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Mostrando articulos por etiqueta: Comentarios a la Sentencia de Inhabilitación al Juez Garzón

 Para ver el texto íntegro dela sentencia, pulsar aquí.

1. El Sr. Garzón como acusado

 Pocas personas públicas tienen tantos seguidores y detractores como el Sr. Garzón, entrar en dar o quitar la razón de sus actuaciones y trayectoria pública es labor llamada al fracaso. El abanderado idealizado de unos, sólo recibe el recelo y suspicacias de otros. Hay cuestiones que escapan a la conversación y se enraízan en las creencias y sentimientos particulares. Por ello dejo su sombra y su figura histórica a otros, y sólo voy a tratar de una forma resumida -sin entrar en el detalle de la abundante jurisprudencia y documentación incluida- de una cuestión relativa a D. Baltasar Garzón Real,… la reciente sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, la conocida sentencia en relación a las escuchas de las conversaciones entre abogado y cliente, en la que se le condena,

“como autor responsable de un delito de prevaricación del artículo 446.3º, en concurso aparente de normas (artículo 8.3) con un delito del artículo 536, párrafo primero, todos del Código Penal, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de multa de catorce meses con una cuota diaria de 6 euros, con responsabilidad personal subsidiaria conforme al artículo 53 del Código Penal, y once años de inhabilitación especial  para el cargo de juez o magistrado, con pérdida definitiva del cargo que ostenta y de los honores que le son anejos, así como con la incapacidad para obtener durante el tiempo de la condena cualquier empleo o cargo con funciones jurisdiccionales o de gobierno dentro del Poder Judicial, o con funciones jurisdiccionales fuera del mismo, ..”

 

2. El origen del proceso

 Ya hemos contado el final de la partida, pero retornemos a un punto anterior, su principio inmediato. Este se halla en una querella interpuesta por acusación particular, la cual al estar dirigida contra una persona aforada -al ser el Sr. Garzón magistrado de la Audiencia Nacional- fue competente el Tribunal Supremo para su instrucción, designándose un Magistrado como instructor quien admitió a trámite la querella.

 

 Puesto el tablero, las partes comenzaron a comparecer y mover sus piezas, así el Ministerio Fiscal y la defensa del querellado se opusieron infructuosamente a la admisión de la querella, posteriormente se personaron otras acusaciones particulares hasta un total de tres. Acordándose proseguir la causa por los delitos de prevaricación y de uso de artificios de escucha y grabación con violación de las garantías constitucionales.

 En una nueva ronda de movimientos, y tras las numerosas diligencias de instrucción, el Juez Instructor acordó la apertura de juicio oral, desoyendo al Ministerio Fiscal que solicitaba el sobreseimiento libre al no estimar existencia de delito. Acordándose la celebración del juicio oral.

 

3. Los Hechos que han dado lugar al proceso, y el posterior juicio

 Los peones habían avanzado y tomado posiciones en el tablero, dominando o amenazando diversas partes del mismo. ¿Pero en qué tablero, en qué situación y hechos, nos encontramos? ¿Qué historia nos ha arrastrado a esta situación?

 

 Siendo el Sr. Garzón instructor de unas Diligencias en las que se investigaban unos posibles delitos de blanqueo de capitales, de defraudación fiscal, de falsedad, de cohecho, de asociación ilícita y de tráfico de influencias, con varios imputados en la causa considerados integrantes de una organización delictiva; dando lugar a una investigación compleja, con gran actividad de los encargados de la investigación, el Ministerio Fiscal y el propio Sr. Garzón. Produciéndose frecuentes informaciones verbales por parte de los funcionarios de policía ante los fiscales y el Sr. Garzón, poniéndoles en conocimiento del estado y avances de la investigación.

 Según las informaciones policiales, era de suponer que a pesar de encontrarse los principales investigados en prisión provisional continuaban realizando nuevas acciones de blanqueo de capitales, y otras actividades ilícitas. Considerando los funcionarios de policía que en estas actividades ilegales podrían estar interviniendo algunos de los abogados que formaban parte de un despacho profesional. Pero sin constar en tales diligencias ningún indicio inculpatorio contra ningún abogado, ni se identificaba a ningún abogado sospechoso de tales actividades.

 

 El Sr. Garzón, dictó auto de 19/02/2009, el cual disponía…” ordenar la observación de las comunicaciones personales que mantengan los citados internos con los letrados que se encuentran personados en la causa u otros que mantengan entrevistas con ellos, y con carácter especial, las que mantengan con el letrado…., previniendo el derecho de defensa… siendo los funcionarios de la Policía Judicial los únicos competentes para proceder a la escucha y transcripción de las conversaciones, así como a la conversación de los soportes,… Requerir a la Unidad encargada de la investigación a remitir a este Juzgado las transcripciones más significativas de las conversaciones (literales),.. informar sobre el resultado de las pesquisas concluidas desde su inicio; y si las imputaciones se han ido corroborando en qué sentido y respecto a qué personas, y en lo referente a las razones que le aconsejen sobre su mantenimiento.”

