urgencias-abogados

telefonos-de-abogados

presupuesto-de-abogado

telefonos-de-abogados

telefonos-abogados-quieroabogado

alta-de-abogados-en-quieroabogado-2014Quiero Abogado

Quiero Abogado

Abogados-Consultas-Gratuita

hablar-reunir-con-abogado

Alexandra Roncero Facal

Alexandra Roncero Facal

Alexandra Roncero Facal - Abogada Penalista en Madrid

Telf. 91 530 96 95 - Miembro de V y S Abogados

URL del sitio web: http://www.quieroabogado.es/abogados/de/madrid/capital/item/2923-abogado-penal-en-madrid

Caso real: Auto de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 5ª, estimando el recurso de apelación presentado por la defensa del interno, concediendo el permiso penitenciario.

 

 

Adjuntamos reciente Auto dictado por la Sección 5ª de la Audiencia Provincial de Madrid, estimando el Recurso de Apelación presentado a favor de nuestro cliente, tras la denegación del permiso penitenciario de salida por la Dirección del Centro Penitenciario y por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.  

 

En el presente caso, el cliente que se encuentra interno e entro Penitenciario, habiendo superado más de la cuarta parte de la condena, con buen comportamiento, desarrollando actividades laborales. Se le denegó por el Centro Penitenciario el permiso ordinario de salida por considerar que no ofrecia las garantias suficientes para hacer buen uso del permiso. 
 
Recurrido ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, dictó auto denegando el permiso por los motivos expuestos por la Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario, a la vista de la trayectoria delictiva del interno, del mal uso de otros permisos, y de la gravedad de la condena.
 
Presentado recurso de apelación, la Audiencia Provincial dicta Auto estimando el recurso y concediendo el permiso penitenciario al interno, habida cuenta que reúne los requisitos exigidos en el Reglamento Penitenciario para su concesión, artículo 154 y siguientes.
 
 
Así, establece el art. 154.1 RP "se podrá conceder, previo informe preceptivo del Equipo Técnico, permisos de salida ordinarios de hasta 7 días de duración como preparación para la vida en libertad, hasta un total de treinta y ses o cuarenta y ocho días por año a los condenados clasificados en segundo y tercer grado repectivamente, siempre que haya extinguido la cuarta parte de la condena o condenas y no observen mala conducta."
 
Art. 156 RP cita "El informe preceptivo del Equipo Técnico será desfavorable cuando, por la peculiar trayectoria delictiva, la personalidad anómala del interno o por la existencia de variables cualitativas desfavorables, resulte problable el quebrantamiento de la condena, la comisión de nuevos delitos o una repercusión negativa de la salida sobre el interno desde la perspectiba de su preparación para la vida en libertad o de su programa individualizado de tratamiento."
 
 
 
 
 Este proceso judicial ha sido defendido por la Letrada Alexandra Roncero Facal. 
 

Por Alexandra Roncero

 Abogada Penalista en Madrid

Abogada Penalista en Madrid

91 530 96 95

   


 

Derecho Penal

abogado-especialista-en/derecho-penal

Más Info >>>

 

Consulta Gratuita

Consulta Gratuita

 


Auto estimatorio del Recurso de apelación con concesión del permiso penitenciario de salida.

 

 

 Descargar Documento Completo en PDF.


  

 

  •  
     

Procedimiento de internamiento no voluntario. Limitación del derecho a la libertad, art. 17 CE.

 

 

Exponemos a continuación el procedimiento previsto y regulado en el artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para la adopción de un internamiento involuntario de una persona con trastornos psíquicos. 

 

 
 
El procedimiento para el internamiento involuntario de una persona con trastornos psíquicos viene regulado en el artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Si bien, hay que distinguir dos trámites diferenciados, si se trata de un internamiento urgente o bien sigue el curso ordinario. En ambos caso, el internamiento siempre debe ser autorizado por la autoridad judicial competente y debe cumplirse en el sujeto afectado una condición indispensable “que por razón de trastorno psíquico, no esté en condiciones de decidir por si mismo”
 

Nota.- El apartado 1 y 2 del art. 763, fue declarado inconstitucional por STC 132/2010, de 2 de diciembre; si bien, y como sostiene la Fiscalía del Tribunal Constitucional, no supone su expulsión del ordenamiento jurídico, sino que continuará desplegando sus efectos mientras el legislador no regule el procedimiento de internamiento no voluntario mediante una Ley Orgánica.
 

1.- Procedimiento de URGENCIA: Se acuerda el internamiento de una persona con trastorno psíquico por un facultativo especializado, previo a la autorización judicial.
 

Este internamiento debe motivarse en razones de urgencia, atendiendo a las circunstancias del paciente y su estado mental.
En responsable del centro donde se produzca el internamiento, dispone del plazo máximo de 24 horas para comunicar al Juzgado del lugar donde radique el centro, que se ha realizado un internamiento urgente.
 
Tras la comunicación al tribunal competente, el Juez dispone del plazo de 72 horas para ratificar el internamiento o decretar la libertad del paciente.

 
2.- Procedimiento ordinario de internamiento no voluntario: Requiere de autorización judicial previa.
 
La solicitud debe realizarse ante el Juzgado de Primera Instancia del lugar donde resida la persona afectada, pudiendo comparecer asistido de Letrado y representado de Procurador, o en su caso, sería defendido por el Ministerio Fiscal si no ha sido el iniciador del procedimiento, o si fuera así, se le nombraría un defensor judicial.
 
 

Aspectos comunes entre ambos procedimientos: Tanto en el procedimiento ordinario, como en el urgente, la persona afectada será examinado por el médico forense del Juzgado, el cual emitirá un informe y entrevistado por el Juez que ha de resolver sobre su internamiento.
 
De igual manera, puede oírse a otras personas que se consideren convenientes, al Ministerio Fiscal, a los propuestos por la persona afectada.
Si se acordara el internamiento, o se ratificara el realizado de manera urgente, deberá remitirse informes periódicos sobre el estado y la necesidad de continuar con la medida adoptada, en un plazo máximo de 6 meses. No obstante, si se produjera una mejoría de la persona afectada y los médicos le dieran el alta, deberá ponerse en conocimiento inmediato del Juez competente.
 
 
La resolución dictada por el tribunal, será susceptible de recurso de apelación.
 
 
 

Por Alexandra Roncero

 Abogada Penalista en Madrid

Abogada Penalista en Madrid

91 530 96 95

   


 

Derecho Penal

abogado-especialista-en/derecho-penal

Más Info >>>

 

Consulta Gratuita

Consulta Gratuita

 


 

 


 


  

 

  •  
     

Sentencia del Tribunal Supremo, Doctrina de la Sala de lo Civil, cláusulas abusivas que fijan los intereses de demora en los préstamos hipotecarios para la adquisición de la vivienda habitual.

 

 

Adjuntamos novedosa Sentencia dictada por el Tribunal Supremo de fecha 3 de junio de 2016 por la que fija la doctrina respecto a la declaración de abusividad de las cláusulas que establecen los intereses de demora en la escritura del préstamo hipotecario. 

 

 
 
Con esta última sentencia, el Tribunal Supremo fija la doctrina respecto al control de las cláusulas abusivas contenidas en las escrituras de los préstamos hipotecarios, con aplicación de la doctrina dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
 
 
Así, señala que  el límite previsto en el artículo 114.3 de la Ley Hipotecaria, el cual reza "Los intereses de demora de préstamos o créditos para la adquisición de vivienda habitual, garantizados con hipotecas constituidas sobre la misma vivienda, no podrán ser superiores a tres veces el interés legal del dinero y sólo podrán devengarse sobre el principal pendiente de pago. Dichos intereses de demora no podrán ser capitalizados en ningún caso, salvo en el supuesto previsto en el artículo 579.2.a) de la Ley de Enjuiciamiento Civil", introducido tras las reforma operada por la Ley 1/2013 de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, no garantiza el control de abusividad para aquellos préstamos destinados a la adquisición de la vivienda  habitual.
 
 
Por ello resulta necesario extender el criterio sostenido para declarar la nulidad de la cláusula de los intereses moratorios en los préstamos personales, a los préstamos hipotecarios de adquisición de la primera vivienda, donde se considera tal, el incremento de dos puntos respecto del interés pactado, criterio fijado en la sentencia 265/2016 de 22 de abril, citando su argumentación que "concluimos abusivo un interés de demora que suponga un incremento de más de dos puntos porcentuales respecto del interés remuneratorio pactado en un préstamo personal; (...) La Sala considera que el incremento de dos puntos porcentuales previstos en el art. 576 de la LEC para la fijación del interés de mora procesal es el criterio legal más idóneo para fijar cuál es el interés de demora en los préstamos personales concertados con consumidores que no suponga la imposición de una indemnización alta al consumidor que no cumpla con sus obligaciones."
 
 
En definitiva, concluye el Alto Tribunal en su Fundamento Jurídico 2º, apartado 7, 6º párrafo que "En este momento, si partimos del presupuesto condicionante de que el límite legal previsto en el art. 114.3 LH para los intereses de demora en préstamos hipotecarios destinados a la adquisición de la primera vivienda no sirve de criterio para el control de abusividad, y advertimos la conveniencia, por seguridad jurídica, de establecer un criterio objetivo, no encontramos razones para separarnos del adoptado en la sentencia 265/2015, de 22 de abril , para los préstamos personales. Si bien, para justificar el diferencial de dos puntos respecto del interés remuneratorio, advertíamos que en el préstamo personal el interés remuneratorio habitualmente es mucho más elevado, en atención a la ausencia de garantía real, esta diferencia no justifica que variemos de criterio en el caso del préstamo hipotecario. Y de hecho, aunque referido a los efectos derivados de la nulidad de la cláusula de intereses de demora, ya advertíamos en las sentencias 705/2015, de 23 de diciembre , y 79/2016, de 18 de febrero , que «resultaría paradójico, cuando no motivo de agravio para los prestatarios hipotecarios sobre vivienda habitual, que se les aplicara un interés moratorio de carácter legal sumamente alto en relación con el interés remuneratorio usual». Además, también en este caso, este criterio se acomoda mejor a la jurisprudencia de esta sala sobre los efectos de la declaración de nulidad de la cláusula de intereses moratorios declarados abusivos que, por afectar al incremento respecto del interés remuneratorio, no impide que se siga aplicando a la deuda el interés remuneratorio pactado."
 
 
 

Por Alexandra Roncero

 Abogada Penalista en Madrid

Abogada Penalista en Madrid

91 530 96 95

   


 

Derecho Penal

abogado-especialista-en/derecho-penal

Más Info >>>

 

Consulta Gratuita

Consulta Gratuita

 


 Sentencia nº 365/2016 del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil

 

 

 Descargar Documento Completo en PDF


  

 

  •  
     

Suspensión de la pena privativa de libertad, artículo 80 del Código Penal.

 

 

¿En que casos cabe la suspensión de la pena privativa de libertad?

 

 
Se suele decir de manera coloquial que “si la prisión es menor de dos años no se entra a cumplir a la cárcel”. Esta expresión se refiere a aquellos casos en los que quien haya sido condenado por sentencia firme a la pena privativa de libertad inferior a los dos años cabe la suspensión de la pena o la sustitución por el pago de multa.

Si bien, tras la reforma del Código Penal obrado el pasado 1 de julio de 2015, lo que anteriormente era conocido por suspensión y sustitución de las penas, se ha visto modificado de manera sustancial.
 

Examinando la nueva redacción el art. 80 y siguientes del CP, donde se regulan los requisitos necesarios para suspender la pena de privativa de libertad, aparecen recogidos los requisitos necesarios que deben concurrir para que se suspenda la pena, si bien, esta es una facultad  del Juez, no una imposición legal a todas aquellas condenas inferiores a dos años.
 

Así en primer lugar, no encontramos con que el Juez podrá dejar en suspenso la ejecución de las penas privativas de libertad, siempre y cuando  sea razonable esperar que la ejecución de la pena no sea necesaria para evitar la comisión futura por el penado de nuevos delitos. Se valorará las circunstancias de delito y las personales del penado.


2º.- La pena a suspender debe ser no superior a dos años o la suma de las impuestas si fueran varias, sin incluir las derivadas por impago de la multa.


.- También es necesario que el penado haya delinquido por primera vez. No se tendrán en cuenta las anteriores condenas por delitos imprudentes o por delitos leves, ni los antecedentes penales que hayan sido cancelados, o debieran serlo. Tampoco los antecedentes penales por delitos que carezcan de relevancia para valorar la probabilidad de comisión de delitos futuros.


4.º Que haya abonado la responsabilidad civil y se haya hecho efectivo el decomiso acordado en sentencia. La novedad introducida tras la reforma es que si el penado asume el compromiso de pago y se espere de manera razonable que vaya a cumplir con el abono, se entenderá cumplido este requisito.


Estos son los requisitos esenciales para que se suspenda la pena privativa de libertad, si bien, existen tres supuestos excepcionales en los que también se podrá dejar en suspenso la ejecución de la pena privativa de libertad: 


- penados a penas inferiores a dos años, no reos habituales, cuando sus circunstancias personales y del delito lo aconseje, siempre condicionado a abono de la responsabilidad civil, al pago de una multa o realización de trabajos en beneficio de la comunidad con un mínimo de 1/5  y un tope máximo de 2/3 de su duración.


-como son que el penado padezca una enfermedad muy grave con padecimientos incurables, aún sin reunir ninguno de los requisitos mencionados


-o en los casos de penados dependientes a drogas tóxicas, estupefacientes, etc… y que actuaran bajo la dependencia de las mismas si la pena no supera los 5 años siempre que se certifique que se encuentra deshabituado o en tratamiento de  deshabituación.


La duración de la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad vendrá determinada por la extensión de la pena impuesta, correspondiendo a las penas inferiores a dos años una suspensión de 2 a 5 años, y de 3 meses a 1 años a las penas leves. 


La suspensión de la ejecución podrá ser acordada en la sentencia o bien tras la firmeza de la misma.
 
 
 
 

Por Alexandra Roncero

 Abogada Penalista en Madrid

Abogada Penalista en Madrid

91 530 96 95

   


 

Derecho Penal

abogado-especialista-en/derecho-penal

Más Info >>>

 

Consulta Gratuita

Consulta Gratuita

 


 


  

 

  •  
     

Caso real: Sentencia absolutoria de un delito de lesiones en el ámbito familiar

 

 

Adjuntamos reciente Sentencia absolutoria a favor de nuestro cliente acusado de un delito de lesiones en el ámbito familiar.  

 

En el presente caso, el cliente venía acusado de la comisión de un delito tipificado en el artículo 153.1 y 3 del Código Penal, como autor de un delito de lesiones en el ámbito familiar hacia su pareja sentimental, la cual también se encontraba acusada por un delito  de lesiones en el ámbito familiar tipificado en el art. 153.2 y 3 CP.
Las penas solicitadas por el Ministerio Público para la pareja sentimental acusadas de agredirse mutuamente era un año de prisión, privación de tenencia y porte de armas por plazo de tres años y la prohibición de aproximarse a menos de 500 metros de su pareja sentimental o de comunicar con ella por el plazo de tres años más el abono de las costas procesales.
 
 
En el acto del juicio ambos acusados se acogieron a su derecho a no declarar, contando la acusación únicamente con las testificales de los agentes de policía intervinientes en la detención de ambos acusados, pero que en ningún caso presenciaron directamente los hechos denunciados.
 
 
El Juzgado de lo Penal acaba dictando Sentencia absolutoria para ambos acusados en tanto que no ha quedado acreditado que se produjera una agresión mutua o de un sujeto hacia el otro, primando el principio de presunción de inocencia ante la carencia de prueba clara y suficiente que induzca a la conclusión razonable de la autoría del delito del que venían acusados, no siendo suficiente para quebrar el principio mencionado con la sóla declaración de los agentes, los cuales fueron testigos de referencia y nunca directos de los hechos. 
 
 
 
 
 
 Este proceso judicial ha sido defendido por la Letrada Alexandra Roncero Facal. 
 

Por Alexandra Roncero

 Abogada Penalista en Madrid

Abogada Penalista en Madrid

91 530 96 95

   


 

Derecho Penal

abogado-especialista-en/derecho-penal

Más Info >>>

 

Consulta Gratuita

Consulta Gratuita

 


 Sentencia absolutoria por delito de lesiones en el ámibito familiar

 

 

 Descargar Documento Completo en PDF


  

 

  •  
     

Accidente de tráfico: Responsabiliad por culpa extracontractual.

 

 

Exponemos a continuación una duda frecuente a la hora de iniciar la reclamación de responsabilidad civil tras fallecimiento del pasajero ocupante del vehículo por parte de los familiares. 

 

Accidente de tráfico en el que resulta lesionado el pasajero, el cual es trasladado a los servicios de urgencia e intervenido quirúrgicamente, si bien, acaba falleciendo como consecuencia de una infección. 


La duda surge a la hora de determinar la petición concreta de la demanda para lograr obtener una sentencia favorable y la consecuente indemnización por parte de la compañía aseguradora del vehículo implicado. ¿Se reclama por el fallecimiento dado que si no se hubiera padecido el accidente de tráfico, el trágico final no se hubiera producido, o bien, se reclama por las lesiones derivadas del accidente pues la causa del fallecimiento se encuentra relacionado  únicamente con la intervención quirúrgica? Y por otro lado, ¿quienes están legitimados para reclamar tras el fallecimiento?


Exponemos a continuación lo establecido por la Sala Primera del Tribunal Supremo en numerosas sentencias,  20 de mayo de 2015, 13 de septiembre de 2012  de Pleno y 10 de diciembre de 2009, a la hora de concretar  cuál es la causa por la que se reclama responsabilidad civil, siendo preciso diferenciar entre:


  1. La indemnización por las lesiones sufridas por el pasajero como consecuencia de la colisión. Es decir, se indemnizarían los días de sanidad y secuelas sufridos por el daño físico y moral generado al ocupante transportado. El derecho a esa indemnización ya habría entrado en el patrimonio del lesionad , y por su posterior fallecimiento correspondería su reclamación a quienes acreditasen ser los herederos. El derecho de la víctima a ser resarcido por las lesiones y daños nace como consecuencia del accidente que causa este menoscabo físico y la determinación de su alcance está función de la entidad e individualización del daño, según el resultado de la prueba que se practique. Derecho a ser indemnizado que es transmisible a sus herederos puesto que no se extingue por su fallecimiento, conforme el artículo 659 del Código Civil , con lo que serán quienes acrediten ser los herederos los que ostentarán la legitimación para exigir al conductor, propietario y aseguradora su obligación de indemnizar.
  2. Cuestión distinta es la indemnización por el fallecimiento, y que es consecuencia de una infección pos-quirúrgica. El derecho a ser indemnizado por este concepto correspondería a los parientes perjudicados por dicho óbito, que en este caso serían los hijos.


En virtud de la diferenciación anterior, el principal problema estriba en probar la relación directa entre el resultado dañoso y el accidente de tráfico. La falta de causalidad jurídica entre las lesiones derivadas de siniestro y el posterior fallecimiento supondrá la desestimación de la demanda e imposición de costas a la parte demandante.


Por ello, hay que considerar que para que nazca la obligación  del indemnizar el daño del artículo 1902 del Código Civil, es necesario en primer lugar, la existencia de una causalidad física entre la acción u omisión y el resultado dañoso. 


De igual manera, es necesario que concurra la denominada causalidad jurídica, criterio actualmente aplicado por los Tribunales, que obliga a valorar con criterios del ordenamiento jurídico la posibilidad de imputar al agente el daño causado apreciando la proximidad con la conducta realizada, el ámbito de protección de la norma infringida, el riesgo general de la vida, provocación prohibición de regreso, incremento del riesgo, consentimiento de la víctima y asunción del propio riesgo, y de la confianza. 

Así, la jurisprudencia del Tribunal Supremo viene estableciendo a través de sus resoluciones, siendo algunas,  Sentencia de 10 de septiembre de 2015, 6 de febrero de 2015, 14 de julio de 2014,18 de marzo de 2014, 10 de julio de 2012, entre otras, las siguientes reglas que sirven sobre todo para descartar la responsabilidad:

a) Los riesgos generales de la vida: La vida tiene riesgos propios e inherentes, que son aceptados por todos. Es decir, las «desgracias» sí existen.

b) La prohibición de regreso: Encontrada una causa próxima, no debe irse más allá, más atrás, buscando causas remotas.

c) La provocación: Quién provocó la situación. Sin descartar que sea el propio perjudicado porque  asumiese un riesgo no justificado.

d) El fin de protección de la norma.

e) El incremento del riesgo, o la conducta alternativa correcta. Si el daño se habría producido igual aunque se adoptase otra conducta.

f) Competencia de la víctima (hechos o situaciones que estaban en el dominio de la víctima).

g) Y, en todo caso, y como cláusula de cierre, la probabilidad; lo que permite excluir la responsabilidad en los supuestos de eventos altamente improbables, imprevisibles, y que a la postre nos recuerdan el caso fortuito.

 
Así sieta el alto Tribunal que " encontrada una causa próxima al luctuoso resultado no puede seguirse retrocediendo en el tiempo para encontrar causas remotas, porque este retroceso nos llevaría a situaciones irracionales, tales como buscar la causa del fallo renal para atribuirle el resultado o incluso más atrás."

 
 

Por Alexandra Roncero

 Abogada Penalista en Madrid

Abogada Penalista en Madrid

91 530 96 95

   


 

Derecho Penal

abogado-especialista-en/derecho-penal

Más Info >>>

 

Consulta Gratuita

Consulta Gratuita

 


 


  

 

  •  
     

Artículo 76 del Código Penal, la acumulación de condenas y la reciente interpretación realizada por la Sala 2ª del Tribunal Supremo.

 

 

Os exponemos hoy la reciente interpretación práctica que ha realizado el Tribunal Supremo a la hora de aplicar la acumulación de condenas que permite el artículo 76 del Código Penal.  

 

Con motivo de la recientemente Sentencia publicada por el Tribunal Supremo, sala 2ª, pasamos a examinar la línea interpretativa del art. 76CP en relación con el acuerdo del pleno no jurisdiccional de fecha 03/02/2016.
 

El art. 76CP contempla el tiempo máximo que puede permanecer privado de libertad un condenado. Si bien el Código Penal fija que se impondrán todas las penas correspondientes a las diversas infracciones (art.73) para su cumplimiento simultáneo o para el caso de que no fuera posible, cumplimiento en orden sucesivo por la respectiva gravedad (art-. 75), se establece un tiempo máximo legal de cumplimiento en prisión, todo ello, en relación directa con el principio constitucional de las penas están orientadas hacia la reeducación y reinserción social.
 

Reza literalmente el precepto, “Artículo 76: 1. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el máximo de cumplimiento efectivo de la condena del culpable no podrá exceder del triple del tiempo por el que se le imponga la más grave de las penas en que haya incurrido, declarando extinguidas las que procedan desde que las ya impuestas cubran dicho máximo, que no podrá exceder de 20 años. Excepcionalmente, este límite máximo será:
a) De 25 años, cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos y alguno de ellos esté castigado por la ley con pena de prisión de hasta 20 años.
b) De 30 años, cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos y alguno de ellos esté castigado por la ley con pena de prisión superior a 20 años.
c) De 40 años, cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos y, al menos, dos de ellos estén castigados por la ley con pena de prisión superior a 20 años.
d) De 40 años, cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos referentes a organizaciones y grupos terroristas y delitos de terrorismo del Capítulo VII del Título XXII del Libro II de este Código y alguno de ellos esté castigado por la ley con pena de prisión superior a 20 años.
• e) Cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos y, al menos, uno de ellos esté castigado por la ley con pena de prisión permanente revisable, se estará a lo dispuesto en los artículos 92 y 78 bis.
2. La limitación se aplicará aunque las penas se hayan impuesto en distintos procesos cuando lo hayan sido por hechos cometidos antes de la fecha en que fueron enjuiciados los que, siendo objeto de acumulación, lo hubieran sido en primer lugar.”

En el Acuerdo no jurisdiccional de la Sala 2º del Tribunal Supremo, de fecha 03/02/2016, se establecieron las reglas interpretativas del art. 76.2CP “La acumulación de penas deberá realizarse partiendo de la sentencia más antigua, pues al contenerse en ella los hechos enjuiciados en primer lugar, servirá de referencia respecto de los demás hechos enjuiciados en las otras sentencias. A esa condena se acumularán todas las posteriores relativas a hechos cometidos antes de esa primera sentencia. Las condenas cuya acumulación proceda respecto de esta sentencia más antigua, ya no podrán ser objeto de posteriores operaciones de acumulación en relación con las demás sentencias restantes. Sin embargo, si la acumulación no es viable, nada impediría su reconsideración respecto de cualquiera de las sentencias posteriores, acordando su acumulación si entre sí son susceptibles de ello.”

La Sentencia de fecha 14 de abril de 2016 realiza una explicación práctica sobre la interpretación marcada con anterioridad por el Tribunal Supremo, y a la vista de la sucesiva Sentencia nº 139/2016, por la que la interpretación del art. 76.2 CP no es un principio sustantivo penal sino una regla práctica y metodológica sobre el modo de proceder en la acumulación jurídica de las penas, fijando un criterio uniforme para su realización práctica.
 

El cambio interpretativo se ve ampliado al hecho de que para el caso de que se cumplan los requisitos inamovibles de la Sala, siendo que los hechos sean siempre anteriores a la sentencia que sirva de referencia a la acumulación, que los hechos no estén sentenciados con anterioridad a la misma y que la operación sea completa, no pueden excluirse otras posibilidades combinatorias que beneficien al condenado.
 

Así aclara el alto Tribunal que lo que establece el apartado 2 del art.76  “No significa necesariamente que la sentencia deba ser la de fecha más antigua de todas las potencialmente acumulables, sino anterior a las que hayan enjuiciado los hechos que sean objeto de acumulación en relación con la que sirve de referencia en cada caso. De la misma forma, cuando el límite máximo sea superior a las penas impuestas, podrá reconsiderarse la combinación de las descartadas en la primera operación para el examen de otra posibilidad de acumulación distinta, siempre que se cumplan las reglas fijas.”
 
 
 
 

Por Alexandra Roncero

 Abogada Penalista en Madrid

Abogada Penalista en Madrid

91 530 96 95

   


 

Derecho Penal

abogado-especialista-en/derecho-penal

Más Info >>>

 

Consulta Gratuita

Consulta Gratuita

 


 

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 2ª, nº 314/2016, de 14 de Abril de 2016.

 

 Descargar Documento Completo en PDF.


  

 

  •  
     

Caso real: Sentencia absolutoria de un delito de robo con violencia e intimidación con uso de instrumento peligroso

 

 

Adjuntamos reciente Sentencia absolutoria a favor de nuestro cliente acusado de un delito de robo con violencia e intimidación con uso de instrumento peligroso.  

 

En el presente caso, el cliente venía acusado de la comisión de un delito tipificado en el artículo 237 y 242. 1º y 3º del Código Penal, como autor de un delito de robo con violencia e intimidación en su modalidad agravada por el empleo de un instrumento peligroso,  solicitando la acusación del Misniterio Fiscal, que se le impusiera la pena de de 4 años de prisión más el abono de la responsabilidad civil, debiendo indemizar al perjudicado por los daños materiales causados en sus pertenencias.
 
 
Establece el art. 237del Código Penal que "Son reos del delito de robo los que, con ánimo de lucro, se apoderaren de las cosas muebles ajenas empleando fuerza en las cosas para acceder o abandonar el lugar donde éstas se encuentran o violencia o intimidación en las personas, sea al cometer el delito, para proteger la huida, o sobre los que acudiesen en auxilio de la víctima o que le persiguieren." En relación con el artículo 242 " 1. El culpable de robo con violencia o intimidación en las personas será castigado con la pena de prisión de dos a cinco años, sin perjuicio de la que pudiera corresponder a los actos de violencia física que realizase.

2. Cuando el robo se cometa en casa habitada, edificio o local abiertos al público o en cualquiera de sus dependencias, se impondrá la pena de prisión de tres años y seis meses a cinco años.
 
3. Las penas señaladas en los apartados anteriores se impondrán en su mitad superior cuando el delincuente hiciere uso de armas u otros medios igualmente peligrosos, sea al cometer el delito o para proteger la huida, y cuando atacare a los que acudiesen en auxilio de la víctima o a los que le persiguieren.

4. En atención a la menor entidad de la violencia o intimidación ejercidas y valorando además las restantes circunstancias del hecho, podrá imponerse la pena inferior en grado a la prevista en los apartados anteriores. "
 
 
En el acto del juicio, se solicitó por el Ministerio Público la lectura del la declaración testifical de un testigo que no compareció a juicio por encontrarse en paradero desconocido, al amparo del artículo 730 de la LECrim, mostrando nuestra oposicion a la misma.
 
De acuerdo con  lo establecido en el artículo 730 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, "podrán también leerse o reproducirse a instancia de cualquiera de las partes las diligencias practicadas en el sumario, que, por causas independientes de la voluntad de aquéllas, no puedan ser reproducidas en el juicio oral, y las declaraciones recibidas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 448 durante la fase de investigación a las víctimas menores de edad y a las víctimas con discapacidad necesitadas de especial protección."
 
Si bien, la lectura de las declaraciones realizadas en fase de instrucción por parte de los testigos, resulta factible tal y como se ha pronunciado el Tribunal Supremo en numerosas ocasiones, siempre y cuando se cumpla con una serie de requisitos esenciales. Es doctrina consolidada que "se puede atribuir valor probatorio a dichas diligencias sumariales siempre que se hayan practicado con todas las formalidades que la Constitución y el ordenamiento procesal establecen y que sean efectivamente reproducidas en el juicio oral en condiciones que permitan a la defensa del acusado someterlas a contradicción."
 
Aplicando la mencionada doctrina, se alegó en el plenario la manifiesta indefensión del acusado, vulnerando su derecho a la defensa, en tanto que no se puede someter a contradicción la declaración del testigo ausente en el acto del juicio, habida cuenta que no se ha realizado la declaración en fase de instrucción con la presencia letrada del acusado.
 
 
 
 Este proceso judicial ha sido defendido por la Letrada Alexandra Roncero Facal. 
 

Por Alexandra Roncero

 Abogada Penalista en Madrid

Abogada Penalista en Madrid

91 530 96 95

   


 

Derecho Penal

abogado-especialista-en/derecho-penal

Más Info >>>

 

Consulta Gratuita

Consulta Gratuita

 


 Sentencia absolutoria por delito de robo con violencia e intimidación con uso de instrumento peligroso

 

 

 Descargar Documento Completo en PDF.


  

 

  •  
     

Caso real: Sentencia absolutoria de un delito leve de amenazas e injurias en el ámbito familiar.

 

Adjuntamos reciente Sentencia absolutoria a favor de nuestro cliente denunciado por la presunta comisión de un delito leve de amenazas e injurias en el ámbito familiar del padre al hijo. 

