subvenciones públicas obtenidas para la realización de la obra.

1. La realización por el arrendador de obras de mejora, transcurridos tres años de duración del contrato le dará derecho, salvo pacto en contrario, a elevar la renta anual en la cuantía que resulte de aplicar al capital invertido en la mejora, el tipo de interés legal del dinero en el momento de la terminación de las obras incrementado en tres puntos, sin que pueda exceder el aumento del veinte por ciento de la renta vigente en aquel momento.

Para el cálculo del capital invertido, deberán descontarse las subvenciones públicas obtenidas para la realización de la obra.

 2. Cuando la mejora afecte a varias fincas de un edificio en régimen de propiedad horizontal, el arrendador deberá repartir proporcionalmente entre todas ellas el capital invertido, aplicando, a tal efecto, las cuotas de participación que correspondan a cada una de aquéllas.

En el supuesto de edificios que no se encuentren en régimen de propiedad horizontal, el capital invertido se repartirá proporcionalmente entre las fincas afectadas por acuerdo entre arrendador y arrendatarios. En defecto de acuerdo, se repartirá proporcionalmente en función de la superficie de la finca arrendada.

3. La elevación de renta se producirá desde el mes siguiente a aquel en que, ya finalizadas las obras, el arrendador notifique por escrito al arrendatario la cuantía de aquélla, detallando los cálculos que conducen a su determinación y aportando copias de los documentos de los que resulte el coste de las obras realizadas.

 

Artículo 20. Gastos generales y de servicios individuales.

1. Las partes podrán pactar que los gastos generales para el adecuado sostenimiento del inmueble, sus servicios, tributos, cargas y responsabilidades que no sean susceptibles de individualización y que correspondan a la vivienda arrendada o a sus accesorios, sean a cargo del arrendatario.

En edificios en régimen de propiedad horizontal tales gastos serán los que correspondan a la finca arrendada en función de su cuota de participación.

En edificios que no se encuentren en régimen de propiedad horizontal, tales gastos serán los que se hayan asignado a la finca arrendada en función de su superficie.

Para su validez, este pacto deberá constar por escrito y determinar el importe anual de dichos gastos a la fecha del contrato. El pacto que se refiera a tributos no afectará a la Administración. 

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2. Durante los cinco primeros años de vigencia del contrato, la suma que el arrendatario haya de abonar por el concepto a que se refiere el apartado anterior, con excepción de los tributos, sólo podrá incrementarse anualmente, y nunca en un porcentaje superior al doble de aquél en que pueda incrementarse la renta conforme a lo dispuesto en el artículo 18.1.

2. Durante los tres primeros años de vigencia del contrato, la suma que el arrendatario haya de abonar por el concepto a que se refiere el apartado anterior, con excepción de los tributos, sólo podrá incrementarse, por acuerdo de las partes, anualmente, y nunca en un porcentaje superior al doble de aquel en que pueda incrementarse la renta conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 18.

3. Los gastos por servicios con que cuente la finca arrendada que se individualicen mediante aparatos contadores serán en todo caso de cuenta del arrendatario.

4. El pago de los gastos a que se refiere el presente artículo se acreditará en la forma prevista en el artículo 17.4.

 

CAPÍTULO IV.- De los derechos y obligaciones de las partes

 

Artículo 21. Conservación de la vivienda.

1. El arrendador está obligado a realizar, sin derecho a elevar por ello la renta, todas las reparaciones que sean necesarias para conservar la vivienda en las condiciones de habitabilidad para servir al uso convenido, salvo cuando el deterioro de cuya reparación se trate sea imputable al arrendatario a tenor de lo dispuesto en los artículos 1.563 y 1.564 del Código Civil.

La obligación de reparación tiene su límite en la destrucción de la vivienda por causa no imputable al arrendador. A este efecto, se estará a lo dispuesto en el artículo 28.

2. Cuando la ejecución de una obra de conservación no pueda razonablemente diferirse hasta la conclusión del arrendamiento, el arrendatario estará obligado a soportarla, aunque le sea muy molesta o durante ella se vea privado de una parte de la vivienda.

Si la obra durase más de veinte días, habrá de disminuirse la renta en proporción a la parte de la vivienda de la que el arrendatario se vea privado.

