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Procedimiento de internamiento no voluntario. Limitación del derecho a la libertad, art. 17 CE.

 

 

Exponemos a continuación el procedimiento previsto y regulado en el artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para la adopción de un internamiento involuntario de una persona con trastornos psíquicos. 

 

 
 
El procedimiento para el internamiento involuntario de una persona con trastornos psíquicos viene regulado en el artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Si bien, hay que distinguir dos trámites diferenciados, si se trata de un internamiento urgente o bien sigue el curso ordinario. En ambos caso, el internamiento siempre debe ser autorizado por la autoridad judicial competente y debe cumplirse en el sujeto afectado una condición indispensable “que por razón de trastorno psíquico, no esté en condiciones de decidir por si mismo”
 

Nota.- El apartado 1 y 2 del art. 763, fue declarado inconstitucional por STC 132/2010, de 2 de diciembre; si bien, y como sostiene la Fiscalía del Tribunal Constitucional, no supone su expulsión del ordenamiento jurídico, sino que continuará desplegando sus efectos mientras el legislador no regule el procedimiento de internamiento no voluntario mediante una Ley Orgánica.
 

1.- Procedimiento de URGENCIA: Se acuerda el internamiento de una persona con trastorno psíquico por un facultativo especializado, previo a la autorización judicial.
 

Este internamiento debe motivarse en razones de urgencia, atendiendo a las circunstancias del paciente y su estado mental.
En responsable del centro donde se produzca el internamiento, dispone del plazo máximo de 24 horas para comunicar al Juzgado del lugar donde radique el centro, que se ha realizado un internamiento urgente.
 
Tras la comunicación al tribunal competente, el Juez dispone del plazo de 72 horas para ratificar el internamiento o decretar la libertad del paciente.

 
2.- Procedimiento ordinario de internamiento no voluntario: Requiere de autorización judicial previa.
 
La solicitud debe realizarse ante el Juzgado de Primera Instancia del lugar donde resida la persona afectada, pudiendo comparecer asistido de Letrado y representado de Procurador, o en su caso, sería defendido por el Ministerio Fiscal si no ha sido el iniciador del procedimiento, o si fuera así, se le nombraría un defensor judicial.
 
 

Aspectos comunes entre ambos procedimientos: Tanto en el procedimiento ordinario, como en el urgente, la persona afectada será examinado por el médico forense del Juzgado, el cual emitirá un informe y entrevistado por el Juez que ha de resolver sobre su internamiento.
 
De igual manera, puede oírse a otras personas que se consideren convenientes, al Ministerio Fiscal, a los propuestos por la persona afectada.
Si se acordara el internamiento, o se ratificara el realizado de manera urgente, deberá remitirse informes periódicos sobre el estado y la necesidad de continuar con la medida adoptada, en un plazo máximo de 6 meses. No obstante, si se produjera una mejoría de la persona afectada y los médicos le dieran el alta, deberá ponerse en conocimiento inmediato del Juez competente.
 
 
La resolución dictada por el tribunal, será susceptible de recurso de apelación.
 
 
 

Por Alexandra Roncero

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Suspensión de la pena privativa de libertad, artículo 80 del Código Penal.

 

 

¿En que casos cabe la suspensión de la pena privativa de libertad?

 

 
Se suele decir de manera coloquial que “si la prisión es menor de dos años no se entra a cumplir a la cárcel”. Esta expresión se refiere a aquellos casos en los que quien haya sido condenado por sentencia firme a la pena privativa de libertad inferior a los dos años cabe la suspensión de la pena o la sustitución por el pago de multa.

Si bien, tras la reforma del Código Penal obrado el pasado 1 de julio de 2015, lo que anteriormente era conocido por suspensión y sustitución de las penas, se ha visto modificado de manera sustancial.
 

Examinando la nueva redacción el art. 80 y siguientes del CP, donde se regulan los requisitos necesarios para suspender la pena de privativa de libertad, aparecen recogidos los requisitos necesarios que deben concurrir para que se suspenda la pena, si bien, esta es una facultad  del Juez, no una imposición legal a todas aquellas condenas inferiores a dos años.
 

Así en primer lugar, no encontramos con que el Juez podrá dejar en suspenso la ejecución de las penas privativas de libertad, siempre y cuando  sea razonable esperar que la ejecución de la pena no sea necesaria para evitar la comisión futura por el penado de nuevos delitos. Se valorará las circunstancias de delito y las personales del penado.


2º.- La pena a suspender debe ser no superior a dos años o la suma de las impuestas si fueran varias, sin incluir las derivadas por impago de la multa.


.- También es necesario que el penado haya delinquido por primera vez. No se tendrán en cuenta las anteriores condenas por delitos imprudentes o por delitos leves, ni los antecedentes penales que hayan sido cancelados, o debieran serlo. Tampoco los antecedentes penales por delitos que carezcan de relevancia para valorar la probabilidad de comisión de delitos futuros.


4.º Que haya abonado la responsabilidad civil y se haya hecho efectivo el decomiso acordado en sentencia. La novedad introducida tras la reforma es que si el penado asume el compromiso de pago y se espere de manera razonable que vaya a cumplir con el abono, se entenderá cumplido este requisito.


