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Mostrando articulos por etiqueta: indemnización

El recargo de las prestaciones reconocidas en base a un accidente de trabajo o enfermedad profesional deriva de incumplimientos empresariales en materia de Prevención de Riesgos Laborales. El artículo 123 de la Ley General de Seguridad Social regula que

1. Todas las prestaciones económicas que tengan su causa en accidente de trabajo o enfermedad profesional se aumentarán, según la gravedad de la falta, de un 30 a un 50 por 100, cuando la lesión se produzca por máquinas, artefactos o en instalaciones, centros o lugares de trabajo que carezcan de los dispositivos de precaución reglamentarios, los tengan inutilizados o en malas condiciones, o cuando no se hayan observado las medidas generales o particulares de seguridad e higiene en el trabajo, o las elementales de salubridad o las de adecuación personal a cada trabajo, habida cuenta de sus características y de la edad, sexo y demás condiciones del trabajador.

2. La responsabilidad del pago del recargo establecido en el apartado anterior recaerá directamente sobre el empresario infractor y no podrá ser objeto de seguro alguno, siendo nulo de pleno derecho cualquier pacto o contrato que se realice para cubrirla, compensarla o transmitirla.

3. La responsabilidad que regula este artículo es independiente y compatible con las de todo orden, incluso penal, que puedan derivarse de la infracción.”


El objeto del recargo es incrementar las prestaciones económicas de la Seguridad Social reconocidas como consecuencia de accidente de trabajo o enfermedad profesional. Se aplica sobre pensiones e indemnizaciones, concretamente sobre la totalidad de la cuantía, obligando a la empresa a la capitalización del recargo.


Para que el trabajador tenga derecho a ese recargo, debe existir nexo causal entre el accidente y la ausencia de medidas de seguridad o anomalías en las mismas. Por tanto, se ha de acreditar que la falta de medidas de seguridad o el estado irregular de las mismas es la causa del accidente o enfermedad profesional resultante.
No existe nexo causal cuando el trabajador desobedece las órdenes del empresario, o cuando actúa de forma temeraria. En algunos casos, la culpa del trabajador en el accidente puede conllevar minoración de la cuantía del recargo, pero no necesariamente su eliminación completa.


El porcentaje del recargo varía entre el 30 y el 50%, y se determina según la gravedad de la falta cometida por el empresario.


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Vicente J Saiz Marco Abogado de Incapacidades
Por Vicente J. Saiz Marco - Abogado

 

Además, el recargo de prestaciones es compatible con la responsabilidad administrativa, civil o penal que derive de los hechos constitutivos de la infracción.

Tanto los beneficiarios de las prestaciones derivadas del accidente de trabajo o enfermedad profesional, como la Inspección de Trabajo y Seguridad Social están legitimados para iniciar el procedimiento de declaración del recargo. Pueden ser beneficiarios del mismo:

-          El trabajador accidentado

-          Los familiares con derecho a prestaciones derivadas, en caso de fallecimiento de trabajador.


La competencia para la declaración del recargo corresponde a la Dirección Provincial del INSS donde tenga su domicilio el trabajador. La resolución debe contener la declaración de responsabilidad empresarial que proceda y el porcentaje determinado en el que se han de incrementar las prestaciones. Dicha resolución se notifica a todas las partes interesadas en el procedimiento.

 


 
 

 

 

¿Cuál es el orden de pago de los conceptos incluidos en el fallo de una Sentencia?

 

 

Esta es una pregunta frecuente que nos realizan en el despacho por parte de aquellas personas que han resultado condenadas por sentencia penal y la misma es firme. 

 

La Sentencia condenatoria puede incluir diversos conceptos económicos a los que el condenado debe hacer frente, si bien, se desconoce el orden o la preferencia entre unos y otros a la hora de proceder a su pago pudiendo afectar al cumplimiento efectivo de la condena; De ahí la relevancia a la hora de proceder al pago de los distintos conceptos, pues de ello dependerá que se tenga por cumplida la pena impuesta en su totalidad o nos encontremos con un cumplimiento parcial o mínimo, que a entender del Juzgado de ejecutorias resulte insuficiente pudiendo acarrear consecuencias más perjudiciales que el simple pago de una multa.

 

Los casos más habituales son las condenas donde el fallo contiene un pronunciamiento de multa y además una responsabilidad civil derivada del delito, así como el pago de las costas procesales. Entonces, qué se debe de pagar primero si en la sentencia condenatoria se ha condenado al pago de multa, una indemnización y las costas?

 

Para obtener una respuesta debemos acudir a lo establecido en el art. 126 del Código Penal, el cual nos señala el orden expreso a cumplir para el caso de que la sentencia contenga varios pronunciamientos de condena.

 

 
“Artículo 126. 1. Los pagos que se efectúen por el penado o el responsable civil subsidiario se imputarán por el orden siguiente:


1.º A la reparación del daño causado e indemnización de los perjuicios.
2.º A la indemnización al Estado por el importe de los gastos que se hubieran hecho por su cuenta en la causa.
3.º A las costas del acusador particular o privado cuando se impusiere en la sentencia su pago.
4.º A las demás costas procesales, incluso las de la defensa del procesado, sin preferencia entre los interesados.
5.º A la multa.
2. Cuando el delito hubiere sido de los que sólo pueden perseguirse a instancia de parte, se satisfarán las costas del acusador privado con preferencia a la indemnización del Estado. Tendrá la misma preferencia el pago de las costas procesales causadas a la víctima en los supuestos a que se refiere el artículo 14 de la Ley del Estatuto de la Víctima del Delito.”

 

En definitiva, para el caso planteado, en el que se condena al pago de una multa por la comisión de un delito y además se debe abonar al perjudicado una cantidad en concepto de indemnización por daños ya sean personales ya materiales, hay que tener claro que el cumplimiento de la condena debe comenzar por el pago de la indemnización, cubriendo el importe de la misma y una vez abonada, se procedería al pago de la multa. No quiere decir que deban pagarse en dos veces, pues resulta posible el abono conjunto de todos los pronunciamientos condenatorios, dando por cumplida la condena en su totalidad.