3. El arrendatario deberá poner en conocimiento del arrendador, en el plazo más breve posible, la necesidad de las reparaciones que contempla el apartado 1 de este artículo, a cuyos solos efectos deberá facilitar al arrendador la verificación directa, por sí mismo o por los técnicos que designe, del estado de la vivienda. En todo momento, y previa comunicación al arrendador, podrá realizar las que sean urgentes para evitar un daño inminente o una incomodidad grave, y exigir de inmediato su importe al arrendador.

4. Las pequeñas reparaciones que exija el desgaste por el uso ordinario de la vivienda serán de cargo del arrendatario.

 

Artículo 22. Obras de mejora.

1. El arrendatario estará obligado a soportar la realización por el arrendador de obras de mejora cuya ejecución no pueda razonablemente diferirse hasta la conclusión del arrendamiento.

2. El arrendador que se proponga realizar una de tales obras deberá notificar por escrito al arrendatario, al menos con tres meses de antelación, su naturaleza, comienzo, duración y coste previsible. Durante el plazo de un mes desde dicha notificación, el arrendatario podrá desistir del contrato, salvo que las obras no afecten o afecten de modo irrelevante a la vivienda arrendada. El arrendamiento se extinguirá en el plazo de dos meses a contar desde el desistimiento, durante los cuales no podrán comenzar las obras.

3. El arrendatario que soporte las obras tendrá derecho a una reducción de la renta en proporción a la parte de la vivienda de la que se vea privado por causa de aquéllas, así como a la indemnización de los gastos que las obras le obliguen a efectuar.

 

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Artículo 23. Obras del arrendatario.

1. El arrendatario no podrá realizar sin el consentimiento del arrendador, expresado por escrito, obras que modifiquen la configuración de la vivienda o de los accesorios a que se refiere el apartado 2 del artículo 2, o que provoquen una disminución en la estabilidad o seguridad de la misma.

2. Sin perjuicio de la facultad de resolver el contrato, el arrendador que no haya autorizado la realización de las obras podrá exigir, al concluir el contrato, que el arrendatario reponga las cosas al estado anterior o conservar la modificación efectuada, sin que éste pueda reclamar indemnización alguna.

Si las obras han provocado una disminución de la estabilidad de la edificación o de la seguridad de la vivienda o sus accesorios, el arrendador podrá exigir de inmediato del arrendatario la reposición de las cosas al estado anterior.

 

Artículo 23. Obras del arrendatario.

1. El arrendatario no podrá realizar sin el consentimiento del arrendador, expresado por escrito, obras que modifiquen la configuración de la
vivienda o de los accesorios a que se refiere el apartado 2 del artículo 2. En ningún caso el arrendatario podrá realizar obras que provoquen una disminución en la estabilidad o seguridad de la vivienda.

2. Sin perjuicio de la facultad de resolver el contrato, el arrendador que no haya autorizado la realización de las obras podrá exigir, al concluir el contrato, que el arrendatario reponga las cosas al estado anterior o conservar la modificación efectuada, sin que éste pueda reclamar indemnización alguna.

Si, a pesar de lo establecido en el apartado 1 del presente artículo, el arrendatario ha realizado unas obras que han provocado una disminución de la estabilidad de la edificación o de la seguridad de la vivienda o sus accesorios, el arrendador podrá exigir de inmediato del arrendatario la reposición de las cosas al estado anterior.

Texto Derogado            

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Artículo 24. Arrendatarios con minusvalía.

1. El arrendatario, previa notificación escrita al arrendador, podrá realizar en la vivienda las obras que sean necesarias para adecuar ésta a su condición de minusválido o a la de su cónyuge o de la persona con quien conviva de forma permanente en análoga relación de afectividad, con independencia de su orientación sexual, o a la de los familiares que con él convivan.

2. El arrendatario estará obligado, al término del contrato, a reponer la vivienda al estado anterior, si así lo exige el arrendador.

 

 

Artículo 24. Arrendatarios con discapacidad.

