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La indemnización por despido, recibida durante la vigencia de la sociedad legal de gananciales, debe incluirse en el activo ganancial, en la parte proporcional a los años trabajados. 

 

 

Sentencia383/2016 de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección: Vigesimosegunda) de fecha  27/04/2016




Se dicta Sentencia por el Juzgado de Primera Instancia número 79 de Madrid, en la que se estima parcialmente la demanda interpuesta por Dª Fidela frente a D. Lázaro, que declara el inventario de la sociedad legal de gananciales de los litigantes, con su correspondiente activo y pasivo. Es importante reseñar  que el matrimonio se contrae el 19 de julio de 1997 separándose de hecho en 2009 y se divorcian el 11 de febrero de 2013.


Sin embargo por parte de Dña. Fidela, se presenta recurso de Apelación, interesando la revocación de la resolución recurrida y se pide que se dicte resolución por la que, entre otras cuestiones, se incluya en el activo de la sociedad, la partida denominada indemnización por despido del esposo, cuya cuestión se resuelve en el Fundamento de Derecho tercero de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid.



Se pretende por parte de la exesposa, incluir también en el activo de la sociedad ganancial la indemnización por despido en importe de 32.307,63 euros, correspondiéndose a la parte proporcional del período laboral constante matrimonio, de la cuantía total abonada por la empresa empleadora del esposo, RNEFE, y que ascendió a 85.981,63 euros, que se ingresó en la cuenta común el día 25 de febrero de 2009.

 

 

La Sentencia la Audiencia Provincial de Madrid, se remite a la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, y para resolver esta cuestión, recuerda, entre otras, la sentencia del TS de 28 de mayo de 2008, que estableció los criterios jurisprudenciales para determinar la naturaleza de la indemnización por despido causada antes de la disolución:



"Los criterios que ha mantenido esta Sala para determinar la naturaleza privativa o ganancial de la indemnización por despido causada antes de la disolución del régimen económico matrimonial (…), son la fecha de percepción de la indemnización y la naturaleza de la indemnización. (…) El resumen de la doctrina de esta Sala lleva a la conclusión que existen dos elementos cuya concurrencia permite declarar que una determinada prestación relacionada con los ingresos salariales, directos o indirectos, deba tener la naturaleza de bien ganancial o, por el contrario, queda excluida de la sociedad y formará parte de los bienes privativos de quien la percibió. Estos dos elementos son: a) la fecha de percepción de estos emolumentos: si se adquirieron durante la sociedad de gananciales, tendrán esta consideración, mientras que si se adquieren con posterioridad a la fecha de la disolución, deben tener la consideración de bienes privativos de quien los percibe; b) debe distinguirse entre el derecho a cobrar estas prestaciones que debe ser considerado como un componente de los derechos de la personalidad y que, por esto mismo, no son bienes gananciales porque son intransmisibles (…) mientras que los rendimientos de estos bienes devengados durante la vigencia de la sociedad de gananciales, tendrán este carácter ( sentencia de 20 diciembre 2003 )".



Se concluye en la Sentencia de la Audiencia Provincial “que la indemnización por despido constituye una compensación por el incumplimiento del contrato y por ello mismo va tiene la misma consideración que todas las demás ganancias derivadas del contrato, siempre que se hayan producido vigente la sociedad de gananciales”.



Por ello, para el cálculo de la concreta cantidad que tiene la naturaleza de bien ganancial, debe tenerse en cuenta el porcentaje de la indemnización que corresponde a los años trabajados durante el matrimonio. Por ello a la vista de que la indemnización por despido se calcula sobre la base del número de años trabajados, no deberían tener naturaleza ganancial las cantidades correspondientes a los años en que no existía la sociedad de gananciales”.

 

 

   

Por todo lo expuesto, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, en relación con la inclusión de la parte proporcional de la indemnización por despido, en relación con los años trabajados durante el matrimonio, concluye “revocar en este punto la sentencia recurrida, acordando y disponiendo que se incluye en el activo de la sociedad legal la partida denominada indemnización por despido del esposo en la cantidad de 32.307,63 euros”.