 

¿Y que ocurre con las costas? Cierto es que en el orden fijado en el art.126 del Código Penal, figura el abono de las costas procesales antes que el pago de la multa, sin embargo, en la práctica y para aquellos casos en los que ha intervenido el acusador particular y se ha condenado expresamente al pago de dichas costas, la tendencia de los Juzgados es dar por cumplida el pago de la multa y a posteriori iniciar la reclamación de las costas y la tasación de las mismas.

 

 


 

 

 

Para obtener una respuesta debemos acudir a lo establecido en el art. 126 del Código Penal, el cual nos señala el orden expreso a cumplir para el caso de que la sentencia contenga varios pronunciamientos de condena.

 
“Artículo 126. 1. Los pagos que se efectúen por el penado o el responsable civil subsidiario se imputarán por el orden siguiente:


1.º A la reparación del daño causado e indemnización de los perjuicios.
2.º A la indemnización al Estado por el importe de los gastos que se hubieran hecho por su cuenta en la causa.
3.º A las costas del acusador particular o privado cuando se impusiere en la sentencia su pago.
4.º A las demás costas procesales, incluso las de la defensa del procesado, sin preferencia entre los interesados.
5.º A la multa.
2. Cuando el delito hubiere sido de los que sólo pueden perseguirse a instancia de parte, se satisfarán las costas del acusador privado con preferencia a la indemnización del Estado. Tendrá la misma preferencia el pago de las costas procesales causadas a la víctima en los supuestos a que se refiere el artículo 14 de la Ley del Estatuto de la Víctima del Delito.”

En definitiva, para el caso planteado, en el que se condena al pago de una multa por la comisión de un delito y además se debe abonar al perjudicado una cantidad en concepto de indemnización por daños ya sean personales ya materiales, hay que tener claro que el cumplimiento de la condena debe comenzar por el pago de la indemnización, cubriendo el importe de la misma y una vez abonada, se procedería al pago de la multa. No quiere decir que deban pagarse en dos veces, pues resulta posible el abono conjunto de todos los pronunciamientos condenatorios, dando por cumplida la condena en su totalidad.

¿Y que ocurre con las costas? Cierto es que en el orden fijado en el art.126 del Código Penal, figura el abono de las costas procesales antes que el pago de la multa, sin embargo, en la práctica y para aquellos casos en los que ha intervenido el acusador particular y se ha condenado expresamente al pago de dichas costas, la tendencia de los Juzgados es dar por cumplida el pago de la multa y a posteriori iniciar la reclamación de las costas y la tasación de las mismas.

 

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Nuevo baremo de Accidentes de tráfico. Ley 35/2015, de 22 de septiembre, Reforma del Sistema para la Valoración de los daños causados como consecuencia de un Accidente de Tráfico.

 

Trás una larga espera, se ha publicado finalmente el baremo o sistema de valoración de los daños derivados de los accidentes de tráfico cuya entrada en vigor se producirá a partir del 1 de enero de 2016. 

 

El pasado día 23 de septiembre de 2015, se publicó en el BOE el esperado baremo para la valoración de los daños en accidentes de tráfico, el cual pretende un justo resarcimiento de los perjuicios sufridos por las víctimas y sus familias como consecuencia de un siniestro. Si bien, para el año 2015 no se ha publicado la actualización del mismo, debiendo aplicarse a los accidentes de tráfico ocurrido durante el 2015 el sistema establecido para el período de 2014 por Resolución de 5 de marzo  de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones por la que se publican las cuantías de las indemnizaciones por muerte, lesiones permanentes e incapacidad temporal que resultarán de aplicar durante el 2014 el sistema para valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación. (para ver pinchar aquí).

Hasta la fecha, la valoración de los daños causados como consecuencia de un accidente de tráfico venía recogido en el Anexo del Texto Refundido de la Ley de Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre

La nueva regulación del sistema de valoración, tiende a completar y/o cubrir de manera realista los graves perjuicios que supone para un lesionado las consecuencias del accidente, hasta el punto incluso de suponer un cambio en la vida diaria, como viene siendo en los grandes lesionados que llegan incluso a necesitar de la ayuda de una tercera persona para las tareas cotidianas. Con el anterior sistema de valoración, o  comúnmente denominado “baremo”, no se llegaba a indemnizar completamente las lesiones derivadas del accidente, sino que se aplicaba la escala dentro de un patrón común, aplicado a la generalidad, sin concretarse al caso concreto y sus circunstancias especiales. Así la nueva reforma pretende detallar cada partida indemnizatoria a percibir por el perjudicado-lesionado o por los perjudicados familiares y allegados del lesionado en caso de fallecimiento de éste.

Con la idea de que el perjudicado por el accidente de tráfico vuelva a su estado anterior al siniestro o lo más próximo posible, se han introducido una serie de novedades que el anterior “baremo” no contemplaba. Así destacamos las siguientes:

1º Se determina separadamente las indemnizaciones para los casos de muerte, incapacidad temporal y secuelas. En cada situación se diferencia entre el perjuicio personal básico, perjuicio particular y el perjuicio patrimonial.

Con el perjuicio personal básico se establecen una serie de mínimos por la que indemnizar al perjudicado. El perjuicio particular pretende completar la indemnización básica en el caso de que se den concretas circunstancias relacionadas con el fallecido o en su caso, con el lesionado.

Se introduce el concepto de perjuicio patrimonial, desarrollado en dos aspectos:el daño emergente y el lucro cesante. Figuras que no contemplaba el derogado sistema de valoración y que suponen toda una novedad para cuantificar la indemnización por estos conceptos de una manera personalizada al caso en cuestión; Así con el daño emergente se trata de cubrir todo gasto  derivado del accidente de tráfico bien por el lesionado, bien por los demás perjudicados, como son en los casos de muerte, el entierro y funeral, desplazamiento y traslado del fallecido…, en caso de secuelas, los futuros gastos médicos previsibles, gasto en prótesis, rehabilitación, traslados a las consultas médicas, adecuación de vehículo y otros medios de apoyo a la autonomía personal y la necesidad de ayuda  por tercera persona..., y en caso de incapacidad temporal, los gastos asistenciales en que se haya incurrido, desplazamientos necesarios, etc… donde la entidad aseguradora podrá cubrir el coste directamente con los servicios públicos de salud u otras entidades, a través de los convenios suscritos.