1. El arrendatario, previa notificación escrita al arrendador, podrá realizar en el interior de la vivienda aquellas obras o actuaciones necesarias para que pueda ser utilizada de forma adecuada y acorde a la discapacidad o a la edad superior a setenta años, tanto del propio arrendatario como de su cónyuge, de la persona con quien conviva de forma permanente en análoga relación de afectividad, con independencia de su orientación sexual, o de sus familiares que con alguno de ellos convivan de forma permanente, siempre que no afecten a elementos o servicios comunes del edificio ni provoquen una disminución en su estabilidad o seguridad.

2. El arrendatario estará obligado, al término del contrato, a reponer la vivienda al estado anterior, si así lo exige el arrendador.

 

 

 

Artículo 25. Derecho de adquisición preferente.

1. En caso de venta de la vivienda arrendada, tendrá el arrendatario derecho de adquisición preferente sobre la misma, en las condiciones previstas en los apartados siguientes.

2. El arrendatario podrá ejercitar un derecho de tanteo sobre la finca arrendada en un plazo de treinta días naturales, a contar desde el siguiente en que se le notifique en forma fehaciente la decisión de vender la finca arrendada, el precio y las demás condiciones esenciales de la transmisión.

Los efectos de la notificación prevenida en el párrafo anterior caducarán a los ciento ochenta días naturales siguientes a la misma.

3. En el caso a que se refiere el apartado anterior, podrá el arrendatario ejercitar el derecho de retracto, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 1.518 del Código Civil, cuando no se le hubiese hecho la notificación prevenida o se hubiese omitido en ella cualquiera de los requisitos exigidos, así como cuando resultase inferior el precio efectivo de la compraventa o menos onerosas sus restantes condiciones esenciales. El derecho de retracto caducará a los treinta días naturales, contados desde el siguiente a la notificación que en forma fehaciente deberá hacer el adquirente al arrendatario de las condiciones esenciales en que se efectuó la compraventa, mediante entrega de copia de la escritura o documento en que fuere formalizada.

4. El derecho de tanteo o retracto del arrendatario tendrá preferencia sobre cualquier otro derecho similar, excepto el retracto reconocido al condueño de la vivienda o el convencional que figurase inscrito en el Registro de la Propiedad al tiempo de celebrarse el contrato de arrendamiento.

5. Para inscribir en el Registro de la Propiedad los títulos de venta de viviendas arrendadas deberá justificarse que han tenido lugar, en sus respectivos casos, las notificaciones prevenidas en los apartados anteriores, con los requisitos en ellos exigidos. Cuando la vivienda vendida no estuviese arrendada, para que sea inscribible la adquisición, deberá el vendedor declararlo así en la escritura, bajo la pena de falsedad en documento público.

6. Cuando la venta recaiga, además de sobre la vivienda arrendada, sobre los demás objetos alquilados como accesorios de la vivienda por el mismo arrendador a que se refiere el artículo 3, no podrá el arrendatario ejercitar los derechos de adquisición preferente sólo sobre la vivienda.

7. No habrá lugar a los derechos de tanteo o retracto cuando la vivienda arrendada se venda conjuntamente con las restantes viviendas o locales propiedad del arrendador que formen parte de un mismo inmueble ni tampoco cuando se vendan de forma conjunta por distintos propietarios a un mismo comprador la totalidad de los pisos y locales del inmueble.

Si en el inmueble sólo existiera una vivienda, el arrendatario tendrá los derechos de tanteo y retracto previstos en este artículo. 

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8. El pacto por el cual el arrendatario renuncia a los derechos de tanteo y retracto será válido en contratos de duración pactada superior a cinco años. 

8. No obstante lo establecido en los apartados anteriores, las partes podrán pactar la renuncia del arrendatario al derecho de adquisición preferente.

En los casos en los que se haya pactado dicha renuncia, el arrendador deberá comunicar al arrendatario su intención de vender la vivienda con una antelación mínima de treinta días a la fecha de formalización del contrato de compraventa.

 

CAPÍTULO V.- De la suspensión, resolución y extinción del contrato

 

Artículo 26. Habitabilidad de la vivienda.

Cuando la ejecución en la vivienda arrendada de obras de conservación o de obras acordadas por una autoridad competente la hagan inhabitable, tendrá el arrendatario la opción de suspender el contrato o de desistir del mismo, sin indemnización alguna.

