urgencias-abogados

telefonos-de-abogados

presupuesto-de-abogado

alta-de-abogados-en-quieroabogado-2014Quiero Abogado

Quiero Abogado

Abogados-Consultas-Gratuita

hablar-reunir-con-abogado

Mostrando articulos por etiqueta: despido disciplinario


A continuación ponemos a disposición del lector un esquema detallado con los pasos que debe seguir en caso de despido. Acompañamos los pasos con ejemplos reales y modelos de escritos prácticos a los que se accede haciendo click sobre el trámite o modelo que se quiera consultar.

 

 

El caso real de este artículo versa sobre un despido disciplinario. La empresa despidió a la trabajadora alegando uso de redes sociales, concretamente Twitter, en tiempo de trabajo. La trabajadora sabía que disponía de 20 días hábiles para oponerse al despido, por lo que concertó cita en nuestro despacho. Valorando la carta de despido y el relato de los acontecimientos consideramos la viabilidad del caso.



El primer trámite a realizar es presentar papeleta de conciliación en el SMAC, momento en el cual se cita a ambas partes (empresa y trabajador) para acto de conciliación. El día de la presentación de la papeleta se interrumpe el plazo de los 20 días. En este caso, la empresa no compareció, por lo que se levantó Acta de conciliación dandose el acto por intentado y sin efecto.



El día siguiente de la conciliación se reanuda el plazo de caducidad de 20 días. El siguiente trámite es presentar demanda en los Juzgados de lo Social. Una vez admitida a trámite, se señala fecha para juicio.



En muchas ocasiones, las partes alcanzan acuerdos antes de la celebración de la vista, pero en este caso no ocurrió. Se celebró el juicio y la trabajadora obtuvo sentencia estimatoria declarándose la improcedencia del despido con derecho a la indemnización de 45/33 días por año trabajado, concretamente 22.838,31€.

 

Por Desi Boeva

Abogada Laboralista en Madrid

Abogada Laboralista en Madrid

91 530 96 95

   


  

Derecho Laboral

abogados-laboralistas-derecho-laboral

Más Info >>>

 


 

Consulta Gratuita

Consulta Gratuita

 


 

 

 

 Descargar Documento Completo en PDF.

 

 


 

 

 
 
Abogados-Laboralistas-QuieroAbogado

En el caso que nos ocupa, la trabajadora lleva prestando servicios para la empresa desde finales de 2004. Es titulada en Periodismo y desempeña las labores de Redactor. Por tanto, se encarga de cubrir eventos de empresa, acudir a ruedas de prensa, publicar artículos, maquetación de noticias para periódicos, etc. Al principio la trabajadora prestaba sus servicios a jornada completa, posteriormente solicitó reducción de jornada que le fue concedida.

 

En 2013 la empresa notifica carta de despido disciplinario a la trabajadora alegando descenso de la producción de noticias en comparación con sus compañeros y el uso de twitter en horas de trabajo para temas personales. La empresa manifiesta que pese a la reiteración en la prohibición del uso de twitter para asuntos personales, la trabajadora publicaba una media de 8 twitts diarios en horario de trabajo.

 

Al no estar de acuerdo con las causas alegadas en la carta de despido, la trabajadora se opone presentando papeleta de conciliación solicitando que se reconozca la improcedencia del despido. En el Acto de conciliación la empresa y la trabajadora no llegan a ningún acuerdo, por lo que, cumplido este trámite obligatorio queda abierta la vía judicial. La trabajadora interpone demanda ante los Juzgados de lo Social.

 

La Sentencia indica que son dos los criterios trascendentales que se han de poner en relación para determinar si el despido es procedente o improcedente. En primer lugar, el Juzgador a quo manifiesta probado que la trabajadora disfruta de 30 minutos de descanso y que en ocasiones durante las ruedas de prensa o eventos de empresa se producen momentos de espera. La trabajadora ha declarado que los twits que envía, en el transcurso de la jornada laboral y que la empresa reprocha aplicando la sanción más grave, se remiten durante esos descansos y tiempos de espera. La empresa tampoco acredita de ninguna forma que los tuits sean remitidos fuera del tiempo de descanso o del tiempo de espera. Además, el Juzgador entiende desde la coherencia más lógica que no se tarda más de 5 minutos en enviar 7-8 twitts. Por otro lado, es preciso aplicar el principio de proporcionalidad entre la gravedad de la infracción en la que haya incurrido el trabajador y la sanción que se aplica.

 

El Juzgador de instancia considera que la interrelación de estos criterios determina la imposibilidad de estimar procedente la extinción del contrato de trabajo. Al igual que tampoco puede llegarse a la conclusión de que se haya acreditado incumplimiento laboral, ni el mismo alcanzaría transcendencia y gravedad suficiente. Es más, a criterio del juzgador, resulta desproporcionado haber acudido a la más grave de las sanciones, sin haber agotado otros mecanismos de amonestación.

 

En la misma línea se valora la solicitud de reducción de jornada de la trabajadora, entendiendo que como conlleva pérdida de remuneración, obviamente es por la necesidad de disponer de ese tiempo pese a percibir un salario inferior que al de inicio, por lo que resulta lógico pensar que ese cambio se efectúa para no utilizar horas de trabajo para menesteres personales y ajenos a la empresa.

 

Tal y como lo refleja el artículo 56 del ET y el 110 de la LRJS, tras la declaración del despido como improcedente, la empresa ha de elegir entre indemnizar o readmitir el trabajador. En caso de readmitir, debe abonar los salarios dejados de percibir desde el momento del despido. La sentencia determina la indemnización correspondiente al despido improcedentes en la cuantía de 22.838,31€.

 

Este proceso judicial ha sido defendido por el Departamento Jurídico Laboral de QUIEROABOGADO dirigido por el Letrado D. Vicente Javier Saiz Marco e integrado por otros letrados entre ellos Desi Boeva.

 

Puede obtener más información sobre el despido disciplinario haciendo clic aqui.  


 

El Juzgado de lo Social declara improcedente el despido disciplinario motivado en el uso personal de redes sociales durante la jornada laboral

 

 Descargar Documento Completo en PDF.


 

Genéricamente se entiende por despido toda forma de extinción de la relación laboral decidida unilateralmente por el empresario al amparo de una causa legal que el empresario ha de alegar y hallarse dispuesto a probar.

El despido disciplinario y sus causas están contempladas en el artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores y el artículo 55 prevé la forma y efectos del mismo.


CAUSAS DE DESPIDO

Este tipo de despido es la manifestación más grave del poder disciplinario del que dispone el empresario cuando tenga lugar un incumplimiento grave y culpable del trabajador de suficiente transcendencia. El ET recoge un listado tasado de causas que se considerarán incumplimientos contractuales:

-          - Faltas de asistencia o puntualidad al trabajo. Para que sean causa de despido disciplinario tienen que ser repetidas e injustificadas.

Se consideran justificadas las faltas motivadas por hechos que son independientes de la voluntad del trabajador, de los cuales no es en forma alguna culpable, aunque le impiden acudir al trabajo. Por el contrario, son injustificadas aquellas para las que no existe precepto legal reglamentario o circunstancia de indudable valor, moral o social, que disculpe la asistencia. Debe tenerse en cuenta que un determinado número de faltas, aun justificadas, puede dar lugar a un despido objetivo.

El empresario debe acreditar las ausencias o impuntualidades del trabajador, y este, si las niega, debe probar que no se produjeron o, en su caso, que estaban justificadas.

-          - Indisciplina o desobediencia en el trabajo. Son conceptos que se entienden como una actitud de rebeldía abierta y enfrentada contra las órdenes recibidas del empresario en el ejercicio regular de sus funciones directivas. Se trata de actos de incumplimiento, consciente y querido.

La desobediencia ha de darse frente a las órdenes del superior, que tenga competencia para ello, y han de ser claras y concretas, dentro del ámbito de la empresa y en el área de sus facultades, sin que corresponda al trabajador el juicio de valor sobre la orden. Se exceptúan los supuestos claros y flagrantes de irregularidad, por ejemplo por vulnerar la dignidad o integridad física.


El trabajador puede negarse a cumplirlas sin incurrir en desobediencia cuando el empresario actúe con manifiesta arbitrariedad y abuso de derecho o atente contra los derechos fundamentales o la propia dignidad del trabajador, o cuando exista un peligro grave e inminente.


En el resto de casos, si el trabajador no está de acuerdo con las órdenes recibidas habrá que acatarlas sin perjuicio de la posibilidad de oponerse a las mismas impugnándolas o poniéndolas en conocimiento de la Inspección de Trabajo.
Para apreciar la gravedad de la indisciplina o desobediencia hay que atender también a la permisividad y tolerancia por parte de la empresa.

-          - Ofensas verbales y físicas. Son causa de despido las ofensas (verbales o físicas) de carácter grave (entendidas como acción que humilla y hiere el amor propio o dignidad del ofendido), infringidas al empresario, a los trabajadores de la empresa o a los familiares que convivan con ellos.

Las ofensas verbales deben ser enjuiciadas dependiendo del contexto en que se producen. Las ofensas deben analizarse en función de las expresiones utilizadas, la finalidad perseguida y los medios y circunstancias en que se producen.

Sin embargo, las agresiones físicas siempre son graves en el ámbito laboral, sin que se exija un resultado lesivo.

-          - Transgresión de la buena fe contractual, al igual que, el abuso de confianza.

Concurre tal causa cuando se han violado los deberes de fidelidad y el trabajador actúa con conocimiento de su conducta vulneradora. No se exige la concurrencia de un dolo específico, bastando así la negligencia culpable.

Los magistrados del Tribunal Supremo entienden que producida la transgresión de la buena fe contractual, con independencia de su gravedad, o del daño causado a la empresa, es posible el despido disciplinario, no siendo imprescindible la existencia de perjuicio económico para la empresa. No obstante, hay que ponderar el cargo que el despedido ocupa en la empresa y sus circunstancias personales y profesionales.

-          - Disminución en el rendimiento. Tiene lugar cuando concurre una disminución del rendimiento normal o pactado incumpliéndose los objetivos señalados en el contrato como mínimos, siempre y cuando no resulten abusivos.

Para que sea causa objetiva de despido, la disminución ha de ser relevante, continuada, voluntaria y grave, pudiendo apreciarse la relevancia mediante la comparación o contraste del rendimiento del despedido con el de otros trabajadores en semejante posición en la empresa, o con el propio trabajador en otros momentos de la prestación de servicios.

No hay que confundir esta causa de despido disciplinario con el despido objetivo por ineptitud sobrevendía o por falta de adaptación a las modificaciones. En la primera hay culpabilidad y gravedad, no así en la segunda.

-          - Embriaguez o toxicomanía. Para que estas conductas puedan motivar un despido, han de ser habituales y repercutir negativamente en el trabajo. De manera que solo cuando se acredita tal incidencia negativa en el ejercicio de las funciones, o profesión habitual, cabría el despido disciplinario que no procede cuando la toxicomanía sólo incide en su ámbito personal o privado.

-          - Acoso discriminatorio por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual y el acoso sexual o por razón de sexo al empresario o a las personas que trabajan en la empresa. Es preciso que el acoso moral o mobbing sea discriminatorio por las citadas causas.

El artículo 55 del ET establece que el despido deberá ser notificado por escrito al trabajador, haciendo figurar los hechos que lo motivan y la fecha en que tendrá efectos.

Para que el despido sea procedente (justificado y probada su causa) es requisito imprescindible que sea comunicado por escrito. En la carta de despido han de figurar los hechos que lo motivaron y la fecha en la que ha de tener efecto. Si se incumple alguno de estos requisitos procederá la declaración de improcedencia.

Si la carta se recibe con posterioridad a la fecha de efectos señalada, se tendrá en consideración la fecha de recepción de la misma.

El contenido de la carta no puede consistir en genéricas expresiones, sino que ha de ser concreto, claro y preciso, recogiendo los hechos a los que se refiere, días en que se cometieron, etc.

No obstante, el empleador no siempre cumple la exigencia legal de comunicar el despido por escrito, llevando a cabo tal comunicación de forma verbal o tácita.

El despido verbal supone un incumplimiento de la forma escrita exigida para su notificación al trabajador, ya que, este tiene derecho a conocer los hechos que lo motivan y la fecha de efectos, para su posible impugnación judicial. El trabajador que alegue haber sido objeto de un despido verbal tiene la carga de acreditarlo. Para ello, en estos casos, el trabajador puede dirigirse al empresario, por escrito o de palabra, acompañado de testigos requiriéndole para que le admita al trabajo o confirme el despido. Otra opción es enviar un burofax inmediatamente después del despido para que la empresa se pronuncie sobre si mantiene la decisión del despido verbal. Se trata de confirmar el acto del despido para que la empresa se pronuncie sobre si mantiene la decisión del despido verbal, y para que el trabajador se asegure un medio de prueba en caso de iniciar trámites judiciales.

También hay que contemplar la posibilidad de que el empleador no comunica al trabajador formalmente el despido pero se aprecia su decisión extintiva por omisiones o hechos concluyentes que revelan la intención empresarial inequívoca de poner fin a la relación jurídico laboral. Ejemplos típicos de despido tácito son: cuando el empleador se niega a dar trabajo al trabajador; se impide al trabajador el acceso a la empresa, etc.

La controversia principal que puede generar este tipo de despido es determinar la fecha de efectos del mismo y poder actuar dentro del plazo establecido de 20 días hábiles tras notificación del mismo. En este caso al no haber una comunicación explicita hay que determinar el momento a partir del cual computan los plazos para impugnar. En este sentido hay que distinguir dos supuestos:
1. Cese progresivo en el trabajo. Se ha estimado que la fecha a considerar es cuando no existe ya ninguna duda y sea incuestionable el despido.
2. Cierre del centro de trabajo donde prima la fecha del mismo.


¿Cómo debe actuar el trabajador en caso de ser despedido?

Es fundamental que cuando se notifique el despido al trabajador, este firme tanto la carta de despido como el finiquito reflejando la fecha y poniendo “no conforme”. De tal manera, queda abierta la posibilidad de oponerse al despido y reclamar las cantidades en caso de no ser abonadas o íntegras.

