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El precepto que regula el Delito de Conducción sin Carnet o habiendo Perdido los Puntos del Permiso es el artículo 384 del Código Penal, cuyo tenor literal es:

 

El que condujere un vehículo de motor o ciclomotor en los casos de pérdida de vigencia del permiso o licencia por pérdida total de los puntos asignados legalmente, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de doce a veinticuatro meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días.

La misma pena se impondrá al que realizare la conducción tras haber sido privado cautelar o definitivamente del permiso o licencia por decisión judicial y al que condujere un vehículo de motor o ciclomotor sin haber obtenido nunca permiso o licencia de conducción.


Su redacción vigente la debemos a la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio. Para afrontar este tipo de procedimientos es esencial poder probar la realidad objetiva respecto a la autorización administrativa para conducir, ya que en algunos casos la remisión final del artículo a la no obtención permiso o licencia de conducción puede ser definitivo.


Debemos tener en cuenta que la posibilidad de rebatir el estado actual del permiso de conducir puede obligar a solicitar la transformación del procedimiento, puesto  que se puede tener en cuenta alguna circunstancia, de índole probablemente administrativa, que justifique la situación legal del permiso de conducir el día de los hechos.

 

Hay que valorar la viabilidad de luchar por una absolución o negiciar y en su caso acordar (conformar) la pena con el Ministerio Fiscal. Ver caso conformado >>> 


Tenemos  abogados especialistas en la materia, que han asumido más de 1500 procedimientos de enjuiciamiento rápido y que, por tanto,  podrán asesorarle de forma inmejorable, atendiendo a las circunstancias del caso.

 

En esta primaveral mañana de invierno me disponía a pasar una tranquila jornada en los Juzgados de Móstoles. Una simple declaración de imputado en un delito contra la seguridad vial a la que acudía con el propósito de interesar su transformación en Juicio Rápido y si era posible marcharme con la sentencia conformada a la mínima.

 

Pensaba tomar un par de “cafeses” con algún compañero de fatigas que me encontrase por la sede judicial, pero evidentemente dando por echada toda la mañana.

 

Pero en esta profesión cada día se descubre algo nuevo.

 

Os expongo el supuesto de hecho:

 

  • Chica de 19 años sin antecedentes delictivos.
  • Imputada por un delito contra la Seguridad Vial por conducir sin carnet utilizando el vehículo de su madre.
  • Sin concurrencia de circunstancias atenuantes ni agravantes.

 

Es evidente, para cualquiera que sepa un poquito de Juicios Rápidos, que este tema debía acabar con la imposición de una de las penas mínimas dispuestas en el artículo 384 del Código Penal, cuyo tenor literal es:

 

El que condujere un vehículo de motor o ciclomotor en los casos de pérdida de vigencia del permiso o licencia por pérdida total de los puntos asignados legalmente, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de doce a veinticuatro meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días.

La misma pena se impondrá al que realizare la conducción tras haber sido privado cautelar o definitivamente del permiso o licencia por decisión judicial y al que condujere un vehículo de motor o ciclomotor sin haber obtenido nunca permiso o licencia de conducción.

 

Con las ideas muy claras, tras revisar las actuaciones y comprobar que no había opción de defensa en juicio, adelanto en el Juzgado que mi cliente reconocerá los hechos e interesaré tras ello el paso del proceso a juicio rápido, siendo en ese momento informado que están de guardia y que por lo tanto se podría cerrar el acuerdo hoy mismo, invitándome a que pasara por la Fiscalía para hablar con la Señora Fiscal que estaba a disposición del Órgano judicial para atender el servicio de guardia.

 

A los pocos minutos me acerco a la Fiscalía y la Sra. Fiscal me indica que vuelva en una media hora pues no había tenido tiempo de revisar las actuaciones.

 

Regreso a los 45 minutos y tras cruzar dos frases, esta representante del Ministerio Público, me indica que sería posible conformar a 12 meses multa (la mínima imponible). Le indico que mi cliente no trabaja, que es estudiante y que por lo tanto le sería muy complicado atender al pago de la multa por lo que preferiría hacer trabajos en beneficio de la comunidad y, sin ningún tipo de duda, me dice que en ese caso solicitará la máxima, esto es 90 días de trabajos en beneficio de la comunidad. Tras unos segundos, pues evidentemente no me esperaba esa respuesta, le expresé mi sorpresa indicándole que en la mayoría de las ocasiones había conformado a la mínima de trabajos, que de hecho era práctica habitual en otras sede como por ejemplo Plaza Castilla.

 

La Sra. Fiscal rápidamente me dice que no va a discutir, que es lo que hay, que ese es su criterio y en palabras llanas, que son lentejas.

 

Evidentemente tanta prepotencia reconozco me dejó fuera de juego, máxime cuando la Sra. Fiscal me pide una pena desproporcionada atendiendo a las circusntancias del caso, forzando con ello a mi representada a optar por la pecuniaria, sabiendo además de buena mano que ningún Juez la impondría al no haber circunstancias que agraven la responsabilidad, sin embargo esta señora, porque ella lo vale, busca a toda costa con esa injusticada e ijustificable postura el desembolso económico.

 

Con la angustia de tener que comunicar a mi joven cliente las inesperadas noticias, subo de nuevo al Juzgado, anunciando que no puedo confirmar si se llegará al acuerdo, pues la madre debe valorar si puede ayudar a su hija abonando la multa propuesta. Al cabo de unos minutos me confirman que aceptan la pena de multa de 12 meses, que en la sentencia se quedaría en 8 meses a razón de 4 euros diarios.


El personal del Juzgado me invita a comunicar el acuerdo a la Sra. Fiscal para lo que bajo de nuevo a la Fiscalía, teniendo la fortuna de encontrarme allí a una buena compañera y amiga a la que le expongo la situación quedando igualmente extrañada, momento en el que aparece la negociadora de la fiscalía a la que le insisto en la necesidad de minorar la pena de trabajos en beneficio, pues es injusto que de optar por la multa se acuda al mínimo y si se hace por los trabajos al máximo, y ante ambos letrados, reiterando su propuesta, me expresa de nuevo que no entraría en discusiones.

 

No puedo plasmar mis iniciales pensamientos pues sin duda me acarrearían algún problema.

 

De vuelta al despacho, sin haber tomado ningún café en buena compañía, se empiezan a atar cabos. Lo que se necesita en estos tiempos de crisis es dinero y llega a ser indiferente la forma de conseguirlo, aunque con ello se pueda llegar a vulnerar algún derecho, que inclusive pudiera ser considerado fundamental.

 

Así las cosas y mientras esta situación perdure, debemos ser conscientes que los acuerdos serán más fácilmente alcanzables, si parten de la aportación de efectivo al erario público por parte del penado, lo que sin duda provoca que se acentúe la coexistencia de dos justicias, la de ricos y la de pobres.

 

Espero equivocarme en mi reflexión y que lo sucedido se deba a un mal día de la representante del Ministerio Público.

 

 

Sería lamentable que el Ministerio Fiscal, garante de la correcta aplicación de la ley, pierda su loable función para asumir funciones de mero recaudador.


José Valero Alarcón

Abogado


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