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Accidente de tráfico: Responsabiliad por culpa extracontractual.

 

 

Exponemos a continuación una duda frecuente a la hora de iniciar la reclamación de responsabilidad civil tras fallecimiento del pasajero ocupante del vehículo por parte de los familiares. 

 

Accidente de tráfico en el que resulta lesionado el pasajero, el cual es trasladado a los servicios de urgencia e intervenido quirúrgicamente, si bien, acaba falleciendo como consecuencia de una infección. 


La duda surge a la hora de determinar la petición concreta de la demanda para lograr obtener una sentencia favorable y la consecuente indemnización por parte de la compañía aseguradora del vehículo implicado. ¿Se reclama por el fallecimiento dado que si no se hubiera padecido el accidente de tráfico, el trágico final no se hubiera producido, o bien, se reclama por las lesiones derivadas del accidente pues la causa del fallecimiento se encuentra relacionado  únicamente con la intervención quirúrgica? Y por otro lado, ¿quienes están legitimados para reclamar tras el fallecimiento?


Exponemos a continuación lo establecido por la Sala Primera del Tribunal Supremo en numerosas sentencias,  20 de mayo de 2015, 13 de septiembre de 2012  de Pleno y 10 de diciembre de 2009, a la hora de concretar  cuál es la causa por la que se reclama responsabilidad civil, siendo preciso diferenciar entre:


  1. La indemnización por las lesiones sufridas por el pasajero como consecuencia de la colisión. Es decir, se indemnizarían los días de sanidad y secuelas sufridos por el daño físico y moral generado al ocupante transportado. El derecho a esa indemnización ya habría entrado en el patrimonio del lesionad , y por su posterior fallecimiento correspondería su reclamación a quienes acreditasen ser los herederos. El derecho de la víctima a ser resarcido por las lesiones y daños nace como consecuencia del accidente que causa este menoscabo físico y la determinación de su alcance está función de la entidad e individualización del daño, según el resultado de la prueba que se practique. Derecho a ser indemnizado que es transmisible a sus herederos puesto que no se extingue por su fallecimiento, conforme el artículo 659 del Código Civil , con lo que serán quienes acrediten ser los herederos los que ostentarán la legitimación para exigir al conductor, propietario y aseguradora su obligación de indemnizar.
  2. Cuestión distinta es la indemnización por el fallecimiento, y que es consecuencia de una infección pos-quirúrgica. El derecho a ser indemnizado por este concepto correspondería a los parientes perjudicados por dicho óbito, que en este caso serían los hijos.


En virtud de la diferenciación anterior, el principal problema estriba en probar la relación directa entre el resultado dañoso y el accidente de tráfico. La falta de causalidad jurídica entre las lesiones derivadas de siniestro y el posterior fallecimiento supondrá la desestimación de la demanda e imposición de costas a la parte demandante.


Por ello, hay que considerar que para que nazca la obligación  del indemnizar el daño del artículo 1902 del Código Civil, es necesario en primer lugar, la existencia de una causalidad física entre la acción u omisión y el resultado dañoso. 


De igual manera, es necesario que concurra la denominada causalidad jurídica, criterio actualmente aplicado por los Tribunales, que obliga a valorar con criterios del ordenamiento jurídico la posibilidad de imputar al agente el daño causado apreciando la proximidad con la conducta realizada, el ámbito de protección de la norma infringida, el riesgo general de la vida, provocación prohibición de regreso, incremento del riesgo, consentimiento de la víctima y asunción del propio riesgo, y de la confianza. 

Así, la jurisprudencia del Tribunal Supremo viene estableciendo a través de sus resoluciones, siendo algunas,  Sentencia de 10 de septiembre de 2015, 6 de febrero de 2015, 14 de julio de 2014,18 de marzo de 2014, 10 de julio de 2012, entre otras, las siguientes reglas que sirven sobre todo para descartar la responsabilidad:

a) Los riesgos generales de la vida: La vida tiene riesgos propios e inherentes, que son aceptados por todos. Es decir, las «desgracias» sí existen.

b) La prohibición de regreso: Encontrada una causa próxima, no debe irse más allá, más atrás, buscando causas remotas.

c) La provocación: Quién provocó la situación. Sin descartar que sea el propio perjudicado porque  asumiese un riesgo no justificado.

d) El fin de protección de la norma.

e) El incremento del riesgo, o la conducta alternativa correcta. Si el daño se habría producido igual aunque se adoptase otra conducta.

f) Competencia de la víctima (hechos o situaciones que estaban en el dominio de la víctima).

g) Y, en todo caso, y como cláusula de cierre, la probabilidad; lo que permite excluir la responsabilidad en los supuestos de eventos altamente improbables, imprevisibles, y que a la postre nos recuerdan el caso fortuito.