 Haciendo referencia el mismo auto al art. 51 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, la cual dispones que las comunicaciones de los internos con el abogado defensor no pueden se suspendidas salvo por orden la autoridad judicial y en los supuestos de terrorismo.

 

 Este auto, resultó sorprendente para la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, que solicitó aclaración respecto a si las comunicaciones con los letrados, a las que se refería expresamente el auto, debían ser grabadas, recibiendo contestación afirmativa;  y también a los funcionarios policiales que solicitaron del Sr. Garzón que aclarase el significado de la expresión “previniendo el derecho de defensa” , a lo cual les respondió que deberían proceder a recoger las cintas, escuchar lo grabado, transcribir todo su contenido y proceder a su entrega al juzgado, ocupándose él de lo que procediera. Sin dar instrucción alguna respecto a excluir de las grabaciones ninguna conversación, ni de la imposibilidad de utilizar en la investigación ninguna parte de la información recogida en las mismas.

 

 Al dictar el auto de fecha 19/02/2009, el Sr. Garzón sabía que este implicaba que las comunicaciones de los internos que iban a ser intervenidas, grabadas y escuchadas, incluyendo las que llevaran a cabo con todos los letrados expresamente llamados por los imputados en prisión provisión, sin excepción alguna. Afectando tanto a los letrados ya personados, como a los que pudieran personarse en el futuro como defensores de los internos, aún cuando al momento de firmar la resolución su identidad fuera desconocida y por lo tanto, no se pudieran conocer y valorar ningún indicio que pudiera existir contra estos.

 El auto no mencionaba la identidad de los letrados sospechosos, ni indicio alguno en contra de los mismos.

 

 En fecha 02/03/ 2009 dos de los detenidos designaron nuevos letrados, a pesar de lo cual el Sr. Garzón no dictó medida alguna que alterase las órdenes previas, permitiendo que se grabaran las comunicaciones de los nuevos letrados con sus defendidos.

 

 Entre las comunicaciones intervenidas, objeto de informe realizado por funcionarios policiales, figuran conversaciones -a las que se hace referencia expresa en el informe policial- entre las que figura una relativa a la estrategia de defensa pactada por los letrados en relación con uno de los hechos investigados. Dando lugar a un informe que aparece foliado en la causa ocupando un lugar anterior a la declaración de uno de los imputados, del mismo día de la entrega del informe, sin aparecer expresamente que se realizara pregunta alguna directa con el contenido de esta conversación.

 

 En fecha 13/03/2009, los funcionarios policiales, presentaron un nuevo informe comunicando el resultado de la intervención de las comunicaciones de los detenidos, incluyendo las conversaciones con sus letrados defensores, solicitando prórroga de la intervención acordada, y ello sin aportar indicios concretos de una posible actuación delictiva de ninguno de los letrados defensores.

 El Ministerio Fiscal emitió informe destacando que una parte importante de las transcripciones se referían en exclusiva a estrategias de defensa, debiendo ser excluidas del procedimiento, no oponiéndose a la prórroga de la intervención, y solicitando la salvaguarda del derecho de defensa de los detenidos.

 

 En fecha 20/03/2009, conociendo el informe del Ministerio Fiscal y la incorporación de nuevos letrados defensores, el Sr. Garzón dictó un auto ordenando prorrogar las intervenciones previas, sin excluir de los autos las conversaciones habidas entre los detenidos y sus letrados, que según el Ministerio Fiscal debían excluirse, y sin añadir ninguna cautela especial para salvaguardar el derecho de defensa, salvo una mera referencia… “previniendo el derecho de defensa” Sin darle contenido ni desarrollo alguno.

 Siendo conocedor el Sr. Garzón que la prórroga afectaría nuevamente a todas las conversaciones detenido-letrado, de todos los letrados, sin hacer diferencia o aportar indicio justificativo de actividad criminal alguna sobre ninguno de los letrados personados en la causa.

 

 A consecuencia de este auto, el Ministerio Fiscal emitió informe reiterando lo solicitando en su informe previo, e interesando ... “que, en lo sucesivo, se excluyan de la causa todas aquellas comunicaciones que se refieran exclusivamente al ejercicio del derecho de defensa de aquellos ..”

 El mismo día, 27/03/2009 se dictó nuevo auto el cual excluía de los autos las conversaciones mantenidas entre los imputados y sus letrados que se referían en exclusiva a estrategias de defensa. Dando el Sr. Garzón órdenes verbales a uno de los funcionarios encargado de la tramitación que siguiera las instrucciones del represente del Ministerio Fiscal que en esos momentos se encontraba en el juzgado para suprimir distintos párrafos de las transcripciones de las conversaciones mantenidas por los internos y sus abogados defensores.

