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Resolución de 5 de marzo de 2014, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se publican las cuantías de las indemnizaciones por muerte, lesiones permanentes e incapacidad temporal que resultarán de aplicar durante 2014 el sistema para valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación.

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TEXTO

 

En aplicación del apartado primero del anexo del texto refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, acuerda dar publicidad a través de esta Resolución a las indemnizaciones, vigentes durante el año 2014, para caso de muerte, lesiones permanentes e incapacidades temporales, que resultan de aplicar el sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, recogido en el texto refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, incorporándose como anexo las cuantías. Madrid, 5 de marzo de 2014.–La Directora General de Seguros y Fondos de Pensiones, María Flavia Rodríguez-Ponga Salamanca.

 

 

ANEXO AÑO 2014

 

 

Tabla I

Indemnizaciones básicas por muerte (incluidos daños morales)

 

Perjudicados/beneficiarios (1) de la indemnización

(por grupos excluyentes)

Edad de la víctima

Hasta 65 años

Euros

De 66 a 80 años

Euros

Más de 80 años

Euros

Grupo I

Víctima con cónyuge (2)

     

Al cónyuge

115.035,21

86.276,40

57.517,60

A cada hijo menor

47.931,33

47.931,33

47.931,33

A cada hijo mayor:

     

Si es menor de veinticinco años

19.172,54

19.172,54

7.189,70

Si es mayor de veinticinco años

9.586,26

9.586,26

4.793,14

A cada padre con o sin convivencia con la víctima

9.586,26

9.586,26

A cada hermano menor huérfano y dependiente de la víctima

47.931,33

47.931,33

Grupo II

Víctima sin cónyuge (3) y con hijos menores

     

Sólo un hijo

172.552,79

172.552,79

172.552,79

Sólo un hijo, de víctima separada legalmente

134.207,73

134.207,73

134.207,73

Por cada hijo menor más (4)

47.931,33

47.931,33

47.931,33

A cada hijo mayor que concurra con menores

19.172,54

19.172,54

7.189,70

A cada padre con o sin convivencia con la víctima

9.586,26

9.586,26

A cada hermano menor huérfano y dependiente de la víctima

47.931,33

47.931,33

Grupo III

Víctima sin cónyuge (3) y con todos sus hijos mayores

     

III.1 Hasta veinticinco años:

     

A un solo hijo

124.621,47

124.621,47

71.897,00

A un solo hijo, de víctima separada legalmente

95.862,67

95.862,67

57.517,60

Por cada otro hijo menor de veinticinco años (4)

28.758,80

28.758,80

14.379,40

A cada hijo mayor de veinticinco años que concurra con menores de veinticinco años

9.586,26

9.586,26

4.793,14

A cada padre con o sin convivencia con la víctima

9.586,26

9.586,26

A cada hermano menor huérfano y dependiente de la víctima

47.931,33

47.931,33

III.2 Más de veinticinco años:

     

A un solo hijo

57.517,60

57.517,60

38.345,07

Por cada otro hijo mayor de veinticinco años más (4)

9.586,26

9.586,26

4.793,14

A cada padre con o sin convivencia con la víctima

9.586,26

9.586,26

A cada hermano menor huérfano y dependiente de la víctima

47.931,33

47.931,33

Grupo IV

Víctima sin cónyuge (3) ni hijos y con ascendientes

     

Padres (5):

     

Convivencia con la víctima

105.448,93

76.690,12

Sin convivencia con la víctima

76.690,12

57.517,60

Abuelo sin padres (6):

     

A cada uno

28.758,80

A cada hermano menor de edad en convivencia con la víctima en los dos casos anteriores

19.172,54

Grupo V

Víctima con hermanos solamente

     

V.1 Con hermanos menores de veinticinco años:

     

A un solo hermano

76.690,12

57.517,60

38.345,07

Por cada otro hermano menor de veinticinco años (7)

19.172,54

19.172,54

9.586,26

A cada hermano mayor de veinticinco años que concurra con hermanos menores de veinticinco años

9.586,26

9.586,26

9.586,26

V.2 Sin hermanos menores de veinticinco años:

     

A un solo hermano

47.931,33

28.758,80

19.172,54

Por cada otro hermano (7)

9.586,26

9.586,26

9.586,26

(1) Con carácter general:

a) Cuando se trate de hijos, se incluirán también los adoptivos.

b) Cuando se fijen cuantías distintas según la edad del perjudicado o beneficiario se aplicará la edad que tuviese éste en la fecha en que se produjo el accidente de la víctima.

(2) Cónyuge no separado legalmente al tiempo del accidente. Las uniones conyugales de hecho consolidadas se asimilarán a las situaciones de derecho.

(3) Se equiparan a la ausencia de cónyuge la separación legal y el divorcio. No obstante, si el cónyuge separado o divorciado tiene derecho a la pensión regulada en el artículo 97 de Código Civil, le corresponderá una indemnización igual al 50 por 100 de las fijadas para el cónyuge en el grupo I. En los supuestos de concurrencia con uniones conyugales de hecho o, en su caso, de aquéllos o éstos con cónyuges no separados legalmente, la indemnización fijada para el cónyuge en el grupo I se distribuirá entre los concurrentes en proporción a la cuantía que les hubiera correspondido de no haber concurrencia.

(4) La cuantía total de la indemnización que corresponda según el número de hijos se asignará entre ellos a partes iguales.

(5) Si concurriesen uno que conviviera y otro que no conviviera con la víctima se asignará a cada uno el 50 por 100 de la cuantía que figura en su respectivo concepto.

(6) La cuantía total de la indemnización se distribuirá al 50 por 100 entre los abuelos paternos y maternos.

(7) La cuantía total de la indemnización que corresponda según el número de hermanos se asignará entre ellos a partes iguales.

 

Tabla II

Factores de corrección para las indemnizaciones básicas por muerte

 

Descripción

Aumento

(en porcentaje

o en euros)

Porcentaje

de reducción

Perjuicios económicos

   

Ingresos netos anuales de la víctima por trabajo personal:

   

Hasta 28.758,81 euros (1)

Hasta el 10

De 28.758,82 a 57.517,60 euros

Del 11 al 25

De 57.517,61 hasta 95.862,67 euros

Del 26 al 50

Más de 95.862,67 euros

Del 51 al 75

Circunstancias familiares especiales

   

Discapacidad física o psíquica acusada (anterior al accidente) del perjudicado/beneficiario:

Si es cónyuge o hijo menor

Del 75 al 100 (2)

Si es hijo mayor con menos de veinticinco años

Del 50 al 75 (2)

Cualquier otro perjudicado/beneficiario

Del 25 al 50 (2)

Víctima hijo único

   

Si es menor

Del 30 al 50

Si es mayor, con menos de veinticinco años

Del 20 al 40

Si es mayor, con más de veinticinco años

Del 10 al 25

Fallecimiento de ambos padres en el accidente

   

Con hijos menores

Del 75 al 100 (3)

Sin hijos menores:

   

Con hijos menores de veinticinco años

Del 25 al 75 (3)

Sin hijos menores de veinticinco años

Del 10 al 25 (3)

Víctima embarazada con pérdida de feto a consecuencia del accidente

   

Si el concebido fuera el primer hijo:

   

Hasta el tercer mes de embarazo

14.379,40

A partir del tercer mes

38.345,07

Si el concebido fuera el segundo hijo o posteriores:

   

Hasta el tercer mes

9.586,26

A partir del tercer mes

19.172,54

Elementos correctores del apartado primero.7 de este anexo

 

Hasta el 75

(1) Se incluirá en este apartado cualquier víctima en edad laboral, aunque no se justifiquen ingresos.

(2) Sobre la indemnización que corresponda al beneficiario discapacitado.

(3) Sobre la indemnización básica que corresponda a cada perjudicado.

 

 

 

Tabla III

Indemnizaciones básicas por lesiones permanentes (incluidos daños morales) Valores del punto en euros

 

 

Puntos

Hasta 20 años

De 21 a 40 años

De 41 a 55 años

De 56 a 65 años

Más de 65 años

Euros 2014

Euros 2014

Euros 2014

Euros 2014

Euros 2014

1

852,40

789,14

725,87

668,23

598,10

2

878,70

811,68

744,65

686,72

607,58

3

902,31

831,85

761,35

703,23

617,15

4

923,24

849,61

775,94

717,76

622,33

5

941,48

864,98

788,45

730,29

627,63

6

957,04

877,97

798,88

740,83

631,54

7

977,61

895,63

813,61

755,32

639,08

8

996,14

911,50

826,79

768,34

645,58

9

1.012,70

925,56

838,40

779,84

651,02

10-14

1.027,22

937,83

848,45

789,87

655,44

15-19

1.207,26

1.105,04

1.002,79

929,98

731,43

20-24

1.372,62

1.258,60

1.144,58

1.058,69

800,84

25-29

1.537,65

1.411,75

1.285,88

1.187,07

871,72

30-34

1.692,14

1.555,16

1.418,18

1.307,27

937,85

35-39

1.836,34

1.689,03

1.541,71

1.419,51

999,37

40-44

1.970,56

1.813,64

1.656,73

1.523,94

1.056,42

45-49

2.095,03

1.929,22

1.763,42

1.620,80

1.109,08

50-54

2.210,03

2.036,02

1.862,01

1.710,32

1.157,46

55-59

2.363,03

2.177,79

1.992,55

1.829,20

1.226,25

60-64

2.513,02

2.316,79

2.120,56

1.945,76

1.293,65

65-69

2.660,10

2.453,07

2.246,05

2.060,05

1.359,76

70-74

2.804,28

2.586,67

2.369,09

2.172,09

1.424,55

75-79

2.945,61

2.717,65

2.489,71

2.281,94

1.488,07

80-84

3.084,20

2.846,06

2.607,95

2.389,65

1.550,36

85-89

3.220,04

2.971,97

2.723,90

2.495,20

1.611,43

90-99

3.353,26

3.095,41

2.837,55

2.598,72

1.671,30

100

3.483,84

3.216,41

2.948,98

2.700,25

1.729,99

 

 

Tabla IV

Factores de corrección para las indemnizaciones básicas por lesiones permanentes

 

Descripción

Aumento

(en porcentaje o en euros)


Porcentaje

de reducción

Perjuicios económicos

   

Ingresos netos de la víctima por trabajo personal:

   

Hasta 28.758,81 euros (1)

Hasta el 10

De 28.758,82 a 57.517,60 euros

Del 11 al 25

De 57.517,61 hasta 95.862,67 euros

Del 26 al 50

Más de 95.862,67 euros

Del 51 al 75

Daños morales complementarios

   

Se entenderán ocasionados cuando una sola secuela exceda de 75 puntos o las concurrentes superen los 90 puntos. Sólo en estos casos será aplicable

Hasta 95.862,67

Lesiones permanentes que constituyan una incapacidad para la ocupación o actividad habitual de la víctima

   

Permanente parcial:

   

Con secuelas permanentes que limiten parcialmente la ocupación o actividad habitual, sin impedir la realización de las tareas fundamentales de la misma

Hasta 19.172,54

Permanente total:

   

Con secuelas permanentes que impidan totalmente la realización de las tareas de la ocupación o actividad habitual del incapacitado

De 19.172,55 a 95.862,67

Permanente absoluta:

   

Con secuelas que inhabiliten al incapacitado para la realización de cualquier ocupación o actividad

De 95.862,68 a 191.725,34

Grandes inválidos

   

Personas afectadas con secuelas permanentes que requieren la ayuda de otras personas para realizar las actividades más esenciales de la vida diaria, como vestirse, desplazarse, comer o análogas (tetraplejías, paraplejías, estados de coma vigil o vegetativos crónicos, importantes secuelas neurológicas o neuropsiquiátricas con graves alteraciones mentales o psíquicas, ceguera completa, etc.):

   

Necesidad de ayuda de otra persona:

   

Ponderando la edad de la víctima y grado de incapacidad para realizar las actividades más esenciales de la vida. Se asimilan a esta prestación el coste de la asistencia en los casos de estados de coma vigil o vegetativos crónicos

Hasta 383.450,65

Adecuación de la vivienda

   

Según características de la vivienda y circunstancias del incapacitado, en función de sus necesidades

Hasta 95.862,67

Perjuicios morales de familiares:

   

Destinados a familiares próximos al incapacitado en atención a la sustancial alteración de la vida y convivencia derivada de los cuidados y atención continuada, según circunstancias

Hasta 143.794,00

Embarazada con pérdida de feto a consecuencia del accidente (2)

   

Si el concebido fuera el primer hijo:

   

Hasta el tercer mes de embarazo

Hasta 14.379,41

A partir del tercer mes

Hasta 38.345,07

Si el concebido fuera el segundo hijo o posteriores:

   

Hasta el tercer mes de embarazo

Hasta 9.586,26

A partir del tercer mes

Hasta 19.172,54

Elementos correctores del apartado primero.7 de este anexo

Según circunstancias

Según circunstancias

Adecuación del vehículo propio

   

Según características del vehículo y circunstancias del incapacitado permanente, en función de sus necesidades

Hasta 28.758,80

 

(1) Se incluirá en este apartado cualquier víctima en edad laboral, aunque no se justifiquen ingresos.

(2) Habrá lugar a la percepción de esta indemnización, aunque la embarazada no haya sufrido lesiones.

 

Tabla V

Indemnizaciones por incapacidad temporal (compatibles con otras indemnizaciones)

 

A) Indemnización básica (incluidos daños morales):

 

 

Día de baja

Indemnización diaria

Euros

Durante la estancia hospitalaria

71,84

Sin estancia hospitalaria:

 

Impeditivo (1)

58,41

No Impeditivo

31,43

 

(1) Se entiende por día de baja impeditivo aquél en que la víctima está incapacitada para desarrollar su ocupación o actividad habitual.

 

B) Factores de corrección:

 

Descripción

Porcentajes aumento

Porcentajes disminución

Perjuicios económicos

   

Ingresos netos anuales de la víctima por trabajo personal:

   

Hasta 28.758,81 euros

Hasta el 10

De 28.758,82 a 57.517,60 euros

Del 11 al 25

De 57.517,61 hasta 95.862,67 euros

Del 26 al 50

Más de 95.862,67 euros

Del 51 al 75

Elementos correctores de disminución del apartado primero.7 de este anexo

Hasta el 75

 


 

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Resolución de 24 de enero de 2012, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se publican las cuantías de las indemnizaciones por muerte, lesiones permanentes e incapacidad temporal que resultarán de aplicar durante 2012 el sistema para valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación.

 

Boletín Oficial del Estado, núm. 31 de 6 de febrero de 2012, páginas 10394 a 10399                                             Descargar en PDF >>>

 

TEXTO


El texto refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, establece que anualmente, con efectos de primero de enero de cada año, deberán actualizarse las cuantías indemnizatorias que se recogen en el sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación y, en su defecto, quedarán automáticamente actualizadas en el porcentaje del índice general de precios al consumo correspondiente al año natural inmediatamente anterior.

 

En este último supuesto, y con la finalidad de facilitar el conocimiento y aplicación del sistema, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones debe dar publicidad a las cuantías resultantes.

 

Habida cuenta que según datos del Instituto Nacional de Estadística, el índice general de precios al consumo se incrementó en el 2,4 por ciento en el periodo de referencia, procede actualizar en tal cuantía para el ejercicio de 2012 el sistema de valoración citado. A estos efectos se toman como base las cifras contenidas en el anexo del texto refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, una vez incrementadas en las actualizaciones correspondientes a los años 2005 a 2011.

 

Sobre la base de cuanto antecede, esta Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones ha acordado.

 

Dar publicidad a través de esta Resolución a las indemnizaciones, vigentes durante el año 2012, para caso de muerte, lesiones permanentes e incapacidades temporales, que resultan de aplicar el sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, recogido en el texto refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, incorporándose como anexo las cuantías actualizadas.

 

Madrid, 24 de enero de 2012.–La Directora General de Seguros y Fondos de Pensiones, María Flavia Rodríguez-Ponga Salamanca. 

ANEXO

TABLA I

Indemnizaciones básicas por muerte (incluidos daños morales)


Perjudicados/beneficiarios (1) de la indemnización

(por grupos excluyentes)


Edad de la víctima


Hasta 65 años

Euros


De 66 a 80 años

Euros


Más de 80 años

Euros

Grupo I

Víctima con cónyuge (2)

Al cónyuge

111.458,83

83.594,11

55.729,41

A cada hijo menor

46.441,18

46.441,18

46.441,18

A cada hijo mayor:

Si es menor de veinticinco años

18.576,47

18.576,47

6.966,18

Si es mayor de veinticinco años

9.288,23

9.288,23

4.644,12

A cada padre con o sin convivencia con la víctima

9.288,23

9.288,23

A cada hermano menor huérfano y dependiente de la víctima

46.441,18

46.441,18

Grupo II

Víctima sin cónyuge (3) y con hijos menores

Sólo un hijo

167.188,22

167.188,22

167.188,22

Sólo un hijo, de víctima separada legalmente

130.035,29

130.035,29

130.035,29

Por cada hijo menor más (4)

46.441,18

46.441,18

46.441,18

A cada hijo mayor que concurra con menores

18.576,47

18.576,47

6.966,18

A cada padre con o sin convivencia con la víctima

9.288,23

9.288,23

A cada hermano menor huérfano y dependiente de la víctima

46.441,18

46.441,18

Grupo III

Víctima sin cónyuge (3) y con todos sus hijos mayores

III.1 Hasta veinticinco años:

A un solo hijo

120.747,06

120.747,06

69.661,76

A un solo hijo, de víctima separada legalmente

92.882,35

92.882,35

55.729,41

Por cada otro hijo menor de veinticinco años (4)

27.864,70

27.864,70

13.932,35

A cada hijo mayor de veinticinco años que concurra con menores de veinticinco años

9.288,23

9.288,23

4.644,12

A cada padre con o sin convivencia con la víctima

9.288,23

9.288,23

A cada hermano menor huérfano y dependiente de la víctima

46.441,18

46.441,18

III.2 Más de veinticinco años:

A un solo hijo

55.729,41

55.729,41

37.152,94

Por cada otro hijo mayor de veinticinco años más (4)

9.288,23

9.288,23

4.644,12

A cada padre con o sin convivencia con la víctima

9.288,23

9.288,23

A cada hermano menor huérfano y dependiente de la víctima

46.441,18

46.441,18

Grupo IV

Víctima sin cónyuge (3) ni hijos y con ascendientes

Padres (5):

Convivencia con la víctima

102.170,58

74.305,87

Sin convivencia con la víctima

74.305,87

55.729,41

Abuelo sin padres (6):

A cada uno

27.864,70

A cada hermano menor de edad en convivencia con la víctima en los dos casos anteriores

18.576,47

Grupo V

Víctima con hermanos solamente

V.1 Con hermanos menores de veinticinco años:

A un solo hermano

74.305,87

55.729,41

37.152,94

Por cada otro hermano menor de veinticinco años (7)

18.576,47

18.576,47

9.288,23

A cada hermano mayor de veinticinco años que concurra con hermanos menores de veinticinco años

9.288,23

9.288,23

9.288,23

V.2 Sin hermanos menores de veinticinco años:

A un solo hermano

46.441,18

27.864,70

18.576,47

Por cada otro hermano (7)

9.288,23

9.288,23

9.288,23

(1) Con carácter general:

a) Cuando se trate de hijos, se incluirán también los adoptivos.

b) Cuando se fijen cuantías distintas según la edad del perjudicado o beneficiario se aplicará la edad que tuviese éste en la fecha en que se produjo el accidente de la víctima.

(2) Cónyuge no separado legalmente al tiempo del accidente.

Las uniones conyugales de hecho consolidadas se asimilarán a las situaciones de derecho.

(3) Se equiparan a la ausencia de cónyuge la separación legal y el divorcio. No obstante, si el cónyuge separado o divorciado tiene derecho a la pensión regulada en el artículo 97 de Código Civil, le corresponderá una indemnización igual al 50 por 100 de las fijadas para el cónyuge en el grupo I.

En los supuestos de concurrencia con uniones conyugales de hecho o, en su caso, de aquéllos o éstos con cónyuges no separados legalmente, la indemnización fijada para el cónyuge en el grupo I se distribuirá entre los concurrentes en proporción a la cuantía que les hubiera correspondido de no haber concurrencia.

(4) La cuantía total de la indemnización que corresponda según el número de hijos se asignará entre ellos a partes iguales.

(5) Si concurriesen uno que conviviera y otro que no conviviera con la víctima se asignará a cada uno el 50 por 100 de la cuantía que figura en su respectivo concepto.

(6) La cuantía total de la indemnización se distribuirá al 50 por 100 entre los abuelos paternos y maternos.

(7) La cuantía total de la indemnización que corresponda según el número de hermanos se asignará entre ellos a partes iguales.


TABLA II

Factores de corrección para las indemnizaciones básicas por muerte


Descripción


Aumento

(en porcentaje

o en euros)


Porcentaje

de reducción

Perjuicios económicos

Ingresos netos anuales de la víctima por trabajo personal:

Hasta 27.864,71 euros (1)

Hasta el 10.

De 27.864,72 a 55.729,41 euros

Del 11 al 25.

De 55.729,42 hasta 92.882,35 euros

Del 26 al 50.

Más de 92.882,35 euros

Del 51 al 75.

Circunstancias familiares especiales

Discapacidad física o psíquica acusada (anterior al accidente) del perjudicado/beneficiario:

Si es cónyuge o hijo menor

Del 75 al 100 (2).

Si es hijo mayor con menos de veinticinco años

Del 50 al 75 (2).

Cualquier otro perjudicado/beneficiario

Del 25 al 50 (2).

Víctima hijo único

Si es menor

Del 30 al 50.

Si es mayor, con menos de veinticinco años

Del 20 al 40.

Si es mayor, con más de veinticinco años

Del 10 al 25.

Fallecimiento de ambos padres en el accidente

Con hijos menores

Del 75 al 100 (3).

Sin hijos menores:

Con hijos menores de veinticinco años

Del 25 al 75 (3).

Sin hijos menores de veinticinco años

Del 10 al 25 (3).

Víctima embarazada con pérdida de feto a consecuencia del accidente

Si el concebido fuera el primer hijo:

Hasta el tercer mes de embarazo

13.932,35

A partir del tercer mes

37.152,94

Si el concebido fuera el segundo hijo o posteriores:

Hasta el tercer mes

9.288,23

A partir del tercer mes

18.576,47

Elementos correctores del apartado primero.7 de este anexo

Hasta el 75.

(1) Se incluirá en este apartado cualquier víctima en edad laboral, aunque no se justifiquen ingresos.

(2) Sobre la indemnización que corresponda al beneficiario discapacitado.

(3) Sobre la indemnización básica que corresponda a cada perjudicado.

TABLA III

Indemnizaciones básicas por lesiones permanentes (incluidos daños morales)

Valores del punto en euros

Puntos


Hasta 20 años

Euros 2012


De 21 a 40 años

Euros 2012


De 41 a 55 años

Euros 2012


De 56 a 65 años

Euros 2012


Más de 65 años

Euros 2012

1

825,90

764,61

703,30

647,45

579,50

2

851,38

786,44

721,50

665,37

588,69

3

874,26

805,99

737,68

681,37

597,96

4

894,54

823,20

751,82

695,44

602,98

5

912,21

838,09

763,94

707,59

608,11

6

927,29

850,67

774,04

717,79

611,90

7

947,22

867,78

788,32

731,84

619,21

8

965,17

883,16

801,09

744,45

625,51

9

981,21

896,78

812,33

755,60

630,78

10-14

995,29

908,67

822,07

765,32

635,06

15-19

1.169,73

1.070,68

971,61

901,07

708,69

20-24

1.329,94

1.219,48

1.109,00

1.025,77

775,94

25-29

1.489,84

1.367,86

1.245,90

1.150,17

844,62

30-34

1.639,53

1.506,81

1.374,09

1.266,63

908,69

35-39

1.779,25

1.636,52

1.493,78

1.375,37

968,30

40-44

1.909,30

1.757,26

1.605,22

1.476,56

1.023,58

45-49

2.029,89

1.869,24

1.708,60

1.570,41

1.074,60

50-54

2.141,32

1.972,72

1.804,12

1.657,14

1.121,48

55-59

2.289,56

2.110,09

1.930,60

1.772,33

1.188,12

60-64

2.434,89

2.244,76

2.054,64

1.885,27

1.253,43

65-69

2.577,40

2.376,80

2.176,22

1.996,01

1.317,48

70-74

2.717,09

2.506,25

2.295,43

2.104,56

1.380,26

75-79

2.854,03

2.633,16

2.412,30

2.210,99

1.441,81

80-84

2.988,32

2.757,58

2.526,87

2.315,35

1.502,16

85-89

3.119,93

2.879,57

2.639,21

2.417,63

1.561,33

90-99

3.249,01

2.999,17

2.749,33

2.517,93

1.619,34

100

3.375,53

3.116,41

2.857,30

2.616,30

1.676,21

 

TABLA IV

Factores de corrección para las indemnizaciones básicas por lesiones permanentes


Descripción


Aumento (en porcentaje

o en euros)


Porcentaje

de reducción

Perjuicios económicos

Ingresos netos de la víctima por trabajo personal:

Hasta 27.864,71 euros (1).

Hasta el 10.

De 27.864,72 a 55.729,41 euros.

Del 11 al 25.

De 55.729,42 hasta 92.882,35 euros.

Del 26 al 50.

Más de 92.882,35 euros.

Del 51 al 75.

Daños morales complementarios

Se entenderán ocasionados cuando una sola secuela exceda de 75 puntos o las concurrentes superen los 90 puntos. Sólo en estos casos será aplicable.

Hasta 92.882,35.

Lesiones permanentes que constituyan una incapacidad para la ocupación o actividad habitual de la víctima

Permanente parcial:

Con secuelas permanentes que limiten parcialmente la ocupación o actividad habitual, sin impedir la realización de las tareas fundamentales de la misma.

Hasta 18.576,47.

Permanente total:

Con secuelas permanentes que impidan totalmente la realización de las tareas de la ocupación o actividad habitual del incapacitado

De 18.576,48 a 92.882,35.

Permanente absoluta:

Con secuelas que inhabiliten al incapacitado para la realización de cualquier ocupación o actividad.

De 92.882,36 a 185.764,70.

Grandes inválidos

Personas afectadas con secuelas permanentes que requieren la ayuda de otras personas para realizar las actividades más esenciales de la vida diaria, como vestirse, desplazarse, comer o análogas (tetraplejías, paraplejías, estados de coma vigil o vegetativos crónicos, importantes secuelas neurológicas o neuropsiquiátricas con graves alteraciones mentales o psíquicas, ceguera completa, etc.):

Necesidad de ayuda de otra persona:

Ponderando la edad de la víctima y grado de incapacidad para realizar las actividades más esenciales de la vida. Se asimilan a esta prestación el coste de la asistencia en los casos de estados de coma vigil o vegetativos crónicos.

Hasta 371.529,39.

Adecuación de la vivienda

Según características de la vivienda y circunstancias del incapacitado, en función de sus necesidades.

Hasta 92.882,35.

Perjuicios morales de familiares:

Destinados a familiares próximos al incapacitado en atención a la sustancial alteración de la vida y convivencia derivada de los cuidados y atención continuada, según circunstancias.

Hasta 139.323,53.

Embarazada con pérdida de feto a consecuencia del accidente (2)

Si el concebido fuera el primer hijo:

Hasta el tercer mes de embarazo.

Hasta 13.932,36.

A partir del tercer mes.

Hasta 37.152,94.

Si el concebido fuera el segundo hijo o posteriores:

Hasta el tercer mes de embarazo.

Hasta 9.288,23.

A partir del tercer mes.

Hasta 18.576,47.

Elementos correctores del apartado primero.7 de este anexo.

Según circunstancias.

Según circunstancias.

Adecuación del vehículo propio

Según características del vehículo y circunstancias del incapacitado permanente, en función de sus necesidades.

Hasta 27.864,70.

(1) Se incluirá en este apartado cualquier víctima en edad laboral, aunque no se justifiquen ingresos.

(2) Habrá lugar a la percepción de esta indemnización, aunque la embarazada no haya sufrido lesiones.


TABLA V

Indemnizaciones por incapacidad temporal (compatibles con otras indemnizaciones)

A) Indemnización básica (incluidos daños morales):


Día de baja

Indemnización diaria

Euros

Durante la estancia hospitalaria

69,61

Sin estancia hospitalaria:

Impeditivo (1)

56,60

No Impeditivo

30,46

(1) Se entiende por día de baja impeditivo aquél en que la víctima está incapacitada para desarrollar su ocupación o actividad habitual.

B) Factores de corrección:


Descripción


Porcentajes aumento


Porcentajes disminución

Perjuicios económicos

Ingresos netos anuales de la víctima por trabajo personal:

Hasta 27.864,71 euros

Hasta el 10.

De 27.864,72 a 55.729,41 euros

Del 11 al 25.

De 55.729,42 hasta 92.882,35 euros

Del 26 al 50.

Más de 92.882,35 euros

Del 51 al 75.

Elementos correctores de disminución del apartado primero.7 de este anexo

Hasta el 75.

 


 

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TARJETA DE RESIDENCIA LARGA DURACION COMUNITARIA EUROPEA (CE)

 

 

La tarjeta de residencia de larga duración CE autoriza a la persona extranjera a residir y trabajar en un estado de la Unión Europea de forma indefinida, recibiendo el mismo trato que los nacionales de la UE en muchos ámbitos socio-económicos, y contar con una protección reforzada frente a la posible expulsión del país que se trate. Los poseedores de ésta tarjeta pueden moverse a diferentes países de la Unión Europea durante estancia mayores a tres meses.

 

Requisitos:

 

-  Acreditar la residencia legal y continuada en España durante cinco años, teniendo en cuenta que, el tiempo de permanencia en situación de estancia por estudios, intercambio de alumnos o prácticas no laborales se cuenta al 50% de su duración. La ausencias de España no afectan de forma negativamente a la residencia continuada, siempre que sean inferiores a 12 meses consecutivos, no excediendo el total de 18 meses dentro de los cinco años.

 

-  Acreditación de recursos fijos y regulares suficientes para su manutención y la de su familia.

 

-  Disponer de un seguro público o privado de enfermedad.

 

Extinción: La residencia de larga duración CE es perpetua y si el extranjero la perdiese por algún motivo (ejem. exceder el tiempo máximo de permanencia fuera de la Unión Europea) puede recuperarla por un procedimiento especial.

 

En España por el contrario  el permiso debe renovarse cada cinco años.

 

Procedimiento para solicitar el cambio de la tarjeta de residencia de larga duración a un permiso de residencia de larga duración CE:

 

El extranjero que ya posea de una tarjeta de residencia de larga duración podrá solicitar el cambio a la modalidad CE bien en el momento que caduque su tarjeta, o en cualquier momento anterior durante la vigencia de la misma.

 

Es necesario pedir cita previa en la página web del Ministerio de la Presidencia (www.mpr.es) debiendo aportar la siguiente documentación:

 

-Original y copia del impreso EX-011..

 

- Original y copia de pasaporte completo (acompañado de su traducción jurada en caso de ser necesario).

 

- Original y copia de tarjeta de residencia actual.

 

- Comprobante de pago de las tasas correspondientes.

 

- Certificado de empadronamiento actualizado.

 

- Documentos que acrediten disponibilidad de recursos económicos fijos y regulares, suficiente para su sustento y el de los miembros de su familia a su cargo.

 

- Documentación que acredite que dispone de seguro médico.

 

Si la resolución es positiva, el solicitante pasa a ser beneficiario de la residencia de larga duración CE, pudiendo trabajar en cualquiera de los estados adscritos.

 

En el caso de que el titular de una residencia de larga duración CE quiera trasladarse a España desde otro país de la Unión Europea, puede: solicitar una autorización temporal de residencia y trabajo o bien una autorización de Residencia de Larga Duración. Pero renunciará al derecho a la residencia de larga duración en el país de la Unión Europea del que proceda.

 

 

 

 

TARJETA DE RESIDENCIA DE LARGA DURACIÓN

 

La reforma de la Ley de extranjería en el año 2009 modificó el nombre de la denominada tarjeta de residencia permanente por el de larga duración, que es la autorización que permite a la persona extranjera residir y trabajar en España de forma indefinida en las mismas condiciones que un Español.

 

En la actualidad todas las tarjetas se expiden con la denominación de “tarjeta de residencia de larga duración”.

 

 

Requisitos para solicitar la tarjeta de larga duración :

 

Podrán optar a esta tarjeta los extranjeros que se encuentren en alguno de estos supuestos:

 

- Los residentes que acrediten una residencia legal y continuada en España durante cinco años.

 

- Lo extranjeros que hayan nacido en España y acrediten haber residido de forma legal y continuada al menos durante los últimos tres años.

 

- Aquellos extranjeros que al llegar a la mayoría de edad hayan estado tutelados por una entidad pública española durante los cinco últimos años.

 

- Los extranjeros que hayan sido españoles de origen y hayan perdido la nacionalidad.

 

- Los residentes que acrediten ser beneficiarios de una pensión por jubilación o invalidez permanente.

 

- Los apátridas o refugiados que se encuentren en territorio Español y a quienes se les ha concedido dicho estatuto.

 

- Los extranjeros que hayan contribuido de forma destacada al progreso científico, económico y cultural de España.

 

Documentación a presentar:

 

- Impreso oficial EX11 (2 copias).

 

- Pasaporte completo y en vigor, debiendo presentarse también el anterior si hubiera sido renovado dentro de los últimos cinco años.

 

- 3 fotografías.

 

- Tarjeta de residencia a renovar.

 

- Certificado de empadronamiento.

 

-Documentación que acredite alguna de las circunstancias mencionadas anteriormente.

 

La tarjeta de residencia permanente debe renovarse cada cinco años, autoriza a trabajar y permite estar fuera de España un máximo de 6 meses consecutivos, con una duración total máxima de 1 año durante los cinco de residencia.

 

Causas de extinción :

 

La anulación de la autorización de la residencia de larga duración se producirá en los casos siguientes:

 

- Cuando la autorización se haya obtenido de manera fraudulenta.

 

- Cuando se dicte una orden de expulsión en los casos previstos en la Ley.

 

- Cuando se produzca la ausencia del territorio de la Unión Europea durante 6 meses consecutivos.

 

- Cuando hubiera adquirido la residencia de larga duración en otro Estado miembro.

 

Las solicitudes deben presentarse en la Brigada de Extranjería y Documentación Calle Luisa Fernanda nº 18 (metro Ventura Rodríguez) si se reside en Madrid Capital, o a través de cita previa en la web www.mpt.es.

 

 

 

¿ Qué ocurre si el banco embarga la vivienda al arrendador?.

 

¿ Subsiste mi contrato cuando la vivienda ha sido ejecutada y adquirida por banco?.

 

¿ Qué puede hacer el arrendatario en estos casos?.

 

El presente artículo trata de dar respuesta a éstas y otras cuestiones análogas sobre contratos de arrendamiento de vivienda, excluyéndose toda referencia a los contratos de uso distinto al de vivienda y a aquellos sujetos a la regulación del Código Civil.

El art. 13.1 LAU 29/1994 prescribe que si durante los cinco primeros años de duración del contrato el derecho del arrendador quedara resuelto por unas determinadas causas, entre las que se encuentran la enajenación forzosa derivada de una ejecución hipotecaria o de sentencia judicial, el arrendatario tendrá derecho, en todo caso, a continuar en la vivienda arrendada hasta que se cumplan cinco años desde el contrato o desde la puesta a disposición del inmueble. En contratos de duración determinada superior a cinco años, si transcurridos los cinco primeros años el derecho del arrendador quedara resuelto por las mismas causas, se extinguirá el arrendamiento, salvo que haya accedido al Registro de la Propiedad con anterioridad a los derechos determinantes de la resolución del derecho del arrendador, en cuyo caso continuará el arrendamiento por la duración pactada.

Por lo tanto, lo primero que debemos tener en cuenta es si el contrato de arrendamiento de vivienda es anterior o posterior a la constitución de la hipoteca.

 

Cuando la constitución de la hipoteca sobre el bien inmueble sea posterior a la concertación del arrendamiento no existirá ningún problema para el arrendatario, pues existe la presunción  de que el acreedor hipotecario conoce o, al menos, debió conocer, el estado posesorio de la finca, de manera que con esa afección consintió la constitución del crédito hipotecario.

 

Cuando la constitución de la hipoteca sobre el bien inmueble sea anterior a la concertación del arrendamiento debemos distinguir los siguientes supuestos:

1) Que la duración inicialmente pactada en el contrato sea inferior a cinco años. La regla general es que se respete el plazo de duración de cinco años, computados desde la fecha del contrato o desde la fecha de la puesta a su disposición del inmueble, si esta fecha fuese posterior, de manera que si se hubiese concertado por plazo inferior, tendrán la vigencia pactada, pero a su vencimiento el arrendatario podrá hacer uso de las prórrogas anuales a que se refiere el art. 9 LAU hasta completar los cinco años, lo que no es óbice de que al vencimiento del término pactado o, en su caso, al de cualquiera de las prórrogas anuales, hasta completar los cinco años, pueda el arrendatario hacer uso de la facultad de no renovar que le concede el art. 9.1 LAU. En estos casos, la protección del arrendatario se produce con plena independencia de que el contrato de arrendamiento esté o no inscrito en el Registro de la Propiedad. Pese a ello existen 3 excepciones a esta regla general:

a) Cuando se ha declarado la inexistencia por simulación de la relación arrendaticia. SSTS 13-10-1993, 16-9-1991

b) Cuando se pruebe que ha mediado fraude, dolo o confabulación entre el arrendador y el arrendatario.

c) Cuando con el arrendamiento se haya causado un grave perjuicio económico al acreedor hipotecario, disminuyendo el valor de garantía o de subasta de la finca hipotecada, para lo cual puede servir como pauta, salvo prueba en contrario, las disposiciones del art. 219.2.ª del Reglamento Hipotecario.(SSTS 17-11-1989, 6-5-1991, 14-6-1997 y AP Madrid, sec 13, 13-2-2002.)

2) Que la duración inicialmente pactada en el contrato de arrendamiento sea superior a 5 años. Transcurridos los cinco primeros años, el contrato arrendaticio queda resuelto una vez haya sucedido lo mismo con el derecho del arrendador, pero debiendo precisarse que, sin embargo, se exceptúa la aplicación normativa expuesta en el caso de que el arrendamiento esté inscrito en el Registro de la Propiedad, pues entonces el contrato continuará por la duración pactada, siempre que el contrato haya accedido al Registro antes que la inscripción de la anotación preventiva de embargo.

En ambos casos, cuando al órgano judicial le conste que la vivienda embargada se encuentra ocupada por terceras personas distintas del ejecutado – en nuestro caso el arrendatario/s - , se les notificará la existencia del proceso para que, en el plazo de 10 días, presenten al tribunal los títulos que justifiquen su situación (art. 661.1 LEC), - contrato de arrendamiento, comunicaciones escritas entre arrendador y arrendatario, recibos, justificantes de ingreso de renta, etc.. - pudiendo el ejecutante antes de la celebración de la subasta (art. 661.2 LEC) o el rematante o adjudicatario en el plazo de un año desde la adquisición del inmueble (art. 675.2 LEC) solicitar que se declare que el ocupante no tiene derecho a permanecer en el mismo, lo que se sustanciará con citación a una vista dentro del plazo de diez días con práctica de prueba, resolviendo por medio de auto irrecurrible, sin efecto de cosa juzgada.

