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Mostrando articulos por etiqueta: procedimiento penal

SENTENCIA SOBRE DELITO LEVE DE HURTO EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL POR IMPORTE DE LO SUSTRAÍDO INFERIOR A 400 EUROS.

 

En relación al delito de hurto, dispone el artículo 234.2 del Código Penal:



2. Se impondrá una pena de multa de uno a tres meses si la cuantía de lo sustraído no excediese de 400 euros, salvo si concurriese alguna de las circunstancias del artículo 235.”




La sentencia que se adjunta, dictada con fecha 17 de octubre de 2016, por el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, condena a la persona denunciada como autora de un delito leve de hurto intentado a la pena de quince días de multa con cuota diaria de dos euros, es decir, 30 euros.



Tras contratar nuestros servicios y personarnos en el procedimiento judicial, pudimos comprobar que la tienda de ropa H&M había denunciado a nuestra cliente por los hechos cometidos el día 30 de mayo de 2016, consistentes en que la denunciada había accedido a un establecimiento comercial de ropa de dicha marca y se había apoderado de efectos valorados en 59,98 euros, y una vez traspasados los arcos de seguridad sin abonar su importe, fue retenida por el vigilante de seguridad de la tienda que pudo observar los hechos denunciados a través de las cámaras de seguridad del establecimiento, procediéndose a presentar denuncia ante la Policía Nacional.



Por este motivo, la denunciada fue citada a un juicio por delito leve, toda vez que le es aplicable el artículo 234.2 del Código Penal, teniendo en cuenta que el valor de lo sustraído no supera los 400 euros, así como fue citado el vigilante de seguridad de la tienda, que acudió al acto del juicio en calidad de testigo.



El día de la celebración del juicio el letrado, en defensa de su cliente, accedió a negociar con el Ministerio Público, y teniéndose en cuenta el valor de lo sustraído, que la persona denunciada carecía de antecedentes policiales ni penales y teniéndose en cuenta que los objetos sustraídos fueron recuperados por el establecimiento comercial en perfectas condiciones, se reconocieron los hechos por la denunciada y se impuso la sanción de 30 euros.



Desde el momento del pago de la sanción, la persona condenada podrá cancelar sus antecedentes policiales y penales, una vez transcurra el plazo de 6 meses, previsto en el artículo 136.1 a) del Código Penal.

 

 

 

 Acceso a la Sentencia 

 Si no se visualiza el Documento, pulsar aqui.

 

RECIENTE SENTENCIA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID, QUE ENTIENDE QUE EL IMPAGO DE LA CUOTA HIPOTECARIA ES ENCUADRABLE EN EL TIPO PENAL DE ABANDONO DE FAMILIA.



La reciente Sentencia 213/2016 de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección Decimoquinta) de 18 de abril de 2016, estima el recurso de apelación interpuesto por la recurrente contra la Sentencia de fecha 4 de febrero de 2016, aclarada mediante Auto de 4 de marzo de 2016, dictada por el Juzgado de lo Penal n.º 1 de Alcalá de Henares, en virtud de la cual se condenar a D. José Luis como autor de un delito de abandono de familia del art. 227 CP con la atenuante de dilaciones indebidas del art. 21.6 CP , a la pena de SIETE MESES DE PRISION con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y en concepto de responsabilidad civil, deberá indemnizar a Dña. Miriam con la cantidad que resulte de descontar de los impagos de la pensión de alimentos a razón de 500€ mensuales, las cantidades abonadas según los justificantes bancarios.

 

Notificada dicha sentencia a las partes, en nombre y representación de Dña. Miriam, se interpuso el recurso de apelación en el que solicita la revocación de la sentencia y, entre otras, se solicitaba que se condene a D. José Luis, además de al pago de las pensiones de alimentos impagadas, a la suma adicional por el impago, en el periodo en el que estuvieron vigentes las medidas provisionales, de las hipotecas titularidad de la sociedad conyugal, toda vez que en el auto de medidas provisionales, de fecha 23 de febrero de 2010 , se impuso también al acusado José Luis la obligación de sufragar los préstamos hipotecarios y personales que gravaban la sociedad conyugal, obligando a la recurrente a satisfacer al acreedor hipotecario en dicho periodo distintas sumas mensuales, hasta un total de 13.219,75 € para evitar la ejecución hipotecaria y consiguiente pérdida de la vivienda en que residía con sus hijos.