El trabajador dispone de 20 días hábiles desde que se le notifica el despido o desde que tiene conocimiento del mismo para actuar:

1º Paso: Presentar papeleta de conciliación por despido en el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC) de la provincia en la que resida. Es un trámite administrativo obligatorio para poder demandar judicialmente. Este trámite se puede realizar sin letrado, aunque es conveniente que le asista uno, ya que durante el acto de conciliación es habitual que la empresa trate de llegar a acuerdos con el trabajador y ofrezca pactar una indemnización.

El día que se presenta la papeleta de conciliación se interrumpe el cómputo del plazo de los 20 días.

El día de la conciliación puede darse una de estas tres situaciones:

- Que se llegue a un acuerdo entre ambas partes. Habitualmente se pacta una indemnización y se reconoce la improcedencia del despido. En estos casos es aconsejable contar con la asistencia de un abogado para que vele por sus intereses y derechos. Al llegar a un acuerdo, el trabajador desiste de ejercer posteriores acciones con las mismas pretensiones. Por lo que, el procedimiento acaba en este punto y no hay que llegar al 2º paso.
- Que el empleador no se persone. En tal caso, se levanta acta sin avenencia.
- Que el empleador se persone, pero no quiera llegar a un acuerdo. En este caso, también se levanta acta sin avenencia.

El día siguiente a la conciliación se reanuda el cómputo del plazo para presentar la demanda en los Juzgados de lo Social. Por ello, es muy importante no demorarse en realizar los trámites tanto administrativos como judiciales en el momento legalmente establecido. En caso contrario, si presenta la demanda fuera de plazo pierde el derecho a reclamar, porque esta no será admitida a trámite por extemporánea.

2º Paso: Presentar demanda en los Juzgados de lo Social. Para ello, aunque la ley no lo exija, si es imprescindible que la demanda esté redactada por abogado, y que este defienda sus intereses antes (conciliación judicial) y durante la celebración del juicio.

En el acto del juicio, el Juzgador valorara las pruebas y escuchara los argumentos de las partes, para posteriormente dictar sentencia. Dicha sentencia declarará la procedencia o improcedencia del despido y se pronunciará sobre las demás pretensiones contenidas en la demanda.

Si el despido se declara procedente, el trabajador podrá recurrir el fallo ante el Tribunal Superior de Justicia.

Por el contrario, si se declara procedente, generalmente el empleador tendrá que elegir entre:

-          - Readmitir al trabajador en las mismas condiciones que regían antes de producirse el despido, con el abono de los salarios de tramitación correspondientes.

-          - Indemnizar

El empleador tiene 5 cinco días para elegir una de estas dos opciones. El plazo computa desde la notificación de la sentencia. Si no ejercita la opción en el plazo citado, se entiende siempre que se opta por la readmisión.

Si el trabajador despedido es representante sindical de los trabajadores será el que elija si prefiere reincorporarse a su puesto de trabajo o que el empresario le indemnice. Independientemente de la opción que elijan, a diferencia del resto de trabajadores, los representantes de los trabajadores tienen derecho a los salarios de tramitación.

Los salarios de tramitación abarcan desde la fecha del despido hasta:

-          - La notificación de la sentencia

-          - Hasta que el trabajador despedido haya encontrado otro empleo

El despido disciplinario no conlleva indemnización ni periodo de preaviso. Cuando el despido sea declarado improcedente, la indemnización correspondiente será de:

-          - Para los contratos formalizados con posterioridad a 12/02/2012: 33 días de salario por año de servicio, hasta un máximo de 24 mensualidades.

-          - Respecto a los contratos formalizados antes del 12/02/2012, el cálculo indemnizatorio se hace en dos tramos. Por el tiempo de prestación de servicios anterior al 12/02/2012 el cálculo se hace a razón de 45 días de salario por año de servicio. Por el tiempo de prestación de servicios posterior a dicha fecha el cálculo se hace a razón de 33 días por año trabajado.

La indemnización se calcula sobre el salario del momento del despido y no sufre variaciones por los incrementos posteriores que puedan establecerse por ley o convenio colectivo aunque tengan efectos retroactivos, debe estarse al salario real a la fecha del despido.

 

Haciendo clic aqui accederá a un Caso real de despido disciplinario resuelto favorablemente para la trabajadora.

 

Si se encuentra en alguna de estas situaciones y necesita asesoramiento legal no dude en contactar con nosotros.

Si se encuentra en alguna de estas situaciones y necesita asesoramiento legal no dude en contactar con nosotros.

- See more at: http://www.quieroabogado.es/derecho-noticias/item/11650-nociones-sobre-permiso-de-lactancia#sthash.1KvMVDLp.dpuf

Si se encuentra en alguna de estas situaciones y necesita asesoramiento legal no dude en contactar con nosotros.

- See more at: http://www.quieroabogado.es/derecho-noticias/item/11650-nociones-sobre-permiso-de-lactancia#sthash.1KvMVDLp.dpuf

Si se encuentra en alguna de estas situaciones y necesita asesoramiento legal no dude en contactar con nosotros.

- See more at: http://www.quieroabogado.es/derecho-noticias/item/11650-nociones-sobre-permiso-de-lactancia#sthash.1KvMVDLp.dpuf

 

Los juicios laborales tienen carácter oral, por lo que, es manifiesta la exigencia de los jueces en cuanto a la concreción en la actuación de los letrados.

 

 La ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS) recoge dos tipos de vistas: la ordinaria y la extraordinaria o de inversión de posiciones. La primera está reflejada en el artículo 85 y la segunda en el 105 de la LRJS.

 

 El intento de conciliación es un trámite previo y preceptivo al juicio. En caso de que no haya avenencia, se procede a la vía judicial.

 

 Abierta la sesión, el primero que tiene la palabra es el demandante. Hasta aquí el procedimiento tiene una trayectoria idéntica, surgiendo después las siguientes variaciones:

 

 

Juicio ordinario Art. 85 LRJS:

 

 En primer lugar, la parte actora tiene que ratificarse en el escrito de la demanda. En caso de querer complementar, subsanar o aclarar algo de la misma ha de hacerse con carácter previo a la ratificación. Después se procede a solicitar recibimiento del pleito a prueba.

 

 En cuanto a la actuación de la parte demandada, esta ha de exponer las excepciones que considere antes de oponerse a la demanda de forma oral. Es recomendable seguir el orden impuesto por el escrito de demanda, incluyendo los fundamentos jurídicos y el suplico. Acto seguido se ha de finalizar con la solicitud recibimiento del pleito a prueba.

 

 El juez recibe a prueba el procedimiento y concede la palabra a las partes para que realicen sus proposiciones.

 

 Para la proposición de los medios de prueba hay que seguir la estructura que se refleja a continuación:
- Interrogatorio de parte o confesión
- Documental, por reproducida y la que se pueda aportar
- Testifical
- Pericial

 

 La parte actora es la que propone prueba en primer lugar. En caso de que se trate de prueba testifical, se expone quien es el testigo y es conveniente explicar el motivo por el cual esa prueba es necesaria.

 

 Acto seguido propone prueba la parte demandada.

 

 Después se hace entrega a las partes de la documental aportada para que manifiesten si conocen o no los documentos. Se aporta una copia de estos, para que sea examinada por la parte contraria, en caso de querer impugnar o simplemente reconocerlos, y finalmente el juzgador, después de examinarla, decide sobre su admisión.

 

 Tal y como refleja el art. 87 de la LRJS, en caso de que alguna prueba sea inadmitida, se formulará protesta a efectos de segunda instancia. Si el juzgador inadmite una testifical, cabe solicitar que consten en acta las preguntas que iban a ser formuladas al testigo. Por tanto, si el juez no admite alguna de las preguntas expuestas, en el momento de formular protesta, se pide que conste en acta dicha pregunta.

 

 Tras la admisión de pruebas se procede a la práctica de las mismas. Primero tiene lugar el interrogatorio de partes, después la testifical, y por último, la pericial.

 

 Antes de concluir la vista, el juez da la palabra a las partes para que expongan sus conclusiones. Es importante que las partes se basen en los hechos y en la valoración de la prueba, antes que en la fundamentación jurídica.

 

 Llegados a este punto el juicio queda visto para sentencia.

 

 

Juicio extraordinario o inversión de posiciones Art 105 LRJS

 

 Esta modalidad de vista está prevista para los juicios por despido, tanto disciplinario como objetivo, e impugnación de sanciones. Lo que se pretende con este tipo de juicios es que el trabajador pueda articular mejor su derecho de defensa, teniendo en cuenta que la norma obliga a que sea el empresario el primero en exponer su postura, sin que ello constituya una inversión de la carga de la prueba. En realidad, lo que se persigue es una igualdad procesal entre las partes.

 

 En cuanto al procedimiento a seguir, en primer lugar, la parte actora se ratifica en la demanda, sin alegaciones ni solicitud de recibimiento del pleito a prueba.

 

 Después la palabra la tiene la parte contraria para plantear cuestiones previas, en caso de que lo considere necesario, para contestar a la demanda y finalizando con la solicitud de recibimiento del pleito a prueba.

 

 La parte demandante hace constar sus alegaciones y en ese momento solicita el recibimiento del pleito a prueba.

 

 Acto seguido, tiene lugar la apertura de la fase probatoria, proponiendo primero la parte demandada, y después a la parte actora. En caso de inadmisión de alguna prueba, procede protesta a efectos de segunda instancia, solicitando que conste en acta el medio de prueba denegado. En este caso, el orden de proposición que hay que seguir es el siguiente: documental, interrogatorio de partes, testifical y pericial.

 

 Llegado el momento de las conclusiones, el primero que procede a las mismas es la parte demandada y después la parte demandante, dejando patente tanto la valoración de la prueba como elevando a definitivas las propias conclusiones.

 

 El juicio queda visto para sentencia.

 

 

Sentencia nº 4210/203 de la Sala de lo  Social  del Tribunal Supremo, de fecha 5 de julio del 2013, relativa a la nulidad del despido realizado a una trabajadora contratada temporalmente, que inicia una reclamación sobre el caracter indefinido de su contratación de forma previa a la extinción de su contrato.

Finalmente se resuelve a  favor de la trabajadora declarando la nulidad del despido practicado, invocando la garantia de indemnidad ( que en el ambito laboral se refleja en la imposibilidad de adoptar represalias por parte del empleador, como consecuencia de  las actuaciones del trabajador encaminadas a obtener la tutela de sus derechos ).

 




ANTECEDENTES DE HECHO



PRIMERO.- Con fecha … , el Juzgado de lo Social número … de Madrid, dictó sentencia en la que consta la siguiente parte dispositiva: "Que estimando la demanda interpuesta por DÑA … contra COMUNIDAD DE MADRID, declaro la nulidad del despido del que fue objeto la actora, por vulneración del derecho fundamental a obtener tutela judicial efectiva en su vertiente de la garantía de indemnidad, y condeno a la demandada a readmitir a la actora en su puesto de trabajo, sin posibilidad de indemnización sustitutiva, como personal laboral por tiempo indefinido y abonar a la actora salarios desde el despido hasta que tenga lugar la readmisión, a razón de 72,37 euros diarios".

 

 

SEGUNDO.- En la citada sentencia se han declarado probados los siguientes hechos:

 

"1.-  La actora ha suscrito los siguientes contratos:

Uno. Contrato por circunstancias de la producción a tiempo completo con fecha de inicio …/2008 y duración hasta el día …/2009 por acumulación de tareas propias de la categoría laboral en la Dirección de Coordinación de la Dependencia. (Documento 1 del ramo de prueba de la parte actora).

Dos. Contrato para servicio determinado a tiempo completo con fecha de inicio … 2009 y duración hasta el … /2009 para el tratamiento de las solicitudes de residencias y centros dedía de la Dirección …y de la Dirección… , para la confección de una lista única de acceso a los servicios de la Consejería incluidos en el catálogo de dependencia, efectuadas con anterioridad a la entrada en vigor de la Orden 2386/2008 de 17 de diciembre y la elaboración para cada uno de estos solicitantes de un Programa individual de Atención (documento 2 del ramo de prueba de la actora).

 Tres. Primera prórroga del contrato temporal por servicio determinado a tiempo completo siendo la nueva fecha de finalización del mismo la del …manteniéndose íntegro el resto del clausulado del contrato original (documento 2 del ramo de prueba de la actora). 4. Segunda prórroga del contrato temporal por servicio determinado a tiempo completo siendo la nueva fecha de finalización del mismo la del … manteniéndose íntegro el resto del clausulado del contrato original (documento 2 del ramo de prueba de la actora).


2.- La antigüedad de la trabajadora es desde el…, por reconocimiento de las partes.


3.- Las funciones de la trabajadora son las siguientes (documento 15 del ramo de prueba de la actora)

- Información general acerca de los procedimientos y del catálogo del sistema de autonomía y atención a la dependencia.

 - Información especializada a los solicitantes y otros posibles interesados acerca de la tramitación de los expedientes de dependencia.

- Informes sobre consultas escritas, sugerencias y reclamaciones. - Utilización de las aplicaciones informáticas específicas de la Dirección General.


4.- El salario de la trabajadora es de 2.171,03 euros brutos mensuales, incluida prórroga de pagas extraordinarias (documento 3 del ramo de prueba de la actora).


5.- Con fecha…, tiene entrada en la Comunidad de Madrid reclamación formulada por la actora reclamando la indefinición de su relación laboral (documento 4 del ramo de prueba de la demandada).


6.-Por medio de escrito de fecha…, la Comunidad de Madrid comunica a la actora la extinción de su contrato de trabajo con fecha de efectos el 31 de diciembre de 2010 (documento 4 del ramo de prueba de la actora, y 10 de la demandada).


7.- Con fecha … la Comunidad de Madrid desestima la reclamación interpuesta por la actora reclamando la indefinición (documento 8 del ramo de prueba de la demandada).


8.- Con fecha…, tiene entrada en la Comunidad de Madrid, reclamación de la actora por despido nulo y subsidiariamente improcedente (documento 11 del ramo de prueba de la demandada).


9.- Con fecha 30 de diciembre de 2010 la Comunidad de Madrid desestima la reclamación interpuesta por la actora por despido nulo y subsidiariamente improcedente (documento 15 del ramo de prueba de la demandada).


10.- La actora presentó ante el Juzgado de lo Social demanda por indefinición contra la demandada en fecha 30 de noviembre de 2010 (documento 9 del ramo de prueba de la actora).


11.-  Se han presentado las preceptivas reclamaciones previas".