Si bien es cierto que ni el art. 661 ni el 675 LEC establecen la obligación del ocupante del inmueble de ser asistido por abogado y procurador en el acto de la vista, es en mi opinión muy recomendable estar asistido de ambos profesionales para garantizar la plena defensa de los derechos de los ocupantes, habida cuenta de que en la vista se discute su lanzamiento y si sus pretensiones fueren estimadas podrán repercutir las costas al contrario. No obstante, para actuaciones previas a la vista, como pudiere ser la presentación de los títulos de posesión ex art 661.1, no precisarán la asistencia de dichos profesionales.  

Finalmente, tras la celebración de la vista el órgano judicial dictará auto irrecurrible. En caso de ser desestimatorio de las pretensiones del ocupante – arrendatario – éste podrá ejercer sus derechos en el juicio que corresponda.

Armando García Fernández. Abogado

 

¿Puede el arrendador recuperar la vivienda para su uso estando vigente el contrato de arrendamiento?.

¿Tiene el arrendatario algún derecho frente a dicha pretensión de recuperación?.

¿Qué ocurriría si el arrendador no ocupase posteriormente la vivienda?.


El presente artículo tiene como finalidad responder a éstas y otras preguntas similares.

 

En primer lugar debemos distinguir entre los contratos celebrados antes del 24 de Diciembre de 2009 y los celebrados en fecha posterior. La razón es que en la citada fecha entró en vigor la Ley 19/2009, de 23 de noviembre, de medidas de fomento y agilización del alquiler y de la eficiencia energética de los edificios, que modificó el artículo 9.3 de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 objeto del presente artículo. La diferencia más significativa entre la anterior y la posterior regulación es que en la anterior regulación, los sujetos que podían necesitar la vivienda estaba limitada a quien ostentase la condición de arrendador en el contrato, mientras que en la nueva regulación se incluyen, además, sus familiares en primer grado de consanguinidad o por adopción o el cónyuge del arrendador en los supuestos de sentencia firme de divorcio o de nulidad matrimonial. Esto significa que las medidas cautelares provisionales adoptadas durante una proceso de nulidad o divorcio no son causa suficiente para instar la denegación de prórroga.

 

Hemos de destacar que si son varios los arrendadores, la causa puede ser invocada por cualquiera de ellos.

 

Una vez realizada la anterior matización, procedo a referenciar las notas más significativas de la denegación de la prórroga por causa de necesidad del arrendador:

 

1º) La cláusula de exclusión de la prórroga debe constar de forma expresa en el contrato de arrendamiento  en el momento de su celebración de su celebración. Si no se hace constar de forma expresa esta cláusula en el contrato no será posible la denegación de la prórroga aunque, en realidad, el arrendador (antes de la reforma) o éste y demás sujetos (después de la reforma)  necesiten la vivienda arrendada para destinarla a vivienda permanente

2º) Como se trata de una causa de exclusión de la prórroga, sólo cabe su pacto en aquellos contratos cuya duración sea inferior a cinco años, pues son los únicos en los que cabe la prórroga. Por lo tanto, no puede ser incluida en los contratos de uso distinto al de vivienda ni en los de vivienda de duración superior a 5 años.

3º) Se suscita la duda sobre si es suficiente la mención genérica en el contrato de la necesidad del arrendador —mera previsión contractual expresa de la necesidad— o si la misma debe constar expresamente. No es una cuestión pacífica en la jurisprudencia de las Audiencias Provinciales, pero la mayor parte de la jurisprudencia aboga porque es suficiente la mención genérica de necesidad. Sin embargo, el arrendatario tendrá derecho a oponerse a la citada causa si entiende que la misma no puede ser calificada como necesaria que, conforme a la doctrina existente, tiene que ser todo lo contrario a "comodidad" o "conveniencia".

4º) La mayor parte de la Jurisprudencia y de la doctrina científica aboga por entender que la exclusión de la prórroga sólo podrá tener lugar  tendrá  bien cuando venza el plazo contractual pactado o bien cuando venza alguna de las prórrogas anuales, de tal manera que el arrendador no podrá oponer la cláusula de exclusión de la prórroga cuando el contrato esté aún vigente durante el plazo pactado o durante el período anual de las prórrogas. En lo que hay absoluto consenso es que en ningún caso  la causa pueda ser alegada durante el plazo de duración inicialmente pactado en el contrato. Vg. Contrato con una duración inicialmente pactada de 3 años. La causa de necesidad sólo podrá ser alegada al finalizar el 3º año.

5º) Se suscitan dudas sobre si la causa de necesidad puede ser alegada durante la vigencia de las prórrogas del artículo 10 de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994. Mi opinión profesional  al respecto es que no podría alegarse, pues las prórrogas del artículo 10 no son consideradas como forzosas, pues el arrendador tiene la facultad de evitar las mismas comunicando fehacientemente al arrendatario con 30 días de antelación al cumplimiento de la quinta anualidad de vigencia del contrato su voluntad de no prorrogarlo.

6º) En cuanto a cuando y cómo debe el arrendador comunicar al arrendatario la causa de necesidad, la Ley  de Arrendamientos Urbanos de 1994 no establece fórmula o requisitos concretos, por lo que  será suficiente con que el arrendador remita al arrendatario un requerimiento fehaciente -  burofax con acuse de recibo y certificado de texto -, con indicación de la persona que tiene la necesidad y el motivo de la misma, aportando  un principio de prueba, en donde se conceda un plazo para el abandono de la vivienda, considerando por mi parte que habría que conceder un mínimo de un mes, que es el plazo de cortesía que establece el art. 704.1 LEC. Pasado el mismo, con o sin contestación del arrendatario, cabe llegar a un acuerdo entre las partes o bien, en caso de negativa, acudir de inmediato a la vía judicial, que seguirá los trámites del Juicio Declarativo Ordinario.

7º) En el supuesto de que, una vez practicado el requerimiento y el arrendatario abandone la vivienda, el arrendador o la persona que éste haya designado como necesitado de la vivienda deben ocupar la misma en el plazo de 3 meses, a contar desde el día siguiente a la extinción del contrato o, en su caso, desde que el arrendatario haya abandonado efectivamente la vivienda, salvo supuestos de “fuerza mayor”.

La Ley de Arrendamientos Urbanos no establece cuanto tiempo debe ocupar el arrendador o la persona que alegase la necesidad la vivienda, por lo que mi criterio profesional es que el referido plazo debe ser de 1 año natural, conforme al artículo 9.1 de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994.

En cuanto al supuesto de “fuerza mayor” el mismo puede ser la realización de obras de adaptación, restauración, enfermedad…, pero en cualquier caso debe ser acreditado y probado por el arrendador.

Finalmente, el art. 9.3 de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994  que estoy analizando, establece que si el arrendador o la persona que alegase la causa de necesidad no ocupase la vivienda en el plazo referido en el primer párrafo de este punto, el arrendatario tiene derecho a:

  1. a)Ser repuesto en el uso y disfrute de la vivienda arrendada por un nuevo período de hasta cinco años, respetando, en lo demás, las condiciones contractuales existentes al tiempo de la extinción, con indemnización de los gastos que el desalojo de la vivienda le hubiera supuesto hasta el momento de la reocupación y, aunque el precepto no lo diga expresamente,  también los de traslado a la nueva vivienda, pues son perjuicios que ha tenido que soportar
  2. b)la oportuna indemnización, concretamente la renta total del tiempo que faltaba para cumplir cinco años, siendo oportuno señalar que no deben contar otras cantidades que se haya comprometido a satisfacer, por ejemplo, gastos de comunidad o impuestos.

Armando García Fernández, Abogado

 

La inmensa mayoría de las viviendas están ubicadas en edificios sometidos al Régimen de Propiedad Horizontal. Este artículo tiene como finalidad ofrecer unas pinceladas de las cuestiones que, en casos como el descrito, tarde o temprano se suscitarán entre el arrendatario y la Comunidad de Propietarios.

 

1º) ¿ Puede pagar el arrendatario directamente a la Comunidad el importe de las gastos/cuotas comunes?.

 

La respuesta es afirmativa. Pese a ello no aconsejo seguir este método de pago, pues el obligado por Ley al pago de las citadas cuotas es siempre el propietario-arrendador de la vivienda, sin perjuicio de que posteriormente pueda repercutir, si así se ha pactado en el contrato, las citadas cuotas al arrendatario.

 

) ¿ Puede o debe asistir el arrendatario a las Juntas de la Comunidad de Propietarios?.

 

El arrendatario no tiene derecho a asistir a las citadas Juntas, pues la Ley de Propiedad Horizontal concede el citado derecho únicamente a los propietarios. Sin embargo nada impide que el propietario arrendador delegue la asistencia y derecho a voto en las Juntas a su arrendatario, si bien dicha delegación deberá plasmarse por escrito y podrá ser objeto de impugnación por parte de la Junta de Propietarios.

 

3º) ¿ Pueden varios arrendatarios de un mismo inmueble solicitar al Presidente o al Administrador de la Comunidad la convocatoria de una Junta para tratar temas que les afecten directamente?.

 

La respuesta es negativa, ya que ese derecho sólo lo ostentan los propietarios.

 

4º) ¿ Está legitimada la Comunidad de Propietarios para instar acción judicial contra el arrendatario que declare la privación del derecho a uso y disfrute de la misma.?

 

La respuesta es afirmativa siempre que se den los requisitos del artículo 27.2.e) de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 y la Comunidad siga los trámites indicados en el artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal.

 

5º) ¿ Puede la Junta de Propietarios mediante acuerdo legalmente aprobado prohibir al arrendatario el uso y disfrute de los elementos comunes?.

 

La respuesta es afirmativa, ya que no le está privando a éste del uso y disfrute sino a su propietario-arrendador, quien es el único legitimado para entablar acciones judiciales contra la Comunidad.

 

6º) ¿ Puede el arrendatario reclamar a la Comunidad de Propietarios los daños y perjuicios que la realización de una obra acordada por ésta  le causen en su vivienda?.

 

La respuesta, según la mayoría de la Jurisprudencia, es afirmativa.

Actualización renta en los contratos de arrendamiento de  vivienda posteriores al 1-1-1995

 

Este artículo tiene la finalidad de aclarar los aspectos relativos a la actualización de la renta que son objeto de mayor controversia.

 

En primer lugar debemos atender a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 29/1994, de 24 de Noviembre, de Arrendamientos Urbanos(en adelante LAU 1994). El contenido del citado precepto es el siguiente:

 

“Actualización de la renta.

1. Durante los cinco primeros años de duración del contrato la renta sólo podrá ser actualizada por el arrendador o el arrendatario en la fecha en que se cumpla cada año de vigencia del contrato, aplicando a la renta correspondiente a la anualidad anterior la variación porcentual experimentada por el Indice General Nacional del Sistema de Indices de Precios de Consumo en un período de doce meses inmediatamente anteriores a la fecha de cada actualización, tomando como mes de referencia para la primera actualización el que corresponda al último índice que estuviera publicado en la fecha de celebración del contrato y en las sucesivas el que corresponda al último aplicado.

2. A partir del sexto año de duración la actualización de la renta se regirá por lo estipulado al respecto por las partes y, en su defecto, por lo establecido en el apartado anterior.

3. La renta actualizada será exigible al arrendatario a partir del mes siguiente a aquel en que la parte interesada lo notifique a la otra parte por escrito, expresando el porcentaje de alteración aplicado y acompañando, si el arrendatario lo exigiera, la oportuna certificación del Instituto Nacional de Estadística, o haciendo referencia al Boletín Oficial en que se haya publicado.

Será válida la notificación efectuada por nota en el recibo de la mensualidad del pago precedente.”

 

A continuación destacaré los puntos más relevantes del mismo:

 

  1. Este precepto tiene carácter imperativo, es decir, no puede ser objeto de modificación por voluntad de las partes. Así, cualquier pacto contrario a su contenido será nulo de pleno derecho.
  2. El Ipc aplicable será siempre el Ipc General, siendo nula la aplicación de cualquier otro Índice de referencia.
  3. La actualización únicamente podrá tener lugar en la fecha en que se cumpla cada año de vigencia del contrato. Por lo tanto, será nulo y carecerá de efecto  el intento de actualización anterior a la citada fecha
  4. La actualización solo es exigible desde el mes siguiente a aquel en el una de las partes, arrendador o arrendatario, comunique por escrito a la otra expresando el porcentaje de alteración aplicado y acompañando, si la otra parte lo exigiera, la oportuna certificación del Instituto Nacional de Estadística, o haciendo referencia al Boletín Oficial en que se haya publicado. Es importante destacar que, aunque el precepto no exija la fehaciencia de la comunicación, es recomendable realizarla de forma que pueda probarse.

 

 En mi opinión, ésta es la finalidad del último párrafo del artículo objeto de análisis: “Será válida la notificación efectuada por nota en el recibo de la mensualidad del pago precedente”, ya que el arrendador está obligado siempre a entregar copia del recibo al arrendatario, de forma que ambas partes pueden probar la emisión y recepción de la comunicación de la actualización.

 

Sin embargo, éste sistema no puede ser utilizado en aquellos casos en los que es el arrendatario quien demanda la actualización de la renta. De ahí mi anterior recomendación de que la comunicación se realice por medio que permita demostrar su  recepción.

 

  1. Una vez realizada la comunicación el sistema de actualización es el siguiente: la renta base será la que se viniese pagando en la anualidad anterior. Para la primera actualización se tomará como mes de referencia el Ipc que corresponda al último Ipc que estuviera publicado – la publicación del Ipc suele ser entre los días 13 y 15 del mes siguiente al que nos encontremos - en la fecha de celebración del contrato. En las sucesivas actualizaciones se tomará como referencia el índice que corresponda al último aplicado. En la página web del Instituto Nacional de Estadística (INE) se puede acceder a los Ipcs publicados y al certificado al que hace mención el artículo analizado.

 

Pese a la claridad del precepto objeto de estudio, existen preguntas que “atormentan” a la inmensa mayoría de los arrendadores y arrendatarios en alguna ocasión: ¿ qué sucede si no he actualizado la renta en el momento establecido en el artículo 18 ?. ¿ Supone una renuncia a la actualización?. ¿ Cabe aplicar la actualización con efectos retroactivos?.

 

El siguiente ejemplo práctico da respuesta a todas esas preguntas:

 

El día 30 de Mayo de 2006 el Sr Paco firma un contrato de alquiler de vivienda con una duración mínima de un año, siendo la fecha del contrato y puesta a disposición de la vivienda el 1 de julio de 2006. La renta se pactó en 1.000 € mensuales. El día 1 Julio de 2007 el arrendador del Sr Paco no procede a comunicarle la actualización de la renta.  El día 1 de Julio de 2008 tampoco procede a actualizar la misma. Sin embargo, el 26 de Enero  del año 2009 el arrendador del Sr Paco le envía una carta comunicándole la actualización de la renta  aplicando la variación de los últimos 30 meses - un 6,25% -.indicándole además que dicha actualización será  efectiva ese mismo mes.“

 

Pues bien, la facultad de actualizar la renta por parte del arrendador del Sr Paco también existe desde el 1 de Julio de 2008 hasta el 1 de Julio de 2009. Por tanto el arrendador del Sr Paco puede comunicarle la actualización de la renta en cualquier mes hasta el 1 de Julio de 2009. Al haberse efectuado la actualización en Enero de 2009 ( Julio de 2007 a Enero de 2009), la misma será exigible a partir del 1 de Febrero de 2009, siendo la renta actualizada pagadera desde el 1 de Febrero de 2009 hasta, como mínimo, el 1 de Julio de 2009.

 

Ahora bien, a lo que no tiene derecho el arrendador del Sr Paco es a reclamar la diferencia entre la renta que cobró y la que hubiese resultado de haberla actualizado el día 1 de Julio de 2007.

 

En el ejemplo expuesto en fecha 1 de Julio de 2007 el arrendador del Sr Paco pudo actualizar la renta( IPC 3%; Renta actualizada: 1030 €), pero no lo hizo. El día 1 de Julio de 2008 pudo actualizar la renta( 4% IPC; renta actualizada: 1.040 €), pero tampoco lo hace. Finalmente el Arrendador actualiza la renta el día 26 de Enero de 2009: 10%(IPCs acumulados); Renta Actualizada 1.100 €.

 

Pues bien, el arrendador del Sr Paco puede exigir el pago a partir del 1 de Febrero de 2009 1.100 € de renta, pero no reclamar la diferencia de rentas:

 

  • Julio 2007 – Julio 2008. Renta sin actualizar:1000 € y renta actualizada 1.030 €. 30X12=360€. Esos 360€ no pueden ser reclamados por el Arrendador.
  • Julio 2008- Enero 2009: Renta sin actualizar:1000 € Y renta actualizada 1.040€. 40x7=280€. Esos 280€ no pueden ser reclamados por el Arrendador.

 

El objeto de este artículo es el estudio de las reparaciones en las viviendas arrendadas con posterioridad al 1 de Enero de 1995 como vivienda habitual. Las mismas son objeto de regulación en el artículo 21 de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994. Por lo tanto es preciso delimitar tres tipos de reparaciones: necesarias, urgentes y pequeñas reparaciones. 

 

A) Reparaciones necesarias: Se pueden definir como gastos que no generan mejora, sino que son inversiones imprescindibles destinadas a mantener o reparar la vivienda a fin de que cumpla su utilidad, evitándose con ello su deterioro, pérdida o destrucción. (entre otras, SAP Vizcaya de 31 de mayo de 2000 )

 

La doctrina jurisprudencial ha venido considerando (SAP Barcelona 13-9- 2001) que son reparaciones necesarias la que por su naturaleza son indispensables para mantener la vivienda en uso, y las impuestas por la autoridad competente, entendiendo (SAP Cantabria 12-6-96) que dicha obligación alcanza a cuantas sean precisas para lograr tal finalidad con sujeción al destino pactado en el contrato de arrendamiento, ya proceda su necesidad del mero transcurso del tiempo, del desgaste natural de la cosa, de su utilización correcta conforme a lo estipulado o, en definitiva provengan de suceso con las notas del caso fortuito o de la fuerza mayor) o, como dice la SAP Salamanca 9-3-1999, se incluyen tanto las obras encaminadas a la restauración de los deterioros o menoscabos sufridos en la vivienda como a la conservación de los mismos, es decir, aquellas que deben realizarse ineludiblemente y no aumentan el valor ni la productividad de la cosa arrendada, incluyendo, entre otras muchas, las consistentes en arreglo, renovación o sustitución parcial de alguno de los elementos componentes de las instalaciones de conducción de agua y desagüe (STS 30-1-1970), las de corrección y adaptación de la instalación de agua caliente y calefacción (STS 4-12-1992) y las reparaciones para mantener la instalación de calefacción en perfecto funcionamiento (SAP Valladolid 10-4-1984) e incluso, no sólo las reparaciones sino también las sustitución, si fuera preciso por su vetustez o riesgo, de las instalaciones de servicios de suministros de fluidos o energía como agua, luz, gas...etc (SAP Toledo 26-10-2000). A mayor abundamiento, también han sido catalagodas por la jurisprudencia como obras necesarias la reparación de tuberías y fugas de agua, la reparación de goteras, grifos, azulejos, radiadores, calentadores, humedades, de una bañera hidromasaje; las consistentes en el arreglo, renovación o sustitución parcial de alguno de los elementos componentes de instalaciones de conducción de agua y desagüe, la de corrección y adaptación de la instalación de agua caliente y calefacción, etc. (SAP Sevilla de 16 de noviembre de 1999, SAP Asturias de 15 de septiembre de 2000, SAP Barcelona de 27 de febrero de 2008.)

 

La obligación de realizar las obras de reparación necesarias  de la vivienda corresponde al arrendador, excepto en los supuestos contemplados en los artículos 1563 y 1564 del Código Civil, 28 y 21.4 de la LAU 1994.

 

B) Reparaciones urgentes. Los requisitos que suelen atribuirse a esta clase de obras son las siguientes: que sean obras necesarias, que tengan cierta importancia,  que el daño o la incomodidad no sean imputables al arrendatario, que la urgencia sea verdadera y objetiva, o que el daño o la incomodidad puedan ser tanto del interior como del exterior de la vivienda o afectar a los elementos comunes del edificio. En este caso, previa comunicación al arrendador, el arrendatario "podrá" – no es un deber sino una opción -  realizar las reparaciones que sean urgentes para evitar un daño inminente o una incomodidad grave, y exigir de inmediato su importe al arrendador. Pero como señala el precepto, es necesaria la comunicación previa al arrendador de tales reparaciones, pues en caso contrario no se reconocerá un derecho de reembolso al arrendatario (SAP Navarra de 30 de marzo de 2004).

 

C) Pequeñas reparaciones: Serían los gastos ordinarios producidos por el desgaste que genera el uso ordinario de la vivienda. Se trata de reparaciones que, a diferencia de las necesarias, no son indispensables para que la vivienda siga cumpliendo su condición de habitabilidad. En cuanto al desgaste por el uso debo destacar la Sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya de 10 de Marzo de 2009, la cual establece: “todas las cosas, salvo que se les preste especial cuidado y mantenimiento, se deterioran con el paso del tiempo y agotan su vida útil, siendo su cambio y adaptación una consecuencia lógica, no imputable al arrendatario a quien no se le puede repercutir; debe devolverse la cosa como se recibió pero con el lógico deterioro del uso.”

Entre los ejemplos que se extraen en la jurisprudencia de pequeñas reparaciones y, por tanto, a cargo del arrendatario destacan: la reparación de la cisterna de un inodoro, pero no las humedades y las baldosas que se mueven (SAP Lleida de 23 de abril de 1999); la reparación del sifón del fregadero y de la antena parabólica (SAP Alicante de 7 de marzo de 2001); la rotura de una tubería, dado que se produjo por el uso diario y continuado de la misma (SAP Murcia de 18 de marzo de 2002 ); la reparación de la avería de un termo en la vivienda arrendada (SAP Valencia de 15 de febrero de 2003; la reparación de los vidrios de la cristalera de la fachada principal y los vidrios de la cristalera de dos hojas que da acceso a la sala de estar-comedor desde el vestíbulo(SAP Baleares de 4 de abril de 2003); la reparación de herrajes de las puertas y conservación de estas, rotura de vidrios en ventanas, cintas de persianas y persiana que falta, reparación de puertas de los armarios de la cocina, pintura de puertas, ventanas y paramentos interiores de la vivienda (SAP Asturias de 7 de diciembre de 2004); la reparación de persianas o grifos (SAP Asturias de 16 de diciembre de 2004); la reparación de una puerta, la sustitución de un calentador de gas, de un colchón, de un cristal y de un somier (SAP Santa Cruz de Tenerife de 29 de marzo de 2004); los arreglos en la calefacción, en la instalación del agua y en la cisterna del váter (SAP Burgos de 3 de marzo de 2006); los gastos por suministro eléctrico, una vez el arrendador le proporcione las instalaciones adecuadas, y aunque el arrendatario haya tenido dificultades con la compañía eléctrica por impagos de la anterior arrendataria (SAP Burgos de 28 de abril de 2006).

 

En cambio, no se considera que son "pequeñas reparaciones": la reparación de la pintura de las paredes al proceder de humedades reconocidas por el arrendador (SAP Santa Cruz de Tenerife de 30 de abril de 2004); ni los deterioros que presenta la pintura de las paredes a consecuencia del uso normal de la vivienda, cuya reparación corresponde al arrendador (SAP Murcia de 11 de julio de 2001); los defectos intrínsecos de una caldera, aunque sí lo serían los gastos de conservación de una caldera (SAP Cuenca de 28 de diciembre de 2007).

 

Finalmente tanto la doctrina como la jurisprudencia tienen en cuenta los siguientes factores a la hora de calificar una reparación como pequeña:

 

El factor tiempo. SAP Murcia de 9 de enero de 2001, entre otras.

Inventario de bienes. Permite establecer un parámetro comparativo de los bienes al iniciar el contrato y al manifestarse la avería o desaparición del bien.

Coste económico de la reparación. La jurisprudencia es dispar yendo desde los 100 o 150 € hasta la mitad del valor de reposición de un electrodoméstico (SAP Murcia de 9 de enero de 2001)

Clase de bienes. En principio lo que no afecta a la habitabilidad debe encajar en las pequeñas reparaciones (SAP Cantabria de 27 de octubre de 2003, SAP Valencia de 11 de julio de 2008)

 

Armando García Fernández

Abogado"

 

¿Necesito el permiso de mi arrendador para que mi madre venga a vivir conmigo?

 

¿Puede el arrendador resolver el contrato porque he invitado a un amigo a pasar unos días en mi casa?.

 

Estas y otras preguntas similares o análogas “atormentan” en la práctica diaria a un gran número de arrendatarios de vivienda. El presente artículo tiene como finalidad dar una respuesta a las citadas cuestiones.

El artículo 8 la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos (en adelante LAU), prohíbe el subarriendo parcial de la vivienda o la cesión total de la misma sin consentimiento escrito del arrendador. Del mismo modo el artículo 27.2.c) de la LAU 1994 establece como causa de resolución del contrato el subarriendo o cesión inconsentidos.  Por lo tanto, en primer lugar debemos clarificar es cual es el hecho que da lugar a la citada resolución y, en segundo lugar, a quien le corresponde probar la existencia del subarriendo parcial o la cesión inconsentida.

Respecto a la primera cuestión, la doctrina jurisprudencial es unánime al establecer: “  El hecho tipificador que lleva como efecto la resolución del contrato de arrendamiento es la introducción en la vivienda o local arrendado de una tercera persona en connivencia con el arrendatario, sin dar cumplimiento a los requisitos que la Ley previene para su validez, siendo indiferente que la ocupación de la finca por el tercero tenga lugar de manera exclusiva y excluyente o compartida con el arrendatario (S.T.S. 19-10-1972, 22-6-1973, 16-11-l974, ...), total o parcial (19 y 31-10-1972); tal introducción supone la entrada subrepticia de ese tercero en la relación arrendaticia, usando la cosa a su nombre y provecho (lo decisivo es el aprovechamiento, ventaja o beneficio obtenido por ese tercero), sin que sea necesario que el actor pruebe de una manera circunstanciada y precisa las condiciones de esa introducción (Sts. T.S. 22-10-1962, 3-4-1965, 21-2-1966, 2-7-1970, 14-3-1972, 22-6-1973, 16-11-1974, 8-5-1981, 25-l-1988 ...) pero si debe acreditar la presencia de ese tercero, ajeno al contrato, haciendo uso del inmueble, lo que determina una presunción de cesión o subarriendo ilegales (S.T.S. 6-2-1954, 28-6-1981, 22-10-1962, 3-4-1965, 29-10-1969, 4-3-1970, 29-10-1971, 22-12-1973,14-6-1974, ...), es decir, es la modificación subjetiva en la situación arrendaticia (sustitución de la persona del arrendatario, introducción compartida de un tercero o cese de un coarriendo mancomunado) lo que opera como causa resolutoria, en tanto comporta cambios en el derecho de uso con las obligaciones que del mismo se derivan, que no pueden hacerse sin consentimiento de la propiedad, por ser facultades inherentes al dominio. En definitiva, la introducción de un tercero en el vínculo arrendaticio, de faltar la autorización del arrendador, llámese cesión, traspaso o subarriendo, genera la causa resolutoria prevenida en la ley especial , como así ha venido reconociéndose por el Tribunal Supremo en reiteradas sentencias que constituyen doctrina bien consolidada, siendo irrelevante a estos efectos que la cesión haya sido onerosa o a título gratuito (S.T.S. 13-5-1970, 19-10-1972, 12-6.1973,...).”

Una primera lectura de la mentada doctrina jurisprudencial nos llevaría a pensar que cualquier ocupación de la vivienda arrendada por persona distinta al arrendatario sin consentimiento previo del arrendador debería calificarse como subarriendo o cesión inconsentida, en función de si el arrendatario habita o no la vivienda junto con el tercer o terceros ocupantes. Afortunadamente ésta  doctrina general admite las siguientes excepciones:

1º) Cuando se trata de terceros extraños al contrato pero integrados en la unidad familiar del arrendatario, bien por consanguinidad o por afinidad, siempre y cuando continúe el arrendatario  en la ocupación de la vivienda. Sentencia de la Audiencia Provincial de  Asturias, Sec. 4.ª, de 11 de noviembre de 2009 y Sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga, Sec. 6.ª, de 14 de diciembre de 2006, entre otras muchas.

2º) Cuando se trata de terceros extraños al contrato sometidos a la  dirección o autoridad del arrendatario  y dependan económicamente de él. Es el caso de empleados domésticos o de programas de asistencia social. (Sentencias de la Audiencia Provincial de  Cádiz, Sec. 5.ª, de 17 de noviembre de 2005 y  de la Audiencia Provincial de Valencia, Sec. 7.ª, de 11 de septiembre de 2009.)

3º)  Cuando entre el tercero extraño al contrato y el arrendatario exista un vínculo de convivencia marital afectiva estable. Sentencias de la Audiencia Provincial de Valencia , Sec. 7.ª, de 11 de septiembre de 2009 y de la  Audiencia Provincial de Las Palmas, Sec. 5.ª , de 8 de febrero de 2007.

Más dudoso es el supuesto de alojamiento de terceros ajenos al contrato por razones de amistad, pues para que el mismo no supusiera causa de resolución contractual el arrendatario debería probar tanto la relación de amistad como la temporalidad del alojamiento, lo cual es sumamente complicado. De ahí que, si un amigo nos solicita vivir una temporada en nuestra vivienda arrendada, en mi opinión es aconsejable poner éste hecho previamente en conocimiento del arrendador.

Respecto a la segunda cuestión, esto es, a quien le corresponde probar la existencia del subarriendo parcial o la cesión inconsentida, es doctrina jurisprudencial consolidada la que establece: “Por lo tanto, la consecuencia de la prueba por el actor del hecho de la introducción de un tercero es la inversión de la carga de la prueba, porque el arrendatario demandado ha de justificar la legalidad de la introducción del tercero en el uso y disfrute de la cosa arrendada (Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de abril de 1970 ), de una manera plena, ya que la ocupación ha de ser satisfactoriamente justificada por el arrendatario para destruir la presunción de ilegalidad que se deriva de aquella ocupación (Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de mayo de 1972 ), de modo que la introducción de un tercero en la relación arrendaticia, para quedar legitimada, necesita fundarse en título legal o contractual que lo autorice, título que debe estar plenamente justificado por la parte que lo invoque (Sentencias del Tribunal Supremo de 1 de mayo de 1961 y 11 de abril de 1973 ).” Ello significa que el propietario arrendador sólo debe probar la ocupación de un tercero ajeno al contrato de la vivienda por cualquier medio válido en derecho (testificales, documentales….), correspondiendo al arrendatario probar con los mismos medios que tal ocupación está amparada bien en la legalidad vigente por haber obtenido consentimiento del arrendador, o  bien por hallarse encuadrada en alguno de los tres supuestos anteriormente mencionados.

Como apunte final debe destacarse que es doctrina jurisprudencial unánime la que establece que: “no es preciso que la causa productora de la resolución exista en el instante del ejercicio de la acción, siendo suficiente al éxito de ésta que aquélla se haya producido (sentencia de 24 de enero de 1951 ), toda vez que, de no entenderse así, ello supondría tanto como fijar plazos para el ejercicio de las acciones no establecidas en la Ley y hacer factible que el inquilino o arrendatario pudieran fácilmente eludir las consecuencias de su actuación ilegal”. (Sentencia de la Audiencia Provincial de Álava, Sec 1º, de 9 de Octubre de 2007, entre otras muchas.)

Armando García Fernández.

Abogado

 

La Sentencia del TS de 13 de Octubre de 2.005, que viene a resumir la doctrina jurisprudencial sobre el precontrato y sus consecuencias:

"En efecto, el llamado precontrato, contrato preliminar o preparatorio, o “pactum de contrahendo” bilateral de compraventa tiene por objeto constituir un contrato y exige como nota característica que en él se halle prefigurada una relación jurídica con sus elementos básicos y todos los requisitos que las partes deben desarrollar y desenvolver en un momento posterior ( SSTS 23 Diciembre de 1.995; 16 de Julio 2003 , entre otras), cuya efectividad o puesta en vigor se deja a voluntad de ambas partes contratantes.”

Aunque hace referencia al precontrato de compraventa, lo cierto es que su doctrina es plenamente aplicable a todos los precontratos, según reiterada jurisprudencia. Por lo tanto, el contrato de reserva de vivienda o de local debe contener los acuerdos esenciales que las partes hayan alcanzado respecto al futuro contrato de arrendamiento.

Clases de arras. Con arreglo a la función que desempeñan, en la actualidad, podemos distinguir tres tipos de arras patrimoniales: confirmatorias, penales y penitenciales ( STS de 24 de Octubre del 2002.) La mera entrega a cuenta o anticipo, sin mediar arras, no se da a título de cautela, como en la figura arral, sino a cuenta del precio, y constituye no una medida de refuerzo, sino un cumplimiento parcial por parte de uno de los contratantes. Así, el empleo de la palabra “señal” es necesariamente un anticipo del precio (SSTS de 2 de Diciembre de 1988, 9 de Mayo de 1990, 20 de Febrero de 1996.)

Arras Confirmatorias

Las arras confirmatorias actúan en el ámbito obligacional de los contratos con fuerza vinculante que no faculta, por tanto, para resolver las obligaciones contraídas y que normalmente se corresponden con las entregas o anticipos del precio a cuenta (STS de 22 de Septiembre de 1999). Ante su incumplimiento se aplicará el artículo 1.124 CC

Arras Penales

Como entrega de cantidad para responder del cumplimiento del que tienen una función estricta de garantía de cumplimiento, ya que se pierden si el contrato se incumple, pero que no permiten desligarse del mismo ( STS de 9 de Marzo de 1989). En las arras penales y para el caso de incumplimiento, la parte cumplidora dispone de la opción de exigir el cumplimiento, con la correspondiente indemnización por daños y perjuicios, que deberán ser probados, o resolver el contrato donde las arras constituyen una pena. En caso de incumplimiento, las arras pueden tener que devolverse duplicadas pero, a diferencia de las penitenciales, sólo en el caso de que las partes lo hubieran pactado, abonando la jurisprudencia esta tesis, así la STS de 26 de Diciembre de 1991, 19 de Mayo de 1998

Arras Penitenciales.

Son las únicas que permiten resolver o desistir del contrato, mediante la pérdida o la restitución doblada y a las que específica y únicamente se refiere el art. 1454 CC, y, por otro lado, ha de recordarse que es reiterada y uniforme doctrina de esta Sala la de que no cabe entender que el empleo de la palabra “señal” exprese necesariamente la facultad de separarse del contrato, pudiendo ser estimada, sin error, como anticipo del precio (SS 11 Oct. 1927, 5 Jun. 1945, 20 Abr. 1955, 15 Oct. 1956) y que el contenido del art. 1454 CC no tiene carácter imperativo, sino que, por su condición de penitencial, para que tenga aplicación es preciso que por voluntad de las partes, claramente constatada, se establezcan tales arras, expresando de una manera clara y evidente la intención de los contratantes de desligarse de la convención por dicho medio resolutorio, ya que, en otro caso, cualquier entrega o abono habrá de valorarse y conceptuarse como parte del precio o pago anticipado del mismo, teniendo tal precepto legal un carácter excepcional, que exige una interpretación restrictiva de las cláusulas contractuales de las que resulte la voluntad indubitada de las partes en el sentido de que se trata de arras penitenciales, a que, en otro caso, la suma recibida sirve precisamente para confirmar el contrato celebrado (SS 7 Feb. 1966, 20 May. 1967, 16 Dic. 1970, 10 Nov. 1983, 10 Mar. y 12 Jul. 1986, 30 Abr. 1988, 9 Mar. 1989, 12 Dic. 1991, entre otras muchas)”

 

Este artículo tiene por finalidad explicar, por un lado, la problemática existente en la calificación de los contratos de Arrendamiento de habitación y clarificar los aspectos más relevantes de la misma. Y, por otro lado, explicar las diferencias entre éste tipo de contratos y los denominados contratos de hospedaje.

 

En cuanto a los contratos de arrendamiento de habitación o “contratos de arrendamientos parciales de vivienda”, su calificación jurídica por la Jurisprudencia de las Audiencias provinciales ha sido y continua siendo objeto de interpretación. En la actualidad existen tres corrientes jurisprudenciales al respecto:

 

  1. 1.La que considera que se trata de un tipo de arrendamiento excluido de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos (en adelante LAU) y sometido al Código Civil, concretamente a los artículos 1.542 a 1.574 y 1.580 a 1.582. Entre otras encontramos las Sentencias de la Audiencia ProvincialBaleares, Sec. 3.ª, de 20 de mayo de 2010 y de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sec. 4.ª, de 8 de mayo de 2008.

En ambas se establece: “El artículo 2 de la Ley de Arrendamientos Urbanos define el arrendamiento de vivienda por referencia a su objeto, por recaer sobre una "edificación habitable" y apta para servir al destino de "satisfacer la necesidad permanente de vivienda del arrendatario", en concordancia con la constante y consolidada doctrina jurisprudencial que destaca como núcleo característico del contrato el hecho de que la edificación cedida sea adecuada a servir las necesidades de morada o residencia, donde la persona o la familia desarrollan la intimidad de su existencia, construyendo su hogar o sede de la vida doméstica.

Ese concepto de habitabilidad no puede predicarse del objeto arrendado en el supuesto enjuiciado, que se ciñe a una dependencia o habitación ubicada dentro de una vivienda, carente de los servicios mínimos y esenciales que en la actualidad deben reputarse imprescindibles, y que sólo resultan suplidos por la concesión del derecho a utilizar en forma compartida, no en exclusiva, otras dependencias de las que simultáneamente se sirven los restantes ocupantes de la vivienda, como son la cocina y el baño”

  1. 2.La que considera que se trata de un tipo de arrendamiento sometido a la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos (en adelante LAU), como arrendamiento de uso distinto al de vivienda. Entre otras encontramos las Sentencias de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sec. 4.ª, de 1 de febrero de 2010 y de la Audiencia Provincial de Madrid,sec 14º, de de 13 de diciembre de 2006. En ambas se establece que este tipo de contratos no pueden satisfacer la necesidad de vivienda permanente del arrendatario, sino sólo la temporal por no reunir la habitación las condiciones para satisfacer las necesidades de morada o residencia, donde la persona o la familia desarrollan la intimidad de su existencia, construyendo su hogar o sede de la vida doméstica.
  2. 3.La que considera que se trata de un tipo de arrendamiento sometido a la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos (en adelante LAU), como arrendamiento de uso distinto al de vivienda. Entre otras encontramos las Sentencias de la Audiencia Provincial de Álava, sec 1º, de 18 Enero 2008, de 17 de Julio de 2008, de la Audiencia Provincial de Zaragoza,sec 5º, de 26 de Octubre de 2006 y de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife de 19 de Abril de 2004.