 

 El auto fue ejecutado, y a consecuencia se intervinieron todas las conversaciones entre los letrados y sus defendidos, siendo grabadas, escuchadas por la policía, transcritas, y entregadas al Sr. Garzón como juez y al Ministerio Fiscal.

 

  Así pues, los hechos acaecidos ya están claros:

 En una investigación económica de gran complejidad el Sr. Garzón, como juez instructor, acordó la intervención de todas las comunicaciones que tuviesen los imputados detenidos, incluyendo expresamente las conversaciones con sus letrados defensores a pesar de no aportar prueba alguna implicando a ninguno de los letrados en que estuviese aprovechando el ejercicio de la defensa para cometer nuevos delitos.

 Habiendo tenido que insistir en dos ocasiones el Ministerio Fiscal a fin de conseguir excluir de la causa las transcripciones de las estrategias de defensa de los diversos imputados en la misma, por considerar que con ello se estaba perjudicando el derecho de defensa de los imputados.

 A lo que la acusación particular estima: Que el Sr. Garzón ha incurrido en el delito de prevaricación judicial, y un delito de uso de artificios de escucha y grabación con violación de las garantías constitucionales.

 

 Este es el tablero, y la historia que nos arrastró hasta la celebración del juicio.

 

4. Las pruebas durante la celebración del juicio ante el Tribunal Supremo

 La celebración del juicio fue ampliamente seguida por los medios de comunicación, televisión, prensa y medios digitales estuvieron atentos al mismo, como a su percepción por la sociedad.

 Los primeros enfrentamientos… La defensa del Sr. Garzón presentó al inicio del juicio una serie de cuestiones previas, recusaciones de magistrados, solicitud de pruebas, la mayoría sin más base o fundamento que el noble arte de protestar por protestar,… y ante la solicitud de incorporar a autos las transcripciones de las grabaciones excluidas del proceso de instrucción la Sala, responde,… “… no es preciso conocer el contenido completo de las conversaciones mantenidas entre los internos en el centro penitenciario y sus letrados defensores. Pues para establecer una lesión material al derecho de defensa, es suficiente con la demostración de que esas conversaciones o comunicaciones fueron intervenidas por quienes participaban en la investigación penal de los hechos.

 … se suprimieron varias conversaciones que habían sido grabadas, mantenidas entre los internos y sus letrados defensores, porque el propio acusado,.. entendió que afectaban al derecho de defensa.… Además, si se suprimieron por afectar al derecho de defensa, es claro que su incorporación a la prueba supondría ahora una nueva vulneración de la confidencialidad entre letrado y defendido.”

 Con lo que vemos que la cuestión determinante del proceso según la Sala no es el contenido de las grabaciones y si afectaban o no al Derecho de Defensa, el cual es lesionado por intervenir las conversaciones entre el interno y su abogado por quienes participaban en la investigación penal de los hechos, sino si estaba justificada o no la medida de acordar la intervención de las comunicaciones entre los internos y sus letrados.

 

 Llegados ya a la fase probatoria propiamente dicha, aparte de las cuestiones documentales se oyeron algunas de las grabaciones realizadas que no habían sido excluidas de los autos, testificaron los policías y el Sr. Garzón fue interrogado, sin que este aportase ningún indicio de actuación criminal por parte de ninguno de los abogados de los internos cuyas comunicaciones fueron intervenidas; con lo que en ningún momento del proceso se ha identificado a los letrados sospechosos ni se ha aportado indicio o prueba alguna en contra de ninguno de ellos.

 

5. El delito de Prevaricación

 Para apreciar un delito de prevaricación, como el achacado al Sr. Garzón, tal y como requiere el art. 446.3 CP, se precisa haber dictado, a sabiendas, una sentencia o resolución injusta. Debiendo recordar que los poderes públicos, el judicial inclusive, están sometidos a la Constitución y al resto del Ordenamiento Jurídico sin poder sustituir la ley por las preferencias o principios particulares, y como bien dice la Sala,

“ .. En un sistema democrático como el regulado en la Constitución española, el Poder judicial se legitima por la aplicación de la ley a la que está sujeto, y no por la simple imposición de sus potestades. De manera que el Estado de Derecho se vulnera cuando el juez, con el pretexto de aplicación de la ley, actúa solo su propia subjetividad concretada en una forma particular de entender la cuestión a resolver, y prescindiendo e todos los métodos de interpretación admisibles en derecho, acoge un significado irracional de la norma, sustituyendo así el imperio de la ley por un acto contrario de mero voluntarismo. La superación del simple positivismo, que pudiera conducir a actuaciones materialmente injustas, resulta de la Constitución y, especialmente, de sus normas sobre derechos fundamentales, que constituyen al tiempo una guía interpretativa y un límite infranqueable.”

 

¿Pero cuándo surge una sentencia o resolución injusta?