TERCERO.- La citada sentencia fue recurrida en suplicación por el Letrado de la Comunidad de Madrid, dictándose por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sentencia con fecha…, en la que consta la siguiente parte dispositiva: "Desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por la Comunidad de Madrid contra sentencia dictada el 18-…por el Juzgado de lo Social núm. …de Madrid , autos…, instados por Dña…. contra dicho Organismo, confirmando la sentencia de instancia. La Comunidad de Madrid abonará al letrado que impugnó el recurso 300 euros en concepto de honorarios profesionales"



CUARTO.- El letrado de la Comunidad de Madrid, mediante escrito presentado el…, formuló recurso de casación para la unificación de doctrina, en el que:

1.- Se alega como sentencia contradictoria con la recurrida la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha … (recurso nº 5401/09 ).

2.- Se alega la infracción de los arts. 4.2 g) y 55.5 del TRET 1/1995.



QUINTO.- Por providencia de esta Sala, se procedió a admitir a trámite el citado recurso, y habiéndose impugnado, pasaron las actuaciones al Ministerio Fiscal, que presentó escrito en el sentido de estimar la improcedencia del recurso. E instruido el Excmo. Sr. Magistrado Ponente, se declararon conclusos los autos, señalándose para votación y fallo el día…, en el que tuvo lugar.



FUNDAMENTOS DE DERECHO




PRIMERO.- La cuestión controvertida en el recurso de casación unificadora aquí objeto de enjuiciamiento consiste en determinar si ha existido vulneración de la garantía de indemnidad, en un supuesto de contratación temporal de trabajadora con prestación de servicios no asociada al objeto del contrato, que es cesada tras haber reclamado ante la Administración la relación laboral indefinida.

 

La demandante ha venido prestando servicios para la demandada -... en la Consejería…, Dirección General de, desde el día 15/10/2008 con contrato eventual por circunstancias de la producción que se extinguió el día 1... y posteriormente mediante un contrato para servicio determinado concertado el día ..., con la categoría profesional de Titulado Medio (Asistente Social), con el objeto de tratar las solicitudes de residencias y centros, para la confección de una lista única de acceso a los servicios de la Consejería y la elaboración para cada solicitante de un programa individual de atención, todo ello en relación con solicitudes efectuadas con anterioridad a la entrada en vigor de la Orden 2386 de 1...

La actora interpuso reclamación previa el 29 de octubre de 2010 solicitando se reconociera el carácter indefinido de su relación y el 22 de noviembre de 2010 la Administración demandada le comunicó que el 31 de diciembre siguiente se extinguiría el contrato por obra o servicio determinado. La sentencia del Juzgado estimó la demanda y declaró la nulidad del despido. La Sala de Suplicación desestima el recurso de la Comunidad de Madrid que, en sintonía con decisiones anteriores, considera ilícito el primer contrato suscrito al haberse omitido la exigencia de identificar el trabajo a realizar, por lo que la relación devino en indefinida, y declara nulo el despido al entender vulnerada la garantía de indemnidad, entendiendo que el despido obedeció a la reclamación de la actora interesando el carácter indefinido de la relación.

 

Recurre la Administración demandada en casación para la unificación de doctrina, aportando de contraste la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de …(

 

En ese caso la actora trabajaba para la misma Comunidad de Madrid mediante un contrato por obra o servicio determinado que fue objeto de varias prórrogas, la última con vencimiento el.., para prestar servicios como auxiliar administrativo en el Centro. Sin embargo, no consta que la actora prestara servicios en dicho centro en momento alguno sino que trabajó en el Instituto   y en la Dirección General. El 3 de febrero de 2009 la demandante presentó reclamación administrativa interesando se declarase el carácter indefinido de su relación laboral y mediante comunicación de 5 de marzo de 2009 se participó a la actora que con fecha 31 de marzo de 2009 se daría por terminado su contrato de trabajo. La sentencia de instancia declaró nulo el despido al entender vulnerada la garantía de indemnidad, pronunciamiento revocado por la sentencia que se propone de contraste al entender que no hay "indicio alguno que determine que la finalización del contrato fuera como consecuencia de la reclamación presentada.". Hay un auto de aclaración de 27 de julio de 2010 algo confuso, pues se refiere a otro anterior pero que en definitiva lo que hace es incorporar la calificación del despido como improcedente.

Concurre el presupuesto de la contradicción, puesto que como hemos señalado en decisiones anteriores sobre casos idénticos, a los que se aludirá, las sentencias objeto de comparación, contemplan situaciones de hecho sustancialmente iguales, con contrataciones temporales cuyo objeto no se correspondió con la realidad de los servicios prestados.

 

En ambos casos las demandantes reclaman la declaración de relación laboral indefinida, y al cabo de un breve período de tiempo se les comunica el cese al terminar la última prórroga del contrato temporal, pero con resultados contrapuestos, pues mientras en la sentencia recurrida se entiende que la demandante ha probado la existencia de indicios suficientes de represalia empresarial, y por ende, de vulneración del derecho fundamental a la garantía de indemnidad, en la de contraste se llegó precisamente a la solución contraria. Concurren, en su consecuencia los requisitos de identidad sustancial que exige el ya mencionado artículo 219 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social y la jurisprudencia para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina, por lo que la Sala, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 226 LRJS , deberá analizar el fondo del asunto, entrando en el tratamiento y decisión de la controversia que con el recurso se nos plantea, fijando la doctrina que resulte ajustada a derecho.



SEGUNDO.- Como ya hemos señalado, la cuestión controvertida en el recurso de casación unificadora que aquí examinamos consiste en determinar si se ha vulnerado la garantía de indemnidad, en supuesto de contratación temporal con prestación de servicios no asociada al objeto del contrato, y cese del trabajador tras haber reclamado ante la Administración la relación laboral indefinida, y ha sido ya resuelta por esta Sala en sentencias de 18-02-2008 (rcud. 1232/2007 ); 26-02-2008 (rcud. 723/2007 ); 29- 05-2009 (rcud. 152/2008 ) y 13-11-2012 (rcud. 3781/2011 ), y de 29/1/13 (rcud. 349/12 ), doctrina que resume la más reciente de 4/3/12 (rcud. 928/12 ) y que debemos seguir en aras de la seguridad jurídica mientras no existan razones suficientes para cambiarla.

Centrada la cuestión en debatir sobre la «garantía de indemnidad», ello impone recordar antes de nada que el «derecho a la tutela judicial efectiva no sólo se satisface ... mediante la actuación de los Jueces y Tribunales, sino también a través de la garantía de indemnidad, que significa que del ejercicio de la acción judicial o de los actos preparatorios o previos a ésta no pueden seguirse consecuencias perjudiciales en el ámbito de las relaciones públicas o privadas para la persona que los protagoniza ... En el ámbito de las relaciones laborales, la garantía de indemnidad se traduce en la imposibilidad de adoptar medidas de represalia derivadas de las actuaciones del trabajador encaminadas a obtener la tutela de sus derechos» ( SSTC 14/1993, de 18/Enero, FJ 2 ; ... 125/2008, de 20/Octubre, FJ 3 ; y 92/2009, de 20/Abril , FJ 3. SSTS 17/06/08 -rcud 2862/07 -; y 24/10/08 -rcud 2463/07 -).

De ello «se sigue la consecuencia de que una actuación empresarial motivada por el hecho de haber ejercitado una acción judicial tendente al reconocimiento de unos derechos de los que el trabajador se creía asistido, debe ser calificada como discriminatoria y radicalmente nula por contraria a ese mismo derecho fundamental» [tutela judicial], ya que entre los derechos laborales básicos de todo trabajador se encuentra el de ejercitar individualmente las acciones derivadas de su contrato de trabajo [ art. 4.2 apartado g ET ] (recientes, SSTC 76/2010, de 19/Octubre, FJ 4 ; 6/2011, de 14/Febrero, FJ 2 ; y 10/2011, de 28/Febrero , FJ 4). Y asimismo se impone aclarar -seguimos las sentencias de la Sala más arriba citadas- que tampoco es preciso que la medida represaliante tenga lugar durante la vigencia del contrato, sino que la garantía de indemnidad incluso alcanza a los supuestos en que la ilegítima decisión empresarial incluso se materializa en la falta de contratación posterior al ejercicio de las acciones judiciales.

Tratándose de tutelar derechos fundamentales, el legislador ha instrumentado un mecanismo de defensa del derecho fundamental, cual es la inversión probatoria prevista en el art. 179.2 LPL [«una vez constatada la concurrencia de indicios de que se ha producido violación..., corresponderá al demandado la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas»].

Y al efecto se recuerda por el intérprete máximo de la Constitución que «precisamente, la prevalencia de los derechos fundamentales del trabajador y las especiales dificultades probatorias de su vulneración en aquellos casos constituyen las premisas bajo las que la jurisprudencia constitucional ha venido aplicando la específica distribución de la carga de la prueba en las relaciones de trabajo», hoy recogida en los arts. 96.1 y 181.2 LRJS ( SSTC 38/1981, de 23/noviembre ; ... 138/2006, de 8/Mayo, FJ 5 ; y 342/2006, de 11/Diciembre , FJ 4. .Y – a título de ejemplo- SSTS 20/01/09 -rcud. 1927/07 -; 29/05/09 -rcud 152/08 -; y 13/11/12 -rcud 3781/11 -).

Pero para que opere el desplazamiento al empresario del «onus probandi» no basta simplemente con que el trabajador afirme su carácter discriminatorio, sino que ha de acreditar la existencia de indicio que «debe permitir deducir la posibilidad de que aquélla [la vulneración constitucional] se haya producido», que genere una razonable sospecha, apariencia o presunción en favor de semejante afirmación; es necesario que por parte del actor se aporte una «prueba verosímil» o «principio de prueba» revelador de la existencia de un panorama discriminatorio general o de hechos de los que surja la sospecha vehemente de una discriminación, sin que sea suficiente la mera afirmación de la discriminación (aparte de muchas otras anteriores, SSTC 92/2008, de 21/Julio, FJ 3 ; 125/2008, de 20/Octubre ; y 2/2009, de 12/Enero , FJ 3. Y SSTS 14/04/11 –rco 164/10 -; 25/06/12 -rcud 2370/11 -; y 13/11/12 -rcud 3781/11 -). Y presente la prueba indiciaria, «el demandado asume la carga de probar que los hechos motivadores de la decisión son legítimos o, aun sin justificar su licitud, se presentan razonablemente ajenos a todo móvil atentatorio de derechos fundamentales; no se le impone, por tanto, la prueba diabólica de un hecho negativo -la no discriminación-, sino la razonabilidad y proporcionalidad de la medida adoptada y su carácter absolutamente ajeno a todo propósito atentatorio de derechos fundamentales» (tras muchas anteriores, SSTC 183/2007, de 10/Septiembre, FJ 4 ; 257/2007, de 17/Diciembre, FJ 4 ; y 74/2008, de 23/Junio , FJ 2); «en lo que constituye ... una auténtica carga probatoria y no un mero intento de negar la vulneración de derechos fundamentales -lo que claramente dejaría inoperante la finalidad de la prueba indiciaria» (aparte de las que en ellas se citan, SSTC 326/2005, de 12/Diciembre, FJ 6 EPV ; 125/2008, de 20/Octubre ; y 92/2009, de 20/Abril , FJ 7).

La Administración recurrente, ciñéndose a la cuestión de si hubo o no vulneración de la garantía de indemnidad, admite que la trabajadora ha acreditado indicios suficientes para producir el desplazamiento a la Administración empresaria de la carga de probar que, no obstante esa apariencia o sospecha de vulneración la referida garantía, el cese se produjo por motivos legítimos y ajenos a todo móvil atentatorio de derechos fundamentales. Pero lo cierto es que no ofrece ninguno en sentido positivo, como sería combatir la indefinición del vínculo contractual mediante la prueba de la causa de su temporalidad, o que existiese completa desconexión temporal entre el ejercicio por la trabajadora de la acción reclamando la declaración de relación laboral indefinida y el cese acordado por la Administración empleadora. Por el contrario, se limita a alegar -a modo de coartada- un hecho negativo: falta de conocimiento de la indicada reclamación de la trabajadora a fecha…, cuando tuvo lugar la comunicación de que su contrato terminaría el … de diciembre siguiente; pero sin apoyatura alguna, ya que el ordinal quinto de "probados" de la sentencia recurrida afirma que tal reclamación previa se presentó el….

 

 

TERCERO.- Las precedentes consideraciones nos llevan a afirmar -como con todo acierto informa el Ministerio Fiscal- que la doctrina ajustada a Derecho es la mantenida por la sentencia recurrida y que –en consecuencia- la misma ha de ser confirmada, por haber aplicado correctamente los arts. 55.5 ET y 108.2 LPL . Con imposición de costas [ art. 235.1 LRJS].

Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

 

 

FALLAMOS

 



Desestimamos el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el Letrado de la Comunidad de Madrid frente a la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha … dictada en el recurso de suplicación número … formulado por el Letrado de la Comunidad de Madrid contra la sentencia del Juzgado de lo Social número … de Madrid de fecha…, dictada en virtud de demanda formulada por Dª … frente a la Comunidad Autónoma de Madrid sobre despido.

Devuélvanse las actuaciones a la Sala de lo Social del Órgano Jurisdiccional correspondiente, con la certificación y comunicación de esta resolución. Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

 

PUBLICACIÓN.- En el mismo día de la fecha fue leída y publicada la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. …hallándose celebrando Audiencia Pública la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario de la misma, certifico.

Se muestran algunos documentos relativos al caso por el que se despide  a un trabajador dedicado a la actividad de Hospedaje por causa disciplinaria. Al no estar conforme con los hechos imputados reclama en conciliacion previa administrativa, en la que no se llega a ningun acuerdo, y posteriormente en via judicial, obteniendo el reconocimiento de la improcedencia del despido y la indemnización acordada.

Se muestra la carta de despido con los incumplimientos que el empleador reflejaba que se habian cometido.

 Descargar Documento en PDF. 


 

El trabajador presenta reclamacion administrativa y se cita a ambas partes a una conciliación para intentar llegar a un acuerdo que no se produce.



 Descargar Documento en PDF. 


 

Se presenta la demanda judicial  aprotando el acta de la conciliacion administrativa que resultó sin efecto. El juzgado admite a trámite la demanda y cita a las partes a una vista.

 


 Descargar Documento en PDF. 


 

El dia del juicio, ambas partes acuerdan judicialmente que se reconozca la improcedencia del despido comprometiendose al  abono de la indemnizacion pactada al trabajador.