Respecto al lucro cesante, se supera el factor corrector contenido en el anterior sistema sobre la base de la indemnización, y se determina ahora una serie de conceptos a tener en cuenta para calcular los perjuicios económicos  que deriven de la nueva situación de lesionado/fallecido, además de las pérdidas netas de ingresos provenientes del trabajo personal.

2º Señalamos otros aspectos relevantes incluidos en la reforma del baremo, como los sigguientes:

-        - Se reconoce como perjudicado al miembro supérstite de la pareja de hecho estable, constituida mediante inscripción en un registro o que haya ha convivido un mínimo de 1 año inmediatamente anterior al fallecimiento o período inferior si tiene un hijo en común.

      - Obligación de la entidad aseguradora de hacer una oferta motivada dentro de los 3 meses desde el siniestro.

-         - Impone el deber  de colaboración del perjudicado para la peritación por los servicios médicos del eventual responsable.

-     -  Posibilidad de acordar con la entidad aseguradora el abono de  una renta vitalicia.

      -  Necesidad de acreditar la dependencia económica del fallecido/lesionado para poder concurrir como perjudicado  a indemnizar.

      -  Se indemniza el perjuicio moral sufrido por perdida de calidad de vida.

      -  Indemnización para ayuda de tercera persona en casos de grandes lesionados, muy graves o graves según la edad del lesionado y la hora de ayuda o trabajo.

     -  En el caso de lesiones temporales, se elimina el concepto de días impeditivos y no impeditivos, fijando un importe fijo por día de curación que podrá incrementarse si se dan circunstancias más graves. Lesión habitual de traumatismo cervical.

      -  Reconocimiento de las labores del hogar como trabajo no remunerado aplicándo el SMI anual, así como la pérdida de capacidad de trabajo para las personas menores de 30 años o estudiantes.

 

En definitiva, con la reforma operada en el baremo se pretende detalar pormenorizadamente cada concepto indemnizable y así el perjudicado obtendría una cuantía lo más reparadora posible dentro de sus circunstancias  concretas que han sido expresamente valoradas.

 

 

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Reciente Sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos nº 173/2014, por la que reitera la Doctrina del Tribunal Supremo para la diferenciación entre imprudencia o negligencia constitutiva de infracción civil de la constitutiva de una infracción penal. 

 

Queremos destacar el presente caso, en relación a que se absuelve al denunciado como autor de una falta de lesiones imprudentes derivado de accidente de tráfico, dejando abierta al denunciante la vía de la reclamación civil, en tanto que los hechos enjuiciados no son constitutivos de infracción penal dada la impericia del denunciante en la conducción. Aplicación de la Doctrina sentada por el Tribunal Supremo de delimitación de la imprudencia contemplada en elCódigo Penal como leve, a diferencia de la reclamable por la vía civil.  Igualmente determina concurrencia de culpas y su relevancia en el ámbito penal para apreciar la comisión de una imprudencia de carácter leve.

 

El problema radica principalmente en determinar cuando una conducta imprudente da lugar a una infracción civil por culpa extracontractual o a una infracción penal de carácter leve. Establece la Sentencia en su FJ2º del análisis efectuado por la doctrina que: "sin la existencia de un daño resarcible o reparable, de entrada la negligencia civil debe rechazarse (...); por el contrario, existiendo un daño reparable el campo de la culpa civil es amplísimo y residual, como pone de manifiesto la propia redacción del artículo 1902 del Código Civil al decir "interviniendo culpa o negligencia". Por el contrario, para configurar la imprudencia penal, aparte de los elementos comunes a ambas, acción u omisión voluntaria pero no dolosa, ni directa ni indirectamente; daño nexo causal y falta de previsión debida, factor psicológico o subjetivio y eje de conducta imprudente,  (...) es imprescindible la concurrecnia de un factor normativo o externo, representado por la infracción del deber objetivo de cuidado, ya traducido en normas convivenciales o experienciales, tácitamente aconsejadas y observadas en la vida social en evitación de perjuicios a terceros, ya en normas específicas reguladoras de determinadas actividades."

 

"En este mismo sentido la sentencia del Tribunal Supremo de 29 de Febrero de 1.992 viene a precisar que, partiendo de la distinción que de la culpa hace la doctrina científica en grave, leve y levísima, con operatividad ésta última en el área civil y de las dos primeras en el campo penal, nuestra legislación positiva de carácter sancionador, bajo la óptica de la unicidad e igual naturaleza de todas y cada una de las clases o grados de la "imprudencia punible", abarca dentro de la misma la "culpa lata" o temeraria, hoy grave, la de grado medio o simple antirreglamentaria y la simple o ínfima, hoy las dos últimas agrupadas bajo el nombre de culpa leve."

 

 "El Tribunal Supremo tiene establecido con uniformidad y reiteración que las infracciones culposas no se distinguen entre sí, a diferencia de lo que ocurre con las dolosas, por su naturaleza específica sino por la intensidad y  relevancia de la previsión y diligencias dejadas de observar, bajo cuyo criterio el Código Penal tipifica y sanciona dos modalidades, la grave o temeraria y la leve o constitutiva de simple falta, suponiendo ésta última una conducta ligera y de imprevisión venial, por falta de atención bastante, referida a un deber que cumplir, originándose el mal sobrevenido por el negligente descuido del agente en su quehacer lícito, situándose la diferenciación entre distintas clases de imprudencias punibles en un terreno de circunstancialidad y relativismo ante el caso concreto debatido."

 

En cuanto a la operabilidad de la estimación compensatoria de culpas en el área penal, la doctrina venía oponiéndose  a la misma en tanto que el ámbito del derecho punitivo busca la sanción de actos de signo antisocial mediante la imposicion de una pena, d etal modo que la conducta del perjudiciado, cualquiera que fuese su magnitud, no puede tener virtualidad para aminorar la justa reacción de la sociedad. Con posterioridad, se ha ido modificacando por los Tribunales la aplicación de la tesis de la culpa del perjudicado, siempre y cuando sea de tal grado que afecte a la producción del efecto dañoso.

