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La trabajadora tiene reconocido, por resolución de la Dirección General de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, un grado de discapacidad del 15%, desde el año 2012, en base a la siguiente patología: Enfermedad crónica por síndrome álgico.


Ante la disconformidad con este grado de discapacidad la trabajadora insta una revisión que se resuelve en 2013 y que mantiene el reconocimiento de un grado total del 15% por enfermedad crónica por síndrome álgico, factores sociales complementarios de 3 puntos.

Tras esta última valoración, la trabajadora interpone reclamación previa que es desestimada en marzo de 2014, por lo que agotada la vía administrativa se inicia la vía judicial.

 

Paralelamente a este procedimiento, la trabajadora se encuentra inmersa en otro proceso judicial en materia de incapacidad laboral, donde logra que en el año 2014 le sea reconocida por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid una Incapacidad Permanente Parcial (enlace a la Sentencia de Incapacidad Permanente Parcial), que es tenida en cuenta por el Juzgado de lo Social a la hora de dictar sentencia respecto a la reclamación de grado de discapacidad tratado. Dicha incapacidad permanente parcial se reconoce en base a las siguientes secuelas:

Neuropatía de nervio pudendo izquierdo y derecho
Síndrome de adherencia
Síndrome ansioso depresivo
Síndrome miosfacial extendido
Fibromialgia asociada a fatiga crónica

También tiene en cuenta la Magistrada a la hora de dictar sentencia, el informe técnico del E.V.O emitido en 2015 y en el que se reflejan las siguientes patologías:

Secuelas de parto vaginal en 2006: neuropatía bilateral del nervio pudendo y síndrome miosfacial del suelo pélvico.
Síndrome de fatiga crónica: refiere dolores generalizados y cansancio. En la exploración del aparato locomotor no se encontraron limitaciones articulares ni paresias, por lo que podría considerarse como normal, excepto el dolor referido.

Finalmente, ante las discrepancias de calificación del grado de discapacidad entre las partes, la Magistrada solicita informe emitido por el médico forense según el cual la trabajadora se encuentra afecta de las siguientes patologías:
Secuelas de parto vaginal:
Neuropatía del nervio pudendo izquierdo y derecho
Síndrome miofascial del suelo pélvico
Síndrome piramidal izquierdo
Vulvodinia generalizada
Síndrome adherencial
Cicatrices abdominales dolorosas y restrictivas
Síndrome ansioso depresivo
Fatigabilidad muscular AD. Pendiente de filiar
Posible trastorno neuromuscular (miastenia genética)
Síndrome de fatiga crónica

Información sobre incapacidades laborales

Más información sobre Incapacidades


 

Vicente J Saiz Marco Abogado de Incapacidades
Por Vicente J. Saiz Marco - Abogado

 


Una vez analizados los anteriores informes médicos, junto con el expediente administrativo, la Magistrada concluye “que las secuelas y limitaciones de la demandante y que afectan a su capacidad deben ser valoradas en un 35%”. A dicho porcentaje se ha de sumar tres puntos por factores sociales complementarios, por lo que el grado total de discapacidad que se reconoce es del 38%, condenando a la Comunidad de Madrid a estar y pasar por esta resolución.

Este proceso judicial ha sido defendido por el Letrado Vicente Javier Saiz Marco http://www.abogadoincapacidadpermanente.com/

 


 

Sentencia del Juzgado de lo Social por la que se reconoce un 38% de discapacidad, dejando sin efecto la resolución de 15% de discapacidad dictada por la Dirección General de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid

 

 Descargar Documento Completo en PDF.


 

GRADO DE DISCAPACIDAD

 

¿Qué es el grado de discapacidad?

Consiste en el reconocimiento administrativo de la situación de discapacidad y el grado de la misma.

¿Quién puede solicitar una calificación de discapacidad?

La calificación legal de discapacidad, proporciona y reconoce la calificación del grado de discapacidad, puede solicitarse en cualquier momento, por parte de cualquier persona con discapacidad que tenga nacionalidad española o que sea extranjero con residencia legal en España, de conformidad con lo previsto en los acuerdos suscritos con sus respectivos Estados y, en su defecto, en función del principio de reciprocidad.