 La ley admite, y la jurisprudencia es buena prueba de ello, numerosas interpretaciones divergentes, siendo lícito que el juez pueda optar, según las particularidades y circunstancias del caso por una u otra interpretación. Y sólo puede surgir el supuesto de una resolución injusta cuando se produce una absoluta colisión de la actuación judicial con las normas aplicables al caso, cuando la decisión cuestionada no puede ser explicada mediante ninguna interpretación razonable efectuada con los métodos propios admitidos en Derecho.

 Como bien dice la Sala, “…no puede admitirse que una resolución sea justa solo porque el juez que la dicta, sin referencia alguna a criterios objetivos, así la considere.” Si tenemos leyes es para cumplirlas y que los jueces las hagan cumplir según las propias normas jurídicas, y no según sus criterios o preferencias personales.

 

¿Sabía el Sr. Garzón que sus resoluciones eran injustas?

 Para ser un delito, el actor debe ser consciente de la ilegalidad, debe actuar a sabiendas que sus actos se apartan del principio de legalidad y que no se encuentran amparados en una interpretación razonable de la ley, imponiendo su propia voluntad sobre la aplicación e interpretación racional de esta. Cuestión que se convierte en fundamental en este caso

 Lo cual debe valorarse conjuntamente con el hecho que el Sr. Garzón como juez resulta ser un técnico experto del derecho, y por tanto se le presume conocedor del derecho y la ciencia jurídica; el Sr. Garzón conocía el derecho aplicable, y si decidió apartarse de la interpretación habitual del miso, debía fundamentarla de alguna forma apropiada según las normas interpretativas del mismo.

 ¿Se separó de las normas de interpretación? ¿Justificó esta separación del común de la interpretación de la ley?

 A estas preguntas debe responder la Sala a fin de dictar sentencia.

 

6. El Derecho de Defensa

 Si bien ya tenemos los hechos, y el argumento esgrimido contra el Sr. Garzón, también debemos buscar y entender el bien o derecho que se supone vulnerado según la acusación para determinar si realmente ha sido vulnerado; el derecho de defensa

 Nos encontramos en un procedimiento penal, donde el Derecho de Defensa es especialmente protegido dada la naturaleza de la pérdida de libertad a la que puede llevar una sanción en esta jurisdicción. El derecho de defensa, se desarrolla principalmente mediante la asistencia letrada y es reconocido como un derecho fundamental en nuestra constitución. Así que, como indica la Sala ”…la pretensión legítima del Estado en cuanto a la persecución y sanción de las conductas delictivas, solo debe ser satisfecha dentro de los límites impuestos al ejercicio del poder por los derechos que corresponden a  los ciudadanos en un Estado de derecho. Nadie discute seriamente en este marco que la búsqueda de la verdad, incluso suponiendo que se alcance, no justifica el empleo de cualquier medio. La justicia obtenida a cualquier precio termina no siendo Justicia”

 

 Nuestro sistema penal se basa en el principio acusatorio y la presunción de inocencia, siendo necesario que el acusado conozca la acusación y pueda defenderse de ella adecuadamente. Siendo necesario el Derecho de Defensa, puesto que de no existir, o no poder ejercerse adecuadamente, no habría defensa sino una apariencia de juicio seguida de la resolución o condena consecuente.

 La confidencialidad, o secreto, de las comunicaciones entre el imputado y su letrado defensor es elemento básico del derecho de defensa, debiendo ser protegido ya que de no poder mantener esta confidencialidad la asistencia jurídica prestada perdería gran parte de su utilidad con un  perjuicio directo para el imputado; habiendo sido reconocido por la jurisprudencia nacional y del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

 Para causar un perjuicio directo al derecho de defensa no es necesario un aprovechamiento expreso de la información obtenida al intervenir las conversaciones entre abogado y detenido, basta con la ventaja que supone a los intervinientes en la investigación el conocer de las confidencias entre ambos; así es posible conocer qué líneas de investigación o pruebas pueden ser efectivas o no, la defensa que se va a presentar por el imputado, o incluso las impresiones, necesidades, debilidades o preocupaciones de este. Aunque no se haga uso directo de la información el hecho de conocerla supone una ventaja o superioridad grave sobre el imputado, privándole de defensa o llevándole a situaciones insostenibles. Es la propia intervención sobre una relación básica para el ejercicio del derecho de defensa la que determina su vulneración.

 Además, el secreto profesional de letrado también implica el derecho del cliente a que no se revele a terceros las confidencias realizadas al mismo, derecho que se ve completamente vulnerado en el caso de intervenir las conversaciones entre el imputado y su abogado defensor.

 

7. Los límites del Derecho de Defensa

 Los derechos no son absolutos, y el fin de un derecho es el principio de los demás derechos. Incluso el Derecho de Defensa tiene límites, pudiendo ser restringido por motivos válidos, como está previsto en el Art. 51 de la Ley Orgánica General Penitenciaria que en su punto 2, que se refiere a la posibilidad de limitar a la confidencialidad de las comunicaciones de un interno y su abogado.