  

 

Este tipo de procedimientos requieren expresamente la denuncia del perjudicado o bien de su representante legal. Así en el presente caso, se ha presentado denuncia por la madre de un menor, frente al padre del mismo, por presuntamente proferir amenazas e insultos hacia su hijo menor de edad.
 
 
Si  bien, en el acto del juicio no ha quedado acreditado que se produjeran dichos delitos por parte del padre del menor, entendiendo acertadamente el juzgador que ante la duda y ante  la falta de prueba que sostenga la acusación, debe dictarse una sentencia absolutoria a favor del denunciado-investigado, en virtud del principio de presunción de inocencia.
 
 
Para el caso de que se hubiera acreditado la comisión del delito de injurias en el ámbito familiar, veamos la pena prevista. Así, establece el art. 173.4 del Código Penal que "Quien cause injuria o vejación injusta de carácter leve, cuando el ofendido fuera una de las personas a las que se refiere el apartado 2 del artículo 173, será castigado con la pena de localización permanente de cinco a treinta días, siempre en domicilio diferente y alejado del de la víctima, o trabajos en beneficio de la comunidad de cinco a treinta días, o multa de uno a cuatro meses, esta última únicamente en los supuestos en los que concurran las circunstancias expresadas en el apartado 2 del artículo 84. Las injurias solamente serán perseguibles mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal."
 
 
Información sobre los nuevos delitos leves tras la reforma del Código Penal. Pinche aquí.
 
 
   
 Este proceso judicial ha sido defendido por la Letrada Alexandra Roncero Facal. 
 

Por Alexandra Roncero

 Abogada Penalista en Madrid

Abogada Penalista en Madrid

91 530 96 95

   


 

Derecho Penal

abogado-especialista-en/derecho-penal

Más Info >>>

 

Consulta Gratuita

Consulta Gratuita

 


 Sentencia absolutoria por delito leve de amenazas e injurias en el ámbito familiar

 

 

 Descargar Documento Completo en PDF.


  

 

 

 

Caso real: Sentencia condenatoria por la comisión de un delito leve de uruspación de inmueble, dictada con conformidad de los acusados.

 

 

 

 

 
En el presente caso real, nos encontramos con dos peculiaridades en el procedimiento. En primer lugar, las variaciones en el tipo delictivo como consecuencia de la reforma del Código Penal, y en segundo lugar, la aceptación por los acusados con la condena solicitada por el Ministerio Fiscal.
 
Los antecedentes comunes a este tipo de delito son los siguientes: La ocupación de un inmueble por terceros no autorizados, siendo el propietario una entidad bancaria. La presentación por parte del banco de la correspondiente denuncia ante los Juzgados de instrucción del lugar donde radique el piso. La identificación de los ocupantes y su citación como investigados por un presunto delito de ururpación de inmueble.
 
 
Respecto de la primera peculiaridad, señalar que no se ha seguido el procedimiento habitual, sino que el mismo se ha visto modificado como consecuencia de la entrada en vigor el 1 de Julio de 2015 de la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre del Código Penal. (Para ver los artículos modificados con la reforma, pinche aquí)
 
Con anterioridad a la reforma mencionada, la ocupación de inmuble sin la autorización de su titular era constitutivo de un delito contemplado en el artículo 245.2 del Código Penal, y por lo tanto su tramitación era la dispuesta en el Título II de La Ley de Enjuiciamiento Criminal, correspondiendo su instrucción y enjuiciamiento como procedimiento abreviado.
Tras la reforma mencionada, se modifica ya no el tipo penal, que sigue castigando la ususpación de inmueble con la misma condena en el art. 245.2, sino que al producirse la supresión del cápitulo "De las Faltas y sus penas", todas las acciones sancionables contenidas en el código pasan a ser delitos, diferenciando tres tipos, los delitos graves, los menos graves y los delitos leves. Son delitos leves las infracciones que la ley sanciona con pena leve (art. 13.3CP). 
Información sobre los nuevos delitos leves tras la reforma del Código Penal. Pinche aquí.
 
Así el artículo 245.2CP pasa a ser considerado como delito leve, y de acuerdo con lo establecido en la Disposición Transitoria Primera, "se aplicará la legislación penal vigente en el momento de la comisión a los delitos cometidos hasta el día de la entrada en vigor de la Ley 1/15. No obstante, se aplicará esa ley si las disposiciones son más favorables para el reo." El beneficio radica en el plazo de prescripción de los delitos leves.
 
En segundo lugar, destacar el hecho de que se alcanzó un acuerdo con el Ministerio Fiscal, al objeto de que se impusiera a los acusados la pena mínima prevista en el Código, teniendo en cuenta que sanciona el art. 245.2CP "el que ocupare, sin autorización debida, un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada, o se mantuviere en ellos contra la voluntad de su titular, será castigado con la pena de multa de tres a seis meses"
 
La conformidad con la acusación deriva de la prueba clara y directa del reconocimiento presencial realizado por los agentes de Policía de los autores del delito en el inmueble objeto del procediminto, y por lo tanto de dificil defensa, siendo más recomendable en el presente caso que el abogado alcance un acuerdo con el Fiscal para que la pena a imponer sea la mínima, 3 meses de multa, y con una cuota diaria ajustada a las circusntancias económicas de los acusados, en este caso 3 euros diarios.
 
 
 
 Este proceso judicial ha sido defendido por la Letrada Alexandra Roncero Facal. 

 

 

Por Alexandra Roncero

 Abogada Penalista en Madrid

Abogada Penalista en Madrid

91 530 96 95

   


 

Derecho Penal

abogado-especialista-en/derecho-penal

Más Info >>>

 

Consulta Gratuita

Consulta Gratuita

 


 Sentencia condenatoria por delito leve con conformidad de los acusados

 

 

 Descargar Documento Completo en PDF.


  

 

 

 

Os mostramos hoy un caso real defendido por el despacho, en el que se ha  obtenido el archivo del procedimiento penal iniciado contra un cliente, por la presunta comisión de un delito leve de ururpación de inmueble.

 

 

 
En el presente caso real, el titular de la vivienda era una entidad bancaria, la cual en el momento en que tuvo conocimiento de que el inmueble de su propiedad se encontraba habitado, sin haber otorgado título habilitante para ello, procedió a la presentación ante los Juzgado de Instrucción de Madrid de la correspondiente denuncia por si los hechos pudieran ser constitutivos de un presunto delito de usurpación de inmueble.
 
Como consecuencia de la presentación de la denuncia por parte del propietario, se citó a declarar a los ocupantes de la vivienda en calidad de imputados, habiendo comparecido ante el Juzgado de Instrucción con asistencia de abogado y prestado declaración sobre los hechos, con expreso reconocimiento de la ocupación de la vivienda careciendo de autorización del tiular.
 
Por parte del Juzgado competente se emplazó a los denunciados a que abandonaran en plazo de 1 mes el piso objeto de la denuncia, pues en caso contrario, se procedería a su lanzamiento. 
 
Examinemos a continuación que establece el artículo 245.2 del Código Penal; "el que ocupare, sin autorización debida, un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada, o se mantuviere en ellos contra la voluntad de su titular, será castigado con la pena de multa de tres a seis meses."
 
Por ello, las personas denunciadas podrían haber sido condenadas como autoras de un delito de usurpación de inmueble, del art. 245.2CP, a la pena de multa de tres a seis meses, con cuota diaria atendiendo a sus circunstancias económicas.
 
En este punto debemos destacar la importancia de la figura del abogado, y que en el presente caso fue de fundamental, en tanto que se logró negociar con la entidad bancaria la ampliación del plazo para el desalojo, y la sucesiva renuncia a la continuación del procedimiento penal, dictándose por el órgano judicial Auto de sobreseimiento y archivo de la causa.
 

Este proceso judicial ha sido defendido por la Letrada Alexandra Roncero Facal. 

 

 

Por Alexandra Roncero

 Abogada Penalista en Madrid

Abogada Penalista en Madrid

91 530 96 95

   


 

Derecho Penal

abogado-especialista-en/derecho-penal

Más Info >>>

 

Consulta Gratuita

Consulta Gratuita

 


 Auto de sobreseimiento y archivo dictado por el Juzgado de Instrucción de Madrid.

 

 

 Descargar Documento Completo en PDF.


  

 

 

  Reciente Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de Febrero de 2016 por la que se rectifica la doctrina anterior respecto a la consideración de los Planes de pensiones como ingreso o incremento patrimonial equiparable a los rendimientos de trabajo, a tener en cuenta a la hora de percibir prestaciones por desempleo.

 

 

Exponemos a continuación un caso bastante frecuente durante la percepción de prestación de desempleo, por la que el Servicio Público De Empleo Estatal, procede a sancionar al percepctor con la extinción de la prestación, al entender que se ha producido durante la misma un incremento patrimonial no comunicado y por ende, infracción sancionable con la extinción del derecho y reclamación de lo percibido a tratarse de un cobro indebido .

 

El supuesto concreto versa sobre la percepción del subsidio para mayores de 52 años. Reconocido el derecho al subsidio, durante la percepción del mismo, el sujeto,  rescata un plan de pensiones por importe de 16.000 euros, el cual si declara tributariamente pero no se comunica al SEPE como incremento patrimonial.

Así, el Servicio de Empleo, incoa un procedimiento sancionador por el que finalmente resuelve extingir la percepción del subsidio reconocido, sin derecho a acceder  a ninguna prestación o subsidio por haber extinguido el derecho, y declarar la percepción indebida de prestaciones por desempleo, en base al art. 215 LGSS "al haber obtenido rentas, en cómputo mensual, superiores al 75% del salario mínimo interprofesional, excluida la parte proportcional de dos pagas extraordinarias, tras haber rescatado un plan de pensiones por un importe de 16.000 euros". Frente a esta resolución, se presentó reclamación administrativa previa que fue desestimada.

La persona afectada por la extinción del subsidio interpuso demanda frente al Servicio Público de Empleo Estatal solicitando el reconocimiento  de derecho a la percepción del subsidio, declarando no ajustadas a Derecho las resoluciones del SEPE que le sancionan con la extinción.

 

La sentencia de primera instancia estima parcialmente la demanda del perjudicado, reconociendo el derecho a percibir la prestación extinguida, al no ser ajustadas a derecho las resoluciones sancionadoras, pero procede a la suspensión del subsidio durante el período durante el cual se rescató el fondo de pensiones con obligación de devolver lo percibido. Recurre en suplicación el SEPE, siendo desestimado por el Tribunal Superior de Justicia.

 

Se interpuso recurso de casación para la unificación de la doctrina por el Servicio de Empleo, al entender que la sanción a imponer sería la extinción de la prestación y no la suspensión.

De este punto parte la Sala de Social del Tribunal Supremo, ante la disparidad de las resoluciones dictadas en casos de misma identidad. Así, se trata de trabajadores que perciben el subisidio por desempleo para mayores de 52 años, y durante la percepción, rescatan un plan de pensiones sin comunicación a la Entidad Gestora, si bien por Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña  de fecha 14 de abril de 2008, se determinó que la sanción aplicable era la extinción de la prestación, al haber incurrido en la infracción contenida en el art.25 del RD Legislativo 5/2000, no haber comunicado al SEPE la pérdida de los requisitos para causar derecho al subsidio de desempleo, al tener rentas superiores al 75% del SMI en cómputo anual.

Sin embargo, dicha Sentencia se contradice con la dictada por el Tribunal Supremo en fecha 28 de mayo de 2013, en la que entendió que procedía la suspensión y no la extinción del subisidio ya que la imputación de ingresos obtenidos por la liquidación del plan de pensiones debe imputarse sólo al mes en que se produce, es decir, a un período concreto, y no a todo el período reconocido, con independencia de que se haya comunicado o no al SEPE.

 

En definitiva, el tribunal concluye estableciendo que:

 

<<Las únicas rentas o ingresos computables de la actora son los rendimientos, plusvalías o beneficios que le haya podido generar el plan de pensiones durante el tiempo en que el mismo subsistió, sin que quepa imputar como renta o ingreso el importe total del rescate del mismo, es decir, 16.000 euros. Y al no constar si han existido tales beneficios, plusvalías o rentas, ni el importe de los mismos, la parte actora no ha cometido la infracción que el SEPE le imputa, a saber, no comunicar la obtención de las rentas y percibir la prestación por desempleo indebidamente."

 

 

Por Alexandra Roncero

Abogado Experto en Procesos Laborales

91.530.96.95

 

 


902 55 96 22  


 

 

 


 

 


 

Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de febrero de 2016

 Descargar Documento en PDF.

 


 

 
 
desahucio-expres-local-negocio

 

 

¿Cuál es el orden de pago de los conceptos incluidos en el fallo de una Sentencia?

 

 

Esta es una pregunta frecuente que nos realizan en el despacho por parte de aquellas personas que han resultado condenadas por sentencia penal y la misma es firme. 

 

La Sentencia condenatoria puede incluir diversos conceptos económicos a los que el condenado debe hacer frente, si bien, se desconoce el orden o la preferencia entre unos y otros a la hora de proceder a su pago pudiendo afectar al cumplimiento efectivo de la condena; De ahí la relevancia a la hora de proceder al pago de los distintos conceptos, pues de ello dependerá que se tenga por cumplida la pena impuesta en su totalidad o nos encontremos con un cumplimiento parcial o mínimo, que a entender del Juzgado de ejecutorias resulte insuficiente pudiendo acarrear consecuencias más perjudiciales que el simple pago de una multa.

 

Los casos más habituales son las condenas donde el fallo contiene un pronunciamiento de multa y además una responsabilidad civil derivada del delito, así como el pago de las costas procesales. Entonces, qué se debe de pagar primero si en la sentencia condenatoria se ha condenado al pago de multa, una indemnización y las costas?

 

Para obtener una respuesta debemos acudir a lo establecido en el art. 126 del Código Penal, el cual nos señala el orden expreso a cumplir para el caso de que la sentencia contenga varios pronunciamientos de condena.

 

 
“Artículo 126. 1. Los pagos que se efectúen por el penado o el responsable civil subsidiario se imputarán por el orden siguiente:


1.º A la reparación del daño causado e indemnización de los perjuicios.
2.º A la indemnización al Estado por el importe de los gastos que se hubieran hecho por su cuenta en la causa.
3.º A las costas del acusador particular o privado cuando se impusiere en la sentencia su pago.
4.º A las demás costas procesales, incluso las de la defensa del procesado, sin preferencia entre los interesados.
5.º A la multa.
2. Cuando el delito hubiere sido de los que sólo pueden perseguirse a instancia de parte, se satisfarán las costas del acusador privado con preferencia a la indemnización del Estado. Tendrá la misma preferencia el pago de las costas procesales causadas a la víctima en los supuestos a que se refiere el artículo 14 de la Ley del Estatuto de la Víctima del Delito.”

 

En definitiva, para el caso planteado, en el que se condena al pago de una multa por la comisión de un delito y además se debe abonar al perjudicado una cantidad en concepto de indemnización por daños ya sean personales ya materiales, hay que tener claro que el cumplimiento de la condena debe comenzar por el pago de la indemnización, cubriendo el importe de la misma y una vez abonada, se procedería al pago de la multa. No quiere decir que deban pagarse en dos veces, pues resulta posible el abono conjunto de todos los pronunciamientos condenatorios, dando por cumplida la condena en su totalidad.

 

¿Y que ocurre con las costas? Cierto es que en el orden fijado en el art.126 del Código Penal, figura el abono de las costas procesales antes que el pago de la multa, sin embargo, en la práctica y para aquellos casos en los que ha intervenido el acusador particular y se ha condenado expresamente al pago de dichas costas, la tendencia de los Juzgados es dar por cumplida el pago de la multa y a posteriori iniciar la reclamación de las costas y la tasación de las mismas.

 

 


 

 

 

Para obtener una respuesta debemos acudir a lo establecido en el art. 126 del Código Penal, el cual nos señala el orden expreso a cumplir para el caso de que la sentencia contenga varios pronunciamientos de condena.

 
“Artículo 126. 1. Los pagos que se efectúen por el penado o el responsable civil subsidiario se imputarán por el orden siguiente:


1.º A la reparación del daño causado e indemnización de los perjuicios.
2.º A la indemnización al Estado por el importe de los gastos que se hubieran hecho por su cuenta en la causa.
3.º A las costas del acusador particular o privado cuando se impusiere en la sentencia su pago.
4.º A las demás costas procesales, incluso las de la defensa del procesado, sin preferencia entre los interesados.
5.º A la multa.
2. Cuando el delito hubiere sido de los que sólo pueden perseguirse a instancia de parte, se satisfarán las costas del acusador privado con preferencia a la indemnización del Estado. Tendrá la misma preferencia el pago de las costas procesales causadas a la víctima en los supuestos a que se refiere el artículo 14 de la Ley del Estatuto de la Víctima del Delito.”

En definitiva, para el caso planteado, en el que se condena al pago de una multa por la comisión de un delito y además se debe abonar al perjudicado una cantidad en concepto de indemnización por daños ya sean personales ya materiales, hay que tener claro que el cumplimiento de la condena debe comenzar por el pago de la indemnización, cubriendo el importe de la misma y una vez abonada, se procedería al pago de la multa. No quiere decir que deban pagarse en dos veces, pues resulta posible el abono conjunto de todos los pronunciamientos condenatorios, dando por cumplida la condena en su totalidad.

¿Y que ocurre con las costas? Cierto es que en el orden fijado en el art.126 del Código Penal, figura el abono de las costas procesales antes que el pago de la multa, sin embargo, en la práctica y para aquellos casos en los que ha intervenido el acusador particular y se ha condenado expresamente al pago de dichas costas, la tendencia de los Juzgados es dar por cumplida el pago de la multa y a posteriori iniciar la reclamación de las costas y la tasación de las mismas.

 

Derecho Penal

Información sobre Derecho Penal

902 55 96 22 

 

Más Info >>>

 

 

 

residencia-menores-extranjero-divorcios-rupturas 

 

 

Esquema de Procedimiento por Delitos Leves iniciados por Atestado Policial, con acceso a los artículos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que lo regulan 

 

 

  

 

 


 

LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL

(...)

LIBRO VI.- 

 

 


 

 

 


LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL

(...)

LIBRO VI.-  DEL PROCEDIMIENTO PARA EL JUICIO SOBRE DELITOS LEVES

 

 

 

Artículo 962

1. Cuando la Policía Judicial tenga noticia de un hecho que presente los caracteres de delito leve de lesiones o maltrato de obra, de hurto flagrante, de amenazas, de coacciones o de injurias, cuyo enjuiciamiento corresponda al Juzgado de Instrucción al que se debe entregar el atestado o a otro del mismo partido judicial, procederá de forma inmediata a citar ante el Juzgado de Guardia a los ofendidos y perjudicados, al denunciante, al denunciado y a los testigos que puedan dar razón de los hechos. Al hacer dicha citación se apercibirá a las personas citadas de las respectivas consecuencias de no comparecer ante el Juzgado de guardia. Asimismo, se les apercibirá de que podrá celebrarse el juicio de forma inmediata en el Juzgado de guardia, incluso aunque no comparezcan, y de que han de comparecer con los medios de prueba de que intenten valerse. Al denunciante y al ofendido o perjudicado se les informará de sus derechos en los términos previstos en los artículos 109, 110 y 967.

En el momento de la citación se les solicitará que designen, si disponen de ellos, una dirección de correo electrónico y un número de teléfono a los que serán remitidas las comunicaciones y notificaciones que deban realizarse. Si no los pudieran facilitar o lo solicitaren expresamente, las notificaciones les serán remitidas por correo ordinario al domicilio que designen.

2. A la persona denunciada se le informará sucintamente de los hechos en que consista la denuncia y del derecho que le asiste de comparecer asistido de abogado. Dicha información se practicará en todo caso por escrito.

3. En estos casos, la Policía Judicial hará entrega del atestado al Juzgado de guardia, en el que consten las diligencias y citaciones practicadas y, en su caso, la denuncia del ofendido.

4. Para la realización de las citaciones a que se refiere este artículo, la Policía Judicial fijará la hora de la comparecencia coordinadamente con el Juzgado de guardia. A estos efectos, el Consejo General del Poder Judicial, de acuerdo con lo establecido en el artículo 110 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, dictará los Reglamentos oportunos para la ordenación de los servicios de guardia de los Juzgados de Instrucción en relación con la práctica de estas citaciones, coordinadamente con la Policía Judicial.


5. En el supuesto de que la competencia para conocer corresponda al Juzgado de Violencia sobre la Mujer, la Policía Judicial habrá de realizar las citaciones a que se refiere este artículo ante dicho Juzgado en el día hábil más próximo. Para la realización de las citaciones antes referidas, la Policía Judicial fijará el día y la hora de la comparecencia coordinadamente con el Juzgado de Violencia sobre la Mujer.

A estos efectos el Consejo General del Poder Judicial, de acuerdo con lo establecido en el artículo 110 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, dictará los Reglamentos oportunos para asegurar esta coordinación.

 

 

 

Artículo 963

1. Recibido el atestado conforme a lo previsto en el artículo anterior, si el juez estima procedente la incoación del juicio, adoptará alguna de las siguientes resoluciones:

1.ª Acordará el sobreseimiento del procedimiento y el archivo de las diligencias cuando lo solicite el Ministerio Fiscal a la vista de las siguientes circunstancias:
a) El delito leve denunciado resulte de muy escasa gravedad a la vista de la naturaleza del hecho, sus circunstancias, y las personales del autor, y
b) no exista un interés público relevante en la persecución del hecho. En los delitos leves patrimoniales, se entenderá que no existe interés público relevante en su persecución cuando se hubiere procedido a la reparación del daño y no exista denuncia del perjudicado.
En este caso comunicará inmediatamente la suspensión del juicio a todos aquellos que hubieran sido citados conforme al apartado 1 del artículo anterior.

El sobreseimiento del procedimiento será notificado a los ofendidos por el delito.

2.ª Acordará la inmediata celebración del juicio en el caso de que hayan comparecido las personas citadas o de que, aun no habiendo comparecido alguna de ellas, el juzgado reputare innecesaria su presencia. Asimismo, para acordar la inmediata celebración del juicio, el Juzgado de guardia tendrá en cuenta si ha de resultar imposible la práctica de algún medio de prueba que se considere imprescindible.

2. Para acordar la celebración inmediata del juicio, será necesario que el asunto le corresponda al Juzgado de guardia en virtud de las normas de competencia y de reparto.

 

 

 

Artículo 964


1. En los supuestos no contemplados por el artículo 962, cuando la Policía Judicial tenga noticia de un hecho que presente los caracteres de algún delito leve, formará de manera inmediata el correspondiente atestado que remitirá sin dilación al Juzgado de guardia salvo para aquellos supuestos exceptuados en el artículo 284 de esta ley. Dicho atestado recogerá las diligencias practicadas, así como el ofrecimiento de acciones al ofendido o perjudicado, practicado conforme a los artículos 109, 110 y 967, y la designación, si disponen de ellos, de una dirección de correo electrónico y un número de teléfono a los que serán remitidas las comunicaciones y notificaciones que deban realizarse. Si no los pudieran facilitar o lo solicitaren expresamente, las notificaciones les serán remitidas por correo ordinario al domicilio que designen.

2. Recibido el atestado conforme a lo previsto en el párrafo anterior, y en todos aquellos casos en que el procedimiento se hubiere iniciado en virtud de denuncia presentada directamente por el ofendido ante el órgano judicial, el juez podrá adoptar alguna de las siguientes resoluciones:

a) Acordará el sobreseimiento del procedimiento y el archivo de las diligencias cuando resulte procedente conforme a lo dispuesto en el numeral 1.ª del apartado 1 del artículo anterior.
La resolución de sobreseimiento será notificada a los ofendidos por el delito.

b) Acordará celebrar de forma inmediata el juicio si, estando identificado el denunciado, fuere posible citar a todas las personas que deban ser convocadas para que comparezcan mientras dure el servicio de guardia y concurran el resto de requisitos exigidos por el artículo 963.

3. Las citaciones se harán al Ministerio Fiscal, salvo que el delito leve fuere perseguible sólo a instancia de parte, al querellante o denunciante, si lo hubiere, al denunciado y a los testigos y peritos que puedan dar razón de los hechos. Al practicar las citaciones, se apercibirá a las personas citadas de las respectivas consecuencias de no comparecer ante el Juzgado de guardia, se les informará que podrá celebrarse el juicio aunque no asistan, y se les indicará que han de comparecer con los medios de prueba de que intenten valerse. Asimismo, se practicarán con el denunciado las actuaciones señaladas en el apartado 2 del artículo 962.

 

 

 

Artículo 965

1. Si no fuere posible la celebración del juicio durante el servicio de guardia, se seguirán las reglas siguientes:


1.ª Si el juez estimare que la competencia para el enjuiciamiento corresponde al propio juzgado de instrucción y que no procede el sobreseimiento conforme a lo dispuesto en el numeral 1.ª del apartado 1 del artículo 963, el secretario judicial procederá en todo caso al señalamiento para la celebración del juicio y a las citaciones procedentes para el día hábil más próximo posible dentro de los predeterminados a tal fin, y en cualquier caso en un plazo no superior a siete días.
2.ª Si el juez estimare que la competencia para el enjuiciamiento corresponde a otro juzgado, el secretario judicial le remitirá lo actuado para que se proceda a realizar el señalamiento del juicio y las citaciones con arreglo a lo dispuesto en la regla anterior.
2. El Consejo General del Poder Judicial, de acuerdo con lo establecido en el artículo 110 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, dictará los reglamentos oportunos para la ordenación, coordinadamente con el Ministerio Fiscal, de los señalamientos de juicios de faltas.

 

 

 

Artículo 966

Las citaciones para la celebración del juicio previsto en el artículo anterior se harán al Ministerio Fiscal, al querellante o denunciante, si lo hubiere, al denunciado y a los testigos y peritos que puedan dar razón de los hechos.

A tal fin, se solicitará a cada uno de ellos en su primera comparecencia ante la Policía Judicial o el Juez de Instrucción que designen, si disponen de ellos, una dirección de correo electrónico y un número de teléfono a los que serán remitidas las comunicaciones y notificaciones que deban realizarse. Si no los pudieran facilitar o lo solicitaren expresamente, las notificaciones les serán remitidas por correo ordinario al domicilio que designen.

 

 

 

Artículo 967

1. En las citaciones que se efectúen al denunciante, al ofendido o perjudicado y al investigado para la celebración del juicio, se les informará de que pueden ser asistidos por abogado si lo desean y de que deberán acudir al juicio con los medios de prueba de que intenten valerse. A la citación del investigado se acompañará copia de la querella o de la denuncia que se haya presentado.


Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, para el enjuiciamiento de delitos leves que lleven aparejada pena de multa cuyo límite máximo sea de al menos seis meses, se aplicarán las reglas generales de defensa y representación.

2. Cuando los citados como partes, los testigos y los peritos no comparezcan ni aleguen justa causa para dejar de hacerlo, podrán ser sancionados con una multa de 200 a 2.000 euros.

 

 

 

Artículo 968


En el caso de que por motivo justo no pueda celebrarse el juicio oral en el día señalado o de que no pueda concluirse en un solo acto, el Secretario judicial señalará para su celebración o continuación el día más inmediato posible y, en todo caso, dentro de los siete siguientes, haciéndolo saber a los interesados.

 

 

 

Artículo 969

1. El juicio será público, dando principio por la lectura de la querella o de la denuncia, si las hubiere, siguiendo a esto el examen de los testigos convocados, y practicándose las demás pruebas que propongan el querellante, el denunciante y el Fiscal, si asistiere, siempre que el Juez las considere admisibles. La querella habrá de reunir los requisitos del artículo 277, salvo que no necesite firma de abogado ni de procurador. Seguidamente, se oirá al acusado, se examinarán los testigos que presente en su descargo y se practicarán las demás pruebas que ofrezca y fueren pertinentes, observándose las prescripciones de esta Ley en cuanto sean aplicables. Acto continuo expondrán de palabra las partes lo que crean conveniente en apoyo de sus respectivas pretensiones, hablando primero el Fiscal, si asistiere, después el querellante particular o el denunciante y, por último, el acusado.


2. El fiscal asistirá a los juicios por delito leve siempre que a ellos sea citado. Sin embargo, el Fiscal General del Estado impartirá instrucciones sobre los supuestos en los que, en atención al interés público, los fiscales podrían dejar de asistir al juicio y de emitir los informes a que se refieren los artículos 963.1 y 964.2, cuando la persecución del delito leve exija la denuncia del ofendido o perjudicado. En estos casos, la declaración del denunciante en el juicio afirmando los hechos denunciados tendrá valor de acusación, aunque no los califique ni señale pena.

 

 

 

Artículo 970

Si el denunciado reside fuera de la demarcación del Juzgado, no tendrá obligación de concurrir al acto del juicio, y podrá dirigir al Juez escrito alegando lo que estime conveniente en su defensa, así como apoderar a abogado o procurador que presente en aquel acto las alegaciones y las pruebas de descargo que tuviere.

 

 

 

Artículo 971

La ausencia injustificada del acusado no suspenderá la celebración ni la resolución del juicio, siempre que conste habérsele citado con las formalidades prescritas en esta Ley, a no ser que el Juez, de oficio o a instancia de parte, crea necesaria la declaración de aquél.

 

 

 

Artículo 972

En cuanto se refiere a la grabación de la vista y a su documentación, serán aplicables las disposiciones contenidas en el artículo 743.

 

 

 

Artículo 973

1. El Juez, en el acto de finalizar el juicio, y a no ser posible dentro de los tres días siguientes, dictará sentencia apreciando, según su conciencia, las pruebas practicadas, las razones expuestas por el Fiscal y por las demás partes o sus defensores y lo manifestado por los propios acusados, y siempre que haga uso del libre arbitrio que para la calificación de la falta o para la imposición de la pena le otorga el Código Penal, deberá expresar si ha tomado en consideración los elementos de juicio que el precepto aplicable de aquél obligue a tener en cuenta.


2. La sentencia se notificará a los ofendidos y perjudicados por el delito leve, aunque no se hayan mostrado parte en el procedimiento. En la notificación se harán constar los recursos procedentes contra la resolución comunicada, así como el plazo para su presentación y órgano judicial ante quien deba interponerse.

 

 

 

Artículo 974

1. La sentencia se llevará a efecto inmediatamente transcurrido el término fijado en el párrafo tercero del artículo 212, si no hubiere apelado ninguna de las partes y hubiere transcurrido, también, el plazo de impugnación para los ofendidos y perjudicados no comparecidos en el juicio.


2. Si en la sentencia se hubiere condenado al pago de la responsabilidad civil, sin fijar su importe en cantidad líquida, se estará a lo que dispone el artículo 984.

 

 

 

Artículo 975

Si las partes, conocido el fallo, expresan su decisión de no recurrir, el Juez, en el mismo acto, declarará la firmeza de la sentencia.