Establece así el Tribunal Supremo y las Audiencias Provinciales que " la contribución de la conducta culposa de la víctima o perjudicado a la causación del evento dañoso influye sobre la calificación jurídica de los hechos de la siguiente manera:

a) Degradando la índole de la culpa en que "per se" incurrió el agente y haciéndola descender, al compás de la trascendencia de la culpa del ofendido, uno o más peldaños en la escala culposa.
b) Moderando el quantum de la indemnización que procedería señalar de no haber convergido con la culpa del agente la del sujeto pasivo, siendo dicha moderación o reducción más o menos intensa con arreglo
a la incidencia o influencia que en la causación o producción del daño una u otra.
c) Excepcionalmente, la culpa del sujeto pasivo puede ser de tal magnitud y de influencia tan decisiva en la producción del resultado que, no solo minimice la del enjuiciado, sino que la borre totalmente.

La doctrina abandona el término de "compensación de culpas" hasta entonces utilizado, y acuña el de "concurrencia de culpas", concurrencia que se da siempre que con la culpa del agente haya coexistido o
confluido la del ofendido o víctima contribuyendo de esta forma concausalmente y en mayor o menor medida a la producción de un mismo resultado lesivo."

Así mismo, diversas sentencia de las audiencias Provinciales han venio señalado lo siguiente; Sentencia de la A.P de Badajoz de 27 de abril de 1998: "no toda imprudencia o negligencia, cualquiera fuese el resultado lesivo, debe ser incardinada, sin más, en el ámbito criminal; solo la más grosera de las infracciones, la dejación de los más elementales deberes de cuidado o protección merecen la salvaguardia o protección de este orden jurisdiccional; no es posible implantar la responsabilidad masiva o en cascada y frente a cualesquiera que, en algún modo, aún mínimo, tuvieron alguna conexión con el hecho imprudente; el ordenamiento jurídico prevé otros remedios para proteger a la víctima frente a actos atentatorios que traigan causa en la denominada culpa extracontractual o aquiliana y en orden a conseguir para aquélla la más absoluta indemnidad; nos referimos a las disposiciones que al igual se contemplan en el orden civil, en sus artículos 1.902 y ss., y respecto a los cuales la jurisprudencia, con unanimidad,, viene, en favorecimiento de la víctima (lo que no es transmutable al orden penal), a promover "la inversión de la carga de la prueba", al entender que si el evento dañoso se produjo, esto denota o acredita "prima facie" que algo quedaba por prevenir o que no había sido agotada la diligencia, beneficiando de esta forma a la víctima, y en orden a conseguir su plena indemnidad que, no cabe duda, en estos supuestos se superpone a cualquier otra consideración".

En el presente caso, el Juzgado entiende que cuando se produce culpa de la víctima, procede la eliminación de responsabilidad criminal del acusado. Así deduce la inexistenica de una relación de causalidad directa y eficiente entre el primer accidente y la colisión de la motocicleta. La conducta del piloto de la motocicleta es imprudencite o negligente, y en todo caso,concurrente con la de los otros dos conductores implicados en los hechos, pero con una concurrente de tal magnitud que provoca la ruptura del nexo casal entre la imprudencia en la que hubieran podido incurrir los otros dos intervinientes y el accidente de la motocicleta que éste conducía. Ello provoca, como antes hemos indicado, no solo la degradación de la imprudencia de los otros dos conductores, sino su atipicidad penal con respecto al resultado lesivo y dañoso que Alejandro llega a sufrir.

Por lo anterior, resulta determinante la coducta del perjudicado a la hora de procducir el resultavo lesivo, pudiendo llegar incluso a la eliminación de toda responsabilidad derivada de la imrpudencia o negligencia del causante.

 

 

 Sentencia de fecha 21 de Abril de 2014, de la Audiencia Provincial nº 173/2014.

  

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Reciente Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal,121/2014, delito de apropiación indebidida e incumplimiento de los deberes inherentes al cargo de tutor.

 

En este supuesto, el Tribunal Supremo confirma la condena por un delito de apropiación indebida y de incumplimiento de deberes realizado por la tutora legal de una persona incapacitada judicialmente, siendo éste su marido, quien sufrió un accidente de tráfico. Queremos destacar el hecho de que al margen del examen penal del caso, y que analizaremos más adelante, una simple situación de la vida cotidiana tiene  relevancia jurídica. Así, en este supuesto, alcanza hasta 5 procedimientos distintos, y que son recogidos en la sentencia del Tribunal Supremo para fundamentar la resolución condenatoria contra la acusada, siendo los siguientes:

Antecedentes del supuesto:

- Accidente de tráfico. Reclamación de la indemnización por las lesiones y secuelas derivadas del siniestro. Abono de una cuantiosa suma dineraria.

- Reconocimiento por parte del INSS de la incapacidad permanente absoluta en grado de gran invalidez que le imposibilita para trabajar derivado del accidente de tráfico.

- Declaración por Juez de la incapacidad para gobernarse asi mismo, nombramiento de tutor. Recayendo el nombramiento en su esposa.

- Indicios previos al accidentede tráfico de la intencionalidad del perjudiciado de presentar el divorcio. Indicios posteriores al accidente, nueva relación sentimental de la esposa del perjudicado.

- Abandono del incapaz por parte del tutor, apropiación de los bienes y dinero para su propio beneficio.

 

Se alza en casación la defensa de la acusada por considerar que no ha quedado acreditado que la tutora legal se apropiara de bienes de su marido incapacitado judicialmente, ni incumpliera las obligaciones legales inherentes al ejercicio adecuado de la tutela. Señala el Tribunal Supremo la doctrina dictada por la sala para entender que concurre el delito de apropiación indebida.