¿Dónde es posible solicitar la calificación de discapacidad?

En Andalucía: Consejería de Asuntos Sociales
En Aragón: Consejería de Sanidad, Consumo y Servicios Sociales
En Asturias: Consejería de Asuntos Sociales
En Baleares: Consellería de Bienestar Social
En Canarias: Consejería de Servicios Sociales, Empleo y Asuntos Sociales.
En Cantabria: Consejería de Sanidad, Consumo y Servicios Sociales
En Castilla-La Mancha: Consejería de Bienestar Social
En Castilla y León: Consejería de Sanidad y Bienestar Social
En Cataluña: Departament Benestar Social
En Extremadura: Consejería de Bienestar Social
En Galicia: Consellería de Sanidad y Servicios Sociales
En La Rioja: Consejería de Salud y Servicios Sociales
En Madrid: Consejería de Servicios Sociales
En Murcia: Consejería de Trabajo y Política Social
En Navarra: Departamento de Bienestar Social, Deporte y Juventud
En el País Vasco: Departamento de Justicia, Empleo y Asuntos Sociales
En Valencia: Consellería de Bienestar social

Se puede solicitar:

- Personalmente en las oficinas de estos organismos

- Por correo certificado administrativo enviado a las mismas oficinas.

- Por cualquiera de los restantes medios establecidos en el art. 38.4 de la Ley 30/1992 (BOE nº 285, de 27 de noviembre), es decir, en los registros de los órganos administrativos a que se dirijan; en los registros de cualquier órgano administrativo, que pertenezca a la Administración General del Estado, a la de cualquier Administración de las Comunidades Autónomas, o a la de alguna de las entidades que integran la Administración Local si, en este último caso, se hubiese suscrito el oportuno convenio; en las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.; en las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero y

- Por cualquier otro método que establezcan las disposiciones vigentes.

¿Si estoy residiendo en el extranjero a donde debo dirigirme?

Cuando el interesado residiese en el extranjero, la competencia para el ejercicio de tales funciones corresponderá al órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma o Dirección Provincial del IMSERSO a cuyo ámbito territorial pertenezca el último domicilio habitual que el interesado acredite haber tenido en España.

¿Qué documentos sería necesario presentar para que valoren la solicitud?

- Impreso de solicitud. Los impresos de solicitud pueden obtenerse en cualquiera de las oficinas de registro establecidas a tal efecto por los Órganos Gestores de las Comunidades Autónomas con competencia en materia de calificación del grado de discapacidad y minusvalía y en el caso de las ciudades de Ceuta y Melilla en las Direcciones Provinciales del IMSERSO, en cuyo ámbito territorial residan habitualmente los interesados

- Original o fotocopia compulsada del DNI del interesado o del Libro de Familia. En caso de ser extranjero, tarjeta de residencia.

- Original o fotocopia compulsada del DNI del representante legal, en su caso, y del documento acreditativo de la representación legal.

- Original o fotocopias compulsadas de todos los informes médicos y psicológicos de que se disponga y donde consten el diagnóstico y las secuelas tras la aplicación de medidas terapéuticas

¿Después de presentada la solicitud que puede ocurrir?

- Citación para reconocimiento.

- Emisión de dictamen técnico-facultativo.

- Resolución notificada en el domicilio del interesado.

La duración suele ser de unos tres meses pero el reconocimiento del grado de discapacidad se entiende producido en la fecha de presentación de la solicitud (art. 10.2 del Real Decreto 1971/1999).

La normativa autonómica, establece el plazo máximo para dictar la resolución (que es de tres meses, salvo en Aragón, Castilla-La Mancha y Valencia donde dicho plazo es de seis meses), transcurrido el cual, la solicitud podrá entenderse desestimada y podrá recurrirse, sin perjuicio de la obligación de resolver que tiene la Administración. En aquellas Comunidades Autónomas que no han dictado normativa de desarrollo el plazo es de tres meses.