 Lo ordenado por el Sr. Garzón fue una intervención de las comunicaciones interno-letrado, que incluyen todas las mantenidas con el letrado defensor, se afectó necesariamente al derecho de defensa del interno. Y siendo fácilmente posible diferenciar las comunicaciones con los abogados de las mantenidas con otras personas, no se hizo así, sino que se decidió intervenirlas deliberadamente.

 

 Este artículo fue objeto de una relevante sentencia del Tribunal Constitucional, la STC 183/1994, la cual distingue dos clases de comunicaciones, las generales entre el interno y determinada clase de personas entre las que figuran los familiares y las específicas, que son las que el interno mantiene con su abogado defensor o con el abogado llamado expresamente en relación con asuntos penales, y también determina al interpretar, Sentencia en la que se ha basado una clara jurisprudencia del Tribunal Supremo, como la STS 538/1994

“.. excepcionalmente  y sin que dicha excepción pueda contagiarse al resto del sistema, en el ámbito personal exclusivo de los supuestos de terrorismo, y en todo caso con la especial garantía de la orden judicial previa, naturalmente moderadora de la necesidad, proporcionalidad y razonabilidad de la medida en cada caso concreto, el art. 51.2 LOGP faculta para la intervención de este tipo de comunicaciones singulares (refiriéndose a las mantenidas entre internos y letrados defensores)”

 Así, la ley y la interpretación dada por la jurisprudencia del TC y el TS a la misma, permite al juez realizar estas intervenciones con las condiciones de ser una medida proporcionada y motivada -no cabiendo su realización por motivos o argumentos que resulten vagos, difusos o indeterminados, o meramente especulativos, o apoyándose en la gravedad del delito imputado- debiendo existir indicios de que el ejercicio de la defensa y la condición de abogado están siendo utilizadas para la comisión de nuevos delitos, y tratarse exclusivamente de supuestos de terrorismo.

 

8. Explicaciones del Sr. Garzón

 La defensa del Sr. Garzón obviamente no se quedó callada, y en respuesta dispuso una ofensiva de sus piezas a fin de contrarrestar su escaso despliegue táctico y falta de fuego ofensivo, así mostró los secretos que ocultaban sus piezas.

 

 Se alegó la existencia del anteproyecto de una nueva regulación del proceso penal, realizado por el anterior Gobierno, que tras las últimas elecciones y el consecuente cambio de Gobierno ha quedado en un montón de hojas que muestran un proyecto sin futuro.

 En el art. 304 de este proyecto prevé la posibilidad de intervenir las comunicaciones privadas entre el investigado y su letrado defensor -previa autorización judicial- cuando concurran indicios fundados que permitan afirmar su participación en el hecho delictivo investigado, y que el procedimiento se dirija contra ellos. Supuesto que no ha llegado a ser norma aplicable en ningún caso, y cuyos supuestos tampoco se han dado, ya que no se ha dirigido la investigación contra ningún letrado, ni se ha aportado prueba o indicio alguno en contra de ninguno de ellos.

 Con todo el respeto a la defensa, no veo qué sentido tiene el aportar un proyecto que no llega a ningún lugar, y cuyos requisitos no se han dado en este caso. Como mucho el presentar un posible futuro legislativo donde los supuestos de intervención de las comunicaciones sean más amplios y flexibles sin vulnerar el Derecho de Defensa, pero no es aplicable a este caso.

 

 Precedentes de anulación de medidas judiciales acordando intervenciones telefónicas que no han dado lugar a medidas contra los jueces que las dictaron

 Es cierto que en numerosos casos en los que se han anulado las resoluciones judiciales acordando intervenciones telefónicas no se ha tomado medidas contra el juez que las dictó. Pero en este caso no nos encontramos con una intervención telefónica, sino con la intervención de la relación entre el interno y su letrado, estando el interno sometido a la custodia de las autoridades penitenciarias; no nos encontramos con el Derecho al Secreto de las Comunicaciones o con el Derecho a la Intimidad, sino al Derecho de Defensa.

 No se trata de la validez, o no, de una prueba, sino de un elemento indispensable de la estructura de la defensa del imputado, y por tanto de un elemento básico del proceso penal del Estado de Derecho. La supresión, o vulneración del Derecho a la Defensa no afecta sólo a lo actuado hasta ese momento, sino a todo el proceso en sí. Afectando a  un derecho especialmente protegido por nuestro ordenamiento jurídico.

 Además, según examina la Sala, “…en aquellos casos se trata de resolver si lo que se consideraron indicios al acordar la restricción lo eran efectivamente o de si los considerados, siéndolo, podían tenerse por suficientes a los efectos de justificar la medida adoptada. En los hechos probados la inexistencia de indicios es absoluta.”