 

 

 

Artículo 976

1. La sentencia es apelable en el plazo de los cinco días siguientes al de su notificación. Durante este período se hallarán las actuaciones en secretaría a disposición de las partes.

2. El recurso se formalizará y tramitará conforme a lo dispuesto en los artículos 790 a 792.


3. La sentencia de apelación se notificará a los ofendidos y perjudicados por el delito leve, aunque no se hayan mostrado parte en el procedimiento.

 

 

 

Artículo 977

Contra la sentencia que se dicte en segunda instancia no habrá lugar a recurso alguno. El órgano que la hubiese dictado mandará devolver al Juez los autos originales, con certificación de la sentencia dictada, para que proceda a su ejecución.

 

CASO REAL: Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia de Madrid, desestimando la demanda presentada por el Misniterio Fiscal, por la que se pretendía se declarase la incapacidad de la persona demandada y su internamiento en un centro de salud mental.

 

 

El cliente acude al despacho tras recibir citación y emplazamiento del Juzgado de Primera Instancia de Madrid, competente para resolver sobre la capacidad de las personas, en base a la demanda presentada por Fiscalía, derivado de un informe emitido por el Servicio Público de Salud, alegando la enfermedad como motivo incapacitante de su persona y que además requiere de un internamiento involuntario en un Centro de Salud Mental para su tratamiento y cuidado, con nombramiento de la Agencia de Tutela de Adultos como tutor legal de dicha persona.

 

Ante la mencionada demanda se realizó la oportuna contestación de contrario y las partes fueron citadas a Juicio Oral, previo examen del presunto incapaz y sus familiares más próximos. A pesar del informe del Servicio Público de Salud, se ha determinado en el procedimiento judicial, tras el examen realizado por el médico forense así como con la aportación de otros informes médicos que, esta persona conserva plenamente sus facultades mentales, y el hecho de padecer una enfermedad de la cual se encuentra en tratamiento no supone la limitación de su capacidad de obrar.

 

Recoge la Sentencia "NO PADECE EN EL MOMENTO ACTUAL LIMITACION EN SU CAPACIDAD DE OBRAR, la exploración de la memoria, orientación, atención y concentración, DESCARTAN con claridad la existencia de deterioro congnitivo alguno, Es una persona orientada termporo-espacialmente, con pensamiento abstracto, capacidad de cálculo y funciones ejecutivas superiores preservadas. (...) Desestimo la demanda formulada por el Ministerio Fiscal y declaro no haber lugar a modificar la capacidad".

 

En definitiva, y aunque parezca fuera de lo común, cualquier persona que padezca una enfermedad mental ya sea de manera transitoria o permanente, puede ser demandada al objeto de determinar si conserva su capacidad de obrar o si por el contrario y como consecuencia de dicha patología o enfermedad, le supone una limitación en sus capacidades cognitivas, que le impidan desarrollarse en el tráfico jurídico con normalidad, de ahí la importancia de contar con un asesoramiento experto en la materia y que de acuerdo a sus circunstancias personales le aconseje y defienda en juicio, pues de lo contrario podría verse gravemente afectado o limitado en sus que haceres y en  la gestión de su patrimonio.

 

 Puede obtener más información sobre el procedimiento de limitación de la capacidad de las personas haciendo clic aquí.

 

Asunto defendido por el abogado Alexandra Roncero. 

 


 

Sentencia del Juzgado de Primera Instancia de Madrid

 

 Descargar Documento Completo en PDF.


 

 

DELITOS LEVES, ¿QUÉ SON?

 

A pesar del tiempo transcurrido desde la entrada en vigor de la reforma del Código Penal el 1 de julio de 2015, todavía nos encontramos con que los delitos leves son en su mayoría por los ciudadanos.

 

Con la Ley 1/15 de 30 de marzo, el 1 de julio de 2015, que reforma el Código Penal del 1995 , nos encontramos ante un cambio sustancial en la clasificación de los hechos punibles. 

 

Anteriormente esta reforma, establecía el Código Penal que, las acciones u omisiones podían ser constitutivos de delitos y faltas: Art. 1 “no será castigada ninguna acción u omisión que no este prevista como delito o falta por ley anterior a su perpetración.” Si bien a partir del 1 de julio de 2015, serán castigadas las acciones u omisiones siempre que sean constitutivos de DELITO previsto en el Código Penal.

 

Así se produce la eliminación de las conocidas FALTAS, suprimiendo el Libro III denominado “de las faltas y sus penas.” ,pero con la especialidad de que ciertas acciones que antes eran clasificadas como faltas pasan ahora a ser constitutivos de delitos leves, y otras desaparecen definitivamente a favor de la jurisdicción civil o administrativa.

 

La pregunta es ¿Y qué es un delito leve? ¿Tiene pena de  prisión? Habitualmente asociamos la palabra DELITO a penas de prisión por  hechos graves o muy graves, sin embargo ahora también contempla otras acciones u omisiones que si bien no causan alarma social si son penalmente sancionables.

 

 

Son penas leves las recogidas en el art.33.4 CP:

 

a) La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de tres meses a un año.

 

b) La privación del derecho a la tenencia y porte de armas de tres meses a un año.

 

c) Inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales de tres meses a un año.

 

d) La privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos, por tiempo inferior a seis meses.

 

e) La prohibición de aproximarse a la víctima o a aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, por tiempo de un mes a menos de seis meses.

 

f) La prohibición de comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, por tiempo de un mes a menos de seis meses.

 

g) La multa de hasta tres meses.

 

h) La localización permanente de un día a tres meses.

 

i) Los trabajos en beneficio de la comunidad de uno a treinta días.

 

 

Establece el Código Penal, art.13.3 “son delitos leves las infracciones que la ley castiga con pena leve” 4. “Cuando la pena, por su extensión, pueda considerarse como leve y como menos grave, el delito se considerará, en todo caso, como leve”.

 

A continuación exponemos el listado de los delitos leves:

 

  1. Causar la muerte de otro por imprudencia menos grave.

 

Art.142.2 CP “2.El que por imprudencia menos grave causare la muerte de otro, será castigado con la pena de multa de tres meses a dieciocho meses.

 

         2. Delito leve de lesiones

                                  Art.  147.2 CP “El que, por cualquier medio o procedimiento, causare a otro una lesión no incluida en el apartado anterior, será castigado con la pena de multa de uno a tres meses

 

        3. Delito leve de maltrato de obra

                                 Art. 147.3 CP “El que golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle lesión, será castigado con la pena de multa de uno a dos meses.

 

        4. Delito leve de lesiones graves por imprudencia menos grave

                             Art. 152.2 CP El que por imprudencia menos grave causare alguna de las lesiones a que se refieren los artículos 149 y 150 será castigado con una pena de multa de tres meses a doce meses.

 

         5. Delito leve de detención ilegal

                               Art. 163.4 CP “El particular que, fuera de los casos permitidos por las leyes, aprehendiere a una persona para presentarla inmediatamente a la autoridad, será castigado con la pena de multa de tres a seis meses.”

 

          6. Delito leve de amenazas

                              Art. 171.7 CP “Fuera de los casos anteriores, el que de modo leve amenace a otro será castigado con la pena de multa de uno a tres meses.

 

          7. Delito leve de coacciones

                             Art. 172.3 CP “Fuera de los casos anteriores, el que cause a otro una coacción de carácter leve, será castigado con la pena de multa de uno a tres meses.

 

          8. Delito leve de injurias o vejaciones  a personas del 173.2 CP

                    Art. 173.4 CP “Quien cause injuria o vejación injusta de carácter leve, cuando el ofendido fuera una de las personas a las que se refiere el apartado 2 del artículo 173, será castigado con la pena de localización permanente de cinco a tre siempre en domicilio diferente y alejado del de la víctima, o trabajos en beneficio de la comunidad de cinco a treinta días, o multa de uno a cuatro meses, esta última únicamente en los supuestos en los que concurran las circunstancias expresadas en el apartado 2 del artículo 84.”

 

          9. Delito leve de omisión de socorro

                         Art. 195 CP “1. El que no socorriere a una persona que se halle desamparada y en peligro manifiesto y grave, cuando pudiere hacerlo sin riesgo propio ni de terceros, será castigado con la pena de multa de tres a doce meses. 2. En las mismas penas incurrirá el que, impedido de prestar socorro, no demande con urgencia auxilio ajeno.”

 

        10. Delito leve de mantenerse en local abierto al público

                    Art. 203.2 CP “Será castigado con la pena de multa de uno a tres meses el que se mantuviere contra la voluntad de su titular, fuera de las horas de apertura, en el domicilio de una persona jurídica pública o privada, despacho profesional u oficina, o en establecimiento mercantil o local abierto al público.

 

         11. Delito leve de injurias graves sin publicidad

                         Art. 209 CP “Las injurias leves hechas sin publicidad  se castigarán  con la pena de multa de tres a siete meses.”

 

         12. Delito leve de hurto por  importe inferior a 400€  

                        Art. 234.2 CP “Se impondrá una pena de multa de uno a tres meses si la cuantía de lo sustraído no excediese de 400 euros, salvo si concurriese alguna de las circunstancias del artículo 235.

 

          13. Delito leve de sustracción de cosa propia  

                        Art. 236.1 y 2 CP “1.Será castigado con multa de tres a doce meses el que, siendo dueño de una cosa mueble o actuando con el consentimiento de éste, la sustrajere de quien la tenga legítimamente en su poder, con perjuicio del mismo o de un tercero.

                        2.Si el valor de la cosa sustraída no excediera de 400 euros, se impondrá la pena de multa de uno a tres meses.”

 

           14. Delito leve de usurpación de inmueble

                         Art. 245.2 CP “El que ocupare, sin autorización debida, un inmueble, vivienda o edificios ajenos que no constituyan morada, o se mantuvieren en ellos contra la voluntad de su titular.”

 

            15. Delito leve de alteración de lindes o mojones  

                      Art. 246.1 y 2 CP “1.El que alterare términos o lindes de pueblos o heredades o cualquier clase de señales o mojones destinados a fijar los límites de propiedades o demarcaciones de predios contiguos, tanto de dominio público como privado, será castigado con la pena de multa de tres a dieciocho meses.

                2.Si la utilidad reportada no excediere de 400 euros, se impondrá la pena de multa de uno a tres meses

 

 

           16. Delito leve de distracción de aguas  

                     Art. 247.1 CP “El que, sin hallarse autorizado, distrajere las aguas de uso público o privativo de su curso, o de su embalse natural o artificial, será castigado con la pena de multa de tres a seis meses.

               2.Si la utilidad reportada no excediere de 400 euros, se impondrá la pena de multa de uno a tres meses.

 

             17. Delito leve de estafa por importe inferior a 400€  

                     Art. 249 CP “Si la cuantía de lo defraudado no excediere de 400 euros, se impondrá la pena de multa de uno a tres meses

 

           18. Delito leve de administración desleal

                Art. 252 CP “Los que teniendo facultades para administrar un patrimonio ajeno, emanadas de la ley, encomendadas por la autoridad o asumidas mediante un negocio jurídico, las infrinjan excediéndose en el ejercicio de las mismas y, de esa manera, causen un perjuicio al patrimonio administrado.

               2.Si la cuantía del perjuicio patrimonial no excediere de 400 euros, se impondrá una pena de multa de uno a tres meses.”

 

 

           19.  Delito leve de apropiación indebida

                      Art. 253.2 CP “Si la cuantía de lo apropiado no excediere de 400 euros, se impondrá una pena de multa de uno a tres meses.”

 

           20. Delito leve de apropiación de cosa mueble ajena 

                Art. 254.1 y 2 CP “1.Quien, fuera de los supuestos del artículo anterior, se apropiare de una cosa mueble ajena, será castigado con una pena de multa de tres a seis meses.  

                2.Si la cuantía de lo apropiado no excediere de 400 euros, se impondrá una pena de multa de uno a dos meses.

 

           21. Delito leve de defraudación de fluido eléctrico, gas, agua, telecomunicaciones u otra energía 

               Art. 255 CP “1. Será castigado con la pena de multa de tres a doce meses el que cometiere defraudación utilizando energía eléctrica, gas, agua, telecomunicaciones u otro elemento, energía o fluido ajenos, por alguno de los medios siguientes:

                                            1.º Valiéndose de mecanismos instalados para realizar la defraudación.

                                            2.º Alterando maliciosamente las indicaciones o aparatos contadores.

                                            3.º Empleando cualesquiera otros medios clandestinos.

                   2. Si la cuantía de lo defraudado no excediere de 400 euros, se impondrá una pena de multa de uno a tres meses.

 

          22. Delito leve de uso de terminales de telecomunicaciones 

              Art. 256.1 y 2 CP “1.El que hiciere uso de cualquier equipo terminal de telecomunicación, sin consentimiento de su titular, y causando a éste un perjuicio económico, será castigado con la pena de multa de tres a doce meses.

             2.Si la cuantía del perjuicio causado no excediere de 400 euros, se impondrá una pena de multa de uno a tres meses.”

 

          23. Delito leve de daños importe inferior a 400€ 

              Art. 263.1 CP “1.El que causare daños en propiedad ajena no comprendidos en otros títulos de este Código, si la cuantía del daño causado no excediere de 400 euros, se impondrá una pena de multa de uno a tres meses.”

 

          24. Delito leve de daños por imprudencia grave

                   Art. 267 CP “Los daños causados por imprudencia grave en cuantía superior a 80.000 euros, serán castigados con la pena de tres a nueve meses, atendiendo la importancia de los mismo.”

 

          25. Delito leve de daños por imprudencia grave en patrimonio histórico, artístico, etc….

                 Art. 324 CP “El que por imprudencia grave cause daños, en cuantía superior a 400 euros, en un archivo, registro, museo, biblioteca, centro docente, gabinete científico, institución análoga o en bienes de valor artístico, histórico, cultural, científico o monumental, así como en yacimientos arqueológicos, será castigado con la pena de multa de tres a 18 meses, atendiendo a la importancia de los mismos.

 

          26. Delito leve de maltrato de animal doméstico

                  Art. 337.4 CP “Los que, fuera de los supuestos a que se refieren los apartados anteriores de este artículo, maltrataren cruelmente a los animales domésticos o a cualesquiera otros en espectáculos no autorizados legalmente, serán castigados con una pena de multa de uno a seis meses. Asimismo, el juez podrá imponer la pena de inhabilitación especial de tres meses a un año para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales.

 

         27. Delito leve de abandono de animal doméstico

                 Art. 337.Bis CP “El que abandone a un animal de los mencionados en el apartado 1 del artículo anterior en condiciones en que pueda peligrar su vida o integridad será castigado con una pena de multa de uno a seis meses. Asimismo, el juez podrá imponer la pena de inhabilitación especial de tres meses a un año para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales.

 

          28. Delito leve de uso de moneda falsa

                  Art. 386.3 CP “El que habiendo recibido de buena fe moneda falsa la expenda o distribuya después de constarle su falsedad será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a veinticuatro meses. No obstante, si el valor aparente de la moneda no excediera de 400 euros, se impondrá la pena de multa de uno a tres meses.

 

         29. Delito leve de uso sellos/efectos timbrados  

                Art. 389 CP “El adquirente de buena fe de sellos de correos o efectos timbrados que, conociendo su falsedad, los distribuyera o utilizara será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a veinticuatro meses. No obstante, si el valor aparente de los sellos o efectos timbrados no excediera de 400 euros, se impondrá la pena de multa de uno a tres meses

 

        30. Delito leve de falsedad de certificado por particular

                 Art. 399.1 CP “El particular que falsificare una certificación de las designadas en los artículos anteriores será castigado con la pena de multa de tres a seis meses.”

 

        31. Delito leve de fabricación de útiles para falsificar

                 Art. 400 CP “La fabricación, recepción, obtención o tenencia de útiles, materiales, instrumentos, sustancias, datos y programas informáticos, aparatos, elementos de seguridad, u otros medios específicamente destinados a la comisión de los delitos descritos en los Capítulos anteriores, se castigarán con la pena señalada en cada caso para los autores.

 

        32. Delito leve de uso de uniforme, traje o insignia

                 Art. 402 CP “El que sin estar autorizado usare pública e indebidamente uniforme, traje o insignia que le atribuyan carácter oficial será castigado con la pena de multa de uno a tres meses.

 

        33. Delito leve de acusación y denuncia falsa de delito leve  

             Art. 456.1 CP “Los que, con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad, imputaren a alguna persona hechos que, de ser ciertos, constituirían infracción penal, si esta imputación se hiciera ante funcionario judicial o administrativo que tenga el deber de proceder a su averiguación, serán sancionados: 3.ºCon la pena de multa de tres a seis meses, si se imputara un delito leve.

 

        34. Delito leve de destrucción de documentos o actuaciones por un particular

                   Art. 465.2 CP “Si los hechos descritos en el apartado primero de este artículo fueran realizados por un particular, la pena será de multa de tres a seis meses.”

 

         35. Delito leve de proporcionar evasión a un preso o detenido

                  Art. 470.3 CP “ El particular que proporcione la evasión a un condenado, preso o detenido, bien del lugar en que esté recluido, bien durante su conducción, si se tratara alguna de las personas citadas en el artículo 464, se les castigará con la pena de multa de tres a seis meses.”

 

          36. Delito leve de falta de respeto a la autoridad

                    Art. 556 CP “Los que faltaren al respeto y consideración debida a la autoridad, en el ejercicio de sus funciones, serán castigados con la pena de multa de uno a tres meses.”

 

 

 Descargar BOE en PDF.

 

 

 


  

Nuevo baremo de Accidentes de tráfico. Ley 35/2015, de 22 de septiembre, Reforma del Sistema para la Valoración de los daños causados como consecuencia de un Accidente de Tráfico.

 

Trás una larga espera, se ha publicado finalmente el baremo o sistema de valoración de los daños derivados de los accidentes de tráfico cuya entrada en vigor se producirá a partir del 1 de enero de 2016. 

 

El pasado día 23 de septiembre de 2015, se publicó en el BOE el esperado baremo para la valoración de los daños en accidentes de tráfico, el cual pretende un justo resarcimiento de los perjuicios sufridos por las víctimas y sus familias como consecuencia de un siniestro. Si bien, para el año 2015 no se ha publicado la actualización del mismo, debiendo aplicarse a los accidentes de tráfico ocurrido durante el 2015 el sistema establecido para el período de 2014 por Resolución de 5 de marzo  de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones por la que se publican las cuantías de las indemnizaciones por muerte, lesiones permanentes e incapacidad temporal que resultarán de aplicar durante el 2014 el sistema para valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación. (para ver pinchar aquí).

Hasta la fecha, la valoración de los daños causados como consecuencia de un accidente de tráfico venía recogido en el Anexo del Texto Refundido de la Ley de Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre

La nueva regulación del sistema de valoración, tiende a completar y/o cubrir de manera realista los graves perjuicios que supone para un lesionado las consecuencias del accidente, hasta el punto incluso de suponer un cambio en la vida diaria, como viene siendo en los grandes lesionados que llegan incluso a necesitar de la ayuda de una tercera persona para las tareas cotidianas. Con el anterior sistema de valoración, o  comúnmente denominado “baremo”, no se llegaba a indemnizar completamente las lesiones derivadas del accidente, sino que se aplicaba la escala dentro de un patrón común, aplicado a la generalidad, sin concretarse al caso concreto y sus circunstancias especiales. Así la nueva reforma pretende detallar cada partida indemnizatoria a percibir por el perjudicado-lesionado o por los perjudicados familiares y allegados del lesionado en caso de fallecimiento de éste.

Con la idea de que el perjudicado por el accidente de tráfico vuelva a su estado anterior al siniestro o lo más próximo posible, se han introducido una serie de novedades que el anterior “baremo” no contemplaba. Así destacamos las siguientes:

1º Se determina separadamente las indemnizaciones para los casos de muerte, incapacidad temporal y secuelas. En cada situación se diferencia entre el perjuicio personal básico, perjuicio particular y el perjuicio patrimonial.

Con el perjuicio personal básico se establecen una serie de mínimos por la que indemnizar al perjudicado. El perjuicio particular pretende completar la indemnización básica en el caso de que se den concretas circunstancias relacionadas con el fallecido o en su caso, con el lesionado.

Se introduce el concepto de perjuicio patrimonial, desarrollado en dos aspectos:el daño emergente y el lucro cesante. Figuras que no contemplaba el derogado sistema de valoración y que suponen toda una novedad para cuantificar la indemnización por estos conceptos de una manera personalizada al caso en cuestión; Así con el daño emergente se trata de cubrir todo gasto  derivado del accidente de tráfico bien por el lesionado, bien por los demás perjudicados, como son en los casos de muerte, el entierro y funeral, desplazamiento y traslado del fallecido…, en caso de secuelas, los futuros gastos médicos previsibles, gasto en prótesis, rehabilitación, traslados a las consultas médicas, adecuación de vehículo y otros medios de apoyo a la autonomía personal y la necesidad de ayuda  por tercera persona..., y en caso de incapacidad temporal, los gastos asistenciales en que se haya incurrido, desplazamientos necesarios, etc… donde la entidad aseguradora podrá cubrir el coste directamente con los servicios públicos de salud u otras entidades, a través de los convenios suscritos.

Respecto al lucro cesante, se supera el factor corrector contenido en el anterior sistema sobre la base de la indemnización, y se determina ahora una serie de conceptos a tener en cuenta para calcular los perjuicios económicos  que deriven de la nueva situación de lesionado/fallecido, además de las pérdidas netas de ingresos provenientes del trabajo personal.

2º Señalamos otros aspectos relevantes incluidos en la reforma del baremo, como los sigguientes:

-        - Se reconoce como perjudicado al miembro supérstite de la pareja de hecho estable, constituida mediante inscripción en un registro o que haya ha convivido un mínimo de 1 año inmediatamente anterior al fallecimiento o período inferior si tiene un hijo en común.

      - Obligación de la entidad aseguradora de hacer una oferta motivada dentro de los 3 meses desde el siniestro.

-         - Impone el deber  de colaboración del perjudicado para la peritación por los servicios médicos del eventual responsable.

-     -  Posibilidad de acordar con la entidad aseguradora el abono de  una renta vitalicia.

      -  Necesidad de acreditar la dependencia económica del fallecido/lesionado para poder concurrir como perjudicado  a indemnizar.

      -  Se indemniza el perjuicio moral sufrido por perdida de calidad de vida.

      -  Indemnización para ayuda de tercera persona en casos de grandes lesionados, muy graves o graves según la edad del lesionado y la hora de ayuda o trabajo.

     -  En el caso de lesiones temporales, se elimina el concepto de días impeditivos y no impeditivos, fijando un importe fijo por día de curación que podrá incrementarse si se dan circunstancias más graves. Lesión habitual de traumatismo cervical.

      -  Reconocimiento de las labores del hogar como trabajo no remunerado aplicándo el SMI anual, así como la pérdida de capacidad de trabajo para las personas menores de 30 años o estudiantes.

 

En definitiva, con la reforma operada en el baremo se pretende detalar pormenorizadamente cada concepto indemnizable y así el perjudicado obtendría una cuantía lo más reparadora posible dentro de sus circunstancias  concretas que han sido expresamente valoradas.

 

 

Descargar en Formato PDF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Como cada año por estas fechas, se espera la publicación del denominado "baremo de accidentes" que resulte de aplicación para aquellas lesiones estabilizadas durante el año 2015.

 

EYa quedó aporbada la Ley de reforma del Sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación. Para Acceder al Texto, pulsa aquí.

 

Entrará en vigo en Enero de 2016.

Os iremos detallando el contenido de la reforma.

 

Durante la espera, os dejamos el baremo del año 2014.

 

Resolución de 5 de marzo de 2014, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se publican las cuantías de las indemnizaciones por muerte, lesiones permanentes e incapacidad temporal que resultarán de aplicar durante 2014 el sistema para valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación.

Descargar en Formato PDF

TEXTO

En aplicación del apartado primero del anexo del texto refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, acuerda dar publicidad a través de esta Resolución a las indemnizaciones, vigentes durante el año 2014, para caso de muerte, lesiones permanentes e incapacidades temporales, que resultan de aplicar el sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, recogido en el texto refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, incorporándose como anexo las cuantías. Madrid, 5 de marzo de 2014.–La Directora General de Seguros y Fondos de Pensiones, María Flavia Rodríguez-Ponga Salamanca.

ANEXO AÑO 2014

Tabla I

Indemnizaciones básicas por muerte (incluidos daños morales)

Perjudicados/beneficiarios (1) de la indemnización

(por grupos excluyentes)

Edad de la víctima

Hasta 65 años

Euros

De 66 a 80 años

Euros

Más de 80 años

Euros

Grupo I

Víctima con cónyuge (2)

     

Al cónyuge

115.035,21

86.276,40

57.517,60

A cada hijo menor

47.931,33

47.931,33

47.931,33

A cada hijo mayor:

     

Si es menor de veinticinco años

19.172,54

19.172,54

7.189,70

Si es mayor de veinticinco años

9.586,26

9.586,26

4.793,14

A cada padre con o sin convivencia con la víctima

9.586,26

9.586,26

A cada hermano menor huérfano y dependiente de la víctima

47.931,33

47.931,33

Grupo II

Víctima sin cónyuge (3) y con hijos menores

     

Sólo un hijo

172.552,79

172.552,79

172.552,79

Sólo un hijo, de víctima separada legalmente

134.207,73

134.207,73

134.207,73

Por cada hijo menor más (4)

47.931,33

47.931,33

47.931,33

A cada hijo mayor que concurra con menores

19.172,54

19.172,54

7.189,70

A cada padre con o sin convivencia con la víctima

9.586,26

9.586,26

A cada hermano menor huérfano y dependiente de la víctima

47.931,33

47.931,33

Grupo III

Víctima sin cónyuge (3) y con todos sus hijos mayores

     

III.1 Hasta veinticinco años:

     

A un solo hijo

124.621,47

124.621,47

71.897,00

A un solo hijo, de víctima separada legalmente

95.862,67

95.862,67

57.517,60

Por cada otro hijo menor de veinticinco años (4)

28.758,80

28.758,80

14.379,40

A cada hijo mayor de veinticinco años que concurra con menores de veinticinco años

9.586,26

9.586,26

4.793,14

A cada padre con o sin convivencia con la víctima

9.586,26

9.586,26

A cada hermano menor huérfano y dependiente de la víctima

47.931,33

47.931,33

III.2 Más de veinticinco años:

     

A un solo hijo

57.517,60

57.517,60

38.345,07

Por cada otro hijo mayor de veinticinco años más (4)

9.586,26

9.586,26

4.793,14

A cada padre con o sin convivencia con la víctima

9.586,26

9.586,26

A cada hermano menor huérfano y dependiente de la víctima

47.931,33

47.931,33

Grupo IV

Víctima sin cónyuge (3) ni hijos y con ascendientes

     

Padres (5):

     

Convivencia con la víctima

105.448,93

76.690,12

Sin convivencia con la víctima

76.690,12

57.517,60

Abuelo sin padres (6):

     

A cada uno

28.758,80

A cada hermano menor de edad en convivencia con la víctima en los dos casos anteriores

19.172,54

Grupo V

Víctima con hermanos solamente

     

V.1 Con hermanos menores de veinticinco años:

     

A un solo hermano

76.690,12

57.517,60

38.345,07

Por cada otro hermano menor de veinticinco años (7)

19.172,54

19.172,54

9.586,26

A cada hermano mayor de veinticinco años que concurra con hermanos menores de veinticinco años

9.586,26

9.586,26

9.586,26

V.2 Sin hermanos menores de veinticinco años:

     

A un solo hermano

47.931,33

28.758,80

19.172,54

Por cada otro hermano (7)

9.586,26

9.586,26

9.586,26

(1) Con carácter general:

a) Cuando se trate de hijos, se incluirán también los adoptivos.

b) Cuando se fijen cuantías distintas según la edad del perjudicado o beneficiario se aplicará la edad que tuviese éste en la fecha en que se produjo el accidente de la víctima.

(2) Cónyuge no separado legalmente al tiempo del accidente. Las uniones conyugales de hecho consolidadas se asimilarán a las situaciones de derecho.

(3) Se equiparan a la ausencia de cónyuge la separación legal y el divorcio. No obstante, si el cónyuge separado o divorciado tiene derecho a la pensión regulada en el artículo 97 de Código Civil, le corresponderá una indemnización igual al 50 por 100 de las fijadas para el cónyuge en el grupo I. En los supuestos de concurrencia con uniones conyugales de hecho o, en su caso, de aquéllos o éstos con cónyuges no separados legalmente, la indemnización fijada para el cónyuge en el grupo I se distribuirá entre los concurrentes en proporción a la cuantía que les hubiera correspondido de no haber concurrencia.

(4) La cuantía total de la indemnización que corresponda según el número de hijos se asignará entre ellos a partes iguales.

(5) Si concurriesen uno que conviviera y otro que no conviviera con la víctima se asignará a cada uno el 50 por 100 de la cuantía que figura en su respectivo concepto.

(6) La cuantía total de la indemnización se distribuirá al 50 por 100 entre los abuelos paternos y maternos.

(7) La cuantía total de la indemnización que corresponda según el número de hermanos se asignará entre ellos a partes iguales.

Tabla II

Factores de corrección para las indemnizaciones básicas por muerte

Descripción

Aumento

(en porcentaje

o en euros)

Porcentaje

de reducción

Perjuicios económicos

   

Ingresos netos anuales de la víctima por trabajo personal:

   

Hasta 28.758,81 euros (1)

Hasta el 10

De 28.758,82 a 57.517,60 euros

Del 11 al 25

De 57.517,61 hasta 95.862,67 euros

Del 26 al 50

Más de 95.862,67 euros

Del 51 al 75

Circunstancias familiares especiales

   

Discapacidad física o psíquica acusada (anterior al accidente) del perjudicado/beneficiario:

Si es cónyuge o hijo menor

Del 75 al 100 (2)

Si es hijo mayor con menos de veinticinco años

Del 50 al 75 (2)

Cualquier otro perjudicado/beneficiario

Del 25 al 50 (2)

Víctima hijo único

   

Si es menor

Del 30 al 50

Si es mayor, con menos de veinticinco años

Del 20 al 40

Si es mayor, con más de veinticinco años

Del 10 al 25

Fallecimiento de ambos padres en el accidente

   

Con hijos menores

Del 75 al 100 (3)

Sin hijos menores:

   

Con hijos menores de veinticinco años

Del 25 al 75 (3)

Sin hijos menores de veinticinco años

Del 10 al 25 (3)

Víctima embarazada con pérdida de feto a consecuencia del accidente

   

Si el concebido fuera el primer hijo:

   

Hasta el tercer mes de embarazo

14.379,40

A partir del tercer mes

38.345,07

Si el concebido fuera el segundo hijo o posteriores:

   

Hasta el tercer mes

9.586,26

A partir del tercer mes

19.172,54

Elementos correctores del apartado primero.7 de este anexo

 

Hasta el 75

(1) Se incluirá en este apartado cualquier víctima en edad laboral, aunque no se justifiquen ingresos.