Al hacer la revisión los profesionales están obligados a aplicar los baremos incluidos en los 4 anexos del Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad y las modificaciones introducidas por el Real Decreto 1856/2009, de 4 de diciembre de procedimiento declaración y calificación del grado de discapacidad:

- Anexo 1 A que determina la discapacidad de que se trate.

- Anexo 1 B que se refiere a factores sociales (ingresos de la familia, dificultades familiares, desempleo, y otros factores culturales o sociales que puedan existir como por ejemplo la falta de recursos sanitarios en la zona en que se viva).

- Anexo 2 que contiene el baremo para determinar la necesidad de asistencia de otra persona para realizar las Actividades de la Vida Diaria (AVD) y que sólo se aplica a los mayores de dieciocho años. Se trata de un cuestionario de autonomía.
- Anexo 3 que contiene el baremo para determinar la existencia de dificultades para utilizar transportes colectivos a efectos de la prestación explicada en el punto 2.1.5.3 de esta nota.

Para la determinación del grado de discapacidad, el porcentaje obtenido en la valoración de la discapacidad (conforme al Anexo 1 A) se modificará, en su caso, con la adición de la puntuación obtenida en el baremo de factores sociales complementarios (Anexo 1 B) y sin que esta pueda sobrepasar los 15 puntos. El porcentaje mínimo de discapacidad sobre el que se podrá aplicar el baremo de factores sociales complementarios no podrá ser inferior al 25 por 100.

El diagnóstico de la enfermedad no es un criterio de valoración en sí mismo y las pautas de valoración de la discapacidad que se establecen en los distintos capítulos del baremo están basados en la severidad de las consecuencias de la enfermedad, cualquiera que esta sea.

¿Existe alguna posibilidad de que una vez determinado el grado de discapacidad sea revisable?

- Cuando la Administración prevea una mejoría razonable de las circunstancias que dieron lugar a su reconocimiento, debiendo fijarse el plazo en que deba efectuarse dicha revisión (en estos casos la calificación se da con carácter temporal, siempre lo hacen así en las resoluciones relativas a niños).

- En todos los demás casos, no se podrá instar la revisión del grado por agravamiento o mejoría, hasta que, al menos, haya transcurrido un plazo mínimo de dos años desde la fecha en que se dictó la resolución, excepto en los casos en que se acredite suficientemente error de diagnóstico o se hayan producido cambios sustanciales en las circunstancias que dieron lugar al reconocimiento de grado, en que no será preciso agotar el plazo mínimo.

¿Qué beneficios se pueden obtener con el grado de discapacidad?

Se pueden señalar distintos beneficios para las personas que tengan reconocido el grado de discapacidad

-Acceso a la pensión no contributiva por invalidez si se cumplen los requisitos exigidos

- Acceso a las prestaciones que establececen en la LISMI: Asistencia sanitaria y farmacéutica, subsidio de movilidad y compensación para gastos de transporte.

Asignación de prestaciones económicas por hijo o menor con discapacidad a cargo o mayores de 18 años con grado de discapacidad igual o superior al 65%.

Beneficios fiscales (Afecta a distintos impuestos por lo que se debe consultar específicamente en su normativa

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)

Impuesto sobre Sociedades (IS)

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)

Impuesto especial sobre determinados medios de trasporte (IEDMT)

Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM)

Medidas laborales: Como acceso a las medidas de fomento de empleo para personas con discapacidad, adaptación del puesto de trabajo, adaptación a las pruebas selectivas en acceso al empleo público, jubilación anticipada.

Ayudas sociales: como acceso a la vivienda de protección pública, subvenciones para rehabilitación de vivienda, accesibilidad y adaptación en el hogar, tratamientos de apoyo y rehabilitación, ayudas educativas.

Ayudas respecto a la movilidad: reducciones en medios de transporte: bonotaxi, tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida.

Ayudas y servicios sociales aprobados para las personas con discapacidad contemplados en Organismos de Servicios Sociales o instituciones privadas sociales.


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