F.J,3º:" Se declara probado, entre otros extremos, que la acusada, ya en su condición de guardadora de hecho ya en su posterior condición de tutora, dispuso, invirtiendo parte importante en su propio nombre, de un total de 787.084,20 euros, sin que destinara cantidad alguna de esa suma a la atención y asistencia de Marco Antonio cuando constituía la indemnización que se había fijado judicialmente para resarcirle de las gravísimas secuelas- 95% de minusvalía- causadas en un accidente de tráfico, indemnización que con arreglo a lo que se dispone en el apartado 6º del artículo 1346 del Código Civil , constituye un bien privativo de la víctima ( Sentencia 520/2001, de 29 mayo, de la Sala Civil del Tribunal Supremo).
Tiene declarado esta Sala, como es exponente, la Sentencia 997/2007, de 21 de noviembre , que en el delito de apropiación indebida pueden distinguirse dos etapas diferenciadas. La primera se concreta en
una situación inicial lícita, generalmente contractual, en la que el sujeto activo recibe en calidad de depósito, comisión, administración o por cualquier otro título que produzca obligación de entregarlos o devolverlos dinero, efectos, valores o cualquier otra cosa mueble o activo patrimonial, recepción presidida por la existencia de una convenida finalidad específica de devolución o bien de empleo en un destino determinado, es decir, de entrega a un tercero o terceros para cumplir la finalidad pactada. En la segunda etapa el agente transmuta esta posesión legítima (o propiedad afectada a un destino, en el caso de bienes fungibles) en disposición ilegítima y abusando de la tenencia material de los bienes y de la confianza recibida, dispone de ellos, los distrae de un destino o niega haberlos recibido, es decir, se los apropia indebidamente en perjuicio del depositante, comitente, dueño o persona que debiera percibir los bienes u obtener la contrapartida derivada de su destino pactado."

"En palabras de la STS 1261/2006, 20 de diciembre , en el ámbito jurídico-penal apropiarse indebidamente de un bien no equivale necesariamente a convertirse ilícitamente en su dueño, sino a actuar ilícitamente sobre el bien, disponiendo del nuevo como si fuera su dueño, prescindiendo con ello de las limitaciones ínsitas en el título de recepción, establecidas con garantía de los legítimos intereses de quienes lo entregaron ( SSTS 1566/2001, 4 de septiembre , 2339/2001, 7 de diciembre , 477/2003, 5 de abril )."

En definitiva, apropiarse significa incorporar al propio patrimonio la cosa que se recibió en posesión con la obligación de entregarla o devolverla.

" Por ello, cuando se trata de dinero u otras cosas fungibles, el delito de apropiación indebida requiere como elementos de tipo objetivo: a) que el autor lo reciba en virtud de depósito, comisión, administración o cualquier otro título que contenga una precisión de la finalidad con que se entrega y que produzca consiguientemente la obligación de entregar o devolver otro tanto de la misma especie y calidad; b) que el autor ejecute un acto de disposición sobre el objeto o el dinero recibidos que resulta ilegítimo en cuanto que excede de las facultades conferidas por el título de recepción, dándole en su virtud un destino definitivo distinto del acordado, impuesto o autorizado; c) que como consecuencia de ese acto se cause un perjuicio en el sujeto pasivo, lo cual ordinariamente supondrá una imposibilidad, al menos transitoria, de
recuperación. Y, como elementos de tipo subjetivo, que el sujeto conozca que excede sus facultades al actuar como lo hace y que con ello suprime las legítimas facultades de titular sobre el dinero o la cosa entregada". Y se añade que la modalidad de apropiación indebida objeto de condena en la sentencia impugnada, que es la distracción de fondos percibidos por el autor por cualquier título que produzca la obligación de entregarlos o devolverlos, considera que constituye una modalidad típica, prevista en el art. 252 del Código Penal , que tiene como presupuesto la traslación legítima de dinero, u otra cosa fungible que comporte para el receptor la adquisición de su propiedad, aunque con la obligación de darle un determinado destino, conforme a los términos, explícitos o implícitos, de la relación contractual asumida. Cuando, como sucede en el presente recurso, se trata de dinero, y dada su acusada fungibilidad, la acción típica no consiste tanto en incorporar el dinero recibido al patrimonio propio, -puesto que esta incorporación, aunque condicionada, se produce por el hecho de haberlo recibido legítimamente-, sino en darle un destino diferente al pactado, irrogando un perjuicio a quien hizo la entrega.

Efectivamente, como antes se ha dejado expresado, la acusada, como guardadora de hecho y posteriormente tutor de la víctima, no destinó la cantidad recibida, de la que era administradora, al destino
judicialmente señalado de indemnizar a Marco Antonio de las lesiones y gravísimas secuelas padecidas en un accidente de tráfico, disponiendo del dinero para otros fines bien distintos."

En cuanto a la aplicación de la agravante de abuso de relaciones especiales del art.250.1.6º del Códido Penal, señala el Tribunal la doctrina dictada al efecto, la Sentencia 931/2009, de 20 de septiembre , la necesidad de ponderar cuidadosamente la aplicación de esta agravación, en la medida en que en la mayor parte de los casos, tanto el engaño que define el delito de estafa como el quebrantamiento de confianza que es propio de la apropiación indebida, presentan significativos puntos de coincidencia con la descripción del tipo agravado. La STS 383/2004, 24 de marzo , señaló -con cita de las SSTS, 1753/2000, 8 de noviembre , 2549/2001, 4 de enero 2002 , 626/2002, 11 de abril y 890/2003 -, que la aplicación del subtipo agravado por el abuso de relaciones personales del núm. 7 del artículo 250 del Código Penal , quedaba reservada para aquellos supuestos en los que además de quebrantar una confianza genérica, subyacente en todo hecho típico de esta naturaleza, se realice la acción típica desde una situación de mayor confianza o de mayor credibilidad que caracteriza determinadas relaciones previas y ajenas a la relación subyacente, en definitiva un plus que hace de mayor gravedad el quebrantamiento de confianza implícito en delitos de este tipo, pues en caso contrario, tal quebrantamiento se encuentra ordinariamente inserto en todo comportamiento delictivo calificable como estafa o apropiación indebida.