(2) Sobre la indemnización que corresponda al beneficiario discapacitado.

(3) Sobre la indemnización básica que corresponda a cada perjudicado.

Tabla III

Indemnizaciones básicas por lesiones permanentes (incluidos daños morales) Valores del punto en euros

Puntos

Hasta 20 años

De 21 a 40 años

De 41 a 55 años

De 56 a 65 años

Más de 65 años

Euros 2014

Euros 2014

Euros 2014

Euros 2014

Euros 2014

1

852,40

789,14

725,87

668,23

598,10

2

878,70

811,68

744,65

686,72

607,58

3

902,31

831,85

761,35

703,23

617,15

4

923,24

849,61

775,94

717,76

622,33

5

941,48

864,98

788,45

730,29

627,63

6

957,04

877,97

798,88

740,83

631,54

7

977,61

895,63

813,61

755,32

639,08

8

996,14

911,50

826,79

768,34

645,58

9

1.012,70

925,56

838,40

779,84

651,02

10-14

1.027,22

937,83

848,45

789,87

655,44

15-19

1.207,26

1.105,04

1.002,79

929,98

731,43

20-24

1.372,62

1.258,60

1.144,58

1.058,69

800,84

25-29

1.537,65

1.411,75

1.285,88

1.187,07

871,72

30-34

1.692,14

1.555,16

1.418,18

1.307,27

937,85

35-39

1.836,34

1.689,03

1.541,71

1.419,51

999,37

40-44

1.970,56

1.813,64

1.656,73

1.523,94

1.056,42

45-49

2.095,03

1.929,22

1.763,42

1.620,80

1.109,08

50-54

2.210,03

2.036,02

1.862,01

1.710,32

1.157,46

55-59

2.363,03

2.177,79

1.992,55

1.829,20

1.226,25

60-64

2.513,02

2.316,79

2.120,56

1.945,76

1.293,65

65-69

2.660,10

2.453,07

2.246,05

2.060,05

1.359,76

70-74

2.804,28

2.586,67

2.369,09

2.172,09

1.424,55

75-79

2.945,61

2.717,65

2.489,71

2.281,94

1.488,07

80-84

3.084,20

2.846,06

2.607,95

2.389,65

1.550,36

85-89

3.220,04

2.971,97

2.723,90

2.495,20

1.611,43

90-99

3.353,26

3.095,41

2.837,55

2.598,72

1.671,30

100

3.483,84

3.216,41

2.948,98

2.700,25

1.729,99

Tabla IV

Factores de corrección para las indemnizaciones básicas por lesiones permanentes

Descripción

Aumento

(en porcentaje o en euros)


Porcentaje

de reducción

Perjuicios económicos

   

Ingresos netos de la víctima por trabajo personal:

   

Hasta 28.758,81 euros (1)

Hasta el 10

De 28.758,82 a 57.517,60 euros

Del 11 al 25

De 57.517,61 hasta 95.862,67 euros

Del 26 al 50

Más de 95.862,67 euros

Del 51 al 75

Daños morales complementarios

   

Se entenderán ocasionados cuando una sola secuela exceda de 75 puntos o las concurrentes superen los 90 puntos. Sólo en estos casos será aplicable

Hasta 95.862,67

Lesiones permanentes que constituyan una incapacidad para la ocupación o actividad habitual de la víctima

   

Permanente parcial:

   

Con secuelas permanentes que limiten parcialmente la ocupación o actividad habitual, sin impedir la realización de las tareas fundamentales de la misma

Hasta 19.172,54

Permanente total:

   

Con secuelas permanentes que impidan totalmente la realización de las tareas de la ocupación o actividad habitual del incapacitado

De 19.172,55 a 95.862,67

Permanente absoluta:

   

Con secuelas que inhabiliten al incapacitado para la realización de cualquier ocupación o actividad

De 95.862,68 a 191.725,34

Grandes inválidos

   

Personas afectadas con secuelas permanentes que requieren la ayuda de otras personas para realizar las actividades más esenciales de la vida diaria, como vestirse, desplazarse, comer o análogas (tetraplejías, paraplejías, estados de coma vigil o vegetativos crónicos, importantes secuelas neurológicas o neuropsiquiátricas con graves alteraciones mentales o psíquicas, ceguera completa, etc.):

   

Necesidad de ayuda de otra persona:

   

Ponderando la edad de la víctima y grado de incapacidad para realizar las actividades más esenciales de la vida. Se asimilan a esta prestación el coste de la asistencia en los casos de estados de coma vigil o vegetativos crónicos

Hasta 383.450,65

Adecuación de la vivienda

   

Según características de la vivienda y circunstancias del incapacitado, en función de sus necesidades

Hasta 95.862,67

Perjuicios morales de familiares:

   

Destinados a familiares próximos al incapacitado en atención a la sustancial alteración de la vida y convivencia derivada de los cuidados y atención continuada, según circunstancias

Hasta 143.794,00

Embarazada con pérdida de feto a consecuencia del accidente (2)

   

Si el concebido fuera el primer hijo:

   

Hasta el tercer mes de embarazo

Hasta 14.379,41

A partir del tercer mes

Hasta 38.345,07

Si el concebido fuera el segundo hijo o posteriores:

   

Hasta el tercer mes de embarazo

Hasta 9.586,26

A partir del tercer mes

Hasta 19.172,54

Elementos correctores del apartado primero.7 de este anexo

Según circunstancias

Según circunstancias

Adecuación del vehículo propio

   

Según características del vehículo y circunstancias del incapacitado permanente, en función de sus necesidades

Hasta 28.758,80

(1) Se incluirá en este apartado cualquier víctima en edad laboral, aunque no se justifiquen ingresos.

(2) Habrá lugar a la percepción de esta indemnización, aunque la embarazada no haya sufrido lesiones.

Tabla V

Indemnizaciones por incapacidad temporal (compatibles con otras indemnizaciones)

A) Indemnización básica (incluidos daños morales):

Día de baja

Indemnización diaria

Euros

Durante la estancia hospitalaria

71,84

Sin estancia hospitalaria:

 

Impeditivo (1)

58,41

No Impeditivo

31,43

(1) Se entiende por día de baja impeditivo aquél en que la víctima está incapacitada para desarrollar su ocupación o actividad habitual.

B) Factores de corrección:

Descripción

Porcentajes aumento

Porcentajes disminución

Perjuicios económicos

   

Ingresos netos anuales de la víctima por trabajo personal:

   

Hasta 28.758,81 euros

Hasta el 10

De 28.758,82 a 57.517,60 euros

Del 11 al 25

De 57.517,61 hasta 95.862,67 euros

Del 26 al 50

Más de 95.862,67 euros

Del 51 al 75

Elementos correctores de disminución del apartado primero.7 de este anexo

Hasta el 75


accidentes-de-trafico-baremos

V & S Abogados en Madrid >>>

Abogados para Accidentes

 - BAREMOS

- Ley de Contrato de Seguro

Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

 

Abogados Expertos en Accidentes de Tráfico

Contactar llamando al 91 530 96 95  - Urgencias 619 41 23 11

Abogados Expertos en Accidentes de Tráfico

Servicio en toda de España

¿QUÉ HACER EN CASO DE ACCIDENTE DE TRÁFICO? 

 

Ésta es una de las preguntas más frecuentes formuladas por los usuarios de vehículos a motor junto con cuanto se percibe como indemnización.  

A continuación exponemos una guía práctica sobre como proceder ante el accidente de tráfico, ya fuera de caracter leve o con heridos.

 

 

En primer lugar e inmediantamente a continuacion de sufrir un accidente de tráfico, es constatar que usted se encuentra bien, manteniendo la calma, que no tiene heridas o no se encuentra impedido para moverse. Si se encuentra aparentemente bien, o con lesiones de carácter leve, compruebe el estado de salud tanto de los demas ocupantes como del conductor del otro vehículo, sea perjudicado o culpable. Lo principial es ofrecer una asistencia sanitaria inmediata. Para el caso de que haya lesionados, debe realizar una llamada a los servicios de emergencias para que acudan a auxiliarles lo antes posible. 

 

 

En segundo lugar y ante un accidente de carácter leve, donde los implicados no requieren en ese preciso momento de una asistencia sanitaria urgente, resulta recomendable el completar el "Parte amistoso de accidentes" haciendo constar los datos de los vehículos implicados, así como el croquis de como se ha producido, lugar, pasajeros o peatones afectados y posibles testigos, firmado por los conductores. Cada parte se quedará una copia, la cual deberá remitir en el plazo máximo de 7 días a su compañía aseguradora. Para el caso de discusión, violencia, gravedad de los lesionados o discrepancias a la hora de completar el parte amistoso, llame a la policia, resultará útil el parte de accidentes a efectos de determinar el culpable del siniestro.

 

 

Resulta recomendable que acuda al médico tras el accidente, y siempre que note un empeoramiento de salud, pues hay lesiones que no se manifiestan hasta transcurridas 12 horas o incluso días desde que se produjeron. Conserve la documentación médica al objeto de acreditar que ha padecido lesiones derivadas del accidente de tráfico.

 

 

En resumen, son tres los pasos a seguir ante un accidente de tráfico, siempre que sea de poca entidad:

1º Comprobación del estado de salud personal como de terceros. 

2º Obtener los datos del contrario necesarios para la elaboración del parte amistoso de accidentes.

3º Remitir el parte de accidentes a la compañia aseguradora de nuestro vehículo.

 

 

Para los casos de mayor gravedad por el número de implicados, por las lesiones sufridas por los demás usuarios de la vía o por las circunstancias de como se ha producido el accidente, se debe de llamar a los servicios de emergencias y a la autoridad policial, que se harán cargo de la situación.

 

Para obtener información sobre como reclamar una indemnización puede consultar nuestra sección de accidentes de tráfico pinchando aquí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para acceder al texto del Real Decreto 625/2014, de 18 de julio, pinche aquí

Título Sentencia de Tribunal Supremo de 5 de mayo de 2014, por la que resuelve y unifica la doctrina en relación a la percepción de prestaciones contributivas se puede considerar situación asimilada al alta en la Seguridad Social.

 

En el presente caso, se ha estimado la demanda presentada por el solicitante de la pensión de viudedad en base a que el fallecido cumplía todos los requsitos legalmente establecidos para su reconcimiento.

El Instituto Nacional de la Seguridad había desestimado la solicitud presentada por la viuda para la percepción de la pensión de viudedad por considerar que el causante no reunia los requistos establecidos en la Ley General de la Seguridad Social siendo estos el no encontrarse a fecha del fallecimiento en alta o situación asimilada al alta, y no haber completado el período mínimo de cotización.

Establece el art. Artículo 174 de la Ley General de la Seguridad Social que;  "Pensión de viudedad: 1. Tendrá derecho a la pensión de viudedad, con carácter vitalicio, salvo que se produzca alguna de las causas de extinción que legal o reglamentariamente se establezcan, el cónyuge superviviente cuando, al fallecimiento de su cónyuge, éste, si al fallecer se encontrase en alta o en situación asimilada a la de alta, hubiera completado un período de cotización de quinientos días, dentro de un período ininterrumpido de cinco años inmediatamente anteriores a la fecha del hecho causante de la pensión. En los supuestos en que se cause aquélla desde una situación de alta o de asimilada al alta, sin obligación de cotizar, el período de cotización de quinientos días deberá estar comprendido dentro de un período ininterrumpido de cinco años inmediatamente anteriores a la fecha en que cesó la obligación de cotizar. En cualquier caso, si la causa de la muerte fuera un accidente, sea o no de trabajo, o una enfermedad profesional, no se exigirá ningún período previo de cotización."

 

 A la vista de lo anterior, la solicitante de la pensión presentó demanda ante los Juzgados de lo Social contra el INSS y contra la Tesorería General de la seguridad, habiendose dictado Sentencia estimatoria de la demanda por el Juzgado de lo Social como por el Tribunal Superiro de Justicia, derivado del recurso de suplicaicón formulado por el INSS.

Examinado el caso por el Tribunal Supremo y ante la diversidad de resoluciones judiciales presentafa por el INSS apoyando su recurso, acuerda resover en el siguiente sentido:

En primer lugar, se ha acreditado por el causante de la prestación el requisito de haber cotizado por el período legalmente exigido. En segundo lugar y en cuanto a la percepción de la renta activa de inserción, determina en su F.J.2º, segundo párrafo que  " (...) aunque es cierto que la renta activa de inserción no es equiparable al subsidio por desempleo, cuyos beneficiarios, incluso se encuentran de alta en la Seguridad Social y cotizan a ella por la contingencia de jubilación, no es menos cierto que, desde la publicación del R.D.1369/2006, de 24 de diciembre, cuyo contenido en este particular ha conservado el art. 21 del R.D.L. 20/2012 ,se viene exigiendo, para ser beneficiario de la renta activa de inserción, figurar inscrito como demandante de empleo durante doce o más meses, esto es, ser un parado de larga duración, dato relevante, porque en nuestro sistema de seguridad social siempre se ha considerado en situación de alta al parado involuntario que continuaba desempleado tras agotar las prestaciones y subsidios por desempleo.

Conviene recordar que el artículo 29-2 del Decreto 3158/1966, de 23 de diciembre , a efectos de las prestaciones por muerte y supervivencia consideraba en situación asimilada en alta a quienes se encontraban en los supuestos del art. 28-2 del mismo precepto, cuyos apartados d) y e) consideraban en situación asimilada al alta la situación de desempleo total y subsidiado y la de paro involuntario que subsistiera después de agotar las prestaciones por desempleo. Estas disposiciones las reiteró el art. 2- 4 de la Orden de 13 de febrero de 1967. Y no han sido derogadas. Por ello, dadas las cotizaciones que el trabajador acredita, puede afirmarse que el actor en el presente caso agotó las prestaciones por desempleo y permaneció inscrito como demandante de empleo, al menos, los quince meses anteriores a su fallecimiento en abril de 2010, lo que permite afirmar que estuvo inscrito como demandante de empleo, prácticamente, desde que dejó de cotizar el 31 de octubre de 2008. Además, la situación asimilada al alta deriva de lo dispuesto en el art. 9 de la Orden de 31 de julio de 1972, dado que el causante era perceptor de la renta activa de inserción, auxilio económico que permite nuestra normativa y que tiene su encaje en el artículo 22 del Decreto 1646/1972, de 28 de julio, sin que la falta de desarrollo reglamentario del precepto que nos ocupa, dada la demora en que incurrió la entidad gestora al efecto, pueda servir para denegar la situación asimilada al alta de quien percibía auxilios económicos vinculados a su compromiso expreso de trabajar."

En conclusión, si el causante de la prestación ha sido perceptor de la renta activa de inserción, se entiende que cumple con el requisitos de situación asimilada al alta para poder general el reconocimiento del derecho al cónyuge o pareja de hecho supérstite.

 

Sentencia nº 2144/14 del Tribunal Supremo para unificación de la doctrina:  

 

 Si no se visualiza el Documento, pulsar aqui.

Reciente Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social de Madrid por la que se estima la demanda presentada por el trabajor contra la sanción disciplinaria grave.

 

En el presente caso, el trabajador es personal laboral de la Comunidad de Madrid, no funcionario, al que le resulta de aplicación el Estatuto de los Trabajadores, el Estatuto Básico para el Empleado Público y el Convenio Colectivo para el personal laboral de la CCMM.

El empleador incoó expediente disciplinario contra el trabajador en virtud del Convenio Colectivo de la CCMM, al haber sido sancionado con anterioridad en sendas ocaciones. Se fundamenta la resolucion sancionadora en lo establecido en el artículo 71.2 del Convenio colectivo, que dice lo siguiente:  

71.2.b) Serán faltas graves: 9. La reiteración en la comisión de faltas leves, salvo las de puntualidad, inferiores a cinco faltas leves en un plazo de seis meses aunque sean de distinta naturaleza, dentro de un mismo trimestre y aunque hubieran sido sancionadas.

A la vista de dicho precepto y que el trabajador fue sancionado anteriormente en dos ocasiones por la comisión de faltas leves, siendo firmes dichas sanciones, se procedió a dictar resolución sancionadora por la que se SANCIONA COMO FALTA GRAVE LA REITERACIÓN COMETIDA POR DOS FALTAS LEVES ANTERIORES, IMPONIENDO LA SANCIÓN DE 15 DÍAS DE EMPLEO Y SUELDO.

Ante la presente resolución sancionadora, el trabajador presentó demanda ante los Juzgados de lo social de impugnación de la sanción disciplinaria, por considerar que se le estaban vulnerando sus derechos por la indebida aplicación del Convenio colectivo para el personal laboral de la Comunidad de Madrid, y con absoluto quebrantamiento de un Principio general del derecho que es el PRINCIPIO NON BIS IN IDEM, de aplicación más habitual en la jurisdicción penal, pero de rigurosa aplicación a la jurisdicción social y administrativa. Este principio aboga por la prohibición general de sancionar dos veces lo mismo, es decir, no se puede sancionar un hecho o infracción que ya haya sido sancionada con anterioridad, pues sería reiterar sanciones sobre los mismos hechos.

Así las cosas, se alegó la vulneración del principio non bis in idem, siendo estimada por el Juez, dejando sin efecto la sanción impuesta, en tanto que, efectivamente y como se expuso, en el presente caso, el elemento causante de la incoación y resoución del expediente sancionador fue el hecho de haber sido ya sancionado con anterioridad en dos ocasiones, con ausencia de una nueva acción antijurídica que supusiera la comisión de una nueva infracción de carácter leve pero que dados los antecedentes previos, puediera agravarse dicha infracción, constituyendo una grave y por lo tanto, pudiendo ser sancionada con mayor severidad.

 

 

Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social a favor del trabajador sancionado.  

 

 Si no se visualiza el Documento, pulsar aqui.

 

 

 

NOVEDAD - ENTRADA EN VIGOR EL 8 DE MAYO LA REFORMA DE LA LEY DE TRÁFICO, CIRCULACIÓN Y SEGURIDAD VIAL - ACCEDER >>>

COMPARATIVA DE LA LEY SOBRE TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE VEHICULOS A MOTOR Y SEGURIDAD VIAL, APROBADO POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 339/1990, DE 2 DE MARZO, CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA REFORMA CONTEMPLADA POR LA LEY 6/2014, DE 7 DE ABRIL, CONFORME AL ARTICULADO PRUBLICADO EN EL BOLENTÍN OFICIAL DEL ESTADO DE 8 DE ABRIL DE 2014.

 

Ley 6/2014, de 7 de abril, por la que se modifica el texto articulado de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos y Saguridad Vial, aprobado  por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo.

 

Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

TÍTULO PRELIMINAR. Objeto de la Ley y ámbito de aplicación

 

Artículo 1 Objeto de la Ley
Artículo 2 Ambito de aplicación
Artículo 3 Conceptos utilizados

TÍTULO PRIMERO. Del ejercicio y la coordinación de las competencias sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial

CAPÍTULO PRIMERO. Competencias

Artículo 4 Competencias de la Administración General del Estado
Artículo 5 Competencias del Ministerio del Interior. (Reformado).
Artículo 6 Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico
Artículo 7 Competencias de los Municipios. (Reformado).

CAPÍTULO II. Consejo Superior de Seguridad Vial. (Reformado).

Artículo 8 Objeto, funciones y composición. (Reformado).

TITULO II. Normas de comportamiento en la circulación

CAPÍTULO PRIMERO. Normas generales Artículo 9 Usuarios, conductores y titulares de vehículos

Artículo 9 bis Obligaciones del titular del vehículo y del conductor habitual
Artículo 10 Obras y actividades prohibidas. (Reformado).
Artículo 11 Normas generales de conductores. (Reformado).
Artículo 12 Bebidas alcohólicas, sustancias estupefacientes y similares. (Reformado).

CAPÍTULO II. De la circulación de vehículos

SECCIÓN 1. Lugar en la vía

Artículo 13 Sentido de la circulación
Artículo 14 Utilización de los carriles
Artículo 15 Utilización del arcén
Artículo 16 Supuestos especiales del sentido de circulación
Artículo 17 Refugios, isletas o dispositivos de guía
Artículo 18 Circulación en autopistas y autovías

SECCIÓN 2. Velocidad

Artículo 19 Límites de velocidad. (Reformado).
Artículo 20 Distancias y velocidad exigible

SECCIÓN 3. Prioridad de paso

Artículo 21 Normas generales de prioridad
Artículo 22 Tramos estrechos y de gran pendiente
Artículo 23 Conductores, peatones y animales
Artículo 24 Cesión de paso e intersecciones
Artículo 25 Vehículos en servicios de urgencia. (Reformado).

SECCIÓN 4. Incorporación a la circulación

Artículo 26 Incorporación de vehículos a la circulación
Artículo 27 Conducción de vehículos en tramo de incorporación

SECCIÓN 5. Cambios de dirección, de sentido y marcha atrás

Artículo 28 Cambios de vía, calzada y carril
Artículo 29 Cambios de sentido
Artículo 30 Prohibición de cambio de sentido
Artículo 31 Marcha hacia atrás

SECCIÓN 6. Adelantamiento

Artículo 32 Sentido del adelantamiento
Artículo 33 Normas generales del adelantamiento
Artículo 34 Ejecución del adelantamiento. (Reformado).
Artículo 35 Vehículo adelantado
Artículo 36 Prohibiciones de adelantamiento
Artículo 37 Supuestos especiales de adelantamiento

SECCIÓN 7. Parada y estacionamiento

Artículo 38 Normas generales de paradas y estacionamientos. (Reformado).
Artículo 39 Prohibiciones de paradas y estacionamientos

SECCIÓN 8. Cruce de pasos a nivel y puentes levadizos

Artículo 40 Normas generales sobre pasos a nivel y puentes levadizos
Artículo 41 Bloqueo de pasos a nivel y puentes levadizos

SECCIÓN 9. Utilización del alumbrado

Artículo 42 Uso obligatorio de alumbrado
Artículo 43 Supuestos especiales de alumbrado

SECCIÓN 10. Advertencias de los conductores

Artículo 44 Advertencias de los conductores

CAPÍTULO III. Otras normas de circulación

Artículo 45 Puertas
Artículo 46 Apagado de motor
Artículo 47 Cinturón, casco y restantes elementos de seguridad. (Reformado).
Artículo 48 Tiempo de descanso y conducción
Artículo 49 Peatones
Artículo 50 Animales
Artículo 51 Auxilio. (Reformado).
Artículo 52 Publicidad

TÍTULO III. De la señalización

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 53 Normas generales sobre señales
Artículo 54 Prioridad entre señales
Artículo 55 Formato de las señales
Artículo 56 Idioma de las señales
Artículo 57 Mantenimiento de señales y señales circunstanciales
Artículo 58 Retirada, sustitución y alteración de señales

TÍTULO IV. De las autorizaciones administrativas

CAPÍTULO PRIMERO. De las autorizaciones en general

Artículo 59 Normas generales sobre autorizaciones administrativas
Artículo 59 bis Domicilio y Dirección Electrónica Vial (DEV) de los titulares de una autorización administrativa

CAPÍTULO II. De las autorizaciones para conducir

Artículo 60 Permisos y licencias de conducción

CAPÍTULO III. De las autorizaciones relativas a los vehículos

Artículo 61 Permisos de circulación y documentación de los vehículos
Artículo 62 Matrículas. (Reformado).

CAPÍTULO IV. Nulidad. Lesividad y pérdida de vigencia

Artículo 63 Declaración de nulidad o lesividad y pérdida de vigencia
Artículo 64 Suspensión cautelar

TÍTULO V. Régimen sancionador

CAPÍTULO PRIMERO. Infracciones y sanciones

Artículo 65 Cuadro general de infracciones. (Reformado).
Artículo 66 Infracciones en materia de publicidad
Artículo 67 Sanciones. (Reformado).
Artículo 68 Graduación de las sanciones

CAPÍTULO II. De la responsabilidad

Artículo 69 Personas responsables

CAPÍTULO III. Procedimiento sancionador

Artículo 70 Garantía de procedimiento
Artículo 71 Competencias
Artículo 72 Actuaciones administrativas y jurisdiccionales penales
Artículo 73 Incoación
Artículo 74 Denuncias
Artículo 75 Valor probatorio de las denuncias de los Agentes de la Autoridad
Artículo 76 Notificación de la denuncia. (Reformado).
Artículo 77 Práctica de la notificación de las denuncias
Artículo 78 Notificaciones en el Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico (TESTRA). (Reformado).
Artículo 79 Clases de procedimientos sancionadores. (Reformado).
Artículo 80 Procedimiento sancionador abreviado. (Reformado).
Artículo 81 Procedimiento sancionador ordinario. (Reformado).
Artículo 82 Recursos en el procedimiento sancionador ordinario

CAPÍTULO IV. De las medidas provisionales y de otras medidas

Artículo 83 Medidas provisionales
Artículo 84 Inmovilización del vehículo. (Reformado).
Artículo 85 Retirada y depósito del vehículo. (Reformado).
Artículo 86 Tratamiento residual del vehículo
Artículo 87 Limitaciones de disposición en las autorizaciones administrativas

CAPÍTULO V. Ejecución de las sanciones

Artículo 88 Ejecución de las sanciones
Artículo 89 Ejecución de la sanción de suspensión de las autorizaciones
Artículo 90 Cobro de multas
Artículo 91 Responsables subsidiarios del pago de multas

CAPÍTULO VI. De la prescripción, caducidad y cancelación de antecedentes

Artículo 92 Prescripción y caducidad
Artículo 93 Anotación y cancelación

TÍTULO VI. Del Registro Estatal de Víctimas y Accidentes de Tráfico. (Reformado).

Artículo 94 El Registro Estatal de Víctimas de Accidentes de Tráfico. (Reformado).
Artículo 95 Finalidad del Registro. (Reformado).
Artículo 96 Comunicación y acceso a los datos del Registro
 
DISPOSICIONES ADICIONALES
  • Disposición adicional primera Pérdida de puntos en los permisos y licencias de conducción
  • Disposición adicional segunda Garantía de la antigüedad de permisos y licencias de conducción
  • Disposición adicional tercera Conductores profesionales
  • Disposición adicional cuarta Permisos y licencias de conducción en las Comunidades Autónomas con lengua cooficial
  • Disposición adicional quinta Comunidades Autónomas con competencias ejecutivas transferidas en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor
  • Disposición adicional sexta Acceso al Registro de conductores e infractores para conocer el saldo de puntos
  • Disposición adicional séptima Condiciones básicas y de accesibilidad para las personas con discapacidad
  • Disposición adicional octava Cursos para conductores profesionales
  • Disposición adicional novena Responsabilidad en accidentes de tráfico por atropellos de especies cinegéticas. (Reformado).
  • Disposición adicional décima Seguimiento de la aplicación de la Ley
  • Disposición adicional undécima Dotación de medios humanos necesarios para la aplicación de la Ley
  • Disposición adicional duodécima Formato del permiso o licencia de conducir
  • Disposición adicional decimotercera Obtención del permiso o licencia de conducción cuando su titular haya sido condenado por sentencia penal con la privación del derecho a conducir
  • Disposición adicional decimocuarta Documentación correspondiente a otras Administraciones Públicas
  • Disposición adicional decimoquinta El Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico (TESTRA)
  • Disposición adicional decimosexta Cambios en la limitación de velocidad
  • Disposición adicional decimoséptima Marchas cicloturistas
  • (Se añade Disposición adicional decimoctava).
  • (Se añade Disposición adicional decimonovena).
 
 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
  • Disposición transitoria. (Reformado).
 
DISPOSICIONES DEROGATORIAS
  • Disposición derogatoria
 
DISPOSICIONES FINALES
  • Disposición final primera Habilitación normativa
  • Disposición final segunda Actualización de las cuantías de las sanciones de multa
  • (Se añade Disposición final tercera).
 
ANEXO I
ANEXO II . Infracciones que llevan aparejada la pérdida de puntos. (Reformado).
ANEXO III . De los cursos de sensibilización y reeducación vial
ANEXO IV .Cuadro de sanciones y puntos por exceso de velocidad

 

La Ley 18/1989, de 25 de julio, de Bases sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, autoriza al Gobierno para que, con sujeción a los principios y criterios que resultan de dichas bases, apruebe, en el plazo de un año, un texto articulado, como instrumento normativo idóneo que permite revestir de rango legal las disposiciones en materia de circulación de vehículos, caracterizados al mismo tiempo por su importancia desde el punto de vista de los derechos individuales y por su complejidad técnica.

En efecto, el fenómeno del tráfico de vehículos a motor se ha generalizado y extendido de tal manera que puede afirmarse que forma parte de la vida cotidiana y que se ha transformado en una de las expresiones más genuinas del ejercicio de la libertad de circulación. Pero, al efectuarse de forma masiva y simultánea, lleva consigo una serie de problemas que es necesario regular para que aquel ejercicio no lesione intereses individuales o colectivos que deben ser objeto de protección pública.

Las innegables secuelas negativas del tráfico tienen su máximo exponente en los accidentes de circulación, que representan un alto coste para la sociedad y vienen a acentuar la obligada intervención de los poderes públicos en el mantenimiento de la seguridad de la circulación vial, como corolario inexcusable de la competencia exclusiva que otorga al Estado, en materia de tráfico y de circulación de vehículos a motor, el artículo 149.1.21 de la Constitución.

En su virtud, de conformidad con la autorización prevista en el artículo único de la Ley de Bases 18/1989, a propuesta del Ministro del Interior, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 2 de marzo de 1990, dispongo:

Artículo único

Se aprueba el adjunto texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, de acuerdo con los principios y criterios contenidos en la Ley de Bases 18/1989, de 25 de julio.

 

MODIFICACIONES: 

 

Texto Anterior oooooo Redacción de la Ley 6/2014

Rúbrica del capítulo II del Título I.

«Consejo Superior de Seguridad Vial»

 

 

 Capítulo II del Título I.

«Consejo Superior de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible

 

Texto Anterior oooooo Redacción de la Ley 6/2014
Artículo 5, párrafo n)

Cerrar a la circulación, con carácter excepcional, carreteras o tramos de ellas, por razones de seguridad o fluidez del tráfico, en la forma que se determine reglamentariamente.

 

«Artículo 5, párrafo n)

Cerrar a la circulación carreteras o tramos de ellas por razones de seguridad o fluidez del tráfico o restringir en ellas el acceso de determinados vehículos por motivos medioambientales, en la forma que se determine reglamentariamente.»

 

 

Texto Anterior oooooo Redacción de la Ley 6/2014
Artículo 7, párrafo c)

La inmovilización de los vehículos en vías urbanas cuando no se hallen provistos de título que habilite el estacionamiento en zonas limitadas en tiempo o excedan de la autorización concedida hasta que se logre la identificación de su conductor.