Estos son los requisitos esenciales para que se suspenda la pena privativa de libertad, si bien, existen tres supuestos excepcionales en los que también se podrá dejar en suspenso la ejecución de la pena privativa de libertad: 


- penados a penas inferiores a dos años, no reos habituales, cuando sus circunstancias personales y del delito lo aconseje, siempre condicionado a abono de la responsabilidad civil, al pago de una multa o realización de trabajos en beneficio de la comunidad con un mínimo de 1/5  y un tope máximo de 2/3 de su duración.


-como son que el penado padezca una enfermedad muy grave con padecimientos incurables, aún sin reunir ninguno de los requisitos mencionados


-o en los casos de penados dependientes a drogas tóxicas, estupefacientes, etc… y que actuaran bajo la dependencia de las mismas si la pena no supera los 5 años siempre que se certifique que se encuentra deshabituado o en tratamiento de  deshabituación.


La duración de la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad vendrá determinada por la extensión de la pena impuesta, correspondiendo a las penas inferiores a dos años una suspensión de 2 a 5 años, y de 3 meses a 1 años a las penas leves. 


La suspensión de la ejecución podrá ser acordada en la sentencia o bien tras la firmeza de la misma.
 
 
 
 

Por Alexandra Roncero

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Caso real: Sentencia absolutoria de un delito de robo con violencia e intimidación con uso de instrumento peligroso

 

 

Adjuntamos reciente Sentencia absolutoria a favor de nuestro cliente acusado de un delito de robo con violencia e intimidación con uso de instrumento peligroso.  

 

En el presente caso, el cliente venía acusado de la comisión de un delito tipificado en el artículo 237 y 242. 1º y 3º del Código Penal, como autor de un delito de robo con violencia e intimidación en su modalidad agravada por el empleo de un instrumento peligroso,  solicitando la acusación del Misniterio Fiscal, que se le impusiera la pena de de 4 años de prisión más el abono de la responsabilidad civil, debiendo indemizar al perjudicado por los daños materiales causados en sus pertenencias.
 
 
Establece el art. 237del Código Penal que "Son reos del delito de robo los que, con ánimo de lucro, se apoderaren de las cosas muebles ajenas empleando fuerza en las cosas para acceder o abandonar el lugar donde éstas se encuentran o violencia o intimidación en las personas, sea al cometer el delito, para proteger la huida, o sobre los que acudiesen en auxilio de la víctima o que le persiguieren." En relación con el artículo 242 " 1. El culpable de robo con violencia o intimidación en las personas será castigado con la pena de prisión de dos a cinco años, sin perjuicio de la que pudiera corresponder a los actos de violencia física que realizase.

2. Cuando el robo se cometa en casa habitada, edificio o local abiertos al público o en cualquiera de sus dependencias, se impondrá la pena de prisión de tres años y seis meses a cinco años.
 
3. Las penas señaladas en los apartados anteriores se impondrán en su mitad superior cuando el delincuente hiciere uso de armas u otros medios igualmente peligrosos, sea al cometer el delito o para proteger la huida, y cuando atacare a los que acudiesen en auxilio de la víctima o a los que le persiguieren.

4. En atención a la menor entidad de la violencia o intimidación ejercidas y valorando además las restantes circunstancias del hecho, podrá imponerse la pena inferior en grado a la prevista en los apartados anteriores. "
 
 
En el acto del juicio, se solicitó por el Ministerio Público la lectura del la declaración testifical de un testigo que no compareció a juicio por encontrarse en paradero desconocido, al amparo del artículo 730 de la LECrim, mostrando nuestra oposicion a la misma.
 
De acuerdo con  lo establecido en el artículo 730 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, "podrán también leerse o reproducirse a instancia de cualquiera de las partes las diligencias practicadas en el sumario, que, por causas independientes de la voluntad de aquéllas, no puedan ser reproducidas en el juicio oral, y las declaraciones recibidas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 448 durante la fase de investigación a las víctimas menores de edad y a las víctimas con discapacidad necesitadas de especial protección."
 
Si bien, la lectura de las declaraciones realizadas en fase de instrucción por parte de los testigos, resulta factible tal y como se ha pronunciado el Tribunal Supremo en numerosas ocasiones, siempre y cuando se cumpla con una serie de requisitos esenciales. Es doctrina consolidada que "se puede atribuir valor probatorio a dichas diligencias sumariales siempre que se hayan practicado con todas las formalidades que la Constitución y el ordenamiento procesal establecen y que sean efectivamente reproducidas en el juicio oral en condiciones que permitan a la defensa del acusado someterlas a contradicción."
 
Aplicando la mencionada doctrina, se alegó en el plenario la manifiesta indefensión del acusado, vulnerando su derecho a la defensa, en tanto que no se puede someter a contradicción la declaración del testigo ausente en el acto del juicio, habida cuenta que no se ha realizado la declaración en fase de instrucción con la presencia letrada del acusado.
 
 
 
 Este proceso judicial ha sido defendido por la Letrada Alexandra Roncero Facal. 
 

Por Alexandra Roncero

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 Sentencia absolutoria por delito de robo con violencia e intimidación con uso de instrumento peligroso

 

 

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