 
Así sieta el alto Tribunal que " encontrada una causa próxima al luctuoso resultado no puede seguirse retrocediendo en el tiempo para encontrar causas remotas, porque este retroceso nos llevaría a situaciones irracionales, tales como buscar la causa del fallo renal para atribuirle el resultado o incluso más atrás."

 
 

Por Alexandra Roncero

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Nuevo baremo de Accidentes de tráfico. Ley 35/2015, de 22 de septiembre, Reforma del Sistema para la Valoración de los daños causados como consecuencia de un Accidente de Tráfico.

 

Trás una larga espera, se ha publicado finalmente el baremo o sistema de valoración de los daños derivados de los accidentes de tráfico cuya entrada en vigor se producirá a partir del 1 de enero de 2016. 

 

El pasado día 23 de septiembre de 2015, se publicó en el BOE el esperado baremo para la valoración de los daños en accidentes de tráfico, el cual pretende un justo resarcimiento de los perjuicios sufridos por las víctimas y sus familias como consecuencia de un siniestro. Si bien, para el año 2015 no se ha publicado la actualización del mismo, debiendo aplicarse a los accidentes de tráfico ocurrido durante el 2015 el sistema establecido para el período de 2014 por Resolución de 5 de marzo  de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones por la que se publican las cuantías de las indemnizaciones por muerte, lesiones permanentes e incapacidad temporal que resultarán de aplicar durante el 2014 el sistema para valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación. (para ver pinchar aquí).

Hasta la fecha, la valoración de los daños causados como consecuencia de un accidente de tráfico venía recogido en el Anexo del Texto Refundido de la Ley de Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre

La nueva regulación del sistema de valoración, tiende a completar y/o cubrir de manera realista los graves perjuicios que supone para un lesionado las consecuencias del accidente, hasta el punto incluso de suponer un cambio en la vida diaria, como viene siendo en los grandes lesionados que llegan incluso a necesitar de la ayuda de una tercera persona para las tareas cotidianas. Con el anterior sistema de valoración, o  comúnmente denominado “baremo”, no se llegaba a indemnizar completamente las lesiones derivadas del accidente, sino que se aplicaba la escala dentro de un patrón común, aplicado a la generalidad, sin concretarse al caso concreto y sus circunstancias especiales. Así la nueva reforma pretende detallar cada partida indemnizatoria a percibir por el perjudicado-lesionado o por los perjudicados familiares y allegados del lesionado en caso de fallecimiento de éste.

Con la idea de que el perjudicado por el accidente de tráfico vuelva a su estado anterior al siniestro o lo más próximo posible, se han introducido una serie de novedades que el anterior “baremo” no contemplaba. Así destacamos las siguientes:

1º Se determina separadamente las indemnizaciones para los casos de muerte, incapacidad temporal y secuelas. En cada situación se diferencia entre el perjuicio personal básico, perjuicio particular y el perjuicio patrimonial.

Con el perjuicio personal básico se establecen una serie de mínimos por la que indemnizar al perjudicado. El perjuicio particular pretende completar la indemnización básica en el caso de que se den concretas circunstancias relacionadas con el fallecido o en su caso, con el lesionado.

Se introduce el concepto de perjuicio patrimonial, desarrollado en dos aspectos:el daño emergente y el lucro cesante. Figuras que no contemplaba el derogado sistema de valoración y que suponen toda una novedad para cuantificar la indemnización por estos conceptos de una manera personalizada al caso en cuestión; Así con el daño emergente se trata de cubrir todo gasto  derivado del accidente de tráfico bien por el lesionado, bien por los demás perjudicados, como son en los casos de muerte, el entierro y funeral, desplazamiento y traslado del fallecido…, en caso de secuelas, los futuros gastos médicos previsibles, gasto en prótesis, rehabilitación, traslados a las consultas médicas, adecuación de vehículo y otros medios de apoyo a la autonomía personal y la necesidad de ayuda  por tercera persona..., y en caso de incapacidad temporal, los gastos asistenciales en que se haya incurrido, desplazamientos necesarios, etc… donde la entidad aseguradora podrá cubrir el coste directamente con los servicios públicos de salud u otras entidades, a través de los convenios suscritos.