La retirada de los vehículos de las vías urbanas y el posterior depósito de aquéllos cuando obstaculicen o dificulten la circulación o supongan un peligro para ésta o se encuentren incorrectamente aparcados en las zonas de estacionamiento restringido, en las condiciones previstas para la inmovilización en este mismo artículo.

Igualmente, la retirada de vehículos en las vías interurbana y el posterior depósito de éstos, en los casos y condiciones que reglamentariamente se determinen.

 

 

«Artículo 7, párrafo c)

La inmovilización de los vehículos en vías urbanas cuando no se hallen provistos de título que habilite el estacionamiento en zonas limitadas en tiempo o excedan de la autorización concedida hasta que se logre la identificación de su conductor.

La retirada de los vehículos de las vías urbanas y el posterior depósito de aquéllos cuando obstaculicen o dificulten la circulación o supongan un peligro para ésta o se encuentren incorrectamente aparcados en las zonas de estacionamiento restringido, en las condiciones previstas para la inmovilización en este mismo artículo. Las bicicletas solo podrán ser retiradas y llevadas al correspondiente depósito si están abandonadas o si, estando amarradas, dificultan la circulación de vehículos o personas o dañan el mobiliario urbano.

Igualmente, la retirada de vehículos en las vías interurbanas y el posterior depósito de éstos, en los casos y condiciones que reglamentariamente se determinen

 

Texto Anterior oooooo Redacción de la Ley 6/2014
 Se añade el párrafo g) al Artículo 7.  

«La restricción de la circulación a determinados vehículos en vías urbanas por motivos medioambientales.»

  

Texto Anterior oooooo Redacción de la Ley 6/2014
Artículo 8. Objeto, funciones y composición.

1. Se constituye el Consejo Superior de Seguridad Vial como el órgano de consulta y participación para el desarrollo y ejecución de la política de seguridad vial.

2. Para la mejor consecución de sus fines, el Consejo estará integrado por representantes de la Administración General del Estado, de las Comunidades y Ciudades Autónomas, de las Administraciones Locales y de las entidades, fundaciones, asociaciones de víctimas, sector social de la discapacidad y
organizaciones profesionales, económicas y sociales de ámbito estatal más representativas directamente vinculadas con la seguridad vial.

3. El Consejo Superior de Seguridad Vial ejercerá las siguientes funciones:

a) Informar los planes nacionales estratégicos y de actuación en materia de seguridad vial.

b) Conocer del seguimiento y evaluaciones de las acciones en materia de seguridad vial puestas en marcha.

c) Proponer al Gobierno medidas y actuaciones en materia de seguridad vial.d) Conocer e informar sobre la evolución de la siniestralidad vial en España.

e) Informar o proponer, en su caso, los proyectos de carácter general que afectan a la seguridad vial.

f) Coordinar e impulsar, mediante las correspondientes propuestas, la actuación de los distintos organismos, entidades y asociaciones que desarrollen actividades relacionadas con la seguridad vial.

g) Promover la concertación y el intercambio de experiencias entre los diferentes miembros del Pleno.

4. La presidencia del Consejo corresponde al Ministro del Interior y la
secretaría al Observatorio Nacional de Seguridad Vial.

5. El Consejo Superior de Seguridad Vial se estructura en los siguientes órganos: el Pleno, la Comisión Permanente, la Comisión Autonómica, la Comisión Local de Seguridad Vial y los grupos de trabajo.

6. Su composición, régimen jurídico, orgánico y funcional se determinarán reglamentariamente. A estos efectos, podrán crearse Consejos Territoriales de Seguridad Vial.

7. Las Comunidades Autónomas con competencias ejecutivas en materia de tráfico y seguridad vial podrán establecer sus propios Consejos Autonómicos de Seguridad Vial.

   «Artículo 8. Composición y competencias.

1. El Consejo Superior de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible es el órgano de consulta y participación para el impulso y mejora de la seguridad del tráfico vial y para promover la concertación de las distintas administraciones públicas y entidades que desarrollan actividades relacionadas con la seguridad vial, sin
perjuicio de las competencias de los órganos de las Comunidades Autónomas que tengan transferidas competencias ejecutivas en materia de seguridad vial.

 

La Presidencia del Consejo corresponde al Ministro del Interior y en él están representados la Administración del Estado, las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, las administraciones locales, así como las fundaciones, las asociaciones de víctimas, el sector social de la discapacidad, las asociaciones de prevención de accidentes de tráfico y de fomento de la seguridad vial y los centros de investigación y organizaciones profesionales, económicas y sociales más representativas directamente relacionadas con el tráfico, la seguridad vial y la movilidad sostenible.

 

2. El Consejo Superior de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible ejercerá las siguientes funciones:

a) Informar y, en su caso, proponer planes de actuación conjunta en materia de seguridad vial o movilidad sostenible para dar cumplimiento a las directrices del Gobierno o para someterlos a su aprobación. Dichas propuestas, que no serán vinculantes, deberán considerar en particular la viabilidad técnica y financiera de las
medidas que incluyan.

b) Asesorar a los órganos superiores y directivos del Ministerio del Interior en esta materia.»

c) Informar los convenios o tratados internacionales sobre seguridad vial o movilidad sostenible antes de la prestación del consentimiento del Estado en obligarse por ellos.

d) Informar o proponer, en su caso, los proyectos de disposiciones generales que afecten al tráfico y la seguridad vial o movilidad sostenible.

e) Informar sobre la publicidad de los vehículos a motor.

f) Impulsar, mediante las correspondientes propuestas, la actuación de los distintos organismos, entidades y asociaciones que desarrollen actividades en esta materia.

g) Conocer e informar sobre la evolución de la siniestralidad vial en España.


3. El Consejo funciona en Pleno, en Comisión Permanente, en Comisiones y Grupos de Trabajo.

4. En las Comunidades Autónomas que no tengan asumidas las competencias de tráfico y seguridad vial, y en las ciudades de Ceuta y Melilla existe una Comisión del Consejo. Asimismo, funciona una Comisión del Consejo para el estudio del tráfico, la seguridad vial y la movilidad sostenible en las vías urbanas.

Las Comunidades Autónomas con competencias ejecutivas en materia de tráfico y seguridad vial podrán establecer sus propios Consejos Autonómicos de Tráfico y Seguridad Vial.

5. La composición, organización y funcionamiento del Consejo se determinarán reglamentariamente. A estos efectos, podrán crearse Consejos Territoriales de Seguridad Vial. En todo caso, deberá haber un equilibrio entre los colectivos representados y entre los distintos sectores que representan. 

 

 

Texto Anterior oooooo Redacción de la Ley 6/2014
 Se añade el  Artículo 8 bis.  

«Artículo 8 bis. Conferencia Sectorial de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible.

1. Se crea la Conferencia Sectorial de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible como órgano de cooperación entre la Administración General del Estado y las administraciones de las Comunidades Autónomas que hayan asumido, a través de sus Estatutos de Autonomía, competencias para la protección de personas y bienes y el mantenimiento del orden público y que hayan recibido el traspaso de funciones y servicios en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor. La conferencia sectorial desarrollará una actuación coordinada en esta materia, con atención a los principios de lealtad institucional y respeto recíproco en el ejercicio de las competencias atribuidas a dichas administraciones.


2. La conferencia sectorial aprobará su reglamento interno, que regulará su organización y funcionamiento

 

 

Texto Anterior oooooo Redacción de la Ley 6/2014
 Se añade el párrafo segundo al apartado 1 del Artículo 10 y el actual párrafo segundo pasa a ordenarse como párrafo tercero.  

«Asimismo, la realización de obras en las vías deberá ser comunicada con anterioridad a su inicio al organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico o, en su caso, a la autoridad autonómica o local responsable de la gestión y regulación del tráfico que, sin perjuicio de las facultades del órgano competente para la ejecución
de las obras, dictará las instrucciones que resulten procedentes en relación a la regulación, gestión y control del tráfico, teniendo en cuenta el calendario de restricciones a la circulación y las que se deriven de otras autorizaciones a la misma

  

 

Texto Anterior oooooo Redacción de la Ley 6/2014
 Se añade un último párrafo al apartado 3 del Artículo 11 y se modifican el último párrafo de su apartado 4 y su apartado 6.  

«Artículo 11.3, último párrafo: Reglamentariamente se podrán establecer otras excepciones a las prohibiciones previstas en los párrafos anteriores

Art.11.4.último párrafo: Por razones de seguridad vial, se podrá prohibir la ocupación de los asientos delanteros o traseros del vehículo por los menores en función de su edad o talla, en los términos que se establezcan reglamentariamente.

Art.11.6: Se prohíbe instalar o llevar en los vehículos inhibidores de radares o cinemómetros o cualesquiera otros instrumentos encaminados a eludir o a interferir en el correcto funcionamiento de los sistemas de vigilancia del tráfico, así como emitir o hacer señales con dicha finalidad. Asimismo, se prohíbe utilizar mecanismos de detección de radares o cinemómetros.

Quedan excluidos de esta prohibición los mecanismos de aviso que informan de la posición de los sistema de vigilancia del tráfico.»

Texto Anterior oooooo Redacción de la Ley 6/2014
Artículo 12. Bebidas alcohólicas, sustancias estupefacientes y similares.

1. No podrá circular por la vías objeto de esta Ley, el conductor de vehículos o bicicletas con tasas superiores a las que reglamentariamente se establezcan de bebidas alcohólicas, estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes y otras sustancias análogas.

2. Todos los conductores de vehículos y bicicletas quedan obligados a
someterse a las pruebas que se establezcan para la detección de las posibles intoxicaciones por alcohol. Igualmente quedan obligados los demás usuarios de la vía cuando se hallen implicados en algún accidente de circulación.

Dichas pruebas que se establecerán reglamentariamente y consistirán normalmente en la verificación del aire espirado mediante alcoholímetros autorizados, se practicarán por los agentes encargados de la vigilancia del tráfico. A petición del interesado o por orden de la Autoridad judicial se podrán repetir las pruebas a efectos de contraste, pudiendo consistir en análisis de sangre, orina u otros análogos.

El personal sanitario vendrá obligado, en todo caso, a dar cuenta del
resultado de las pruebas que realicen a la Autoridad judicial, a los órganos periféricos de la Jefatura Central de Tráfico y, cuando proceda, a las autoridades municipales competentes.

3. Reglamentariamente podrán establecerse pruebas para la detección de las demás sustancias a que se refiere el apartado primero del presente artículo, siendo obligatorio el sometimiento a las mismas de las personas a que se refiere el apartado anterior.

  «Artículo 12. Bebidas alcohólicas y drogas

1. No podrá circular por las vías objeto de esta ley el conductor de cualquier vehículo con tasas de alcohol superiores a las que reglamentariamente se establezcan.

Tampoco podrá circular por las vías objeto de esta ley el conductor de cualquier vehículo con presencia de drogas en el organismo, de las que quedarán excluidas aquellas substancias que se utilicen bajo prescripción facultativa y con una finalidad terapéutica, siempre que se esté en condiciones de utilizar el vehículo conforme a la
obligación de diligencia, precaución y no distracción establecida en el artículo 9.

2. Todos los conductores de vehículos quedan obligados a someterse a las pruebas para la detección de alcohol o de la presencia de drogas en el organismo, que se practicarán por los agentes encargados de la vigilancia del tráfico. Igualmente, quedan obligados los demás usuarios de la vía cuando se hallen implicados en un
accidente de tráfico o hayan cometido una infracción conforme a lo tipificado en esta Ley.

3. Las pruebas para la detección de alcohol consistirán en la verificación del aire espirado mediante dispositivos autorizados y, para la detección de la presencia de drogas en el organismo, en una prueba salival mediante un dispositivo autorizado y en un posterior análisis de una muestra salival en cantidad suficiente.

 

No obstante, cuando existan razones justificadas que impidan realizar estas pruebas, se podrá ordenar el reconocimiento médico del sujeto o la realización de los análisis clínicos que los facultativos del centro sanitario al que sea trasladado estimen más adecuados.


4. El procedimiento, las condiciones y los términos en que se realizarán las pruebas para la detección de alcohol o de drogas se establecerán reglamentariamente.


5. A efectos de contraste, a petición del interesado, se podrán repetir las pruebas para la detección de alcohol o de drogas, que consistirán preferentemente en análisis de sangre, salvo causas excepcionales debidamente justificadas. Cuando la prueba de contraste arroje un resultado positivo será abonada por el interesado.

El personal sanitario vendrá obligado, en todo caso, a dar cuenta del resultado de estas pruebas al Jefe de Tráfico de la provincia donde se haya cometido el hecho o, cuando proceda, a los órganos competentes para sancionar en las Comunidades Autónomas que tengan transferidas las competencias ejecutivas en materia de
tráfico y circulación de vehículos a motor, o a las autoridades municipales competentes.»

 

Texto Anterior oooooo Redacción de la Ley 6/2014

Artículo 19, apartados 2 y 5.

Artículo 19.2: La velocidad máxima y mínima autorizadas para la circulación de vehículos a motor se fijará reglamentariamente, con carácter general, para los conductores, los vehículos y las vías objeto de esta Ley, de acuerdo con sus propias características. Los lugares con prohibiciones u obligaciones específicas de velocidad serán señalizados con carácter permanente, o temporal en su caso. En defecto de señalización específica, se cumplirá la genérica establecida para cada vía.

Artículo 19.5: Se podrá circular por debajo de los límites mínimos de velocidad en los casos de transportes y vehículos especiales, o cuando las circunstancias de tráfico impidan el mantenimiento de una velocidad superior a la mínima sin riesgo para la circulación, así como en los supuestos de protección o acompañamiento a otros vehículos, en las condiciones que reglamentariamente se establezcan.

 

 

   

Artículo 19.2: Las velocidades máximas y mínimas autorizadas para la circulación de vehículos serán las fijadas de acuerdo con las condiciones que reglamentariamente se determinen, con carácter general, para los conductores, los vehículos y las vías objeto de esta ley, en función de sus propias características. Los lugares con
prohibiciones u obligaciones específicas de velocidad serán señalizados con carácter permanente, o temporal en su caso. En defecto de señalización específica, se cumplirá la genérica establecida para cada vía.

Artículo 19.5: Se podrá circular por debajo de los límites mínimos de velocidad en los casos de los ciclos, vehículos de tracción animal, transportes y vehículos especiales, o cuando las circunstancias de tráfico impidan el mantenimiento de una velocidad superior a la mínima sin riesgo para la circulación, así como en los supuestos de protección o acompañamiento a otros vehículos, en las condiciones que reglamentariamente se establezcan.»

  

Texto Anterior oooooo Redacción de la Ley 6/2014
Artículo 25. 

Tendrán prioridad de paso sobre los demás vehículos y otros usuarios de la vía los vehículos de servicio de urgencia públicos o privados, cuando se hallen en servicio de tal carácter. Podrán circular por encima de los límites de velocidad establecidos y estarán exentos de cumplir otras normas o señales, en los casos y con las condiciones que reglamentariamente se determinen.

 

  «Artículo 25.

Tendrán prioridad de paso sobre los demás vehículos y otros usuarios de la vía los vehículos de servicio de urgencia públicos o privados, cuando se hallen en servicio de tal carácter, así como los equipos de mantenimiento de las instalaciones y de la infraestructura de la vía y los vehículos que acudan a realizar un servicio de auxilio en carretera. Podrán circular por encima de los límites de velocidad establecidos y estarán exentos de cumplir otras normas o señales, en los casos y con las condiciones que reglamentariamente se determinen.»

  

Texto Anterior oooooo Redacción de la Ley 6/2014
Artículo 34, apartado 4.

Todo conductor de vehículo automóvil que se proponga realizar un
adelantamiento a un ciclo o ciclomotor, o conjunto de ellos, deberá realizarlo ocupando parte o la totalidad del carril contiguo de la calzada, siempre y cuando existan las condiciones precisas para realizar un adelantamiento en las condiciones previstas en la Ley. Queda expresamente prohibido adelantar poniendo en peligro o entorpeciendo a ciclistas que circulen en sentido contrario.

  «Artículo 34, apartado 4.

Todo conductor de vehículo automóvil que se proponga realizar un
adelantamiento a un ciclo o ciclomotor, o conjunto de ellos deberá realizarlo ocupando parte o la totalidad del carril contiguo o contrario, en su caso, de la calzada y guardando una anchura de seguridad de al menos 1,5 metros. Queda expresamente prohibido adelantar poniendo en peligro o entorpeciendo a ciclistas que circulen en sentido contrario, incluso si esos ciclistas circulan por el arcén.»

 

 

Texto Anterior oooooo Redacción de la Ley 6/2014

Artículo 38, apartado 3.

La parada y el estacionamiento deberán efectuarse de tal manera que el vehículo no obstaculice la circulación ni constituya un riesgo para el resto de los usuarios de la vía, cuidando especialmente la colocación del mismo y el evitar que pueda ponerse en movimiento en ausencia del conductor, de acuerdo con las normas que reglamentariamente se establezcan.

   «Artículo 38, apartado 3.

La parada y estacionamiento deberán efectuarse de tal manera que el vehículo no obstaculice la circulación ni constituya un riesgo para el resto de los usuarios de la vía, cuidando especialmente la colocación del mismo y el evitar que pueda ponerse en movimiento en ausencia del conductor, de acuerdo con las normas que reglamentariamente se establezcan.

En vías urbanas, se permitirá la parada o estacionamiento de las grúas de auxilio en carretera por el tiempo indispensable para efectuar la retirada de los vehículos averiados o accidentados, siempre que no se cree un nuevo peligro, ni se cause obstáculo a la circulación.»

 

Texto Anterior oooooo Redacción de la Ley 6/2014

Artículo 47, apartado 1, párrado segundo.

 

Los conductores y, en su caso, los ocupantes de bicicletas estarán obligados a utilizar el caso de protección en las vías interurbanas bajo las condiciones que reglamentariamente se establezcan.

 

 

  «Artículo 47.1.2º.

Los conductores y, en su caso, los ocupantes de bicicletas y ciclos en general estarán obligados a utilizar el casco de protección en las vías urbanas, interurbanas y travesías, en los supuestos y con las condiciones que reglamentariamente se determinen, siendo obligatorio su uso por los menores de dieciséis años, y también
por quienes circulen en vías interurbanas.»

 

Texto Anterior oooooo Redacción de la Ley 6/2014

Se adiciona un apartado 3 del  Artículo 51.

 

 

 

«Artículo 51.3.

Reglamentariamente se determinarán las condiciones en las que realizarán sus funciones los servicios de auxilio en carretera que acudan al lugar de un accidente o avería, así como las características que deban cumplir las empresas que los desarrollen o los vehículos y demás medios que se hayan de utilizar

 

Texto Anterior oooooo Redacción de la Ley 6/2014

Se adiciona un segundo párrafo al apartado 1 del Artículo 62.

 

 

«Deberán ser objeto de matriculación definitiva en España los vehículos a los que se refiere el párrafo anterior, cuando se destinen a ser utilizados en el territorio español por personas o entidades que sean residentes en España o que sean titulares de establecimientos situados en España. Reglamentariamente se establecerán los plazos, requisitos y condiciones para el cumplimiento de esta obligación y las posibles exenciones a la misma

 

 

 

Texto Anterior oooooo Redacción de la Ley 6/2014

Artículo 65, se modifican los párrafos g) e i) del apartado 4 y se incorpora el párrafo z) bis

 

g) Conducir utilizando manualmente dispositivos de telefonía móvil,
navegadores o cualquier otro sistema de comunicación.

i) Circular con menores de doce años como pasajeros de ciclomotores o motocicletas.

 

 

«Artículo 65.

g) Conducir utilizando manualmente dispositivos de telefonía móvil, navegadores o cualquier otro sistema de comunicación, así como utilizar mecanismos de detección de radares o cinemómetros.

i) Circular con menores de doce años como pasajeros de ciclomotores o motocicletas, o con menores en los asientos delanteros o traseros, cuando no esté permitido.

z bis) Realizar obras en la vía sin comunicarlas con anterioridad a su inicio a la autoridad responsable de la gestión y regulación del tráfico, así como no seguir las instrucciones de dicha autoridad referentes a las obras

 

Texto Anterior oooooo Redacción de la Ley 6/2014

Se modifican los párrafos c), d), h) y l) del apartado 5 del artículo 65 y se incorpora el párrafo n).

 

c) La conducción por las vías objeto de esta Ley habiendo ingerido bebidas alcohólicas con tasas superiores a las que reglamentariamente se establezcan, y en todo caso, la conducción bajo los efectos de estupefacientes, psicotrópicos , estimulantes y cualquier otra sustancia de efectos análogos.

d)  Incumplir la obligación de todos los conductores de vehículos de someterse a las pruebas que se establezcan para la detección de posibles intoxicaciones de alcohol, estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes y otras sustancias análogas, y la de los demás usuarios de la vía cuando se hallen implicados en algún accidente de circulación.

h) Conducir vehículos que tengan instalados inhibidores de radar o cualesquiera otros mecanismos encaminados a interferir en el correcto funcionamiento de los sistemas de vigilancia del tráfico.

l)  Circular con un vehículo que carezca de la autorización administrativa correspondiente, o que ésta no sea válida por no cumplir los requisitos exigidos reglamentariamente.

 

 

 

 

«Artículo 65.5.

c) Conducir por las vías objeto de esta ley con tasas de alcohol superiores a las que reglamentariamente se establezcan, o con presencia en el organismo de drogas.

 

d) Incumplir la obligación de todos los conductores de vehículos, y de los demás usuarios de la vía cuando se hallen implicados en algún accidente de tráfico o hayan cometido una infracción, de someterse a las pruebas que se establezcan para la detección de alcohol o de la presencia de drogas en el organismo.

 

h) Conducir vehículos que tengan instalados inhibidores de radares o cinemómetros o cualesquiera otros mecanismos encaminados a interferir en el correcto funcionamiento de los sistemas de vigilancia del tráfico.

l) Circular con un vehículo que carezca de la autorización administrativa correspondiente, con una autorización que no sea válida por no cumplir los requisitos exigidos reglamentariamente, o incumpliendo las condiciones de la autorización administrativa que habilita su circulación 

n) Circular con un vehículo cuya carga ha caído a la vía, por su mal acondicionamiento, creando grave peligro para el resto de los usuarios

 

 

 

Texto Anterior oooooo Redacción de la Ley 6/2014

Se modifican los párrafos b), d) y e) del apartado 6 del artículo 65 y se incorpora el párrafo f).

 

b) No instalar la señalización de obras o hacerlo incorrectamente, poniendo en grave riesgo la seguridad vial.

d) Instalar inhibidores de radar en los vehículos o cualesquiera otros mecanismos encaminados a interferir en el correcto funcionamiento de los sistemas de vigilancia del tráfico. No constituirán infracción los sistemas de aviso que informan de la posición de los sistemas de vigilancia del tráfico.

e) Incumplir las normas sobre el régimen de autorización y funcionamiento de los centros de enseñanza y formación y de los centros de reconocimiento de conductores autorizados por el Ministerio del Interior o por los órganos competentes de las Comunidades Autónomas, que afecten a la cualificación de los profesores o facultativos, al estado de los vehículos utilizados en la enseñanza, o a elementos esenciales que incidan directamente en la seguridad vial.

 

 

 

 

 «Artículo 65.6

b) No instalar la señalización de obras o hacerlo incumpliendo la normativa vigente, poniendo en grave riesgo la seguridad vial.

d) Instalar inhibidores de radares o cinemómetros en los vehículos o cualesquiera otros mecanismos encaminados a interferir en el correcto funcionamiento de los sistemas de vigilancia del tráfico. No constituirán infracción los sistemas de aviso que informan de la posición de los sistemas de vigilancia del tráfico.

e) Incumplir las normas sobre el régimen de autorización y funcionamiento de los centros de enseñanza y formación y de los centros de reconocimiento de conductores autorizados por el Ministerio del Interior o por los órganos competentes de las Comunidades Autónomas, que afecten a la cualificación de los profesores o facultativos, al estado de los vehículos utilizados en la enseñanza, a elementos esenciales que incidan directamente en la seguridad vial, o que supongan un impedimento a las labores de control o inspección.

f) Causar daños a la infraestructura de la vía, o alteraciones a la circulación debidos a la masa o a las dimensiones del vehículo, cuando se carezca de la correspondiente autorización administrativa o se hayan incumplido las condiciones de la misma, con independencia de la obligación de la reparación del daño causado





Texto Anterior
oooooo Redacción de la Ley 6/2014

Artículo 67, se incorpora un párrafo a) al apartado 2, y se ordenan los párrafos a), b) y c) como b), c) y d).

 

a) La multa por la infracción prevista en el artículo 65.5.j) será el doble de la prevista para la infracción originaria que la motivó, si es infracción leve, y el triple, si es infracción grave o muy grave.

b) La infracción recogida en el artículo 65.5.h) se sancionará con multa de 6.000 euros.

c) Las infracciones recogidas en el artículo 65.6 se sancionarán con multa de entre 3.000 y 20.000 euros.

 

 

«Artículo 67.2

a) Las infracciones previstas en el artículo 65.5 c) y d) serán sancionadas con multa de 1.000 euros. En el supuesto de conducción con tasas de alcohol superiores a las que reglamentariamente se establezcan, esta sanción únicamente se impondrá al conductor que ya hubiera sido sancionado en el año inmediatamente anterior por exceder la tasa de alcohol permitida, así como al que circule con una tasa que supere el doble de la permitida.

b) La multa por la infracción prevista en el artículo 65.5.j) será el doble de la prevista para la infracción originaria que la motivó, si es infracción leve, y el triple, si es infracción grave o muy grave.

c) La infracción recogida en el artículo 65.5.h) se sancionará con multa de 6.000 euros.

d) Las infracciones recogidas en el artículo 65.6 se sancionarán con multa de entre 3.000 y 20.000 euros.»




Texto Anterior oooooo Redacción de la Ley 6/2014

Artículo 76. se incorpora un párrafo d)

 

 

 

«Artículo 76, párrafo d): Que el agente denunciante se encuentre realizando labores de vigilancia y control de tráfico y carezca de medios para proceder a la persecución del vehículo.»




Texto Anterior oooooo Redacción de la Ley 6/2014

Artículo 78.1

Las notificaciones que no puedan efectuarse en la Dirección Electrónica Vial o en el domicilio indicado, se practicarán en el Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico (TESTRA). Transcurrido el período de veinte días naturales desde que la notificación se hubiese publicado en el TESTRA se entenderá que ésta ha sido practicada, dándose por cumplido dicho trámite y continuándose con el procedimiento.

 

«Artículo 78.1.

Las notificaciones que no puedan efectuarse en la Dirección Electrónica Vial y, en caso de no disponer de la misma, en el domicilio expresamente indicado para el procedimiento o, de no haber indicado ninguno, en el domicilio que figure en los registros de la Dirección General de Tráfico, se practicarán en el Tablón Edictal de
Sanciones de Tráfico (TESTRA). Transcurrido el período de veinte días naturales desde que la notificación se hubiese publicado en el TESTRA se entenderá que ésta ha sido practicada, dándose por cumplido dicho trámite

  

 

Texto Anterior oooooo Redacción de la Ley 6/2014
Artículo 79.1

Notificada la denuncia, el denunciado dispondrá de un plazo de quince días naturales para realizar el pago voluntario con reducción de la sanción de multa, o para formular las alegaciones y proponer o aportar las pruebas que estime oportunas.

Si efectúa el pago de la multa en las condiciones indicadas en el párrafo anterior, se seguirá el procedimiento sancionador abreviado y, en caso de no hacerlo, el procedimiento sancionador ordinario.

 

 

   «Artículo 79.1

Notificada la denuncia, el denunciado dispondrá de un plazo de veinte días naturales para realizar el pago voluntario con reducción de la sanción de multa, o para formular las alegaciones y proponer o aportar las pruebas que estime oportunas.

Si efectúa el pago de la multa en las condiciones indicadas en el párrafo anterior, se seguirá el procedimiento sancionador abreviado y, en caso de no hacerlo, el procedimiento sancionador ordinario.

 

 

 



Texto Anterior oooooo Redacción de la Ley 6/2014

 Artículo 80.

Una vez realizado el pago voluntario de la multa, ya sea en el acto de entrega de la denuncia o dentro del plazo de quince días naturales contados desde el día siguiente al de su notificación, se tendrá por concluido el procedimiento sancionador con las siguientes consecuencias:

a) La reducción del 50 por 100 del importe de la sanción de multa.

b) La renuncia a formular alegaciones. En el caso de que fuesen formuladas se tendrán por no presentadas.

c) La terminación del procedimiento, sin necesidad de dictar resolución expresa, el día en que se realice el pago.

d) El agotamiento de la vía administrativa siendo recurrible únicamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

e) El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo se iniciará el día siguiente a aquel en que tenga lugar el pago.

f) La firmeza de la sanción en la vía administrativa desde el momento del pago, produciendo plenos efectos desde el día siguiente.

g) La sanción no computará como antecedente en el Registro de Conductores e Infractores, siempre que se trate de infracciones graves que no lleven aparejada pérdida de puntos.

 

 

«Artículo 80. 

Una vez realizado el pago voluntario de la multa, ya sea en el acto de entrega de la denuncia o dentro del plazo de veinte días naturales contados desde el día siguiente al de su notificación, se tendrá por concluido el procedimiento sancionador con las siguientes consecuencias:

a) La reducción del 50 por ciento del importe de la sanción de multa.

b) La renuncia a formular alegaciones. En el caso de que fuesen formuladas se tendrán por no presentadas.

c) La terminación del procedimiento, sin necesidad de dictar resolución expresa, el día en que se realice el pago.

d) El agotamiento de la vía administrativa siendo recurrible únicamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

e) El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo se iniciará el día siguiente a aquel en que tenga lugar el pago.

f) La firmeza de la sanción en la vía administrativa desde el momento del pago, produciendo plenos efectos desde el día siguiente.

g) La sanción no computará como antecedente en el Registro de Conductores e Infractores, siempre que se trate de infracciones graves que no lleven aparejada pérdida de puntos

 

 

Texto Anterior oooooo Redacción de la Ley 6/2014

Artículo 81, apartados 1 y 5.

Art. 81.1. Notificada la denuncia, el interesado dispondrá de un plazo de quince días naturales para formular las alegaciones que tenga por conveniente y proponer o aportar las pruebas que estime oportunas.

Art. 81.5. Si el denunciado no formula alegaciones ni abona el importe de la multa en el plazo de quince días naturales siguientes al de la notificación de la denuncia, ésta surtirá el efecto de acto resolutorio del procedimiento sancionador. En este supuesto, la sanción podrá ejecutarse transcurridos treinta días naturales desde
la notificación de la denuncia.

Lo dispuesto anteriormente será de aplicación únicamente cuando se trate de:

a) Infracciones leves.

b) Infracciones graves que no detraigan puntos.

c) Infracciones graves y muy graves cuya notificación se efectuase en el acto de la denuncia.