 

 

 Descargar Documento en PDF


 

 

Información sobre Derecho Laboral 

 

 

 

 


 

 

 

 

Se aporta la sentencia del Tribunal supremo nº  2147/2013, de dieciséis de abril de dos mil trece, en unificación de doctrina, que hace referencia a los casos en los que en relación a la indemnización por despido, se ha considerado por los tribunales como error excusable o error inexcusable y que ha determinado el signo de la posible decisión extintiva.

En concreto se califica como excusable algunos casos  por la escasa diferencia de la cuantia reconocida, por no haber incluido algun concepto salarial de relativa complejidad en su determinacion, por la inexistencia de mala fe en el error del calculo...

Y por el contrario existe una calificacion como inexcusable de los casos  en los que se calcula la indemnizacion con salario neto del trabajador en vez de salario bruto, no se tiene en cuenta la antiguedad real, por calculo erroneo de la indemnizacion con cuantias desproporcionadas...


 

 

 

 

SENTENCIA


En la Villa de Madrid, a dieciséis de Abril de dos mil trece.

 

Vistos los autos pendientes ante esta Sala en virtud de recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la letrada Dª … , en nombre y representación de D. … contra la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de fecha … , recaída en el recurso de suplicación nº…, que resolvió el formulado contra la sentencia del Juzgado de lo Social nº 15 de Madrid, dictada el… , en los autos de juicio nº… , iniciados en virtud de demanda presentada por Edemiro , contra … y el… , sobre DESPIDO.

 

Es Ponente la Excma. Sra. Dª…., Magistrada de Sala.


ANTECEDENTES DE HECHO



PRIMERO.- Con fecha… , el Juzgado de lo Social nº .. de Madrid dictó sentencia en la que consta la siguiente parte dispositiva: "Que debo ESTIMAR Y ESTIMO en parte la demanda formulada por D. Edemiro contra las empresas…, declarando la procedencia del despido del actor, correspondiendo a las empresas … con carácter solidario, como empleadoras, completar la indemnización puesta a disposición del actor en la cuantía de 4.566,62 euros, absolviéndolas del resto de pedimentos, así como a las demás codemandadas y a D. Joaquín .



SEGUNDO.- Que en la citada sentencia y como HECHOS PROBADOS se declaran los siguientes:

 

"Primero.- La parte actora, D. … celebró contrato de trabajo con D. Joaquín…. En fecha … el actor comunicó su baja voluntaria con efectos del…, ...comenzó a prestar servicios para …con la misma categoría de delineante proyectista, percibiendo un salario mensual bruto de 3.198 euros con prorrata de pagas extras. No cambió de centro de trabajo y siguió realizando las mismas funciones.

 

Segundo.- En fecha …la empresa … comunica al actor la extinción de su contrato de trabajo al amparo del art. 52.c) E.T . en relación con el art. 51.1 en base a la difícil situación económica, con efectos del 30-11-10, según carta del siguiente tenor literal: Por la presente vengo a comunicarle la extinción de su contrato de trabajo, con amparo en lo dispuesto en el artículo 52,c) del Estatuto de los Trabajadores, en relación con el 51.1 del mismo cuerpo legal . Los hechos que motivan esta decisión es la difícil situación económica que viene atravesando la empresa en los últimos años que hacen inviable mantener la actividad de la misma. Las pérdidas producidas en los últimos ejercicios y que se reflejan en las cuentas de resultados de la entidad arrojan los siguientes saldos en pérdidas: - 2008. 43.606,95; - 2009. 57.203,33.

Como sabe, los ingresos de explotación, desde el año … han venido reduciéndose considerablemente, debido a la actual crisis económica, especialmente agravada ene. Sector de la construcción. Las cifras de ingresos son reveladoras en este sentido: 66.813,00 en 2008; 39.800,00 en 2009; y 12.000,00 a octubre…, siendo las pérdidas acumuladas a esta misma fecha de 54.445,11. Por otra parte, los dos únicos proyectos en marcha (Torrelodones y Getafe) se encuentran paralizados debido a la falta de aprobación de las administraciones respectivas (Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Getafe), por lo que la empresa carece de actividad alguna y la previsión de ingresos es nula, además de no existir previsión de encargo alguno. La situación económica de … es idéntica: las pérdidas del año 2008 fueron 684,49 y en 2009 de 4.418,25; a octubre de 2010 ascienden a 6.035,42. También los ingresos han disminuido en el mismo periodo: 486.201,11 en 2008; y 212.643,30 en 2009; y, 72.477,38 a….

De conformidad con todo lo expuesto anteriormente, la dirección de la empresa ha tornado la decisión de proceder al cese de su actividad ante la imposibilidad de mantener la misma con un mínimo de viabilidad económica. A pesar de todos los esfuerzos realizados por la Empresa en busca de otras posibilidades que no contemplaran esta drástica solución, resulta totalmente necesaria la amortización de su puesto de trabajo pues el mantenimiento de la empresa llevaría irremisiblemente a una situación de quiebra económica en caso de mantener su estructura en funcionamiento y sus gastos, sin ningún ingreso en contrapartida, lo que hace irremediable su cierre. Reconociendo su esfuerzo y dedicación durante los años que ha prestado servicios para la empresa, lamentamos tener que adoptar esta decisión de proceder a la amortización de su puesto de trabajo por cese de la actividad de la empresa, en base a un despido objetivo por causas económicas y productivas, al amparo de lo dispuesto en el artículo 52 c) del Estatuto de Trabajadores . En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 53 del Estatuto la extinción que se le comunica tendrá efectos el próximo día 30 de noviembre. La falta de tesorería impide que en este momento la compañía pueda poner a su disposición la indemnización legalmente prevista que, en su caso, asciende a 38.332.30 (20 días por año de servicio, con el límite de una anualidad). A la fecha efectiva de la extinción, le será abonado el 60% de dicho importe(22.999,38 euros), correspondiendo al Fondo de Garantía Salarial, por responsabilidad directa (conforme al artículo 33 ET ) el pago del restante 40 %. Le ruego que, a los efectos de la constancia de la entrega de la presente comunicación, firme el recibí de la presente comunicación.

 

Tercero.- La empresa ... fue constituida el 5-3-86, por D. … , nombrándose administradores solidarios a D….. El domicilio social inicial fue Princesa 22. En 1988 el Sr. … y su esposa la Sra. …adquirieron las acciones de los otros dos accionistas, y el Sr. …fue nombrado administrador único. En 1997 se transformó en Sociedad Limitada. El 28 de enero de 1996 se traslada el domicilio a la C/ Gran Vía 59, 11, letra C. Constituye su objeto social: el asesoramiento, dirección, gestión y realización de toda clase de obras y construcciones, tanto públicas como privadas. En los años 2006 y 2007 tiene beneficios según la cuenta de pérdidas y ganancias (612). En 2008 tiene pérdidas de 43.606,95 euros (f. 633). En el ejercicio 2009 las pérdidas son de 57.203,33 euros (f.666). Para 2010 provisionalmente las cuentas arrojan pérdidas de 98.915,45 euros (f. 704). La hoja registral de la sociedad aparece cerrada provisionalmente por no depósito de cuentas anuales, según nota informativa de 25-11-10. La empresa contaba con dos empleados, uno de ellos el actor, que fueron despedidos el 30-11-10. En el año 2007 (modelo 347) facturó a…. 133.795,20 euros. A …21.715,20 euros. En 2008, a…  66.645,48 euros y a … 10.957,60 euros. En 2009, a…. 46.168 euros.

 

Cuarto.- La empresa …se constituyó el 30-6-93, siendo socios fundadores, D….. Se nombró administrador único a D. . El domicilio inicial radicaba en Princesa 22. En 1997 se traslada el domicilio a Gran Vía 59, 11, letra C. Se nombran administradores solidarios a D. …. En 2008 D. …venden sus participaciones a D….. El mismo día, 12-12-08, se otorga escritura de adaptación con cese y nombramiento de cargos de sociedad limitada ordinaria en sociedad limitada profesional. Se nombra administrador solidario a Doña…. El objeto social lo constituye: la realización de proyectos y direcciones de obras, así como cuantos aquellos trabajos y actuaciones relacionadas directamente con la actividad de la arquitectura. En los ejercicios …tuvo beneficios según la cuenta de pérdidas y ganancias (f. 783). En … las pérdidas fueron de 684,89 euros f. 804). En 2009 las pérdidas alcanzaron 4.148,25 euros (f.852). Para …provisionalmente las pérdidas son de 45.403,16 euros (f. 899). La hoja registral de la sociedad aparece cerrada provisionalmente por no depósito de cuentas anuales, según nota informativa de 25-11-10. Tenía un empleado de alta que fue despedido el …(f. 900). En el año 2007 (modelo 347) facturó…. 123.795,20 euros. …. 100.227,42 euros. A…. 29.800,27, de un total de 1.203.470,70 euros. En 2008, a…. 66.645,48 euros. En 2009, a…. 46.168 euros, a…. 8.410 euros (f. 885 y ss).

 

 Quinto.- …se constituye el…, siendo socios fundadores D….. Se nombra administrador único a D. Joaquín , y apoderados los otros dos socios. El domicilio se establece en Gran Vía 59, 11, letra A. En enero …se nombran administradores solidarios al Sr…. Tiene como objeto social Comprar y vender, ya sea en nombre propio o por cuenta ajena, toda clase de bienes de licito comercio destinados al consumo, así como intermediar en la distribución de los mismos. La compra y venta de toda clase de inmuebles, la promoción, urbanización, construcción, reforma o rehabilitación de toda clase de fincas urbanas, de todo tipo de edificios, viviendas, locales comerciales, chalets... según la cuenta de pérdidas y ganancias. en el ejercicio … tuvo pérdidas por 30.167,76 euros (f.1019). En … las pérdidas son de 41.287,84 euros (f. 1046). En …las pérdidas ascienden a 14.104,83 euros (f. 1080). Provisionalmente la cuenta de resultados para …supone pérdidas de 6.041,40 euros. La hoja registral de la sociedad aparece cerrada provisionalmente por no depósito de cuentas anuales, según nota informativa de…. Esta empresa no tiene personal. En … (modelo 347) facturó a Rivas Lafarga S.L. 18.560 euros. En … a la misma sociedad 26.100 euros. En…, 4.640 euros (folios 1113 y ss) Ha practicado retenciones por actividades profesionales en el ejercicio …(f. 1123).

 

Sexto.- se constituye el…. A medio de escritura de …comparece en calidad de liquidador único para elevar público los acuerdos sociales para la disolución, liquidación extinción de la sociedad. Figura inscrita la extinción. Tenía domicilio en Gran Vía 59, 11. El objeto social era la promoción y construcción de toda clase de edificaciones. La hoja registral de la sociedad aparece cerrada provisionalmente por no depósito de cuentas anuales, según nota informativa de …era consejero.


Septimo.- La empresa…. se constituye el…, siendo sus accionistas D…., siendo ambos administradores solidarios. El domicilio social se fija en C/ Gran Vía 59, 11. Su objeto social es: la compraventa de todaclase de inmuebles y la promoción, urbanización, construcción, reforma o rehabilitación de toda clase de fincas urbanas, de todo tipo de edificios, viviendas, locales comerciales, chalets o naves. Según la cuenta de resultados, pérdidas y ganancias, en los ejercicios …tuvo beneficios. En …presentaba pérdidas por 42.628,78 euros. En 2009 las pérdidas ascendían 1 124.179,18 euros. Provisionalmente para el 2010 las pérdidas son de 23.869,76 euros (f. 1173 y ss). La hoja registral de la sociedad aparece cerrada provisionalmente por no depósito de cuentas anuales, según nota informativa de…. No tiene empleados. En 2007 (modelo 347), de un total de 1.301.443,04 euros, facturó a…. 18.560 euros, a …21.715,20 euros. En 2008, de un total de 434.205,60 euros, a …10.857,60 euros y a…. 26.100 euros. En 2009, a…. 4.640 y a…. 8.410 euros. En el año …ha realizado retenciones por actividades profesionales (f. 1293 y ss.).

 

Octavo.- …se constituye el … fijando el domicilio social en Fuencarral 104. Se nombra administrador único al Sr. …. Su objeto social es: Compra y venta de toda clase de solares, la promoción, urbanización, construcción, reforma de fincas rústicas o urbanas, y realizar sobre ellas todo tipo de edificios, viviendas, locales comerciales, chalets o naves. No constan en el R.M. depósito de cuentas. La hoja registral está cerrada por falta de depósito de cuentas y de baja provisional en Hacienda.

 

Noveno.-…. se constituye el …siendo socios fundadores D…., con domicilio en Gran Vía 509, nombrándose a los tres socios administradores solidarios. Su objeto social es: la promoción, construcción, compra, venta, administración, gestión, tenencia y arrendamiento, por cuenta propia o ajena, de viviendas, locales comerciales, chalets y cualquier otro tipo de edificación y construcción, bien de renta libre.... según la cuenta de pérdidas y ganancias del R.M. tuvo beneficios en el ejercicio … hay pérdidas por 106.920,47 euros. Y en …de 58.884,69 euros. Provisionalmente para … las pérdidas son de 51.024 euros (f. 1372 y ss.). La hoja registral de la sociedad aparece cerrada provisionalmente por no depósito de cuentas anuales, según nota informativa de…. No tiene empleados. Ha practicado retenciones por actividades profesionales en …

 

Decimo.- …se constituye …siendo los accionistas fundadores D…., siendo los tres administradores solidarios. El domicilio se fija en Fuencarral 14. Su objeto social es: compra y venta de toda clase de solares y la promoción, urbanización, construcción, reforma o rehabilitación de toda clase de fincas urbanas, de todo tipo de edificios, viviendas, locales comerciales... En el Registro Mercantil aparece cerrada provisionalmente desde enero de … por no haberse depositados los estados contables de los ejercicios …y siguientes, y dada de baja provisional en el índice de entidades del Ministerio de Hacienda

 

Decimoprimero.- …se constituye el…, y su objeto es la construcción de toda clase de obras públicas y privadas, la ejecución de obra por contrato o por administración, por cuenta propia o ajena, la promoción, estudio, confección y realización de proyectos de obras..., con domicilio social en C/ Boix y Morer 11 de Madrid, y el órgano de administración es un Consejo de Administración del que no forma parte el Sr. …n ni ninguna de las otras mercantiles demandadas, y tampoco es apoderado. En fecha 12-4-05 se amplió capital, comprando participaciones …

 

Decimosegundo.-…. se constituye el …siendo socios fundadores D. …, fijando el domicilio en Gran Vía 59, 12- A, nombrándose administrador único al Sr. Florentino . Su objeto social es la inversión y tráfico mercantil inmobiliario. La construcción, compra venta, cesión, tenencia, promoción, urbanización, parcelación etc de toda clase de bienes inmuebles. Dicha sociedad es titular de finca sita en C/ Palafox 7 por compra el …con suscripción de préstamo hipotecario. El Sr. Joaquín a fecha …era apoderado.