" En el presente caso, el Tribunal de instancia razona la concurrencia de la agravación del artículo 250.1.7 del Código Penal señalando literalmente que el hecho se cometió no solamente abusando de la relación tutorincapaz, lo cual, en si mismo, llena el quebrantamiento de confianza que es propio del hecho básico delictivo de la apropiación indebida, sino también abusando de la relación matrimonial con aprovechamiento de la situación en la que había quedado Marco Antonio , lo cual determina un quebrantamiento de mayor gravedad puesto que la confianza es doble, excediendo así el quebrantamiento de confianza propio del hecho básico, máxime cuando en casos como el presente no se aplica la circunstancia genérica agravante de parentesco del art. 23 Cp. Lo cierto es que fue esa formal existencia de matrimonio lo que determinó que la acusada actuara como guardadora de hecho y posteriormente como tutora, aunque la realidad, acorde con las pruebas practicadas y como se recoge en el relato fáctico, es que actuó como si ese matrimonio no existiera.Es decir, que no puede afirmarse un doble quebrantamiento del deber de confianza ni la presencia de plus que exige esa agravación, ya que si no hubiera mediado matrimonio no hubiera actuado como guardadora de hecho ni designada tutora y no se le hubiera confiado la administración de esa indemnización fijada a favor de Marco Antonio y difícilmente puede hablarse de relaciones personales cuando éstas no existían.Así las cosas, procede estimar este extremo del motivo dejándose sin efecto la agravante de abuso de relaciones personales."

 Respecto del delito de abandono de incapaces, señala la Sala los elementos del delito. Señala el artículo 226.1 que el dejare de cumplir los deberes legales de asistencia inherentes a la patria potestad, tutela, guarda o acogimiento familiar o de prestar la asistencia necesaria legalmente establecida para el sustento de sus descendientes, ascendientes o cónyuge, que se hallen necesitados.

Se trata básicamente de un delito de omisión, por incumplimiento injustificado de los deberes de asistencia inherentes a la tutela y se requiere la capacidad para realizar la acción debida. El tipo subjetivo exige conocer las circunstancias fácticas que generan el deber de asistencia Los deberes cuyo incumplimiento está penalmente sancionado no se circunscriben a la asistencia de índole puramente económica correspondiente a una pensión alimenticia sino que abarca el conjunto de deberes relativos a la atención y cuidado que corresponde, en este caso, al tutor respecto al incapaz. Y participa de la naturaleza de los denominados tipos penales en blanco siendo preciso acudir a la legislación civil para fijar su contenido en la medida que es ésta la que define los deberes legales de asistencia, en concreto los artículos 269 y siguientes del Código Civil en relación al ejercicio de la tutela y artículos 172 y siguientes en relación a la guarda.

Se afirma el incumplimiento total de cada uno de los deberes del tutor dispuestos en el artículo 269 del Código Civil y los que correspondía, antes de ser nombrada tutora, como guardadora de hecho, y se refiere a la ilícita administración, a la falta de información al Juzgado, la no promoción de la recuperación de la capacidad del tutelado y su inserción en la sociedad, como resulta del traslado a una residencia para ancianos a cientos de kilómetros, y que hubo un periodo de hasta quince meses con incumplimiento del resto de los deberes, incluso de lo necesario para su aseo personal y de abonar las cuotas de la residencia, no apareciendo por allí e poniéndose en situación en la que prácticamente era imposible contactar con ella como tutora.
Ciertamente, como se razona por el Tribunal de instancia y recoge en los hechos que se declaran probados, ha existido un incumplimiento casi absoluto de los deberes de asistencia, tanto materiales como
morales, a que venía obligada en su funciones de tutora, tutoría que había reclamado al Juzgado para poder disponer de la indemnización a su antojo y desatender las obligaciones, de toda índole, que exigía la asistencia del incapaz. Estas obligaciones vienen recogidas en el artículo 269 del Código Civil.

  

Sentencia del Tribunal Supremo 121/2014: Delito de apropieación indebida e incumplimiento de las obligaciones inherentes a la tutela.  

 

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Resolución de 5 de marzo de 2014, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se publican las cuantías de las indemnizaciones por muerte, lesiones permanentes e incapacidad temporal que resultarán de aplicar durante 2014 el sistema para valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación.

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TEXTO

 

En aplicación del apartado primero del anexo del texto refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, acuerda dar publicidad a través de esta Resolución a las indemnizaciones, vigentes durante el año 2014, para caso de muerte, lesiones permanentes e incapacidades temporales, que resultan de aplicar el sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, recogido en el texto refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, incorporándose como anexo las cuantías. Madrid, 5 de marzo de 2014.–La Directora General de Seguros y Fondos de Pensiones, María Flavia Rodríguez-Ponga Salamanca.

 

 

ANEXO AÑO 2014

 

 

Tabla I

Indemnizaciones básicas por muerte (incluidos daños morales)

 

Perjudicados/beneficiarios (1) de la indemnización

(por grupos excluyentes)

Edad de la víctima

Hasta 65 años

Euros

De 66 a 80 años

Euros

Más de 80 años

Euros

Grupo I

Víctima con cónyuge (2)

     

Al cónyuge

115.035,21

86.276,40

57.517,60

A cada hijo menor

47.931,33

47.931,33

47.931,33

A cada hijo mayor:

     

Si es menor de veinticinco años

19.172,54

19.172,54

7.189,70

Si es mayor de veinticinco años

9.586,26

9.586,26

4.793,14

A cada padre con o sin convivencia con la víctima

9.586,26

9.586,26

A cada hermano menor huérfano y dependiente de la víctima

47.931,33

47.931,33

Grupo II

Víctima sin cónyuge (3) y con hijos menores

     

Sólo un hijo

172.552,79

172.552,79

172.552,79

Sólo un hijo, de víctima separada legalmente

134.207,73

134.207,73

134.207,73

Por cada hijo menor más (4)

47.931,33

47.931,33

47.931,33

A cada hijo mayor que concurra con menores

19.172,54

19.172,54

7.189,70

A cada padre con o sin convivencia con la víctima

9.586,26

9.586,26

A cada hermano menor huérfano y dependiente de la víctima

47.931,33

47.931,33

Grupo III

Víctima sin cónyuge (3) y con todos sus hijos mayores

     

III.1 Hasta veinticinco años:

     

