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Sentencia del Tribunal Supremo, Doctrina de la Sala de lo Civil, cláusulas abusivas que fijan los intereses de demora en los préstamos hipotecarios para la adquisición de la vivienda habitual.

 

 

Adjuntamos novedosa Sentencia dictada por el Tribunal Supremo de fecha 3 de junio de 2016 por la que fija la doctrina respecto a la declaración de abusividad de las cláusulas que establecen los intereses de demora en la escritura del préstamo hipotecario. 

 

 
 
Con esta última sentencia, el Tribunal Supremo fija la doctrina respecto al control de las cláusulas abusivas contenidas en las escrituras de los préstamos hipotecarios, con aplicación de la doctrina dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
 
 
Así, señala que  el límite previsto en el artículo 114.3 de la Ley Hipotecaria, el cual reza "Los intereses de demora de préstamos o créditos para la adquisición de vivienda habitual, garantizados con hipotecas constituidas sobre la misma vivienda, no podrán ser superiores a tres veces el interés legal del dinero y sólo podrán devengarse sobre el principal pendiente de pago. Dichos intereses de demora no podrán ser capitalizados en ningún caso, salvo en el supuesto previsto en el artículo 579.2.a) de la Ley de Enjuiciamiento Civil", introducido tras las reforma operada por la Ley 1/2013 de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, no garantiza el control de abusividad para aquellos préstamos destinados a la adquisición de la vivienda  habitual.
 
 
Por ello resulta necesario extender el criterio sostenido para declarar la nulidad de la cláusula de los intereses moratorios en los préstamos personales, a los préstamos hipotecarios de adquisición de la primera vivienda, donde se considera tal, el incremento de dos puntos respecto del interés pactado, criterio fijado en la sentencia 265/2016 de 22 de abril, citando su argumentación que "concluimos abusivo un interés de demora que suponga un incremento de más de dos puntos porcentuales respecto del interés remuneratorio pactado en un préstamo personal; (...) La Sala considera que el incremento de dos puntos porcentuales previstos en el art. 576 de la LEC para la fijación del interés de mora procesal es el criterio legal más idóneo para fijar cuál es el interés de demora en los préstamos personales concertados con consumidores que no suponga la imposición de una indemnización alta al consumidor que no cumpla con sus obligaciones."
 
 
En definitiva, concluye el Alto Tribunal en su Fundamento Jurídico 2º, apartado 7, 6º párrafo que "En este momento, si partimos del presupuesto condicionante de que el límite legal previsto en el art. 114.3 LH para los intereses de demora en préstamos hipotecarios destinados a la adquisición de la primera vivienda no sirve de criterio para el control de abusividad, y advertimos la conveniencia, por seguridad jurídica, de establecer un criterio objetivo, no encontramos razones para separarnos del adoptado en la sentencia 265/2015, de 22 de abril , para los préstamos personales. Si bien, para justificar el diferencial de dos puntos respecto del interés remuneratorio, advertíamos que en el préstamo personal el interés remuneratorio habitualmente es mucho más elevado, en atención a la ausencia de garantía real, esta diferencia no justifica que variemos de criterio en el caso del préstamo hipotecario. Y de hecho, aunque referido a los efectos derivados de la nulidad de la cláusula de intereses de demora, ya advertíamos en las sentencias 705/2015, de 23 de diciembre , y 79/2016, de 18 de febrero , que «resultaría paradójico, cuando no motivo de agravio para los prestatarios hipotecarios sobre vivienda habitual, que se les aplicara un interés moratorio de carácter legal sumamente alto en relación con el interés remuneratorio usual». Además, también en este caso, este criterio se acomoda mejor a la jurisprudencia de esta sala sobre los efectos de la declaración de nulidad de la cláusula de intereses moratorios declarados abusivos que, por afectar al incremento respecto del interés remuneratorio, no impide que se siga aplicando a la deuda el interés remuneratorio pactado."
 
 
 

Por Alexandra Roncero

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 Sentencia nº 365/2016 del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil

 

 

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Título Sentencia de Tribunal Supremo de 5 de mayo de 2014, por la que resuelve y unifica la doctrina en relación a la percepción de prestaciones contributivas se puede considerar situación asimilada al alta en la Seguridad Social.

 

En el presente caso, se ha estimado la demanda presentada por el solicitante de la pensión de viudedad en base a que el fallecido cumplía todos los requsitos legalmente establecidos para su reconcimiento.