 

Sentencia de la Audiencia Provincial que determina la ganancialidad de la indemnización por despido, en función de los años trabajados

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Aplicación del régimen supletorio de gananciales, también en la Comunidad Valenciana, tras la declaración de inconstitucionalidad de la Ley 10/2007, de 20 de marzo, del Régimen Económico Matrimonial Valenciano, en la Sentencia del Tribunal Constitucional de 28 de abril de 2016

 

El Pleno del Tribunal Constitucional ha estimado, el recurso presentado por el Gobierno contra la Ley del Régimen Económico Matrimonial Valenciano (LREMV) y la ha declarado inconstitucional y nula, en su reciente Sentencia de fecha 28 de abril de 2016, que adjuntamos.

 

El órgano judicial considera que la norma impugnada se ha "extralimitado de la competencia legislativa que en materia de derecho civil tiene la Comunidad Valenciana", porque consideraque la competencia autonómica se debe situar necesariamente en el marco de lo dispuesto en el art. 149.1.8 CE y porque no queda acreditada suficientemente la “costumbre”, que lleva al establecimiento del régimen de separación de bienes como régimen supletorio, regulado en la norma consuetudinaria que se declara inconstitucional.



La Sentencia del Tribunal Constitucional, recuerda la posición de los Estatutos de Autonomía en el sistema de fuentes y la posibilidad de éstos de interpretar o regular las competencias reservadas al Estado por el art. 149.1 CE, y establece que “El Estatuto, no es una norma atributiva de las competencias del Estado”, ni “tampoco es norma de ejercicio de las competencias estatales previstas por el art. 149.1 CE”; por eso “en caso de hacer alguna precisión sobre el alcance de éstas, su constitucionalidad pasa por el respeto de dos límites: el primero, de carácter positivo, consiste en que dicha precisión se ‘haga para favorecer la mayor concreción de las competencias autonómicas que se correlacionan con’ las competencias estatales que puedan presentar problemas de delimitación; y el segundo, de carácter negativo, reside en que la precisión estatutaria ‘no impida el despliegue completo de las funciones propias de la competencia estatal regulada en el art. 149.1 CE de que se trate. Sólo si se satisfacen estas exigencias, tal modo de proceder resultará acorde a la Constitución’ (STC 247/2007, FJ 10)” (STC 30/2011, de 16 de marzo, FJ 8).



Precisamente por la subordinación de los Estatutos a la Constitución Española, “el Estatuto de Autonomía, al igual que el resto del ordenamiento jurídico”, es el que “debe ser interpretado siempre de conformidad con la Constitución” (SSTC 247/2007, FJ 6, y 18/1982, de 4 de mayo, FJ 1 y 31/2010, FJ 3). Aclarado lo anterior, una primera aproximación a los preceptos del Estatuto revela que no contienen norma alguna atributiva de competencias. Más bien, presuponen esa atribución, al tomar como premisa de su mandato “las competencias de la Generalitat” (art. 7.1) y “competencia exclusiva sobre el Derecho civil foral valenciano” (disposición transitoria tercera).


Asimismo, concluye la Sentencia, que a la vista de las circunstancias concurrentes y de las razones expuestas, “en este caso no se ha aportado prueba que permita apreciar la concurrencia de los requisitos que el art. 149.1.8 CE exige a la Comunidad Autónoma de Valencia para legislar un régimen económico matrimonial propio, en uso de su competencia para conservar, desarrollar o modificar su propio derecho civil valenciano, lo que determinará el sentido de la presente resolución”.



Sobre este particular debemos subrayar que cuando se invocan normas consuetudinarias, el ordenamiento jurídico exige la prueba de su existencia, salvo que sean notorias, precisamente para distinguirlas de los meros usos sociales o convencionales, del mero hábito, aparte del difícil acceso a su conocimiento por los aplicadores del derecho y por ello excluida tradicionalmente del deber judicial de conocimiento (iura novit curia). En el caso de las normas contenidas en la LREMV no se ha demostrado su pervivencia, aplicación y cumplimiento con la creencia de tratarse de verdaderas normas jurídicas, siendo en este caso imprescindible, dada la derogación de los Antiguos Fueros del Reino de Valencia. Respecto de la competencia en materia civil de la Comunidad Valenciana ya ha habido un pronunciamiento del Tribunal Constitucional con ocasión de la ley de arrendamientos históricos valencianos, pero tal reconocimiento tan sólo conlleva que le deba seguir siendo aplicado el art. 149.1.8 CE y continuar afirmando que su competencia legislativa sólo puede tener por objeto las probadas y subsistentes costumbres forales que se hayan seguido observado en dicho territorio autonómico”. 