 El argumento esgrimido en todas es: “en primer lugar y sobre todo, atendiendo a los propios preceptos contenidos en la legislación especial, como es por ejemplo, cuando dice que el objeto de la Ley está constituido por las fincas urbanas que se destinen a "vivienda", entendiendo por tal la que recae sobre una edificación habitable cuyo destino primordial es la de satisfacer la necesidad permanente de vivienda del arrendatario, comprendiendo también sus espacios accesorios, y nada sobre el particular señala sobre si el contrato ha de recaer sobre una vivienda íntegra o sólo parte de ella, y por aquellos motivos -- vivienda y necesidad permanente-- excluye de su regulación o bien las edificaciones cuyo uso principal no sea el de vivienda o bien aquellas otras cuyo uso sea sólo por temporada, señalando al respecto como ejemplos de supuestos no comprendidos en la Ley aquellos arrendamientos que tengan por objeto una actividad industrial, comercial, artesanal, profesional, recreativa, asistencial, cultural o docente, o los que se refieran a breves lapsos de tiempo como los de verano y asimilados”

Por otro lado, en cuanto a los denominados contratos de hospedaje, lo que individualiza y distingue la figura del «hospedaje» es la cesión, contra la entrega de un precio cierto, del uso de una parte de la vivienda arrendada, junto con la prestación al ocupante de algunos servicios complementarios tales como la limpieza y arreglo de la habitación, lavado y planchado de ropa, manutención, etc. , tal y como recoge de forma unánime la Jurisprudencia: Sentencias del Tribunal Supremo de 18 de abril de 1959, 8 de enero de 1960 y 29 de octubre de 1962; Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, sec 13º, de 11 de Mayo de 2006 y  la Sentencia de la Audiencia Provincial de  Madrid, Sec. 21.ª, de 18 de abril de 2001.

 

Este artículo tiene por finalidad explicar la problemática existente en la calificación de los contratos de Arrendamiento de Vivienda, y clarificar los aspectos más relevantes de la misma. El contenido de este mensaje es puramente informativo y en modo alguno la información en él contenida puede suplir el asesoramiento personal de un profesional cualificado del Derecho Inmobiliario.

 

Una vez realizada la anterior advertencia procedo al análisis de la problemática enunciada en el encabezamiento.

 

Tipos de contrato de arrendamiento de vivienda.

 

Existen 2 tipos de contrato de Arrendamiento y a cada uno de ellos le es aplicable un régimen jurídico distinto. La diferencia mas sustancial entre uno y otro tipo de contrato es la duración legal de los mismos.

 

En los contratos de vivienda:

 

a) Contratos con una duración inicial igual o inferior a 5 años:

 

Estos contratos se rigen por lo dispuesto en el Título II de la vigente Ley de Arrendamientos Urbanos (Ley 29/1994, de 24 de noviembre), en su defecto por los pactos contenidos en el mismo y, supletoriamente, por las disposiciones del Código Civil

1. Se aplica el art 9.1 LAU 1994. El arrendatario puede permanecer en la vivienda hasta un MÍNIMO de 5 años(prórrogas de 1 año). 1º excepción: Que el arrendatario comunique fehacientemente al arrendador con, al menos, 30 días de antelación a la finalización del contrato o de cualquiera de sus prórrogas su voluntad de no renovarlo. 2º excepción: Que en el contrato se haya hecho constar expresamente la necesidad para el arrendador de ocupar la vivienda arrendada antes del transcurso de cinco años para destinarla a vivienda permanente para sí o sus familiares en primer grado de consanguinidad o por adopción o para su cónyuge en los supuestos de sentencia firme de divorcio o nulidad matrimonial (art 9.3 LAU 1994).

 

2) Imaginemos que la duración inicial del contrato es de 1 año y la fecha de celebración el 1-1-2000. El Arrendatario no comunica nada a su arrendador hasta el 1-1-2004(4 años). Pues bien, si con al menos 30 días de antelación al 1-1-2005 ninguna de las partes (arrendador o arrendatario) comunica fehacientemente a la otra su voluntad de no renovar el contrato, entrará en juego la prórroga del art 10 LAU 1994.

 

3) Imaginemos que no se ha renunciado a la prórroga y que ninguna de las partes ha notificado su voluntad de no renovar el contrato a la otra. El contrato se irá prorrogando anualmente a voluntad del arrendatario hasta un máximo de 3 anualidades (1-1-2006 a 1-1-2008).

 

4) Imaginemos que una vez llegada la fecha de vencimiento(1-1-2008) el arrendatario permanece 15 día disfrutando de la vivienda con el consentimiento del arrendador. En este caso el contrato entrará en tácita reconducción. La duración, y solo la duración pues el resto del contrato seguirá en vigor, del contrato se regirá por los arts 1566 y 1581 del Código Civil. Es decir, la duración del contrato será anual si la renta se fijó anualmente, mensual si la renta se fijó mensualmente y diaria si la renta se fijó diariamente. 1º Excepción: Que haya requerimiento del arrendador antes o durante esos 15 días. 2º Excepción: Que en el contrato se hubiere renunciado a la tácita reconducción.

 

Son medios de notificación fehaciente según la doctrina y la Jurisprudencia:

- Burofax con acuse de recibo

- Requerimiento o carta notarial.

- El documento firmado con el recibí del receptor en el que conste, además, la fecha. Este supuesto es el de la entrega en mano del documento al destinatario, el cual firma las dos copias del mismo en el apartado Recibí, quedándose con una copia cada una de las partes.

 

b) Contrato de uso distinto al de vivienda(temporada).

 

Estos contratos se rigen con carácter preferente por los pactos contenidos en el mismo, en defecto de dichos pactos por lo dispuesto para arrendamientos del tipo “uso distinto del de vivienda” en la vigente Ley de Arrendamientos Urbanos (Ley 29/1994, de 24 de noviembre, en adelante LAU), y, supletoriamente, por las disposiciones del Código Civil.

 

La duración inicial del contrato la pactan las partes libremente:( 3, 6, 9, 11 …meses, 1,2.... años), así como las posibles prórrogas y su régimen de ejercicio: prórrogas de 1 año, de 6 meses, con preaviso de 1 mes, de 3 meses...

Vg. Contrato de temporada con una duración inicial de 12 meses, del 11 de octubre de 2007 al 11 de octubre de 2008, en el que NO se pacta NINGÚN tipo de prórroga y se RENUNCIA a la tácita reconducción del Código Civil. Este contrato expiraría el día 11 de Octubre de 2008. A partir de esa fecha ambas partes podrían celebrar un nuevo contrato con distintas condiciones: renta, prórrogas, etc..

De esta forma la cuestión a dilucidar es cómo se califica a un contrato de arrendamiento. La Jurisprudencia de forma unánime ha establecido que la duración inicialmente pactada en el mismo no califica por si misma al contrato como de vivienda o temporada. Para calificarlo como de uno u otro tipo es necesario determinar si el arrendatario necesita esa vivienda como permanente o solo temporalmente. A título de ejemplo la Sentencia de la Audiencia Provincial de Soria, año 2005 "Reiteradas sentencias del Tribunal Supremo han establecido, con criterio uniforme seguido de forma constante por las sentencias de las Audiencias Provinciales, que la calificación de arrendamiento de temporada no deriva del plazo concertado sino de la finalidad de la ocupación, ajena a la ocupación como residencia habitual del arrendatario, siendo ocasional y esporádica; de manera que el arrendamiento se hace en atención, no a la necesidad del arrendatario de establecer su vivienda, sino para ocuparla de una forma accidental y en épocas determinadas por razón de circunstancias distintas de la instalación de la residencia permanente y domicilio habitual. El requisito de la temporalidad no está relacionado con el plazo acordado sino con la causa y finalidad de la ocupación que viene determinada por la transitoriedad. Así la STS de 15 de diciembre de 1999 dice que la nota esencial del arrendamiento de temporada es la de haberse convenido el uso durante un plazo concertado para habitar transitoriamente y por razones diversas de modo que la ocupación responde a exigencias circunstanciales, esporádicas o accidentales determinantes del contrato y elevadas expresamente a la condición de causa por las partes y no a la necesidad de habitar como residencia habitual y permanente.”

 

En los contratos de temporada, para que no haya problemas de interpretación, se debe hacer referencia en el mismo a que se trata de un contrato de temporada o uso distinto al de vivienda por:

 

  1. 1)Motivos laborales, por estudios, por separación o divorcio…….
  2. 2)Razones lúdicas o vacacionales: temporada de pesca, de veraneo, de invierno, de vacaciones..

 

En estos caso es importante que se detalle con precisión la duración de la citada temporada de pesca, caza, de esquí etc.. o de las vacaciones(de verano, invierno, primavera..)

 

Por lo tanto, es muy aconsejable que en el contrato conste:

 

- El domicilio habitual del arrendatario (localidad y dirección) y si está empadronado en él.

- El motivo de la temporalidad lo más detalladamente posible. VG Si es por motivos laborales indicar la duración del contrato de trabajo del arrendatario.

- Que el inmueble NO se arrienda con la finalidad de satisfacer la necesidad permanente de vivienda del arrendatario. 

 

Además hay que tener en cuenta que, en principio, el hecho de que el titular de un Arrendamiento de Temporada se empadrone en la vivienda - los certificados de empadronamiento" tendrán carácter de documento público y fehaciente para todos los efectos administrativos" - y ostente la titularidad de los suministros(no confundir con el hecho de que los dé de alta), puede suponer un indicio probatorio de que en realidad se trata de un contrato de arrendamiento de vivienda( Ejemplo: Sentencia de la Audiencia Provincial de Soria de 2004 en un caso en que se discutía la voluntad de las partes en el momento de celebración del contrato objeto de litigio), pero si en el contrato se especifica con claridad y precisión el objeto del mismo, dichas situaciones (empadronamiento y titularidad de suministros) perderán su carácter de indicio probatorio.

Pese a lo anterior, es importante destacar que el acceso al padrón municipal es un derecho y un deber, el cual es regulado por cada municipio y, en muchos de ellos, se exige al solicitante que presente bien un contrato de arrendamiento o bien contrato de suministro de un servicio de la vivienda (agua, gas, electricidad, teléfono, etc.). Incluso en algunos municipios si el solicitante es arrendatario se exige el consentimiento del Propietario-Arrendador. Para éste último supuesto, en caso de que el Propietario-Arrendador no desee dar su consentimiento para que se empadrone el Arrendatario, éste puede solicitar en el Ayuntamiento del que se trate el denominado Volante de empadronamiento, que es un documento de carácter informativo en relación con la residencia y el domicilio habitual – habitualidad no entendida como permanencia a efectos de aplicación de la LAU 1994 - en el municipio. Es válido para la tramitación del DNI, pasaporte, matriculación de vehículos, escuelas deportivas municipales, ayudas de Servicios Sociales, solicitud de prestación por desempleo, etc. en los que no se exija expresamente el Certificado de Empadronamiento.

Armando García Fernández.

Abogado

 

La renuncia a los derechos que la Ley  29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos (en adelante LAU) concede a los arrendatarios es una materia no exenta de polémica, ya que en función del tipo de contrato, de la duración del mismo y de la posición jurídica de cada una de las partes existe o no la posibilidad de renunciar a determinados derechos.

De esta forma debemos distinguir:

  1. 1.Renuncias de derechos por parte del arrendador. En general la LAU 1994 es absolutamente permisiva en este aspecto, permitiendo al arrendador renunciar a los derechos que la misma le concede. Ejemplos: renuncia a su derecho a actualizar la renta, renuncia a su derecho de elevar la renta en caso de llevar a cabo obras de mejora, renuncia a percibir una indemnización por desistimiento anticipado del contrato en contratos de arrendamiento de vivienda de duración superior a 5 años e, incluso en mi opinión, renuncia a exigir una fianza.
  2. 2.Renuncia de derechos por parte del arrendatario. Aquí debemos distinguir entre:

a). Contratos de uso distinto al de vivienda. En éstos prima la voluntad de las partes, por lo que lo único exigido es que la renuncia sea convenida, especifica y concretada al derecho del que se trate de forma precisa, clara y terminante, tal y como ha declarado de forma constante la jurisprudencia del Tribunal Supremo(Sentencias de 5-3 EDJ 1991/2393 3-6, 28 EDJ 1991/10201 y 31-10 EDJ 1991/10348 y 5-12-1991, 14-2-1992 EDJ 1992/1364, 31-10-1996 EDJ 1996/7618 y 19-12-1997 EDJ 1997/8995)

b).Contratos de arrendamiento de vivienda. Aquí debemos distinguir dos supuestos:

b.1) Contratos con una duración inicialmente pactada superior a 5 años. En este caso el arrendatario puede renunciar a:

  • La subsistencia del contrato de arrendamiento en caso de enajenación(venta) de la vivienda.( art 14)
  • El derecho de subrogación en caso de fallecimiento del arrendatario.(art 16.4)
  • Sus derechos de tanteo y retracto sobre la vivienda.(art 25.8)

b.2) Contratos con una duración igual o inferior a 5 años. Es en estos contratos donde mayor número de dudas surgen, pues ni la doctrina ni la jurisprudencia son unánimes respecto a la irrenunciabilidad de determinados derechos o la validez o nulidad de determinados pactos. No se hace mención de los pactos sobre servicios, tasas e impuestos por existir ya innumerables artículos al respecto.

  • Pacto o renuncia a las prórrogas del artículo 9 LAU 1994. La jurisprudencia es unánime al determinar la nulidad de la renuncia así como de cualquier pacto contrario a su contenido. Entre otras muchas las sentencias  AP Madrid, Sec. 14.ª, 566/2009, de 11 de noviembre y  AP Tarragona, Sec. 3.ª, 248/2009, de 3 de julio.
  • Pacto por el que el se excluye la prórroga del artículo 10. Dicho pacto ha sido declarado válido por varias Audiencias Provinciales así como por gran parte de la doctrina científica. A título de ejemplo las sentencias de AP Burgos, Sec. 3.ª, 201/2006, de 25 de abril AP Madrid, Sec. 10.ª, 784/2004, de 12 de julio ,AP Ciudad Real, Sec. 1.ª, 197/2004, de 5 de julio.
  • Pacto por el que se excluye la tácita reconducción civil. La jurisprudencia es unánime al determinar la validez de dicho pacto, ya que no se trata de un derecho que la LAU conceda al arrendatario.
  • Pacto modificando el contenido del artículo 18 LAU 1994. La jurisprudencia es unánime al determinar la nulidad de cualquier pacto contrario a su contenido.
  • Pacto en virtud del cual se incrementa la renta a partir de una determinada anualidad del contrato. La Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, sec 4º, de 28-2-2007, entre otras, ha declarado la nulidad de dicho pacto ya que, “si bien es cierto que la renta se determina libremente por las partes al inicio del contrato, y podrá ser que las partes durante la vida del contrato pactasen otra ,atendidas las circunstancias que estimasen oportunas, o incluso cabe su modificación cuando se producen mejoras, lo que la ley trata con el arct 18 , es proteger al arrendatario , con la finalidad de garantizarle una estabilidad económica en el contrato durante la duración mínima a que tiene derecho.”
  • Pacto en virtud del cual la enajenación(venta) de la vivienda conllevará la extinción del contrato. La jurisprudencia es unánime al determinar la nulidad de dicho pacto.
  • Renuncia del arrendatario al derecho de subrogación. La jurisprudencia es unánime al determinar la nulidad de dicho pacto.
  • Pacto en virtud del cual el arrendatario se obliga al pago de las obras de conservación y reparación de la vivienda. Si bien la doctrina mayoritaria de las Audiencias Provinciales considera nulo dicho pacto, hay que estar a las circunstancias de cada caso en concreto para determinar la nulidad o validez del citado pacto. Ejemplo de ésta última apreciación son las siguientes sentencias:

 

ü  AP Barcelona, Sec. 4.ª, 65/2006, de 17 de febrero

“En el presente caso, en el contrato de fecha 6 de febrero de 2.002 se pactó una renta de 432,72 euros al mes. No obstante, en previsión de las importantes obras estructurales y de rehabilitación integral del edificio (reforma estructural, se cambiaron protecciones, barandillas, escaleras, terrazas, pavimentos, instalaciones eléctricas y de fontanería, se sustituyeron vigas, carpintería y en algunos apartamentos, se hicieron los revestimientos de los cuartos de baño y cocina) según las declaraciones del Arquitecto DON Rodrigo y del Arquitecto Técnico DON Jesús Ángel, al suscribir el contrato, se pactó que el arrendatario abonaría durante los cinco primeros años una renta inferior a la contractual, a cargo de la repercusión a prorrata entre todos los inquilinos del coste de las referidas obras; las obras finalizaron en julio de 2.003 y la parte actora pretende repercutir 120,21 euros mensuales a partir de 1 de octubre de 2.003. Pues bien, lo que es evidente es que declarada la nulidad de la cláusula 23ª, el efecto no sería el pretendido por el arrendatario sino la aplicación desde un inicio de la renta pactada contractualmente de 432,72 euros. Y si aplicamos la renta de 432,72 euros desde el inicio del contrato, sin cláusula de reducción alguna por obras, resultaría, de entrada y sin perjuicio de las posteriores actualizaciones de renta, que durante los siete años de vigencia del contrato, el arrendatario debería pagar la suma total de 36.348,48 euros. Por el contrario, si aplicamos la renta con las reducciones contenidas en la cláusula 23ª y la posterior repercusión de 120,21 euros, resultan los pagos siguientes: 216,36 x 14= 3029,04; 228,36 x 6= 1370,16; 348,57 x 6= 2091,42; 360,61 x 12= 4327,32; 378,65 x 12 = 4543,8; 402,69 x 12= 4832,28; 432,72 + 120,21 x 24= 13270,32, con los que se obtiene un total a pagar durante los siete años de vigencia del contrato de arrendamiento de 33.464,34 euros. En consecuencia, la cláusula pactada en el contrato, por la que el arrendatario se hacía cargo de las obras necesarias para mantener la vivienda y el edificio, no puede declararse nula pues la misma no va en perjuicio del arrendatario como exige el artículo 6 de la L.A.U. de 1.994.”

 

ü  AP Valencia, Sec. 7.ª, 269/2006, de 5 de mayo

“Igualmente son de cuenta y cargo del inquilino los gastos ocasionados por los desperfectos que se produzcan ya sean cristales, cerraduras y demás utensilios de las instalaciones y su perfecto entretenimiento. Los gastos de conservación, reparación y sustitución de los elementos arrendados y especialmente de instalaciones de agua, electricidad, aire acondicionado y bomba de calor, baño, bidet, grifos, water, lavabo, antena de televisión y en general todos los desagües, atascos, arreglo de la cocina, o tuberías de cualquier clase, paredes, embaldosados, techos, así como la conversación (sic) y sustitución de persianas, serán íntegramente de cargo del inquilino", todo ello con relación a la reclamación que se formula la arrendadora de 1.118,38 Euros por la reparación del aire acondicionado. Invoca la parte, que es obligación de la propietaria mantener la vivienda arrendada en las condiciones que se pactó, y puesto que la demandante cobra por su uso, debe asumir su reparación. Invoca el artículo 21 de Ley de Arrendamientos Urbanos.

Centrándonos en la materia objeto de estudio, observamos que el artículo 21 de Ley de Arrendamientos Urbanos impone a la arrendadora la obligación de realizar, sin derecho a elevar por ello la renta, todas las reparaciones que sean necesarias para conservar la vivienda en las condiciones de habitabilidad para servir al uso convenido, salvo cuando el deterioro de cuya reparación se trate sea imputable al arrendatario a tenor de lo dispuesto en los arts. 1563 y 1564 y al arrendatario la de ejecutar las pequeñas reparaciones que exija el desgaste por el uso ordinario de la vivienda.

Prima facie, al amparo de los preceptos citados, el contenido de la cláusula citada parece abusiva, ahora bien, las alegaciones de la parte demandante exigen un previo análisis del contenido íntegro del contrato para determinar si existe un perjuicio para el arrendatario, requisito necesario para poder decretar su nulidad, al amparo del artículo 6 citado.

Así, analizado el contenido del contrato comprobamos que como contraprestación a la obligación de reparar que asumía el arrendatario, la arrendadora le eximía del pago de todos los gastos de comunidad y nunca repercutió el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, y estos dos pactos impiden que podamos apreciar la existencia, sin más, perjuicio para el arrendatario, criterio que corroboran los actos propios del demandado pues fue él quien el día 27 de julio de 2004, efectuó aviso a la empresa Mantenimiento Rochina para que procedieran a reparar la avería en el equipo de aire acondicionado.

Esta conducta, determina una aceptación por parte del demandado de su obligación de llevar a cabo la reparación, solo contradicha por la comunicación remitida a la demandante el día 30 de agosto de 2004, sin que se haya aportado ningún otro documento en el que se refleje las quejas a las que alude por la falta de medidas correctoras. A todo lo expuesto, debemos añadir que la instalación de aire acondicionado no puede considerarse como un electrodoméstico necesario para la habitabilidad de la vivienda, sino como una mejora o utilidad en zonas cálidas y su reparación debe incluirse dentro de las propias de los electrodomésticos y derivadas del uso de los mismos.”

  • Renuncia del arrendatario a sus derechos de tanteo y retracto sobre la vivienda. La jurisprudencia es unánime al determinar la nulidad de dicho pacto. A título de ejemplo la Sentencia de la AP Málaga, Sec. 5.ª, 631/2004, de 25 de mayo: “…..a tenor de la cláusula 12 "Se prohibe expresamente la cesión y el subarriendo en todo o en parte de la vivienda objeto del contrato, reservándose así mismo el propietario el derecho de tanteo o en su caso de retracto"; sin embargo, no se recoge de forma expresa que el arrendatario renuncia a los referidos derechos; y aunque los recogiera, tal renuncia sería nula por cuanto que el art. 25 párrafo 8º dispone que "El pacto por el cual el arrendatario renuncia a los derechos de tanteo y retracto será válido en contratos de duración pactada superior a cinco años"; luego como éste contrato tan sólo ha durado dos años es evidente que aquélla cláusula, en el caso de haber querido decir que el arrendatario renuncia a dichos derechos, sería nula y se tendría por no puesta; por lo que tampoco éste puede ser motivo de estimación del recurso.”

 

¿Es obligatorio acudir a un experto en arrendamientos urbanos para realizar un contrato de arrendamiento.?.

¿Es válido el contrato realizado por el arrendador o el arrendatario en papel normal.?.

 

Los contratos celebrados entre particulares sin la mediación de un profesional experto en la materia son perfectamente válidos, entendiéndose la citada validez como ausencia de la obligación de que en la redacción de  los mismos deba mediar, por imposición de la Ley, un profesional de la abogacía u otro tipo de profesional (Notarios, gestores, etc..). Pese a ello siempre es recomendable, sobre todo cuando es la primera vez que alguien va a arrendar una vivienda, ya sea como arrendador o como arrendatario, la participación de un profesional experto en arrendamientos urbanos – un abogado en mi opinión - por un lado en la redacción y, por otro lado, en la supervisión del contrato si el mismo ha sido redactado por persona distinta a un especialista en la materia.

 

Las razones que sustentan el anterior consejo son varias, destacando las siguientes:

 

  1. La Ley de Arrendamientos Urbanos vigente – en adelante LAU 1994 – adolece de serias lagunas que deben ser suplidas mayoritariamente por la aplicación del Código Civil y, en menor medida, por otras Leyes de igual o inferior rango jerárquico como, por ejemplo,  la Ley de Propiedad Horizontal. La citada normativa es bien conocida por un profesional de la abogacía debido a su profesión.

 

  1. Íntimamente relacionado con lo anterior es el hecho objetivo de la necesidad de conocer los derechos y obligaciones dimanantes de cada pacto plasmado en el contrato, pues auque el contrato de arrendamiento esté “bien hecho” en la práctica diaria surgen infinidad de conflictos entre las partes contratantes – arrendador y arrendatario – debido a la ignorancia sobre el alcance y efectos de lo pactado en el contrato. Es decir, tan importante es el contenido del contrato como el asesoramiento detallado a las partes de los efectos y alcance del mismo.

 

  1. En la red existen varios modelos de contratos de arrendamiento que cualquier usuario puede descargarse o simplemente copiar su contenido. El uso de estos contratos puede acarrear serios problemas a las partes que los firmen puesto que, por un lado, contienen cláusulas nulas de pleno derecho y, por otro, dejan sin regular cuestiones de trascendente relevancia.

 

A continuación expongo uno de los modelos de contrato de arrendamiento de vivienda con mayor presencia en la red – aparece en Google entre las 20 primeras entradas 7 veces -. En el mismo he subrayado aquellas partes erróneas o insuficientes y en negrita la explicación jurídica.

 

 

En ______ (ciudad), a __________________ (fecha)

 

REUNIDOS

 

De una parte, _________________________________ (nombre y apellidos)

 

Y de la otra, __________________________________ (nombre y apellidos)

 

INTERVIENEN

 

Cada uno en su propio nombre y derecho, y se reconocen mutuamente capacidad suficiente para el otorgamiento del presente CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.

 

EXPONEN

 

I)- Don _____________________, con D.N.I. número ____________ , denominado en lo sucesivo y a efectos del contrato de arrendamiento ARRENDADOR, que es propietario de pleno dominio de la vivienda sita en __________ (dirección vivienda objeto del contrato).

 

II)- Don _____________________, con D.N.I. número _____________, denominado en lo sucesivo y a efectos del presente contrato ARRENDATARIO, que está interesado en alquilar la mencionada finca, para lo cual, ambos acuerdan formalizar el contrato que se articula en las siguientes cláusulas:

 

Los datos personales de los contratantes son insuficientes.

 

CLAUSULAS

 

PRIMERA.- El presente contrato se otorga confome a lo establecido en la ley 29/1994, de 24 de Noviembre, de Arrendamientos Urbanos y se regirá por lo dispuesto en la misma, y por lo pactado en este documento.

 

El contenido es correcto, pero deficitario.

 

SEGUNDA.- El piso objeto del presente contrato es la vivienda sita en _____________, y que se destinará para uso exclusivo de vivienda del arrendatario y de su familia, con exclusión de todo otro uso, y no podrá por consiguiente, cederlo, realquilarlo o subarrendarlo, en todo ni en parte, ni alojar en él a huéspedes sin permiso escrito del propietario.

 

Falta el número de referencia catastral de la vivienda, cuya inclusión en el contrato es obligatoria.

 

TERCERA.- El contrato comenzará a regir a partir del día ….., concertándose el arrendamiento por el plazo de UN AÑO.

 

Concluido el período contractual pactado, el contrato se prorrogará por la tácita, por períodos de un año, mientras una de las partes no notifique a la otra, en el plazo de 15 días antes de la fecha de vencimiento del contrato o de alguna de sus eventuales prórrogas, su deseo de darlo por terminado.

 

La parte subrayada  es nula de pleno derecho por aplicación del artículo 6 LAU 1994 en relación al artículo 9 de la citada Ley.

 

En cualquier caso, si el arrendatario quisiera desistir del cumplimiento total del contrato, deberá de indemnizar al arrendador con una cantidad equivalente a 1 mensualidad de la renta en vigor por cada año del contrato que reste por cumplir. Los períodos de tiempo inferior a un año, darán lugar a la parte proporcional de la indemnización.

 

La parte subrayada es conforme a derecho, pero carece parcialmente de aplicación en un contrato con una duración inicialmente pactada de 1 año.

 

CUARTA.- La renta inicial se establece en la cantidad de ….. mensuales, debiendo de satisfacerse por el arrendatario dentro de los ……(indicar número) primeros días de cada mes.

 

El importe de la renta deberá pagarse en el domicilio del arrendador o en la Cuenta Corriente núm. ………….(indicar los 20 dígitos de la cuenta).

 

La parte subrayada derivará en confusión al establecer dos formas de pago distintas e incompatibles entre sí.

 

Las partes contratantes convienen que el importe total de la renta que en cada momento satisfaga el arrendatario durante la vigencia del contrato y en sus posibles prórrogas, se acomodará cada año a las variaciones que, en más o menos, sufra el Indice General de Precios al Consumo que fije el Instituto Nacional de Estadística ( u organismo que le sustituya en el futuro), aplicando sobre aquella renta el porcentaje que represente la diferencia existente entre los índices que correspondan al período de revisión, teniendo en cuenta que el mes de referencia para la primera actualización será el último índice que esté publicado en la fecha de celebración del contrato, y en las sucesivas el que corresponda al último publicado.

Las revisiones tendrán carácter acumulativo, de forma que la primera revisión se efectuará tomando como base la primera renta inicialmente convenida y, para las sucesivas, la renta revalorizada (renta + incrementos), como consecuencia de actualizaciones precedentes.

 

En ningún caso la demora, retraso o tardanza en la aplicación de dicha acomodación implicará pérdida, renuncia o abdicación del derecho del arrendador a practicar la misma.

Así, las partes convienen que tendrá plena eficacia vinculante la notificación que practique el arrendador o su administrador por nota en el recibo de la mensualidad precedente a aquel en que la revalorización de renta haya de surtir efecto.

 

QUINTA.- El arrendatario, quién previamente ha procedido al examen exhaustivo del piso y sus accesorios, declara recibir todo lo que es objeto del arriendo en perfecto estado para el uso a que se destina, y en igual estado ha de devolverlo una vez finalizado el contrato, siendo de cuenta de él mismo todas las reparaciones que hayan de realizarse por daños causados por él, o personas que del mismo dependan, en el edificio o vivienda como consecuencia de mal uso, omisión o negligencia. Serán así mismo por cuenta del arrendatario las reparaciones que exija el desgaste por el uso ordinario de la vivienda.

 

La parte subrayada es parcialmente incorrecta por inaplicación del artículo 21.4 LAU 1994

 

Los servicios de gas, electricidad, teléfono y cualesquiera otros que pudieran ser susceptibles de individualización mediante contadores serán también por cuenta del arrendatario, que deberá contratarlos por su cuenta con las empresas suministradoras.

 

Si bien la parte subrayada es conforme a derecho, la misma no deriva de ninguna disposición legal, por lo que puede ser objeto de negociación entre las partes.

 

SEXTA.- Los gastos de comunidad, y todos los que se refieran a la propiedad de la vivienda como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, serán por cuenta del arrendador.

 

Si bien la parte subrayada es conforme a derecho, puede ser objeto de negociación entre las partes.

 

El arrendatario deberá respetar y cumplir en todo momento las normas por las que se rige la comunidad de propietarios de la que forma parte el piso arrendado.

El arrendatario se obliga a permitir el acceso al piso al propietario y a las personas y/o profesionales designados por el mismo para la inspección y comprobación del estado de la vivienda y sus elementos, así como para la realización de cualquier tipo de obra o reparación que pudiera ser necesario llevar a cabo tanto en la vivienda arrendada como en el edificio del que forma parte.

 

La parte subrayada es nula de pleno derecho por aplicación del artículo 6 LAU 1994 en relación con el artículo 21.3 de la citada Ley.

 

SÉPTIMA.- Salvo que el arrendador lo autorice previamente y por escrito, queda prohibida la realización de obras y la modificación de las instalaciones; tener en el piso materiales peligrosos y/o antihigiénicos o que puedan perturbar la normal convivencia entre vecinos; el subarriendo o la cesión de la vivienda; la colocación de cualquiera elementos que modifiquen la uniformidad o la estética del edificio y dar a la vivienda cualquier otro uso que no sea el de servir como vivienda habitual al arrendatario.

 

El arrendatario será el único responsable de cuantos daños, tanto físicos como materiales puedan ocasionarse a terceros, como consecuencia, directa y indirecta de su habitabilidad en la vivienda, eximiendo de toda responsabilidad al propietario, incluso por daños derivados de instalaciones para servicios o suministros.

 

La declaración de exención de la responsabilidad corresponderá, llegado el caso, a los Juzgados y Tribunales.

 

OCTAVA.- Por el arrendatario se constituye en este acto FIANZA por importe de….. que equivale a 1 mensualidad de renta, que responderá del pago del alquiler, de los perjuicios por incumplimiento de las obligaciones contractuales y de los daños originados en el inmueble.

 

Durante el primer año de duración del contrato, la fianza no estará sujeta a actualización, pero transcurrido dicho plazo, se actualizará en la cuantía que corresponda hasta que aquella sea igual a una mensualidad de la renta vigente en cada momento.

 

La parte subrayada es nula de pleno derecho por aplicación del artículo 6 LAU 1994 en relación con el artículo 36.2 de la citada Ley.

 

NOVENA.- El arrendatario hace expresa y formal renuncia a todos los beneficios y derechos especiales que le concede la Ley 29/1994 de Arrendamientos Urbanos, y que teniendo el carácter de renunciables, no se le reconozcan expresamente en el presente contrato.

 

La parte subrayada es nula de pleno derecho por aplicación del artículo 6 LAU 1994 en relación con el artículo 25 de la citada Ley, ya que el contenido de la cláusula sólo es válido para contratos de arrendamiento de vivienda con una duración inicialmente pactada superior a 5 años 

 

DÉCIMA.- Las partes convienen que de producirse el fallecimiento del arrendatario una vez transcurridos dos años más tres años de prórroga, no será de aplicación el régimen de subrogación mortis causa que regula el Art. 16 de la Ley de Arrendamientos Urbanos. De producirse dicha defunción en el plazo citado, el arrendamiento se extinguirá al cumplirse dicho plazo sea quien fuera el que hubiera sucedido al arrendatario en el arrendamiento.

A efectos del Art.14 de la vigente ley de Arrendamientos Urbanos y a cuantos otros pudieran resultar pertinentes, las partes convienen que la enajenación de la vivienda extinguirá el arrendamiento.

 

La parte subrayada es nula de pleno derecho por aplicación del artículo 6 LAU 1994, ya que el contenido de la cláusula sólo es válido para contratos de arrendamiento de vivienda con una duración inicialmente pactada superior a 5 años 

 

Fdo.: EL ARRENDADOR Fdo.: EL ARRENDATARIO” 

 

Armando García Fernández.

Abogado

Prueba de contenbidos para violencia de género

 

Existen distintos modelos de contratos laborales que pueden adoptarse según la situación del trabajador que se desee contratar.

En la pagina web del Servicio Público de Empleo Estatal, se puede encontrar una descripción detallada de los mismos. El enlace es el siguiente:

http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/empresas/contratos_trabajo/ah010305.html

 

SALARIOS Y NOMINAS


¿Qué es el salario?


El salario está constituido por todas las percepciones  económicas de  los trabajadores, en dinero o especie por la prestación de servicios laborales por cuenta ajena, como consecuencia de la retribución de su trabajo efectivo o los periodos de descanso computables como de trabajo.

 

¿Cuál es la estructura del salario?


-          Salario Base (es la retribución fijada por unidad de tiempo o de obra)

-          Complementos salariales (cantidades que se añaden al salario base para concretar el salario) Existen varias clasificaciones , pero de forma genérica se pueden fijar atendiendo a:

Las condiciones personales del trabajador (antigüedad, idiomas, títulos o conocimientos especiales…)

Por razón del trabajo realizado (plus de nocturnidad, pluses de toxicidad, penosidad, peligrosidad, por flexibilidad, por calidad o cantidad de trabajo realizado,  por residencia, por festivos

Por situación y resultados de la empresa (complementos en función de los beneficios obtenidos por la empresa; primas por productividad; participación en capital de la empresa…)

 

¿Quién debe establecer el salario?


El salario se suele establecer mediante negociación colectiva o en su defecto por contrato laboral.

 

¿Qué retribuciones no tienen la consideración de salario?


-          Indemnizaciones o suplidos por los gastos realizados como consecuencia de su actividad laboral.

-          Prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social.

-          Los pluses de distancia y transporte.

-          Indemnizaciones correspondientes a traslados., suspensiones o despidos. Además de otras indemnizaciones.

 

¿Qué derechos tienen el trabajador respecto al salario?


Al abono del salario  que debe realizarse por el empleador en la fecha y lugar establecidos generalmente coincidiendo con el mes natural. 

A  obtener  un recibo de los salarios mensualmente, que puede ajustarse a un modelo oficial legalmente establecido o que se establezca por convenio colectivo o acuerdo entre empresario y representantes de los trabajadores que acredite las distintas percepciones que se perciben y las deducciones legalmente establecidas

A solicitar anticipos a cuenta del trabajo ya realizado.

A  percibir un interés del 10 por 100 anual por mora sobre el importe del salario, en caso de retraso en el pago.

A que el empresario se encargue de realizar las retenciones que legalmente procedan sobre las retribuciones para el abono de las mismas.

A percibir como mínimo 2 pagas extraordinarias de carácter anual de una cuantía que se pacte por Convenio Colectivo o por acuerdo entre empresario y representante de los trabajadores. (En algunos casos puede prorratearse su importe mensualmente)

A que su salario no sea inferior al salario mínimo interprofesional

 

¿Cuál es el salario mínimo interprofesional?


Que es el salario que se fija por el Gobierno anualmente en función del índice de Precios al Consumo, la productividad media, el incremento de participación del trabajo en la renta nacional y la coyuntura económica general.

Las cuantías que fija constituyen unas cantidades mínimas que actúan como garantía salarial.

El importe del salario mínimo es inembargable.

 

 

NOMINA

 El trabajador tiene derecho a  obtener  mensualmente  un recibo de los salarios  que es el que coloquialmente se conoce como  “nomina” que puede servir como justificante del abono del salario para el empleador.

El empleador puede entregarlo  ajustándose a un modelo oficial legalmente establecido o que se establezca por convenio colectivo o acuerdo entre empresario y representantes de los trabajadores.

Lo fundamental es que acredite las distintas percepciones que se perciben y las deducciones legalmente establecidas.

Existe la posibilidad de entregar recibos  de salarios por periodos inferiores  al mes natural  siempre que se documenten dichos abonos como anticipos a cuenta de la liquidación definitiva.

El recibo de salarios será firmado por el trabajador al hacerle entrega del duplicado del mismo y abonarle, en moneda de curso legal o mediante cheque o talón bancario, las cantidades resultantes de la liquidación.

La firma del recibo dará fe de la percepción por el trabajador de dichas cantidades, sin que suponga su conformidad con las mismas. Si se realiza el abono del salario mediante transferencia  bancaria se le entregará al trabajador un duplicado del recibo sin ser necesaria la firma, debiendo conservarse a efectos legales por el empleador, estos abonos  durante un periodo mínimo de 4 años.

 

¿Cómo se puede entender una nómina?


El modelo oficial se compone de tres apartados:

 

-          Cabecera: que incluye todos los datos identificativos, tanto del empleador como del trabajador.

-          Cuerpo de la nómina: que incluye tanto los devengos como las deducciones.

Devengos o percepciones: En el que se reflejan todos los conceptos retributivos.

Deducciones: Que son las aportaciones económicas que el empleador descuenta para hacer frente a las cotizaciones al Régimen General de la Seguridad Social, cuota sindical, retenciones para el impuesto del IRPF, anticipos y otros conceptos deducibles.

-          Determinación de las bases de cotización al Régimen general de la Seguridad Social.

Cálculos que se realizan para las cotizaciones al régimen de la Seguridad Social.

 

 CONTRATOS LABORALES

 

¿Qué es un contrato de trabajo?


Por contrato de trabajo se entiende de forma genérica aquel en que por acuerdo de una o varias personas  se acuerdan la obligación de ejecutar una obra o prestar un servicio por parte del trabajador bajo la dependencia de un empresario a cambio de una remuneración.

 

¿Qué personas pueden firmar un contrato laboral?


-          Los mayores de edad.

-          Los menores de 18 años legalmente emancipados.

-          Mayores de 16 y menores de 18 con  autorización de los padres o de quien los tenga a su cargo. Si viven de forma independiente, con el consentimiento expreso o tácito de sus padres o tutores.

Los extranjeros de acuerdo con la legislación que les sea aplicable

 

¿Qué obligaciones se generan de forma genérica  por el contrato laboral?

 

Para el  trabajador:

Cumplir las obligaciones  que se imponen conforme al  puesto de trabajo según los principios de buena fe y diligencia.

Cumplir las medidas de seguridad e higiene que sean adoptadas.

Cumplir las órdenes e instrucciones del empresario en el ejercicio de su función directiva, siempre que no atenten contra la integridad física o derechos fundamentales.

No realizar actividades en competencia desleal con la empresa.