 

Decimotercero.- D. Joaquín es arquitecto,_y como tal ha venido ejerciendo. por rendimientos del trabajo en 2007 percibió dé…. e …26.576,55 euros y 15.025,30 euros, por actividades económicas de…. 113.520 euros, y por alquileres de …5.49,96 y de …4.209,96 euros. En 2008 percibe por actividades económicas de…. P. 61.901,80 euros, en 2009 28.430 euros y 15.000 euros en 2010. Por alquiler de …en 2008 1.052,49 euros. Presentaba a fecha …en cuenta del …un saldo de 1.029,63 euros, y en el …de -159,74 euros.

Ha solicitado prestación de jubilación como mutualista del Sistema de Previsión de Arquitectos Superiores (f. 950). El Sr. Joaquín es el socio único de …., tiene el 60% de acciones de…, el 50% de acciones en…. E…., el 49,9% de..., y el 33% de…. y …Además es administrador solidario de …y administrador único de .Fue consejero de …

 

Decimocuarto.- El …S.L. adquirió un vehículo…. El …por medio de leasing la…. accede a un …(f. 777)….. ha abonado facturas de taller de ambos vehículos (f.240 y ss.)

 

Decimoquinto.- Las obra de Torrelodones se encuentra en fase de informes, aprobaciones administrativos y cambios de normativa urbanística (f. 1508 y SS.). El proyecto para la obra de Getafe se presentó en … (f. 1504).

 

Decimosexto.-…. a fecha 15-11-10 tenía un saldo de 234,76 euros y en el …-263,92 euros (f. 715 y 719). …tenía a esa fecha en el …saldo de 758,45 euros y en …-184,27 euros (f. 921 y 912).

 

Decimoséptimo.- La parte actora no ostenta ni ha ostentado la condición de representante legal de los trabajadores ni cargo sindical.

 

Decimoctavo.- Se presentó papeleta de conciliación el …celebrándose el acto sin efecto.



TERCERO.- Contra la anterior sentencia, D. … formuló recurso de suplicación y la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dictó sentencia en fecha…, en la que consta el siguiente fallo: "Que desestimando el recurso de suplicación interpuesto por la representación legal de D….contra la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm. …de los de MADRID, de fecha … , en los autos número …seguidos en virtud de demanda presentada contra …, en reclamación por Despido, debemos CONFIRMAR y CONFIRMAMOS dicha resolución.".



CUARTO.- Contra la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la letrada Dª…, en nombre y representación de D…., interpuso el presente recurso de casación para la unificación de doctrina, que se formalizó ante esta Sala mediante escrito fundado en la contradicción de la sentencia recurrida con la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia e…, recurso …y la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón el…, recurs….



QUINTO.- Se admitió a trámite el recurso, y tras ser impugnado por la parte recurrida, se pasaron las actuaciones al Ministerio Fiscal para informe, el cual fue emitido en el sentido de estimar improcedente el recurso interpuesto.



SEXTO.- Se señaló para la votación y fallo el día…, llevándose a cabo tales actos en la fecha señalada.



FUNDAMENTOS DE DERECHO



PRIMERO .- El Juzgado de lo Social nº… de Madrid dictó sentencia e…, en autos número…, seguidos a instancia de D….frente a … en reclamación por despido, estimando en parte la demanda formulada, declarando la procedencia del despido del actor, correspondiendo a las empresas…, con carácter solidario, como empleadoras, completar la indemnización puesta a disposición del actor en la cuantía de 4.566'62 euros, absolviéndolas del resto de los pedimentos, así como a las demás codemandadas.

Tal y como resulta de dicha sentencia, el actor celebró contrato de trabajo con D. Joaquín en…. El…, el actor comunicó su baja voluntaria, con efectos de…. El …comenzó a prestar servicios para…, con la misma categoría de delineante proyectista, realizando las mismas funciones en el mismo centro de trabajo. El …la empresa…, le comunicó la extinción de su contrato de trabajo, al amparo del artículo 52 c) ET , en base a la difícil situación económica de la empresa, con efectos del .... En la carta hacía constar que "la falta de tesorería impide que en este momento la compañía pueda poner a su disposición la indemnización legalmente prevista que, en su caso, asciende a 38.332'30 euros (20 días por año de servicio con el límite de una anualidad). A la fecha efectiva de la extinción le será abonado el 60% de dicho importe (22.999'38 euros) correspondiendo al Fondo de Garantía Salarial, por responsabilidad directa (conforme el artículo 33 ET) el pago del restante 40%".

Recurrida en suplicación, por la parte actora, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia el…, recurso número…, desestimando el recurso formulado.

La sentencia razona que la demandada ha cumplido el requisito de poner a disposición del trabajador la indemnización de 20 días de salario por año de servicio pues en empresas de menos de 25 trabajadores la responsabilidad del abono del 40% de dicha indemnización es del FOGASA, por lo que la empresa solo ha de abonar el 60% de la citada indemnización. Continua razonando la sentencia que ha de calificarse de error excusable la diferencia entre la cantidad que la empresa puso a disposición del trabajador -22.999'38- euros y la que debió poner -27.566 euros-, siendo tal diferencia consecuencia de los topes legales que, debe aplicar el FOGASA para hacer frente al 40% de la indemnización a su cargo, cuestión jurídica que ha tenido que ser resuelta por los Tribunales, lo que revela una cierta complejidad como se ha señalado, que obligaría a calificar de excusable el error sufrido por la empleadora.

Contra dicha sentencia se interpuso por la parte actora recurso de casación para la unificación de doctrina, aportando dos sentencias como contradictorias, una por cada uno de los motivos del recurso. Para el primer motivo aporta la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de …y para el segundo motivo la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de…,.

La representación letrada de las demandadas…, ha impugnado, el recurso habiendo informado el Ministerio Fiscal que interesa se declara la improcedencia del recurso.



SEGUNDO .- Procede el examen de la sentencia invocada para el primer motivo del recurso para determinar si concurre el requisito de la contradicción, tal y como lo establece el artículo 219 de la LRJS , que supone que ante hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales, las sentencias han llegado a pronunciamiento distintos.

La sentencia de contraste invocada para el primer motivo del recurso, sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 28 de octubre de 2010, recurso número…, estimo el recurso de suplicación interpuesto por la actora Dª Caridad , contra la sentencia dictada …por el Juzgado de lo Social nº …de A Coruña , en autos…, seguidos contra la empresa…, en reclamación por despido.

Consta en dicha sentencia que la actora comenzó a prestar servicios con antigüedad de … , habiendo sido despedida con fecha de efectos del …por causas objetivas económicas, poniendo a disposición de la actora un cheque por el importe del 60% de la indemnización, indicándole que el resto será abonado, previa solicitud, por el FOGASA. La sentencia razona que el artículo 33.8 del Estatuto de los Trabajadores no posibilita que la empresa no cumpla el requisito de poner a disposición la totalidad de la indemnización, pese a que por tratarse de una empresa que tiene una plantilla inferior a 25 trabajadores el FOGASA abone, por imperativo legal, el 40% de la indemnización, por lo que, al no haber cumplido, el requisito de la puesta a disposición de la indemnización, el despido ha de ser declarado nulo.

Entre la sentencia recurrida y la de contraste concurren las identidades exigidas por el artículo 219 de la LRJS pues en ambos casos se trata de trabajadores que han sido despedidos por causas objetivas económicas, procediendo la empresa en el momento de comunicarles el despido a señalar que únicamente abonaba el 60% de la indemnización, al tener la empresa menos de 25 trabajadores, correspondiendo el abono restante al FOGASA, habiendo llegado las sentencias comparadas a resultados contradictorios. En tanto la recurrida entiende que se cumple el requisito del artículo 53.1b) del Estatuto de los Trabajadores con poner a disposición del trabajador el 60% de la indemnización, la de contraste razona que para cumplir dicho requisito ha de ponerse a su disposición el importe total de la indemnización.

Habiendo cumplido los requisitos de los artículos 219 y 224 de la LRJS , procede entrar a conocer del fondo de la cuestión debatida.



TERCERO .- La letrado representante de D. …alega que la sentencia recurrida infringe lo dispuesto en el artículo 53.1) del Estatuto de los Trabajadores , en relación con lo establecido en el artículo 33.8 de dicho texto legal .

Señala que la literalidad del artículo 53.1b) del Estatuto de los Trabajadores no permite que el alcance de la obligación que establece quede limitado a la parte de indemnización de exclusiva responsabilidad empresarial, sino que exige claramente que la empleadora ponga a disposición del trabajador el importe correspondiente a 20 días de salario por año de servicio con el tope de 12 mensualidades.

La cuestión ha sido resuelta por esta Sala en sentencia de…, recurso número 958/12 , en la que ha establecido lo siguiente: " El art. 53.1.b) del ET ha de ponerse en relación con el art. 33.8 del mismo texto legal . Por ello, si bien es cierto que el precepto cuya infracción se denuncia establece que el empresario de "poner a disposición del trabajador, simultáneamente a la entrega de la comunicación escrita, la indemnización de veinte días por año de servicio", este precepto ha de ponerse en relación con el art. 33.8 del mismo texto legal , que la redacción vigente en el momento en que se produjo el despido -la de la Ley 43/2006-, que "en las empresas de menos de veinticinco trabajadores, el Fondo de Garantía Salarial abonará el 40 por 100 de la indemnización legal que corresponda a los trabajadores cuya relación laboral se haya extinguido como consecuencia del expediente instruido en aplicación del artículo 51 de esta Ley o por la causa prevista en el párrafo c) del artículo 52, o conforme al artículo 64 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal ". De esta forma, en el supuesto regulada en esta norma el FOGASA se convierte en responsable directo del pago de la indemnización, por lo que la obligación de puesta a disposición se refiere a únicamente al importe que corre a cargo del empresario, sino que el empresario tenga el deber de anticipar el importe que debe abonar el Fondo. Esta conclusión se desprende de la expresión literal de la norma, que se refuerza en la redacción de la ley 3/2012 ("el Fondo de Garantía Salarial abonará al trabajador..."), pero también del propio carácter de la obligación y de las normas de procedimiento contendidas en los arts. 13 y 20 del Real Decreto 505/1995 ; normas que se refieren a los trabajadores como titulares del derecho a la prestación del Fondo y como interesados en el procedimiento, sin mencionar de forma expresa a los empresarios, lo que no impide a éstos solicitar el importe a cargo del Fondo cuando hayan lo anticipado al trabajador el pago de la parte del Fondo.

En este sentido se ha pronunciado la Sala en sus sentencias de 27 de junio , 24 de noviembre , 12 de diciembre de 1992 y 11 de mayo de 1994 . En estas sentencias se establece que el Fondo "tiene el carácter de obligado directo e inmediato ante los trabajadores", si bien admiten que esta obligación se module en función del comportamiento de las partes, de forma que si la empresa anticipa el pago de la parte correspondiente al Fondo podrá solicitar su reintegro de este organismo, pero si la empresa hace efectivo solamente el porcentaje del 60% se estará en el supuesto normal de la legitimación del trabajador para solicitar el 40% del Fondo, como había ocurrido en el caso resuelto por las sentencias citadas, en el que la empresa había mejorado la indemnización, abonando el 60% de la indemnización legal más la mejora íntegra, reclamando los trabajadores el 40% restante al Fondo, siendo los trabajadores "titulares del mencionado derecho" de reclamación frente al Fondo."

Aplicando la doctrina anteriormente expuesta al asunto ahora sometido a consideración de la Sala, procede desestimar el motivo formulado.



CUARTO .- La sentencia invocada para el segundo motivo del recurso, sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón el 20 de noviembre de 2003, recurso número 979/03 , estimó el recurso de suplicación interpuesto por el demandante D. Leandro contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 1 de Zaragoza, el 28 de julio de 2003, declarando nulo el despido del actor, condenando a la demandada a que le readmita, abonándole los salarios dejados de percibir desde la fecha de efectos del despido hasta que la readmisión tenga lugar. Consta en dicha sentencia que el actor ha venido prestando servicios para la demandada … desde el 19 de marzo de 1996, habiendo sido despedido mediante despido objetivo de carácter económico mediante carta de 24 de abril de 2003, procediendo la empresa a hacerle entrega del importe del 60% de la indemnización, 3.448'45 euros, informándole que el 40% restante deberá solicitarlo directamente al FOGASA. La sentencia razona que la empresa puso a disposición del trabajador, al entregarle la carta de despido 3.448'45 euros, siendo la cantidad correcta 4.122'06 euros, radicando la diferencia en la aplicación por parte del FOGASA de los límites legales previstos en el artículo 33.2 del Estatuto de los Trabajadores en relación con el 33.8 de dicho texto legal , respecto a la determinación del 40% de la indemnización a cargo del FOGASA. La sentencia razona que la equivocación del empleador fue doble, al no haber tenido en cuenta los límites legales de la responsabilidad del FOGASA y haber calculado la indemnización conforme a un salario inferior al real, no pudiendo calificarse tal error de excusable, por lo que ha de calificarse de nula la decisión extintiva.

 

Entre las sentencias comparadas concurre el requisito de la contradicción pues en ambos supuestos se trata de despidos objetivos por causas económicas en empresas de menos de 25 trabajadores, en los que la empresa en el momento del despido pone disposición del trabajador el 60% del importe total de la indemnización advirtiendo que el 40% restante es a cargo del FOGASA. La cuestión surge porque al aplicar el FOGASA los límites legales al importe del salario de los trabajadores, no cubre la totalidad del 40% de la citada indemnización, lo que supone que la empresa no ha puesto a disposición del trabajador el importe correcto de la indemnización por despido objetivo. Las sentencias comparadas han llegado a resultados contradictorios, en tanto la recurrida entiende que se trata de un error excusable, la de contraste lo tilda de inexcusable, con las pertinentes consecuencias en orden a la calificación del despido.

