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Sentencia número 129/2016  del  Tribunal Supremo (Sala: Primera, Sección: Primera) de fecha 03 de marzo de 2016, que establece que en los procedimientos matrimoniales seguidos sin consenso de los cónyuges, no pueden atribuirse viviendas o locales distintos de aquel que constituye la vivienda familiar. 

 

Se interpuso demanda de divorcio por D. Manuel contra su esposa, Dña. Felicidad, en la que se solicitaban, aparte del propio divorcio y la liquidación del régimen económico matrimonial, las medidas paternofiliales en relación con el hijo común y se solicitaba la atribución del uso de la vivienda y ajuar familiar a la madre con quien quedaría el menor, y en relación a una segunda vivienda propiedad del matrimonio, se solicitó que fuera atribuida al padre en tanto en cuanto finalizara el contrato de arrendamiento vigente al momento de presentarse la demanda. La demanda fue estimada por el Juzgado de Primera Instancia número 6 de Albacete.



Contra dicha sentencia se interpuso Recurso de Apelación, por la representación procesal de doña Felicidad y la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Albacete, dictó sentencia en la que se desestima el Recurso de Apelación y se confirma la resolución con expresa condena en costas.

 

Contra la expresada sentencia de la Audiencia Provincial, interpuso recurso de casación la representación de doña Felicidad, alegando la existencia de interés casacional por oposición a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, citándose como preceptos infringidos los artículos 91 y 93 del Código Civil, y en concreto se recurre la sentencia con primer motivo casacional, la atribución de la segunda residencia del matrimonio al esposo.

Finalmente fue dictada Sentencia por el Tribunal Supremo con fecha 3 de marzo de 2016, en la que se manifiesta claramente la imposibilidad de atribuir las denominadas segundas residencias en el curso del procedimiento matrimonial seguido con oposición de las partes o, lo que es lo mismo, sin acuerdo.



Así en el Fundamento Jurídico primero de meritada Sentencia, se establece:

Desde la entrada en vigor de la Ley 30/1981, de 7 julio , que introdujo el divorcio como forma de disolución del matrimonio y sus efectos, se ha discutido acerca de la posibilidad de atribuir las denominadas segundas residencias en el curso del procedimiento matrimonial. El art. 91 CC solo permite al Juez, en defecto de acuerdo, o de no aprobación del acuerdo presentado, atribuir el uso de la vivienda familiar, siguiendo los criterios que establece el art. 96 CC . El art 774.4 LEC repite la misma regla. De donde debemos deducir que el uso de los segundos domicilios u otro tipo de locales que no constituyan vivienda familiar, no puede ser efectuado por el juez en el procedimiento matrimonial seguido con oposición de las partes o, lo que es lo mismo, sin acuerdo. Tampoco el art. 233-20.6 del Código civil de Cataluña permite esta atribución, sino que solo prevé esta posibilidad en el caso que la segunda vivienda sea más apta para satisfacer la necesidad de los hijos y del progenitor custodio”.

El Tribunal Supremo llega a dicha conclusión, no sólo por la interpretación literal del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento, sino por los siguientes motivos jurídicos:

1ª La atribución de otras residencias de la familia o de otros locales debe efectuarse de acuerdo con las reglas del régimen económico matrimonial que rija las relaciones entre cónyuges.

2ª La sentencia que decreta el divorcio o la separación, declara la disolución del régimen. Puede declarar también su liquidación, pero para ello debe seguirse el procedimiento del art. 806 y ss LEC , en defecto de acuerdo previo.

3ª Cuando los cónyuges se rijan por un régimen de separación de bienes, como ocurre en este caso, no se producen problemas de atribución de bienes, porque los patrimonios están claramente fijados. Por ello, el juez de familia no tiene competencia para atribuir el uso de bienes distintos de aquellos que constituyen la vivienda familiar. Un argumento a favor de esta conclusión la proporciona el art. 103, 4ª CC , que permite en medidas provisionales que pueden convertirse en definitivas, señalar qué bienes gananciales hayan de entregarse a cada cónyuge para su administración y disposición, previo inventario y con la obligación de rendir cuentas. Esta regla no es aplicable al régimen de separación de bienes”.