Contribuir a mejorar la productividad.

En general cumplir todas las obligaciones que se establezcan en el contrato de trabajo y en la normativa laboral vigente.

 

Para el empleador:

Se le generan distintas obligaciones en relación con el contrato de trabajo. 

Debe informar por escrito al trabajador sobre los elementos esenciales del contrato y sobre la forma de ejecutar la prestación laboral en el caso de que no figuren por escrito para los contratos de duración superior a cuatro semanas.

Debe entregar copia básica de los contratos formalizados por escrito  y  de las prórrogas de dichos contratos en un plazo de 10 días, a los representantes legales de los trabajadores (excepto de los contratos de relaciones especiales de alta dirección para los que será suficiente la notificación).

Deberá enviar copia al  Servicio Público de empleo. Esta notificación se podrá realizar por medios telemáticos.

Cumplir los términos indicados en el contrato.

Obligación de ocupación efectiva de puesto de trabajo para el trabajador.

Obligación de favorecer la promoción y formación profesional en el trabajo.

Obligación de no discriminar para el empleo a ningún trabajador.

Obligación de proteger la integridad física de los trabajadores

Respeto a la intimidad y dignidad

Obligación de abonar la remuneración pactada

 

¿Qué derechos se generan de forma genérica por el contrato laboral?


Para el trabajador:

A la ocupación efectiva durante la jornada de trabajo.

A la promoción y formación en el trabajo.

A no ser discriminados para acceder a un puesto de trabajo.

A la integridad física, al respeto a  la intimidad y dignidad.

A percibir puntualmente la remuneración pactada.

Los demás que se establezcan en el contrato de trabajo.

El derecho al trabajo y a la libre elección de profesión u oficio.

A la libre sindicación.

Al derecho de huelga y de reunión.

A la información, consulta y participación en la empresa.

 

Para el empleador:

Poder de dirección  y organización de su actividad empresarial.

Poder sancionador y  disciplinario respecto a los incumplimientos laborales.

Libertad de asociación y de actuación de mercado con los límites legalmente establecidos.

 

¿Debe tener alguna forma especial el contrato de trabajo?

 

El contrato de trabajo puede formalizarse por escrito o de palabra.

Si lo exige alguna disposición legal y en concreto en algunas modalidades de contrato  que se concretan a continuación, es obligatorio el que se formalice por escrito:

Prácticas.

Formación.

Para la realización de una obra o servicio determinado.

A tiempo parcial, fijo discontinuo y de relevo.

A domicilio.

Trabajadores contratados en España al servicio de empresas españolas en el extranjero.

Los contratos por tiempo determinado, cuya duración sea superior a cuatro semanas.

Cada una de las partes podrá exigir que el contrato se celebre por escrito, en cualquier momento del transcurso de la relación laboral.

 

¿Cuánto tiempo puede durar un contrato de trabajo?

 

Se pueden establecer  contratos laboral es de duración determinada o de carácter indefinido. Salvo que se pacte algo diferente en el contrato se presume que todo contrato de trabajo es indefinido y a jornada completa.

En las disposiciones legales que  desarrollan los requisitos de los contratos temporales, se establecen la duración mínima y máxima de  los mismos.

En los contratos laborales se puede establecer  de forma optativa un periodo de prueba.

Durante el periodo de prueba el contrato de trabajo puede ser resuelto por ambas partes (sin necesidad de preaviso ni alegar causa) pero si transcurrido el mismo no ha habido desistimiento, el trabajador tiene los mismos derechos y obligaciones que le corresponderían por  su puesto de trabajo, computándose  la antigüedad adquirida.

Los límites de duración del periodo de prueba se pactan por Convenio colectivo debiéndose pactar por escrito en su defecto la duración no podrá exceder de:

-          6 meses para los técnicos titulados

-          2 meses para el resto de trabajadores

En las empresas con menos de 25 trabajadores, el período de prueba no podrá exceder de tres meses para los trabajadores que no sean técnicos titulados.

La situación de incapacidad temporal, maternidad, adopción o acogimiento que afecte al trabajador durante el período de prueba interrumpe el cómputo del mismo, siempre que se produzca acuerdo entre ambas partes.

No se podrá establecer período de prueba cuando el trabajador haya ya desempeñado las mismas funciones con anterioridad en la empresa, bajo cualquier modalidad de contratación.


AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA QUE POR TURNO CORRESPONDA


DOÑA ……………………………….., Procuradora de los Tribunales y de …………………………………………, S.L., cuya representación se acreditará por medio de comparecencia “ apuc acta “ en el día y la hora que a tal efecto se señale, actuando bajo la dirección técnica del letrado DON VICENTE JAVIER SAIZ MARCO, colegiado con número cronológico 59.795, del Colegio de Madrid, ante el Juzgado comparezco y como más procedente sea en Derecho, DIGO:

 

Por medio del presente escrito formulo DEMANDA DE JUICIO DECLARATIVO ORDINARIO EN RECLAMACION DE COMISIONES Y RETRIBUCIONES COMPENSATORIAS ADEUDADAS HASTA EL MOMENTO DE LA EXTINCION DEL CONTRATO DE AGENCIA, INDEMNIZACION POR CLIENTELA E INDEMNIZACION POR FALTA DE PREAVISO, todo ello sobre la base de lo establecido en los artículos 11 y siguientes, 25, 28 y concordantes de la Ley 12/92, de 27 de mayo, de Contrato de Agencia.

 

La parte actora es la mercantil ……………………………………. S.L, con CIF ………………………………….., y domicilio en …………………………………………….

La parte demandada es la mercantil…………………………………. S.L, con CIF ……………………………………., con domicilio en ………………………………………………..

Todo ello en base a los siguientes,

 

HECHOS

 

PRIMERO.- En fecha ... mi representada recibe burofax remitido por la demandada en el que le comunica lo siguiente:

“Por la presente le comunicamos que con efectos del día ... damos por rescindida la relación comercial con su firma “ …………………………………………. S.L “ por entender que está realizando una competencia desleal a nuestra empresa, la causa de esta decisión es que ustedes están vendiendo producto de nuestra competencia “

Se aporta como documento nº 1 comunicación de la demandada rescindiendo el contrato.

 

Hasta la recepción de dicha comunicación subsistía entre las partes un contrato mercantil verbal de agencia desde, al menos, noviembre del año . Queda marcada esta fecha puesto que los documentos que ha podido recabar esta parte en aras a la acreditación de la relación entre las partes se remontan a aquella fecha, sin perjuicio de dejar manifestado que la relación mercantil surgió con anterioridad.

Se aportan como documentos 2, 3, 4 y 5 diversos documentos que obran en poder de mi representada de fechas ..., ..., ... y ..., donde constan las negociaciones del representante por aquel entonces de mi representada, D. …………………………………., por cuenta de la demandada, con uno de los clientes, Supermercados ………………….. S.A.

Se aportan como documentos 6 y 7 diversos documentos que obran en poder de mi representada de fecha ..., donde constan las negociaciones del representante de mi representada, D. ………………………………….., por cuenta de la demandada, con uno de los clientes, ……………………. S.A.

Se aporta como documento nº 8 escrito de la demandada de fecha ... confirmando que la zona de trabajo de mi representada es, en aquel momento, ………………………………………………….

En este punto debemos reseñar que en los últimos años previos a la extinción contractual mi representada venía promocionando y comercializando productos fabricados por la demandada en la zona de ……………….., exclusivamente.

Se aporta también como documento nº 9 escrito de la demandada en relación a las conclusiones de la Convención celebrada en ...

……………………………….. S.L, en consecuencia, ha venido desarrollando actos de promoción y conclusión de operaciones mercantiles, de forma continuada y estable, por cuenta de la demandada,………………………………. S.L y que se proyectaban a la aceptación de clientela para la demandada, conservando mi representado su organización empresarial, pero desarrollando su actividad como efectivo intermediario independiente , no asumiendo los riesgos de los negocios en los que participa, que los soporta, en este caso, la demandada, percibiendo mi representado el precio convenido por su actividad.

Las comisiones a percibir por mi representada se determinan en el documento nº 10 que se aporta siendo estas del 3%, 5%, 7,5% o 10 % en función de los parámetros establecidos en dicho documento, si bien es cierto que los porcentajes aplicables en la práctica son los siguientes:

10% de comisión para ventas en las que no se realiza ningún descuento

5% de comisión en ventas en las que se realizan descuentos autorizados por el fabricante, en nuestro caso, ……………………… S.L

3% de comisión en productos vendidos para que a su vez los clientes los pongan a la venta como marca propia (marca blanca).

Tal como ha quedado de manifiesto, la relación mercantil se mantuvo hasta el ..., fecha en la que fue resuelta por la demandada de forma unilateral e incumpliendo el preaviso establecido en el artículo 25 de la Ley 12/92, de Contrato de Agencia, habiendo subsistido dicha relación por un periodo de superior a diez años.

 

SEGUNDO.- En fecha ...el despacho de abogados VS Abogados, en nombre de mi representada remite burofax a la demandada en los siguientes términos:

“ Muy señores nuestros:

Por medio de la presente en nombre y representación de la mercantil, ……………………………………. S.L domiciliada en …………………………………………, procedemos a dar cumplida respuesta a la comunicación de ..., remitida por ustedes.

En dicha comunicación proceden a dar por finalizada de manera unilateral la relación comercial existente entre las partes y sometida a la Ley 12/92, de Contrato de Agencia, alegando una serie de incumplimientos tales como venirse realizando actos de competencia desleal.

Y en relación a la misma ponemos en su conocimiento que son inaceptables por mi representada las razones que reflejan en la comunicación siendo falsa la imputación de que haya desarrollado su encargo de manera desleal, no habiendo favorecido la venta de productos de su competencia, por lo que habiéndose producido una rescisión unilateral por su parte de la relación existente les instamos a que de forma inmediata procedan a abonar la cantidad resultante por falta de preaviso establecida conforme al salario medio mensual determinado por las comisiones percibidas a lo largo de los últimos cinco años y por un total de seis mensualidades, aplicación hecha de lo contenido en el art. 25 de la citada ley, tomando en consideración que la relación comercial supera los seis años de vigencia, asi como la indemnización por clientela conforme a lo contenido en el art. 28 de le Ley 12/1992, además de cualquier otra cantidad que pudiera estar pendiente de liquidación en concepto de comisiones devengadas pendientes.

Bien entendido que la falta de abono de las cantidades pendientes conforme a los parámetros establecidos en la Ley de Contrato de Agencia, faculta a esta parte para interponer las acciones judiciales en defensa de sus intereses. “

Se aporta como documento nº 11 este burofax

 

TERCERO.- RECLAMACION DE COMISIONES DEBIDAS

Tal como consta en el documento nº 1 aportado, la demandada extinguió la relación mercantil existente con fecha de efectos ... si bien la notificación a mi representada no llegó hasta el .... Hasta esa fecha estaban pendientes de abono las retribuciones debidas a mi representada por ventas concluidas durante el cuarto trimestre de ...y durante los meses de enero y febrero de..., en concreto hasta el..., fecha en la que mi representada recibe el burofax de extinción de la relación, no habiéndose procedido al abono de las mismas a pesar de que las correspondientes facturas obran en su poder.

 

Las cantidades adeudadas se corresponden con las siguientes:

                1.- FRA nº 250408   … 4T 2008

Comisiones …… 960,30 … IVA 16% … 153,65…   Total 1.113,95 euros

                2.- FRA nº 250109   …   ENERO/ FEBRERO 2009 …

Comisiones …… 956,77 … IVA 16% … 153,08… Total 1.109,86 euros

En relación a la primera de ellas se aporta la factura de comisiones devengada por mi representada ……………………………. S.L.. Dicha factura coincide con la liquidación efectuada por la demandada en relación a las ventas realizadas en el cuarto trimestre de ... a través de la intermediación de mi representada, extrayendo del importe de dichas ventas la comisión devengada. Además se aportan las facturas emitidas a lo largo de ese trimestre por la demandada a los diferentes clientes en la zona de influencia de mi representada, que se corresponden con las ventas efectuadas a través de la mediación de ………………………………………….. S.L.

Se aporta como documento nº 12 factura de comisiones relativa al cuarto trimestre de ... emitida por mi representada, listado de las liquidaciones realizadas por la demandada y facturas de ventas emitidas por la demandada correspondientes a dicho trimestre.

Tal como se aprecia el sistema de remuneración de comisiones era trimestral. Cuando finalizaba un trimestre la demandada procedía a emitir una liquidación de comisiones en función de las ventas efectuadas en la zona de influencia que remitía a mi representada junto con las facturas de ventas de la demandada a los clientes. Tras ser verificada esa documentación por mi representada se emitía la correspondiente factura trimestral de comisiones.

En relación a la segunda de ellas se aporta la factura de comisiones devengadas por mi representada, ……………………………………. S.L, en relación a las ventas efectuadas por la demandada a lo largo del mes de enero y febrero de ..., entendiendo por febrero hasta la fecha del 24 de febrero en la que se recibe el burofax de extinción remitido por la demandada. En relación a estas ventas la demandada no efectuó el envío del listado de las liquidaciones correspondientes a ese periodo por lo que mi representada emitió la factura de comisiones devengadas en base a los importes de las facturas de ventas efectuadas por la demandada en ese periodo.

Se aporta como documento nº 13 factura de comisiones relativa al primer trimestre de ... ( enero y del 1 al 24 de febrero ) emitida por mi representada y facturas de ventas emitidas por la demandada correspondientes a dicho periodo.

 

CUARTO.- INDEMNIZACION POR CLIENTELA

 

El artículo 28 de la Ley 12/1992, de 27 de mayo, sobre el Contrato de Agencia establece el derecho del agente a recibir una indemnización por los nuevos clientes aportados cuando estos pueden continuar produciendo ventajas sustanciales al empresario y resulte equitativamente justo. También la doctrina del Tribunal Supremo apunta en esta dirección cuando establece en la STS de ... que “ al extinguirse el vínculo, si el concedente continúa disfrutando y favoreciéndose de la clientela generada por la actividad profesional de su corresponsal, que ha cumplido sus obligaciones, se produce un perjuicio de los intereses de este, correspondiendo tal situación con la del enriquecimiento sin causa, que justifica la indemnización que corresponda que se ha producido un desplazamiento de los clientes y una ventaja económica añadida por su disfrute, que deviene de las labores de captación y esfuerzo ajenos, que redundan en perjuicio del colaborador por la disminución o pérdida en sus propios negocios futuros , pues no puede percibir comisiones ni otras retribuciones de la clientela perdida “.

 

De acuerdo al vínculo mercantil vigente entre las partes, mi representado se ha dedicado a la búsqueda de clientes, así como a la promoción de los productos la demandada, ………………………… S.L, desempeñando su actividad con el máximo celo y esfuerzo a fin de conseguir el mayor volumen de operaciones. Esto ha supuesto la incorporación de una gran cantidad de clientes entre los que destacamos……………………………………………………………………………………………….

 

 A fecha actual muchos de estos clientes mantienen su relación comercial con la demandada reportándole beneficios a través de su nuevo agente comercial.

De acuerdo a esta afirmaciones y en aplicación del artículo 28 de la Ley de Contrato de Agencia, la indemnización por las comisiones perdidas por el agente debe ser calculada sobre el importe medio anual de las comisiones percibidas por el agente durante toda la relación comercial y hasta un máximo de cinco años. En este caso la suma total de las remuneraciones percibidas desde marzo de ... es de 30.613,69 euros IVA incluido, y el importe medio anual de los últimos cinco años es de 6.122,73 euros IVA incluido.

 

RETRIBUCIONES PERCIBIDAS

 

AÑO ... ( desde marzo ):

PRIMER TRIMESTRE…… 158,51 euros + 25,36 euros ( 16% IVA )

                                                                                                              Total ……… 183,87 euros

                * En este primer trimestre al computar únicamente el mes de marzo de ... se computa 1/3 de las comisiones devengadas en el primer trimestre de ... que fueron en total 551,63 euros IVA incluido

 

SEGUNDO TRIMESTRE…… 2.338,57 euros + 374,17 euros ( 16% IVA )

                                                                                                              Total ……… 2.712,74 euros

TERCER TRIMESTRE…… 743,56 euros + 118,97 euros ( 16% IVA )

                                                                                                              Total ……… 862,53 euros

CUARTO TRIMESTRE…… 1109,83 euros + 177,57 euros ( 16% IVA )

                                                                                                              Total ……… 1.287,,40 euros

                                                                                                                TOTAL ….. 5.046,54 euros

               

 

AÑO 

PRIMER TRIMESTRE…… 902,28 euros + 144,36 euros ( 16% IVA )

                                                                                                              Total ……… 1.046,64 euros

SEGUNDO TRIMESTRE…… 2009,39 euros + 321,50 euros ( 16% IVA )

                                                                                                              Total ……… 2.330,89 euros

TERCER TRIMESTRE…… 863,84 euros + 138,21 euros ( 16% IVA )

                                                                                                              Total ……… 1.002,05 euros

CUARTO TRIMESTRE…… 1489,05 euros + 238,25 euros ( 16% IVA )

                                                                                                              Total ……… 1727,30 euros

                                                                                                              TOTAL  ….. 6.106,88

               

AÑO 

PRIMER TRIMESTRE…… 1831,80 euros + 293,09 euros ( 16% IVA )

                                                                                                              Total ……… 2124,89 euros

SEGUNDO TRIMESTRE…… 848,08 euros + 135,69 euros ( 16% IVA )

                                                                                                              Total ……… 983,77 euros

TERCER TRIMESTRE…… 2145,67 euros + 343,31 euros ( 16% IVA )

                                                                                                              Total ……… 2.488,98 euros

CUARTO TRIMESTRE…… 1219,93 euros + 195,19 euros ( 16% IVA )

                                                                                                              Total ……… 1.415,12 euros

                                                                                                              TOTAL  ….. 7.012,76

   

AÑO 

PRIMER TRIMESTRE…… 1917,48 euros + 306,80 euros ( 16% IVA )

                                                                                                              Total ……… 2.224,28 euros

SEGUNDO TRIMESTRE…… 762,16 euros + 121,95 euros ( 16% IVA )

                                                                                                              Total ……… 884,11 euros

TERCER TRIMESTRE…… 1204,15 euros + 192,66 euros ( 16% IVA )

                                                                                                              Total ……… 1.396,81 euros

CUARTO TRIMESTRE…… 1267,47 euros + 202,80 euros ( 16% IVA )

                                                                                                              Total ……… 1.470,27 euros

                                                                                                              TOTAL  ….. 5.975,47

     

 

 AÑO 

PRIMER TRIMESTRE…… 1086,09 euros + 173,77 euros ( 16% IVA )

                                                                                                              Total ……… 1.259,86 euros

SEGUNDO TRIMESTRE…… 971,66 euros + 155,47 euros ( 16% IVA )

                                                                                                              Total ……… 1.127,13 euros

TERCER TRIMESTRE…… 1604,52 euros + 256,72 euros ( 16% IVA )

                                                                                                              Total ……… 1.861,24 euros

CUARTO TRIMESTRE…… 960,30 euros + 153,65 euros ( 16% IVA )

                                                                                                              Total ……… 1.113,95 euros

                                                                                                              TOTAL  ….. 5.362,18

               

 

AÑO 

PRIMER TRIMESTRE ( ENERO Y FEBRERO )… 956,77 euros + 153,08 euros ( 16% IVA )

                                                                                                              Total ……… 1.109,86 euros

                Total ………………………… 30.613,69

                Media anual……………….. 6.122,73

               

Estos cálculos se han realizado sobre comisiones percibidas excepto el cuarto trimestre de ... y primer trimestre de ... al tratarse estas de comisiones devengadas y aun no percibidas.

                Se aportan como documentos nº 14 a 32 facturas de comisiones abonadas por la demandada en los periodos desde 1ª Trimestre ... hasta 3ª Trimestre ..., habiéndose aportado como documento nº 12 la factura por comisiones devengadas en el 4º Trimestre de ...y como documento nº 13 la factura por comisiones devengadas el 1ª Trimestre de ...

               

QUINTO.- INDEMNIZACION POR FALTA DE PREAVISO

                El artículo 25 de la Ley 12/1992, de 27 de mayo, sobre el Contrato de Agencia, regula la extinción del contrato de agencia por tiempo indefinido. En su punto primero establece que: “ El contrato de Agencia de duración indefinida, se extinguirá por la denuncia unilateral de cualquiera de las partes mediante preaviso por escrito”. El punto segundo establece que: “ El plazo de preaviso será de un mes para cada año de vigencia del contrato, con un máximo de seis meses. Si el Contrato de Agencia hubiera estado vigente por tiempo inferior a un año, el plazo de preaviso será de un mes” .

En el presente caso estamos ante una relación de carácter indefinida que llevaba en vigor mas de diez años por tanto será de aplicación el punto segundo de este artículo cuando señala que el plazo máximo de preaviso será de seis meses. La demandada remite burofax extinguiendo el contrato sin establecer preaviso alguno y alegando una serie de incumplimientos que no son ciertos y cuya carga probatoria le incumbe. De esta manera mi representada es acreedora a una cantidad en concepto de preaviso equivalente a seis meses. En cuanto a su cuantía, teniendo en cuenta que se ha determinado en el hecho cuarto de esta demanda que la media anual de las comisiones percibidas en los últimos cinco años es de 6.122,73 euros, se puede obtener la cuantía mensual de las comisiones percibidas en los últimos cinco años, resultando el importe de 510,23 euros. En base a ello la cantidad total que se establece en concepto de falta de preaviso es de 3.061,38 euros.

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO JURÍDICO-PROCESALES

 

- I –

                CAPACIDAD PROCESAL Y REPRESENTACIÓN: Mi mandante, así como la parte demandada conforme disponen los artículos 6.1.3º y 7.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, tienen capacidad para ser parte en este proceso y para comparecer en juicio.

 

- II -

                POSTULACIÓN Y DEFENSA.- El actor se encuentra representado por procurador habilitado, siendo redactada y firmada la misma por abogado ejerciente colegiado identificado en el encabezamiento de la presente, todo ello conforme disponen los artículos 23 y 31 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

 

- III -

                LEGITIMACIÓN.- Corresponde la legitimación activa a mi mandante, como acreedor de los importes y conceptos reseñados en esta demanda de conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

                Corresponde la legitimación pasiva a ……………………………., S.L., en su condición de deudor de las cantidades impagadas.

 

- IV -

                JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA .- Conforme dispone el artículo 9.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los Tribunales y Juzgados del orden civil conocerán, además de las materias que le son propias, de todas aquellas que no le estén atribuidas a otro orden jurisdiccional.      

Corresponde a los Juzgados de Primera Instancia el conocimiento, de todos los asuntos civiles que por disposición legal expresa no se hallen atribuidos a otros Tribunales, según disponen los artículos 85.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 45 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

                La Disposición Adicional única de la Ley 12/1992, de 27 de mayo, de Contrato de Agencia, que declara como único competente para todas las acciones derivadas del Contrato de Agencia al Juzgado del domicilio del agente

 

-V-

                PROCEDIMIENTO.- Conforme establece el artículo 249 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, debe decidirse la misma por los trámites del juicio ordinario.

 

FUNDAMENTOS JURÍDICO-MATERIALES


- I -

                Por la cantidad generada en virtud de la extinción del contrato de agencia suscrito entre el demandante y el demandado, se ejercita acción de reclamación de cantidad con acumulación de la acción de reclamación de comisiones devengadas y no satisfechas, indemnización por clientela e indemnización por no preaviso conforme a los artículos 71 LEC; artículos 11 y siguientes, 25 y 28 de la Ley del Contrato de Agencia, Ley 12/1992, de 27 de mayo.

 

- II -

                También serán de aplicación los artículos 1101 y siguientes del Código civil en cuanto a que quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren al tenor de aquéllas.

Existe una amplia jurisprudencia que hace referencia a la indemnización por clientela, quedando recogida en numerosas sentencias tales como la de la Audiencia Provincial de Asturias de 6 de marzo de 2009 en la que en su Fundamento de Derecho Tercero establece que:

“En cuanto a la indemnización por clientela, según el artículo 25 se concede cuando se extinga el contrato de agencia, sea por tiempo determinado o indefinido, el agente que hubiese aportado nuevos clientes al empresario o incrementado sensiblemente las operaciones con la clientela preexistente, tendrá derecho a una indemnización si su actividad anterior puede continuar produciendo ventajas sustanciales al empresario y resulta equitativamente procedente por la existencia de pactos de limitación de competencia, por las comisiones que pierda o por las demás circunstancias que concurran y como ha dicho esta Sala en sentencia de 2 de mayo de 2006 Se trata de una indemnización de carácter compensatorio, con estructura distinta a la indemnización de perjuicios derivados de incumplimientos contractuales (Sentencias del Tribunal Supremo, de 27-5-1993, 17-3 y 16-10-1995, 25-7-1996 y 31-12-1997 ), que tiene por finalidad evitar el enriquecimiento injusto (Sentencias de 12-6-1999, 22-4 y 20-12-2002 ) que supondría para el empresario el aprovechamiento del esfuerzo ajeno, después de extinguido el contrato, representado por la clientela incrementada, que va a integrarse en el fondo comercial del empresario y tiene efectivo valor económico (Sentencias de 15-10-1992, 17-3-1993, 17-10-1998 y 13 de octubre de 2004 ). De ahí que uno de los requisitos para que proceda la indemnización por clientela a la extinción del contrato sea el de que el agente hubiese aportado nuevos clientes al empresario o incrementado sensiblemente las operaciones con la clientela preexistente, correspondiendo la carga de la prueba de este requisito a la parte que reclama la indemnización postcontractual (Sentencias de 16 de noviembre de 2000, 28 de enero de 2002, 27 de enero, 7 de abril de 2003 y 30 de noviembre de 2004 ).Y ello ocurre sin duda en la presente litis, en la que el demandante era el único agente de la actora que durante más de 10 años ha captado una red de clientes , de la que se beneficia la demandada como la testifical de establecimientos del sector pone de relieve, teniendo en cuenta además para fijarla fue su cálculo ha de hacerse lógicamente con inclusión de las comisiones directas e indirectas (en las que las empresas piden los productos a fábrica y no al agente), ya que ni la ley distingue entre unas y otras, ni pueden desvincularse las segundas de la labor del agente , de ahí que tales operaciones devenguen la comisión correspondiente, que ha de computarse para evaluar los rendimientos, sin que proceda moderación alguna de la indemnización habida cuenta de las circunstancias, y considerando que el importe reclamado no representa siquiera el máximo a percibir, pues que de conocer la demandante los datos aportados a la litis la indemnización podría ser ligeramente superior a la establecida, que no ha de minorarse.”

Señalar también la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de fecha 30 de octubre de ... en la cual se establece en referencia a la indemnización por clientela que:

“La previsión normativa que se contiene en el artículo 28.1 LCA, se refiere a un agente que hubiera aportado nuevos clientes o hubiera incrementado sensiblemente las operaciones con la clientela preexistente y prevé la indemnización siempre que la actividad anterior del agente pueda continuar produciendo ventajas sustanciales al empresario, y resulte equitativamente procedente (por la existencia de pactos de limitación de competencia, por las comisiones que pierda o por las demás circunstancias que concurran).

Como resume el Tribunal Supremo, en sentencia de 28 de mayo de 2007  : "la concesión de la indemnización requiere la acreditación del incremento de compradores o usuarios habituales (Sentencia de 19 de noviembre de 2003 ) y no se produce automáticamente o por el simple hecho de la extinción del contrato, pues requiere una apreciación meramente potencial (Sentencia de 21 de noviembre de 2005  ) sobre la susceptibilidad de que el empresario continúe disfrutando de la clientela con aprovechamiento económico, lo que se traduce en un pronóstico razonable acerca de un comportamiento que no deja de ser probable por parte de dicha clientela (Sentencias de 7 de abril de 2003  30 de abril  y 13 de octubre de 2004  y 23 de junio de 2005). A lo que añade la de 23 de junio de 2005 que no puede presumirse sin más el aserto, incumbiendo el onus probando al agente que lo sostiene (Sentencias de 26 de julio de 2000 , 31 de octubre de 2001 , 28 de enero  , 18 de marzo  y 3 de octubre de 2002  , 19 de noviembre de 2003, 10 de febrero, 26 de abril  , 20 de mayo y 30 de noviembre de 2004 .

En cuanto a lo referido a la indemnización al agente por una falta de preaviso a la hora proceder a una extinción unilateral del contrato por el demandado recogida en el art. 25 de la Ley del Contrato de Agencia y está ampliamente presente en las diferentes sentencias dictadas a este respecto creando un cuerpo jurisprudencial lo suficientemente detallado, pudiendo tomarse como ejemplo la Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de mayo de 2007 en la cual se establece que:

“El incumplimiento del plazo de preaviso constituye el incumplimiento de una obligación contractual establecida ope legis (por ministerio de la ley) y, en consecuencia, determina el nacimiento de la obligación de indemnizar con arreglo a las normas generales sobre responsabilidad contractual, la cual comprende el cumplimiento por equivalencia y, en su caso, la indemnización de los perjuicios causados.”

 

- III -

                En cuanto a intereses y costas serán de aplicación los artículos 576 y 395 LEC

              

  Por lo expuesto,

 

SUPLICO AL JUZGADO, que tenga por presentado este escrito con sus copias y los documentos acompañados, lo admita, teniéndome por personado y parte en la representación acreditada de ……………………………………….., S.L. y, por formulada la demanda sobre reclamación de comisiones devengadas y no percibidas e indemnizaciones por clientela y falta de preaviso, contra la mercantil ……………………………………….. S.L con domicilio en ……………………………………, la admita a trámite, sustanciándose por los trámites del juicio ordinario señalando día y hora para la celebración del juicio emplazando a la demandada para que comparezca y se oponga si a su derecho conviene y, en su día, previos los trámites legales de rigor, dicte sentencia por la que se condene a ……………………………………………………, S.L. al abono de las siguientes cantidades en base a sus correspondientes conceptos:

En concepto de Comisiones devengadas por ventas efectuadas en los periodos de ( hasta el  ), la cantidad de 2.223,81 euros.

En concepto de Indemnización por clientela la cantidad de 6.122,73 euros

En concepto de Indemnización por falta de preaviso la cantidad de 3.061,38 euros

La cantidad total resultante por todos los conceptos asciende a 11.407,92 euros.

A estas cantidades hay que sumar los intereses legales desde la interposición de esta demanda hasta su definitivo pago y condenando expresamente en costas a la parte demandada

 

PRIMER OTROSÍ DIGO que se libre oficio a los Juzgados de primera instancia de …………………., partido judicial donde radica el domicilio social la parte demandada, a fin de proceder a su emplazamiento, en el domicilio de la mercantil reseñado

 

SUPLICO AL JUZGADO que acuerde en consecuencia, conforme a lo solicitado.

               

SEGUNDO OTROSÍ DIGO, que esta parte manifiesta su voluntad expresa de cumplir con todos y cada uno de los requisitos exigidos para la validez de los actos procesales y si por cualquier circunstancia esta representación hubiera incurrido en algún defecto, ofrece desde este momento su subsanación de forma inmediata y a requerimiento del mismo, todo ello a los efectos prevenidos en el artículo 231 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

               

SUPLICO AL JUZGADO, que tenga por hecha la anterior manifestación a los efectos legalmente oportunos.

 

TERCER OTROSÍ DIGO, que la cuantía de la demanda planteada asciende a 11.407,92 euros

 

SUPLICO AL JUZGADO, que tenga por hecha la anterior manifestación a los efectos oportunos.

Es justicia que pido en ... a ...

 

 

Fdo. Vicente Javier Saiz Marco                  Fdo. …………………………………………

 Abogado, Colg. 59.759                               Procuradora

 

LEY 12/1992, DE CONTRATO DE AGENCIA

 

 CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

 

Artículo 1. Contrato de agencia.

Por el contrato de agencia una persona natural o jurídica, denominada agente, se obliga frente a otra de manera continuada o estable a cambio de una remuneración, a promover actos u operaciones de comercio por cuenta ajena, o a promoverlos y concluirlos por cuenta y en nombre ajenos, como intermediario independiente, sin asumir, salvo pacto en contrario, el riesgo y ventura de tales operaciones.

 

Artículo 2. Independencia del agente.

1. No se considerarán agentes los representantes y viajantes de comercio dependientes ni, en general, las personas que se encuentren vinculadas por una relación laboral, sea común o especial, con el empresario por cuya cuenta actúan.

2. Se presumirá que existe dependencia cuando quien se dedique a promover actos u operaciones de comercio por cuenta ajena, o a promoverlos y concluirlos por cuenta y en nombre ajenos, no pueda organizar su actividad profesional ni el tiempo dedicado a la misma conforme a sus propios criterios.

 

Artículo 3. Ámbito de aplicación de la Ley y carácter imperativo de sus normas.

1. En defecto de Ley que les sea expresamente aplicable, las distintas modalidades del contrato de agencia, cualquiera que sea su denominación, se regirán por lo dispuesto en la presente Ley, cuyos preceptos tienen carácter imperativo a no ser que en ellos se disponga expresamente otra cosa.

2. La presente Ley no será de aplicación a los agentes que actúen en mercados secundarios oficiales o reglamentados de valores.

 

Artículo 4. Prescripción de acciones.

Salvo disposición en contrario de la presente Ley, la prescripción de las acciones derivadas del contrato de agencia se regirá por las reglas establecidas en el Código de Comercio.

 

 CAPÍTULO II.CONTENIDO DEL CONTRATO

 

  SECCIÓN I. ACTUACIÓN DEL AGENTE

 

Artículo 5. Ejercicio de la agencia.

1. El agente deberá realizar, por sí mismo o por medio de sus dependientes, la promoción y, en su caso, la conclusión de los actos u operaciones de comercio que se le hubieren encomendado.

2. La actuación por medio de subagentes requerirá autorización expresa del empresario. Cuando el agente designe la persona del subagente responderá de su gestión.

 

Artículo 6. Conclusión de actos y operaciones de comercio en nombre del empresario.

El agente está facultado para promover los actos u operaciones objeto del contrato de agencia, pero sólo podrá concluirlos en nombre del empresario cuando tenga atribuida esta facultad.

 

Artículo 7. Actuación por cuenta de varios empresarios.

Salvo pacto en contrario, el agente puede desarrollar su actividad profesional por cuenta de varios empresarios. En todo caso, necesitará el consentimiento del empresario con quien haya celebrado un contrato de agencia para ejercer por su propia cuenta o por cuenta de otro empresario una actividad profesional relacionada con bienes o servicios que sean de igual o análoga naturaleza y concurrentes o competitivos con aquellos cuya contratación se hubiera obligado a promover.

 

Artículo 8. Reconocimiento y depósito de los bienes vendidos.

El agente está facultado para exigir en el acto de la entrega el reconocimiento de los bienes vendidos, así como para efectuar el depósito judicial de dichos bienes en el caso de que el tercero rehusara o demorase sin justa causa su recibo.

 

  SECCIÓN II. OBLIGACIONES DE LAS PARTES

 

Artículo 9. Obligaciones del agente.

1. En el ejercicio de su actividad profesional, el agente deberá actuar lealmente y de buena fe, velando por los intereses del empresario o empresarios por cuya cuenta actúe.

2. En particular, el agente deberá:

Ocuparse con la diligencia de un ordenado comerciante de la promoción y, en su caso, de la conclusión de los actos u operaciones que se le hubieren encomendado.

Comunicar al empresario toda la información de que disponga, cuando sea necesaria para la buena gestión de los actos u operaciones cuya promoción y, en su caso, conclusión, se le hubiere encomendado, así como, en particular, la relativa a la solvencia de los terceros con los que existan operaciones pendientes de conclusión o ejecución.

Desarrollar su actividad con arreglo a las instrucciones razonables recibidas del empresario, siempre que no afecten a su independencia.

Recibir en nombre del empresario cualquier clase de reclamaciones de terceros sobre defectos o vicios de calidad o cantidad de los bienes vendidos y de los servicios prestados como consecuencia de las operaciones promovidas, aunque no las hubiera concluido.

Llevar una contabilidad independiente de los actos u operaciones relativos a cada empresario por cuya cuenta actúe.

 

Artículo 10. Obligaciones del empresario.

1. En sus relaciones con el agente, el empresario deberá actuar lealmente y de buena fe.

2. En particular, el empresario deberá:

Poner a disposición del agente, con antelación suficiente y en cantidad apropiada, los muestrarios, catálogos, tarifas y demás documentos necesarios para el ejercicio de su actividad profesional.

Procurar al agente todas las informaciones necesarias para la ejecución del contrato de agencia y, en particular, advertirle, desde que tenga noticia de ello, cuando prevea que el volumen de los actos u operaciones va a ser sensiblemente inferior al que el agente hubiera podido esperar.

Satisfacer la remuneración pactada.

3. Dentro del plazo de quince días, el empresario deberá comunicar al agente la aceptación o el rechazo de la operación comunicada. Asimismo deberá comunicar al agente, dentro del plazo más breve posible, habida cuenta de la naturaleza de la operación, la ejecución, ejecución parcial o falta de ejecución de ésta.

 

  SECCIÓN III. REMUNERACIÓN DEL AGENTE

 

Artículo 11. Sistemas de remuneración.

1. La remuneración del agente consistirá en una cantidad fija, en una comisión o en una combinación de los dos sistemas anteriores. En defecto de pacto, la retribución se fijará de acuerdo con los usos de comercio del lugar donde el agente ejerza su actividad. Si éstos no existieran, percibirá el agente la retribución que fuera razonable teniendo en cuenta las circunstancias que hayan concurrido en la operación.

2. Se reputa comisión cualquier elemento de la remuneración que sea variable según el volumen o el valor de los actos u operaciones promovidos, y, en su caso, concluidos por el agente.

3. Cuando el agente sea retribuido total o parcialmente mediante comisión, se observará lo establecido en los artículos siguientes de esta sección.

 

Artículo 12. Comisión por actos u operaciones concluidos durante la vigencia del contrato de agencia.

1. Por los actos y operaciones que se hayan concluido durante la vigencia del contrato de agencia, el agente tendrá derecho a la comisión cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:

Que el acto u operación de comercio se hayan concluido como consecuencia de la intervención profesional del agente.

Que el acto u operación de comercio se hayan concluido con una persona respecto de la cual el agente hubiera promovido y, en su caso, concluido con anterioridad un acto u operación de naturaleza análoga.

2. Cuando el agente tuviera la exclusiva para una zona geográfica o para un grupo determinado de personas, tendrá derecho a la comisión, siempre que el acto u operación de comercio se concluyan durante la vigencia del contrato de agencia con persona perteneciente a dicha zona o grupo, aunque el acto u operación no hayan sido promovidos ni concluidos por el agente.

 

Artículo 13. Comisión por actos u operaciones concluidos con posterioridad a la extinción del contrato de agencia.

1. Por los actos u operaciones de comercio que se hayan concluido después de la terminación del contrato de agencia, el agente tendrá derecho a la comisión cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:

Que el acto u operación se deban principalmente a la actividad desarrollada por el agente durante la vigencia del contrato, siempre que se hubieran concluido dentro de los tres meses siguientes a partir de la extinción de dicho contrato.

Que el empresario o el agente hayan recibido el encargo o pedido antes de la extinción del contrato de agencia, siempre que el agente hubiera tenido derecho a percibir la comisión de haberse concluido el acto u operación de comercio durante la vigencia del contrato.

2. El agente no tendrá derecho a la comisión por los actos u operaciones concluidos durante la vigencia del contrato de agencia, si dicha comisión correspondiera a un agente anterior, salvo que, en atención a las circunstancias concurrentes, fuese equitativo distribuir la comisión entre ambos agentes.