La terminación del procedimiento pone fin a la vía administrativa y la sanción se podrá ejecutar desde el día siguiente al transcurso de los treinta días antes indicados.

 

 

 

«Artículo 81.1: Notificada la denuncia, el interesado dispondrá de un plazo de veinte días naturales para formular las alegaciones que tenga por conveniente y proponer o aportar las pruebas que estime oportunas.

Artículo 81.5: Si el denunciado no formula alegaciones ni abona el importe de la multa en el plazo de veinte días naturales siguientes al de la notificación de la denuncia, ésta surtirá el efecto de acto resolutorio del procedimiento sancionador. En este supuesto, la sanción podrá ejecutarse transcurridos treinta días naturales desde la notificación de la denuncia.

Lo dispuesto anteriormente será de aplicación únicamente cuando se trate de:

a) Infracciones leves.

b) Infracciones graves que no detraigan puntos.

c) Infracciones graves y muy graves cuya notificación se efectuase en el acto de la denuncia.

La terminación del procedimiento pone fin a la vía administrativa y la sanción se podrá ejecutar desde el día siguiente al transcurso de los treinta días antes indicados.»



Texto Anterior oooooo Redacción de la Ley 6/2014
Artículo 84.1, párrafo a), y c) y se incorpora el párrafo k), y se modifica el apartado 4.

a) El vehículo carezca de autorización administrativa para circular, bien por no haberla obtenido o porque haya sido objeto de anulación, declarada su pérdida de vigencia.

c) El conductor o el pasajero no hagan uso del casco de protección, en los casos en que fuera obligatorio.

4.  Los gastos que se originen como consecuencia de la inmovilización del vehículo serán por cuenta del conductor que cometió la infracción. En su defecto, serán por cuenta del conductor habitual o del arrendatario y, a falta de éstos, del titular. Los gastos deberán ser abonados como requisito previo a levantar la medida de inmovilización, sin perjuicio del correspondiente derecho de defensa y de la posibilidad de repercutirlos sobre la persona responsable que haya dado lugar a que la Administración adopte dicha medida.

En los supuestos previstos en el apartado 1, párrafos h), i) y j), los gastos de la inspección correrán de cuenta del denunciado, si se acredita la infracción.

 

 

«Artículo 84.1, párrafo a): El vehículo carezca de autorización administrativa para circular, bien por no haberla obtenido, porque haya sido objeto de anulación o declarada su pérdida de vigencia, o se incumplan las condiciones de la autorización que habilita su circulación.

párrafo c): El conductor o el pasajero no hagan uso del casco de protección o de los dispositivos de retención infantil, en los casos que fuera obligatorio. Esta medida no se aplicará a los ciclistas.

 

párrafo k): Se conduzca un vehículo para el que se exige permiso de la clase C o D, careciendo de la autorización administrativa correspondiente.

Apartado 4: Los gastos que se originen como consecuencia de la inmovilización del vehículo serán por cuenta del conductor que cometió la infracción. En su defecto, serán por cuenta del conductor habitual o del arrendatario y, a falta de éstos, del titular. Los gastos deberán ser abonados como requisito previo a levantar la medida de inmovilización, sin perjuicio del correspondiente derecho de defensa y de la posibilidad de repercutirlos sobre la persona responsable que haya dado lugar a que la Administración adopte dicha medida. Los agentes podrán retirar el permiso de circulación del vehículo hasta que se haya acreditado el abono de los gastos referidos.

En los supuestos previstos en el apartado 1, párrafos h), i) y j), los gastos de la inspección correrán de cuenta del denunciado, si se acredita la infracción

 

 

Texto Anterior oooooo Redacción de la Ley 6/2014
Artículo 85, apartado 2.

Salvo en los casos de sustracción u otras formas de utilización del vehículo en contra de la voluntad de su titular, debidamente justificadas, los gastos que se originen como consecuencia de la retirada a la que se refiere el apartado anterior, serán por cuenta del titular, del arrendatario o del conductor habitual, según el caso, que deberá abonarlos como requisito previo a la devolución del vehículo, sin perjuicio del derecho de recurso que le asiste y de la posibilidad de repercutirlos sobre el responsable del accidente, del abandono del vehículo o de la infracción que haya dado lugar a la retirada.

 

 

 «Artículo 85, párrafo 2.

Salvo en los casos de sustracción u otras formas de utilización del vehículo en contra de la voluntad de su titular, debidamente justificadas, los gastos que se originen como consecuencia de la retirada a la que se refiere el apartado anterior, serán por cuenta del titular, del arrendatario o del conductor habitual, según el caso, que deberá abonarlos como requisito previo a la devolución del vehículo, sin perjuicio del derecho de recurso que le asiste y de la posibilidad de repercutirlos sobre el responsable del accidente, del abandono del vehículo o de la infracción que haya dado lugar a la retirada. El agente de la autoridad podrá retirar el permiso de circulación del vehículo hasta que se haya acreditado el abono de los gastos referidos.

 



Texto Anterior oooooo Redacción de la Ley 6/2014

 Se modifica el Título VI. Del Registro Estatal de Víctimas y Accidentes de Tráfico.

 

 

«Título VI. Del Registro Nacional de Víctimas de Accidentes de Tráfico

 

 

 

Texto Anterior oooooo Redacción de la Ley 6/2014

  Artículo 94. El Registro Estatal de Víctimas y Accidentes de Tráfico.

Se crea el Registro Estatal de Víctimas de Accidentes de Tráfico.

 

«Artículo 94. Título VI. El Registro Nacional de Víctimas de Accidentes de Tráfico.

Se crea el Registro Nacional de Víctimas de Accidentes de Tráfico..»




Texto Anterior oooooo Redacción de la Ley 6/2014

 Artículo 95.1

En el Registro Estatal de Víctimas y Accidentes de Tráfico figurarán
únicamente aquellos datos que sean relevantes y que permitan disponer de la información necesaria para determinar las causas y circunstancias en que se han producido los accidentes de tráfico y sus consecuencias.

 

«Artículo 95.1

En el Registro Nacional de Víctimas de Accidentes de Tráfico figurarán únicamente aquellos datos que sean relevantes y que permitan disponer de la información necesaria para determinar las causas y circunstancias en que se han producido los accidentes de tráfico y sus consecuencias



Texto Anterior oooooo Redacción de la Ley 6/2014
 

Disposición adicional novena.

En accidentes de tráfico ocasionados por atropello de especies cinegéticas será responsable el conductor del vehículo cuando se le pueda imputar incumplimiento de las normas de circulación.

Los daños personales y patrimoniales en estos siniestros, sólo serán exigibles a los titulares de aprovechamientos cinegéticos o, en su defecto, a los propietarios de los terrenos, cuando el accidente sea consecuencia directa de la acción de cazar o de una falta de diligencia en la conservación del terreno acotado.

También podrá ser responsable el titular de la vía pública en la que se produce el accidente como consecuencia de su responsabilidad en el estado de conservación de la misma y en su señalización.

 

«Disposición adicional novena. 

En accidentes de tráfico ocasionados por atropello de especies cinegéticas en las vías públicas será responsable de los daños a personas o bienes el conductor del vehículo, sin que pueda reclamarse por el valor de los animales que irrumpan en aquéllas.

No obstante, será responsable de los daños a personas o bienes el titular del aprovechamiento cinegético o, en su defecto, el propietario del terreno, cuando el accidente de tráfico sea consecuencia directa de una acción de caza colectiva de una especie de caza mayor llevada a cabo el mismo día o que haya concluido doce horas antes de aquél.

También podrá ser responsable el titular de la vía pública en la que se produzca el accidente como consecuencia de no haber reparado la valla de cerramiento en plazo, en su caso, o por no disponer de la señalización específica de animales sueltos en tramos con alta accidentalidad por colisión de vehículos con los mismos



Texto Anterior oooooo Redacción de la Ley 6/2014

 Se añade una Disposición adicional decimooctava

 

 

« Disp. Adic. Decimoctava. Baja definitiva por traslado del vehículo a otro país Se prohíbe dar de baja definitiva por traslado a otro país, a vehículos que no cumplan los requisitos de seguridad y medioambientales que se establezcan reglamentariamente.»



Texto Anterior oooooo Redacción de la Ley 6/2014

 Se añade una Disposición adicional decimonovena

 

 

« Disp. Adic. Decimonovena. Referencias al Consejo Superior de Seguridad Vial y al Registro Estatal de Víctimas de Accidentes de Tráfico Las referencias contenidas en la normativa vigente al Consejo Superior de Seguridad Vial y al Registro Estatal de Víctimas de Accidentes de Tráfico se entenderán hechas, respectivamente, al Consejo Superior de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible y al Registro Nacional de Víctimas de Accidentes de Tráfico

 



Texto Anterior oooooo Redacción de la Ley 6/2014

Disposición transitoria.

Hasta que entren en vigor las disposiciones necesarias para el desarrollo de esta Ley, se aplicarán como Reglamentos de la misma el Código de la Circulación aprobado por Decreto de 25 de septiembre de 1934, y disposiciones complementarias, en la medida en que no se opongan a lo que en ella se establece.

 

 

  «Disposición Transitoria. Matriculación definitiva de vehículos en España.

Lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 62.1 en cuanto a la matriculación definitiva en España de vehículos no será efectivo hasta que se proceda a regular reglamentariamente aquellos aspectos que permitan su aplicación.»

 

 

Texto Anterior oooooo Redacción de la Ley 6/2014

 Se añade una Disposición Final tercera

 

« Disposición final tercera. Título competencial. 

Esta ley se dicta al amparo de la competencia exclusiva atribuida al Estado sobre

tráfico y circulación de vehículos a motor por el artículo 149.1.21.ª de la Constitución.»

 

 

Texto Anterior oooooo Redacción de la Ley 6/2014
 Anexo II

2. Conducir bajo los efectos de estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes y otras sustancias de efectos análogos (6 puntos)

3. Incumplir la obligación de someterse a las pruebas de detección del grado de alcoholemia, de estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes y otras sustancias de efectos análogos (6 puntos)

5. Conducir vehículos que tengan instalados mecanismos o sistemas
encaminados a inhibir la vigilancia del tráfico, o que lleven instrumentos con la misma intención, así como de inhibición de sistemas de detección de radar (6 puntos)

 

 

«Anexo II.

2. Conducir con presencia de drogas en el organismo (6 puntos)

3. Incumplir la obligación de someterse a las pruebas de detección de alcohol o de la presencia de drogas en el organismo (6 puntos)

5. Conducir vehículos que tengan instalados inhibidores de radares o cinemómetros o cualesquiera otros mecanismos encaminados a interferir en el correcto funcionamiento de los sistemas de vigilancia del tráfico (6 puntos)

20. Conducir vehículos utilizando mecanismos de detección de radares o cinemómetros (3 puntos)

 

 

 

Reciente Sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos nº 173/2014, por la que reitera la Doctrina del Tribunal Supremo para la diferenciación entre imprudencia o negligencia constitutiva de infracción civil de la constitutiva de una infracción penal. 

 

Queremos destacar el presente caso, en relación a que se absuelve al denunciado como autor de una falta de lesiones imprudentes derivado de accidente de tráfico, dejando abierta al denunciante la vía de la reclamación civil, en tanto que los hechos enjuiciados no son constitutivos de infracción penal dada la impericia del denunciante en la conducción. Aplicación de la Doctrina sentada por el Tribunal Supremo de delimitación de la imprudencia contemplada en elCódigo Penal como leve, a diferencia de la reclamable por la vía civil.  Igualmente determina concurrencia de culpas y su relevancia en el ámbito penal para apreciar la comisión de una imprudencia de carácter leve.

 

El problema radica principalmente en determinar cuando una conducta imprudente da lugar a una infracción civil por culpa extracontractual o a una infracción penal de carácter leve. Establece la Sentencia en su FJ2º del análisis efectuado por la doctrina que: "sin la existencia de un daño resarcible o reparable, de entrada la negligencia civil debe rechazarse (...); por el contrario, existiendo un daño reparable el campo de la culpa civil es amplísimo y residual, como pone de manifiesto la propia redacción del artículo 1902 del Código Civil al decir "interviniendo culpa o negligencia". Por el contrario, para configurar la imprudencia penal, aparte de los elementos comunes a ambas, acción u omisión voluntaria pero no dolosa, ni directa ni indirectamente; daño nexo causal y falta de previsión debida, factor psicológico o subjetivio y eje de conducta imprudente,  (...) es imprescindible la concurrecnia de un factor normativo o externo, representado por la infracción del deber objetivo de cuidado, ya traducido en normas convivenciales o experienciales, tácitamente aconsejadas y observadas en la vida social en evitación de perjuicios a terceros, ya en normas específicas reguladoras de determinadas actividades."

 

"En este mismo sentido la sentencia del Tribunal Supremo de 29 de Febrero de 1.992 viene a precisar que, partiendo de la distinción que de la culpa hace la doctrina científica en grave, leve y levísima, con operatividad ésta última en el área civil y de las dos primeras en el campo penal, nuestra legislación positiva de carácter sancionador, bajo la óptica de la unicidad e igual naturaleza de todas y cada una de las clases o grados de la "imprudencia punible", abarca dentro de la misma la "culpa lata" o temeraria, hoy grave, la de grado medio o simple antirreglamentaria y la simple o ínfima, hoy las dos últimas agrupadas bajo el nombre de culpa leve."

 

 "El Tribunal Supremo tiene establecido con uniformidad y reiteración que las infracciones culposas no se distinguen entre sí, a diferencia de lo que ocurre con las dolosas, por su naturaleza específica sino por la intensidad y  relevancia de la previsión y diligencias dejadas de observar, bajo cuyo criterio el Código Penal tipifica y sanciona dos modalidades, la grave o temeraria y la leve o constitutiva de simple falta, suponiendo ésta última una conducta ligera y de imprevisión venial, por falta de atención bastante, referida a un deber que cumplir, originándose el mal sobrevenido por el negligente descuido del agente en su quehacer lícito, situándose la diferenciación entre distintas clases de imprudencias punibles en un terreno de circunstancialidad y relativismo ante el caso concreto debatido."

 

En cuanto a la operabilidad de la estimación compensatoria de culpas en el área penal, la doctrina venía oponiéndose  a la misma en tanto que el ámbito del derecho punitivo busca la sanción de actos de signo antisocial mediante la imposicion de una pena, d etal modo que la conducta del perjudiciado, cualquiera que fuese su magnitud, no puede tener virtualidad para aminorar la justa reacción de la sociedad. Con posterioridad, se ha ido modificacando por los Tribunales la aplicación de la tesis de la culpa del perjudicado, siempre y cuando sea de tal grado que afecte a la producción del efecto dañoso.

Establece así el Tribunal Supremo y las Audiencias Provinciales que " la contribución de la conducta culposa de la víctima o perjudicado a la causación del evento dañoso influye sobre la calificación jurídica de los hechos de la siguiente manera:

a) Degradando la índole de la culpa en que "per se" incurrió el agente y haciéndola descender, al compás de la trascendencia de la culpa del ofendido, uno o más peldaños en la escala culposa.
b) Moderando el quantum de la indemnización que procedería señalar de no haber convergido con la culpa del agente la del sujeto pasivo, siendo dicha moderación o reducción más o menos intensa con arreglo
a la incidencia o influencia que en la causación o producción del daño una u otra.
c) Excepcionalmente, la culpa del sujeto pasivo puede ser de tal magnitud y de influencia tan decisiva en la producción del resultado que, no solo minimice la del enjuiciado, sino que la borre totalmente.

La doctrina abandona el término de "compensación de culpas" hasta entonces utilizado, y acuña el de "concurrencia de culpas", concurrencia que se da siempre que con la culpa del agente haya coexistido o
confluido la del ofendido o víctima contribuyendo de esta forma concausalmente y en mayor o menor medida a la producción de un mismo resultado lesivo."

Así mismo, diversas sentencia de las audiencias Provinciales han venio señalado lo siguiente; Sentencia de la A.P de Badajoz de 27 de abril de 1998: "no toda imprudencia o negligencia, cualquiera fuese el resultado lesivo, debe ser incardinada, sin más, en el ámbito criminal; solo la más grosera de las infracciones, la dejación de los más elementales deberes de cuidado o protección merecen la salvaguardia o protección de este orden jurisdiccional; no es posible implantar la responsabilidad masiva o en cascada y frente a cualesquiera que, en algún modo, aún mínimo, tuvieron alguna conexión con el hecho imprudente; el ordenamiento jurídico prevé otros remedios para proteger a la víctima frente a actos atentatorios que traigan causa en la denominada culpa extracontractual o aquiliana y en orden a conseguir para aquélla la más absoluta indemnidad; nos referimos a las disposiciones que al igual se contemplan en el orden civil, en sus artículos 1.902 y ss., y respecto a los cuales la jurisprudencia, con unanimidad,, viene, en favorecimiento de la víctima (lo que no es transmutable al orden penal), a promover "la inversión de la carga de la prueba", al entender que si el evento dañoso se produjo, esto denota o acredita "prima facie" que algo quedaba por prevenir o que no había sido agotada la diligencia, beneficiando de esta forma a la víctima, y en orden a conseguir su plena indemnidad que, no cabe duda, en estos supuestos se superpone a cualquier otra consideración".

En el presente caso, el Juzgado entiende que cuando se produce culpa de la víctima, procede la eliminación de responsabilidad criminal del acusado. Así deduce la inexistenica de una relación de causalidad directa y eficiente entre el primer accidente y la colisión de la motocicleta. La conducta del piloto de la motocicleta es imprudencite o negligente, y en todo caso,concurrente con la de los otros dos conductores implicados en los hechos, pero con una concurrente de tal magnitud que provoca la ruptura del nexo casal entre la imprudencia en la que hubieran podido incurrir los otros dos intervinientes y el accidente de la motocicleta que éste conducía. Ello provoca, como antes hemos indicado, no solo la degradación de la imprudencia de los otros dos conductores, sino su atipicidad penal con respecto al resultado lesivo y dañoso que Alejandro llega a sufrir.

Por lo anterior, resulta determinante la coducta del perjudicado a la hora de procducir el resultavo lesivo, pudiendo llegar incluso a la eliminación de toda responsabilidad derivada de la imrpudencia o negligencia del causante.

 

 

 Sentencia de fecha 21 de Abril de 2014, de la Audiencia Provincial nº 173/2014.

  

Descargar Documento en PDF.


 

 

El Juzgado de lo Social de Madrid ha reconocido al trabajador la demanda presentada contra la empresa en reclamación de cantidad adeudada por los salarios no cobrados durante la relación laboral.

En el presente caso, el trabajador demanda a la empresa el pago de los salarios derivados por las horas extraordinarias, turno de noche, festivos trabajados y diferencias salariales del salario base que no le han sido abonados de acuerdo con el Convenio Colectivo de Hostelería y Actividades Turísticas de la Comunidad de Madrid.

Estima el Juzgado de lo Social la demanda en su totalidad, condenando a la empresa demandada a que abone al trabajador la cuantía que ha reclamado, ante la incomparecencia de la empresa a la celebración del juicio. 

 

Sentencia del Juzgado de lo Social de Madrid, estimando la reclamación de cantidad presentada por el trabajador frente a la empresa.

 

 Descargar Documento Completo en PDF.

 

 

 

CAPÍTULO VIII MUERTE Y SUPERVIVENCIA

Artículo 171 Prestaciones

1. En caso de muerte, cualquiera que fuera su causa, se otorgarán, según los supuestos, alguna o algunas de las prestaciones siguientes:

a) Un auxilio por defunción.

b) Una pensión vitalicia de viudedad.

c) Una prestación temporal de viudedad.

d) Una pensión de orfandad.

e) Una pensión vitalicia o, en su caso, subsidio temporal en favor de familiares.

2. En caso de muerte causada por accidente de trabajo o enfermedad profesional se concederá, además, una indemnización a tanto alzado.

 

Artículo 172 Sujetos causantes.

1. Podrán causar derecho a las prestaciones enumeradas en el artículo anterior:

a) Las personas integradas en el Régimen General que cumplan la condición general exigida en el artículo 124.

b) Los perceptores de los subsidios de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, maternidad, paternidad o riesgo durante la lactancia natural, que cumplan el período de cotización que, en su caso, esté establecido.

c) Los pensionistas por incapacidad permanente y jubilación, ambos en su modalidad contributiva.

2. Se reputarán de derecho muertos a consecuencia de accidente de trabajo o de enfermedad profesional quienes tengan reconocida por tales contingencias una incapacidad permanente absoluta para todo trabajo o la condición de gran inválido.

Si no se da el supuesto previsto en el párrafo anterior, deberá probarse que la muerte ha sido debida al accidente de trabajo o a la enfermedad profesional, siempre que el fallecimiento haya ocurrido dentro de los cinco años siguientes a la fecha del accidente; en caso de enfermedad profesional se admitirá tal prueba, cualquiera que sea el tiempo transcurrido.

3. Los trabajadores que hubieran desaparecido con ocasión de un accidente, sea o no de trabajo, en circunstancias que hagan presumible su muerte y sin que se hayan tenido noticias suyas durante los noventa días naturales siguientes al del accidente, podrán causar las prestaciones por muerte y supervivencia, excepción hecha del auxilio por defunción. Los efectos económicos de las prestaciones se retrotraerán a la fecha del accidente, en las condiciones que reglamentariamente se determinen.

 

Artículo 173 Auxilio por defunción

El fallecimiento del causante dará derecho a la percepción inmediata de un auxilio por defunción para hacer frente a los gastos de sepelio a quien los haya soportado. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que dichos gastos han sido satisfechos por este orden: por el cónyuge superviviente, el sobreviviente de una pareja de hecho en los términos regulados en el apartado 3 del artículo 174, hijos y parientes del fallecido que conviviesen con él habitualmente.

 

Artículo 174 Pensión de viudedad

1. Tendrá derecho a la pensión de viudedad, con carácter vitalicio, salvo que se produzca alguna de las causas de extinción que legal o reglamentariamente se establezcan, el cónyuge superviviente cuando, al fallecimiento de su cónyuge, éste, si al fallecer se encontrase en alta o en situación asimilada a la de alta, hubiera completado un período de cotización de quinientos días, dentro de un período ininterrumpido de cinco años inmediatamente anteriores a la fecha del hecho causante de la pensión. En los supuestos en que se cause aquélla desde una situación de alta o de asimilada al alta, sin obligación de cotizar, el período de cotización de quinientos días deberá estar comprendido dentro de un período ininterrumpido de cinco años inmediatamente anteriores a la fecha en que cesó la obligación de cotizar. En cualquier caso, si la causa de la muerte fuera un accidente, sea o no de trabajo, o una enfermedad profesional, no se exigirá ningún período previo de cotización.

También tendrá derecho a la pensión de viudedad el cónyuge superviviente aunque el causante, a la fecha de fallecimiento, no se encontrase en alta o en situación asimilada a la de alta, siempre que el mismo hubiera completado un período mínimo de cotización de quince años.

En los supuestos excepcionales en que el fallecimiento del causante derivara de enfermedad común, no sobrevenida tras el vínculo conyugal, se requerirá, además, que el matrimonio se hubiera celebrado con un año de antelación como mínimo a la fecha del fallecimiento o, alternativamente, la existencia de hijos comunes. No se exigirá dicha duración del vínculo matrimonial cuando en la fecha de celebración del mismo se acreditara un período de convivencia con el causante, en los términos establecidos en el párrafo cuarto del apartado 3, que, sumado al de duración del matrimonio, hubiera superado los dos años.

 

2. En los casos de separación o divorcio, el derecho a la pensión de viudedad corresponderá a quien, reuniendo los requisitos en cada caso exigidos en el apartado anterior, sea o haya sido cónyuge legítimo, en este último caso siempre que no hubiera contraído nuevas nupcias o hubiera constituido una pareja de hecho en los términos a que se refiere el apartado siguiente. Asimismo, se requerirá que las personas divorciadas o separadas judicialmente sean acreedoras de la pensión compensatoria a que se refiere el artículo 97 del Código Civil y ésta quedara extinguida a la muerte del causante. En el supuesto de que la cuantía de la pensión de viudedad fuera superior a la pensión compensatoria, aquélla se disminuirá hasta alcanzar la cuantía de esta última. En todo caso, tendrán derecho a la pensión de viudedad las mujeres que, aún no siendo acreedoras de pensión compensatoria, pudieran acreditar que eran víctimas de violencia de género en el momento de la separación judicial o el divorcio mediante sentencia firme, o archivo de la causa por extinción de la responsabilidad penal por fallecimiento; en defecto de sentencia, a través de la orden de protección dictada a su favor o informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de violencia de género, así como por cualquier otro medio de prueba admitido en Derecho.

Si, habiendo mediado divorcio, se produjera una concurrencia de beneficiarios con derecho a pensión, ésta será reconocida en cuantía proporcional al tiempo vivido por cada uno de ellos con el causante, garantizándose, en todo caso, el 40 por ciento a favor del cónyuge superviviente o, en su caso, del que, sin ser cónyuge, conviviera con el causante en el momento del fallecimiento y resultara beneficiario de la pensión de viudedad en los términos a que se refiere el apartado siguiente.

En caso de nulidad matrimonial, el derecho a la pensión de viudedad corresponderá al superviviente al que se le haya reconocido el derecho a la indemnización a que se refiere el artículo 98 del Código Civil, siempre que no hubiera contraído nuevas nupcias o hubiera constituido una pareja de hecho en los términos a que se refiere el apartado siguiente. Dicha pensión será reconocida en cuantía proporcional al tiempo vivido con el causante, sin perjuicio de los límites que puedan resultar por la aplicación de lo previsto en el párrafo anterior en el supuesto de concurrencia de varios beneficiarios.

 

3. Cumplidos los requisitos de alta y cotización establecidos en el apartado 1 de este artículo, tendrá asimismo derecho a la pensión de viudedad quien se encontrase unido al causante en el momento de su fallecimiento, formando una pareja de hecho, y acreditara que sus ingresos durante el año natural anterior no alcanzaron el 50 por ciento de la suma de los propios y de los del causante habidos en el mismo período. Dicho porcentaje será del 25 por ciento en el caso de inexistencia de hijos comunes con derecho a pensión de orfandad.

No obstante, también se reconocerá derecho a pensión de viudedad cuando los ingresos del sobreviviente resulten inferiores a 1,5 veces el importe del salario mínimo interprofesional vigente en el momento del hecho causante, requisito que deberá concurrir tanto en el momento del hecho causante de la prestación, como durante el período de su percepción. El límite indicado se incrementará en 0,5 veces la cuantía del salario mínimo interprofesional vigente por cada hijo común, con derecho a la pensión de orfandad que conviva con el sobreviviente.

Se considerarán como ingresos los rendimientos de trabajo y de capital así como los de carácter patrimonial, en los términos en que son computados para el reconocimiento de los complementos para mínimos de pensiones.

A efectos de lo establecido en este apartado, se considerará pareja de hecho la constituida, con análoga relación de afectividad a la conyugal, por quienes, no hallándose impedidos para contraer matrimonio, no tengan vínculo matrimonial con otra persona y acrediten, mediante el correspondiente certificado de empadronamiento, una convivencia estable y notoria con carácter inmediato al fallecimiento del causante y con una duración ininterrumpida no inferior a cinco años. La existencia de pareja de hecho se acreditará mediante certificación de la inscripción en alguno de los registros específicos existentes en las comunidades autónomas o ayuntamientos del lugar de residencia o mediante documento público en el que conste la constitución de dicha pareja. Tanto la mencionada inscripción como la formalización del correspondiente documento público deberán haberse producido con una antelación mínima de dos años con respecto a la fecha del fallecimiento del causante.

En las comunidades autónomas con Derecho Civil propio, cumpliéndose el requisito de convivencia a que se refiere el párrafo anterior, la consideración de pareja de hecho y su acreditación se llevará a cabo conforme a lo que establezca su legislación específica.

 

4. En todos los supuestos a los que se refiere el presente artículo, el derecho a pensión de viudedad se extinguirá cuando el beneficiario contraiga matrimonio o constituya una pareja de hecho en los términos regulados en el apartado anterior, sin perjuicio de las excepciones establecidas reglamentariamente.

 

Artículo 174 bis Prestación temporal de viudedad

Cuando el cónyuge superviviente no pueda acceder al derecho a pensión de viudedad por no acreditar que su matrimonio con el causante ha tenido una duración de un año o, alternativamente, por la inexistencia de hijos comunes y reúna el resto de requisitos enumerados en el apartado 1 del artículo 174, tendrá derecho a una prestación temporal en cuantía igual a la de la pensión de viudedad que le hubiera correspondido y con una duración de dos años.

 

Artículo 177 Indemnización especial a tanto alzado

1. En el caso de muerte por accidente de trabajo o enfermedad profesional, el cónyuge superviviente, el sobreviviente de una pareja de hecho en los términos regulados en el apartado 3 del artículo 174 y los huérfanos tendrán derecho a una indemnización a tanto alzado, cuya cuantía uniforme se determinará en los Reglamentos generales de esta Ley. En los supuestos de separación, divorcio o nulidad será de aplicación, en su caso, lo previsto en el apartado 2 del artículo 174.

2. Cuando no existieran otros familiares con derecho a pensión por muerte y supervivencia, el padre o la madre que vivieran a expensas del trabajador fallecido, siempre que no tengan, con motivo de la muerte de éste, derecho a las prestaciones a que se refiere el artículo anterior, percibirán la indemnización que se establece en el apartado 1 del presente artículo. Artículo 178 Imprescriptibilidad El derecho al reconocimiento de las prestaciones por muerte y supervivencia, con excepción del auxilio por defunción, será imprescriptible, sin perjuicio de que los efectos de tal reconocimiento se produzcan a partir de los tres meses anteriores a la fecha en que se presente la correspondiente solicitud.

 

Artículo 179 Compatibilidad y límite de las prestaciones

1. La pensión de viudedad será compatible con cualesquiera rentas de trabajo. La pensión de viudedad, en los términos del segundo párrafo del apartado 1 del artículo 174, será incompatible con el reconocimiento de otra pensión de viudedad, en cualquiera de los regímenes de la Seguridad Social, salvo que las cotizaciones acreditadas en cada uno de los regímenes se superpongan, al menos, durante 15 años.

 

Artículo 179 bis Base reguladora de las prestaciones derivadas de contingencias comunes

Para el cálculo de la base reguladora en los supuestos de prestaciones derivadas de contingencias comunes se computará la totalidad de las bases por las que se haya efectuado la cotización durante el periodo establecido reglamentariamente anterior al mes previo al del hecho causante.

 

 

La pensión de viudedad está destinada para aquellas personas, que tras el fallecimiento de su cónyuge, ex cónyuge o pareja de hecho, sufren al margen de la pérdida personal, una situación de desequilibrio económico, ya que en la mayoría de los casos, el fallecido es el único miembro de la familia con capacidad económica, bien como fruto de su salario, bien porque perciba algún tipo de pensión, que sustenta el hogar familiar. Por lo tanto el objetivo de esta pensión, es cubrir como mínimo las necesidades económicas que pudieran surgir a los beneficiarios tras el fallecimiento de su cónyuge o asimilado.