A un solo hijo

124.621,47

124.621,47

71.897,00

A un solo hijo, de víctima separada legalmente

95.862,67

95.862,67

57.517,60

Por cada otro hijo menor de veinticinco años (4)

28.758,80

28.758,80

14.379,40

A cada hijo mayor de veinticinco años que concurra con menores de veinticinco años

9.586,26

9.586,26

4.793,14

A cada padre con o sin convivencia con la víctima

9.586,26

9.586,26

A cada hermano menor huérfano y dependiente de la víctima

47.931,33

47.931,33

III.2 Más de veinticinco años:

     

A un solo hijo

57.517,60

57.517,60

38.345,07

Por cada otro hijo mayor de veinticinco años más (4)

9.586,26

9.586,26

4.793,14

A cada padre con o sin convivencia con la víctima

9.586,26

9.586,26

A cada hermano menor huérfano y dependiente de la víctima

47.931,33

47.931,33

Grupo IV

Víctima sin cónyuge (3) ni hijos y con ascendientes

     

Padres (5):

     

Convivencia con la víctima

105.448,93

76.690,12

Sin convivencia con la víctima

76.690,12

57.517,60

Abuelo sin padres (6):

     

A cada uno

28.758,80

A cada hermano menor de edad en convivencia con la víctima en los dos casos anteriores

19.172,54

Grupo V

Víctima con hermanos solamente

     

V.1 Con hermanos menores de veinticinco años:

     

A un solo hermano

76.690,12

57.517,60

38.345,07

Por cada otro hermano menor de veinticinco años (7)

19.172,54

19.172,54

9.586,26

A cada hermano mayor de veinticinco años que concurra con hermanos menores de veinticinco años

9.586,26

9.586,26

9.586,26

V.2 Sin hermanos menores de veinticinco años:

     

A un solo hermano

47.931,33

28.758,80

19.172,54

Por cada otro hermano (7)

9.586,26

9.586,26

9.586,26

(1) Con carácter general:

a) Cuando se trate de hijos, se incluirán también los adoptivos.

b) Cuando se fijen cuantías distintas según la edad del perjudicado o beneficiario se aplicará la edad que tuviese éste en la fecha en que se produjo el accidente de la víctima.

(2) Cónyuge no separado legalmente al tiempo del accidente. Las uniones conyugales de hecho consolidadas se asimilarán a las situaciones de derecho.

(3) Se equiparan a la ausencia de cónyuge la separación legal y el divorcio. No obstante, si el cónyuge separado o divorciado tiene derecho a la pensión regulada en el artículo 97 de Código Civil, le corresponderá una indemnización igual al 50 por 100 de las fijadas para el cónyuge en el grupo I. En los supuestos de concurrencia con uniones conyugales de hecho o, en su caso, de aquéllos o éstos con cónyuges no separados legalmente, la indemnización fijada para el cónyuge en el grupo I se distribuirá entre los concurrentes en proporción a la cuantía que les hubiera correspondido de no haber concurrencia.

(4) La cuantía total de la indemnización que corresponda según el número de hijos se asignará entre ellos a partes iguales.

(5) Si concurriesen uno que conviviera y otro que no conviviera con la víctima se asignará a cada uno el 50 por 100 de la cuantía que figura en su respectivo concepto.

(6) La cuantía total de la indemnización se distribuirá al 50 por 100 entre los abuelos paternos y maternos.

(7) La cuantía total de la indemnización que corresponda según el número de hermanos se asignará entre ellos a partes iguales.

 

Tabla II

Factores de corrección para las indemnizaciones básicas por muerte

 

Descripción

Aumento

(en porcentaje

o en euros)

Porcentaje

de reducción

Perjuicios económicos

   

Ingresos netos anuales de la víctima por trabajo personal:

   

Hasta 28.758,81 euros (1)

Hasta el 10

De 28.758,82 a 57.517,60 euros

Del 11 al 25

De 57.517,61 hasta 95.862,67 euros

Del 26 al 50

Más de 95.862,67 euros

Del 51 al 75

Circunstancias familiares especiales

   

Discapacidad física o psíquica acusada (anterior al accidente) del perjudicado/beneficiario:

Si es cónyuge o hijo menor

Del 75 al 100 (2)

Si es hijo mayor con menos de veinticinco años

Del 50 al 75 (2)

Cualquier otro perjudicado/beneficiario

Del 25 al 50 (2)

Víctima hijo único

   

Si es menor

Del 30 al 50

Si es mayor, con menos de veinticinco años

Del 20 al 40

Si es mayor, con más de veinticinco años

Del 10 al 25

Fallecimiento de ambos padres en el accidente

   

Con hijos menores

Del 75 al 100 (3)

Sin hijos menores:

   

Con hijos menores de veinticinco años

Del 25 al 75 (3)

Sin hijos menores de veinticinco años

Del 10 al 25 (3)

Víctima embarazada con pérdida de feto a consecuencia del accidente

   

Si el concebido fuera el primer hijo:

   

Hasta el tercer mes de embarazo

14.379,40

A partir del tercer mes

38.345,07

Si el concebido fuera el segundo hijo o posteriores:

   

Hasta el tercer mes

9.586,26

A partir del tercer mes

19.172,54

Elementos correctores del apartado primero.7 de este anexo

 

Hasta el 75

(1) Se incluirá en este apartado cualquier víctima en edad laboral, aunque no se justifiquen ingresos.

(2) Sobre la indemnización que corresponda al beneficiario discapacitado.

(3) Sobre la indemnización básica que corresponda a cada perjudicado.