 

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En consecuencia, el Tribunal Supremo ha establecido a raíz de esta Sentencia, la siguiente doctrina, a los efectos de unificar la de las Audiencias Provinciales en esta materia: en los procedimientos matrimoniales seguidos sin consenso de los cónyuges, no pueden atribuirse viviendas o locales distintos de aquel que constituye la vivienda familiar.



 

Sentencia del TS sobre la no atribución de uso de la vivienda o local que no fue familiar 

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Atribucióm del Uso y Disfrute de la Vivienda Familiar. No puede limitarse el derecho de uso al tiempo durante el cual los progenitores ostente la titularidad sobre dicho bien. La norma no permite establecer ninguna limitación a la atribución del uso de la vivienda a los menores mientras sigan siéndolo.

 

El presente supuesto parte de los siguientes antecedentes: En un procedimiento de divorcio se dicta Sentencia en primera instancia que atribuye el derecho de uso de la vivienda familiar a favor de la hija menor y de la madre, como máximo hasta la mayoría de edad de la hija común.

 

Tramitado recurso de Apelación, interpuesto por el padre, la Audiencia Provincial estima parcialmente el mismo en el sentido de establecer que el derecho de uso y disfrute de la vivienda será hasta el momento en que se produzca la liquidación de la sociedad de gananciales.

 

Por la esposa se interpone Recurso de Casación por infracción de los artículos 90, 91, 96, 142 y 154 CC, y por oposición de la Sentencia a doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo. El Ministerio Fiscal interesa la estimación del recurso.

 

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo en Sentencia de 3 de abril de 2.014, (Ponente Sr. Seijas Quintana), resuelve la cuestión, y así el motivo se estima.

 

Se indica que, sin duda, el interés prevalente del menor, no pasa necesariamente por la liberalización de la medida de uso, ya que tal argumento es simplemente especulativo, y tendrá su razón de ser en algunos casos, pero no en todos.

 

Se recuerda que el artículo 96 del CC establece que en defecto de acuerdo, el uso de la vivienda familiar corresponde a los hijos y al cónyuge en cuya compañía queden, y esta es una regla taxativa, que no permite interpretaciones temporales limitadoras ya que incluso el pacto de los progenitores deberá ser examinado por el Juez, para evitar que se pueda producir ese perjuicio. La atribución del uso de la vivienda familiar, es una forma de protección que se aplica con independencia del régimen de bienes del matrimonio o de la forma de titularidad acordada entre quienes son sus propietarios, por lo que no puede limitarse el derecho de uso al tiempo durante el cual los progenitores ostenten la titularidad sobre dicho bien. En consecuencia se concluye que la interpretación que se efectúa en la Sentencia de la Audiencia, se opone a lo establecido en el artículo 96.1 CC.

 

La norma no permite establecer ninguna limitación a la atribución del uso de la vivienda a los menores mientras sigan siéndolo, porque el interés que se protege en ella no es la propiedad de los bienes, sino los derechos que tiene el menor en una situación de crisis de pareja, salvo pacto de los progenitores, que deberá a su vez ser controlado por el Juez. Permitir la atribución por tiempo limitado de la vivienda habitual, implicaría la vulneración de los derechos de los hijos menores.

 

En consecuencia se declara haber lugar al recurso de casación formalizado contra la sentencia de la Audiencia, que se casa y anula, reponiendo la Sentencia del Juzgado de Instancia en el sentido de atribuir el uso del domicilio familiar a la menor y a la esposa, sin otra limitación temporal que la mayoría de edad de la hija, y se reitera como doctrina jurisprudencial que “la atribución del uso de la vivienda familiar a los hijos menores de edad es una manifestación del principio del interés del menor, que no puede ser limitada por el juez, salvo lo establecido en el artículo 96 CC”. 


Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 3 de abril de 2014 por la que se impide poner límite temporal al uso de la vivienda familiar mientras qeu los hijos sean menores  

 

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