Cumplidos los requisitos de los artículos 219 y 224 de la LRJS , procede entrar a conocer del fondo de la cuestión debatida.

 

 

QUINTO.- El recurrente alega, en el segundo motivo del recurso, que la sentencia impugnada infringe el artículo 53.1 del Estatuto de los Trabajadores en relación con el artículo 33.8 y 53.4 del dicho texto legal, así como el 122.2 de la LRJS .

Aduce que, en su caso, el FOGASA, aplicando sus topes y parámetros, abonará 10.766 euros, por lo que la empresa debió de pagar al actor la diferencia hasta completar los 38.376 euros, es decir, debió abonarle 27.566 euros y abonó unicamente 22.999'38, lo que no es un error excusable, sino un claro incumplimiento del requisito exigido por el artículo 53.1 b) del Estatuto de los Trabajadores .

Esta Sala se ha pronunciado en numerosas ocasiones acerca de qué supuestos pueden ser calificados de error inexcusable y cuales de excusable, cuando la cantidad que el empresario pone a disposición del trabajador es inferior a la que legalmente corresponde. Si bien la mayoría de las sentencias se han dictado examinando el importe de la consignación de la indemnización en despidos reconocidos como improcedentes por el empresario, dada la identidad de razón, la doctrina establecida es aplicable a los supuestos de extinción del contrato por causas objetivas.

 

Entre otras, las sentencias dictadas por la Sala en esta materia, son las siguientes:

 

- STS de 24-04-00, CUD 308/99 , a pesar de la diferencia entre lo consignado y lo que debió consignar la empresa, entendió que se trataba de error excusable pues el juzgado de instancia consideró correcto el cálculo efectuado por la empresa y fue la sentencia de suplicación la que elevó dicha cantidad.

 

- STS de 26-12-05, CUD 239/05 , entendió que la escasa cuantía de la diferencia -157,90 euros – unido a que el salario de la demandante era de cálculo especialmente complejo, lo discutible de los conceptos y la presencia de factores ajenos a la mala fe en la consignación efectuada, hacen que el error haya de calificarse de excusable.

 

- STS de 26-01-06, CUD 3813/04 , entendió que se trataba de un error excusable el no haber incluido como salario, a efectos del cálculo del depósito, el importe atribuido a las stock options. Razona la sentencia que el estudio individualizado del carácter salarial o no de las opciones de compra de acciones suscritas no es sencillo y la complejidad del mismo aumenta con los problemas de conflicto de leyes planteados por los acuerdos de suscripción. Continúa razonando que de las opciones de compra de acciones pueden derivar dos ventajas o utilidades patrimoniales distintas, y sólo una de ellas puede, en su caso, ser considerada como salario e incluida, por tanto, en el cálculo de la indemnización de despido. La primera utilidad, que es la que cabe considerar salario, si se asigna en contraprestación del trabajo realizado, es la constituida por la diferencia entre el precio de la acción en el mercado en el momento de la adquisición y el precio del ejercicio del derecho pactado. La segunda utilidad, que se produce ya fuera del marco de la relación de trabajo, y que carece en consecuencia de la condición de salario, es la obtenida por el trabajador mediante un posible posterior negocio jurídico mercantil con un tercero, consistente en "la venta de las acciones que adquirió al ejercitar la opción".

Concluye que concurre una dificultad jurídica para fijar el salario, por lo que considera el error excusable.

 

- STS de 7-02-06, CUD 3850/04 , entendió que era error excusable el no haber incluido en el cálculo de la indemnización la partida correspondiente al salario en especie, consistente en el valor de utilización del coche.

 

- STS de 28-02-06. CUD 121/05 , entendió que era "error excusable" no incluir el "bonus" en el cálculo de la indemnización. La sentencia justificó su decisión en que existía cierta dificultad jurídica en la fijación del "bonus teniendo en cuenta el período de vencimiento de este concepto retributivo y la diversidad de regulaciones del mismo.

 

- STS de 13-11-06 , CUD 3110705, entendió que era error excusable el no tener en cuenta la antigüedad reconocida a la trabajadora en el momento de su contratación -la empresa la reconoció la antigüedad de los servicios prestados en otra empresa anterior " a todos los efectos"- a efectos de calcular la indemnización.

 

- STS 27-06-07, CUD 1008/06 , entendió que era error excusable el depositar 54,45 euros menos, dada su escasa cuantía.

 

- STS de 19-10-07, CUD 4128/06 , entendió que era error excusable la insuficiente consignación pues la misma obedecía al salario que venía percibiendo el trabajador en el momento del despido, conforme a la categoría profesional fijada en el contrato, sin que proceda privar de efectos a dicha consignación porque en el propio juicio de despido se haya fijado una categoría superior, por realizar las funciones de dicha categoría, a la que corresponde un salario superior.

 

- STS de 16-05-08, CUD 523/07 , entendió que era error excusable al no haber incluido en el cálculo de la indemnización por despido los beneficios del ejercicio de las opciones sobre acciones, dadas las especiales circunstancias concurrentes, ya que la orden de venta se produjo por el actor el sábado 18 de febrero de 2006, cuando conocía desde el miércoles 15 la decisión empresarial de despedirle, aunque no se le entregó carta de despido hasta el lunes 20, y se materializó la venta -por estar cerrado el lunes el mercado de valores en EEUU - el 21 de febrero, martes, habiéndose efectuado la consignación por la empresa el día 22, miércoles.

 

- STS de 17-12-09, CUD 957/09 , entendió que era error excusable la diferente consignación, dado que fue en el proceso por despido donde la actora planteó por primera vez que su categoría no era la que tenia reconocida en el contrato.

 

- STS de 20-12-11, CUD 1882/11 , calificó como excusable el error en la consignación, dada la escasa cuantía de la diferencia entre lo consignado y lo debido consignar, y que además la trabajadora había venido prestando servicios a tiempo parcial y no a tiempo completo hasta menos de dos semanas antes del acto de despido.

 

- STS de 26-11-12, CUD 4355/11 entendió que se trataban de un error excusable al no ser la diferencia relevante, 145'91 euros en lugar de 43 euros.

 

- STS de 28-11-11, CUD 4348/11 , calificó de excusable el error, dada la escasa diferencia de la cuantia en términos absolutos, en total 102'91 euros. STS 11-12-12, CUD 3538/11 , calificó el error de excusable, por tratarse de una discrepancia razonable en el cálculo efectuado por el empresario, dado su convencimiento de que el concepto de dietas y locomoción tenia carácter extrasalarial y por ello no fueron reconocidas a efectos indemnizatorios.

 

Se ha entendido que constituye un error inexcusable:

 

- STS de 1-10-07, CUD 3794/06 , entendió que era error inexcusable que la empresa calculara la indemnización atendiendo al salario neto percibido por el trabajador, en lugar del salario bruto.

 

- STS 4-10-06, CUD 2858/05 , entendió que era un error inexcusable que la empresa calculara la indemnización sin tener en cuenta la real antigüedad del trabajador, en la que había que completar el periodo de trabajo en prácticas.

 

- STS 14-9-10, CUD 3199/09 en un supuesto en el que se había realizado la consignación transcurrida más de 48 horas desde el despido, entendió que era error inexcusable no haber consignado el importe correspondiente a salarios de tramitación.

 

- STS 15-4-11, CUD 3726/10 , entendió que era error inexcusable el calcular la indemnización sin tener en cuenta la antigüedad real del trabajador, al haberse subrogado la empleadora en la antigüedad reconocida en la anterior empresa.

 

- STS 16-5-11, CUD 3526/10 entendió que era error inexcusable el no calcular la indemnización conforme al salario de la categoría reconocida a la actora y no conforme al salario que le correspondía por las funciones de superior categoría que efectivamente realizaba.

 

- STS 23-12-11, CUD 1334/11 entendió que era error inexcusable el no tener en cuenta la antigüedad en la anterior empresa pese a la subrogación en la contrata con el mismo cliente.

 

- STS 20-6-12, CUD 2931/11 entendió que era error inexcusable el calcular la indemnización, en lugar de prorrateando por meses (en ningún caso por días) los periodos de tiempo inferiores a un añoprescindiendo de dichos periodos.

Atendiendo los anteriores criterios hemos de concluir que estamos ante un error inexcusable ya que, si bien la cuestión acerca del alcance de la responsabilidad del FOGASA en supuestos de indemnización por despido de empresas que tengan menos de 25 trabajadores reviste cierta complejidad, un examen pormenorizado de su regulación permite determinar con exactitud la misma.

En efecto, el párrafo primero del artículo 33.8 del Estatuto de los Trabajadores establece que "En las empresas de menos de veinticinco trabajadores, el Fondo de Garantía Salarial abonará el 40 por ciento de la indemnización legal que corresponda a los trabajadores cuya relación laboral se haya extinguido como consecuencia.... o por la causa prevista en el párrafo 4 del artículo 52....". A renglón seguido el segundo párrafo dispone que "El cálculo del importe de este abono se realizará sobre las indemnizaciones ajustadas a los límites previstos en el apartado 2 de este artículo".

El citado apartado señala: "En todos los casos con el límite máximo de una anualidad, sin que el salario diario base del cálculo pueda exceder del triple del salario mínimo interprofesional incluyendo la parte proporcional de las pagas extras."

Hay que señalar asimismo el elevado importe de la diferencia entre la cantidad consignada y la que se debió consignar -la empresa abonó 22.999'38 euros, cuando debió consignar 27.566'- euros, es decir 4.566'62 euros- lo que impide calificar el error de excusable por no ser escasa cuantía de la diferencia entre una y otra cantidad.



SEXTO .- Por todo lo razonado, al no haber cumplido la empresa demandada los requisitos formales que establece el artículo 53.1 b) del Estatuto de los Trabajadores , procede declarar la improcedencia del despido por defecto de forma en la puesta a disposición de la indemnización que legalmente corresponde.

Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.



FALLAMOS

Que debemos estimar y estimamos el recurso de casación para la unificación de doctrina, interpuesto por la representación letrada de D. …  contra la sentencia dictada el …por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso de suplicación número…, interpuesto por el citado recurrente frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número …de Madrid, el … , en autos número…. Casamos y anulamos la sentencia recurrida y resolviendo el debate planteado en suplicación estimamos el recurso interpuesto por la representación letrada de D. … declarando improcedente el despido del citado trabajador, condenando solidariamente a las demandadas…. a que, a su opción, a ejercitar en el plazo de cinco días contados a partir de la notificación de esta resolución, le readmitan o le indemnicen con la cantidad de 38.332'30 euros más los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la notificación de esta resolución. Si la empresa optara por la indemnización deberá abonar al trabajador la cantidad de 4566'62 euros, en concepto de diferencias en la indemnización. Si optara por la readmisión el trabajador deberá devolver a la empresa la cantidad percibida en concepto de indemnización.

Devuélvanse las actuaciones al órgano jurisdiccional de procedencia, con la certificación y comunicación de esta resolución.

 

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


PUBLICACIÓN.- En el mismo día de la fecha fue leída y publicada la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. …hallándose celebrando Audiencia Pública la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario de la misma, certifico.


Se aportan algunos documentos concretos del caso resuelto favorablemente para trabajadora del sector de Hosteleria  por el que le notifican un despido disciplinario para extinguir su relación laboral. El empleador habia cometido determinados incumplimientos por lo que  la trabajadora de forma previa al despido habia presentado denuncia laboral que tambien tiene un resultado favorable a sus intereses  con informe del Inspector de trabajo que inicia expediente sancionador. Finalmente la sentencia determina la improcedencia del despido ante la incomparecencia del empleador y se le de la opcion de readmision o indemnización con abono de los dias de salarios dejados de percibir.

Se muestra la carta que entrega el empleador a la trabajadora.   

 

 Descargar Documento en PDF. 


 

Se presenta papeleta de conciliacion y se acude el dia de la cita, pero al no presentarse el empleador se tiene por "intentado  y sin efecto".

 


 Descargar Documento en PDF. 


 

El siguiente paso es presentar la demanda judicial en reclamación por el despido, por lo que  el juzgado comunica que se admite a tramite la demanda y se señala el día de la vista.    

 Descargar Documento en PDF. 


 

La trabajadora de forma previa a la extincion del contrato laboral , presento denuncia ante la Inspección de Trabajo por los incumplimientos que realizaba el empleador respecto a los dias de descanso, horas extraordinarias y cantidades adeudadas no abonadas. 

 

 Descargar Documento en PDF. 


 

La  Inspeccion de Trabajo emite un informe que inicia el procedimiento sancionador y es favorable a la trabajadora reflejando los incumplimientos que se han cometido por parte del empleador que tampoco acude a todas las citas con el Inspector. 

 

 Descargar Documento en PDF. 


 

La sentencia del Juzgado reconoce la improcedencia del despido disciplinario practicado y condena a la readmision del trabajador o a la indemnización con el abono de los salarios dejados de percibir.

 

 Descargar Documento en PDF. 


 

 

Información sobre Derecho Laboral 

 

 

 

 


 

 


Sentencia estimatoria reconociendo la improcedencia del despido de trabajadora dedicada a la actividad de hosteleria,  en la que el empresario no comparece a la citación del juicio oral y se le condena a la readmisión de la trabajadora o abono de la indemnización correspondiente.

 

      Descargar documento en PDF

 


 

 

Información sobre Derecho Laboral 

 

 

 

 


 

 


Se reconoce la improcedencia del despido disciplinario realizado a un trabajador que realizaba tareas de controller y el empleador decide abonarle las cantidades reconocidas por la indemnizacion legal establecida en sentencia.

 

Se muestran los documentos del caso real comenzando con la detallada carta de despido notificada al trabajador.


 

 Descargar Documento en PDF. 


 

El trabajador dentro del plazo establecido para reclamar frente al despuido practicado, plantea papeleta de conciliación y se cita a las partes a una conciliación adminsitrativa que tiene el resultado de sin avenecia.

 

 

 Descargar Documento en PDF. 


 

Se inicia el procedimiento judicial con la demanda y el dia de la vista oral ambas partes ejercitan su defensa, concluyendo con una sentencia estimatoria de las pretensiones del trabajador por la que se reconoce la improcedencia del despido disciplinario practicado condenando al empleador a que readmita al trabajador o abone la indemnización legalmente prevista.