Respecto al lucro cesante, se supera el factor corrector contenido en el anterior sistema sobre la base de la indemnización, y se determina ahora una serie de conceptos a tener en cuenta para calcular los perjuicios económicos  que deriven de la nueva situación de lesionado/fallecido, además de las pérdidas netas de ingresos provenientes del trabajo personal.

2º Señalamos otros aspectos relevantes incluidos en la reforma del baremo, como los sigguientes:

-        - Se reconoce como perjudicado al miembro supérstite de la pareja de hecho estable, constituida mediante inscripción en un registro o que haya ha convivido un mínimo de 1 año inmediatamente anterior al fallecimiento o período inferior si tiene un hijo en común.

      - Obligación de la entidad aseguradora de hacer una oferta motivada dentro de los 3 meses desde el siniestro.

-         - Impone el deber  de colaboración del perjudicado para la peritación por los servicios médicos del eventual responsable.

-     -  Posibilidad de acordar con la entidad aseguradora el abono de  una renta vitalicia.

      -  Necesidad de acreditar la dependencia económica del fallecido/lesionado para poder concurrir como perjudicado  a indemnizar.

      -  Se indemniza el perjuicio moral sufrido por perdida de calidad de vida.

      -  Indemnización para ayuda de tercera persona en casos de grandes lesionados, muy graves o graves según la edad del lesionado y la hora de ayuda o trabajo.

     -  En el caso de lesiones temporales, se elimina el concepto de días impeditivos y no impeditivos, fijando un importe fijo por día de curación que podrá incrementarse si se dan circunstancias más graves. Lesión habitual de traumatismo cervical.

      -  Reconocimiento de las labores del hogar como trabajo no remunerado aplicándo el SMI anual, así como la pérdida de capacidad de trabajo para las personas menores de 30 años o estudiantes.

 

En definitiva, con la reforma operada en el baremo se pretende detalar pormenorizadamente cada concepto indemnizable y así el perjudicado obtendría una cuantía lo más reparadora posible dentro de sus circunstancias  concretas que han sido expresamente valoradas.

 

 

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Reciente Sentencia dictada por la Audiencia Pronvincial de Soria, Sección 1ª. Los gastos derivados del accidente de tráfico y para la curación de las lesiones ocasionadas, deben ser resarcidas por la compañía aseguradora del vehículo causante.

 

Examinado el caso, se recurre en apelación por la seguradora contra la Sentencia dictada en el Juicio de Faltas, condenando al abono de la indemnización a favor de los perjudiciados así como a los gastos que constan acreditados documentalmente. La aseguradora impugna una serie de gastos, siendo unas gafas, productos de farmacia y la asistencia de una persona externa para el cuidado permanente de los lesionados y sesiones de rehabilitación.

 

1.- En relación con las gafas, alega la parte recurrente que no consta acreditado que dicha persona empleara o necesitara gafas graduadas en el momento del accidente ni que resultaran dañadas a consecuencia del mismo. 

Señala la Audiencia Provincial de Soria que " Desde luego no parece que la adquisición de unas gafas graduadas sea motivo de capricho. Evidentemente, si lo fueran de sol, o aquellas otras que cumplan una función estética para quien las porta, podría ser discutible la necesidad de pago de dicho concepto, pero evidentemente, si se trata de adquisición de gafas graduadas no responden a motivo alguno de capricho, sino a una necesidad, nacida de la presencia y exigibilidad de lentes correctoras para poder compensar, con ellas, una enfermedad de la vista. Siendo innecesario, por ello, que se tenga que justificar necesariamente que la persona en cuestión necesita dichas gafas. Es evidente que si las ha adquirido, no es por capricho, sino por necesidad, y siendo evidente que la rotura de dichas gafas ha de tener su origen en el accidente. Entre otras cosas, porque basta con ver los resultados acaecidos a resultas del mismo. Siendo más que obvio que las gafas, en buena lógica, habrían resultado dañadas o inutilizadas."

 

2.- Se indica que entre los productos de farmacia, nos encontramos con una crema anticelulítica que considera la aseguradora que no debería haberse abonado. Difiere la Audiencia Provincial en este punto con el apelante, en tanto que considera que ha quedado acreditado mediante los documentos aportados la compra de distintos medicamentos, destinados a paliar el dolor de las lesiones derivadas del accidente.