 

Artículo 14. Devengo de la comisión.

La comisión se devengará en el momento en que el empresario hubiera ejecutado o hubiera debido ejecutar el acto u operación de comercio, o éstos hubieran sido ejecutados total o parcialmente por el tercero.

 

Artículo 15. Derecho de información del agente.

1. El empresario entregará al agente una relación de las comisiones devengadas por cada acto u operación, el último día del mes siguiente al trimestre natural en que se hubieran devengado, en defecto de pacto que establezca un plazo inferior. En la relación se consignarán los elementos esenciales en base a los que haya sido calculado el importe de las comisiones.

2. El agente tendrá derecho a exigir la exhibición de la contabilidad del empresario en los particulares necesarios para verificar todo lo relativo a las comisiones que le correspondan y en la forma prevenida en el Código de Comercio. Igualmente, tendrá derecho a que se le proporcionen las informaciones de que disponga el empresario y que sean necesarias para verificar su cuantía.

 

Artículo 16. Pago de la comisión.

La comisión se pagará no más tarde del último día del mes siguiente al trimestre natural en el que se hubiere devengado, salvo que se hubiere pactado pagarla en un plazo inferior.

 

Artículo 17. Pérdida del derecho a la comisión.

El agente perderá el derecho a la comisión si el empresario prueba que el acto u operaciones concluidas por intermediación de aquél entre éste y el tercero no han sido ejecutados por circunstancias no imputables al empresario. En tal caso, la comisión que hubiera percibido el agente a cuenta del acto u operación pendiente de ejecución, deberá ser restituida inmediatamente al empresario.

 

Artículo 18. Reembolso de gastos.

Salvo pacto en contrario, el agente no tendrá derecho al reembolso de los gastos que le hubiera originado el ejercicio de su actividad profesional.

 

Artículo 19. Garantía de las operaciones a cargo del agente.

El pacto por cuya virtud el agente asuma el riesgo y ventura de uno, de varios o de la totalidad de los actos u operaciones promovidos o concluidos por cuenta de un empresario, será nulo si no consta por escrito y con expresión de la comisión a percibir:

 

  SECCIÓN IV. PROHIBICIÓN DE COMPETENCIA

 

Artículo 20. Limitaciones contractuales de la competencia.

1. Entre las estipulaciones del contrato de agencia, las partes podrán incluir una restricción o limitación de las actividades profesionales a desarrollar por el agente una vez extinguido dicho contrato.

2. El pacto de limitación de la competencia no podrá tener una duración superior a dos años a contar desde la extinción del contrato de agencia. Si el contrato de agencia se hubiere pactado por un tiempo menor, el pacto de limitación de la competencia no podrá tener una duración superior a un año.

 

Artículo 21. Requisitos de validez del pacto de limitación de la competencia.

El pacto de limitación de la competencia, que deberá formalizarse por escrito para su validez, sólo podrá extenderse a la zona geográfica o a ésta y al grupo de personas confiados al agente y sólo podrá afectar a la clase de bienes o de servicios objeto de los actos u operaciones promovidos o concluidos por el agente.

 

  SECCIÓN V. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

 

Artículo 22. Derecho a la formalización por escrito.

Cada una de las partes podrá exigir de la otra, en cualquier momento, la formalización por escrito del contrato de agencia, en el que se harán constar las modificaciones que, en su caso, se hubieran introducido en el mismo.

 

 CAPÍTULO III. EXTINCIÓN DEL CONTRATO

 

Artículo 23. Duración del contrato.

El contrato de agencia podrá pactarse por tiempo determinado o indefinido. Si no se hubiera fijado una duración determinada, se entenderá que el contrato ha sido pactado por tiempo indefinido.

 

Artículo 24. Extinción del contrato por tiempo determinado.

1. El contrato de agencia convenido por tiempo determinado, se extinguirá por cumplimiento del término pactado.

2. No obstante lo dispuesto en el número anterior, los contratos de agencia por tiempo determinado que continúen siendo ejecutados por ambas partes después de transcurrido el plazo inicialmente previsto, se considerarán transformados en contratos de duración indefinida.

 

Artículo 25. Extinción del contrato de agencia por tiempo indefinido: el preaviso.

1. El contrato de agencia de duración indefinida, se extinguirá por la denuncia unilateral de cualquiera de las partes mediante preaviso por escrito.

2. El plazo de preaviso será de un mes para cada año de vigencia del contrato, con un máximo de seis meses. Si el contrato de agencia hubiera estado vigente por tiempo inferior a un año, el plazo de preaviso será de un mes.

3. Las partes podrán pactar mayores plazos de preaviso, sin que el plazo para el preaviso del agente pueda ser inferior, en ningún caso, al establecido para el preaviso del empresario.

4. Salvo pacto en contrario el final del plazo de preaviso coincidirá con el último día del mes.

5. Para la determinación del plazo de preaviso de los contratos por tiempo determinado que se hubieren transformado por ministerio de la Ley en contratos de duración indefinida, se computará la duración que hubiera tenido el contrato por tiempo determinado, añadiendo a la misma el tiempo transcurrido desde que se produjo la transformación en contrato de duración indefinida.

 

Artículo 26. Excepciones de las reglas anteriores.

1. Cada una de las partes de un contrato de agencia pactado por tiempo determinado o indefinido podrá dar por finalizado el contrato en cualquier momento, sin necesidad de preaviso, en los siguientes casos:

Cuando la otra parte hubiere incumplido, total o parcialmente, las obligaciones legal o contractualmente establecidas.

Cuando la otra parte hubiere sido declarada en concurso.

2. En tales casos se entenderá que el contrato finaliza a la recepción de la notificación escrita en la que conste la voluntad de darlo por extinguido y la causa de la extinción.

 

Artículo 27. Extinción por causa de muerte.

El contrato de agencia se extinguirá por muerte o declaración de fallecimiento del agente. No se extinguirá por muerte o declaración de fallecimiento del empresario, aunque puedan denunciarlo sus sucesores en la empresa con el preaviso que proceda.

 

Artículo 28. Indemnización por clientela.

1. Cuando se extinga el contrato de agencia, sea por tiempo determinado o indefinido, el agente que hubiese aportado nuevos clientes al empresario o incrementado sensiblemente las operaciones con la clientela preexistente, tendrá derecho a una indemnización si su actividad anterior puede continuar produciendo ventajas sustanciales al empresario y resulta equitativamente procedente por la existencia de pactos de limitación de competencia, por las comisiones que pierda o por las demás circunstancias que concurran.

2. El derecho a la indemnización por clientela existe también en el caso de que el contrato se extinga por muerte o declaración de fallecimiento del agente.

3. La indemnización no podrá exceder, en ningún caso, del importe medio anual de las remuneraciones percibidas por el agente durante los últimos cinco años o, durante todo el período de duración del contrato, si éste fuese inferior.

 

Artículo 29. Indemnización de daños y perjuicios.

Sin perjuicio de la indemnización por clientela, el empresario que denuncie unilateralmente el contrato de agencia de duración indefinida, vendrá obligado a indemnizar los daños y perjuicios que, en su caso, la extinción anticipada haya causado al agente, siempre que la misma no permita la amortización de los gastos que el agente, instruido por el empresario, haya realizado para la ejecución del contrato.

 

Artículo 30. Supuestos de inexistencia del derecho a la indemnización.

El agente no tendrá derecho a la indemnización por clientela o de daños y perjuicios:

Cuando el empresario hubiese extinguido el contrato por causa de incumplimiento de las obligaciones legal o contractualmente establecidas a cargo del agente.

Cuando el agente hubiese denunciado el contrato, salvo que la denuncia tuviera como causa circunstancias imputables al empresario, o se fundará en la edad, la invalidez o la enfermedad del agente y no pudiera exigírsele razonablemente la continuidad de sus actividades.

Cuando, con el consentimiento del empresario, el agente hubiese cedido a un tercero los derechos y las obligaciones de que era titular en virtud del contrato de agencia.

 

Artículo 31. Prescripción.

La acción para reclamar la indemnización por clientela o la indemnización de daños y perjuicios prescribirá al año a contar desde la extinción del contrato.

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.

1. Hasta la aprobación de una Ley reguladora de los contratos de distribución, el régimen jurídico del contrato de agencia previsto en la presente Ley se aplicará a los contratos de distribución de vehículos automóviles e industriales, por los que una persona natural o jurídica, denominada distribuidor, se obliga frente a otra, el proveedor, de manera continuada o estable y a cambio de una remuneración, a promover actos u operaciones de comercio de estos productos por cuenta y en nombre de su principal, como comerciante independiente, asumiendo el riesgo y ventura de tales operaciones.

2. En defecto de Ley expresamente aplicable, las distintas modalidades de contratos de distribución de vehículos automóviles e industriales, cualquiera que sea su denominación, se regirán por lo dispuesto en la presente Ley, cuyos preceptos tienen carácter imperativo.

3. Será nulo todo pacto en contrario por el que el proveedor se reserve la facultad de modificar unilateralmente el contenido esencial de estos contratos y, en particular, la gama completa de productos y servicios contractuales, el plan de negocio del distribuidor, las inversiones y plazo de amortización, la remuneración fija y variable, los precios de los productos y servicios, las condiciones generales de venta y garantía posventa, las directrices comerciales y los criterios de selección de los distribuidores.

4. El distribuidor únicamente vendrá obligado a realizar las inversiones especificas que sean necesarias para la ejecución del contrato que figuren expresamente relacionadas, de forma individualizada, en el contrato o sus modificaciones, y únicamente en el caso de que se establezca para cada una de ellas el período en el que se considere que quedarán amortizadas.

A estos efectos, se considerarán inversiones específicas aquellas que no puedan ser aprovechadas de modo real y efectivo para usos distintos a la ejecución del contrato de distribución.

5. Cuando el proveedor exija al distribuidor una compra mínima de productos contractuales para disponer de un stock calculado en función de los objetivos comerciales, el distribuidor podrá devolverle los productos suministrados y no pedidos por clientes una vez transcurran sesenta días desde su adquisición. En este caso, el proveedor estará obligado a recomprar al distribuidor los productos devueltos en las mismas condiciones en que se compraron.

6. En caso de extinción del contrato, ya sea por vencimiento de su plazo o por cualquier otra causa, el distribuidor tendrá derecho a percibir las siguientes cantidades en concepto de compensación o indemnización por los conceptos que se indican:

El importe correspondiente al valor de las inversiones especificas pendiente de amortización en el momento de la extinción del contrato.

Una indemnización por clientela que en ningún caso podrá ser inferior al importe medio anual de las ventas efectuadas por el proveedor al distribuidor durante los últimos cinco años de vigencia del contrato, o durante todo el período de vigencia del contrato si éste hubiese sido inferior.

Las indemnizaciones del personal laboral del que haya tenido que prescindir el distribuidor por la extinción del contrato.

Asimismo, en cualquier caso de extinción del contrato, el proveedor vendrá obligado a adquirir del distribuidor todas aquellas mercancías que se hallen en poder de este último, al mismo precio por el que hubieren sido vendidas.

Las anteriores compensaciones se establecen sin perjuicio del derecho de indemnización a favor de la parte correspondiente por los daños y perjuicios ocasionados por los incumplimientos contractuales en que hubiere podido incurrir la otra parte, siendo nulo cualquier pacto en contrario.

7. El proveedor no podrá negar su consentimiento a la cesión total o parcial del contrato de distribución de vehículos automóviles e industriales si la empresa cesionaria se compromete por escrito a mantener la organización, estructura y recursos que el empresario cedente mantenía afectos a la actividad de distribución.

8. La competencia para el conocimiento de las acciones derivadas del contrato de distribución comercial de vehículos automóviles e industriales corresponderá al Juez del domicilio del distribuidor, siendo nulo cualquier pacto en sentido distinto.

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.

La competencia para el conocimiento de las acciones derivadas del contrato de agencia corresponderá al Juez del domicilio del agente, siendo nulo cualquier pacto en contrario.

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.

Hasta el día 1 de enero de 1994, los preceptos de la presente Ley no serán de aplicación a los contratos de agencia celebrados con anterioridad a la fecha de su entrada en vigor.

Por tanto, mando a todos los españoles, particulares y autoridades que guarden y hagan guardar esta Ley.

Madrid, 27 de mayo de 1992.

- Juan Carlos R. -

 

PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

Las pensiones no contributivas aseguran a todos los ciudadanos en situación de invalidez y en estado de necesidad una prestación económica, asistencia médico -farmacéutica gratuita y servicios sociales complementarios, aunque no se haya cotizado o se haya hecho de forma insuficiente para tener derecho a una Pensión Contributiva.

 

¿Qué tipo de pensión me pueden otorgar?

Existen 2 clases:

- Pensión no contributiva por incapacidad

- Pensión no contributiva de jubilación

 

PENSION NO CONTRIBUTIVA INCAPACIDAD

 

¿Quién las puede solicitar?

Cualquier ciudadano (españoles y extranjeros con residencia legal en España) que cumpla los requisitos exigidos.

 

¿En qué momento puedo solicitarlo?

En cualquier momento siempre que se cumplan los requisitos necesarios para ello.

 

¿Qué requisitos son necesarios para poder solicitar una pensión de incapacidad no contributiva?

-          Carecer de ingresos suficientes. (Se considera que no se tienen ingresos suficientes cuando las rentas o ingresos de que se dispongan, en computo anual para 2011, sean inferiores a 4866.40 Euros anuales.

Si se conviven con más familiares hay que sumar las rentas o ingresos anuales de todos los miembros de la Unidad Económica de convivencia debiendo ser inferiores a:

  • Convivencia con cónyuge y/o parientes consanguíneos de 2º grado:

Si son 2 convivientes…………….8272,88 E/año

Si son 3 convivientes……………..11679.36 E/año

Si son 4 convivientes…………….. 15085.84 E/año

  • Convivencia entre parientes consanguíneos con algún padre o hijo:

Si son 2 convivientes……………. 20682,20 E/ año

Si son 3 convivientes…………….29198,40 E/ año

Si son 4 convivientes…………….37714.60 E/ año

-          Ser mayor de 18 años y menor de 65 años al realizar la solicitud

-          Tener residencia legal en territorio español y haberlo hecho durante 5 años, de los cuales 2 serán inmediatamente anteriores al momento de la solicitud

-          Tener una discapacidad o enfermedad crónica en grado igual o superior al 65%, presumiéndolo en los casos de que la persona tenga reconocida una pensión por incapacidad en grado absoluta, las personas que estén incapacitadas legalmente, las personas que tengan reconocida una pensión asistencial por enfermedad anterior a la entrada en vigor de la normativa vigente en materia de reconocimiento de prestaciones no contributivas.

 

¿A dónde debo dirigirme si quiero solicitar una prestación no contributiva?

La gestión de estas pensiones no contributivas está atribuida a los órganos competentes de cada Comunidad Autónoma y a las Direcciones provinciales del Instituto de Mayores y Servicios Sociales en las ciudades de Ceuta y Melilla.

ANDALUCIA

Almería

Consejería para la Igualdad y Bienestar Social

C/ Tiendas, 12 – C.P.04003

Cádiz

Consejería para la Igualdad y Bienestar Social

Pl. Asdrúbal, s/n – C.P. 11008

Córdoba

Consejería para la Igualdad y Bienestar Social

Plaza Ramón y Cajal, 6 – C.P. 14071

Granada

Consejería para la Igualdad y Bienestar Social

C/ Ancha de Gracia, 4-6 – C.P. 18002

Huelva

Consejería para la Igualdad y Bienestar Social

C/ Alcalde Mora Claros, 4 y 6- C.P. 21001

Jaén

Consejería para la Igualdad y Bienestar Social

Pº de la Estación, 19 – C.P.23008

Málaga

Consejería para la Igualdad y Bienestar Social

C/Manuel Agustín Heredia, 26 - 4º - C.P. 29001

Sevilla

Consejería para la Igualdad y Bienestar Social

C/ Pagés del Corro, 90 – C.P. 41010

ARAGON

Huesca

Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS)

Pl. Santo Domingo, 3 y 4 – C.P.22001

Teruel

Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS)

C/ Av. Dr. Sanz Gadea, 11 – C.P. 44002

Zaragoza

Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS)

Pº de Rosales, 28 Dup. - 50008 Zaragoza

ASTURIAS

Oviedo

Consejería de Bienestar Social

C/ Alférez Provisional, s/n Edificio Asturcón – C.P. 33005 Oviedo

BALEARES

Consejería de Asuntos Sociales, Promoción e Inmigración

Dirección General de Atención a la Dependencia

Avinguda d´Alemanya, 6 – C.P. 07003

EUSKADI

Araba-Álava (Vitoria-Gasteiz)

Instituto Foral de Bienestar Social

C/ Diputación, 13 - 01001 C.P.Vitoria-Gasteiz

Gipuzkoa-Guipúzcoa (Donostia-San Sebastián)

Diputación Foral

C/ Zarategui, 99 - 20015 Donostia-San Sebastián

Bizkaia-Vizcaya (Bilbo-Bilbao)

Diputación Foral

C/ Lersundi, 14 - 48009 Bilbo-Bilbao

CANARIAS

Las Palmas

Dirección General de Bienestar Social

Centro Sociosanitario El Pino.

C/ Tomás Morales, 122. Planta baja – 35004 Las Palmas de Gran Canaria

Tenerife

Dirección General de Bienestar Social

Carlos J.R. Hamilton, 14 "Edificio Mabel" - 38071 Tenerife

CANTABRIA

Cantabria (Santander)

Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS)

C/ Hernán Cortés, 9 - 39003 Santander

CASTILLA-LA MANCHA

Albacete

Consejería de Salud y Bienestar Social

Pº P. Simón Abril, 10 - 02003 Albacete

Ciudad Real

Consejería de Salud y Bienestar Social

C/ Postas, 20 - 13071 Ciudad Real

Cuenca

Consejería de Salud y Bienestar Social

C/ Hervás y Panduro, 1 - 16071 Cuenca

Guadalajara

Consejería de Salud y Bienestar Social

Pº Fernández Iparraguirre, 1 - 19071 Guadalajara

Toledo

Consejería de Salud y Bienestar Social

C/ Núñez de Arce, 24 - 45003 Toledo

CASTILLA Y LEON

Ávila

Gerencia de Servicios Sociales

Pl. de Nalvillos, 1 - 05001 Ávila

Burgos

Gerencia de Servicios Sociales

C/ Julio Sáez de la Hoya, 5 - 09005 Burgos

León

Gerencia de Servicios Sociales

Plaza Colón, 19 - 24001 León

Palencia

Gerencia de Servicios Sociales

C/ Valentín Calderón, 2 - 34001 Palencia

Salamanca

Gerencia de Servicios Sociales

C/ Correhuela, 18 - 37001 Salamanca

Segovia

Gerencia de Servicios Sociales

C/ Infanta Isabel, 16 - 40001 Segovia

Soria

Gerencia de Servicios Sociales

Pº del Espolón, 2 - 42001 Soria

Valladolid

Gerencia de Servicios Sociales

C/ Dos de Mayo, 14-16 - 47004 Valladolid

Zamora

Gerencia de Servicios Sociales

C/ Prado Tuerto, 17 - 49020 Zamora

CATALUÑA

Barcelona

Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales

Plaça Pau Vila (Palau de Mar) - 08039 Barcelona

Girona

Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales

Pl. Pompeu Fabra, 1 - 17002 Girona

Lleida

Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales

Avda. del Segre, 5 - 25007 Lleida

Tarragona

Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales

Av. Andorra, 7 bis - 43002 Tarragona

Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales

C/ Ruiz d´Alda, 33 - 43870 Amposta

CEUTA

Dirección Territorial del Imserso

Av. África, s/n - 51002 Ceuta

COMUNIDAD VALENCIANA

Alicante

Consejería de Bienestar Social

C/ Fernando Madroñal, 52 - 03007 Alicante

Castellón

Consejería de Bienestar Social

C/ Hermanos Bou, 81 - 12003 Castellón

Valencia

Consejería de Bienestar Social

C/ Barón de Cárcer, 36 - 46001 Valencia

EXTREMADURA

Badajoz

Consejería de Igualdad y Empleo

Ronda de Pilar, 8 «Edificio Sara» - 06002 Badajoz

Consejería de Igualdad y Empleo

Av. de Extremadura, 43 - 06800 Mérida

Cáceres

Consejería de Igualdad y Empleo

Pl. Alféreces Provisionales, 1 - 10071 Cáceres

GALICIA

A Coruña

Consejería de Trabajo y Bienestar

Rúa Enrique Mariñas, s/n, 9ª planta Edif. Proa - 15006 A Coruña

Lugo

Consejería de Trabajo y Bienestar

C/ Ronda de Muralla, 70 bajo - 27001 Lugo

Ourense

Consejería de Trabajo y Bienestar

Av. Sáez Díez, 33 bajo - 32003 Ourense

Pontevedra (Vigo)

Consejería de Trabajo y Bienestar

Rúa Concepción Arenal, 8 1ª planta - 36201 Vigo

MADRID

Consejería de Familia y Asuntos Sociales

C/ O'Donnell, 50 – C.P.28009

MELILLA

Dirección Territorial del Imserso

C/ Querol, 31 -C.P. 52004

MURCIA

Instituto Murciano de Acción Social (IMAS)

C/ Ronda de Levante, 16 esq. Pl. Juan XXIII – CP 30008

NAVARRA

Navarra (Pamplona)

Dirección General de Asuntos Sociales y Cooperación al Desarrollo

C/ González Tablas, 7 - 31005 Pamplona

LA RIOJA

Dirección General de Atención a la Dependencia y Prestaciones Sociales

C/ Villamediana, 17 - 26071 Logroño

Las solicitudes pueden presentarse en las oficinas de los Servicios sociales de las Comunidades Autónomas, del Imserso o de las oficinas de la Seguridad Social

 

¿Qué cantidad puedo obtener por la solicitud de pensión no contributiva de incapacidad?

El importe variará en función de las rentas o ingresos que se tengan en la Unidad económica de Convivencia, por lo que será necesario verificar cada caso particularmente.

La cuantía para el año 2011 en cómputo anual, es de 4866,40 euros anuales que se abonan en 12 mensualidades con dos pagas extraordinarias anuales.

En los casos de que el beneficiario tenga un grado de discapacidad igual o superior al 75% y se acredite la asistencia de otra persona para realizar actos fundamentales de su vida, se puede percibir un complemento equivalente al 50% de la pensión por incapacidad no contributiva, fijado en 2433.20 euros anuales.

Si dentro de la unidad familiar convive más de un beneficiario de la pensión no contributiva, la cuantía individual para cada uno de ellos se debe determinar de forma específica.

Los beneficiarios de esta pensión pueden solicitar un complemento para los beneficiarios que vivan de alquiler siempre que cumplan unos requisitos determinados y cuya cuantía asciende a 525 euros.

Una vez otorgada la pensión, de la cuantía integra se deducirán los ingresos del pensionista que excedan del 25% del importe integro de la pensión (de 1216.60 euros anuales) es decir, se reducirá su pensión por los ingresos que excedan es esta cantidad.

 

¿Qué ocurre si después de concedida, cambian las condiciones que han motivado su concesión?

El beneficiario debe comunicar en el plazo de 30 días desde que se hayan producido los cambios, cualquier modificación económica, de residencia, de estado civil…

En cualquier caso, deberá presentar una declaración de los ingresos de la unidad económica que la formen referida al año anterior según el formulario que le remita el Organismo que gestiona la pensión.

Si se cobran cantidades indebidamente percibidas por incumplir estas obligaciones se tendrán que devolver.

Se podrán poner mecanismos de control para evitar utilización fraudulenta o indebida de las prestaciones, tanto con carácter previo al reconocimiento como con posterioridad.

 

¿Pueden quitarme la pensión si encuentro un trabajo?

Esta pensión es compatible con ejercer alguna actividad que no represente un cambio en su capacidad de trabajo y si los ingresos que percibe no superan los límites que se han previsto, aunque será obligatorio el comunicar la realización de dicha actividad.

Con la finalidad de compatibilizar las pensiones de invalidez en su modalidad no contributiva con el trabajo remunerado, si se está percibiendo una pensión no contributiva de invalidez y se quiere iniciar una actividad, durante los cuatro años siguientes al inicio de la actividad, la suma de la cuantía de la pensión de invalidez y de los ingresos obtenidos por la actividad desarrollada no podrán ser superiores, en cómputo anual, al importe, al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples vigente en cada momento. En caso de exceder de dicha cuantía, se reducirá el importe de la pensión en el 50 por 100 del exceso sin que, en ningún caso, la suma de la pensión y de los ingresos pueda superar 1,5 veces el IPREM.

 

¿Qué tipo de pensiones no puedo estar percibiendo si cobro esta pensión?

No se pueden cobrar simultáneamente:

- Pensión no contributiva de jubilación

- Pensiones asistenciales

-Subsidios de ingresos mínimos y por ayuda de 3ª persona de la LISMI

 

¿En qué casos se puede retirar la pensión?

Se puede perder esta pensión por dejar de ser residente legal o trasladarse al extranjero por tiempo superior a 90 días.

Por haber fallecido el beneficiario.

Por tener ingresos propios suficientes (si la cuantía es superior a la de la pensión no contributiva).

En cualquier caso que se deje de poseer las condiciones que motivaron la concesión.

PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

 

Las pensiones no contributivas aseguran a todos los ciudadanos en situación de invalidez y en estado de necesidad una prestación económica, asistencia médico -farmacéutica gratuita y servicios sociales complementarios, aunque no se haya cotizado o se haya hecho de forma insuficiente para tener derecho a una Pensión Contributiva.

 

¿Qué tipo de pensión me pueden otorgar?

Existen 2 clases:

- Pensión no contributiva por incapacidad

- Pensión no contributiva de jubilación

 

PENSION NO CONTRIBUTIVA INCAPACIDAD

 

¿Quién las puede solicitar?

Cualquier ciudadano (españoles y extranjeros con residencia legal en España) que cumpla los requisitos exigidos.

 

¿En qué momento puedo solicitarlo?

En cualquier momento siempre que se cumplan los requisitos necesarios para ello.

 

¿Qué requisitos son necesarios para poder solicitar una pensión de incapacidad no contributiva?

-          Carecer de ingresos suficientes. (Se considera que no se tienen ingresos suficientes cuando las rentas o ingresos de que se dispongan, en computo anual para 2011, sean inferiores a 4866.40 Euros anuales.

Si se conviven con más familiares hay que sumar las rentas o ingresos anuales de todos los miembros de la Unidad Económica de convivencia debiendo ser inferiores a:

  • Convivencia con cónyuge y/o parientes consanguíneos de 2º grado:

Si son 2 convivientes…………….8272,88 E/año

Si son 3 convivientes……………..11679.36 E/año

Si son 4 convivientes…………….. 15085.84 E/año

  • Convivencia entre parientes consanguíneos con algún padre o hijo:

Si son 2 convivientes……………. 20682,20 E/ año

Si son 3 convivientes…………….29198,40 E/ año

Si son 4 convivientes…………….37714.60 E/ año

-          Ser mayor de 18 años y menor de 65 años al realizar la solicitud

-          Tener residencia legal en territorio español y haberlo hecho durante 5 años, de los cuales 2 serán inmediatamente anteriores al momento de la solicitud

-          Tener una discapacidad o enfermedad crónica en grado igual o superior al 65%, presumiéndolo en los casos de que la persona tenga reconocida una pensión por incapacidad en grado absoluta, las personas que estén incapacitadas legalmente, las personas que tengan reconocida una pensión asistencial por enfermedad anterior a la entrada en vigor de la normativa vigente en materia de reconocimiento de prestaciones no contributivas.

 

¿A dónde debo dirigirme si quiero solicitar una prestación no contributiva?

La gestión de estas pensiones no contributivas está atribuida a los órganos competentes de cada Comunidad Autónoma y a las Direcciones provinciales del Instituto de Mayores y Servicios Sociales en las ciudades de Ceuta y Melilla.

 

ANDALUCIA

Almería

Consejería para la Igualdad y Bienestar Social

C/ Tiendas, 12 – C.P.04003

Cádiz

Consejería para la Igualdad y Bienestar Social

Pl. Asdrúbal, s/n – C.P. 11008

Córdoba

Consejería para la Igualdad y Bienestar Social

Plaza Ramón y Cajal, 6 – C.P. 14071

Granada

Consejería para la Igualdad y Bienestar Social

C/ Ancha de Gracia, 4-6 – C.P. 18002

Huelva

Consejería para la Igualdad y Bienestar Social

C/ Alcalde Mora Claros, 4 y 6- C.P. 21001

Jaén

Consejería para la Igualdad y Bienestar Social

Pº de la Estación, 19 – C.P.23008

Málaga

Consejería para la Igualdad y Bienestar Social

C/Manuel Agustín Heredia, 26 - 4º - C.P. 29001

Sevilla

Consejería para la Igualdad y Bienestar Social

C/ Pagés del Corro, 90 – C.P. 41010

ARAGON

Huesca

Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS)

Pl. Santo Domingo, 3 y 4 – C.P.22001

Teruel

Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS)

C/ Av. Dr. Sanz Gadea, 11 – C.P. 44002

Zaragoza

Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS)

Pº de Rosales, 28 Dup. - 50008 Zaragoza

ASTURIAS

Oviedo

Consejería de Bienestar Social

C/ Alférez Provisional, s/n Edificio Asturcón – C.P. 33005 Oviedo

BALEARES

Consejería de Asuntos Sociales, Promoción e Inmigración

Dirección General de Atención a la Dependencia

Avinguda d´Alemanya, 6 – C.P. 07003

EUSKADI

Araba-Álava (Vitoria-Gasteiz)

Instituto Foral de Bienestar Social

C/ Diputación, 13 - 01001 C.P.Vitoria-Gasteiz

Gipuzkoa-Guipúzcoa (Donostia-San Sebastián)

Diputación Foral

C/ Zarategui, 99 - 20015 Donostia-San Sebastián

Bizkaia-Vizcaya (Bilbo-Bilbao)

Diputación Foral

C/ Lersundi, 14 - 48009 Bilbo-Bilbao

CANARIAS

Las Palmas

Dirección General de Bienestar Social

Centro Sociosanitario El Pino.

C/ Tomás Morales, 122. Planta baja – 35004 Las Palmas de Gran Canaria

Tenerife

Dirección General de Bienestar Social

Carlos J.R. Hamilton, 14 "Edificio Mabel" - 38071 Tenerife

CANTABRIA

Cantabria (Santander)

Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS)

C/ Hernán Cortés, 9 - 39003 Santander

CASTILLA-LA MANCHA

Albacete

Consejería de Salud y Bienestar Social

Pº P. Simón Abril, 10 - 02003 Albacete

Ciudad Real

Consejería de Salud y Bienestar Social

C/ Postas, 20 - 13071 Ciudad Real

Cuenca

Consejería de Salud y Bienestar Social

C/ Hervás y Panduro, 1 - 16071 Cuenca

Guadalajara

Consejería de Salud y Bienestar Social

Pº Fernández Iparraguirre, 1 - 19071 Guadalajara

Toledo

Consejería de Salud y Bienestar Social

C/ Núñez de Arce, 24 - 45003 Toledo

CASTILLA Y LEON

Ávila

Gerencia de Servicios Sociales

Pl. de Nalvillos, 1 - 05001 Ávila

Burgos

Gerencia de Servicios Sociales

C/ Julio Sáez de la Hoya, 5 - 09005 Burgos

León

Gerencia de Servicios Sociales

Plaza Colón, 19 - 24001 León

Palencia

Gerencia de Servicios Sociales

C/ Valentín Calderón, 2 - 34001 Palencia

Salamanca

Gerencia de Servicios Sociales

C/ Correhuela, 18 - 37001 Salamanca

Segovia

Gerencia de Servicios Sociales

C/ Infanta Isabel, 16 - 40001 Segovia

Soria

Gerencia de Servicios Sociales

Pº del Espolón, 2 - 42001 Soria

Valladolid

Gerencia de Servicios Sociales

C/ Dos de Mayo, 14-16 - 47004 Valladolid

Zamora

Gerencia de Servicios Sociales

C/ Prado Tuerto, 17 - 49020 Zamora

CATALUÑA

Barcelona

Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales

Plaça Pau Vila (Palau de Mar) - 08039 Barcelona

Girona

Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales

Pl. Pompeu Fabra, 1 - 17002 Girona

Lleida

Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales

Avda. del Segre, 5 - 25007 Lleida

Tarragona

Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales

Av. Andorra, 7 bis - 43002 Tarragona

Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales

C/ Ruiz d´Alda, 33 - 43870 Amposta

CEUTA

Dirección Territorial del Imserso

Av. África, s/n - 51002 Ceuta

COMUNIDAD VALENCIANA

Alicante

Consejería de Bienestar Social

C/ Fernando Madroñal, 52 - 03007 Alicante

Castellón

Consejería de Bienestar Social

C/ Hermanos Bou, 81 - 12003 Castellón

Valencia

Consejería de Bienestar Social

C/ Barón de Cárcer, 36 - 46001 Valencia

EXTREMADURA

Badajoz

Consejería de Igualdad y Empleo

Ronda de Pilar, 8 «Edificio Sara» - 06002 Badajoz

Consejería de Igualdad y Empleo

Av. de Extremadura, 43 - 06800 Mérida

Cáceres

Consejería de Igualdad y Empleo

Pl. Alféreces Provisionales, 1 - 10071 Cáceres

GALICIA

A Coruña

Consejería de Trabajo y Bienestar

Rúa Enrique Mariñas, s/n, 9ª planta Edif. Proa - 15006 A Coruña

Lugo

Consejería de Trabajo y Bienestar

C/ Ronda de Muralla, 70 bajo - 27001 Lugo

Ourense

Consejería de Trabajo y Bienestar

Av. Sáez Díez, 33 bajo - 32003 Ourense

Pontevedra (Vigo)

Consejería de Trabajo y Bienestar

Rúa Concepción Arenal, 8 1ª planta - 36201 Vigo

MADRID

Consejería de Familia y Asuntos Sociales

C/ O'Donnell, 50 – C.P.28009

MELILLA

Dirección Territorial del Imserso

C/ Querol, 31 -C.P. 52004

MURCIA

Instituto Murciano de Acción Social (IMAS)

C/ Ronda de Levante, 16 esq. Pl. Juan XXIII – CP 30008

NAVARRA

Navarra (Pamplona)

Dirección General de Asuntos Sociales y Cooperación al Desarrollo

C/ González Tablas, 7 - 31005 Pamplona

LA RIOJA

Dirección General de Atención a la Dependencia y Prestaciones Sociales

C/ Villamediana, 17 - 26071 Logroño

Las solicitudes pueden presentarse en las oficinas de los Servicios sociales de las Comunidades Autónomas, del Imserso o de las oficinas de la Seguridad Social

 

¿Qué cantidad puedo obtener por la solicitud de pensión no contributiva de incapacidad?

El importe variará en función de las rentas o ingresos que se tengan en la Unidad económica de Convivencia, por lo que será necesario verificar cada caso particularmente.

La cuantía para el año 2011 en cómputo anual, es de 4866,40 euros anuales que se abonan en 12 mensualidades con dos pagas extraordinarias anuales.

En los casos de que el beneficiario tenga un grado de discapacidad igual o superior al 75% y se acredite la asistencia de otra persona para realizar actos fundamentales de su vida, se puede percibir un complemento equivalente al 50% de la pensión por incapacidad no contributiva, fijado en 2433.20 euros anuales.

Si dentro de la unidad familiar convive más de un beneficiario de la pensión no contributiva, la cuantía individual para cada uno de ellos se debe determinar de forma específica.

Los beneficiarios de esta pensión pueden solicitar un complemento para los beneficiarios que vivan de alquiler siempre que cumplan unos requisitos determinados y cuya cuantía asciende a 525 euros.

Una vez otorgada la pensión, de la cuantía integra se deducirán los ingresos del pensionista que excedan del 25% del importe integro de la pensión (de 1216.60 euros anuales) es decir, se reducirá su pensión por los ingresos que excedan es esta cantidad.

 

¿Qué ocurre si después de concedida, cambian las condiciones que han motivado su concesión?

El beneficiario debe comunicar en el plazo de 30 días desde que se hayan producido los cambios, cualquier modificación económica, de residencia, de estado civil…

En cualquier caso, deberá presentar una declaración de los ingresos de la unidad económica que la formen referida al año anterior según el formulario que le remita el Organismo que gestiona la pensión.

Si se cobran cantidades indebidamente percibidas por incumplir estas obligaciones se tendrán que devolver.

Se podrán poner mecanismos de control para evitar utilización fraudulenta o indebida de las prestaciones, tanto con carácter previo al reconocimiento como con posterioridad.

 

¿Pueden quitarme la pensión si encuentro un trabajo?

Esta pensión es compatible con ejercer alguna actividad que no represente un cambio en su capacidad de trabajo y si los ingresos que percibe no superan los límites que se han previsto, aunque será obligatorio el comunicar la realización de dicha actividad.

Con la finalidad de compatibilizar las pensiones de invalidez en su modalidad no contributiva con el trabajo remunerado, si se está percibiendo una pensión no contributiva de invalidez y se quiere iniciar una actividad, durante los cuatro años siguientes al inicio de la actividad, la suma de la cuantía de la pensión de invalidez y de los ingresos obtenidos por la actividad desarrollada no podrán ser superiores, en cómputo anual, al importe, al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples vigente en cada momento. En caso de exceder de dicha cuantía, se reducirá el importe de la pensión en el 50 por 100 del exceso sin que, en ningún caso, la suma de la pensión y de los ingresos pueda superar 1,5 veces el IPREM.

 

¿Qué tipo de pensiones no puedo estar percibiendo si cobro esta pensión?

No se pueden cobrar simultáneamente:

- Pensión no contributiva de jubilación

- Pensiones asistenciales

-Subsidios de ingresos mínimos y por ayuda de 3ª persona de la LISMI

 

¿En qué casos se puede retirar la pensión?

Se puede perder esta pensión por dejar de ser residente legal o trasladarse al extranjero por tiempo superior a 90 días.

Por haber fallecido el beneficiario.

Por tener ingresos propios suficientes (si la cuantía es superior a la de la pensión no contributiva).

En cualquier caso que se deje de poseer las condiciones que motivaron la concesión.

GRADO DE DISCAPACIDAD

 

¿Qué es el grado de discapacidad?

Consiste en el reconocimiento administrativo de la situación de discapacidad y el grado de la misma.

 

¿Quién puede solicitar una calificación de discapacidad?

La calificación legal de discapacidad, proporciona y reconoce la calificación del grado de discapacidad, puede solicitarse en cualquier momento, por parte de cualquier persona con discapacidad que tenga nacionalidad española o que sea extranjero con residencia legal en España, de conformidad con lo previsto en los acuerdos suscritos con sus respectivos Estados y, en su defecto, en función del principio de reciprocidad.

 

¿Dónde es posible solicitar la calificación de discapacidad?