La suspensión del contrato supondrá, hasta la finalización de las obras, la paralización del plazo del contrato y la suspensión de la obligación de pago de la renta.

 

Artículo 27. Incumplimiento de obligaciones.

1. El incumplimiento por cualquiera de las partes de las obligaciones resultantes del contrato dará derecho a la parte que hubiere cumplido las suyas a exigir el cumplimiento de la obligación o a promover la resolución del contrato de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1.124 del Código Civil.

2. Además, el arrendador podrá resolver de pleno derecho el contrato por las siguientes causas:

a) La falta de pago de la renta o, en su caso, de cualquiera de las cantidades cuyo pago haya asumido o corresponda al arrendatario.

b) La falta de pago del importe de la fianza o de su actualización.

c) El subarriendo o la cesión inconsentidos.

d) La realización de daños causados dolosamente en la finca o de obras no consentidas por el arrendador cuando el consentimiento de éste sea necesario.

e) Cuando en la vivienda tengan lugar actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas.

f) Cuando la vivienda deje de estar destinada de forma primordial a satisfacer la necesidad permanente de vivienda del arrendatario o de quien efectivamente la viniera ocupando de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7.

3. Del mismo modo, el arrendatario podrá resolver el contrato por las siguientes causas:

a) La no realización por el arrendador de las reparaciones a que se refiere el artículo 21.

b) La perturbación de hecho o de derecho que realice el arrendador en la utilización de la vivienda.  

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4. Tratándose de arrendamientos de finca urbana inscritos en el Registro de la Propiedad, si se hubiera estipulado en el contrato que el arrendamiento quedará resuelto por falta de pago de la renta y que deberá en tal caso restituirse inmediatamente el inmueble al arrendador, la resolución tendrá lugar de pleno derecho una vez el arrendador haya requerido judicial o notarialmente al arrendatario en el domicilio designado al efecto en la inscripción, instándole al pago o cumplimiento, y éste no haya contestado al requerimiento en los diez días hábiles siguientes, o conteste aceptando la resolución de pleno derecho, todo ello por medio del mismo juez o notario que hizo el requerimiento.

El título aportado al procedimiento registral, junto con la copia del acta de requerimiento, de la que resulte la notificación y que no se haya contestado por el requerido de pago o que se haya contestado aceptando la resolución de pleno derecho, será título suficiente para practicar la cancelación del arrendamiento en el Registro de la Propiedad.

Si hubiera cargas posteriores que recaigan sobre el arrendamiento, será además preciso para su cancelación justificar la notificación fehaciente a los titulares de las mismas, en el domicilio que obre en el Registro, y acreditar la consignación a su favor ante el mismo notario, de la fianza prestada por el arrendatario.

 

Artículo 28. Extinción del arrendamiento.

El contrato de arrendamiento se extinguirá, además de por las restantes causas contempladas en el presente Título, por las siguientes:

a) Por la pérdida de la finca arrendada por causa no imputable al arrendador.

b) Por la declaración firme de ruina acordada por la autoridad competente.

 

TÍTULO III.- De los arrendamientos para uso distinto del de vivienda

 

Artículo 29. Enajenación de la finca arrendada.

El adquirente de la finca arrendada quedará subrogado en los derechos y obligaciones del arrendador, salvo que concurran en el adquirente los requisitos del artículo 34 de la Ley Hipotecaria.

 

Artículo 30. Conservación, mejora y obras del arrendatario.

Lo dispuesto en los artículos 21, 22, 23 y 26 de esta ley será también aplicable a los arrendamientos que regula el presente Título. También lo será lo dispuesto en el artículo 19 desde el comienzo del arrendamiento.

 

Artículo 31. Derecho de adquisición preferente.

Lo dispuesto en el artículo 25 de la presente ley será de aplicación a los arrendamientos que regula este Título.

 

Artículo 32. Cesión del contrato y subarriendo.

1. Cuando en la finca arrendada se ejerza una actividad empresarial o profesional, el arrendatario podrá subarrendar la finca o ceder el contrato de arrendamiento sin necesidad de contar con el consentimiento del arrendador.