 Los supuestos alegados por la defensa son distintos y no comparables. No hay precedente alguno donde un juez instructor haya procedido a grabar y escuchar las comunicaciones de los internos con sus abogados defensores en el centro penitenciario sin existir ningún indicio contra los letrados. El perjuicio ocasionado resulta muy diferente entre los supuestos alegados y el que nos ocupa, no hay término de comparación. Así la defensa nos ha mostrado que en otros supuestos no se ha dado lugar a una sanción contra el juez, como la que se solicita en este proceso, pero no ha establecido un argumento que permita superar estas diferencias tan significativas, y aplicar a este caso una sanción más leve que la solicitada por la acusación particular en caso de apreciarse la comisión del delito que se imputa al Sr. Garzón.

 

No se intervinieron las comunicaciones de los letrados sino las de los internos.

 La defensa argumenta que no se intervinieron las comunicaciones de los letrados, sino las de sus clientes internos en el centro penitenciario. La primera imagen que viene a mi mente es la de un chiste gráfico de unos famosos detectives del tebeo español, pero sigamos comedidos y tratemos seriamente este asunto.

 Los internos en un centro penitenciario tienen el derecho a comunicarse con sus letrados defensores o con los letrados que sean expresamente llamados por ellos, mientras se encuentran privados de libertad este es el principal y casi exclusivo medio de su Derecho de Defensa. Estando expresamente regulada la intervención de estas comunicaciones mediante el art. 51.2 LOGP, que protege las comunicaciones entre el interno y el letrado, independientemente de otros tipos de comunicación que también asisten a los internos.

 Siendo destacable que los autos dictados por el Sr. Garzón se referían expresamente a las comunicaciones de los internos con los letrados, de no haberse acordado expresamente no se habrían intervenido estas comunicaciones.

 Es cierto que no se han intervenido las comunicaciones telefónicas de los letrados con terceras personas, podríamos discutir si se puede tomar como un indicio que no había pruebas suficientes contra los abogados que justificase la intervención de sus conversaciones telefónicas privadas. Pero lo que es claro es que no acredita de forma alguna que fuera correcta la intervención de las comunicaciones entre los internos y sus letrados, ni la justifica moralmente en modo alguno.

 

Validación de los actos del Juez Instructor por la Policía y el Ministerio Fiscal.

 Los funcionarios policiales expresaron al Sr. Garzón como juez instructor de sus sospechas acerca de que los internos siguieran cometiendo delitos económicos a pesar de estar internos, pero en ningún momento validaron las decisiones del Sr. Garzón. Inclusive le pidieron explicaciones acerca del alcance de la preservación del Derecho de Defensa.

 El Ministerio Fiscal se opuso en dos ocasiones al alcance dado por el Sr. Garzón a las medidas de intervención de las comunicaciones de los internos, oponiéndose a su extensión a las conversaciones mantenidas con los letrados que les representaban.

 Y no solo la actuación del Sr. Garzón no fue validada, ni por la Policía ni por el Ministerio Fiscal, sino que ninguno de ambos puede validar o justificar las actuaciones del Juez Instructor. Es precisamente el Juez Instructor quien tiene el deber de velar por los Derechos de los imputados, siendo él el responsable de ello. No puede justificarse en una autorización o visto bueno que ni llegó a existir, ni hubiera sido significativa en caso de haberse dado.

 

Acordar la intervención de las comunicaciones porque no había otra solución para impedir que se continuase con la actividad delictiva

 La ausencia de cualquier indicio que implicase a los letrados en actividad criminal alguna, ni habiéndose expuesto argumentación alguna al respecto, hace imposible la reducción o supresión del Derecho a la Defensa de los internos en un centro penitenciario.

 La Sala indica, “una argumentación de esta clase, así planteada en abstracto, en tanto justifica la restricción de derechos fundamentales sobre la base de una consideración absolutamente inmotivada respecto de su necesidad, conduce a la desaparición de la posibilidad de controles efectivos sobre el ejercicio del poder, lo que afectaría a la  misma esencia del Estado Democrático de Derecho. En este sentido no puede aceptarse como motivación la simple suposición de que los sospechosos continuaban cometiendo delitos. O la mera posibilidad de que lo hicieran.”

 

Salvaguarda del derecho de defensa

 El alcance de la cláusula relativa a la salvaguarda del Derecho de Defensa, ha carecido de efecto alguno, dice la Sala.“…quedó reducida a su simple aparición en la resolución, pues no se acordó ninguna medida para hacerla efectiva...”

 Además del propio alcance de la medida acordada judicialmente, interviniendo las conversaciones entre los internos y sus abogados defensores han resultado escuchadas por la policía, el juez instructor y el ministerio fiscal. Que algunas hayan sido excluidas de los autos no evita el daño causado por el hecho de que han sido objeto de conocimiento por aquellos que precisamente estaban dirigiendo la causa contra los internos, y que han afectado necesariamente al desarrollo de la investigación durante la instrucción.

 

 Las piezas de la defensa abrieron fuego de salvas, llenando el campo de humo y estruendos que retumbaron a través de los medios, surgiendo ríos de prensa con unas u otras declaraciones, provocando los ecos de amigos y contrarios a su causa.  Algunas imágenes serán difíciles del olvidar, pero sus argumentos no lograron afectar a las piezas contrarias ni hacerlas retroceder.