 

 Descargar Documento en PDF. 


 

El empleador finalmente opta por abonar la indemnizacion al trabajador.

 

 Descargar Documento en PDF. 


 

 

Información sobre Derecho Laboral 

 

 

 

 


 

 



Caso real de acuerdo en conciliación previa administrativa, sin necesidad de acudir a una vía judicial, en caso de despido disciplinario de un trabajadora en el sector de alimentación.

Se inicia el asunto con la notificación del despido disciplinario. Se adjunta modelo de carta notificada a la trabajadora

 

 

 Descargar Documento en PDF. 




Se presenta papeleta de reclamación frente al despido en el Servicio de Mediación Arbitraje y Conciliación de la Comunidad de Madrid. Presentamos modelo de papeleta interpuesta:

 

 Descargar Documento en PDF

 




El dia de la conciliación adminsitrativa, acuden tanto el empleador como el trabajador y consiguen llegan a un acuerdo económico sobre el despido disciplinario realizado. 

 

 Descargar Documento en PDF. 





 

 

Información sobre Derecho Laboral 

 

 

 

 


 

 

 

Caso real por el que se revoca una sanción impuesta por el empleador en vía judicial.

 

El empleador hace entrega al trabajador de carta de sanción por la que se sancionan unas conductas que el trabajador estima que no responden a la realidad.

Mediante esta sanción se le impone al trabajador una suspensión de empleo y sueldo por tres dias de  duración.

 

 Si no visualiza el Documento pulse aqui.

 

Frente a la carta que entrega el empleador se interpone papeleta de conciliación en vía administrativa. Con esta papeleta se cita a ambas partes (empleador y trabajador) para que intenten llegar a un acuerdo sobre su controversia.

Se adjunta modelo de la papeleta de conciliación. 

 

Si no visualiza el Documento pulse aqui.

 

La conciliacion adminsitrativa  se resuelve con un acta que muestra que el acto ha sido intentado y sin efecto. El siguiente paso de este procedimiento sería el acudir a una vía judicial

 

Si no visualiza el Documento pulse aqui

 

 

Se presenta demanda ante el Juzgado de lo social, lo que da inicio a la via judicial.

 

Si no visualiza el Documento pulse aqui.

 

Tras celebrarse la vista oral, el juzgado emite sentencia por la que se revoca la sanción impuesta al trabajador por no ajustarse a derecho, condenando al empledor a reintegrar las cantidades dejadas de abonar al  trabajador como consecuencia de la sanción impuesta.

 

Si no visualiza el Documento pulse aqui.

 

 

  

 

Caso real por el que se reclama frente a un despido disciplinario resultando sentencia estimatoria favorable a las pretensiones del trabajador tanto en instancia como en suplicación:

 

Al trabajador se le entrega carta de despido por la que se procede a extinguir la relación laboral como consecuencia de la imputacion de unos hechos que el empleador considera que son constitutivos de despido disciplinario. Se adjunta carta de despido:

 

Si no visualiza el Documento pulse aqui.

 

El trabajador presenta  papeleta de conciliación por  despido ante el Servicio de mediacion arbitraje y Conciliacion de la Comunidad de Madrid..

 

Si no visualiza el Documento pulse aqui.

 

Como resultado de la conciliación administrativa se entrega acta de conciliación con el resultado de " no avenencia ". 

 

Si no visualiza el Documento pulse aquí.

 

 

Se presenta demanda judicial ante los Juzgados de lo Social. 

 

Se adjunta modelo de demanda contra la extinción del contrato por causas disciplinarias.

 

Si no visualiza el Documento pulse aquí.

 

Se dicta sentencia estimatoria de las pretensiones del trabajador por la que se declara improcedente el despido efectuado   

 

Se muestra la sentencia del juzgado de lo social :

 

Si no visualiza el Documento pulse aqui.

 

 

Si la parte contraria no esta conforme con la sentencia emitida puede interponer un recurso de suplicacion que se presenta en tiempo y forma y del que se adjunta el modelo

 

 

Si no visualiza el Documento pulse aqui

 

El Juzgado mediante providencia tiene por formalizado el recurso de suplicacion dando traslado a la otra parte por si procede su impugnacion.

 

Si no visualiza el Documento pulse aqui

  

Frente a este recurso de suplicacion se presentaron alegaciones por  la defensa del trabajador.

 

Se adjuntan las alegaciones presentadas:

 

Si no se visualiza el Documento pulse aqui.

 

 

Se emite sentencia que desestima el recurso de suplicación, confirmando la sentencia estimatoria de instancia con resultado favorable a las pretensiones del trabajador.

  

 

Si no visualiza el Documento pulse aqui.

 

Caso real por el que se reclama frente a un despido objetivo resultando sentencia estimatoria favorable a las pretensiones del trabajador:

 

El empleador notifica al trabajador carta de despido por la procede a extinguir la relación laboral 

 

Si no visualiza el Documento pulse aquí.

     

 

El trabajador presenta papeleta de conciliación en vía previa administrativa ante el Servicio de Mediación Arbitraje y conciliación de la Comunidad de Madrid.

.

Se adjunta el modelo de la papeleta de conciliación

 

 Si no visualiza el Documento pulse aquí.

 

El resultado de esta conciliación celebrada ante el Servicio de Mediación arbitraje y Conciliacion de la Comunidad de Madrid supone que el acto se concluya sin avenencia, lo que abre la posibilidad de reclamar en vía judicial.

  

 

Si no visualiza el Documento pulse aqui

 

 

Se presenta demanda en el Juzgado de lo Social de Madrid, como inicio del procedimiento judicial.

 

Si no visualiza el Documento pulse aqui

 

El Juzgado de lo social dicta sentencia por la que se declara el despido practicado improcedente además de extinguiida la relación laboral, condenando a la empresa a que abone las cantidades correspondientes a la indemnización y los salarios de tramitación desde la fecha del despido.

 

Si no visualiza el Documento pulse aqui

 

 

Al no haber efectuado la empresa el abono de las cantidades por las que ha sido condenado en sentencia firme, se procede a solicitar la ejecución de la sentencia.

 

Si no visualiza el Documento pulse aqui.

 

El juzgado requiere de la existencia de bienes propiedad del deudor para proceder al embargo de los mismos. Se indica al juzgado que se desconoce la existencia de bienes y se procede a continuar con la ejecución solicitando que se declare la insolvencia del empleador.

 

Si no visualiza el Documento pulse aqui.

 

 

Mediante auto judicial se declara la insolvencia total del ejecutado. Se abre la posibilidad de acudir al Fondo de Garantía Salarial para que abone las cantidades en proporcion a lo legalmente establecido.

Se adjunta auto judicial

 

Si no visualiza el Documento pulse aqui  

 

Se realiza solicitud al Fondo de Garantia Salarial  para que abone las cantidades reconocidas en sentencia judicial.

Se adjunta modelo de solicitud.

 

Si no visualiza el Documento pulse aqui.

 

El Fondo de Garantia Salarial resuelve reconocer la cantidad fijada según la normativa especifica de aplicación:

Se aporta resolución de reconocimiento de cantidades.

 

Si no visualiza el Documento pulse aqui.

 

Frente a los posibles incumplimientos del trabajador, el empleador tiene un reconocimiento a través de la legislación laboral, para reaccionar aplicando una sanción o un despido por razones disciplinarias. Este reconocimiento no es ilimitado, y está sujeto a revisión por los órganos judiciales a través de un procedimiento para que no exista arbitrariedad en la toma de dichas decisiones por el empresario.


¿Cuáles son los incumplimientos laborales  que pueden provocar una sanción?

Se considera como falta laboral el incumplimiento de cualquier obligación impuesta a los trabajadores por normas legales o convencionales.

Se exige que las faltas además de enumerarse se gradúen por vía legal o convencional, clasificándose de menor a mayor gravedad.

El estatuto de los trabajadores  distingue entre faltas leves, graves y muy graves, enumerando únicamente los incumplimientos que cuando son graves y culpables pueden justificar un despido disciplinario:

a)      Las faltas repetidas e injustificadas de asistencia o puntualidad al trabajo.
b)      La indisciplina o desobediencia en el trabajo.
c)       Las ofensas verbales o físicas al empresario o a las personas que trabajan en la empresa o a los familiares que convivan con ellos.
d)      La transgresión de la buena fe contractual, así como el abuso de confianza en el desempeño del trabajo.
e)      La disminución continuada y voluntaria en el rendimiento de trabajo normal o pactado.
f)       La embriaguez habitual o toxicomanía si repercuten negativamente en el trabajo.
g)      El acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual y el acoso sexual o por razón de sexo al empresario o a las personas que trabajan en la empresa.

La enumeración y graduación de las faltas suele efectuarse de forma más concreta en los convenios colectivos  aplicables  según la actividad empresarial que se realice.


¿Qué clase de  sanciones pueden imponerse  al trabajador?


El Estatuto de los Trabajadores no tiene una regulación exhaustiva de las sanciones, pero si relaciona algunas que expresamente prohíbe, fundamentalmente a través del despido disciplinario (reconocido como la más grave de las sanciones que puede imponer el empresario) o el reconocimiento de la suspensión de empleo y sueldo por razones disciplinarias  al hablar de la suspensión del contrato.

Suele existir una regulación más exhaustiva a través de los convenios colectivos, que establecen una distinción entre sanciones leves, graves y muy graves en la mayoría de los casos.

Algunas de las sanciones que se prevén en los convenios colectivos son: amonestación verbal o por escrito, suspensión de empleo y sueldo, inhabilitación para ascensos, despido…

En definitiva, la empresa no puede sancionar una conducta que no esté tipificada. Es más, no solo debe acreditar la realización de la conducta del trabajador, sino que dicha conducta debe estar tipificada y ser merecedora de la sanción. Dado que el Estatuto de los Trabajadores sólo regula los incumplimientos que motivan la sanción más grave, la del despido, para sancionar hay que acudir al convenio.

  

¿Cómo es el procedimiento para imponer sanciones laborales a los trabajadores?

El órgano competente para aplicar la sanción es el empresario que debe aplicar la sanción antes de que expiren los plazos de prescripción de las faltas.

Deben respetarse unos requisitos de forma en los casos de faltas graves y muy graves, que son la comunicación escrita indicando la fecha y causa que motiva la decisión de imponer la sanción. Para los casos de faltas leves no  son exigibles estos requisitos,  pero si es recomendable que se documente por escrito con la finalidad de que puedan  tenerse en cuenta en caso de reiteración de los hechos  que pueda suponer una sanción mayor o por el hecho de que pueda ser revisada por instancias externas a la empresa.

En los casos de sanciones impuestas por faltas muy graves, se debe informar al comité de empresa y a los delegados sindicales.

Además, debe aplicarse el principio de proporcionalidad a la hora de sancionar. Es decir, imponer una sanción acorde a la gravedad de la falta cometida. Dado que los convenios prevén para cada tipo de falta una sanción, y dentro de la sanción se prevén varias medidas a adoptar hay que operar con proporcionalidad. Por ejemplo, si por la comisión de una falta grave el convenio prevé suspensión de empleo y sueldo entre 4 y 15 días, es preciso elegir en base al alcance gravoso de la conducta.

Es importante señalar que el empleador no puede sancionar reduciendo las vacaciones o descansos, ni puede imponer una multa de haber.



¿Cuál es el plazo de prescripción de las faltas que motivan la sanción?

Existe un periodo de tiempo máximo para poder sancionar cuyo cómputo se inicia desde que la empresa tiene conocimiento de la comisión de los hechos.

*Por la  gravedad de la falta:
Las faltas leves prescriben a los 10 días
Las faltas graves a los 20 días
Las faltas muy graves a los 60 días

*Por la comisión de la falta:
Además existe un plazo de prescripción de la falta independientemente de su gravedad y es de 6 meses desde que se produjo la conducta que pudiera ser constitutiva de sanción.


 ¿Qué puede hacer el trabajador que ha sido sancionado?

El trabajador debe firmar la comunicación de la sanción poniendo "no conforme". Tiene la facultad de impugnar la sanción que haya recibido, sin perjuicio de que deba cumplir la misma aunque posteriormente pueda ser revocada judicialmente (es una ejecutividad de la sanción que responde al  principio disciplinario que tiene el empleador).

Si el trabajador decide impugnar la sanción deberá:

1º.-  Acudir a conciliación:

Debe presentar una papeleta de conciliación administrativa como trámite previo a la vía judicial, en el plazo de 20 días hábiles y acudir obligatoriamente a la cita de la conciliación. En esta conciliación se cita a las partes para intentar llegar a un acuerdo sin tener  que acudir a la vía judicial, pero pueden existir distintos resultados:

Si el empleador no se presenta o si se presenta pero no se llega a un acuerdo. Se entrega un acta que permite presentar demanda  judicial.

Si  se llega a un acuerdo–  tiene fuerza ejecutiva.

2º.- Acudir a la vía judicial

Se puede presentar demanda judicial por cualquier tipo de sanción (incluso por las leves  ya que podrían suponer una sanción mayor por reiteración en el tiempo)

Se citará a las partes a una vista oral en la que se va a debatir sobre los hechos que han ocasionado la sanción, teniendo el empleador la obligación de  demostrar la realidad de los hechos, que la falta ha sido correctamente encuadrada como leve, grave o muy grave según la normativa laboral de aplicación  y que la sanción impuesta es adecuada a la falta que se ha cometido.



¿Qué puede  ocurrir en vía judicial?

El juez dictará sentencia  que puede:

-          Confirmar la sanción (si se acredita el incumplimiento del trabajador, que se ha valorado correctamente el mismo y se ha respetado la tramitación del procedimiento)

-          Revocación parcial de la sanción (si la falta cometida no ha sido correctamente calificada en cuyo caso el juez podrá autorizar  la imposición de una sanción adecuada que no podrá ser mayor de la impuesta)

-          Revocación total de la sanción (si no se prueban los hechos o no son constitutivos de falta)

-          Declaración de nulidad de la sanción si no se han observado los requisitos de forma, legal o convencionalmente establecidos para su imposición.


¿Qué tipo de recursos existen frente a esta sentencia?


Las sentencias  dictadas en estos procesos de imposición de sanciones sólo pueden recurrirse cuando la falta haya sido calificada como muy grave y el juez lo haya apreciado.



LEGISLACION BASICA APLICABLE:


-          Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores . 

