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A continuación tratamos de proporcionar de forma simplificada las novedades más relevantes que introduce la Ley 39/2015.

En cuanto a los interesados en el procedimiento, el Título I introduce:
-Se hace extensiva la capacidad de obrar a los “grupos de afectado”, etc.
-Se regula el apoderamiento “apud acta” presencial o electrónico, además se crea el “Registro de apoderamientos”, electrónico.
-Se implanta la separación entre “identificación” y “firma electrónica”. En principio, solo se exigirá la “identificación”.


El Título II relativo a la actividad de las Administraciones Públicas se constituye en dos capítulos. En el primero destacan las novedades relativas a las reglas sobre sujetos obligados a relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas; el Registro de habilitados y el Archivo electrónico único, etc. El segundo capítulo hace alusión a términos y plazos, estableciéndose el cómputo por horas y el carácter de inhábil de los sábados.



El Título III introduce novedades en materia de notificaciones electrónicas de los actos administrativos, manteniendo en líneas generales las reglas de eficacia, nulidad y anulabilidad.



La regulación del procedimiento está recogida en el Título IV. Lo más relevante es la introducción del “procedimiento simplificado”, cuyas particularidades estan descritas en el siguiente enlace http://www.quieroabogado.es/derecho-noticias/item/12123-el-procedimiento-simplificado-de-la-nueva-ley-39/2015-de-1-de-octubre-del-procedimiento-administrativo-com%C3%BAn-de-las-administraciones-p%C3%BAblicas



En lo relativo a la revisión de los actos en vía administrativa, se mantienen las reglas sobre revisión de oficio y la regulación de los recursos administrativos (Título V).

La novedad más relevante es la supresión de las reclamaciones previas en vía civil y laboral.



Por último, el Título VI introduce principios y técnicas de la buena regulación relativas a la iniciativa legislativa y ejercicio de la potestad reglamentaria.

 

 

Por Desi Boeva

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Una de las novedades que prevé la Ley 39/2015 es la tramitación simplificada del procedimiento administrativo común. El objetivo del mismo radica en conseguir una administración más ágil y eficiente. Está regulado en el artículo 96 y establece lo siguiente:

1.- Cuando razones de interés público o la falta de complejidad del procedimiento así lo aconsejen, las Administraciones Públicas podrán acordar, de oficio o a solicitud de interesado, la tramitación simplificada del procedimiento.

En cualquier momento del procedimiento, anterior a su resolución, el órgano competente para su tramitación podrá acordar continuar con arreglo a la tramitación ordinaria.

2.- Cuando la Administración acuerde de oficio la tramitación simplificada del procedimiento, deberá notificarlo a los interesados, si alguno de ellos manifiesta su oposición expresa, la Administración deberá seguir la tramitación ordinaria.

3.- Los interesados podrán solicitar la tramitación simplificada del procedimiento. Si el órgano competente para la tramitación aprecia que no concurre razón alguna de las previstas en el apartado 1, podrá desestimar dicha solicitud, en el plazo de cinco días desde su presentación, sin que exista posibilidad de recurso por parte del interesado.

Transcurrido el mencionado plazo de cinco días, se entenderá desestimada la solicitud
[...]”.


Por tanto, las razones en las que puede motivarse la tramitación simplificada son:

Razones de interés público – Estamos ante un concepto abierto, no taxativo. Por lo que, es suficiente que este bien motivado. El interés público puede radicar en la propia agilidad y simplificación como elementos de calidad, y en beneficio de la ciudadanía.

Falta de complejidad del procedimiento - Es más concreta, pero también discutible. Cuando el artículo 96.6 nos dice, como veremos, que el procedimiento simplificado tiene que constar únicamente de determinados trámites tasados, nos ofrece una interpretación clara: si son precisos otros trámites, se entenderá “complejo”. Por ejemplo, cuando sean exigibles informes técnicos, o algún tipo de prueba, ya no será posible la aplicación simplificada.


En cualquier caso, el procedimiento sólo podrá usarse de mutuo acuerdo al respecto entre Administración o interesado. Por tanto, si la Administración lo insta, pero el interesado se opone, no prosperará la tramitación a través de vía simplificada. Por el contrario, si es el interesado quien lo pide, pero la administración no encuentra razones, o simplemente deja pasar 5 días, no podrá usarse la vía simplificada, ya que la petición se entenderá desestimada y no existe recurso.

Además ha de existir consenso entre las parte, o al menos una no oposición expresa.


En el caso de expedientes sancionadores, si la administración considera que se trata de una falta leve puede decidir sin más, que el procedimiento sea simplificado, tal y como lo anuncia el art. 96.5 de la Ley 39/2015:
5. En el caso de procedimientos de naturaleza sancionadora, se podrá adoptar la tramitación simplificada del procedimiento cuando el órgano competente para iniciar el procedimiento considere que, de acuerdo con lo previsto en su normativa reguladora, existen elementos de juicio suficientes para calificar la infracción como leve, sin que quepa la oposición expresa por parte del interesado prevista en el apartado 2.

En lo referente a los supuestos especiales de responsabilidad patrimonial, el art. 96.4 regula que:
4. En el caso de procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, si una vez iniciado el procedimiento administrativo el órgano competente para su tramitación considera inequívoca la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión, así como la valoración del daño y el cálculo de la cuantía de la indemnización, podrá acordar de oficio la suspensión del procedimiento general y la iniciación de un procedimiento simplificado.”



El procedimiento simplificado debe resolverse en el plazo de 30 días a partir de la notificación al interesado del acuerdo de tramitación simplificada. El artículo 96.6 refleja los siguientes trámites:

a) Inicio del procedimiento de oficio o a solicitud del interesado.
b) Subsanación de la solicitud presentada, en su caso.
c) Alegaciones formuladas al inicio del procedimiento durante el plazo de cinco días.
d) Trámite de audiencia, únicamente cuando la resolución vaya a ser desfavorable para el interesado.
e) Informe del servicio jurídico, cuando éste sea preceptivo.
f) Informe del Consejo General del Poder Judicial, cuando éste sea preceptivo.
g) Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma en los casos en que sea preceptivo. Desde que se solicite el Dictamen al Consejo de Estado, u órgano equivalente, hasta que éste sea emitido, se producirá la suspensión automática del plazo para resolver.

 

 

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El órgano competente solicitará la emisión del Dictamen en un plazo tal que permita cumplir el plazo de resolución del procedimiento. El Dictamen podrá ser emitido en el plazo de quince días si así lo solicita el órgano competente.

En todo caso, en el expediente que se remita al Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente, se incluirá una propuesta de resolución. Cuando el Dictamen sea contrario al fondo de la propuesta de resolución, con independencia de que se atienda o no este criterio, el órgano competente para resolver acordará continuar el procedimiento con arreglo a la tramitación ordinaria, lo que se notificará a los interesados. En este caso, se entenderán convalidadas todas las actuaciones que se hubieran realizado durante la tramitación simplificada del procedimiento, a excepción del Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente.

h) Resolución.

No tienen por qué darse todos los trámites. Pero no puede haber otros trámites. Si el caso exige un trámite no previsto en la relación anterior, deberá ser tramitado de manera ordinaria.


 


  

 

 

 
 
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