El Instituto Nacional de la Seguridad había desestimado la solicitud presentada por la viuda para la percepción de la pensión de viudedad por considerar que el causante no reunia los requistos establecidos en la Ley General de la Seguridad Social siendo estos el no encontrarse a fecha del fallecimiento en alta o situación asimilada al alta, y no haber completado el período mínimo de cotización.

Establece el art. Artículo 174 de la Ley General de la Seguridad Social que;  "Pensión de viudedad: 1. Tendrá derecho a la pensión de viudedad, con carácter vitalicio, salvo que se produzca alguna de las causas de extinción que legal o reglamentariamente se establezcan, el cónyuge superviviente cuando, al fallecimiento de su cónyuge, éste, si al fallecer se encontrase en alta o en situación asimilada a la de alta, hubiera completado un período de cotización de quinientos días, dentro de un período ininterrumpido de cinco años inmediatamente anteriores a la fecha del hecho causante de la pensión. En los supuestos en que se cause aquélla desde una situación de alta o de asimilada al alta, sin obligación de cotizar, el período de cotización de quinientos días deberá estar comprendido dentro de un período ininterrumpido de cinco años inmediatamente anteriores a la fecha en que cesó la obligación de cotizar. En cualquier caso, si la causa de la muerte fuera un accidente, sea o no de trabajo, o una enfermedad profesional, no se exigirá ningún período previo de cotización."

 

 A la vista de lo anterior, la solicitante de la pensión presentó demanda ante los Juzgados de lo Social contra el INSS y contra la Tesorería General de la seguridad, habiendose dictado Sentencia estimatoria de la demanda por el Juzgado de lo Social como por el Tribunal Superiro de Justicia, derivado del recurso de suplicaicón formulado por el INSS.

Examinado el caso por el Tribunal Supremo y ante la diversidad de resoluciones judiciales presentafa por el INSS apoyando su recurso, acuerda resover en el siguiente sentido:

En primer lugar, se ha acreditado por el causante de la prestación el requisito de haber cotizado por el período legalmente exigido. En segundo lugar y en cuanto a la percepción de la renta activa de inserción, determina en su F.J.2º, segundo párrafo que  " (...) aunque es cierto que la renta activa de inserción no es equiparable al subsidio por desempleo, cuyos beneficiarios, incluso se encuentran de alta en la Seguridad Social y cotizan a ella por la contingencia de jubilación, no es menos cierto que, desde la publicación del R.D.1369/2006, de 24 de diciembre, cuyo contenido en este particular ha conservado el art. 21 del R.D.L. 20/2012 ,se viene exigiendo, para ser beneficiario de la renta activa de inserción, figurar inscrito como demandante de empleo durante doce o más meses, esto es, ser un parado de larga duración, dato relevante, porque en nuestro sistema de seguridad social siempre se ha considerado en situación de alta al parado involuntario que continuaba desempleado tras agotar las prestaciones y subsidios por desempleo.

Conviene recordar que el artículo 29-2 del Decreto 3158/1966, de 23 de diciembre , a efectos de las prestaciones por muerte y supervivencia consideraba en situación asimilada en alta a quienes se encontraban en los supuestos del art. 28-2 del mismo precepto, cuyos apartados d) y e) consideraban en situación asimilada al alta la situación de desempleo total y subsidiado y la de paro involuntario que subsistiera después de agotar las prestaciones por desempleo. Estas disposiciones las reiteró el art. 2- 4 de la Orden de 13 de febrero de 1967. Y no han sido derogadas. Por ello, dadas las cotizaciones que el trabajador acredita, puede afirmarse que el actor en el presente caso agotó las prestaciones por desempleo y permaneció inscrito como demandante de empleo, al menos, los quince meses anteriores a su fallecimiento en abril de 2010, lo que permite afirmar que estuvo inscrito como demandante de empleo, prácticamente, desde que dejó de cotizar el 31 de octubre de 2008. Además, la situación asimilada al alta deriva de lo dispuesto en el art. 9 de la Orden de 31 de julio de 1972, dado que el causante era perceptor de la renta activa de inserción, auxilio económico que permite nuestra normativa y que tiene su encaje en el artículo 22 del Decreto 1646/1972, de 28 de julio, sin que la falta de desarrollo reglamentario del precepto que nos ocupa, dada la demora en que incurrió la entidad gestora al efecto, pueda servir para denegar la situación asimilada al alta de quien percibía auxilios económicos vinculados a su compromiso expreso de trabajar."