2. El arrendador tiene derecho a una elevación de renta del 10 por 100 de la renta en vigor en el caso de producirse un subarriendo parcial, y del 20 en el caso de producirse la cesión del contrato o el subarriendo total de la finca arrendada.

3. No se reputará cesión el cambio producido en la persona del arrendatario por consecuencia de la fusión, transformación o escisión de la sociedad arrendataria, pero el arrendador tendrá derecho a la elevación de la renta prevista en el apartado anterior.

4. Tanto la cesión como el subarriendo deberán notificarse de forma fehaciente al arrendador en el plazo de un mes desde que aquéllos se hubieran concertado.

 

Artículo 33. Muerte del arrendatario.

En caso de fallecimiento del arrendatario, cuando en el local se ejerza una actividad empresarial o profesional, el heredero o legatario que continúe el ejercicio de la actividad podrá subrogarse en los derechos y obligaciones del arrendatario hasta la extinción del contrato.

La subrogación deberá notificarse por escrito al arrendador dentro de los dos meses siguientes a la fecha del fallecimiento del arrendatario.

 

Artículo 34. Indemnización al arrendatario.

La extinción por transcurso del término convencional del arrendamiento de una finca en la que durante los últimos cinco años se haya venido ejerciendo una actividad comercial de venta al público, dará al arrendatario derecho a una indemnización a cargo del arrendador, siempre que el arrendatario haya manifestado con cuatro meses de antelación a la expiración del plazo su voluntad de renovar el contrato por un mínimo de cinco años más y por una renta de mercado. Se considerará renta de mercado la que al efecto acuerden las partes; en defecto de pacto, la que, al efecto, determine el árbitro designado por las partes.

La cuantía de la indemnización se determinará en la forma siguiente:

1. Si el arrendatario iniciara en el mismo municipio, dentro de los seis meses siguientes a la expiración del arrendamiento, el ejercicio de la misma actividad a la que viniera estando dedicada, la indemnización comprenderá los gastos del traslado y los perjuicios derivados de la pérdida de clientela ocurrida con respecto a la que tuviera en el local anterior, calculada con respecto a la habida durante los seis primeros meses de la nueva actividad.

2. Si el arrendatario iniciara dentro de los seis meses siguientes a la extinción del arrendamiento una actividad diferente o no iniciara actividad alguna, y el arrendador o un tercero desarrollan en la finca dentro del mismo plazo la misma actividad o una afín a la desarrollada por el arrendatario, la indemnización será de una mensualidad por año de duración del contrato, con un máximo de dieciocho mensualidades.

Se considerarán afines las actividades típicamente aptas para beneficiarse, aunque sólo en parte de la clientela captada por la actividad que ejerció el arrendatario.

En caso de falta de acuerdo entre las partes sobre la cuantía de la indemnización, la misma será fijada por el árbitro designado por aquéllas.

 

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Artículo 35. Resolución de pleno derecho.

El arrendador podrá resolver de pleno derecho el contrato por las causas previstas en las letras a), b) y e) del artículo 27.2 y por la cesión o subarriendo del local incumpliendo lo dispuesto en el artículo 32. 

Artículo 35. Resolución de pleno derecho.

El arrendador podrá resolver de pleno derecho el contrato por las causas previstas en las letras a), b), d) y e) del apartado 2 del artículo 27 y por la cesión o subarriendo del local incumpliendo lo dispuesto en el artículo 32.

 

TÍTULO IV.- Disposiciones comunes

 

Artículo 36. Fianza.

1. A la celebración del contrato será obligatoria la exigencia y prestación de fianza en metálico en cantidad equivalente a una mensualidad de renta en el arrendamiento de viviendas y de dos en el arrendamiento para uso distinto del de vivienda.

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2. Durante los cinco primeros años de duración del contrato, la fianza no estará sujeta a actualización. Pero cada vez que el arrendamiento se prorrogue, el arrendador podrá exigir que la fianza sea incrementada, o el arrendatario que disminuya, hasta hacerse igual a una o dos mensualidades de la renta vigente, según proceda, al tiempo de la prórroga.