Artículo 54.   Despido disciplinario

1. El contrato de trabajo podrá extinguirse por decisión del empresario, mediante despido basado en un incumplimiento grave y culpable del trabajador.

2. Se considerarán incumplimientos contractuales:

  • a) Las faltas repetidas e injustificadas de asistencia o puntualidad al trabajo.
  • b) La indisciplina o desobediencia en el trabajo.
  • c) Las ofensas verbales o físicas al empresario o a las personas que trabajan en la empresa o a los familiares que convivan con ellos.
  • d) La transgresión de la buena fe contractual, así como el abuso de confianza en el desempeño del trabajo.
  • e) La disminución continuada y voluntaria en el rendimiento de trabajo normal o pactado.
  • f) La embriaguez habitual o toxicomanía si repercuten negativamente en el trabajo.
  • g) El acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual y el acoso sexual o por razón de sexo al empresario o a las personas que trabajan en la empresa.

Artículo 55.   Forma y efectos del despido disciplinario


1. El despido deberá ser notificado por escrito al trabajador, haciendo figurar los hechos que lo motivan y la fecha en que tendrá efectos.

Por convenio colectivo podrán establecerse otras exigencias formales para el despido.

Cuando el trabajador fuera representante legal de los trabajadores o delegado sindical procederá la apertura de expediente contradictorio, en el que serán oídos, además del interesado, los restantes miembros de la representación a que perteneciere, si los hubiese.

Si el trabajador estuviera afiliado a un sindicato y al empresario le constase, deberá dar audiencia previa a los delegados sindicales de la sección sindical correspondiente a dicho sindicato.

2. Si el despido se realizara inobservando lo establecido en el apartado anterior, el empresario podrá realizar un nuevo despido en el que cumpla los requisitos omitidos en el precedente. Dicho nuevo despido, que solo surtirá efectos desde su fecha, solo cabrá efectuarlo en el plazo de veinte días, a contar desde el siguiente al del primer despido. Al realizarlo, el empresario pondrá a disposición del trabajador los salarios devengados en los días intermedios, manteniéndole durante los mismos en alta en la Seguridad Social.

3. El despido será calificado como procedente, improcedente o nulo.

4. El despido se considerará procedente cuando quede acreditado el incumplimiento alegado por el empresario en su escrito de comunicación. Será improcedente en caso contrario o cuando en su forma no se ajustara a lo establecido en el apartado 1.

5. Será nulo el despido que tenga por móvil alguna de las causas de discriminación prohibidas en la Constitución o en la ley, o bien se produzca con violación de derechos fundamentales y libertades públicas del trabajador.

Será también nulo el despido en los siguientes supuestos:

  • a) El de los trabajadores durante los periodos de suspensión del contrato de trabajo por maternidad, adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento, paternidad, riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia natural a que se refieren los artículos 45.1.d) y e) o por enfermedades causadas por embarazo, parto o lactancia natural, o el notificado en una fecha tal que el plazo de preaviso concedido finalice dentro de dichos periodos.
  • b) El de las trabajadoras embarazadas, desde la fecha de inicio del embarazo hasta el comienzo del periodo de suspensión a que se refiere la letra a); el de los trabajadores que hayan solicitado uno de los permisos a los que se refieren los artículos 37.4, 5 y 6, o estén disfrutando de ellos, o hayan solicitado o estén disfrutando la excedencia prevista en el artículo 46.3; y el de las trabajadoras víctimas de violencia de género por el ejercicio de los derechos de reducción o reordenación de su tiempo de trabajo, de movilidad geográfica, de cambio de centro de trabajo o de suspensión de la relación laboral en los términos y condiciones reconocidos en esta ley.
  • c) El de los trabajadores después de haberse reintegrado al trabajo al finalizar los periodos de suspensión del contrato por maternidad, adopción, delegación de guarda, acogimiento, o paternidad a que se refiere el artículo 45.1.d), siempre que no hubieran transcurrido más de nueve meses desde la fecha de nacimiento, adopción, delegación de guarda o acogimiento del hijo o del menor.
Lo establecido en las letras anteriores será de aplicación, salvo que, en esos casos, se declare la procedencia del despido por motivos no relacionados con el embarazo o con el ejercicio del derecho a los permisos y excedencia señalados.

6. El despido nulo tendrá el efecto de la readmisión inmediata del trabajador, con abono de los salarios dejados de percibir.

7. El despido procedente convalidará la extinción del contrato de trabajo que con aquel se produjo, sin derecho a indemnización ni a salarios de tramitación


Artículo 58.   Faltas y sanciones de los trabajadores

1. Los trabajadores podrán ser sancionados por la dirección de las empresas en virtud de incumplimientos laborales, de acuerdo con la graduación de faltas y sanciones que se establezcan en las disposiciones legales o en el convenio colectivo que sea aplicable.

2. La valoración de las faltas y las correspondientes sanciones impuestas por la dirección de la empresa serán siempre revisables ante la jurisdicción social. La sanción de las faltas graves y muy graves requerirá comunicación escrita al trabajador, haciendo constar la fecha y los hechos que la motivan.

3. No se podrán imponer sanciones que consistan en la reducción de la duración de las vacaciones u otra minoración de los derechos al descanso del trabajador o multa de haber.


Artículo 60.   Prescripción

1. Las infracciones cometidas por el empresario prescribirán conforme a lo establecido en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

2. Respecto a los trabajadores, las faltas leves prescribirán a los diez días; las graves, a los veinte días, y las muy graves, a los sesenta días a partir de la fecha en que la empresa tuvo conocimiento de su comisión y, en todo caso, a los seis meses de haberse cometido.


Artículo 64.  Derechos de información y consulta y competencias

4. El comité de empresa, con la periodicidad que proceda en cada caso, tendrá derecho a:

....

c) Ser informado de todas las sanciones impuestas por faltas muy graves.



·         Ley 36/2011, de 10 de octubre. Reguladora de la jurisdicción social

CAPÍTULO II.
DE LOS DESPIDOS Y SANCIONES


SECCIÓN I. DESPIDO DISCIPLINARIO

Artículo 103.

1. El trabajador podrá reclamar contra el despido, dentro de los veinte días hábiles siguientes a aquél en que se hubiera producido. Dicho plazo será de caducidad a todos los efectos y no se computaran los sábados, domingos y festivos n la sede del órgano jurisdiccional.

2. Si se promoviese papeleta de conciliación o solicitud de mediación, reclamación previa o demanda por despido contra una persona a la que erróneamente se hubiere atribuido la cualidad de empresario, y se acreditase con posterioridad, sea en el juicio o en otro momento anterior del proceso, que lo era un tercero, el trabajador podrá promover nueva demanda contra éste, o ampliar la demanda si no se hubiera celebrado el juicio, sin que comience el cómputo del plazo de caducidad hasta el momento en que conste quién sea el empresario.



SECCIÓN II. PROCESO DE IMPUGNACION DE SANCIONES

Artículo 114.

1. El trabajador podrá impugnar la sanción que le hubiere sido impuesta mediante demanda que habrá de ser presentada dentro del plazo señalado en el artículo 103.

2. En los procesos de impugnación de sanciones por faltas graves o muy graves a los trabajadores que ostenten la condición de representante legal o sindical, la parte demandada habrá de aportar el expediente contradictorio legalmente establecido.

3. Corresponderá al empresario probar la realidad de los hechos imputados al trabajador, y su entidad, sin que puedan ser admitidos otros motivos de oposición a la demanda que los alegados en su momento para justificar la sanción. Las alegaciones, pruebas y conclusiones deberán ser realizadas por las partes en el orden establecido para los despidos disciplinarios.



Artículo 115.   Contenido de la sentencia

1. La sentencia contendrá alguno de los pronunciamientos siguientes:

a) Confirmar la sanción, cuando se haya acreditado el cumplimiento de las exigencias de forma y la realidad del incumplimiento imputado al trabajador, así como su entidad, valorada según la graduación de faltas y sanciones prevista en las disposiciones legales o en el convenio colectivo aplicable.

b) Revocarla totalmente, cuando no haya sido probada la realidad de los hechos imputados al trabajador o éstos no sean constitutivos de falta, condenando al empresario al pago de los salarios que hubieran dejado de abonarse en cumplimiento de la sanción.

c) Revocarla en parte, con análogo pronunciamiento de condena económica por el período de exceso en su caso, cuando la falta cometida no haya sido adecuadamente calificada, pero los hechos constituyan infracción de menor entidad según las normas alegadas por las partes, de no haber prescrito la falta de menor gravedad antes de la imposición de la sanción más grave. En este caso, el juez podrá autorizar la imposición, en el plazo de caducidad de los diez días siguientes a notificación de sentencia firme, de una sanción adecuada a la gravedad de la falta, y la decisión empresarial será revisable a instancia del trabajador, en el plazo igualmente de caducidad de los veinte días siguientes a su notificación, por medio del incidente de ejecución de dicha sentencia previsto en el art. 238.

d) Declararla nula, si hubiese sido impuesta sin observar los requisitos formales establecidos legal, convencional o contractualmente, o cuando éstos presenten defectos de tal gravedad que no permitan alcanzar la finalidad para la que fueron requeridos, así como cuando tenga como móvil alguna de las causas de discriminación prevista en la Constitución y en la Ley, o se produzca con violación de derechos fundamentales y libertades públicas del trabajador, incluidos, en su caso, los demás supuestos que comportan la declaración de nulidad del despido en el apartado 2 del art. 108. También será nula la sanción cuando consista en alguna de las legalmente prohibidas o no estuviera tipificada en las disposiciones legales o en el convenio colectivo aplicable.

2. A los efectos de lo previsto en el apartado anterior serán nulas las sanciones impuestas a los representantes legales de los trabajadores o a los delegados sindicales por faltas graves o muy graves, sin la previa audiencia de los restantes integrantes de la representación a que el trabajador perteneciera así como a los trabajadores afiliados a un sindicato, sin dar audiencia a los delegados sindicales.

3. Contra las sentencias dictadas en estos procesos no cabrá recurso alguno, salvo en los casos de sanciones por faltas muy graves, apreciadas judicialmente.



·         Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical.



Artículo 10.

3. Los delegados sindicales, en el supuesto de que no formen parte del comité de empresa, tendrán las mismas garantías que las establecidas legalmente para los miembros de los comités de empresa o de los órganos de representación que se establezcan en las Administraciones Públicas, así como los siguientes derechos a salvo de lo que se pudiera establecer por convenio colectivo:



3.Ser oídos por la empresa previamente a la adopción de medidas de carácter colectivo que afecten a los trabajadores en general y a los afiliados a su sindicato en particular, y especialmente en los despidos y sanciones de estos últimos.



Si ha sido sancionado disciplinariamente y necesita asesoramiento o quiere impugnar la sanción, contacte con nosotros en el 91 530 96 95.


 

 

           El despido es un acto por el que la empresa pone fin a la relación laboral existente entre las partes de forma unilateral aduciendo motivos disciplinarios (  infracciones muy graves cometidas por el trabajador ) u objetivos ( estos vienen habitualmente asociados a planteamientos de descenso de producción o a descenso en la facturación del empleador ).

 

En ambos casos la decisión empresarial suele coger por sorpresa al trabajador ya que, en el caso de los despidos disciplinarios, no es necesario plazo de preaviso y, en el caso de los despidos objetivos, el plazo legalmente establecido puede ser sustituido por el abono de unos días mas de salario.

 

Cualquier despido efectuado por una empresa tiene que cuplir con unos requisitos tanto de forma como de contenido de manera que si adolece de cualquiera de estos defectos será declarado improcedente  por los Juzgados de la jurisdicción social. Así una carta de  despido que no contenga de forma pormenorizada las razones que se aducen justificando  tal despido será declarado improcedente y del mismo modo será declarado improcedente cualquier despido cuyas causas alegadas en la carta no puedan ser acreditadas en juicio por la empresa que alego la infracción o infracciones constitutivas de despido.

 

Frente a cualquier despido el trabajador tiene veinte dias hábiles para impugnarlo, primero ante el ógano administrativo dependiente de la comunidad autónoma en la que resida, lo que se denomina acto de conciliación y despues ante los juzgados de lo social. El cómputo de veinte dias se inicia desde el día siguiente a la fecha de despido, se interrumpe el día en que se presenta la papeleta o demanda de conciliación, se reanuda desde el día siguiente a aquel en que finaliza el acto de conciliación sin avenencia y se vuelve a interrumpir el día en que se presenta la demanda judicial.

 

En el juicio por despido la empresa debe acreditar las infracciones contenidas en la carta de despido ademas de haber cumplido los requisitos de forma estaqblecidos en el Estatuto de los Trabajadores. Si los acredita el despido se declarará por el órgano judicial PROCEDENTE, en caso contrario será declarado IMPROCEDENTE. En este caso el trabajador tendrá derecho a una indemnización y a percibir salarios de tramitación, salarios que van desde la fecha de despido hasta la fecha de notificación de la sentencia al trabajador, salvo que en el juicio se haya acreditado que el trabajador a encontrado otro empleo en cuyo caso los salarios de tramitación solo alcanzan hasta la fecha de incorporación al nuevo empleo.

 

Si la empresa fuera insolvente y la demanda se hubiera dirigido tambien entre al Fondo de garantía Salarial, será este organismo quien abone la indemnización y los salarios de tramitación hasta el límite legalmente establecido.

 

Valero & saiz Abogados conforma un grupo de abogados laboralistas con la experiencia generada a través de 15 años de ejercicio conformada a través de la impugnación de un considerable número de despidos.

 

Desde esta web pretendemos ofrecer unas nociones básicas en esta materia que servirán al trabajador a enfrentarse a esta difícil situación con mas sosiego y con un mayor conocimiento de los pasos que van sucediendo a iniciativa de la empresa.

 

No dudéis en contactar con nosotros (91 530 96 95 - 91 530 96 98),sin compromiso alguno os expondremos nuestra opinión sobre vuestro asunto y os presupuestaremos honorarios


Estás Aquí: Nombre y Apellidos Mostrando articulos por etiqueta: despido disciplinario

 

           QuieroAbogado en

             Redes Sociales

 Google +

Google+

  

Twitter

Twitter

   

Facebook

Facebook

   

alta-de-abogados-en-quieroabogado

Más de 200 Abogados Colaboradores

                ¡Síguenos!                      Altas limitadas a 500 letrados