 

Así sostiene que " dichos pagos de farmacia han sido efectuados. Pues aparecen documentados. Y evidentemente nadie, en su sano juicio, procede a adquirir medicamentos en farmacias, pagando cantidades por diversos conceptos, sino fuera estrictamente necesario, la adquisición de dichos productos. Y siendo necesarios para su propia curación. Máxime cuando, es evidente que en todo proceso judicial de reclamación de dichos gastos, la solución puede ser estimatoria o desestimatoria. Por lo que difícilmente podríamos entender que la adquisición de dichos productos farmacéuticos tuviera como objeto un "enriquecimiento injusto". Puesto que tratándose de productos de farmacia, no se adquieren por capricho y sí por necesidad. Si los adquirió, ex novo, tras el accidente, es porque la adquisición de dichos productos tiene su origen en las consecuencias derivadas del accidente. Y no otras. Y por tanto, han de ser indemnizados.

No existe, pues, enriquecimiento injusto, ni voluntad de enriquecerse, pues dichos pagos han sido realizados. Y evidentemente dichos gastos no han sido satisfechos por capricho, sino como consecuencia de una forma de disminuir el dolor derivado de las lesiones sufridas tras el accidente. De tal manera deben quedar incluidos todos aquellos gastos derivados de la dispensa de medicamentos, para combatir el dolor, y para tratar de restablecer la salud quebrantada. Debiendo añadirse que entre las secuelas padecidas por los perjudicados existen cicatrices, y la crema especialmente impugnada, Thiomucase, puede tener una eficacia variada, no estando acreditado que tenga una eficacia exclusivamente anticelulítico como señaló el recurrente." 

 

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3.- En cuanto al pago de una persona externa, señala la AP que " lo reclamado es exclusivamente cantidades correspondientes a los meses de julio, agosto y septiembre del 2009, es decir, tres meses en una evolución de las lesiones que tardaron más de tres años, entre la fecha en que se produjeron y la fecha de celebración del acto de juicio. No parece que exista una voluntad engañosa en reclamar más que tres meses en un periodo tan prolongado de tiempo. Máxime cuando de ser cierta la voluntad de obtener un resarcimiento injusto nada más fácil que haber reclamado las cantidades de dicha persona externa, durante todo el tiempo entre las lesiones y el acto de juicio. Es decir, solo se reclaman tres meses, los inmediatamente posteriores al accidente, donde los dolores y secuelas del accidente mismo eran más que evidentes, y donde el dolor era más intenso. Habiendo sido justificada dicha cantidad a través de los recibos. Y desde luego, teniendo en cuenta la entidad de las lesiones, tanto de la perjudicada, es más que evidente que sería necesaria la asistencia externa. Por lo que dichos gastos han de ser resarcidos."

 

4.- Rehabilitación y fisioterapia: Remite a lo expresado en el apartado de los medicamentos, en tanto que han sido acreditados los pagos de rehabilitación, y entiende que dichas sesiones son estrictamente necesarias para la curación.

Por lo anterior puede concluirse que el deber indemnizatorio debe extenderse a todos aquellos gatos que de manera razonablemente adecuada se deriven del hecho generador del daño, pues solo de este manera se puede obtener una recomposición de los intereses lesionados. La víctima del hecho criminalmente dañoso tiene derecho a que su situación patrimonial no sufra un menoscabo derivado del ilícito. La indemnización, en estos supuestos de daños patrimoniales, adquiere una clara función resarcitoria, buscando la equivalencia entre la situación previa al hecho dañoso y la posterior, generada por éste.

"De tal manera deben quedar incluidos todos aquellos gastos derivados de la dispensa de medicamentos, para combatir el dolor, y recuperar en algo la sanidad previa al accidente, y de las sesiones de rehabilitación llevadas a cabo por la perjudicada. Siendo claro que de la indiscutible realidad de las lesiones sufridas por la perjudicada, como de sus características, no puede discutirse la necesidad funcional tanto de la rehabilitación, como de la adquisición de analgésicos y derivados. Habiendo justificado documentalmente tanto unos como otros gastos."


 

Sentencia de la Audiencia Provincial de Soria, sección 1, nº 1/2014, de 7 de enero.

 

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