 

 

 

Tabla III

Indemnizaciones básicas por lesiones permanentes (incluidos daños morales) Valores del punto en euros

 

 

Puntos

Hasta 20 años

De 21 a 40 años

De 41 a 55 años

De 56 a 65 años

Más de 65 años

Euros 2014

Euros 2014

Euros 2014

Euros 2014

Euros 2014

1

852,40

789,14

725,87

668,23

598,10

2

878,70

811,68

744,65

686,72

607,58

3

902,31

831,85

761,35

703,23

617,15

4

923,24

849,61

775,94

717,76

622,33

5

941,48

864,98

788,45

730,29

627,63

6

957,04

877,97

798,88

740,83

631,54

7

977,61

895,63

813,61

755,32

639,08

8

996,14

911,50

826,79

768,34

645,58

9

1.012,70

925,56

838,40

779,84

651,02

10-14

1.027,22

937,83

848,45

789,87

655,44

15-19

1.207,26

1.105,04

1.002,79

929,98

731,43

20-24

1.372,62

1.258,60

1.144,58

1.058,69

800,84

25-29

1.537,65

1.411,75

1.285,88

1.187,07

871,72

30-34

1.692,14

1.555,16

1.418,18

1.307,27

937,85

35-39

1.836,34

1.689,03

1.541,71

1.419,51

999,37

40-44

1.970,56

1.813,64

1.656,73

1.523,94

1.056,42

45-49

2.095,03

1.929,22

1.763,42

1.620,80

1.109,08

50-54

2.210,03

2.036,02

1.862,01

1.710,32

1.157,46

55-59

2.363,03

2.177,79

1.992,55

1.829,20

1.226,25

60-64

2.513,02

2.316,79

2.120,56

1.945,76

1.293,65

65-69

2.660,10

2.453,07

2.246,05

2.060,05

1.359,76

70-74

2.804,28

2.586,67

2.369,09

2.172,09

1.424,55

75-79

2.945,61

2.717,65

2.489,71

2.281,94

1.488,07

80-84

3.084,20

2.846,06

2.607,95

2.389,65

1.550,36

85-89

3.220,04

2.971,97

2.723,90

2.495,20

1.611,43

90-99

3.353,26

3.095,41

2.837,55

2.598,72

1.671,30

100

3.483,84

3.216,41

2.948,98

2.700,25

1.729,99

 

 

Tabla IV

Factores de corrección para las indemnizaciones básicas por lesiones permanentes

 

Descripción

Aumento

(en porcentaje o en euros)


Porcentaje

de reducción

Perjuicios económicos

   

Ingresos netos de la víctima por trabajo personal:

   

Hasta 28.758,81 euros (1)

Hasta el 10

De 28.758,82 a 57.517,60 euros

Del 11 al 25

De 57.517,61 hasta 95.862,67 euros

Del 26 al 50

Más de 95.862,67 euros

Del 51 al 75

Daños morales complementarios

   

Se entenderán ocasionados cuando una sola secuela exceda de 75 puntos o las concurrentes superen los 90 puntos. Sólo en estos casos será aplicable

Hasta 95.862,67

Lesiones permanentes que constituyan una incapacidad para la ocupación o actividad habitual de la víctima

   

Permanente parcial:

   

Con secuelas permanentes que limiten parcialmente la ocupación o actividad habitual, sin impedir la realización de las tareas fundamentales de la misma

Hasta 19.172,54

Permanente total:

   

Con secuelas permanentes que impidan totalmente la realización de las tareas de la ocupación o actividad habitual del incapacitado

De 19.172,55 a 95.862,67

Permanente absoluta:

   

Con secuelas que inhabiliten al incapacitado para la realización de cualquier ocupación o actividad

De 95.862,68 a 191.725,34

Grandes inválidos

   

Personas afectadas con secuelas permanentes que requieren la ayuda de otras personas para realizar las actividades más esenciales de la vida diaria, como vestirse, desplazarse, comer o análogas (tetraplejías, paraplejías, estados de coma vigil o vegetativos crónicos, importantes secuelas neurológicas o neuropsiquiátricas con graves alteraciones mentales o psíquicas, ceguera completa, etc.):

   

Necesidad de ayuda de otra persona:

   

Ponderando la edad de la víctima y grado de incapacidad para realizar las actividades más esenciales de la vida. Se asimilan a esta prestación el coste de la asistencia en los casos de estados de coma vigil o vegetativos crónicos

Hasta 383.450,65

Adecuación de la vivienda

   

Según características de la vivienda y circunstancias del incapacitado, en función de sus necesidades

Hasta 95.862,67

Perjuicios morales de familiares:

   

Destinados a familiares próximos al incapacitado en atención a la sustancial alteración de la vida y convivencia derivada de los cuidados y atención continuada, según circunstancias

Hasta 143.794,00

Embarazada con pérdida de feto a consecuencia del accidente (2)

   

Si el concebido fuera el primer hijo:

   

Hasta el tercer mes de embarazo

Hasta 14.379,41

A partir del tercer mes

Hasta 38.345,07

Si el concebido fuera el segundo hijo o posteriores:

   

Hasta el tercer mes de embarazo

Hasta 9.586,26

A partir del tercer mes

Hasta 19.172,54

Elementos correctores del apartado primero.7 de este anexo

Según circunstancias

Según circunstancias

Adecuación del vehículo propio

   

Según características del vehículo y circunstancias del incapacitado permanente, en función de sus necesidades

Hasta 28.758,80

 

(1) Se incluirá en este apartado cualquier víctima en edad laboral, aunque no se justifiquen ingresos.

(2) Habrá lugar a la percepción de esta indemnización, aunque la embarazada no haya sufrido lesiones.

 

Tabla V

Indemnizaciones por incapacidad temporal (compatibles con otras indemnizaciones)

 

A) Indemnización básica (incluidos daños morales):

 

 

Día de baja

Indemnización diaria

Euros

Durante la estancia hospitalaria

71,84

Sin estancia hospitalaria:

 

Impeditivo (1)

58,41

No Impeditivo

31,43

 

(1) Se entiende por día de baja impeditivo aquél en que la víctima está incapacitada para desarrollar su ocupación o actividad habitual.

 

B) Factores de corrección:

 

Descripción

Porcentajes aumento

Porcentajes disminución

Perjuicios económicos

   

Ingresos netos anuales de la víctima por trabajo personal:

   

Hasta 28.758,81 euros

Hasta el 10

De 28.758,82 a 57.517,60 euros

Del 11 al 25

De 57.517,61 hasta 95.862,67 euros

Del 26 al 50

Más de 95.862,67 euros

Del 51 al 75

Elementos correctores de disminución del apartado primero.7 de este anexo

Hasta el 75

 


 

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