 

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Por ello, concluye el Tribunal Constitucional que la Ley del Régimen Económico Matrimonial Valenciano es inconstitucional y nulos sus preceptos, todo ello derivado de la falta de competencia de la Comunidad Valenciana para regular la materia comprendida en la LREMV y además, a pesar de que efectivamente el Tribunal Constitucional ha reconocido la posibilidad legítima de legislar las normas civiles consuetudinarias, en el caso de la materia económica-matrimonial concernida en la LREMV no se ha probado su vigencia en el territorio autonómico y, en consecuencia, no se cumplen los requisitos exigidos por el art. 149.1.8 CE para el reconocimiento de la competencia a la Comunidad Autónoma.




La inconstitucionalidad de la ley implica que a partir de ahora el régimen económico matrimonial legal supletorio en la Comunidad Valenciana, como en todos los territorios de Derecho común (la mayor parte de España, por extensión), es el de la sociedad de gananciales reguladas en el Código civil español.



En cuanto a los efectos del fallo sobre la LREMV, el Tribunal declara que "no afectará a las situaciones jurídicas consolidadas"; es decir, que no tendrá carácter retroactivo y no supondrá cambios para las parejas que se hayan casado bajo la ley anulada.



Tras la publicación de la sentencia, los valencianos "seguirán rigiéndose por el mismo régimen económico matrimonial que hubiera gobernado sus relaciones, salvo que su voluntad sea manifestada mediante las oportunas capitulaciones", explica el Tribunal Constitucional.

 

Sentencia del Tribunal Constitucional que declara inconstitucional la Ley que estableció como supletorio el régimen de separación de bienes en la Comunidad Valenciana 

 

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Primeras impresiones de la Sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Régimen de Separación de Bienes en la comunidad valenciana

 

 

Se ha generado mucho revuelo político y jurídico a consecuencia de la Sentencia del Tribunal Constitucional que revoca  la regulación foral en Valencia sobre regímenes económico matrimoniales, y, concretamente, sobre  la aplicación del régimen de separación de bienes en Valencia.



Como no puede ser de otra forma, el Tribunal Constitucional no entra a valorar qué régimen es el adecuado, simplemente  entiende que para que una Comunidad Autónoma desarrolle legislativamente algunas materias, de familia como es el caso, debe probarse que se desarrollan dentro en base a unas costumbres forales que las amparen,. Es decir, se veta a la Comunidad Valenciana crear nuevo derecho. Debe probarse que existen unas costumbres que amparen que en la Comunidad Valenciana el régimen económico matrimonial es el de separación de bienes, como así ocurre, por ejemplo, en Cataluña.


Se están haciendo, como consecuencia de esta sentencia, muchas elucubraciones sobre los matrimonios formados bajo esta legislación, y sobre el régimen económico matrimonial aplicable. Las noticias hablan de que se tendrán que hacer capitulaciones matrimoniales para que el régimen económico matrimonial, después de esta Sentencia, no sea el de gananciales.




 
Habrá que esperar al respecto, si bien entiendo que esta cuestión no debería ser precisa, dado que si no expresaron deseo de contrario en ese momento, los matrimonios están inscritos bajo el régimen de separación de bienes; modificar todas las anotaciones registrales, cuando los cónyuges no mostraron su expreso deseo de revocarlo, entiendo que iría contra los principios fundamentales de la buena fé, y que su modificación afectaría a muchas operaciones patrimoniales realizadas durante este tiempo, pasando a ser bienes gananciales, lo que registralmente es privativo; así como a modificarse las deudas contraídas durante el matrimonio por uno de los cónyuges, para pasar a ser deuda de ambos. 



 

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Entendemos que estas consecuencias no se producirán, y en todo caso tendremos que estar atentos a la evolución política y legislativa, y su influencia a  partir de ahora.


 

 

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