3. La actualización de la fianza durante el período de tiempo en que el plazo pactado para el arrendamiento exceda de cinco años, se regirá por lo estipulado al efecto por las partes. A falta de pacto específico, lo acordado sobre actualización de la renta se presumirá querido también para la actualización de la fianza.

2. Durante los tres primeros años de duración del contrato, la fianza no estará sujeta a actualización. Pero cada vez que el arrendamiento se prorrogue, el arrendador podrá exigir que la fianza sea incrementada, o el arrendatario que disminuya, hasta hacerse igual a una o dos mensualidades de la renta vigente, según proceda, al tiempo de la prórroga.

3. La actualización de la fianza durante el período de tiempo en que el plazo pactado para el arrendamiento exceda de tres años, se regirá por lo estipulado al efecto por las partes. A falta de pacto específico, lo acordado sobre actualización de la renta se presumirá querido también para la actualización de la fianza.

4. El saldo de la fianza en metálico que deba ser restituido al arrendatario al final del arriendo, devengará el interés legal, transcurrido un mes desde la entrega de las llaves por el mismo sin que se hubiere hecho efectiva dicha restitución.

5. Las partes podrán pactar cualquier tipo de garantía del cumplimiento por el arrendatario de sus obligaciones arrendaticias adicional a la fianza en metálico.

6. Quedan exceptuadas de la obligación de prestar fianza la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las entidades que integran la Administración Local, los organismos autónomos, las entidades públicas empresariales y demás entes públicos vinculados o dependientes de ellas, y las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social en su función pública de colaboración en la gestión de la Seguridad Social, así como sus Centros y Entidades Mancomunados, cuando la renta haya de ser satisfecha con cargo a sus respectivos presupuestos.

 

Artículo 37. Formalización del arrendamiento.

Las partes podrán compelerse recíprocamente a la formalización por escrito del contrato de arrendamiento.

En este caso, se hará constar la identidad de los contratantes, la identificación de la finca arrendada, la duración pactada, la renta inicial del contrato y las demás cláusulas que las partes hubieran libremente acordado.

 

TÍTULO V.- Procesos arrendaticios

 

Artículo 38. Competencia.

Derogado

 

Artículo 39. Procedimiento.

Derogado

 

Artículo 40. Acumulación de acciones.

Derogado

 

Disposición adicional primera. Régimen de las viviendas de protección oficial en arrendamiento.

1. El plazo de duración del régimen legal de las viviendas de protección oficial, que se califiquen para arrendamiento a partir de la entrada en vigor de la presente ley, concluirá al transcurrir totalmente el período establecido en la normativa aplicable para la amortización del préstamo cualificado obtenido para su promoción o, en caso de no existir dicho préstamo, transcurridos veinticinco años a contar desde la fecha de la correspondiente calificación definitiva.

2. La renta máxima inicial por metro cuadrado útil de las viviendas de protección oficial a que se refiere el apartado anterior, será el porcentaje del precio máximo de venta que corresponda de conformidad con la normativa estatal o autonómica aplicable.

3. En todo caso, la revisión de las rentas de las viviendas de protección oficial, cualquiera que fuera la legislación a cuyo amparo estén acogidas, podrá practicarse anualmente en función de las variaciones porcentuales del Indice Nacional General del Sistema de Indices de Precios de Consumo.

4. Además de las rentas iniciales o revisadas, el arrendador podrá percibir el coste real de los servicios de que disfrute el arrendatario y satisfaga el arrendador.

5. Sin perjuicio de las sanciones administrativas que procedan, serán nulas las cláusulas y estipulaciones que establezcan rentas superiores a las máximas autorizadas en la normativa aplicable para las viviendas de protección oficial.

6. Lo dispuesto en los apartados anteriores no será de aplicación a las viviendas de promoción pública reguladas por el Real Decreto-ley 31/1978.

7. Lo dispuesto en los apartados anteriores será de aplicación general en defecto de legislación específica de las Comunidades Autónomas con competencia en la materia.

8. El arrendamiento de viviendas de protección oficial de promoción pública se regirá por las normas particulares de éstas respecto del plazo de duración del contrato, las variaciones de la renta, los límites de repercusión de cantidades por reparación de daños y mejoras, y lo previsto respecto del derecho de cesión y subrogación en el arrendamiento, y en lo