En conclusión, si el causante de la prestación ha sido perceptor de la renta activa de inserción, se entiende que cumple con el requisitos de situación asimilada al alta para poder general el reconocimiento del derecho al cónyuge o pareja de hecho supérstite.

 

Sentencia nº 2144/14 del Tribunal Supremo para unificación de la doctrina:  

 

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La sentencia señala que la duplicidad de indemnizaciones no genera necesariamente incompatibilidad. 

 

La indemnización por despido cubre el daño producido por privación injusta del empleo mientras que las prestaciones por Incapacidad Permanente Total reparan los daños derivados de un accidente de trabajo que ha limitado al trabajador para su profesión habitual y así lo expresa en el segundo de los fundamentos juridicos de la sentencia que analizamos, indicando que: 

 

SEGUNDO.- 1. Procede, por tanto, examinar la infracción que se denuncia en el primero de los motivos del recurso, en relación con el artículo 49.1, apartados e) del Estatuto de los Trabajadores , sosteniendo en síntesis la  ecurrente, con apoyo en los fundamentos jurídicos de la sentencia de contraste, la imposibilidad de la duplicidad de indemnizaciones y la incompatibilidad de las mismas, en la medida en que de la duplicidad se derivaría un enriquecimiento injusto debido a la doble percepción por despido improcedente y por invalidez durante el mismo período.


2. Pues bien, esta cuestión fue ya resuelta por esta Sala, como ya tuvo ocasión de señalar la sentencia de fecha 28 de junio de 2006 (rcud 428/2005 ), recordando, que la sentencia de 4 de mayo de 2005 (rcud 1899/2004 )- revisó y rectificó la doctrina sobre la incompatibilidad de percepciones que se expresaba en la sentencia de 9 de diciembre de 1999 ((rcud. 4467/1998 ), afirmando, con carácter general, la compatibilidad, al razonar en su fundamento jurídico tercero, que:


"Resta examinar la alegación relativa a la duplicidad de indemnizaciones y a la incompatibilidad de las mismas en la medida en que de esa duplicidad pudiera derivarse un enriquecimiento sin causa. En este sentido hay que comenzar aclarando que la duplicidad no genera propiamente incompatibilidad, porque las indemnizaciones no reparan el mismo daño: la indemnización por despido cubre el daño producido por privación injusta del empleo, que tenía ese carácter en el momento que se acordó, mientras que la indemnización reclamada en este proceso repara los daños derivados de un accidente de trabajo, que han limitado de forma permanente la capacidad de trabajo de la actora no sólo en lo que afecta a su empleo en la empresa, sino respecto a todos los empleos de su profesión habitual. De ello se sigue que tampoco ha existido enriquecimiento sin causa. Para que exista éste, según la doctrina de la Sala de lo Civil de este Tribunal, es necesario que se produzca "la adquisición de una ventaja patrimonial con empobrecimiento de otra parte, con relación de causalidad entre el enriquecimiento y el empobrecimiento y con falta de causa en tal desplazamiento patrimonial" ( sentencias de 23 de octubre de 2003 , 7 y 15 de junio de 2004 , y 27 de septiembre de 2004 ) y en el presente caso existe ciertamente un desplazamiento patrimonial que beneficia a una parte y perjudica a otra, pues la empresa tiene que abonar las indemnizaciones por el despido improcedente y por el accidente, pero se trata de dos transferencias económicas que tienen cada una su causa , como ha quedado ya reseñado, y esas causas -la privación del empleo y la incapacidad derivada de un accidente de trabajo- operan con plena independencia y no se confunden una con la otra. Lo que sucede es que la empresa no hubiera abonado la indemnización por despido si la extinción del contrato de trabajo por incapacidad permanente se hubiera producido antes del cese que acordó el 27 de abril 2001 o del acto de conciliación de 12 de marzo de 2003. Pero no ha sido así y lo que ha sucedido ha sido consecuencia de decisiones adoptadas - quizá con alguna precipitación o falta de previsión- por la propia demandada, cuyas consecuencias debe padecer ahora sin que pueda acogerse su alegación, meramente hipotética, de que si hubiera habido en su momento una extinción por incapacidad permanente, no hubiera abonado indemnización por despido."   

 

Texto íntegro de la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 20 de Septiembre de 2012 sobre la campatibilidad de la Indemniación por Despido y la Pensión por Incapacidad Permanente Total para la profesión habitual.


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