 


Establece la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que resuelve este recurso concluye que “La sentencia recurrida infringe lo dispuesto en el art. 227.2 del Código Penal por considerar atípica la conducta relativa al impago de las hipotecas que el auto de medidas provisionales acordó abonase en su integridad el acusado y que sin embargo este no hizo en el periodo comprendido entre dicho auto y la sentencia de divorcio”.



Continúa la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, que “es común en ambas infracciones del art. 227 del Código Penal el interés protegido, que es asegurar el cumplimiento de las obligaciones y deberes asistenciales fijados judicialmente, que garantizan el bienestar de los hijos y, en general, de la familia, ya que, generalmente, se considera un delito contra la seguridad de las personas, en el que se trata de tutelar la legítima expectativa del cumplimiento de los deberes asistenciales basados en las relaciones familiares. Se trata de proteger a los miembros económicamente más débiles del cuerpo familiar frente al incumplimiento de los deberes asistenciales del obligado (Preámbulo de Ley 3/89 y STS Sala 2.ª, de 2-10-12 ), y también de otorgar la máxima protección a quienes en crisis matrimoniales padecen las consecuencias de la insolidaridad del obligado a las prestaciones ( AP Madrid auto de 13/7/2010 )”.



Y establece la Sentencia que hay dos razones que apoyan la inclusión de la conducta de acusado en el apartado 2 del artículo 227 del Código Penal, cuales son:



1º.- Las pensiones alimenticias y compensatorias ya estarían incluidas en el párrafo primero, como también lo estaría cualquier otra "prestación económica a favor de su cónyuge o sus hijos", pues para que no quepa duda dicho apartado primero dice antes "cualquier tipo de...". Ahora bien el párrafo segundo se refiere a otros impagos, lo que no tendría razón de ser si no se refiere a las no contempladas en el párrafo primero.



2º.- Porque la falta de abono de la hipoteca sí responde a la tutela de los deberes asistenciales y protección de los miembros más débiles del cuerpo familiar (…)”.



Por ello, en los casos donde existen condenas por el delito del 227.2 del Código Penal por impago de los plazos de préstamos hipotecarios, continúa la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, queNo se estaría pues sancionando el impago de una deuda, de una simple obligación civil, se está sancionando a quién deja desamparada a su familia y abandona los deberes derivados del matrimonio y de la paternidad, abandono que, en este caso, se evidencia y concreta en el impago de las prestaciones económicas fijadas en resolución judicial. Es, por ello, la especificación y tipificación expresa de una conducta que, en ocasiones, encontraría dificultades técnicas para su encuadramiento en el tipo genérico del abandono de familia, pero que, en esencia, es la misma, tanto en el núcleo de la conducta típica: el abandono de los deberes familiares elementales, como en el resultado el desamparo personal que produce en los afectados. Con mayor motivo en casos como el presente donde al reiterado impago de la pensión de alimentos (que superaba los 13.000 € en la fecha del juicio) se añade el impago total de las hipotecas que también por la misma resolución judicial estaba obligado a pagar en exclusiva, obligando a la recurrente a tener que satisfacer con sus muy inferiores recursos y la ya mermada pensión alimenticia aquel gasto ineludible y colocando de tal forma a la madre y al menor en situación de mayor debilidad”.

 

 

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Por todo ello, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, estima parcialmente el recurso de apelación interpuesto y revoca parcialmente la Sentencia dictada por el juzgador a quo, añadiendo a las cantidades a abonar a la recurrente por José Luis, la suma de 13.219'75 euros, manteniendo el resto de los pronunciamientos de la sentencia apelada y el auto antes citado.



 

Sentencia de la Audiencia Provincial, que entiende que el incumplimiento del pago de la hipoteca pudiera tener trascendencia penal           Descargar documento en PDF

 


 

 

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