 Estas argumentaciones de la defensa no fueron apreciadas por la Sala, y a mi parecer fue correcta su desestimación; la decisión del Sr. Garzón fue contra derecho, voluntaria, no ha justificado que se diera ninguno de los requisitos necesarios para la intervención de las comunicaciones entre el interno y su letrado defensor, ni tomó medidas que permitieran salvar el derecho de defensa de los internos.

 

9. Concluyendo

 El Sr. Garzón durante la investigación de una serie de delitos económicos decidió la intervención de las comunicaciones entre los internos y sus abogados, tanto sus abogados defensores como cualquier abogado que se entrevistase con ellos en el recinto penitenciario. Decisión que vulneraba el Derecho de Defensa de los internos, especialmente el secreto de las comunicaciones entre el interno y su letrado defensor, prescindiendo de los requisitos del supuesto previsto en el art. 51.2 LOGP para dicha medida de investigación;

 

- Esta medida sólo está prevista ser aplicada en la investigación de delitos de terrorismo en los que el ejercicio de la defensa y la condición de abogado estén siendo utilizados para la comisión de nuevos delitos; y en ningún momento se ha intentado siquiera alegar o justificar actividad terrorista alguna.

- Esta medida requiere que se aporten indicios racionales de que el ejercicio de la defensa y la condición de abogado están siendo utilizadas para la comisión de nuevos delitos de terrorismo; sin que se haya aportado indicio alguno de que se estuviese utilizando las comunicaciones con los internos para la comisión de ningún delito.

 

- Las medidas acordadas implicaban la intervención de todas las comunicaciones de los internos con todos los letrados, de forma que afectaba a cualquier letrado defensor, designado o que fuese designado en un futuro.

 

- Ninguno de los métodos de interpretación del derecho admitido, hubiera permitido al Sr. Garzón concluir de forma razonada que era legalmente posible restringir el Derecho de Defensa de los internos tal y como él ordenó.

 El Sr. Garzón realizó una interpretación de la ley según la cual podía intervenir las comunicaciones entre el imputado preso y su letrado defensor basándose únicamente en la existencia de indicios respecto a la actividad criminal del preso, sin considerar necesario que tales indicios afectaran a los letrados. Siendo plenamente conocedor de la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo que limitan claramente la intervención de las comunicaciones entre interno y letrado defensor, por su condición de experto jurídico y por el propio uso de las categorías jurídicas asentadas en la propia jurisprudencia de la que prescinde al dictar estas medidas de intervención.

 No se ha producido una interpretación errónea de la ley, sino un acto arbitrario, carente de base legal y que prescinde de las garantías constitucionales reconocidas a los imputados internos.

 

 

 La Sala pronuncia unas palabras claras y duras, respecto a la injusticia de la decisión y el alejamiento de estas decisiones del la interpretación del Derecho,

“En el caso, el acusado causó con su resolución una drástica e injustificada reducción del derecho de defensa y demás derechos afectado anejos al mismo,… una laminación de esos derechos, situando la concreta actuación jurisdiccional que protagonizó,…  al nivel de sistemas políticos y procesales característicos de tiempos ya superados desde la consagración y aceptación generalizada del proceso penal liberal moderno, admitiendo prácticas que en los tiempos actuales solo se encuentran en los regímenes totalitarios en los que todo se considera válido para obtener la información que interesa, o se supone que interesa, al Estado, prescindiendo de las mínimas garantías efectivas para los ciudadanos y convirtiendo de esta forma las previsiones constitucionales y legales sobre el particular en meras proclamaciones vacías de contenido.

 

… arbitrariamente restringe sustancialmente el derecho de defensa de los imputados en prisión, sin razón alguna que pudiera resultar mínimamente aceptable…

 

.. la doctrina del tribunal Constitucional .. y de esta Sala del Tribunal Supremo, … rechaza expresamente la interpretación acogida por el acusado, y sin que su opción interpretativa viniera acompañada de un mínimo razonamiento explicativo de las razones que la sustentaban .. un acto de mero voluntarismo que, por sus contenido, se alejaba de modo arbitrario y absoluto de la aplicación razonada del Derecho causando un daño totalmente injustificado y difícilmente reparable ..”

 

 Aparte de las palabras en pro o en contra, debemos considerar que expresiones tan usadas y gastadas como Imperio de la Ley o Estado de Derecho implican un cuidado y deber extremos por aquellos que son garantes de los mismos. No podemos dejarnos llevar por un mecanicismo que desvirtúe las posibilidades de la justicia al caso; pero no por ello debemos dejar la puerta abierta, o simplemente cerrar los ojos, cuando la búsqueda de la justicia se hace a cualquier precio o prescindiendo de los derechos y garantías de los imputados.