En Andalucía: Consejería de Asuntos Sociales
En Aragón: Consejería de Sanidad, Consumo y Servicios Sociales
En Asturias: Consejería de Asuntos Sociales
En Baleares: Consellería de Bienestar Social
En Canarias: Consejería de Servicios Sociales, Empleo y Asuntos Sociales.
En Cantabria: Consejería de Sanidad, Consumo y Servicios Sociales
En Castilla-La Mancha: Consejería de Bienestar Social
En Castilla y León: Consejería de Sanidad y Bienestar Social
En Cataluña: Departament Benestar Social
En Extremadura: Consejería de Bienestar Social
En Galicia: Consellería de Sanidad y Servicios Sociales
En La Rioja: Consejería de Salud y Servicios Sociales
En Madrid: Consejería de Servicios Sociales
En Murcia: Consejería de Trabajo y Política Social
En Navarra: Departamento de Bienestar Social, Deporte y Juventud
En el País Vasco: Departamento de Justicia, Empleo y Asuntos Sociales
En Valencia: Consellería de Bienestar social

Se puede solicitar:

- Personalmente en las oficinas de estos organismos

- Por correo certificado administrativo enviado a las mismas oficinas.

- Por cualquiera de los restantes medios establecidos en el art. 38.4 de la Ley 30/1992 (BOE nº 285, de 27 de noviembre), es decir, en los registros de los órganos administrativos a que se dirijan; en los registros de cualquier órgano administrativo, que pertenezca a la Administración General del Estado, a la de cualquier Administración de las Comunidades Autónomas, o a la de alguna de las entidades que integran la Administración Local si, en este último caso, se hubiese suscrito el oportuno convenio; en las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.; en las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero y

- Por cualquier otro método que establezcan las disposiciones vigentes.

 

¿Si estoy residiendo en el extranjero a donde debo dirigirme?

Cuando el interesado residiese en el extranjero, la competencia para el ejercicio de tales funciones corresponderá al órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma o Dirección Provincial del IMSERSO a cuyo ámbito territorial pertenezca el último domicilio habitual que el interesado acredite haber tenido en España.

 

¿Qué documentos sería necesario presentar para que valoren la solicitud?

- Impreso de solicitud. Los impresos de solicitud pueden obtenerse en cualquiera de las oficinas de registro establecidas a tal efecto por los Órganos Gestores de las Comunidades Autónomas con competencia en materia de calificación del grado de discapacidad y minusvalía y en el caso de las ciudades de Ceuta y Melilla en las Direcciones Provinciales del IMSERSO, en cuyo ámbito territorial residan habitualmente los interesados

- Original o fotocopia compulsada del DNI del interesado o del Libro de Familia. En caso de ser extranjero, tarjeta de residencia.

- Original o fotocopia compulsada del DNI del representante legal, en su caso, y del documento acreditativo de la representación legal.

- Original o fotocopias compulsadas de todos los informes médicos y psicológicos de que se disponga y donde consten el diagnóstico y las secuelas tras la aplicación de medidas terapéuticas

 

¿Después de presentada la solicitud que puede ocurrir?

- Citación para reconocimiento.

- Emisión de dictamen técnico-facultativo.

- Resolución notificada en el domicilio del interesado.

 

La duración suele ser de unos tres meses pero el reconocimiento del grado de discapacidad se entiende producido en la fecha de presentación de la solicitud (art. 10.2 del Real Decreto 1971/1999).

La normativa autonómica, establece el plazo máximo para dictar la resolución (que es de tres meses, salvo en Aragón, Castilla-La Mancha y Valencia donde dicho plazo es de seis meses), transcurrido el cual, la solicitud podrá entenderse desestimada y podrá recurrirse, sin perjuicio de la obligación de resolver que tiene la Administración. En aquellas Comunidades Autónomas que no han dictado normativa de desarrollo el plazo es de tres meses.

Al hacer la revisión los profesionales están obligados a aplicar los baremos incluidos en los 4 anexos del Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad y las modificaciones introducidas por el Real Decreto 1856/2009, de 4 de diciembre de procedimiento declaración y calificación del grado de discapacidad:

- Anexo 1 A que determina la discapacidad de que se trate.

- Anexo 1 B que se refiere a factores sociales (ingresos de la familia, dificultades familiares, desempleo, y otros factores culturales o sociales que puedan existir como por ejemplo la falta de recursos sanitarios en la zona en que se viva).

- Anexo 2 que contiene el baremo para determinar la necesidad de asistencia de otra persona para realizar las Actividades de la Vida Diaria (AVD) y que sólo se aplica a los mayores de dieciocho años. Se trata de un cuestionario de autonomía.
- Anexo 3 que contiene el baremo para determinar la existencia de dificultades para utilizar transportes colectivos a efectos de la prestación explicada en el punto 2.1.5.3 de esta nota.

 

Para la determinación del grado de discapacidad, el porcentaje obtenido en la valoración de la discapacidad (conforme al Anexo 1 A) se modificará, en su caso, con la adición de la puntuación obtenida en el baremo de factores sociales complementarios (Anexo 1 B) y sin que esta pueda sobrepasar los 15 puntos. El porcentaje mínimo de discapacidad sobre el que se podrá aplicar el baremo de factores sociales complementarios no podrá ser inferior al 25 por 100.

 

El diagnóstico de la enfermedad no es un criterio de valoración en sí mismo y las pautas de valoración de la discapacidad que se establecen en los distintos capítulos del baremo están basados en la severidad de las consecuencias de la enfermedad, cualquiera que esta sea.

 

¿Existe alguna posibilidad de que una vez determinado el grado de discapacidad sea revisable?

- Cuando la Administración prevea una mejoría razonable de las circunstancias que dieron lugar a su reconocimiento, debiendo fijarse el plazo en que deba efectuarse dicha revisión (en estos casos la calificación se da con carácter temporal, siempre lo hacen así en las resoluciones relativas a niños).

- En todos los demás casos, no se podrá instar la revisión del grado por agravamiento o mejoría, hasta que, al menos, haya transcurrido un plazo mínimo de dos años desde la fecha en que se dictó la resolución, excepto en los casos en que se acredite suficientemente error de diagnóstico o se hayan producido cambios sustanciales en las circunstancias que dieron lugar al reconocimiento de grado, en que no será preciso agotar el plazo mínimo.

 

¿Qué beneficios se pueden obtener con el grado de discapacidad?

Se pueden señalar distintos beneficios para las personas que tengan reconocido el grado de discapacidad

-Acceso a la pensión no contributiva por invalidez si se cumplen los requisitos exigidos

- Acceso a las prestaciones que establececen en la LISMI: Asistencia sanitaria y farmacéutica, subsidio de movilidad y compensación para gastos de transporte.

Asignación de prestaciones económicas por hijo o menor con discapacidad a cargo o mayores de 18 años con grado de discapacidad igual o superior al 65%.

Beneficios fiscales (Afecta a distintos impuestos por lo que se debe consultar específicamente en su normativa

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)

Impuesto sobre Sociedades (IS)

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)

Impuesto especial sobre determinados medios de trasporte (IEDMT)

Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM)

Medidas laborales: Como acceso a las medidas de fomento de empleo para personas con discapacidad, adaptación del puesto de trabajo, adaptación a las pruebas selectivas en acceso al empleo público, jubilación anticipada.

Ayudas sociales: como acceso a la vivienda de protección pública, subvenciones para rehabilitación de vivienda, accesibilidad y adaptación en el hogar, tratamientos de apoyo y rehabilitación, ayudas educativas.

Ayudas respecto a la movilidad: reducciones en medios de transporte: bonotaxi, tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida.

Ayudas y servicios sociales aprobados para las personas con discapacidad contemplados en Organismos de Servicios Sociales o instituciones privadas sociales.

 

CASO PRÁCTICO DE CÁLCULO DE FINIQUITO E INDEMNIZACION POR DESPIDO

 

 

Doña..., fue despedida el día 2 de octubre de 2000, tras ocupar dos años su puesto de vigilante de seguridad en un centro comercial. Por contrato, cobraba un salario base de 480,81 euros, un plus de nocturnidad de 42 euros y dos pagas extras de 480,81 euros cada una. Había disfrutado ya de cinco días de vacaciones.

 

Cálculo del salario del último mes inacabado:

 

Primero, hay que saber cuál es el salario del mes en el que se produce el despido. El salario mensual de xxx es de 522,81 euros (salario base + plus de nocturnidad).

Si lo dividimos entre 30, hallamos el salario diario, 17,43 euros. Como tan sólo trabajó dos días del mes de octubre, el sueldo que le corresponde es de 34,86 euros (17,43 * 2).

 

Cálculo de las vacaciones pendientes:

 

Para calcular el importe de las vacaciones no disfrutadas hay que hacer las siguientes operaciones:

Si el 2 de octubre de 2000 fue su última jornada laboral, llevaba 272 días (30 * 9 + 2) trabajados ese año.

Para saber cuántos días de vacaciones le corresponden hay que formular una regla de tres. Salvo condiciones especiales recogidas en convenio, se asignan 30 días de vacaciones por año trabajado: en 360 jornadas de trabajo me corresponden 30 días, luego en 272 jornadas de trabajo me corresponderán x días de vacaciones.

Por tanto 8160 días (272 X 30) dividido por 360 días del año, arroja el resultado final: 23 días de vacaciones. Como Elena se había tomado cinco días de vacaciones, le quedan 18: 18 días * 17,43 euros por día = 313,74 euros.

 

Cálculo de pagas extras:

 

Finalmente hay que tener en cuenta las últimas pagas extras que cobró. La primera la recibió el 1 de enero de 2000 y, la segunda, el 1 de julio de 2000.

Para hallar el cálculo de la paga de Navidad, hay que volver a hacer una regla de tres, teniendo en cuenta los días que han pasado desde que se cobró. Si en 360 días cobró 480,81 euros, en 272 cobrará x euros.

Es decir, 130.780,23 euros (480,81 x 272) dividido entre 360= 363,28 euros. En la segunda paga extra, la de verano, el resultado sería: si en 360 días cobró 480,81 euros, en 92 días cobrará x euros, es decir, 4.423,89 (480,81 x 92) dividido entre 360 = 122,87 euros. Las dos pagas extras suman: 363,28 + 122,87= 486,15 euros.

 

Resultado final:

 

El finiquito, finalmente, queda de la siguiente manera: salario del último mes + vacaciones + pagas extras = 34,86 + 313,74 + 486,15 = 834,75 euros.

 

Demanda judicial frente a sanción laboral a trabajador

 

 

AL JUZGADO DE LO SOCIAL DE MADRID



Don…, mayor de edad, con DNI , con domicilio a efectos de notificaciones el del despacho del letrado Don Vicente Javier Saiz Marco, sito en Madrid, C/ Embajadores 206 duplicado, 1º B, C.P 28045, con número de teléfono 91 530 96 98, ante el Juzgado de lo Social comparece y como mejor proceda en derecho, DICE:

Que por medio del presente escrito viene a formular demanda por SANCIÓN, contra la empresa…., con CIF … y domicilio en …, con el que le une relación laboral de carácter indefinido desde el…, con categoría profesional de … y percibiendo una retribución bruta mensual de 1.462,76 euros mensuales con prorrateo de pagas incluido, fundamentando la misma en los siguientes,

 

HECHOS


PRIMERO.- Que se inicia la relación laboral con fecha…

Que con fecha…, la empresa le ha comunicado que le sanciona con tres días de suspensión de empleo y sueldo que finalmente se ha cumplido los días…, por la comisión de una o varias infracciones (no lo aclara la propia carta de sanción), imponiéndose una sanción conforme al art. 43.2.9 del Convenio Colectivo de Instalaciones Deportivas y Gimnasios.

 

SEGUNDO.- Que no estando de acuerdo con la sanción impuesta viene a oponerse a la misma por considerar que no se ha cometido la sanción imputada, solicitando la revocación de la misma.

 

TERCERO.- Que la demandada se dedica a la actividad  de …

 

CUARTO.- Que el compareciente no es representante legal de los trabajadores.

 

QUINTO.- Se acompaña certificación del Acta de Conciliación ante el SMAC de fecha … como documento número 1, con el resultado de acto celebrado sin avenencia.

 

En virtud de lo expuesto y de los FUNDAMENTOS DE DERECHO que se alegarán en el momento procesal oportuno,

 

SUPLICA AL JUZGADO, que teniendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo y en su virtud, tenga por formulada demanda por SANCIÓN contra la empresa…, y tras los trámites procesales que procedan, se sirva señalar día y hora para la celebración de la vista oral y se dicte sentencia revocando totalmente la sanción impuesta por no ser ciertos los hechos imputados al actor.

 

OTROSI DICE, que esta parte asistirá al acto del Juicio Oral acompañado de letrado.

 

SEGUNDO OTROSI DICE, que para el acto del Juicio Oral esta parte propone la práctica de los siguientes medios de prueba:

 

INTERROGATORIO DE LA DEMANDADA, en la persona de su legal representante, citándole con los apercibimientos legales y de ser tenido por confeso en caso de incomparecencia.

 

DOCUMENTAL, se aporta carta de sanción como documento número 2, y consistente en que se requiera a la demandada para que aporte al acto del Juicio Oral:

 

Nóminas del actor durante el periodo trabajado

Boletines de cotización correspondientes al periodo trabajado

Contrato de trabajo del actor

 

MÁS DOCUMENTAL, consistente en aquellos documentos que esta parte pueda aportar hasta el inicio del juicio Oral o en el propio acto.

 

TESTIFICAL,  la que se proponga en el momento procesal oportuno.

 

SUPLICA AL JUZGADO, que tenga por hechas las anteriores manifestaciones y por propuesta la prueba que se articula, la admita y declare pertinente.

 

Por ser Justicia que pido en Madrid a

 

 

Fdo. Vicente Javier Saiz Marco                                            Fdo. Trabajador

Modelo de papeleta de conciliación por sanción


AL SERVICIO DE MEDIACION, ARBITRAJE Y CONCILIACION DE MADRID


Don…, mayor de edad, con D.N.I nº …, nº de afiliación a la seguridad social …. y domicilio a efectos de notificaciones el del despacho de su abogado D. VICENTE JAVIER SAIZ MARCO, sito en C/Embajadores nº 206 DUPLICADO, 1ºB, Madrid 28045, ante ese servicio comparece y DICE:

 

Que mediante el presente escrito interpone PAPELETA DE CONCILIACION por el concepto de SANCION contra …, con C.I.F … y con domicilio en Madrid, C/ , con el que le une relación laboral de carácter indefinido desde el .. de septiembre de .., con categoría profesional de grupo … y percibiendo una retribución bruta mensual de 1.462,76 euros mensuales con prorrateo de pagas incluido para celebrar el preceptivo acto de conciliación que ordena el articulo 4 del R.D 2756/1979, de 23 de noviembre, fundando la pretensión en los siguientes,

 

HECHOS


PRIMERO.- Que se inicia la relación laboral con fecha .

Que la empresa en fecha …le ha comunicado que le sanciona con tres días de suspensión de empleo y sueldo que finalmente se han cumplido los días … , por la comisión de una o varias infracciones (no lo aclara la propia carta de sanción), imponiéndose una sanción conforme al art. 43.2.9 del Convenio Colectivo de …

 

SEGUNDO.- Que no estando de acuerdo con la sanción impuesta viene a oponerse a la misma por considerar que no se ha cometido la infracción imputada, solicitando la revocación de la misma.

 

TERCERO.- Que la demandada se dedica a la actividad de

CUARTO.- Que el compareciente no es representante legal de los trabajadores.

 

            En virtud de lo expuesto,

 

SOLICITA AL SERVICIO DE MEDIACION, ARBITRAJE Y CONCILIACION, que teniendo por presentado este escrito, con sus copias, se sirva admitirlo y tener por formulada papeleta de conciliación por el concepto de SANCION contra el empleador demandado, señalar día y hora para que tenga lugar el acto promovido, citando en legal forma a las partes para que comparezcan a fin de que el demandado se avenga a revocar la sanción impuesta

 

Madrid a…  de  2011

 

 

                                                                                    Fdo.

Modelo carta sancion

 

EMPRESA

C/...

                                                                                                                                             TRABAJADOR:

                                                                                                                                             D.                          

D.N.I

Madrid , a ….. del 2011

Muy señor nuestro:

 

                La dirección de esta empresa le comunica que ha tomado la decisión de sancionarle con suspensión empleo y sueldo de 10 días por la comisión de una infracción de carácter grave conforme al art. 52.H) del Convenio Colectivo de … .

 

               Los motivos de esta decisión se basan en los siguientes hechos:

El art. 52.H) del convenio colectivo aplicable establece que tendrá la consideración de falta grave: " La imprudencia en acto de servicio. Se considerará imprudencia en acto de servicio el no uso de las prendas y aparatos de seguridad de carácter obligatorio “

                Y en este sentido debemos comunicarle que el día… a las … horas estando usted en su puesto de trabajo realizando operaciones de mantenimiento en el inmueble de la C/, realizando el mantenimiento de una CGP se produjo un corto y al estar realizando el trabajo sin utilizar los equipos de protección individual, guantes, casco y pantalla facial se ocasionó quemaduras en las dos manos.

                Como usted conoce los equipos de protección individual son de obligada utilización, así, coincidiendo con su incorporación a nuestro grupo, se le informó de los riesgos que implica su actividad, se le entregó un manual de seguridad y se le manifestó la necesidad de prevenirlos con la inexcusable utilización de los equipos de protección individual, entre otros, guantes, pantalla facial y casco, equipos que mantiene a su disposición.

 

Por lo aquí expuesto la dirección de esta empresa ha adoptado la decisión de sancionarle con suspensión de empleo y sueldo durante 10 días por cuanto hechos como los narrados no se pueden volver a repetir.

               Como actualmente se encuentra en situación de incapacidad temporal disponemos que la fecha efectiva de aplicación, en cuanto a cumplimiento de la sanción se refiere, será fijada por esta empresa en el momento en que usted se incorpore al servicio.

 

 

 Por la empresa

Dirección

LEGISLACION BASICA APLICABLE:

 


Artículo 54. Despido disciplinario.

1. El contrato de trabajo podrá extinguirse por decisión del empresario, mediante despido basado en un incumplimiento grave y culpable del trabajador.

2. Se considerarán incumplimientos contractuales:

Las faltas repetidas e injustificadas de asistencia o puntualidad al trabajo.

La indisciplina o desobediencia en el trabajo.

Las ofensas verbales o físicas al empresario o a las personas que trabajan en la empresa o a los familiares que convivan con ellos.

La transgresión de la buena fe contractual, así como el abuso de confianza en el desempeño del trabajo.

La disminución continuada y voluntaria en el rendimiento de trabajo normal o pactado.

La embriaguez habitual o toxicomanía si repercuten negativamente en el trabajo.

El acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual y el acoso sexual o por razón de sexo al empresario o a las personas que trabajan en la empresa.

 

Artículo 55. Forma y efectos del despido disciplinario.

1. El despido deberá ser notificado por escrito al trabajador, haciendo figurar los hechos que lo motivan y la fecha en que tendrá efectos.

Por convenio colectivo podrán establecerse otras exigencias formales para el despido.

Cuando el trabajador fuera representante legal de los trabajadores o delegado sindical procederá la apertura de expediente contradictorio, en el que serán oídos, además del interesado, los restantes miembros de la representación a que perteneciere, si los hubiese.

Si el trabajador estuviera afiliado a un sindicato y al empresario le constare, deberá dar audiencia previa a los delegados sindicales de la sección sindical correspondiente a dicho sindicato.

2. Si el despido se realizara inobservando lo establecido en el apartado anterior, el empresario podrá realizar un nuevo despido en el que cumpliese los requisitos omitidos en el precedente. Dicho nuevo despido, que sólo surtirá efectos desde su fecha, sólo cabrá efectuarlo en el plazo de veinte días, a contar desde el siguiente al del primer despido. Al realizarlo, el empresario pondrá a disposición del trabajador los salarios devengados en los días intermedios, manteniéndole durante los mismos en alta en la Seguridad Social.

3. El despido será calificado como procedente, improcedente o nulo.

4. El despido se considerará procedente cuando quede acreditado el incumplimiento alegado por el empresario en su escrito de comunicación. Será improcedente en caso contrario o cuando en su forma no se ajustara a lo establecido en el apartado 1 de este artículo.

5. Será nulo el despido que tenga por móvil alguna de las causas de discriminación prohibidas en la Constitución o en la Ley, o bien se produzca con violación de derechos fundamentales y libertades públicas del trabajador.

Será también nulo el despido en los siguientes supuestos:

El de los trabajadores durante el período de suspensión del contrato de trabajo por maternidad, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural, enfermedades causadas por embarazo, parto o lactancia natural, adopción o acogimiento o paternidad al que se refiere la letra d del apartado 1 del artículo 45, o el notificado en una fecha tal que el plazo de preaviso concedido finalice dentro de dicho período.

El de las trabajadoras embarazadas, desde la fecha de inicio del embarazo hasta el comienzo del período de suspensión a que se refiere la letra a, y el de los trabajadores que hayan solicitado uno de los permisos a los que se refieren los apartados 4, 4 bis y 5 del artículo 37, o estén disfrutando de ellos, o hayan solicitado o estén disfrutando la excedencia prevista en el apartado 3 del artículo 46; y el de las trabajadoras víctimas de violencia de género por el ejercicio de los derechos de reducción o reordenación de su tiempo de trabajo, de movilidad geográfica, de cambio de centro de trabajo o de suspensión de la relación laboral, en los términos y condiciones reconocidos en esta Ley.

El de los trabajadores después de haberse reintegrado al trabajo al finalizar los períodos de suspensión del contrato por maternidad, adopción o acogimiento o paternidad, siempre que no hubieran transcurrido más de nueve meses desde la fecha de nacimiento, adopción o acogimiento del hijo.

Lo establecido en las letras anteriores será de aplicación, salvo que, en esos casos, se declare la procedencia del despido por motivos no relacionados con el embarazo o con el ejercicio del derecho a los permisos y excedencia señalados.

6. El despido nulo tendrá el efecto de la readmisión inmediata del trabajador, con abono de los salarios dejados de percibir.

7. El despido procedente convalidará la extinción del contrato de trabajo que con aquel se produjo, sin derecho a indemnización ni a salarios de tramitación.

 

Artículo 58. Faltas y sanciones de los trabajadores.

1. Los trabajadores podrán ser sancionados por la dirección de las empresas en virtud de incumplimientos laborales, de acuerdo con la graduación de faltas y sanciones que se establezcan en las disposiciones legales o en el convenio colectivo que sea aplicable.

2. La valoración de las faltas y las correspondientes sanciones impuestas por la dirección de la empresa serán siempre revisables ante la jurisdicción competente. La sanción de las faltas graves y muy graves requerirá comunicación escrita al trabajador, haciendo constar la fecha y los hechos que la motivan.

3. No se podrán imponer sanciones que consistan en la reducción de la duración de las vacaciones u otra minoración de los derechos al descanso del trabajador o multa de haber.

 

Artículo 60. Prescripción.

1. Las infracciones cometidas por el empresario prescribirán a los tres años, salvo en materia de Seguridad Social.

2. Respecto a los trabajadores, las faltas leves prescribirán a los diez días; las graves, a los veinte días, y las muy graves, a los sesenta días a partir de la fecha en que la empresa tuvo conocimiento de su comisión y, en todo caso, a los seis meses de haberse cometido.

 

Artículo 64. Derechos de información y consulta y competencias

4. El comité de empresa, con la periodicidad que proceda en cada caso, tendrá derecho a

…Ser informado de todas las sanciones impuestas por faltas muy graves.

  • Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral.

 

 CAPÍTULO II. DE LOS DESPIDOS Y SANCIONES

 

  SECCIÓN I. DESPIDO DISCIPLINARIO

 

Artículo 103.

1. El trabajador podrá reclamar contra el despido, dentro de los veinte días hábiles siguientes a aquél en que se hubiera producido. Dicho plazo será de caducidad a todos los efectos.

2. Si se promoviese demanda por despido contra una persona a la que erróneamente se hubiere atribuido la cualidad de empresario, y se acreditase en el juicio que lo era un tercero, el trabajador podrá promover nueva demanda contra éste, sin que comience el cómputo del plazo de caducidad hasta el momento en que conste quién sea el empresario.

 

  SECCIÓN II. PROCESO DE IMPUGNACION DE SANCIONES

 

Artículo 114.

1. El trabajador podrá impugnar la sanción que le hubiere sido impuesta mediante demanda que habrá de ser presentada dentro del plazo señalado en el artículo 103 de esta Ley.

2. En los procesos de impugnación de sanciones por faltas graves o muy graves a los trabajadores que ostenten la condición de representante legal o sindical, la parte demandada habrá de aportar el expediente contradictorio legalmente establecido.

3. Corresponderá al empresario probar la realidad de los hechos imputados al trabajador, y su entidad, sin que puedan ser admitidos otros motivos de oposición a la demanda que los alegados en su momento para justificar la sanción. Las alegaciones, pruebas y conclusiones deberán ser realizadas por las partes en el orden establecido para los despidos disciplinarios.

 

Artículo 115.

1. La sentencia contendrá alguno de los pronunciamientos siguientes:

Confirmar la sanción, cuando se haya acreditado el cumplimiento de las exigencias de forma y la realidad del incumplimiento imputado al trabajador, así como su entidad, valorada según la graduación de faltas y sanciones prevista en las disposiciones legales o en el convenio colectivo aplicable.

Revocarla totalmente cuando no haya sido probada la realidad de los hechos imputados al trabajador o éstos no sean constitutivos de falta.

Revocarla en parte, cuando la falta cometida no haya sido adecuadamente calificada. En este caso el Juez podrá autorizar la imposición de una sanción adecuada a la gravedad de la falta.

Declararla nula, si hubiese sido impuesta sin observar los requisitos formales establecidos legal o convencionalmente, o cuando éstos presenten defectos de tal gravedad que no permitan alcanzar la finalidad para la que fueron requeridos.

2. A los efectos de lo previsto en el apartado anterior serán nulas las sanciones impuestas a los representantes legales de los trabajadores o a los delegados sindicales por faltas graves o muy graves, sin la previa audiencia de los restantes integrantes de la representación a que el trabajador perteneciera así como a los trabajadores afiliados a un sindicato, sin dar audiencia a los delegados sindicales. También será nula la sanción cuando consista en alguna de las legalmente prohibidas o no estuviera tipificada en las disposiciones legales o en el convenio colectivo aplicable.

3. Contra las sentencias dictadas en estos procesos no cabrá recurso alguno, salvo en los casos de sanciones por faltas muy graves, apreciadas judicialmente.

  • Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical.

 

Artículo 10.

3. Los delegados sindicales, en el supuesto de que no formen parte del comité de empresa, tendrán las mismas garantías que las establecidas legalmente para los miembros de los comités de empresa o de los órganos de representación que se establezcan en las Administraciones Públicas, así como los siguientes derechos a salvo de lo que se pudiera establecer por convenio colectivo:

3.Ser oídos por la empresa previamente a la adopción de medidas de carácter colectivo que afecten a los trabajadores en general y a los afiliados a su sindicato en particular, y especialmente en los despidos y sanciones de estos últimos.

 

CUANTIAS PENSIONES 2011

     
 

CUANTIAS MENSUALES

CUANTIAS ANUALES

CON CONYUGE A CARGO

SIN CONYUGE

CON CONYUGE NO A CARGO

CON CONYUGE A CARGO

SIN CONYUGE

CON CONYUGE  NO A CARGO

 

CUANTIAS MAXIMAS:

 

2497,91

 

 

34970,74

 

 

CUANTIAS MINIMAS:

 

 

 

 

 

 

 

JUBILACION

 

 

 

 

 

 

TITULAR CON 65 AÑOS

742

601,4

570,4

10388

8419,6

7985,6

TITULAR MENOR DE 65 AÑOS

695,4

562,5

531,5

9735,6

7875

7441

             

INCAPACIDAD PERMANENTE

 

 

 

 

 

 

GRAN INVALIDEZ

1113

902,1

855,6

     

I.P. ABSOLUTA

742

601,4

570,4

10388

8419,6

7985,6

I.P. TOTAL

695,4

562,5

531,5

9735,6

7875

7441

I.P. TOTAL

374

374

55% BASE

5236

5236

55% BASE

I.P. PARCIAL (A. TRABAJO)

742

601,4

570,4

10388

8419,6

7985,6

             

VIUDEDAD

 

 

 

 

 

 

CON CARGAS FAMILIARES

 

695,4

   

9735,6

 

CON 65 AÑOS O DISCAPACIDAD = ó > 65%

 

601,4

   

8419,6

 

CON EDAD ENTRE 60 Y 64 AÑOS

 

562,5

   

7875

 

CON MENOS DE 60 AÑOS

 

455,3

   

6374,2

 
             

ORFANDAD

 

 

 

 

 

 

BENEFICIARIO DISCAPACITADO MENOR DE 18 AÑOS CON DISCAPACIDAD = ó >65%

 

361,4

   

5059,6

 
           

BENEFICIARIO

 

183,7

   

2571,8

 
             

A FAVOR DE FAMILIARES

           

BENEFICIARIO

 

183,7

   

2571,8

 

SIN VIUDO NI HUERFANO PENSIONISTA:

         

CON 65 AÑOS

 

443,9

   

6214,6

 

MENOR DE 65 AÑOS

 

418,1

   

5853,4

 
             

VARIOS BENEFICIARIOS

           

(SE INCREMENTA AL MINIMO ASIGNADO , LA CANTIDAD DE  3802,40 EUROS/AÑO DIVIDIDA ENTRE EL NUMERO DE BENEFICIARIOS)

 
 

OTRAS PRESTACIONES

 
 

CUANTIA MENSUAL

CUANTIA ANUAL

PRESTACION NO CONTRIBUTIVA

(INVALIDEZ Y VIUDEDAD)

384,50

5383

 

PENSIONES ASISTENCIALES (ANCIANOS E INCAPACITADO)

149,86

2098,04

 

LISMI

 

SUBSIDIO INGRESOS MINIMOS

149,86

2098,04

SUBSIDIO 3ª PERSONA

58,45

818,30

SUBSIDIO MOVILIDAD

59,50

714

 

SOVI

 

VEJEZ INVALIDEZ Y VIUDEDAD

384,50

5383

SOVI CONCURRENTES

380,60

5328,40

 

LIMITE INGRESOS PENSION MINIMA :

 

SIN CONYUGE

 

6923,90

CON CONYUGE

 

8076,80

 

ASIGNACIONES HIJO A CARGO

 

MENOR 18

 

291

MENOR 18 CON DISCAPACIDAD

 

1000

MAYOR 18 CON DISCAPACIDAD MENOR 65%

347,60

4171,20

MAYOR 18 CON DISCAPACIDAD MAYOR 75%

521,40

6256,80

     

NACIMIENTO HIJO FAMILIAS MONOPARENTALES Y MADRES DISCAPACIDAD > 65%

1000

LIMITE INGRESOS POR PROTECCION FAMILIAR  HIJO < 18 SIN DISCAPACIDAD

11264,01

LIMITE INGRESOS PROTECCION FAMILIAR EN FAMILIA NUMEROSA

16953,05

INCREMENTO EN LIMITE ANTERIOR A PARTIR 4º HIJO

2745,93

               
Frente a los posibles incumplimientos del trabajador, el empleador tiene un reconocimiento a través de la legislación laboral, para reaccionar aplicando una sanción o un despido por razones disciplinarias. Este reconocimiento no es ilimitado, y está sujeto a revisión por los órganos judiciales a través de un procedimiento para que no exista arbitrariedad en la toma de dichas decisiones por el empresario.


¿Cuáles son los incumplimientos laborales  que pueden provocar una sanción?

Se considera como falta laboral el incumplimiento de cualquier obligación impuesta a los trabajadores por normas legales o convencionales.

Se exige que las faltas además de enumerarse se gradúen por vía legal o convencional, clasificándose de menor a mayor gravedad.

El estatuto de los trabajadores  distingue entre faltas leves, graves y muy graves, enumerando únicamente los incumplimientos que cuando son graves y culpables pueden justificar un despido disciplinario:

a)      Las faltas repetidas e injustificadas de asistencia o puntualidad al trabajo.
b)      La indisciplina o desobediencia en el trabajo.
c)       Las ofensas verbales o físicas al empresario o a las personas que trabajan en la empresa o a los familiares que convivan con ellos.
d)      La transgresión de la buena fe contractual, así como el abuso de confianza en el desempeño del trabajo.
e)      La disminución continuada y voluntaria en el rendimiento de trabajo normal o pactado.
f)       La embriaguez habitual o toxicomanía si repercuten negativamente en el trabajo.
g)      El acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual y el acoso sexual o por razón de sexo al empresario o a las personas que trabajan en la empresa.

La enumeración y graduación de las faltas suele efectuarse de forma más concreta en los convenios colectivos  aplicables  según la actividad empresarial que se realice.


¿Qué clase de  sanciones pueden imponerse  al trabajador?


El Estatuto de los Trabajadores no tiene una regulación exhaustiva de las sanciones, pero si relaciona algunas que expresamente prohíbe, fundamentalmente a través del despido disciplinario (reconocido como la más grave de las sanciones que puede imponer el empresario) o el reconocimiento de la suspensión de empleo y sueldo por razones disciplinarias  al hablar de la suspensión del contrato.

Suele existir una regulación más exhaustiva a través de los convenios colectivos, que establecen una distinción entre sanciones leves, graves y muy graves en la mayoría de los casos.

Algunas de las sanciones que se prevén en los convenios colectivos son: amonestación verbal o por escrito, suspensión de empleo y sueldo, inhabilitación para ascensos, despido…

En definitiva, la empresa no puede sancionar una conducta que no esté tipificada. Es más, no solo debe acreditar la realización de la conducta del trabajador, sino que dicha conducta debe estar tipificada y ser merecedora de la sanción. Dado que el Estatuto de los Trabajadores sólo regula los incumplimientos que motivan la sanción más grave, la del despido, para sancionar hay que acudir al convenio.

  

¿Cómo es el procedimiento para imponer sanciones laborales a los trabajadores?

El órgano competente para aplicar la sanción es el empresario que debe aplicar la sanción antes de que expiren los plazos de prescripción de las faltas.

Deben respetarse unos requisitos de forma en los casos de faltas graves y muy graves, que son la comunicación escrita indicando la fecha y causa que motiva la decisión de imponer la sanción. Para los casos de faltas leves no  son exigibles estos requisitos,  pero si es recomendable que se documente por escrito con la finalidad de que puedan  tenerse en cuenta en caso de reiteración de los hechos  que pueda suponer una sanción mayor o por el hecho de que pueda ser revisada por instancias externas a la empresa.

En los casos de sanciones impuestas por faltas muy graves, se debe informar al comité de empresa y a los delegados sindicales.

Además, debe aplicarse el principio de proporcionalidad a la hora de sancionar. Es decir, imponer una sanción acorde a la gravedad de la falta cometida. Dado que los convenios prevén para cada tipo de falta una sanción, y dentro de la sanción se prevén varias medidas a adoptar hay que operar con proporcionalidad. Por ejemplo, si por la comisión de una falta grave el convenio prevé suspensión de empleo y sueldo entre 4 y 15 días, es preciso elegir en base al alcance gravoso de la conducta.

Es importante señalar que el empleador no puede sancionar reduciendo las vacaciones o descansos, ni puede imponer una multa de haber.



¿Cuál es el plazo de prescripción de las faltas que motivan la sanción?

Existe un periodo de tiempo máximo para poder sancionar cuyo cómputo se inicia desde que la empresa tiene conocimiento de la comisión de los hechos.

*Por la  gravedad de la falta:
Las faltas leves prescriben a los 10 días
Las faltas graves a los 20 días
Las faltas muy graves a los 60 días

*Por la comisión de la falta:
Además existe un plazo de prescripción de la falta independientemente de su gravedad y es de 6 meses desde que se produjo la conducta que pudiera ser constitutiva de sanción.


 ¿Qué puede hacer el trabajador que ha sido sancionado?

El trabajador debe firmar la comunicación de la sanción poniendo "no conforme". Tiene la facultad de impugnar la sanción que haya recibido, sin perjuicio de que deba cumplir la misma aunque posteriormente pueda ser revocada judicialmente (es una ejecutividad de la sanción que responde al  principio disciplinario que tiene el empleador).

Si el trabajador decide impugnar la sanción deberá:

1º.-  Acudir a conciliación:

Debe presentar una papeleta de conciliación administrativa como trámite previo a la vía judicial, en el plazo de 20 días hábiles y acudir obligatoriamente a la cita de la conciliación. En esta conciliación se cita a las partes para intentar llegar a un acuerdo sin tener  que acudir a la vía judicial, pero pueden existir distintos resultados:

Si el empleador no se presenta o si se presenta pero no se llega a un acuerdo. Se entrega un acta que permite presentar demanda  judicial.

Si  se llega a un acuerdo–  tiene fuerza ejecutiva.

2º.- Acudir a la vía judicial

Se puede presentar demanda judicial por cualquier tipo de sanción (incluso por las leves  ya que podrían suponer una sanción mayor por reiteración en el tiempo)

Se citará a las partes a una vista oral en la que se va a debatir sobre los hechos que han ocasionado la sanción, teniendo el empleador la obligación de  demostrar la realidad de los hechos, que la falta ha sido correctamente encuadrada como leve, grave o muy grave según la normativa laboral de aplicación  y que la sanción impuesta es adecuada a la falta que se ha cometido.



¿Qué puede  ocurrir en vía judicial?

El juez dictará sentencia  que puede:

-          Confirmar la sanción (si se acredita el incumplimiento del trabajador, que se ha valorado correctamente el mismo y se ha respetado la tramitación del procedimiento)

-          Revocación parcial de la sanción (si la falta cometida no ha sido correctamente calificada en cuyo caso el juez podrá autorizar  la imposición de una sanción adecuada que no podrá ser mayor de la impuesta)

-          Revocación total de la sanción (si no se prueban los hechos o no son constitutivos de falta)

-          Declaración de nulidad de la sanción si no se han observado los requisitos de forma, legal o convencionalmente establecidos para su imposición.


¿Qué tipo de recursos existen frente a esta sentencia?


Las sentencias  dictadas en estos procesos de imposición de sanciones sólo pueden recurrirse cuando la falta haya sido calificada como muy grave y el juez lo haya apreciado.



LEGISLACION BASICA APLICABLE:


-          Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores . 

Artículo 54.   Despido disciplinario

1. El contrato de trabajo podrá extinguirse por decisión del empresario, mediante despido basado en un incumplimiento grave y culpable del trabajador.

2. Se considerarán incumplimientos contractuales:

  • a) Las faltas repetidas e injustificadas de asistencia o puntualidad al trabajo.
  • b) La indisciplina o desobediencia en el trabajo.
  • c) Las ofensas verbales o físicas al empresario o a las personas que trabajan en la empresa o a los familiares que convivan con ellos.
  • d) La transgresión de la buena fe contractual, así como el abuso de confianza en el desempeño del trabajo.
  • e) La disminución continuada y voluntaria en el rendimiento de trabajo normal o pactado.
  • f) La embriaguez habitual o toxicomanía si repercuten negativamente en el trabajo.
  • g) El acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual y el acoso sexual o por razón de sexo al empresario o a las personas que trabajan en la empresa.

Artículo 55.   Forma y efectos del despido disciplinario


1. El despido deberá ser notificado por escrito al trabajador, haciendo figurar los hechos que lo motivan y la fecha en que tendrá efectos.

Por convenio colectivo podrán establecerse otras exigencias formales para el despido.

Cuando el trabajador fuera representante legal de los trabajadores o delegado sindical procederá la apertura de expediente contradictorio, en el que serán oídos, además del interesado, los restantes miembros de la representación a que perteneciere, si los hubiese.

Si el trabajador estuviera afiliado a un sindicato y al empresario le constase, deberá dar audiencia previa a los delegados sindicales de la sección sindical correspondiente a dicho sindicato.