 

Como ya hemos mencionado, se trata de una pensión contributiva, es decir, se exige que el causante del derecho a la pensión, cumpla una serie de requisitos indispensables. Señalamos a continuación que requisitos son:

 

 

REQUISITOS DEL FALLECIDO:

Aspecto fundamental es la situación en la que se encontraba el causante en el momento del fallecimiento. Estas situaciones pueden ser:

1. Se encontraba de ALTA.

- Fallecimiento debido a enfermedad común, se exige que el causante haya cotizado como mínimo 500 días dentro de un período ininterrumpido de 5 años inmediatamente anteriores al fallecimiento o al cese de la obligación de cotizar. En el caso de que el contrato que tenía el causante fuese parcial, para el cómputo de estas cantidades se va a tener en cuenta el número de horas efectivamente trabajadas.

- Fallecimiento debido a enfermedad profesional o accidente de trabajo, desaparece la obligación de tener cotizado un período mínimo.

2. No se encontraba de ALTA.

- Requisito necesario que el fallecido tenga cotizados un mínimo de 15 años.

- Nunca generará derecho a cobro los ejercicios anteriores al 1-1-99.

3. Perceptor de subsidio de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, maternidad, paternidad, etc… cuando cumplan el período de cotización establecido en su caso.

4. Perceptores de jubilación en modalidad contributiva.

5. Pensionista de incapacidad permanente o aquellos trabajadores que tengan derecho a esta pensión de incapacidad y optasen por percibir una indemnización.

6. Los que hubieran dejado de trabajar con derecho a pensión de jubilación, pero que hubieran fallecido con anterioridad a solicitarla.

 

 REQUISITOS DEL BENEFICIARIO:

Pueden ser beneficiarios de la pensión de viudedad el cónyuge del fallecido, los separados, divorciados, o matrimonios nulos, y la pareja de hecho, siempre y cuando reúnan una serie de requisitos.

 

1.- El cónyuge superviviente, en el supuesto de fallecimiento derivado de enfermedad común anterior al matrimonio, deberá acreditar uno de los siguientes requisitos:

  • Que existan hijos comunes.
  • Que el matrimonio se hubiera celebrado con un año de antelación al fallecimiento. No se exigirá dicha duración del vínculo matrimonial, cuando en la fecha de celebración del mismo se acreditara un periodo de convivencia con el causante como pareja de hecho que, sumado al de duración del matrimonio, hubiera superado los dos años.

Cuando el cónyuge no acredite uno de estos requisitos, podrá acceder a una prestación temporal de viudedad, siempre que reúna el resto de los requisitos exigidos. 

 

2.- Los separados judicialmente o divorciados, siempre que en este último caso no hubieran contraído nuevo matrimonio o constituido una pareja de hecho, cuando sean acreedores de la pensión compensatoria a la que se refiere el art. 97 del Código Civil y ésta quedara extinguida por el fallecimiento del causante.

A partir de 01-01-2010, en el supuesto de que la cuantía de la pensión de viudedad fuera superior a la pensión compensatoria, aquélla se disminuirá hasta alcanzar la cuantía de esta última.

En todo caso, tendrán derecho a pensión de viudedad, aún no siendo acreedoras de la pensión compensatoria, las mujeres que pudieran acreditar que eran víctimas de la violencia de género en el momento de la separación judicial o el divorcio mediante sentencia firme, o archivo de la causa por extinción de la responsabilidad penal por fallecimiento; en defecto de sentencia, a través de la orden de protección dictada a su favor o informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de violencia de género, así como cualquier otro medio de prueba admitido en Derecho (aplicable a fallecimientos producidos a partir de 01-01-08).

Cuando la separación judicial o divorcio sea anterior a 01-01-2008, el reconocimiento del derecho a la pensión no quedará condicionado a que la persona divorciada o separada judicialmente sea acreedora de pensión compensatoria siempre que:

  • Entre la fecha del divorcio o separación judicial y la fecha del fallecimiento del causante, no hayan transcurrido más de 10 años.
  • El vínculo matrimonial haya tenido una duración mínima de 10 años.
  • Además, se cumpla alguna de las condiciones siguientes: o la existencia de hijos comunes del matrimonio; o que el beneficiario tenga una edad superior a los 50 años en la fecha del fallecimiento del causante.

La cuantía de la pensión resultante se calculará de acuerdo con la normativa vigente con anterioridad 01-01-2008 (entrada en vigor de la Ley 40/2007, de 4 de diciembre). 

Lo dispuesto anteriormente se aplica también a los fallecimientos producidos entre 01-01-2008 y el 31-12-2009, siempre que el divorcio o separación judicial se haya producido antes de 01-01-2008. 

La persona divorciada o separada judicialmente que hubiera sido deudora de la pensión compensatoria no tendrá derecho a pensión de viudedad.

A partir de 1-1-2013, también tendrán derecho a la pensión las personas divorciadas o separadas judicialmente antes del 1-1-2008, que no fueran acreedoras de la pensión compensatoria, aunque no reúnan los demás requisitos exigidos en la disposición transitoria 18ª (que entre la fecha del divorcio o separación y el fallecimiento de causante no hayan transcurrido más de 10 años; que el matrimonio haya durado al menos 10 años, que tuvieran hijos comunes) siempre que:

 

  • Tengan 65 o más años,
  • No tengan derecho a otra pensión pública y
  • La duración del matrimonio con el causante de la pensión no haya sido inferior a 15 años.

 

 

3.- El superviviente cuyo matrimonio hubiera sido declarado nulo, al que se le haya reconocido el derecho a la indemnización prevista en el art.  98 del Código Civil, siempre que no hubiera contraído nuevas nupcias o constituido una pareja de hecho debidamente acreditada. 

 

4.- El sobreviviente de la pareja de hecho, siempre que acredite: 

  1. Que el fallecimiento es posterior a 01-01-08.
  2. La inscripción de la pareja de hecho en alguno de los registros específicos existentes en las Comunidades Autónomas (CCAA) o Ayuntamientos del lugar de residencia o la formalización de documento público en el que conste la constitución de dicha pareja, en ambos casos, con una antelación mínima de 2 años con respecto a la fecha del fallecimiento del causante.
  3. Convivencia estable y notoria con carácter inmediato al fallecimiento del causante, con una duración ininterrumpida no inferior a 5 años.
  4. Que, durante el período de convivencia, ningún componente de la pareja estaba impedido para contraer matrimonio ni tenía vínculo matrimonial con otra persona.
  5. Que sus ingresos: 
  • Durante el año natural anterior al fallecimiento, no alcanzaron el 50% de la suma de los propios más los del causante habidos en el mismo período, o el 25%  en el caso de inexistencia de hijos comunes con derecho a pensión de orfandad.
  • O alternativamente que son inferiores a 1,5 veces el importe del SMI  vigente en el momento del fallecimiento, requisito que deberá concurrir tanto en el momento del hecho causante como durante su percepción. El límite indicado se incrementará en 0,5 veces la cuantía del SMI vigente por cada hijo común con derecho a la pensión de orfandad que conviva con el sobreviviente. Se consideran como ingresos los rendimientos de trabajo y de capital así como los de carácter patrimonial, en los términos en que son computados para el reconocimiento de los complementos para mínimos de pensiones.

 

CUANTÍA DE LA PENSIÓN

La cuantía va a depender de las aportaciones a la seguridad social del sujeto causante a lo largo de toda su vida laboral. Además habrías que destacar que es un tipo de pensión vitalicia, es decir, que el beneficiario va a tener derecho a recibir la misma toda su vida siempre y cuando no incurra en situaciones que provoquen su retirada.

 

-¿Qué porcentaje se abona?:

Con carácter general, se abonará el 52% de la base reguladora. Sin embargo, se abonará el 70% de la base reguladora correspondiente siempre que, durante todo el período de percepción de la pensión, se cumplan los siguientes requisitos:

1. Que el pensionista tenga cargas familiares. Se entiende que existen cargas familiares cuando:

    • Conviva con hijos menores de 26 años o mayores incapacitados, o menores acogidos. A estos efectos, se considera que existe incapacidad cuando acredite una discapacidad igual o superior al 33%.
    • Los rendimientos de la unidad familiar, incluido el propio pensionista, divididos entre el número de miembros que la componen, no superen, en cómputo anual, el 75% del salario mínimo interprofesional vigente en cada momento, excluida la parte proporcional de las dos pagas extraordinarias.

2. Que la pensión de viudedad constituya la principal o única fuente de ingresos, entendiendo que se cumple este requisito cuando el importe anual de la pensión sea superior al 50% del total de los ingresos del pensionista.

3. Que los rendimientos anuales del pensionista por todos los conceptos no superen la cuantía resultante de sumar al límite que, en cada ejercicio económico, esté previsto para el reconocimiento de los complementos por mínimos de las pensiones contributivas, el importe anual que, en cada ejercicio económico, corresponda a la pensión mínima de viudedad con cargas familiares. A partir de 01-01-2014, el límite de ingresos es de 17.327,33 € anuales (7.080,73 + 10.246,60).

La pensión de viudedad, en cómputo anual, más los rendimientos anuales del pensionista, no pueden exceder el límite de ingresos del párrafo anterior. En caso contrario, se reducirá la cuantía de la pensión de viudedad a fin de no superar dicho límite.

Los tres requisitos exigidos deben concurrir simultáneamente. La pérdida de uno de ellos motivará la aplicación del porcentaje del 52% con efectos desde el día 1 del mes siguiente a aquél en que deje de concurrir dicho requisito.

 

En los casos de separación judicial o divorcio: Cuando exista un único beneficiario con derecho a pensión, el importe de la cuantía será íntegro.

Si mediando divorcio existe concurrencia de beneficiarios con derecho a pensión, ésta será reconocida en cuantía proporcional al tiempo vivido cada uno de ellos con el causante, garantizándose, en todo caso, el 40% a favor del cónyuge o superviviente de una pareja de hecho con derecho a pensión de viudedad.

Límite máximo: a partir de 01-01-2010, la cuantía de la pensión de viudedad no puede ser superior a la pensión compensatoria. Si fuera superior, aquélla se disminuirá hasta alcanzar la cuantía de ésta última.

Cuando se trate de separados o divorciados no acreedores de pensión compensatoria: la pensión será reconocida en cuantía proporcional al tiempo vivido con el causante fallecido, sin perjuicio de los límites (40%) que puedan resultar en favor del cónyuge o superviviente de la pareja de hecho en el supuesto de concurrencia de beneficiarios.

En los casos de nulidad matrimonial, la pensión será reconocida en cuantía proporcional al tiempo vivido con el fallecido, sin perjuicio de los límites (40%) que puedan resultar en favor del cónyuge o superviviente de la pareja de hecho en el supuesto de concurrencia de beneficiarios.

 

-¿Cuándo se abona la pensión?

La pensión se abona a los beneficiarios mensualmente, con dos pagas extraordinarias al año, que se hacen efectivas con las mensualidades de junio y noviembre, salvo en los casos de accidente de trabajo y enfermedad profesional, en que están prorrateadas dentro de las doce mensualidades ordinarias.

La pensión, incluido el importe de la pensión mínima, se revaloriza al comienzo de cada año, de acuerdo con el Índice de Precios al Consumo previsto para dicho año.

Se garantizan cuantías mínimas mensuales, según la edad y las cargas familiares del beneficiario:

  • Titular con cargas familiares.
  • Titular con 65 años o con discapacidad >= 65%.
  • Titular con edad entre 60 y 64 años.
  • Titular menor de 60 años.

La pensión está sujeta a tributación en los términos establecidos en las normas reguladoras del Impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) y sometida, en su caso, al sistema general de retenciones a cuenta del impuesto, con la siguiente excepción: estará exenta si deriva de actos de terrorismo.

 

-¿Dónde solicitar la pensión?

El organismo que se encarga de la gestión y concesión de la pensión de viudedad es el INSS, es decir, el Instituto Nacional de la Seguridad Social o la Mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales si la muerte del sujeto causante ha sido a causa de un accidente de trabajo o enfermedad profesional.

 

 

Reciente Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal,121/2014, delito de apropiación indebidida e incumplimiento de los deberes inherentes al cargo de tutor.

 

En este supuesto, el Tribunal Supremo confirma la condena por un delito de apropiación indebida y de incumplimiento de deberes realizado por la tutora legal de una persona incapacitada judicialmente, siendo éste su marido, quien sufrió un accidente de tráfico. Queremos destacar el hecho de que al margen del examen penal del caso, y que analizaremos más adelante, una simple situación de la vida cotidiana tiene  relevancia jurídica. Así, en este supuesto, alcanza hasta 5 procedimientos distintos, y que son recogidos en la sentencia del Tribunal Supremo para fundamentar la resolución condenatoria contra la acusada, siendo los siguientes:

Antecedentes del supuesto:

- Accidente de tráfico. Reclamación de la indemnización por las lesiones y secuelas derivadas del siniestro. Abono de una cuantiosa suma dineraria.

- Reconocimiento por parte del INSS de la incapacidad permanente absoluta en grado de gran invalidez que le imposibilita para trabajar derivado del accidente de tráfico.

- Declaración por Juez de la incapacidad para gobernarse asi mismo, nombramiento de tutor. Recayendo el nombramiento en su esposa.

- Indicios previos al accidentede tráfico de la intencionalidad del perjudiciado de presentar el divorcio. Indicios posteriores al accidente, nueva relación sentimental de la esposa del perjudicado.

- Abandono del incapaz por parte del tutor, apropiación de los bienes y dinero para su propio beneficio.

 

Se alza en casación la defensa de la acusada por considerar que no ha quedado acreditado que la tutora legal se apropiara de bienes de su marido incapacitado judicialmente, ni incumpliera las obligaciones legales inherentes al ejercicio adecuado de la tutela. Señala el Tribunal Supremo la doctrina dictada por la sala para entender que concurre el delito de apropiación indebida.

F.J,3º:" Se declara probado, entre otros extremos, que la acusada, ya en su condición de guardadora de hecho ya en su posterior condición de tutora, dispuso, invirtiendo parte importante en su propio nombre, de un total de 787.084,20 euros, sin que destinara cantidad alguna de esa suma a la atención y asistencia de Marco Antonio cuando constituía la indemnización que se había fijado judicialmente para resarcirle de las gravísimas secuelas- 95% de minusvalía- causadas en un accidente de tráfico, indemnización que con arreglo a lo que se dispone en el apartado 6º del artículo 1346 del Código Civil , constituye un bien privativo de la víctima ( Sentencia 520/2001, de 29 mayo, de la Sala Civil del Tribunal Supremo).
Tiene declarado esta Sala, como es exponente, la Sentencia 997/2007, de 21 de noviembre , que en el delito de apropiación indebida pueden distinguirse dos etapas diferenciadas. La primera se concreta en
una situación inicial lícita, generalmente contractual, en la que el sujeto activo recibe en calidad de depósito, comisión, administración o por cualquier otro título que produzca obligación de entregarlos o devolverlos dinero, efectos, valores o cualquier otra cosa mueble o activo patrimonial, recepción presidida por la existencia de una convenida finalidad específica de devolución o bien de empleo en un destino determinado, es decir, de entrega a un tercero o terceros para cumplir la finalidad pactada. En la segunda etapa el agente transmuta esta posesión legítima (o propiedad afectada a un destino, en el caso de bienes fungibles) en disposición ilegítima y abusando de la tenencia material de los bienes y de la confianza recibida, dispone de ellos, los distrae de un destino o niega haberlos recibido, es decir, se los apropia indebidamente en perjuicio del depositante, comitente, dueño o persona que debiera percibir los bienes u obtener la contrapartida derivada de su destino pactado."

"En palabras de la STS 1261/2006, 20 de diciembre , en el ámbito jurídico-penal apropiarse indebidamente de un bien no equivale necesariamente a convertirse ilícitamente en su dueño, sino a actuar ilícitamente sobre el bien, disponiendo del nuevo como si fuera su dueño, prescindiendo con ello de las limitaciones ínsitas en el título de recepción, establecidas con garantía de los legítimos intereses de quienes lo entregaron ( SSTS 1566/2001, 4 de septiembre , 2339/2001, 7 de diciembre , 477/2003, 5 de abril )."

En definitiva, apropiarse significa incorporar al propio patrimonio la cosa que se recibió en posesión con la obligación de entregarla o devolverla.

" Por ello, cuando se trata de dinero u otras cosas fungibles, el delito de apropiación indebida requiere como elementos de tipo objetivo: a) que el autor lo reciba en virtud de depósito, comisión, administración o cualquier otro título que contenga una precisión de la finalidad con que se entrega y que produzca consiguientemente la obligación de entregar o devolver otro tanto de la misma especie y calidad; b) que el autor ejecute un acto de disposición sobre el objeto o el dinero recibidos que resulta ilegítimo en cuanto que excede de las facultades conferidas por el título de recepción, dándole en su virtud un destino definitivo distinto del acordado, impuesto o autorizado; c) que como consecuencia de ese acto se cause un perjuicio en el sujeto pasivo, lo cual ordinariamente supondrá una imposibilidad, al menos transitoria, de
recuperación. Y, como elementos de tipo subjetivo, que el sujeto conozca que excede sus facultades al actuar como lo hace y que con ello suprime las legítimas facultades de titular sobre el dinero o la cosa entregada". Y se añade que la modalidad de apropiación indebida objeto de condena en la sentencia impugnada, que es la distracción de fondos percibidos por el autor por cualquier título que produzca la obligación de entregarlos o devolverlos, considera que constituye una modalidad típica, prevista en el art. 252 del Código Penal , que tiene como presupuesto la traslación legítima de dinero, u otra cosa fungible que comporte para el receptor la adquisición de su propiedad, aunque con la obligación de darle un determinado destino, conforme a los términos, explícitos o implícitos, de la relación contractual asumida. Cuando, como sucede en el presente recurso, se trata de dinero, y dada su acusada fungibilidad, la acción típica no consiste tanto en incorporar el dinero recibido al patrimonio propio, -puesto que esta incorporación, aunque condicionada, se produce por el hecho de haberlo recibido legítimamente-, sino en darle un destino diferente al pactado, irrogando un perjuicio a quien hizo la entrega.

Efectivamente, como antes se ha dejado expresado, la acusada, como guardadora de hecho y posteriormente tutor de la víctima, no destinó la cantidad recibida, de la que era administradora, al destino
judicialmente señalado de indemnizar a Marco Antonio de las lesiones y gravísimas secuelas padecidas en un accidente de tráfico, disponiendo del dinero para otros fines bien distintos."

En cuanto a la aplicación de la agravante de abuso de relaciones especiales del art.250.1.6º del Códido Penal, señala el Tribunal la doctrina dictada al efecto, la Sentencia 931/2009, de 20 de septiembre , la necesidad de ponderar cuidadosamente la aplicación de esta agravación, en la medida en que en la mayor parte de los casos, tanto el engaño que define el delito de estafa como el quebrantamiento de confianza que es propio de la apropiación indebida, presentan significativos puntos de coincidencia con la descripción del tipo agravado. La STS 383/2004, 24 de marzo , señaló -con cita de las SSTS, 1753/2000, 8 de noviembre , 2549/2001, 4 de enero 2002 , 626/2002, 11 de abril y 890/2003 -, que la aplicación del subtipo agravado por el abuso de relaciones personales del núm. 7 del artículo 250 del Código Penal , quedaba reservada para aquellos supuestos en los que además de quebrantar una confianza genérica, subyacente en todo hecho típico de esta naturaleza, se realice la acción típica desde una situación de mayor confianza o de mayor credibilidad que caracteriza determinadas relaciones previas y ajenas a la relación subyacente, en definitiva un plus que hace de mayor gravedad el quebrantamiento de confianza implícito en delitos de este tipo, pues en caso contrario, tal quebrantamiento se encuentra ordinariamente inserto en todo comportamiento delictivo calificable como estafa o apropiación indebida.

" En el presente caso, el Tribunal de instancia razona la concurrencia de la agravación del artículo 250.1.7 del Código Penal señalando literalmente que el hecho se cometió no solamente abusando de la relación tutorincapaz, lo cual, en si mismo, llena el quebrantamiento de confianza que es propio del hecho básico delictivo de la apropiación indebida, sino también abusando de la relación matrimonial con aprovechamiento de la situación en la que había quedado Marco Antonio , lo cual determina un quebrantamiento de mayor gravedad puesto que la confianza es doble, excediendo así el quebrantamiento de confianza propio del hecho básico, máxime cuando en casos como el presente no se aplica la circunstancia genérica agravante de parentesco del art. 23 Cp. Lo cierto es que fue esa formal existencia de matrimonio lo que determinó que la acusada actuara como guardadora de hecho y posteriormente como tutora, aunque la realidad, acorde con las pruebas practicadas y como se recoge en el relato fáctico, es que actuó como si ese matrimonio no existiera.Es decir, que no puede afirmarse un doble quebrantamiento del deber de confianza ni la presencia de plus que exige esa agravación, ya que si no hubiera mediado matrimonio no hubiera actuado como guardadora de hecho ni designada tutora y no se le hubiera confiado la administración de esa indemnización fijada a favor de Marco Antonio y difícilmente puede hablarse de relaciones personales cuando éstas no existían.Así las cosas, procede estimar este extremo del motivo dejándose sin efecto la agravante de abuso de relaciones personales."

 Respecto del delito de abandono de incapaces, señala la Sala los elementos del delito. Señala el artículo 226.1 que el dejare de cumplir los deberes legales de asistencia inherentes a la patria potestad, tutela, guarda o acogimiento familiar o de prestar la asistencia necesaria legalmente establecida para el sustento de sus descendientes, ascendientes o cónyuge, que se hallen necesitados.

Se trata básicamente de un delito de omisión, por incumplimiento injustificado de los deberes de asistencia inherentes a la tutela y se requiere la capacidad para realizar la acción debida. El tipo subjetivo exige conocer las circunstancias fácticas que generan el deber de asistencia Los deberes cuyo incumplimiento está penalmente sancionado no se circunscriben a la asistencia de índole puramente económica correspondiente a una pensión alimenticia sino que abarca el conjunto de deberes relativos a la atención y cuidado que corresponde, en este caso, al tutor respecto al incapaz. Y participa de la naturaleza de los denominados tipos penales en blanco siendo preciso acudir a la legislación civil para fijar su contenido en la medida que es ésta la que define los deberes legales de asistencia, en concreto los artículos 269 y siguientes del Código Civil en relación al ejercicio de la tutela y artículos 172 y siguientes en relación a la guarda.

Se afirma el incumplimiento total de cada uno de los deberes del tutor dispuestos en el artículo 269 del Código Civil y los que correspondía, antes de ser nombrada tutora, como guardadora de hecho, y se refiere a la ilícita administración, a la falta de información al Juzgado, la no promoción de la recuperación de la capacidad del tutelado y su inserción en la sociedad, como resulta del traslado a una residencia para ancianos a cientos de kilómetros, y que hubo un periodo de hasta quince meses con incumplimiento del resto de los deberes, incluso de lo necesario para su aseo personal y de abonar las cuotas de la residencia, no apareciendo por allí e poniéndose en situación en la que prácticamente era imposible contactar con ella como tutora.
Ciertamente, como se razona por el Tribunal de instancia y recoge en los hechos que se declaran probados, ha existido un incumplimiento casi absoluto de los deberes de asistencia, tanto materiales como
morales, a que venía obligada en su funciones de tutora, tutoría que había reclamado al Juzgado para poder disponer de la indemnización a su antojo y desatender las obligaciones, de toda índole, que exigía la asistencia del incapaz. Estas obligaciones vienen recogidas en el artículo 269 del Código Civil.

  

Sentencia del Tribunal Supremo 121/2014: Delito de apropieación indebida e incumplimiento de las obligaciones inherentes a la tutela.  

 

 Descargar Documento en PDF. 


 

 

residencia-menores-extranjero-divorcios-rupturas 

 

Reciente Sentencia dictada por la Audiencia Pronvincial de Soria, Sección 1ª. Los gastos derivados del accidente de tráfico y para la curación de las lesiones ocasionadas, deben ser resarcidas por la compañía aseguradora del vehículo causante.

 

Examinado el caso, se recurre en apelación por la seguradora contra la Sentencia dictada en el Juicio de Faltas, condenando al abono de la indemnización a favor de los perjudiciados así como a los gastos que constan acreditados documentalmente. La aseguradora impugna una serie de gastos, siendo unas gafas, productos de farmacia y la asistencia de una persona externa para el cuidado permanente de los lesionados y sesiones de rehabilitación.

 

1.- En relación con las gafas, alega la parte recurrente que no consta acreditado que dicha persona empleara o necesitara gafas graduadas en el momento del accidente ni que resultaran dañadas a consecuencia del mismo. 

Señala la Audiencia Provincial de Soria que " Desde luego no parece que la adquisición de unas gafas graduadas sea motivo de capricho. Evidentemente, si lo fueran de sol, o aquellas otras que cumplan una función estética para quien las porta, podría ser discutible la necesidad de pago de dicho concepto, pero evidentemente, si se trata de adquisición de gafas graduadas no responden a motivo alguno de capricho, sino a una necesidad, nacida de la presencia y exigibilidad de lentes correctoras para poder compensar, con ellas, una enfermedad de la vista. Siendo innecesario, por ello, que se tenga que justificar necesariamente que la persona en cuestión necesita dichas gafas. Es evidente que si las ha adquirido, no es por capricho, sino por necesidad, y siendo evidente que la rotura de dichas gafas ha de tener su origen en el accidente. Entre otras cosas, porque basta con ver los resultados acaecidos a resultas del mismo. Siendo más que obvio que las gafas, en buena lógica, habrían resultado dañadas o inutilizadas."

 

2.- Se indica que entre los productos de farmacia, nos encontramos con una crema anticelulítica que considera la aseguradora que no debería haberse abonado. Difiere la Audiencia Provincial en este punto con el apelante, en tanto que considera que ha quedado acreditado mediante los documentos aportados la compra de distintos medicamentos, destinados a paliar el dolor de las lesiones derivadas del accidente.

 

Así sostiene que " dichos pagos de farmacia han sido efectuados. Pues aparecen documentados. Y evidentemente nadie, en su sano juicio, procede a adquirir medicamentos en farmacias, pagando cantidades por diversos conceptos, sino fuera estrictamente necesario, la adquisición de dichos productos. Y siendo necesarios para su propia curación. Máxime cuando, es evidente que en todo proceso judicial de reclamación de dichos gastos, la solución puede ser estimatoria o desestimatoria. Por lo que difícilmente podríamos entender que la adquisición de dichos productos farmacéuticos tuviera como objeto un "enriquecimiento injusto". Puesto que tratándose de productos de farmacia, no se adquieren por capricho y sí por necesidad. Si los adquirió, ex novo, tras el accidente, es porque la adquisición de dichos productos tiene su origen en las consecuencias derivadas del accidente. Y no otras. Y por tanto, han de ser indemnizados.

No existe, pues, enriquecimiento injusto, ni voluntad de enriquecerse, pues dichos pagos han sido realizados. Y evidentemente dichos gastos no han sido satisfechos por capricho, sino como consecuencia de una forma de disminuir el dolor derivado de las lesiones sufridas tras el accidente. De tal manera deben quedar incluidos todos aquellos gastos derivados de la dispensa de medicamentos, para combatir el dolor, y para tratar de restablecer la salud quebrantada. Debiendo añadirse que entre las secuelas padecidas por los perjudicados existen cicatrices, y la crema especialmente impugnada, Thiomucase, puede tener una eficacia variada, no estando acreditado que tenga una eficacia exclusivamente anticelulítico como señaló el recurrente." 

 

Más Información sobre Accidentes de Circulación >>>

 

 

 

 

Indemnizaciones y Derechos del Accidentado >>> 

 

3.- En cuanto al pago de una persona externa, señala la AP que " lo reclamado es exclusivamente cantidades correspondientes a los meses de julio, agosto y septiembre del 2009, es decir, tres meses en una evolución de las lesiones que tardaron más de tres años, entre la fecha en que se produjeron y la fecha de celebración del acto de juicio. No parece que exista una voluntad engañosa en reclamar más que tres meses en un periodo tan prolongado de tiempo. Máxime cuando de ser cierta la voluntad de obtener un resarcimiento injusto nada más fácil que haber reclamado las cantidades de dicha persona externa, durante todo el tiempo entre las lesiones y el acto de juicio. Es decir, solo se reclaman tres meses, los inmediatamente posteriores al accidente, donde los dolores y secuelas del accidente mismo eran más que evidentes, y donde el dolor era más intenso. Habiendo sido justificada dicha cantidad a través de los recibos. Y desde luego, teniendo en cuenta la entidad de las lesiones, tanto de la perjudicada, es más que evidente que sería necesaria la asistencia externa. Por lo que dichos gastos han de ser resarcidos."

 

4.- Rehabilitación y fisioterapia: Remite a lo expresado en el apartado de los medicamentos, en tanto que han sido acreditados los pagos de rehabilitación, y entiende que dichas sesiones son estrictamente necesarias para la curación.

Por lo anterior puede concluirse que el deber indemnizatorio debe extenderse a todos aquellos gatos que de manera razonablemente adecuada se deriven del hecho generador del daño, pues solo de este manera se puede obtener una recomposición de los intereses lesionados. La víctima del hecho criminalmente dañoso tiene derecho a que su situación patrimonial no sufra un menoscabo derivado del ilícito. La indemnización, en estos supuestos de daños patrimoniales, adquiere una clara función resarcitoria, buscando la equivalencia entre la situación previa al hecho dañoso y la posterior, generada por éste.

"De tal manera deben quedar incluidos todos aquellos gastos derivados de la dispensa de medicamentos, para combatir el dolor, y recuperar en algo la sanidad previa al accidente, y de las sesiones de rehabilitación llevadas a cabo por la perjudicada. Siendo claro que de la indiscutible realidad de las lesiones sufridas por la perjudicada, como de sus características, no puede discutirse la necesidad funcional tanto de la rehabilitación, como de la adquisición de analgésicos y derivados. Habiendo justificado documentalmente tanto unos como otros gastos."


 

Sentencia de la Audiencia Provincial de Soria, sección 1, nº 1/2014, de 7 de enero.

 

 Descargar Sentenca en PDF.


  

 

 


 

accidentes-de-trafico-baremos

V & S Abogados en Madrid >>>

Abogados para Accidentes

 - BAREMOS

- Ley de Contrato de Seguro

Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

 

Abogados Expertos en Accidentes de Tráfico

Contactar llamando al 91 530 96 95  - Urgencias 619 41 23 11

Abogados Expertos en Accidentes de Tráfico

Servicio en toda de España

 

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia Sala de lo Social, sec. 1ª, Sentencia nº 1213/2013, extinción de la prestación por haber salido el perceptor del territorio nacional.