 Si nosotros como administrados tenemos nuestros derechos, es gracias a los límites a los que los administradores de la justicia están sujetos, y si empezamos a prescindir de ellos por conveniencia o simpatía, estamos desgastando la fuerza de nuestro ordenamiento jurídico, desde la Constitución hasta la última de las actuaciones administrativas.

 Si por un defecto o limitación de nuestras normas jurídicas no podemos hacer justicia en un caso concreto, más nos vale aceptarlo y poner remedio rápido a ello, puesto que tomarnos la justicia por nuestras manos prescindiendo de los requisitos y trámites pertinentes sólo ha llevado a desastres y situaciones mucho peores como nos muestra la Historia.

 

Por Joan Carpi Palliser

Abogado en Palma de Mallorca


 Legislación relacionada.

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Artículo 51. LOGP

1. Los internos autorizados para comunicar periódicamente, de forma oral y escrita, en su propia lengua, con sus familiares, amigos y representantes acreditados de organismos e instituciones de cooperación penitenciaria, salvo en los casos de incomunicación judicial.

Estas comunicaciones se celebrarán de manera que se respete al máximo la intimidad y no tendrán más restricciones, en cuanto a las personas y al modo, que las impuestas por razones de seguridad, de interés de tratamiento y del buen orden del establecimiento.

2. Las comunicaciones de los internos con el abogado defensor o con el abogado expresamente llamado en relación con asuntos penales y con los procuradores que lo representen, se celebrarán en departamentos apropiados y no podrán ser suspendidas o intervenidas salvo por orden de la autoridad judicial y en los supuestos de terrorismo.

3. En los mismos departamentos podrán ser autorizados los internos a comunicar con profesionales acreditados en lo relacionado con su actividad, con los asistentes sociales y con sacerdotes o ministros de su religión, cuya presencia haya sido reclamada previamente. Estas comunicaciones podrán ser intervenidas en la forma que se establezca reglamentariamente.

4. Las comunicaciones previstas en este artículo podrán efectuarse telefónicamente en los casos y con las garantías que se determinen en el Reglamento.

5. Las comunicaciones orales y escritas previstas en este artículo podrán ser suspendidas o intervenidas motivadamente por el director del establecimiento, dando cuenta a la autoridad judicial competente.

 

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Artículo 579. LECRIM

1. Podrá el Juez acordar la detención de la correspondencia privada, postal y telegráfica que el procesado remitiere o recibiere y su apertura y examen, si hubiere indicios de obtener por estos medios el descubrimiento o la comprobación de algún hecho o circunstancia importante de la causa.

2. Asimismo, el Juez podrá acordar, en resolución motivada, la intervención de las comunicaciones telefónicas del procesado, si hubiere indicios de obtener por estos medios el descubrimiento o la comprobación de algún hecho o circunstancia importante de la causa.

3. De igual forma, el Juez podrá acordar, en resolución motivada, por un plazo de hasta tres meses, prorrogable por iguales períodos, la observación de las comunicaciones postales, telegráficas o telefónicas de las personas sobre las que existan indicios de responsabilidad criminal, así como de las comunicaciones de las que se sirvan para la realización de sus fines delictivos.

4. En caso de urgencia, cuando las investigaciones se realicen para la averiguación de delitos relacionados con la actuación de bandas armadas elementos terroristas o rebeldes, la medida prevista en el número 3 de este artículo podrá ordenarla el Ministro del Interior o, en su defecto, el Director de la Seguridad del Estado, comunicándolo inmediatamente por escrito motivado al Juez competente, quien, también de forma motivada, revocará o confirmará tal resolución en un plazo máximo de setenta y dos horas desde que fue ordenada la observación.

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Artículo 446. Código Penal

El Juez o Magistrado que, a sabiendas, dictare sentencia o resolución injusta será castigado:

Con la pena de prisión de uno a cuatro años si se trata de sentencia injusta contra el reo en causa criminal por delito y la sentencia no hubiera llegado a ejecutarse, y con la misma pena en su mitad superior y multa de doce a veinticuatro meses si se ha ejecutado. En ambos casos se impondrá, además, la pena de inhabilitación absoluta por tiempo de diez a veinte años.

Con la pena de multa de seis a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis a diez años, si se tratara de una sentencia injusta contra el reo dictada en proceso por falta.

Con la pena de multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de diez a veinte años, cuando dictara cualquier otra sentencia o resolución injustas.

 

Artículo 536. Código Penal

La autoridad, funcionario público o agente de éstos que, mediando causa por delito, interceptare las telecomunicaciones o utilizare artificios técnicos de escuchas, transmisión, grabación o reproducción del sonido, de la imagen o de cualquier otra señal de comunicación, con violación de las garantías constitucionales o legales, incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público de dos a seis años.

Si divulgare o revelare la información obtenida, se impondrán las penas de inhabilitación especial, en su mitad superior y, además, la de multa de seis a dieciocho meses.


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