2. Si el despido se realizara inobservando lo establecido en el apartado anterior, el empresario podrá realizar un nuevo despido en el que cumpla los requisitos omitidos en el precedente. Dicho nuevo despido, que solo surtirá efectos desde su fecha, solo cabrá efectuarlo en el plazo de veinte días, a contar desde el siguiente al del primer despido. Al realizarlo, el empresario pondrá a disposición del trabajador los salarios devengados en los días intermedios, manteniéndole durante los mismos en alta en la Seguridad Social.

3. El despido será calificado como procedente, improcedente o nulo.

4. El despido se considerará procedente cuando quede acreditado el incumplimiento alegado por el empresario en su escrito de comunicación. Será improcedente en caso contrario o cuando en su forma no se ajustara a lo establecido en el apartado 1.

5. Será nulo el despido que tenga por móvil alguna de las causas de discriminación prohibidas en la Constitución o en la ley, o bien se produzca con violación de derechos fundamentales y libertades públicas del trabajador.

Será también nulo el despido en los siguientes supuestos:

  • a) El de los trabajadores durante los periodos de suspensión del contrato de trabajo por maternidad, adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento, paternidad, riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia natural a que se refieren los artículos 45.1.d) y e) o por enfermedades causadas por embarazo, parto o lactancia natural, o el notificado en una fecha tal que el plazo de preaviso concedido finalice dentro de dichos periodos.
  • b) El de las trabajadoras embarazadas, desde la fecha de inicio del embarazo hasta el comienzo del periodo de suspensión a que se refiere la letra a); el de los trabajadores que hayan solicitado uno de los permisos a los que se refieren los artículos 37.4, 5 y 6, o estén disfrutando de ellos, o hayan solicitado o estén disfrutando la excedencia prevista en el artículo 46.3; y el de las trabajadoras víctimas de violencia de género por el ejercicio de los derechos de reducción o reordenación de su tiempo de trabajo, de movilidad geográfica, de cambio de centro de trabajo o de suspensión de la relación laboral en los términos y condiciones reconocidos en esta ley.
  • c) El de los trabajadores después de haberse reintegrado al trabajo al finalizar los periodos de suspensión del contrato por maternidad, adopción, delegación de guarda, acogimiento, o paternidad a que se refiere el artículo 45.1.d), siempre que no hubieran transcurrido más de nueve meses desde la fecha de nacimiento, adopción, delegación de guarda o acogimiento del hijo o del menor.
Lo establecido en las letras anteriores será de aplicación, salvo que, en esos casos, se declare la procedencia del despido por motivos no relacionados con el embarazo o con el ejercicio del derecho a los permisos y excedencia señalados.

6. El despido nulo tendrá el efecto de la readmisión inmediata del trabajador, con abono de los salarios dejados de percibir.

7. El despido procedente convalidará la extinción del contrato de trabajo que con aquel se produjo, sin derecho a indemnización ni a salarios de tramitación


Artículo 58.   Faltas y sanciones de los trabajadores

1. Los trabajadores podrán ser sancionados por la dirección de las empresas en virtud de incumplimientos laborales, de acuerdo con la graduación de faltas y sanciones que se establezcan en las disposiciones legales o en el convenio colectivo que sea aplicable.

2. La valoración de las faltas y las correspondientes sanciones impuestas por la dirección de la empresa serán siempre revisables ante la jurisdicción social. La sanción de las faltas graves y muy graves requerirá comunicación escrita al trabajador, haciendo constar la fecha y los hechos que la motivan.

3. No se podrán imponer sanciones que consistan en la reducción de la duración de las vacaciones u otra minoración de los derechos al descanso del trabajador o multa de haber.


Artículo 60.   Prescripción

1. Las infracciones cometidas por el empresario prescribirán conforme a lo establecido en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

2. Respecto a los trabajadores, las faltas leves prescribirán a los diez días; las graves, a los veinte días, y las muy graves, a los sesenta días a partir de la fecha en que la empresa tuvo conocimiento de su comisión y, en todo caso, a los seis meses de haberse cometido.


Artículo 64.  Derechos de información y consulta y competencias

4. El comité de empresa, con la periodicidad que proceda en cada caso, tendrá derecho a:

....

c) Ser informado de todas las sanciones impuestas por faltas muy graves.



·         Ley 36/2011, de 10 de octubre. Reguladora de la jurisdicción social

CAPÍTULO II.
DE LOS DESPIDOS Y SANCIONES


SECCIÓN I. DESPIDO DISCIPLINARIO

Artículo 103.

1. El trabajador podrá reclamar contra el despido, dentro de los veinte días hábiles siguientes a aquél en que se hubiera producido. Dicho plazo será de caducidad a todos los efectos y no se computaran los sábados, domingos y festivos n la sede del órgano jurisdiccional.

2. Si se promoviese papeleta de conciliación o solicitud de mediación, reclamación previa o demanda por despido contra una persona a la que erróneamente se hubiere atribuido la cualidad de empresario, y se acreditase con posterioridad, sea en el juicio o en otro momento anterior del proceso, que lo era un tercero, el trabajador podrá promover nueva demanda contra éste, o ampliar la demanda si no se hubiera celebrado el juicio, sin que comience el cómputo del plazo de caducidad hasta el momento en que conste quién sea el empresario.



SECCIÓN II. PROCESO DE IMPUGNACION DE SANCIONES

Artículo 114.

1. El trabajador podrá impugnar la sanción que le hubiere sido impuesta mediante demanda que habrá de ser presentada dentro del plazo señalado en el artículo 103.

2. En los procesos de impugnación de sanciones por faltas graves o muy graves a los trabajadores que ostenten la condición de representante legal o sindical, la parte demandada habrá de aportar el expediente contradictorio legalmente establecido.

3. Corresponderá al empresario probar la realidad de los hechos imputados al trabajador, y su entidad, sin que puedan ser admitidos otros motivos de oposición a la demanda que los alegados en su momento para justificar la sanción. Las alegaciones, pruebas y conclusiones deberán ser realizadas por las partes en el orden establecido para los despidos disciplinarios.



Artículo 115.   Contenido de la sentencia

1. La sentencia contendrá alguno de los pronunciamientos siguientes:

a) Confirmar la sanción, cuando se haya acreditado el cumplimiento de las exigencias de forma y la realidad del incumplimiento imputado al trabajador, así como su entidad, valorada según la graduación de faltas y sanciones prevista en las disposiciones legales o en el convenio colectivo aplicable.

b) Revocarla totalmente, cuando no haya sido probada la realidad de los hechos imputados al trabajador o éstos no sean constitutivos de falta, condenando al empresario al pago de los salarios que hubieran dejado de abonarse en cumplimiento de la sanción.

c) Revocarla en parte, con análogo pronunciamiento de condena económica por el período de exceso en su caso, cuando la falta cometida no haya sido adecuadamente calificada, pero los hechos constituyan infracción de menor entidad según las normas alegadas por las partes, de no haber prescrito la falta de menor gravedad antes de la imposición de la sanción más grave. En este caso, el juez podrá autorizar la imposición, en el plazo de caducidad de los diez días siguientes a notificación de sentencia firme, de una sanción adecuada a la gravedad de la falta, y la decisión empresarial será revisable a instancia del trabajador, en el plazo igualmente de caducidad de los veinte días siguientes a su notificación, por medio del incidente de ejecución de dicha sentencia previsto en el art. 238.

d) Declararla nula, si hubiese sido impuesta sin observar los requisitos formales establecidos legal, convencional o contractualmente, o cuando éstos presenten defectos de tal gravedad que no permitan alcanzar la finalidad para la que fueron requeridos, así como cuando tenga como móvil alguna de las causas de discriminación prevista en la Constitución y en la Ley, o se produzca con violación de derechos fundamentales y libertades públicas del trabajador, incluidos, en su caso, los demás supuestos que comportan la declaración de nulidad del despido en el apartado 2 del art. 108. También será nula la sanción cuando consista en alguna de las legalmente prohibidas o no estuviera tipificada en las disposiciones legales o en el convenio colectivo aplicable.

2. A los efectos de lo previsto en el apartado anterior serán nulas las sanciones impuestas a los representantes legales de los trabajadores o a los delegados sindicales por faltas graves o muy graves, sin la previa audiencia de los restantes integrantes de la representación a que el trabajador perteneciera así como a los trabajadores afiliados a un sindicato, sin dar audiencia a los delegados sindicales.

3. Contra las sentencias dictadas en estos procesos no cabrá recurso alguno, salvo en los casos de sanciones por faltas muy graves, apreciadas judicialmente.



·         Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical.



Artículo 10.

3. Los delegados sindicales, en el supuesto de que no formen parte del comité de empresa, tendrán las mismas garantías que las establecidas legalmente para los miembros de los comités de empresa o de los órganos de representación que se establezcan en las Administraciones Públicas, así como los siguientes derechos a salvo de lo que se pudiera establecer por convenio colectivo:



3.Ser oídos por la empresa previamente a la adopción de medidas de carácter colectivo que afecten a los trabajadores en general y a los afiliados a su sindicato en particular, y especialmente en los despidos y sanciones de estos últimos.



Si ha sido sancionado disciplinariamente y necesita asesoramiento o quiere impugnar la sanción, contacte con nosotros en el 91 530 96 95.


 

 

La Nación Española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de:

- Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo.

- Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la Ley como expresión de la voluntad popular.

- Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones.

- Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida.

- Establecer una sociedad democrática avanzada, y colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra.

En consecuencia, las Cortes aprueban y el pueblo español ratifica la siguiente Constitución.

 

CARTA DE INVITACION POLICIAL

 

 

Se trata de un documento imprescindible cuando una persona quiere invitar a un familiar o amigo a pasar unos días en España.

 

Es necesario acudir a la comisaría de policía más cercana al domicilio, allí los funcionarios policiales entregarán al interesado un formulario que deberá rellenarse y al que habrá que adjuntar determinada documentación, posteriormente serán los propios agentes los que resolverán sobre la concesión o denegación de la carta de invitación. En caso de concesión deberá remitirse el original al invitado que deberá viajar con ella.

 

La documentación a aportar básicamente es la siguiente:

 

- Contrato de alquiler, escritura pública o título de propiedad.

 

- Certificado de empadronamiento en el que conste el número de personas que conviven en la vivienda.

 

- Tarjeta de residencia, pasaporte en vigor o DNI del invitador.

 

- Copia de la página del pasaporte en la que constan los datos de filiación del invitado.

 

- Documentación que acredite la relación o vínculo:

 

Si se trata de familiares (certificados de nacimiento, matrimonio, legalizados y traducidos).

 

Si se trata de amistades o noviazgos fotografías, correspondencia o cualquier otro documento o soporte audiovisual que pruebe la relación entre invitador e invitado.

 

- Documentación que acredite la solvencia económica del invitador (Declaración de la renta, nóminas etc...) y que demuestren el compromiso a costear durante el periodo de estancia todos los gastos relativos al alojamiento.

 

 

 

 

RETORNO VOLUNTARIO

 

El nuevo Reglamento de Extranjería establece como novedad la posibilidad de regresar a España tras acogerse a un programa de retorno voluntario. De esta manera se permite que los ciudadanos extranjeros que regresen conserven la antigüedad del permiso de residencia con el que contaban antes de marcharse.

 

Son numerosos los extranjeros que están regresando a sus países de origen por haber perdido su empleo, con éste programa no perderán los años de trabajo en España, sino que este tiempo de cotización contará si en un futuro deciden volver, siendo necesario para ello que se necesite mano de obra en España.

 

Es imprescindible que una vez en su país esperen tres años para poder regresar, aunque tendrán prioridad para acceder a la contratación en origen.

 

Requisitos para poder acogerse a las ayudas contempladas en el Plan de Retorno Voluntario:


- Ser ciudadanos de uno de los 20 países extracomunitarios con los que España tenga suscrito un Convenio Bilateral en materia de Seguridad Social.

 

- Ser residente legal.

 

- No estar incurso en los supuestos de prohibición de salida del territorio nacional previstos en la legislación de extranjería. A estos efectos el Servicio Público de Empleo Estatal deberá recabar la oportuna información de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil que deberá proporcionarse de forma inmediata

 

- Estar inscritos como demandante de empleo en el Servicio Público de Empleo correspondiente.

 

- Tener reconocido el derecho a la prestación por desempleo del nivel contributivo, sin compatibilizarlo con un trabajo a nivel parcial.

 

- Se deberá retornar a su país de origen en un plazo de 30 días desde el primer pago de la prestación.

 

-El solicitante deberá regresar en compañía de los familiares reagrupados que no cuenten con una autorización de residencia independiente.

 

- No podrá volver a España en un plazo de 3 años.

 

Prestaciones y beneficios del Plan de Retorno Voluntario:


A aquellos ciudadanos que se acojan al Plan de Retorno Voluntario se les abonará de manera anticipada todo el valor acumulado de la prestación por desempleo del nivel contributivo. La cantidad a percibir será la correspondiente de la prestación por desempleo o la que quede por recibir si es que se está cobrando ya.

 

El pago se efectúa en euros, o en su defecto utilizando la moneda que la Tesorería General de la Seguridad Social use para el pago de la prestación en el país respectivo.

 

El pago se realizará en dos partes:

 

Una primera se hará en España, abonando un 40% del total de la prestación por desempleo.

 

La segunda se hará en el país de origen, abonando el 60% restante entre los 30 y 90 días siguientes a la fecha en que se recibió el primer pago.

 

Existen también otra serie de ayudas económicas para el viaje de regreso como son:

 

-Pago del billete de avión.

 

-En determinados supuestos puede incluso pagarse los costes de desplazamiento en España desde el domicilio particular hasta la ciudad desde la que se vaya a partir al país de origen así como una noche de alojamiento.

 

-Ayuda económica de 50 euros por cada miembro de la unidad familiar.

 

-Pago de gastos imprevistos siempre y cuando ésos sean debidamente justificados.

 

Para solicitar estas ayudas es necesario contactar la Dirección general de Integración de los Inmigrantes, Secretaría de estado de Inmigración y Emigración (902 88 21 20 o 901 11 99 99 ) www.planderetornovoluntario.es .

 

 

 

 

 

 

 

 

MATRIMONIO POR PODERES

 

 

La autoridad competente en España para la realización de matrimonios por poderes es el Registro Civil de la localidad de residencia del extranjero.

 

Para la realización de un matrimonio por poderes habrán de aportarse los siguientes documentos de los dos contrayentes:

 

- Certificado literal de nacimiento.

 

- Certificado de capacidad matrimonial o Certificación de Soltería.

 

- Certificado que acredite si la ley personal de su país exige la publicación de edictos a la hora de contraer matrimonio.

 

- Certificado de empadronamiento o de residencia.

 

- Pasaporte, permiso de residencia o cualquier otro o documento que acredite la identidad del extranjero.

 

La documentación tienen que estar debidamente legalizada y traducida.

 

Además de esta documentación, el extranjero que se encuentre en su país debe realizar un Poder Notarial debidamente legalizado, por el que se autoriza a una persona en España para que pueda iniciar el expediente de matrimonio, recibir notificaciones y prestar el consentimiento matrimonial (es decir una persona que actúe en su nombre).

 

Es necesario facilitar a los funcionarios del Registro Civil, la dirección del Consulado o Embajada más cercana al domicilio de la persona que está en el extranjero.

 

Iniciado el expediente (con la aportación de documentación necesaria, poder y apoderado) se envía el exhorto al Consulado Español que le corresponde al domicilio del contrayente extranjero, donde el interesado deberá hacer una comparecencia reservada prestando su consentimiento a casarse.

 

Una vez el trámite finalice en España le entregarán al contrayente el Libro de Familia y el Certificado de Matrimonio y con estos se puede iniciar el trámite para solicitar un Visado de Residencia Comunitaria.

 

Posteriormente cuando el extranjero ya se encuentre en España podrá tramitar una Tarjeta de Residente Comunitario.

 

 

DOCUMENTACION NECESARIA PARA CONTRAER MATRIMONIO CIVIL

 


Los futuros contrayentes deberán acudir al Registro de su localidad acompañados de uno/dos testigos mayores de edad, (que no tienes porque ser los mismos que vayan a ser testigos de la boda) y deberán llevar consigo el D.N.I., pasaporte o tarjeta de residencia originales, los solicitantes deberán llevar también fotocopia de los mismos.

 

Para poder contraer matrimonio civil deberán ser aportados los siguientes documentos:

 

- Certificados literales de nacimiento de los contrayentes (que sean recientes, esto es, que no tengan una antigüedad superior a 3 meses).

 

- Certificados de empadronamiento acreditativa del domicilio de los 2 últimos años de ambos solicitantes o en su caso, desde que se entró en el país. Son expedidas por el Ayuntamiento y caducan a los tres meses.

 

- Acreditación del estado civil: deberán acreditar si la ley personal de su país exige la publicación de edictos para contraer matrimonio civil en España. Deberán aportar certificado de capacidad matrimonial o solteria.

 

- El escrito de solicitud será facilitado por el Registro Civil.

 

Para que el expediente pueda ser tramitado en el Registro Civil de Madrid, es necesario que al menos uno de los dos contrayentes esté empadronado en esta localidad.

 

Las personas que deseen contraer matrimonio civil y estén en los casos enunciados a continuación, deberán aportar, aparte de los documentos descritos anteriormente, los siguientes:

 

Divorciados/as, o nulidad del matrimonio anterior:


- Certificación literal del matrimonio, con inscripción marginal de divorcio o nulidad.

Viudos/as.

 

- Certificación literal del matrimonio y certificación literal de defunción del cónyuge anterior fallecido.

 

Menores de edad:


- Mayores de 16 años: Que conste en la certificación literal de nacimiento la inscripción marginal de emancipación.

 

- Mayores de 14 años y menores de 16 años: En este caso debe obtenerse previamente la dispensa judicial.

 

En caso de Asilados o Refugiados:

 

- Deberán aportar certificado de la Dirección General de la Policía o del ACNUR o Cruz Roja con todos sus datos personales y la acreditación de su condición de refugiados

 

Los extranjeros que no sepan hablar español deberán comparecer asistidos de traductor jurado o intérprete.

 

Todos los documentos extranjeros (excepto los plurilingües) tendrán que estar traducidos al Castellano por un intérprete oficial y legalizados con la apostilla de La Haya.

 

Documentos plurilingües: no necesitan ser legalizados los documentos expedidos por los siguientes países: Alemania, Austria, Bélgica, España, Francia, Grecia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Suiza, Turquía, Eslovenia, Croacia, Ex República Yugoslava de Macedonia, Bosnia-Herzegovina, Serbia y Montenegro y Polonia.

 

 

 

 

MODIFICACIÓN DE LA TARJETA DE ESTUDIANTE A TARJETA DE RESIDENCIA Y TRABAJO.

 

 

Requisitos:

 

Para poder solicitar la modificación de la situación de estancia por estudios a la de residencia y trabajo, es imprescindible acreditar la condición de estudiante durante tres años como mínimo. Y además es necesario no haber sido becado o subvencionado por ningún organismo público o privado dentro de programas de cooperación o desarrollo del país de origen.

 

Excepcionalmente y previo informe favorable de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración podrá reducirse el plazo de tres años, cuando se trate de extranjeros cuya residencia en España se considere oportuna por razón de la relevancia excepcional de los méritos profesionales y científicos acreditados por aquéllos.

 

Documentación:


- Impreso de solicitud (modelo Ex 01 2 copias).

 

- Copia del pasaporte en vigor.

 

- Autorización de estancia por estudios en vigor.

 

- En caso de ser necesario titulación o capacitación profesional para el ejercicio de la profesión debidamente homologada.

 

- Contrato de trabajo.

 

Si la solicitud es para trabajar para una empresa:


- NIF del empleador o representante legal de la empresa (original y copia).

 

- Documento de inscripción de la empresa en la seguridad social (original y copia).

 

- Documento público que otorgue la representación de la empresa a favor de la persona física que formule la solicitud (original y copia).

 

- Tres últimos boletines de cotización.

 

Si la solicitud es para servicio doméstico:


- D.N.I. del empleador (original y copia).

 

- Contrato de trabajo.

 

- Documento de inscripción del empleador en el régimen especial de empleados del hogar (original y copia).

 

- Capacidad y solvencia económica del empleador (Declaración de la Renta, certificado bancario).

 

Una vez obtenida la autorización de trabajo y residencia inicial es necesario que el empleador de de alta al extranjero ante la Seguridad Social dentro del mes siguiente a la comunicación de la concesión de la autorización. El interesado dispone de un mes para solicitar la correspondiente tarjeta.

 

El estudiante que se acoja a esta posibilidad podrá igualmente solicitar una autorización de residencia a favor de los familiares que ya conviven con él, siempre y cuando se acredite suficiencia económica y disponibilidad de vivienda adecuada (es decir se cumplan los requisitos establecidos para la reagrupación familiar).

 

 

La autorización de residencia y trabajo, así como, en su caso, la autorización de residencia para los familiares, deberá solicitarse durante los tres meses anteriores a la extinción de la autorización de estancia por estudios, y prorroga la tarjeta de estudiante hasta la resolución de la solicitud.

 

La solicitud debe realizarse a través de cita previa: www.mpt.es

 

 

 

REALIZACION DE TRABAJOS POR LOS ESTUDIANTES EXTRANJEROS

 


Los extranjeros que estén en posesión de la tarjeta de estudiante, con carácter general, no podrán ejercer una actividad retribuida por cuenta propia ni ajena.

 

El estudiante si podrá realizar trabajos a tiempo parcial o de corta duración, siempre y cuando los ingresos que se obtengan no constituyan un recurso necesario para el sustento o la estancia y sean compatibles con sus estudios, debiendo para ello obtener la correspondiente autorización para trabajar.

 

Si por motivos de sus estudios o los trabajos de investigación fuese necesario que realizase prácticas formativas no es necesario autorización. (El estudiante de medicina que realice prácticas en un hospital).

 

Si se tratan de trabajos realizados cuando haya finalizado el periodo lectivo (vacaciones de verano, festivos, etc.) podrán ser a tiempo completo durante un periodo que no supere los tres meses en cualquier provincia de España.

 

Obtención de la autorización para trabajar, documentación:


Para la concesión de la autorización para trabajar junto al modelo de solicitud oficial debe acompañarse la siguiente documentación:

 

Por parte del estudiante-trabajador:


- Copia de su pasaporte, documento de viaje o cédula de inscripción en vigor. En el supuesto de que estén caducados, deberá aportarse copia de los mismos y de la solicitud de renovación.

 

- Tarjeta de estudiante en vigor o solicitud de renovación de la misma.

 

- Certificación expedida por el centro donde curse los estudios, referida al período y horario lectivo de los mismos y de las prácticas que, en su caso, se realicen.

 

- Documentos que acrediten, en caso de ser necesario, que posee la titulación o capacitación exigida para el ejercicio de su profesión.

 

Por parte de la empresa que le contrata:


- El DNI o CIF y número de inscripción en la Seguridad Social, o documento acreditativo de hallarse exento.

 

- Contrato de trabajo en el que figuren los elementos esenciales y las condiciones básicas de la prestación laboral, describiéndose la actividad de la empresa y el puesto de trabajo a desempeñar.

 

Si el contrato es a tiempo parcial deberá indicarse el número y distribución de horas al día, a la semana, al mes o al año, durante las que el trabajador va a prestar sus servicios.

 

- Documentación que acredite la solvencia del empresario para hacer frente a las obligaciones que surjan del contrato (Declaración de la Renta, extractos bancarios...).

 

El interesado no podrá trabajar hasta que no se le haya concedido la autorización, que deberá renovarse un mes antes a la fecha de su caducidad.

 

 

 

 

RENOVACION DE LA TARJETA DE ESTUDIANTE

 

 

La tarjeta de estudiante debe renovarse dos meses antes de su caducidad, debiendo aportarse la siguiente documentación:

 

1.- Impreso de solicitud (se descarga en www.mpt.es ).

 

2.- Pasaporte en vigor durante el tiempo de duración de los estudios.

 

3.- Tarjeta de estudiante a renovar.

 

4.- Acreditación de disponibilidad de medios económicos bien mediante un certificado de la cuenta bancaria en el que se reflejen los movimientos monetarios del año anterior así como el origen del dinero, (transferencias), y en el caso de que no se disponga de una cuenta bancaria, se deberá demostrar el origen de los ingresos mediante certificados de las transferencias recibidas.

 

5.-Certificado de la Universidad o centro de estudios en el que se acredite el aprovechamiento de los estudios llevados a cabo en el periodo anterior, o bien un informe favorable del desarrollo de la investigación que se estuviera llevando a cabo.

 

6.- Carta de admisión del curso que se va al realizar a lo largo del periodo por el que se solicita la renovación de la tarjeta.

 

7.- Acreditación de la existencia de un seguro médico privado, debiendo aportarse una copia de la póliza en la que se especifique la cobertura que se presta.

 

8.- 3 Fotografías tamaño carné.

 

La documentación se presentará en la Plaza del Campillo del Mundo Nuevo nº 3 (Metro Puerta de Toledo). Siendo necesario tener cita previa, Tfno. 902.56.57.01.

 

 

TARJETA DE ESTUDIANTE

INFORMACION GENERAL



Es estudiante el extranjero que viene a España únicamente con el objetivo principal de cursar, ampliar estudios o realizar trabajos de investigación o formación (que no deberán estar remunerados laboralmente) en cualquiera de los centros docentes o científicos españoles, públicos o privados, oficialmente reconocidos.

 

Es necesario que previamente el interesado haya solicitado el correspondiente Visado de Estudiante en la Embajada o Consulado de España en su país de origen o de residencia.

 

Una vez en España es necesario solicitar la tarjeta de estudiante y debe realizarse en el plazo de un mes desde la entrada en España y antes que se finalice el visado.

 

La tarjeta permite permanecer en España durante el mismo tiempo que duren los estudios en los que se haya matriculado, y permitirá que el estudiante pueda transitar por los países miembros del convenio Schegen sin necesidad de visado. (Es importante no salir de España mientras no se tenga físicamente la tarjeta, pues en caso contrario puede haber problemas a la hora de intentar regresar.)

 

Obtención de la tarjeta de estudiante, documentación:

 

Para solicitar la tarjeta de estudiante es necesario cumplimentar el impreso oficial y presentar la siguiente documentación:

 

- Copia de pasaporte o documento válido para la entrada en España, en vigor.

 

- Visado de estudios, investigación o formación.

 

- Justificación de la admisión como alumno, estudiante o investigador en centro o establecimiento público o privado, autorizado o reconocido por la Administración competente, en la que conste que la actividad a realizar implica asistencia al mismo y que la duración prevista de la actividad no es inferior a 3 meses.

 

- En el caso de menores de edad, autorización de los padres o tutores para el desplazamiento a España y la realización de estudios.

 

- Justificación de tener garantizados los medios económicos necesarios para sufragar el coste de los estudios, los gastos de estancia y el regreso al país de origen una vez terminados los mismos.

 

- Tres fotografías tamaño carné.

 

Cuando la duración de los estudios o de la investigación supere los seis meses, se requerirá, además:

 

- Certificado médico para verificar que no padece ninguna enfermedad susceptible de cuarentena previstas en el reglamento sanitario internacional.

 

- Certificado de antecedentes penales.

 

La solicitud se realizará en la Pza. del Campillo Nuevo nº 3 (Metro Puerta de Toledo) siendo necesario Cita Previa llamando al 902.56.57.01

 

Duración de la tarjeta y renovación:


La tarjeta de estudiante puede prorrogarse anualmente siempre y cuando se acredite que se siguen reuniendo las condiciones requeridas en el momento de su concesión así como las del centro de enseñanza al que se desea asistir. La vigencia será de un año o bien limitarse a la duración de los estudios.

 

Será necesario presentar un certificado de la Institución donde se cursan los estudios que demuestre el cumplimiento con el plan de estudios previstos, asistencia así como superación de las pruebas o exámenes.

 

En el caso de trabajos de investigación será necesaria la presentación de un informe que asegure que has superado los requisitos para la continuidad de tus estudios o investigaciones.

 

La renovación de la tarjeta deberá realizarse dentro de los 60 días previos a su vencimiento.

 

Deberá acreditarse igualmente la disponibilidad de medios económicos (bien mediante certificado de la cuenta bancaria o de las transferencias recibidas a lo largo del año).

 

Es necesario acreditar la continuidad del seguro médico privado mediante la copia de la póliza de dicho seguro donde se refleje con claridad la precisión de la cobertura que se presta.

 

 

 

CONCESIÓN DE LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA A TRAVES DE LA LEY DE MEMORIA HISTORICA


 

La Ley 52/2007, conocida como Ley de Memoria Histórica, reconoce la injusticia que supuso el exilio de muchos españoles durante la Guerra Civil y la Dictadura.

 

En consecuencia, la citada Ley en su disposición adicional séptima permite la adquisición por opción de la nacionalidad española de origen a las personas cuyo padre o madre hubieran sido originariamente español y a los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio.

 

SOLICITUD DE LA NACIONALIDAD

 

Hay 3 tipos de solicitudes diferentes de la nacionalidad española de origen:

 

1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente españoles.

 

La ley española ya permitía optar por la nacionalidad española a las personas cuyo padre o madre hubiera sido originalmente español y nacido en España.

 

La Ley de la memoria Histórica amplía la posibilidad de adquirir la nacionalidad española de origen a los hijos de padre o madre español de origen, aunque no hubiera nacido en España.

 

Documentos que deben aportar los interesados:

 

- Solicitud conforme al modelo oficial que puede solicitarse en la Embajada o Consulado de España de su país.

 

- Certificación literal de nacimiento del interesado, expedida por un registro civil local en el extranjero, legalizada o apostillada si procede.

 

- Certificación literal de nacimiento del padre o madre originariamente español del solicitante. Esta certificación deberá proceder de un Registro Civil español, consular o municipal, o de un registro civil extranjero.

 

2. Los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio.


Incluye a las personas cuyo padre o madre nació después de que el abuelo o abuela exiliados perdiera la nacionalidad española. Por tanto, su ascendiente español más cercano es algún abuelo.

 

No es necesario que el abuelo o abuela español lo hubiese sido de origen.

 

Documentos que deben aportar los interesados:

 

- Solicitud conforme al modelo oficial que puede solicitarse en la Embajada o Consulado de España en su país.

 

- Certificación literal de nacimiento del interesado, expedida por un registro civil local en el extranjero, legalizada o apostillada si procede..

 

- Certificación literal de nacimiento del padre o madre (el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles) del solicitante, expedido por un Registro Civil consular o por un registro civil extranjero. En este último caso, la certificación deberá estar legalizada o apostillada cuando así se requiera. Si hubieran nacido antes de 1870, podrán aportar una certificación española de bautismo.

 

Este certificado pretende únicamente relacionar el padre o la madre con el abuelo o la abuela.

 

- Certificación literal de nacimiento del abuelo o abuela español del solicitante, expedida por un Registro Civil municipal situado en España. Si hubieran nacido antes de 1870, podrán aportar una certificación española de bautismo.

 

- Documentación que pruebe la condición de exiliado del abuelo o la abuela. Para acreditar la condición de exiliado del abuelo o abuela del interesado, la ley permite 3 posibilidades.

 

1. Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados, que prueba directamente y por sí sola el exilio.

 

2. Documentación que acredite el exilio junto a documentación que pruebe la salida de España o la entrada o permanencia estable en otro Estado.

 

La condición de exiliado podrá acreditarse mediante:

 

- Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias.

 

- Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio. Dichas certificaciones o informes deberán referirse fehacientemente a los fondos documentales o archivos históricos de la entidad.

 

La expatriación, salida de España o permanencia en otro Estado podrá acreditarse mediante:


- Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida.

 

- Certificación del Registro de Matrícula de la Embajada o Consulado español.

 

- Certificaciones del Registro Civil consular que acrediten la residencia en el país de acogida, como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, etc.

 

- Certificación del registro civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país.

 

- Documentación oficial de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.

 

3.- Se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y 31 de diciembre de 1955. La salida de España se podrá acreditar mediante alguno de los documentos citados arriba.

 

3. Las personas que ya optaron a la nacionalidad española no de origen:


Aquellas personas que ya optaron a la nacionalidad española derivativa porque su padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España, según el artículo 20.1 b) del Código Civil, pueden ahora optar además a la nacionalidad española de origen.

 

Documentos que deben aportar los interesados:


Los solicitantes únicamente tienen que presentar la solicitud de acuerdo con el modelo oficial que puede encontrarse en la Embajada o Consulado en España de su país.

 

PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD Y PLAZOS


Los interesados deberán imprimir y rellenar dos copias del modelo de solicitud que corresponda según el supuesto en el que estén incluidos. Lo presentarán, junto con la documentación que proceda, ante el Registro Civil español, consular o municipal, correspondiente al lugar del domicilio del interesado. Una copia sellada les será devuelta como justificante de presentación.

 

Si al presentarse la solicitud de nacionalidad no se acreditan los requisitos exigidos, el optante estará obligado a completar la documentación en el plazo de treinta días naturales desde que se le requiera.

 

RECURSOS


Si el Encargado del Registro Civil denegara la opción a la nacionalidad española de origen por no cumplir los requisitos previstos en la ley, se le notificará formalmente al interesado a efectos de que pueda interponer el correspondiente recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado del Ministerio de Justicia: Plaza Jacinto Benavente, nº 3 – 28.071 Madrid.

 

El recurso también podrá presentarse en las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.

 

CONCESIÓN DE LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA

A voluntarios de Brigadas Internacionales


España reconoce la labor de defensa de la libertad y los principios democráticos que llevaron a cabo los voluntarios integrantes de las Brigadas Internacionales en la Guerra Civil española.

 

Ese reconocimiento ya se manifestó en 1996, al concederles, por Real Decreto de 19 de enero, el derecho a adquirir la nacionalidad española por carta de naturaleza. Sin embargo, el acceso a la nacionalidad por esta vía está sujeto al requisito de tener que renunciar a la anterior, por lo que un buennúmero de brigadistas no hizo efectiva la adquisición de la nacionalidad española.

 

La Ley 52/2007, conocida como Ley de Memoria Histórica, en su artículo 18, reconoce de nuevo y de un modo singularizado la labor de los brigadistas y amplía su derecho a la nacionalidad española eliminando el requisito de tener que renunciar a su anterior nacionalidad.

 

Solicitud:


Para hacer efectivo el derecho de los brigadistas a la nacionalidad española, el nuevo Real Decreto, de 31 de octubre de 2008, que desarrolla la Ley de Memoria Histórica establece dos procedimientos con requisitos distintos dependiendo de si ya se presentó una solicitud o no.

 

Casos en que ya se presentó solicitud:


Aquellos integrantes de las Brigadas Internacionales a quienes les fue concedida la nacionalidad española con arreglo al Real Decreto de 19 de enero de 1996 y que no la hicieron efectiva por no renunciar a su nacionalidad anterior, podrán reproducir su petición sin necesidad de aportar documentación alguna.

 

Únicamente tendrán que presentar una solicitud indicando sus datos personales.

 

- Nuevos solicitantes

 

Modelo de solicitud. Los brigadistas que solicitan por primera vez la adquisición de la nacionalidad español deberán formalizarla según el MODELO oficial que puede descargarse en la página del ministerio del Interior.

 

Otros documentos: El interesado podrá aportar aquellos documentos que estime oportunos para acreditar su condición de miembro de las Brigadas Internacionales.

 

También se aportará el certificado literal de nacimiento, legalizado y, en su caso, traducido. Además, si está casado/a, certificado original de matrimonio, legalizado y, en su caso, traducido; y si el cónyuge es español/a, certificado literal de nacimiento del mismo.

 

Plazo de presentación de la solicitud


El ejercicio del derecho a solicitar la nacionalidad española de los brigadistas no está sujeto a plazo alguno.

 

Formas de solicitarlo


Los interesados podrán presentar la solicitud de adquisición de la nacionalidad española:

 

- En el Ministerio de Justicia, Dirección General de los Registros y del Notariado (Plaza de Jacinto Benavente, 3. 28012 Madrid).

 

- En el registro general de cualquier órgano administrativo español.

 

- En las oficinas de Correos de España.

 

- En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.

 

- En el Registro Civil español, municipal o consular del domicilio del interesado.

 

 

NOMBRES

 

El criterio general es que en la inscripción de nacimiento en el Registro español de un extranjero que ha adquirido la nacionalidad española, se mantendrá el nombre que viniere usando el interesado, aunque sino fuere de uso corriente será completado o cambiado si infringe las normas establecidas, pues rigen las mismas normas sobre prohibiciones que las establecidas con carácter genera.

 

En todo caso, si el nombre usado por el interesado se encuentra incluido en alguno de estos supuestos, ha de ser sustituido por otro ajustado a las normas españolas, el elegido por el interesado o su representante legal, y, en último término, por uno impuesto de oficio.

 

En el caso de nombres propios que consten en sistema de escritura distinto al nuestro (chino, japonés, etc) se consignarán mediante su transcripción o transliteración, de manera que se consiga una adaptación gráfica y una equivalencia fonética. También en nombres propios escritos con caracteres latinos, a petición del interesado, cabría hacer adaptaciones ortográficas para facilitar su escritura y fonética (por ejemplo, supuestos en que el nombre original tuviese varias consonantes seguidas).

 

APELLIDOS

 

Al extranjero que adquiere la nacionalidad española han de atribuírsele los apellidos determinados por la filiación, según lo establecido por la ley española.

 

Si esta filiación es conocida y si los progenitores no han acordado antes de la inscripción, la inversión del orden de los apellidos se hará constar: como primer apellido el primero del padre y como segundo el primero de la madre, es decir, en cuanto al apellido materno no procede la atribución del que ésta pudo, por ejemplo, adquirir por matrimonio, sino el que tuviese antes de su celebración.

 

Asimismo, la ley permite a quien adquiere la nacionalidad española, conservar los apellidos que ostentase en forma distinta de la legal, si así lo declara en el momento de la adquisición o en los dos meses siguientes a ésta o a la mayoría de edad.

 

Cuando la filiación no determine otros apellidos, se mantendrán los que viniere usando el interesado.

 

Cuando se trate de extranjeros que, conforme a su estatuto personal, tienen atribuido un solo apellido, al ser inscritos como españoles, han de hacerse constar dos apellidos.

 

Vale para los apellidos lo dicho respecto de los nombres, en cuanto a las adaptaciones ortográficas y fonéticas.

 

Respecto del cambio de nombre y apellidos, una vez adquirida la nacionalidad española, se rigen por la legislación española. Si se han acogido a la facultad de conservar los apellidos que ostentaban antes de adquirir la nacionalidad española, no pueden acogerse posteriormente a la posibilidad de invertir el orden de los apellidos.

¿CÓMO SE RECUPERA LA NACIONALIDAD?

 


Una vez perdida la nacionalidad española existe la posibilidad de recuperarla; para ello será necesario cumplir una serie de requisitos que se recogen en el artículo 26 del Código Civil:

 

- El interesado debe ser residente legal en España. Sin embargo, este requisito no será de aplicación a los emigrantes ni a los hijos de emigrantes. Además, podrá ser dispensado de este requisito por el Ministro de Justicia, cuando concurran circunstancias excepcionales. (ej: personas que hayan realizado actividades benéficas en favor de intereses o asociaciones españolas, Orden del Ministerio de Justicia de 11 de Julio de 1991. BOE de 24 Julio de 1991).

 

-El interesado deberá declarar ante el Encargado del Registro Civil su voluntad de recuperar la nacionalidad española y renunciar a la nacionalidad extranjera que ostente (exceptuando los casos de doble nacionalidad).

 

- Deberá inscribirse la recuperación de la nacionalidad en el Registro Civil.