 

 

 Antecedentes: 

El actor Don Josefin, solicito una prestación por desempleo de nivel contributivo. Agotada la prestación por desempleo, solicita el 2-2-2010 un subsidio de desempleo, reconocido por resolución del 17-2-2010. Se constata por el SEPE a través de la Brigada Provincial de Extranjería, que el actor había salido del territorio español mientras percibía la prestación de desempleo, sin notificarlo al SPEE.

El SEPE inicia un procedimiento sancionador de extinción de prestaciones con generación de cobro indebido por importe de 5.512,72€. Se procedió a emitir Resolución con fecha 18-4-2011, declarando la extinción de su derecho. Contra dicha resolución interpuso reclamación previa que fue desestimada por resolución, porque las alegaciones no desvirtuaban los motivos que iniciaron el expediente sancionador.

Presentada demanda contra el Servicio Público de Empleo Estatal, dictó el siguiente fallo:"Que desestimando la demanda interpuesta por Don Josefin contra la resolución del SPPE debo absolver a este de aquella confirmando la resolución administrativa". Resolución confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, en base a los siguientes fundamentos:

 

1.- Remisión a la doctrina jurisprudencial establecida. (pinche aquí para consultar la doctrina del Tribunal Supremo)

2.- El artículo 231.1 de la LGSS establece una serie de obligaciones del trabajador perceptor de prestaciones por desempleo y, entre ellas, el apartado e) concreta la de solicitar la baja en las prestaciones "cuando se produzcan situaciones de suspensión o extinción del derecho o se dejen de reunir los requisitos exigidos para su percepción", el incumplimiento de tales obligaciones  uede generar una sanción disciplinaria, a imponer tras el correspondiente expediente sancionador y ello es lo que ha ocurrido en el presente caso.

3.- Establece el artículo 25, num. 3 de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social tipifica con infracción grave "No comunicar, salvo causa justificada, las bajas en las prestaciones en el momento en que se produzcan situaciones determinantes de la suspensión o extinción del derecho, o cuando se dejen de reunir los requisitos para el derecho a su percepción cuando por cualquiera de dichas causas se haya percibido indebidamente la prestación, siempre que la conducta no esté tipificada como infracción leve en el artículo 24.4.b) de esta ley ", entre cuyas conductas se incluyen la obligación del trabajador de entregar en la Oficina de Empleo la documentación acreditativa de una causa de suspensión o extinción del derecho a la prestación o subsidio, contenida en el artículo 28.2 del Real decreto 625/1985, de 2 de abril.

La sanción de extinción del subsidio impuesta se ajusta a lo establecido en el artículo 47.1,b) de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social, el cual dispone que se sancionan "Las graves tipificadas en el artículo 25 con pérdida de la prestación o pensión durante un período de tres meses, salvo las de sus números 2 y 3, respectivamente, en las prestaciones por incapacidad temporal y en las prestaciones y subsidios por desempleo, así como en la prestación por cese de actividad de los trabajadores autónomos, en las que la sanción será de extinción de la prestación".

 

 STSJ Región de Murcia Sala de lo Social de 19 diciembre 2013

 

 Descargar Documento en PDF. 

 


  

Doctrina del Tribunal Supremo, Sala de lo Social: Ausencia del territorio nacional de los beneficiarios de prestaciones por desempleo.

Exponemos en el siguiente artículo, la doctrina sentada por el Tribunal Supremo, apartándose de su anterior línea, sobre los supuestos en que un beneficiario de prestaciones por desempleo, abandona territorio nacional durante un período de tiempo y supuestos en que supone la extinción o suspensión de la prestación que venía percibiendo.

Antecendentes:

El beneficiario de una prestación por desempleo se ausentó de España durante 15 días, para visitar a un familiar hospitalizado en su país de origen (Ucrania), no habiendo comunicado su salida al extranjero al Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE).

Se inicio un procedimiento sancionador por no comunicar la pérdida de los requisitos para su percepción, habiendo generado un cobro indebido en cuantía de x euros y procediendo la extinción de la prestación.


Ánalisis detallado de nueva Doctrina del Tribunal Supremo: Establece la Sentencia que la relevancia jurídica radica en determinar una serie de factores principales. Primero, la duración de la ausencia del territorio español; y Segundo, la comunicación o no de la misma a la entidad gestora de la protección por desempleo.

1.- Establece el art. 213 g) de la LGSS como causa de extinción de la prestación por desempleo " el traslado de residencia al extranjero, salvo en los casos que reglamentariamente se determinen". Así mismo, el art. 231.1 establece como obligaciones de los trabajadores y de los solicitantes y beneficiarios de prestaciones por desempleo: ... b) proporcionar la documentación e información que reglamentariamente se determinen a efectos del reconocimiento, suspensión, extinción o reanudación del derecho a las prestaciones; ... e) solicitar la baja en las situaciones de desempleo cuando se produzcan situaciones de suspensión o extinción del derecho o se dejen de reunir los requisitos exigidos para su percepción, en el momento de la producción de dichas situaciones".

El Real Decreto 625/1985,contiene el Reglamento de la Protección por Desempleo, al que remite la LGSS en su artículo 6.3 (redacción RD 200/2006 ) prevé una de las excepciones reglamentarias a la regla de extinción de la prestación de desempleo por traslado de residencia al extranjero (" búsqueda o realización de trabajo " o " perfeccionamiento profesional " por tiempo inferior a " doce meses" ). A continuación recuerda que, con la salvedad anterior, el traslado de residencia es " causa de extinción " de la prestación reconocida. Puntualiza después como supuesto excepcional que " la salida al extranjero por tiempo no superior a quince días naturales por una sola vez cada año" no es causa de extinción de la prestación de desempleo. Y concluye, en fin, que esta ausencia del territorio nacional, en cuanto que pueda tener repercusión sobre la dinámica de la prestación de desempleo, desencadena las obligaciones de información o comunicación previstas en el artículo 231.1 LGSS (" sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones establecidas" en dicho precepto legal).

Según el artículo 231.1 LGSS , el desplazamiento o salida al extranjero del beneficiario de prestaciones de desempleo que pueda afectar a su disponibilidad efectiva para actividades formativas o para ocupaciones en el mercado de trabajo español, ha de ser comunicado a la entidad gestora o a los servicios de empleo antes de realizar el viaje. De no comunicarse con antelación por causa de imposibilidad o excesiva onerosidad, la información sobre la circunstancia del desplazamiento se ha de producir desde el lugar de destino a la mayor brevedad posible. Por razones obvias, este deber de comunicación previa rige también para la estancia con un máximo de quince días de duración al año prevista en el artículo 6.3 del RD 625/1985 . Si no hay comunicación por anticipado (o comunicación inmediata en caso de que la información previa hubiera sido imposible o excesivamente onerosa), no hay modo de controlar el cumplimiento de los requisitos del derecho a la prestación; entre ellos, la voluntad de aceptar una oferta adecuada de trabajo o de formación en el territorio español, que en principio es el que delimita y al que se extiende la actuación de los servicios de empleo.

Para las circunstancias sobrevenidas de cualquier clase (personales, familiares, de incidencias en los medios de transporte, etcétera) que puedan determinar o justificar una prolongación de la estancia en el extranjero más allá de lo inicialmente previsto deben también ser comunicadas de manera inmediata a la entidad gestora. 

El incumplimiento de las obligaciones de comunicar ex ante (para la salida programada) o inmediatamente ex post (para una eventual circunstancia sobrevenida) genera automáticamente la suspensión o pérdida temporal ("baja") de la prestación de desempleo que corresponde a los días de estancia en el extranjero no comunicada: todos los días de estancia no comunicada si el incumplimiento ha sido total; o el exceso de días de estancia no comunicada, o no debidamente justificada, si el incumplimiento se refiere a una vuelta tardía.

 Así las cosas, el Tribunal distingue tres grupos de situaciones de la protección del desempleo:

a) una prestación "mantenida" en los supuestos de salida al extranjero por tiempo no superior a quince días naturales al año, por una sola vez, siempre que el desplazamiento se haya comunicado a la Administración española en tiempo oportuno;
b) una prestación "extinguida", con la salvedad que se indica a continuación, en los supuestos de prolongación del desplazamiento al extranjero que comporte "traslado de residencia", es decir por más de los noventa días que determinan en la legislación de extranjería el paso de la estancia a la residencia temporal;
c) una prestación "suspendida" en el supuesto particular del artículo 6.3 del RD 625/1985 (redacción RD 200/2006) de " búsqueda o realización de trabajo " o " perfeccionamiento profesional " en el extranjero por tiempo inferior a " doce meses" ;
d) una prestación "suspendida", en todos los demás supuestos en que se haya producido el desplazamiento al extranjero por tiempo inferior a noventa días, con la consiguiente ausencia del mercado de trabajo español del beneficiario de la prestación de desempleo;


La aplicación de la doctrina general establecida en esta sentencia al caso controvertido conduce a la conclusión de que nos encontramos ante un supuesto de prestación "suspendida" y no de prestación "extinguida", como pretende la entidad gestora y ha resuelto la sentencia recurrida.
Es cierto que la persona beneficiaria de la prestación de desempleo se desplazó a Ukrania, ausentándose del mercado de trabajo español, por razones familiares en principio atendibles. Pero no es menos verdad que este desplazamiento, respecto del cual no se cumplieron las previsiones de la libranza de 15 días como máximo establecida en el artículo 6.3 RD 625/1985 , se llevó a cabo tanto sin comunicación en tiempo oportuno a la entidad gestora. Ahora bien, la estancia en el extranjero fue breve, con regreso a España el 25 de agosto de 2008, a las tres semanas de haberse ausentado, por lo que no concurre en el caso la circunstancia de traslado de residencia, generadora de extinción de la prestación, a que se refiere el artículo 213.g) LGSS , en los términos en que ha sido definida en el fundamento jurídico cuarto.

 

Sentencia del Tribunal Supremo , Sala de lo Social, nº 4325/2011, de fecha 18 de octubre de 2012.

 

 Descargar Sentenca en PDF.

 

 

 


  

    DIFERENCIACIÓN ENTRE LESIÓN PERMANENTE TOTAL Y LESIÓN PERMANENTE PARCIAL DE ACUERDO CON EL BAREMO DE ACCIDENTES.

    En este artículo exponemos los requisitos que deben concurrir para la aplicación del factor corrector recogido en el baremo para las indemnizaciones básicas por lesiones permanentes que constituyan una incapacidad para la ocupación o actividad habitual de la víctima.

    Expone el denominado "baremo" lo siguiente:

    Resolución de 21 de enero de 2013, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se publican las cuantías de las indemnizaciones por muerte, lesiones permanentes e incapacidad temporal que resultarán de aplicar durante 2013 el sistema para valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación. 

    Tabla IV

    Factores de corrección para las indemnizaciones básicas por lesiones permanentes

    DescripciónAumento

    (En porcentaje o en euros)

    Porcentaje

    de reducción

     

    Lesiones permanentes que constituyan una incapacidad para la ocupación o actividad habitual de la víctima

    Permanente parcial:

    Con secuelas permanentes que limiten parcialmente la ocupación o actividad habitual, sin impedir la realización de las tareas fundamentales de la misma.

    Hasta 19.115,19

    Permanente total:

    Con secuelas permanentes que impidan totalmente la realización de las tareas de la ocupación o actividad habitual del incapacitado .

    De 19.115,20 a 95.575,94

     

     En primer lugar, reiterar que aunque el Instituno Nacional de Seguridad Social haya dictado resolución reconociendo algún tipo de incapacidad, ésta únicamente está ligada al ámbito laboral. Se trata del reconocimiento de una incapacidad para el desempeño de la actividad profesional que se venía desarrollando previamente al hecho causante del reconocimiento.

    Los Juzgados y Tribunales encargados de determinar la responsabilidad civil derivada de un accinte de tráfico, no quedan vinculados al hecho de haber sido reconocida la incapacidad permanete por el INSS. Ello se debe al hecho de que en el ámbito de la responsabilidad civil, la figura recogida en el baremo de tráfico y definida como "lesiones permanentes que constituyan una incapacidad para la ocupación o actividad habitual de la víctima" acoge un significado más amplio al concepto laboral. Por lo tanto lo relevante para su aplicación es determinar el nivel de afección de las lesiones al desempeño de las actividades de la vida cotidiana y no sólo del impedimento para trabajar. 

     Para ilustrar esta diferenciación, adjuntamos la reciente Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Cartagena de fecha 16 de octubre de 2013.

    Establece en su F.J.2º " La responsabilidad civil derivada de un accidente de tráfico, es mucho más amplia dado que abarca no solo la imposibilidad de trabajar, ámbito en el que se desarrollan los pronunciamientos del ámbito laboral, sino que abarca igualmente a otro tipo de actividades cotidianas que constituyen la ocupación habitual y que suponen tanto el desarrollo de una actividad laboral, como deportiva, de ocio o simplemente las propias de la vida normal tales como conducir, poder realizar labores domésticas, etc., cuestiones todas que deben ser valoradas a la hora de determinar este factor de corrección de la indemnización previsto en la tabla IV del baremo de tráfico.

    En la tabla IV se define la incapacidad permanente parcial como aquellas secuelas que limitan parcialmente la ocupación o actividad habitual, sin impedir la realización de las tareas fundamentales de la misma. Por su parte la incapacidad permanente total es aquella que impide totalmente la realización de las tareas de la ocupación o actividad habitual del incapacitado. Las pruebas practicadas permiten apreciar que la lesionada está incapacitada de forma total para su trabajo habitual de peladora de verduras, al ser necesario para el mismo la bipedestación, no siendo discutido que las secuelas que le han restado tras el accidente no permiten el estar de pie de forma prolongada en el tiempo. De hecho la Seguridad Social, en el ámbito propio de la actividad laboral, así lo ha declarado al reconocerle la incapacidad permanente total para su profesión habitual, lo que es demostrativo de la seria afectación que las secuelas producen sobre la actividad de la lesionada. 

    Por otro lado, tal como se desprende de la declaración en el juicio de faltas, tales secuelas afectan también en su vida ordinaria dado que le impiden realizar muchas funciones propias del hogar o relacionadas con sus hijos, así como otras actividades habituales como el conducir. De hecho, tal como se pudo apreciar al visionar la grabación del juicio, la Sra. Carla llevaba muletas para poder desplazarse y tuvo que declarar sentada por las dificultades para estar de pie durante un periodo de tiempo más o menos extenso."

     

    Sentencia de la Audicencia Provincial nº 5 de Cartagena, nº266/13, de 16 de octubre de 2013.

     

     Descargar Sentenca en PDF.

     

     

     


      

      Caso Del Río Prada contra España. Sentencia definitiva del Tribunal Europeo de Derechos HumanosSupremo, de fecha 21 de octubre de 2013. La aplicación de la Doctrina Parot a la encarcelada por delitos de terrorismo, vulnera los Derechos Fundamentales.


       

      El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha fallado que su permanencia en prisión por aplicación de la doctrina Parot supone una violación de los derechos fundamentalesLa Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha decidido hoy por unanimidad ordenar la INMEDIATA PUESTA EN LIBERTAD de Inés del Río.


      Inés del Río fue condenada a la pena total de 3.828 años de prisión por 24 asesinatos, bajo el Código Penal de 1973.

      Establecía el art. 70.2 del Código Penal que " No obstante lo dispuesto en la regla anterior, el máximum de cumplimiento de la condena del culpable no podrá exceder del triplo del tiempo por que se le impusiere la más grave de las penas en que haya incurrido, dejando de extinguir las que procedan desde que las ya impuestas cubrieren el máximum de tiempo predicho, que no podrá exceder de treinta añosLa limitación se aplicará aunque las penas se hubieran impuesto en distintos procesos si los hechos, por su conexión, pudieran haberse enjuiciado en uno sólo."  Es deicr, el cumplimiento máximo de prisión no podía superar los 30 años. 


      Así mismo, el artículo 100CP establecía que " Podrán redimir su pena con el trabajo, desde que sea firme la sentencia respectiva, los reclusos condenados a penas de reclusión, prisión y arresto mayor. Al recluso trabajador se abonará, para el cumplimiento de la pena impuesta, previa aprobación del Juez de vigilancia, un día por cada dos de trabajo, y el tiempo así redimido, se le contará tambien para la concesión de la libertad condicional. El mismo beneficio se aplicará, a efecto de liquidación de su condena, a los reclusos que hayan estado privados provisionalmente de libertad."

      La controversia surge con la aplicación de la denominada Doctrina Parot. Por la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 28 de febrero de 2006, se establecía que la reducción de penas por beneficios penitenciarios (trabajos, estudios, ...) se aplica a cada pena individualmente y no sobre el máximo legal permitido de permanencia en prisión (30 años), de forma que se alargaban las estancias en prisión al descontarse de forma sucesiva de cada una de las condenas impuestas.

      En el caso de Inés Del Río, se le aplicó una redención de 9 años por trabajos. Así, descontando del cumplimiento máximo de prisión fijado en aquel momento en la ley, 30 años de prisión, a los 9 aplicados por redención por trabajos, la condenada debería de cumplir 21 años de prisión. Efectuados dichos cálculos, se dejaría en libertad en el año 2008, sin embargo, la Audiencia Nacional aplazó la puesta en libertad de la etarra, por la nueva Doctrina Parot, fijando el fin del cumplimiento de condena en el año 2017.

       

      Finalmente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos estima que la demandante no podía prever que el Tribunal Supremo modificaría su jurisprudencia en febrero de 2006 ni que tal modificación le sería aplicada y supondría  aplazar en casi nueve años la fecha de su puesta en libertad – del 2 de julio de 2008 al 27 de junio de 2017. Por lo tanto, la demandante ha cumplido una pena de prisión de una duración superior a la que tendría que haber cumplido según el sistema jurídico español en vigor en el momento de su condena. Por consiguiente, corresponde a las autoridades españolas garantizar su puesta en libertad en el plazo más breve posible, por vulneración del artículo 7 (no hay pena sin ley) del Convenio Europeo de Derechos Humanos ; que desde el 3 de julio de 2008, la privación de libertad de la demandante no es regular y vulnera el artículo 5 § 1 (derecho a la libertad y a la seguridad) ,  y  que corresponde al Estado demandado garantizar la puesta en libertad de la demandante en el plazo más breve posible, en base a los siguientes fundamentos:

       

      En cuanto a la vulneración del artículo 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos: "Antes de la sentencia del Tribunal Supremo de febrero de 2006 que instauró la « doctrina Parot », cuando se condenaba a una persona a varias penas de prisión y éstas se acumulaban, las autoridades penitenciarias y judiciales españolas habían seguido la práctica constante de aplicar las redenciones de pena sobre el límite máximo de 30 años, y no sobre cada una de las « penas » pronunciadas en las distintas sentencias de condena separadamente. Por otra parte, en su sentencia de marzo de 1994, el propio Tribunal Supremo había seguido esta interpretación.

       

      Esta práctica benefició a numerosas personas que, como la Sra. Del Río Prada, habían sido condenadas en virtud del Código Penal de 1973. La demandante podía por tanto esperar ser tratada de la misma manera. Dicho de otro modo, en el momento de la comisión de las infracciones así como en el momento de la adopción de la decisión de acumulación de penas por la Audiencia Nacional en el año 2000, el derecho español – incluida la práctica de los tribunales – era suficientemente preciso para permitir a la Sra. Del Río Prada conocer el alcance de la « pena » impuesta, es decir una duración máxima de 30 años de prisión, sobre la que debían aplicarse las redenciones de pena por trabajo.

      La aplicación de la « doctrina Parot » a la situación de la Sra. Del Río Prada ha privado de efecto útil a las redenciones de pena a las que en principio tenía derecho. En efecto, al haber sido condenada en numerosas ocasiones, la demandante debe ahora cumplir una pena de 30 años de prisión efectiva, sobre la que las redenciones de pena no han tenido incidencia alguna. Por consiguiente, la aplicación por la Audiencia Nacional de las nuevas modalidades de imputación de las redenciones de pena a raíz de la « doctrina Parot » no se ha limitado a modificar las « modalidades de ejecución » de la pena impuesta a la Sra. Del Río Prada, sino que ha redefinido igualmente su « alcance ». Por todo ello, la decisión de 23 de junio de 2008 entra dentro del ámbito de aplicación del artículo 7.

      Por consiguiente, es necesario determinar si esta nueva interpretación confirmaba una tendencia perceptible en la evolución de la jurisprudencia. El único precedente en la materia era la sentencia de marzo de 1994 en la que el Tribunal Supremo adoptó la posición inversa a la que mantuvo más tarde en su sentencia de febrero de 2006. Por otra parte, incluso antes de la sentencia de marzo de 1994, las autoridades penitenciarias y judiciales habían seguido la práctica de imputar sistemáticamente las redenciones de pena por trabajo al límite máximo de 30 años.

      Por consiguiente, en el momento en el que se pronunciaron las condenas y en el momento en el que la Sra. Del Río Prada recibió la notificación de la decisión de acumulación de las penas, nada indicaba la existencia de una tendencia perceptible en la evolución de la jurisprudencia en el sentido de la sentencia del Tribunal Supremo de febrero de 2006."

      Vulneración del Artículo 5 § 1 (derecho a la libertad y a la seguridad): "La aplicación de la « doctrina Parot » a la situación de la Sra. Del Río Prada ha supuesto que su fecha de puesta en libertad se aplazara casi nueve años. La demandante ha cumplido pues una pena de prisión de una duración superior a la que se le habría debido imponer en virtud del sistema jurídico español en vigor en el momento de la condena, teniendo en cuenta las redenciones de pena que se le habían concedido conforme a la ley.

      Por todo ello, el Tribunal concluye que, desde el 3 de julio de 2008, la privación de libertad de la Sra. Del Río Prada no es regular y vulnera el artículo 5 § 1. "

       

       

       

      Comunicado de prensa en español, recogiendo el fallo de la Sentencia del TEDH.

       

       Descargar Sentenca en PDF.

       

       

       


        

         

        Caso real por el que se reconoce el derecho del desempleado a percibir la prestación solicitada en vía judicial.

         

        El Servicion de Empleo (S.E.P.E) remite comunicación al desempleo reclamando la devolución de lo percibido por desempleo o subsidio al entender que no reune los requistos exigidos para percibirlo.

         1.- Comunicación sobre percepción indebida de las prestaciones por desempleo.

         

         Si no visualiza el Documento pulse aqui.

         

         

        Frente a la comunicación de percepción indebida el desempleado formula alegaciones

        2.- Alegaciones

         

        Si no visualiza el Documento pulse aqui.

         

         

        El Servicio Público de Empleo dicta resolución no atendiendo a las alegaciones formuladas por el solicitante de la prestación, acordando el cobro indebido de las prestaciones por no reunir los requisitos exigidos, reclamando el ingreso de la cuantía considerada indebidamente percibida.

        3.- Resolución del S.E.P.E.  

        Si no visualiza el Documento pulse aqui

         

         

        Se presenta reclamación previa a la vía judicial por el desempleado por no estar conforme con la resolución dictada. Paso previa a la via judicial.

        4.- Reclamación previa a la vía judicial.

         

        Si no visualiza el Documento pulse aqui.

         

        El S.E.P.E resuelve la reclamación previa, no admitiendo las alegaciones en ella formulada y confirmando la resolución de cobro indebido de prestaciones.

        5.- Resolución de Reclamación Previa

         

        Si no visualiza el Documento pulse aqui.

         

         

          

        Agotada la vía administrativa se presenta Demanda ante los Juzgados de lo Social para acreditar el derecho a la percepción de las prestaciones.

        6.- Demanda.

         

         Si no visualiza el Documento pulse aqui.

         

         

        Finalmente el Juzgado de lo Social dicta Sentencia estimando la demanda presentada, reconociendo al desempleado el derecho a percibir la prestación por desempleo por cumplir con los requisitos legalmente exigidos.

         7.- Sentencia

         

         Si no visualiza el Documento pulse aqui.

         

        Sentencia del Tribunal Supremo sobre actualización de la indemnización por accidente de tráfico al momento de la percepción por el perjudicado.

         

        El presente supuesto parte de los siguientes antecedentes: Accidente de tráfico en el año 1984. Reclamación por las lesiones padecidas por el ocupante del vehículo. Finaliza la reclamación en vía penal con Sentencia absolutoria y  dictado del auto de cuantía máxima, por entender el Juzgado que no hay responsabilidad penal por el conductor del vehículo., abonado la aseguradora del vehículo la cuantía fijada en el auto de cuantía máxima.

        En el año 2001, se reconoce al perjudicado la Incapacidad Permanente Absoluta por la Seguridad Social, derivado del accidente de trabajo " in intinere" al haber sufrido accidente de tráfico en el año 1984.

        El perjudicado presente demanda contra la aseguradora reclamando las cuantías correspondientes al nuevo reconocimiento de incapacidad permanente absoluta, secuelas acaecidas como consecuencia del accidente de tráfico. El Juzgado de 1ª Instancia desestima la demanda por considerar prescrita la acción para reclamar de un año, en virtud del artículo 1962.2º Código Civil. Recurrida en apelación por el demandante, la Audiencia Provincial confirma la sentencia dictada en primera instancia. Se formula recurso de casación por el demandante, estimándose por el Tribunal Supremo, no apreciando la excepción de prescripción de la acción, reponiendo las actuaciones a la Audiencia Provincial.

        Dictada nueva sentencia por la Audiencia Provincial, estima parcialmente la demanda, condenando a la aseguradora a indemnizar las secuelas padecidas como consecuencia del accidente de tráfico, desestimando la aplicación del sistema de valoración y cuantías fijadas en la resoución de 20 de enero de 2003 de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones como pretende en demandante, al no estar en vigor en el momento del accidente el sistema de indemnización por el baremos introducido por la Ley 30/1995, debiendo aplicarse el régimen jurídico vigente en el momento de producirse el accidente, y en concreto a especificaciones del Real Decreto de 2690/1983, de 13 de octubre, por el que se modifica parcialmente el Reglamento del Seguro obligatorio de Responsabilidad Civil de Vehículos de Motor, aprobado por Decreto 3787/1964, de 19 de noviembre.

        Contra esta Sentencia se presenta Recurso de Casación ante el Tribunal Supremo, resolviendo estimar el recurso en base a los siguientes fundamentos jurídicos:

         

        F.J.4º.- " La propia sentencia recurrida recoge la doctrina de esta Sala expresada a partir de dos sentencias de pleno dictadas con fecha 17 de abril de 2007 (Recursos núm. 2598/2002 y 2908/2001 ), según la cual la regla general determina que el régimen legal aplicable a un accidente ocasionado con motivo de la circulación de vehículos es siempre el vigente en el momento en que el siniestro se produce, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1.2 de la Ley de Responsabilidad civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor , a lo que añade que el daño, es decir, las consecuencias del accidente, se determina en el momento en que éste se produce, de modo que, por aplicación del principio de irretroactividad, cualquier modificación posterior del régimen legal aplicable al daño producido por el accidente resulta indiferente para el perjudicado."

        "No obstante, cuando el artículo 1902 del Código Civil obliga a "reparar el daño causado" se está refiriendo a una reparación efectiva y no meramente formal o nominal, como la que resultaría de la estricta aplicación de las normas a que se refiere la Audiencia, que han dado lugar al reconocimiento de una indemnización total de 9.521,42 euros que, si habría sido adecuada en el año 1984 -fecha de ocurrencia del accidente- resulta hoy absolutamente insuficiente. Para ello la jurisprudencia ha entendido que la obligación de indemnizar en estos casos integra una verdadera deuda de valor (por todas, la sentencia núm. 275/2010, de 5 mayo ) y que resulta necesario adecuar las cuantías al momento de la efectiva percepción por el perjudicado de la indemnización correspondiente, no obstante la afirmación contenida en una sentencia próxima en el tiempo, la núm. 786/2010 de 22 noviembre , en cuanto sostiene que debe abandonarse dicha terminología cuando se trata de aplicación del baremo -lo que no ocurre en el presente caso- pues el propio sistema de valoración, mediante la actualización anual de las cuantías, es el que fija el alcance en cada caso de la "deuda de valor". 

        "En este sentido, al dejar de aplicar una razonable actualización, la Audiencia ha infringido el artículo 1902 del Código Civil y, en consecuencia, procede casar la sentencia para llevar a cabo dicha actualización que no ha de significar elevar la indemnización más allá de lo cubierto por el seguro obligatorio en la fecha del accidente -30 de noviembre de 2004- sino hacer un cálculo acerca de cuál sería en el momento de interposición de la demanda la cantidad equivalente a la fijada por el Real Decreto 2690/1983, de 13 de octubre, que era de la que efectivamente tenía que responder en aquella fecha la aseguradora por razón del seguro obligatorio. Para ello ha de aplicarse el incremento correspondiente al índice de precios al consumo entre los años 1984, en que ocurrió el accidente, y el 2004, en que se interpuso la demanda, que da un resultado total del 143,9%, lo que determina que la cantidad fijada en la instancia de 9.521,42 euros haya de elevarse a la de 23.222,74euros."

         

          

        Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo, de 5 de Julio de 2013 sobre la actualización de la indemnización de accidente de tráfico. 


         Descargar Sentencia en PDF.

         

         

         


          

          ¿Quienes son FACAL ABOGADAS ?

          -  Despacho Multidisciplinar. Especialistas en Derecho Penal, Laboral, Administrativo  y Derecho de Extranjería.

          -  Actuación en toda la zona suroeste de Madrid (Villaviciosa de Odón )

          -  Despacho con antigüedad en el ejercicio de la abogacía desde hace más de 14 años.

           

          ¿Qué Experiencia tiene? – Brevemente te indico que:

          Abogada ejerciente desde el año 1998 del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.

          - -        - Diplomada en Gestión Laboral y Seguridad Social

          - - Dedicada desde el año 1986 a la gestión de recursos humanos y aplicación del derecho laboral y convenios, así como derecho funcionarial y su gestión ante las distintas Administraciones Públicas, con experiencia de más de 20 años.

          - -       - Desde el año 1999 dedicada con intensidad a la integración del extranjero en España, obteniendo sus regulaciones de trabajo y residencia con gran éxito.

           

          ¿Qué Asuntos defiende?

          -        Dedicación  exclusiva a Procesos Penales, Asistencia al detenido, Accidentes de tráfico, Procedimientos Laborales, Despidos y Reclamaciones salariales, Derecho de Extranjería, expedientes de expulsión, regulaciones y recursos, y Derecho Administrativo, recursos ante la Administración Pública, recursos de multas, licencias, obras, actividad y funcionamiento de establecimientos


          
          Estás Aquí: Nombre y Apellidos Alexandra Roncero Facal

           

                     QuieroAbogado en

                       Redes Sociales

           Google +

          Google+

            

          Twitter

          Twitter

             

          Facebook

          Facebook

             

          alta-de-abogados-en-quieroabogado

          Más de 200 Abogados Colaboradores

                          ¡Síguenos!                      Altas limitadas a 500 letrados