 

¿Cuándo es necesaria la previa habilitación del Gobierno para recuperar la nacionalidad española?.


Se regula en el artículo 26.2 del Código Civil que establece que será necesaria la previa habilitación del Gobierno para recuperar la nacionalidad española, concesión que es discrecional, cuando la hubieran perdido españoles que no lo hubieran sido de origen y la pérdida se hubiera producido por alguna de las siguientes causas:

 

- Los que por un período de tres años hubieran utilizado exclusivamente la nacionalidad a la que hubieran declarado renunciar al adquirir la española.

 

-Los que hubieran entrado voluntariamente al servicio de las armas o ejercido cargo político en un Estado extranjero contra la prohibición expresa del Gobierno.

 

- Cuando una sentencia firme hubiera declarado que el interesado ha incurrido en falsedad, ocultación o fraude en la adquisición de la nacionalidad española.

 

Esta concesión es discrecional y se concede por el Consejo de Ministros a propuesta del de Justicia, debiendo solicitarse en el Registro Civil de su domicilio, para ello es necesario tramitar un expediente registral.

 

 

 

¿CÓMO SE PIERDE LA NACIONALIDAD?

 

Los motivos que pueden generar la pérdida de la nacionalidad se encuentran recogidos en los artículos 24 y 25 del Código Civil.

 

El artículo 11.2 de la Constitución establece que ningún español podrá ser privado de su nacionalidad. Por tanto sólo los españoles no originarios (es decir aquellos que obtuvieron la nacionalidad a través de un procedimiento, por ejemplo la residencia) podrán ser sancionados con la pérdida de la nacionalidad.

 

Existen dos tipos de causas de pérdida: unas comunes para los originarios y no originarios y otras causas que tienen como destinatarios únicamente a los no originarios y que nunca podrán afectar a los españoles de origen.


A.- Causas comunes: Afectan por tanto a los españoles originarios y no originarios.

 

1.- Cuando se adquiera voluntariamente otra nacionalidad.


La adquisición de otra nacionalidad o utilización exclusiva de otra nacionalidad extranjera (salvo la de países Iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal) puede provocar la pérdida de la nacionalidad española. Siendo necesario además los siguientes requisitos: que dicha adquisición sea voluntaria, que el interesado se encuentre emancipado y que resida habitualmente en el extranjero un periodo de tres años.

 

No obstante podrán evitar la pérdida si en el plazo de tres años declaran su voluntar de conservar la nacionalidad española al encargado del Registro Civil.

 

2.- Por renuncia de la nacionalidad española.

 

Los españoles que tengan otra nacionalidad junto a la española y residan habitualmente en el extranjero, perderán la española si renuncian expresamente a ella. No se permitirá renunciar a la nacionalidad española viviendos en España.

 

3.- Los que habiendo nacido en el extranjero y residiendo allí, ostenten la nacionalidad española por ser hijos de padre o madre españoles, también nacidos en el extranjero, perderán la nacionalidad española si en el plazo de tres años desde la emancipación o mayoría de edad no declaran su voluntad de conservar la nacionalidad española.

 

B.- Causas de pérdida de nacionalidad exclusivas de españoles no originarios: Afecta a aquellos que hayan obtenido la nacionalidad a través de un procedimiento.

 

1.- Cuando durante un periodo de tres años utilicen exclusivamente la nacionalidad a la que hubieran renunciado al adquirir la española.

 

2.- Cuando presten voluntariamente servicio de las armas o ejerzan un cargo político en un estado extranjero contra la prohibición expresa del Gobierno.

 

3.- Cuando una sentencia firme declare que el interesado incurrió en falsedad, ocultación o fraude en la adquisición de la nacionalidad española.

 

El lugar donde se puede realizar la declaración de conservación de la nacionalidad es en los Consulados españoles en el extranjero que realizan funciones de Registro Civil.

 

 

DOBLE NACIONALIDAD

 


El artículo 11.3 de la Constitución Española de 1978 establece que el Estado español podrá concertar tratados de doble nacionalidad con los países iberoamericanos, o con aquellos que hayan tenido o tengan una particular vinculación con España. Además, el mismo artículo de la Constitución establece que los españoles podrán naturalizarse en esos países sin perder la nacionalidad española.

 

No es necesario que renuncien a su nacionalidad quienes fueran naturales de países iberoamericanos, de Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal. Se consideran países iberoamericanos a estos efectos aquéllos en los que el español o el portugués sean una de las lenguas oficiales.

 

Procedimiento:


La doble nacionalidad se obtendrá mediante un procedimiento normal de obtención de la nacionalidad, pero en estos casos el interesado no deberá renunciar a su nacionalidad anterior si es una de las señaladas anteriormente.

 

La solicitud podrá realizarse bien Presencialmente a través del formulario correspondiente y presentándolo en el Registro Civil del domicilio del solicitante junto con la documentación necesaria según el tipo de nacionalidad a la que se opte (residencia, opción, carta de naturaleza...). O por Correo al Registro Civil de su domicilio, si el interesado no viviera en España podrá enviar su solicitud de nacionalidad junto con la documentación oportuna, bien al Consulado de España en el país en que resida o al Registro Civil Central sito en la Calle Montera nº 18 de Madrid.

 

Si se trata de una solicitud de nacionalidad por carta de naturaleza, deberá enviarse a la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil situada en la Plaza de Jacinto Benavente nº 3 de Madrid.

 

La solicitud deberá contener los siguientes datos:


- Nombre y apellidos del interesado, así como su lugar y fecha de nacimiento, si tiene la capacidad exigida al efecto por la Ley española, y nacionalidad actual y anteriores de él y de sus padres. (Se acreditará a través de un certificado del Registro español, o en su defecto, por el expedido por el Cónsul o funcionario competente de su país, y de no ser esto posible, por cualquier otro medio).

 

- Estado civil; nombres y apellidos y lugar y fecha de nacimiento del cónyuge y de los hijos sujetos a la patria potestad. Si hubiere contraído ulteriores nupcias se hará referencia a los matrimonios anteriores. (Se acreditará a través de un certificado del Registro español, o en su defecto, por el expedido por el Cónsul o funcionario competente de su país, y de no ser esto posible, por cualquier otro medio).

 

- Si está procesado o tiene antecedentes penales. Si ha cumplido el servicio militar o prestación equivalente, exigidos por las leyes de su país, o situación al respecto.

 

La residencia en territorio español, con precisión de fechas y lugares y las circunstancias excepcionales que invoca si lo que quiere obtener es la nacionalidad por carta de naturaleza.

 

- Las circunstancias que reducen el tiempo exigido; si habla castellano u otra lengua española; cualquier circunstancia de adaptación a la cultura y estilo de vida españoles, como estudios, actividades benéficas o sociales, y las demás que estime conveniente.

 

- Si se propone residir permanentemente en España y medios de vida con que cuenta.

 

- En su caso, el compromiso de renunciar a la nacionalidad anterior y de prestar juramento o promesa de fidelidad al Rey y de obediencia a la Constitución y a las Leyes (no será necesaria la renuncia a su nacionalidad cuando se trate de nacionales de países iberoamericanos, de Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal o países sefardíes).

 

Una vez presentada la solicitud y el resto de los documentos requeridos ante el Registro Civil del domicilio del interesado, la solicitud será tramitada por el Juez encargado de ese Registro. El oirá al peticionario, especialmente para comprobar el grado de adaptación a la cultura y estilo de vida españoles. A la vista de los documentos aportados y de la entrevista con el peticionario, el Juez encargado resolverá conceder o no la nacionalidad.

 

 

NACIONALIDAD POR POSESIÓN DE ESTADO.

 


Se encuentra regulada en el artículo 18 del Código Civil y supone que tendrán derecho a la nacionalidad española aquellas personas que haya poseído y utilizado esta nacionalidad durante diez años, de forma continuada, de buena fe (sin que tenga conocimiento de la situación real, es decir, de que no es español en realidad), en base a un título inscrito en el Registro Civil. (Por ejemplo aquella persona a la que inscribieron como español en el registro pero en realidad no lo era). La nacionalidad española no se perderá aunque se anule el título que lo originó.

 

Procedimiento:


Para gozar de la nacionalidad por esta vía se deberá iniciar un expediente con valor de simple presunción ante el Juez del Registro civil del domicilio del interesado, debiendo cumplirse los siguientes requisitos:

 

- Justo título, es decir el título por el que se adquiere la nacionalidad española ha de estar inscrito en el Registro Civil.

 

-Posesión y utilización continuada de la nacionalidad española durante diez años; esto implica una actitud activa del interesado durante este tiempo, es decir que se haya comportado como un español tanto en el disfrute de sus derechos como en el cumplimiento de sus deberes con lo órganos del Estado español.

 

- Buena fe excluyéndose por tanto a quienes se encuentren en las situaciones o supuestos regulados en el artículo 25 del Código Civil.

 

- Cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 23 del Código Civil. (Requisitos comunes para la validez de la adquisición de la nacionalidad española por opción, carta de naturaleza o residencia):

 

a) Que el mayor de catorce años, y capaz para prestar una declaración por sí, jure o prometa fidelidad al Rey y obediencia a las Constitución y a las Leyes.

 

b) Que la persona renuncie a la nacionalidad que venía ostentando, salvo aquellos naturales de los países comprendidos en el apartado 2 del artículo 24 (Doble nacionalidad Países Iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal).

 

c) Que se produzca la inscripción de la nacionalidad española en el Registro Civil español.

 

El expediente se tramitará y resolverá en el Registro Civil del domicilio del interesado, obteniéndose el modelo de solicitud igualmente en el Registro Civil del domicilio.

 

El expediente concluye con la concesión o denegación de la nacionalidad española, contra cualquier tipo de resolución denegatoria cabe recurso contencioso administrativo ante la Audiencia nacional en el plazo de dos meses, contados a partir del momento en que el interesado reciba la resolución.

 

Posteriormente deberá inscribirse la adquisición de la nacionalidad en el Registro Civil español. La Ley española señala que ha de tenerse un nombre y dos apellidos. El nombre será el de la madre y los apellidos, el primero del padre y el primero de la madre. Es posible que hayan de realizarse pequeños cambios, para adaptar la lengua extranjera a las lenguas españolas.

 

 

 

 

 

 

 

NACIONALIDAD POR CARTA DE NATURALEZA

 


Este procedimiento se recoge en los artículos 21 del Código Civil y 223 del Reglamento del Registro Civil. Se trata de un procedimiento especial cuando concurren en el interesado una serie de circunstancias excepcionales otorgándose de forma discrecional por el Gobierno y en virtud de Real Decreto.

 

Pueden optar a esta nacionalidad las siguientes personas:


- El interesado, por sí mismo, siempre que sea mayor de 18 años o se encuentre emancipado.

 

- El mayor de 14 años asistido por su representante legal.

 

- El representante legal del menor de 14 años.

 

-El incapacitado por sí solo o el representante legal del incapacitado, dependiendo de lo que señale la sentencia de incapacitación.

 

Documentación que ha de acompañarse a la solicitud:


-Certificado literal de nacimiento, legalizado o apostillado, y en su caso, traducido.

 

-Certificado original de matrimonio, legalizado o apostillado, y en su caso, traducido. Si el cónyuge además es español certificado literal de nacimiento del mismo.

 

- Documentos acreditativos de la concurrencia de circunstancias excepcionales.

 

- Otros documentos que el interesado estime oportunos.

 

Deberán cumplirse los requisitos establecidos en el artículo 23 del Código Civil. (Requisitos comunes para la validez de la adquisición de la nacionalidad española por opción, carta de naturaleza o residencia):

 

a) Que el mayor de catorce años, y capaz para prestar una declaración por sí, jure o prometa fidelidad al Rey y obediencia a las Constitución y a las Leyes.

 

b) Que la persona renuncie a la nacionalidad que venía ostentando, salvo aquellos naturales de los países comprendidos en el apartado 2 del artículo 24 (Doble nacionalidad Países Iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal).

 

c) Que se produzca la inscripción de la nacionalidad española en el Registro Civil español.

 

Presentación de la solicitud:


La solicitud debe ir dirigida a la “Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, Dirección General de los Registros y del Notariado”, sita en la Plaza de Jacinto Benavente, nº 3 Madrid 28071.

 

Y se podrá presentar en los siguientes lugares:

 

- En la “Oficina Central de Información y Atención al Público del Ministerio de Justicia” sita en la C/ San Bernardo 45 Madrid 28071.

 

- En el “Registro Auxiliar del Ministerio de Justicia Dirección General de los Registros y del Notariado” situado en la Plaza de Jacinto Benavente nº 3 Madrid 28071.

 

- En el Registro Civil del domicilio del interesado.

 

- En el Registro de cualquier órgano de la Administración General del Estado (p.ej, Delegaciones del Gobierno, Subdelegaciones) o de una Comunidad Autónoma

-En una oficina de correos.

 

Si no reside en España, puede presentarla en el Consulado de España en el país en que resida y el Consulado la enviará a la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil.

 

El impreso de la solicitud puede obtenerse a través de las siguientes vías:

 

- Descargando el modelo “Modelo de solicitud de nacionalidad por carta de naturaleza”

 

- En la Oficina de Atención al Público de la Dirección General de los Registros y del Notariado situada en la Plaza de Jacinto Benavente nº 3, Madrid 28071.

 

- En la Oficina Central de Información y Atención al Público del Ministerio de Justicia sita en la C/ San Bernardo 45, Madrid 28071.

 

- En el Registro Civil del domicilio del interesado.

 

El expediente concluye con la concesión o denegación de la nacionalidad española, contra cualquier tipo de resolución denegatoria cabe recurso contencioso administrativo ante la Audiencia nacional en el plazo de dos meses, contados a partir del momento en que el interesado reciba la resolución.

 

Posteriormente deberá inscribirse la adquisición de la nacionalidad en el Registro Civil español. La Ley española señala que ha de tenerse un nombre y dos apellidos. El nombre será el de la madre y los apellidos, el primero del padre y el primero de la madre. Es posible que hayan de realizarse pequeños cambios, para adaptar la lengua extranjera a las lenguas españolas.

 

 

 

 

NACIONALIDAD POR OPCION

 

 

La opción es un beneficio que la legislación ofrece a los extranjeros que se encuentran en determinadas condiciones, para que adquieran la nacionalidad española.

 

Pueden optar a esta nacionalidad las siguientes personas:


- El adoptado por español mayor de 18 años. En este caso el derecho a optar persiste hasta que transcurra el plazo de dos años contados a partir de la constitución de la adopción.

 

- Aquellas personas cuya determinación de la filiación (la determinación de la filiación significa establecer quiénes son los padres de una persona) o nacimiento en España se produzca después de los dieciocho años de edad. En este supuesto, el plazo para optar a la nacionalidad es de dos años desde que se determina la filiación o el nacimiento.

 

- Aquellas personas que estén o hayan estado sujetas a la patria potestad de un español, esta opción caduca a los 20 años de edad, salvo que el optante no estuviera emancipado conforme a su ley personal al llegar a los 18 años, en cuyo caso el plazo para optar se prolongará hasta que transcurran dos años desde la emancipación.

 

- Las personas cuyo padre o madre hubieran sido originariamente españoles y nacidos en España. Por ejemplo los hijos de inmigrantes. En este supuesto no existirá límite alguno de edad para poder optar a la nacionalidad española.


Procedimiento:


El trámite registral de la opción varía sustancialmente según que la persona a quien afecta sea menor de 14 años o incapacitado, o mayor de dicha edad.

 

- Si quién tiene derecho a la opción fuera menor de edad o incapacitado, la declaración de opción se realizará por el representante legal del optante. Para hacerlo necesitará autorización del Encargado del Registro Civil del domicilio del representante legal, previo dictamen del Ministerio Fiscal.

 

- Si el interesado es mayor de catorce años, lo hará el mismo asistido de su representante legal.

 

- El incapacitado podrá hacerlo por si mismo, si así se lo permite la sentencia de incapacitación.

 

- Deberá cumplirse con los requisitos establecidos en el artículo 23 del Código Civil. (Requisitos comunes para la validez de la adquisición de la nacionalidad española por opción, carta de naturaleza o residencia):

 

a) Que el mayor de catorce años, y capaz para prestar una declaración por sí, jure o prometa fidelidad al Rey y obediencia a las Constitución y a las Leyes.

 

b) Que la persona renuncie a la nacionalidad que venía ostentando, salvo aquellos naturales de los países comprendidos en el apartado 2 del artículo 24 (Doble nacionalidad Países Iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal).

 

c) Que se produzca la inscripción de la nacionalidad española en el Registro Civil español.

 

Los trámites se llevarán a cabo en el Registro Civil del domicilio del interesado o de su representante legal, pudiendo obtenerse el impreso de la solicitud igualmente en el Registro Civil del domicilio.

 

El expediente concluye con la concesión o denegación de la nacionalidad española, contra cualquier tipo de resolución denegatoria cabe recurso contencioso administrativo ante la Audiencia nacional en el plazo de dos meses, contados a partir del momento en que el interesado reciba la resolución.

 

Posteriormente deberá inscribirse la adquisición de la nacionalidad en el Registro Civil español. La Ley española señala que ha de tenerse un nombre y dos apellidos. El nombre será el de la madre y los apellidos, el primero del padre y el primero de la madre. Es posible que hayan de realizarse pequeños cambios, para adaptar la lengua extranjera a las lenguas españolas.

 

 

 

 

NACIONALIDAD POR ADOPCION

 

 

El artículo 19 del Código Civil señala que el extranjero menor de 18 años adoptado por un español adquiere desde la adopción la nacionalidad española de origen. (La condición de español de origen comienza desde la fecha de la adopción, siendo evidente que hasta ese momento la persona adoptada es extranjera). En estos supuestos el único trámite a realizar será la inscripción por el registro de la adopción.


Si el adoptado es mayor de 18 años, podrá optar por la nacionalidad española de origen en el plazo de dos años a partir de la constitución de la adopción. Es decir el mayor de edad contará con un plazo de dos años para poder decidir si quiere o no obtener la nacionalidad española, pero esta no se le atribuye de forma automática. (Ver nacionalidad por opción).

 

 

 

REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN ACTUALIZADA PARA OBTENER LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA CONFORME AL NUEVO PROCEDIMIENTO.



Para obtener la nacionalidad Española por residencia el principal requisito es acreditar la residencia legal y continuada en España durante un periodo de 10 años. Existen una serie de supuestos en los que este plazo se reduce que son:

Cinco años: aquellas personas que hayan obtenido la condición de refugiado

Dos años: para los nacionales de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal o personas de origen sefardí.

Un año:

-          El que haya nacido en territorio español.

-          El que no ejerció debidamente su derecho a adquirir la nacionalidad española por opción.

-          El que haya estado sujeto legalmente a la tutela (bajo la vigilancia de un tutor), guarda o acogimiento (el acogimiento que permite la reducción de residencia legal a un año es aquél en que existe resolución de la entidad pública que tenga en cada territorio encomendada la protección de menores y los acogimientos que estén judicialmente reconocidos) de un ciudadano o institución españoles durante dos años consecutivos, incluso si continuare en esta situación en el momento de la solicitud.

-          El que, en el momento de la solicitud, lleve un año casado con un español o española y no esté separado legalmente o de hecho.

-          El viudo o viuda de española o español, si en el momento de la muerte del cónyuge no estaban separados, de hecho o judicialmente.

-          El nacido fuera de España de padre o madre, (nacidos también fuera de España), abuelo o abuela, siempre que todos ellos originariamente hubieran sido españoles.


Es necesario igualmente acreditar buena conducta cívica (carecer de antecedentes penales)y suficiente grado de integración en la sociedad española.


DOCUMENTOS QUE HAN DE ACOMPAÑAR  LA SOLICITUD EN TODOS LOS CASOS


1.      Modelo de solicitud normalizado En caso de presentación en sede electrónica se sustituirá por el formulario on-line

2.      Tarjeta de Identidad de extranjero, Tarjeta de Familiar de ciudadano de la Unión Europea o Certificado del Registro Central de extranjeros.

3.      Pasaporte completo y en vigor del país de origen.

4.      Certificación de nacimiento del interesado, debidamente traducido y legalizado.

5.     Certificado de antecedentes penales de su país de origen, traducido y legalizado, de acuerdo con los Convenios internacionales existentes o certificado consular de conducta expedido sobre la base de consulta a las autoridades competentes del país de origen

6.      Certificado de matrimonio si el solicitante está casado.

7.      Justificante del pago de la tasa. Hasta que se habiliten los medios técnicos necesarios para realizar el pago telemáticamente a través de la pasarela de pagos de la Agencia Tributaria, el pago de la tasa se deberá realizar de forma presencial, siendo necesario descargar el modelo 790-Código 026 desde la página del Ministerio de Justicia

8.      Certificado de antecedentes penales del Registro Central de penados. Puede sustituirse por la autorización de consulta al Ministerio de Justicia consignada en el modelo de solicitud

9.      Certificado de empadronamiento. Puede sustituirse por la autorización de consulta al Ministerio de Justicia consignada en el modelo de solicitud

10.  Diplomas del Instituto Cervantes de la prueba de conocimientos constitucionales y socioculturales (CCSE) y la prueba de conocimiento del idioma español (DELE). Puede sustituirse por la autorización de consulta al Ministerio de Justicia consignada en el modelo de solicitud. En el caso de personas nacionales de un país en el que el castellano sea lengua oficial, exentas de la realización del examen DELE conforme al Reglamento de nacionalidad por residencia, pasaporte en vigor o certificado de nacionalidad que acredite la exención.

11.  Tarjeta de Identidad de extranjero, tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión Europea o Certificado de Registro de ciudadano de la Unión. Puede sustituirse por la autorización de consulta al Ministerio de Justicia consignada en el modelo de solicitud



DOCUMENTOS QUE HAN DE ACOMPAÑAR LA SOLICITUD DE LOS MENORES:

A) Menores de 14 años o personas con la capacidad modificada judicialmente que deban actuar a través de representante legal:

1.      Modelo de solicitud normalizado firmado por el representante legal. En caso de presentación en sede electrónica se sustituirá por el formulario on-line.

2.      Certificado de nacimiento del país de origen debidamente legalizado y traducido en su caso, conforme a los Convenios Internacionales.

3.      Pasaporte completo o documento de identificación en el caso de ciudadanos de países miembros del espacio Schengen.

4.      Justificante del pago de la tasa.

5.      Autorización del encargado del Registro Civil del domicilio del menor o de la persona con la capacidad modificada judicialmente, en los términos previstos en la normativa vigente.

6.      Documento de identificación del representante o representantes legales.

7.      Certificado de centro de formación, residencia, acogida, atención o educación especial que acredite el suficiente grado de integración, obligatorio en el caso de niños en edad escolar.

8.      Tarjeta de Identidad de extranjero, tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión Europea o Certificado de Registro de ciudadano de la Unión. Puede sustituirse por la autorización de consulta al Ministerio de Justicia consignada en el modelo de solicitud

9.      Certificado de empadronamiento. Puede sustituirse por la autorización de consulta al Ministerio de Justicia consignada en el modelo de solicitud

B) Mayores de 14 años pero menores de 18 años, no emancipados o con la capacidad modificada judicialmente que pueden actuar por sí mismos asistidos por su representante legal

1.      Modelo de solicitud normalizado. La solicitud en papel debe ir firmada tanto por el interesado como por sus representantes legales. En la presentación en sede electrónica bastará con la firma digital de uno de ellos pero adjuntando escaneada el modelo de solicitud en papel firmada por todos.

2.      Certificado de nacimiento del país de origen debidamente legalizado y traducido en su caso conforme a los Convenios Internacionales.

3.      Pasaporte completo documento de identificación en el caso de ciudadanos de países miembros del espacio Schengen

4.      Justificante del pago de la tasa.

5.      Certificado de centro de formación, residencia o acogida que acredite el suficiente grado de integración. Este certificado será obligatorio en solicitantes menores en edad escolar y siempre que el menor o la persona con la capacidad modificada judicialmente esté inscrita en alguno de estos centros.

6.      Documento acreditativo de la representación legal (Auto judicial donde se establezca la representación o documento de identificación de los padres en el caso de menores sujetos a patria potestad)

7.      Tarjeta de Identidad de extranjero, tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión Europea o Certificado de Registro de ciudadano de la Unión. Puede sustituirse por la autorización de consulta al Ministerio de Justicia consignada en el modelo de solicitud

8.      Certificado de empadronamiento. Puede sustituirse por la autorización de consulta al Ministerio de Justicia consignada en el modelo de solicitud

Documentos adicionales que han de aportarse en casos específicos

REFUGIADOS:

1.Tarjeta de Identidad de extranjeros donde conste su condición de refugiado.

2 .Pasaporte Azul de la Convención de Ginebra de 1951 (en caso de disponer del mismo).

3. Certificado de la Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior (este certificado tendrá una validez de seis meses desde la fecha de su expedición) donde conste

Nombre y apellidos, fecha y lugar de nacimiento, nombres de los padres, que mantiene su condición de refugiado.

 

  • NACIDOS EN TERRITORIO ESPAÑOL.

    Certificación literal de nacimiento del interesado inscrito en el Registro Civil español

    QUIENES NO HAYAN EJERCIDO OPORTUNAMENTE LA FACULTAD DE OPTAR.

    1. Certificación de nacimiento del padre/madre español.

    2. Certificación literal de nacimiento del interesado inscrito en un Registro Civil español o resolución judicial donde conste la adopción por español o el reconocimiento de la filiación.

    PERSONAS EN RÉGIMEN DE TUTELA, GUARDA O ACOGIMIENTO NO PROVISIONAL.

    En los casos de acogimiento familiar:

    1.Auto del Tribunal competente por el que se designe a la persona que va a ejercer la tutela, guarda o acogimiento.

    En los casos de acogimiento por Institución española:

    2.Resolución de dicha Institución asumiendo la tutela, guarda o acogimiento.

    CASADO/A CON ESPAÑOL/A.

    1. Certificación literal de nacimiento del cónyuge español, expedido por Registro civil español.

    2. Certificación literal de matrimonio expedido por Registro civil español.

    3. Certificado de Convivencia o Empadronamiento conjunto con el cónyuge.

    VIUDO/A DE ESPAÑOL/A.

    1. Certificación literal de nacimiento del cónyuge expedido por Registro civil español.

    2. Certificación literal de matrimonio expedido por Registro civil español actualizado, esto es, expedido en fechas próximas a la solicitud de nacionalidad.

    3. Certificación de defunción del cónyuge.

    4. Certificado de empadronamiento conjunto o convivencia a la fecha de fallecimiento del cónyuge.

    DESCENDIENTE DE ESPAÑOL

    1. Certificación literal de nacimiento del padre/madre español.

    2. Certificación literal de nacimiento abuelo/abuela, sólo cuando uno de ellos, o ambos, sean ascendientes españoles. En este caso, deberá presentarse también la certificación de nacimiento del padre/madre descendiente de español, aunque él/ella haya sido o no español.

    SEFARDÍES

    1. Documentación acreditativa de la condición de sefardí conforme a lo establecido en el artículo 1.2 de la Ley 12/2015, de 24 de junio, en materia de concesión de la nacionalidad española a los sefardíes originarios de España.

 

 

NACIONALIDAD POR RESIDENCIA (ANTERIOR PROCEDIMIENTO).

 

Es el procedimiento más habitual, refiriéndose al mismo los artículos 21.2 del Código Civil y siguientes. Esta forma de adquisición de la nacionalidad exige de manera general la residencia de la persona en España durante diez años de forma legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición. Existen casos excepcionales en los que el período de residencia exigido se reduce y que se encuentran recogidos en el artículo 22 del Código Civil, estos son:

 

- Cinco años: para la concesión de la nacionalidad española a aquellas personas que hayan obtenido la condición de refugiado.

 

- Dos años: para los nacionales de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal o personas de origen sefardí.

 

-  Un año para:

 

-  El que haya nacido en territorio español.

 

- El que no ejerció debidamente su derecho a adquirir la nacionalidad española por opción.

 

- El que haya estado sujeto legalmente a la tutela (bajo la vigilancia de un tutor), guarda o acogimiento de un ciudadano o institución españoles durante dos años consecutivos, incluso si continuare en esta situación en el momento de la solicitud.

 

- El que, en el momento de la solicitud, lleve un año casado con un español o española y no esté separado legalmente o de hecho.

 

-  El viudo o viuda de española o español, si en el momento de la muerte del cónyuge no estaban separados, de hecho o judicialmente.

 

- El nacido fuera de España de padre o madre, (nacidos también fuera de España), abuelo o abuela, siempre que todos ellos originariamente hubieran sido españoles.

 

Pueden optar a esta nacionalidad las siguientes personas:

 

- El interesado, por sí mismo, siempre que sea mayor de 18 años o se encuentre emancipado.

 

- El mayor de 14 años asistido por su representante legal.

 

- El representante legal del menor de 14 años.

 

- El incapacitado por sí solo o el representante legal del incapacitado, dependiendo de lo que señale la sentencia de incapacitación.

 

Documentación que ha de acompañarse con la solicitud en “todos los casos”.

 

Actualizada a la Instrucción de 2 de Octubre de 2012 del plan intensivo de tramitación y agilización de los expedientes de nacionalidad por residencia.

 

- Modelo de solicitud aprobado por la Resolución de 7/05/2007.

-Tarjeta de residencia o certificado de la inscripción en el Registro de Extranjeros, en caso de ser nacional de los países de la Unión Europea o de otros estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.

 

- Pasaporte.

 

- Certificado de empadronamiento.

 

- Certificado de nacimiento del interesado debidamente legalizado o apostillado y traducido.

 

- Certificado de antecedentes penales del país de origen debidamente legalizado o apostillado y traducido, o certificado consular de buena conducta. Ni el certificado de antecedentes penales ni el consular de buena conducta será necesario si se solicita la nacionalidad para menores de edad.

 

- Si es mayor de edad certificado de antecedentes penales de su país de origen, taducido y legaizado, o consular de buena conducta.

- Documentos acreditativos de los medios de vida para residir en España (Contrato de trabajo, nóminas, informe laboral de la Tesorería de la Seguridad Social, o cualquier otro medio de prueba).

 

-Certificado de nacimiento de los hijos menores de edad, en su caso.

 

Documentos que han de acompañar a la solicitud en determinados casos:

 

Refugiados:

 

-Modelo de solicitud oficial.

-Tarjeta de identidad donde cosnte su condición de refugiado.

-Pasaporte Azul de la Convención de Ginebrad e 1951.

-Certificado de empadronamiento.

-Certificado de la oficina de Asilo y Refugio donde conste: Nombre y apellidos, fecha y lugar de nacimiento, nombre de los padres y que mantiene su condición de refugiado (este certificado tiene una validez de 6 meses desde su expedición).

-Certificado de nacimiento de los hijos menores de edad. Si estos tuvieran el estatuto de refugiados deberá presentarse el certificado anterior.

 

Nacidos en Territorio Español:

 

-Modelo de solicitud oficial.

-Tarjeta de identidad de extranjero, familiar de ciudadano comunitario o certificado del Registro Central de Extranjeros.

-Pasaporte.

-Certificado de empadronamiento.

-Certificado de nacimiento, traducido y legalizado.

-Certificado de antecedentes penales de su país de origen traducido y legalizado (si es mayor de edad).

-Medios de vida para residir en España.

-Certificado de nacimiento de los hijos menores de edad, en su caso.

-Certificado de nacimiento del interesado en el Registro Civil Español.

 

Quienes no hayan ejercido oportunamente la facultad de optar.

 

-Modelo de solicitud oficial.

-Tarjeta de identidad del extranjero, tarjeta de familiar de ciudadano comunitario o certificado del Registro Central de Extranjeros.

-Pasaporte.

-Certificado de empadronamiento.

-Certificadode nacimiento del interesado, traducido y legalizado.

-Si es mayor de edad, certificado de antecedentes penales de su país de origen traducido y legalizado.

-Medios de vida para residir en España.

 

-Certificado de nacimiento de los hijos menores, en su caso.

-Certificado de nacimiento del padre/madre español.

 

Menores en régimen de tutela, guarda o acogimiento no provisonal.

 

-Modelo de solicitud oficial.

-Tarjeta de identidad de extranjero, tarjte de familiar de ciudadano comunitario o Certificado del Registro Central de Extranjeros.

-Pasaporte.

-Certificado de empadronameinto.

-Certificado de nacimiento legalizado y traducido.

-Medios de vida para residir en España.

-Certificado de nacimiento de los hijos menores, en su caso.

-Auto del Tribuanl competente por el que se designe a la persona que va a ejercer la tutela, guarda o acogimiento. En los casos de acogimiento por Institución Española, resolución de dicha Instituciónasumiendo la tutela, guarda o acogimiento.

 

Casado con Español.

 

-Modelo de solicitud oficial.

-Tarjeta de identidad de extranjero, tarjeta de familiar comunitario o Certificado del Registro Central de Extranjeros.

-Pasaporte.

-Certificado de nacimiento, legalizado y traducido.

-Certificado de antecedentes penales de su país de origen, legalizado y traducido.

-Medios de vida para residir en España.

-Certificado de nacimiento de los hijos menores, en su caso.

-Certificado literal de nacimiento delcónyuge Español, expedido por el Registro Civil español.

-Certificado literal de matrimonio expedido por el Registro Civil español.

-Certificado de convivencia o empradonamiento conjunto con el cónyuge.

 

Viudo/de Español.

 

-Modelo oficial.

-Tarjeta de identidad de extranjero, familiar comunitario o Certificado del Registro Central de Extranjeros.

-Pasaporte.

-Certificdo de empadronamiento.

-Certificado de nacimiento legalizado y traducido.

-Certificado de antecedentes penales legalizado y traducido.

-Medios de vida para residir en España.

-Certificado de nacimiento de los hijos menores, en su caso.

-Certificado literal de nacimiento del cónyuge expedido por el Registro Civil Español.

-Certificado de matrimonio expedido por el Registro Civil Español, actualizado. 

-Certificado de defunción del cónyuge.

-Certificado de empadronamiento conjutno o convivencia a la fecha de fallecimeinto del cónyuge.

 

Descendiente de Español (que no pueda acogerse a la D.A. séptima de la Ley 52/2007).

 

-Modelo oficial.

-Tarjeta de identidad de extranjero, familiar comunitario o Certificado del Registro Central de Extranjeros.

-Pasaporte.

-Certificado de empadronamiento.

-Certificado de nacimiento, traducido y legalizado.

-Certificado de antecedentes penales, legalizado y traducido.

-Medios de vida para residir en España.

-Certificado de nacimento de los hjos menores, en su caso

-Certificado literal de nacimiento del padre/madre español.

-Certificado literal de nacimiento abuelo/abula, sólo cuando uno de ellos o ambos sean descendientes de españoles. En ese caso también deberá presentarse el certificado de nacimento del padre/madre descendiente de español, aunque el o ella no lo haya sido.

 

Sefarditas:

 

- Modelo oficial.

- Tarejeta de indentidad de extranjero, familiar comunitario, o Certificado del Registro Central de Extranjeros.

-Pasaporte.

-Certificado de empadronamiento.

-Certificado de nacimiento legalizado y traducido.

-Certificado de antecedentes penales legalizado y traducido.

-Medios de vida para residir en España.

-Certificado de nacimiento de los hijos menores, en su caso.

-Justificación de su inclusión o descendencia directa en las listas de familias sefarditas protegidas por España.

-Justificar por los apellidos que ostenta, por el idioma familiar o por otros indicios la tradición de permanencia a tal comunidad cultural.

-Certificado de la Comunidad Israelita reconocidad en España que acredite la pertenencia del interesado a la religión judía sefardita.

 

 

Procedimiento:

 

La residencia ha de ser legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición, cualquier posible interrupción en los periodos de residencia originará generalmente la denegación de la concesión, salvo aquellas interrupciones que fueran de duración mínima (por ejemplo irse durante una semana de vacaciones).

 

Es necesario que el interesado acredite buena conducta cívica y suficiente grado de integración en la sociedad española (por ejemplo hablar bien español), será obligatorio que el interesado tenga cancelados los antecedentes penales, la existencia de antecedentes es motivo de denegación de la solicitud.

 

Deberán cumplirse los requisitos establecidos en el artículo 23 del Código Civil. (Requisitos comunes para la validez de la adquisición de la nacionalidad española por opción, carta de naturaleza o residencia):

 

a) Que el mayor de catorce años, y capaz para prestar una declaración por sí, jure o prometa fidelidad al Rey y obediencia a las Constitución y a las Leyes.

 

b) Que la persona renuncie a la nacionalidad que venía ostentando, salvo aquellos naturales de los países comprendidos en el apartado 2 del artículo 24 (Doble nacionalidad Países Iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal).

 

c) Que se produzca la inscripción de la nacionalidad española en el Registro Civil español.

 

La solicitud se presentará en el Registro Civil del domicilio del interesado pudiendo obtener la misma en el Registro Civil de su domicilio, en la Oficina de Atención al Público de la Dirección General de los Registros y del Notariado sita en la Plaza de Jacinto Benavente, nº 3 de Madrid o en la Oficina Central de Información y Atención al Público del Ministerio de Justicia sita en la C/ San Bernardo 45.

 

Una vez presentada la solicitud con todos los documentos, la continuación del procedimiento es sencilla, comprendiendo esencialmente, la audiencia personal del solicitante a los efectos de comprobar el grado de adaptación a la cultura española, así como la del cónyuge del solicitante, que es de carácter obligatorio no sólo en los supuestos en los que la solicitud de la concesión se fundamenta en la existencia de un matrimonio con ciudadano español.

 

Tras los informes emitidos por el Ministerio Fiscal y el Juez encargado, el expediente es remitido desde el registro Civil correspondiente al Ministerio de Justicia para su definitiva resolución. Una vez en el ministerio la Dirección General de los Registros y del Notariado realiza una actuación complementaria que consiste en la obtención de informes del Ministerio de Interior acerca de la conducta del extranjero y de su situación respecto del cumplimiento de las obligaciones derivadas de su condición de residente legal.

 

El expediente concluye con la concesión o denegación de la nacionalidad española, contra cualquier tipo de resolución denegatoria cabe recurso contencioso administrativo ante la Audiencia nacional en el plazo de dos meses, contados a partir del momento en que el interesado reciba la resolución.

 

La concesión de la nacionalidad española exige el cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo 23 del Código Civil, señalados anteriormente. Existe un plazo de 180 días a contar desde la notificación para que el interesado comparezca ante el funcionario competente para cumplir estos requisitos.

 

Posteriormente deberá inscribirse la adquisición de la nacionalidad en el Registro Civil español. La Ley española señala que ha de tenerse un nombre y dos apellidos. El nombre será el de la madre y los apellidos, el primero del padre y el primero de la madre. Es posible que hayan de realizarse pequeños cambios, para adaptar la lengua extranjera a las lenguas españolas.

 

 

 

 

 

La nacionalidad Española puede adquirirse de dos formas, por Atribución originaria; en este caso la nacionalidad se adquiere de forma automática, por la exclusiva voluntad de la ley sin que el interesado tenga que inervenir ni realizar acto alguno;  las personas incluidas en estos supuestos son los llamados españoles de origen. O por  Adquisición Derivativa, en estos supuestos la obtención de la nacionalidad supondrá la realización de trámites registrales que dependen exclusivamente de la voluntad del interesado.

 

 En esta sección, en la zona lateral derecha, se explican de forma detallada las diferentes maneras de solicitar la Nacionalidad, requisitos, procedimiento etc... así como las consecuencias que se derivan de la adquisición de la misma. 

 

Se incluye además un apartado específico relativo a la Denegación de la Nacionalidad, con los supuestos más frecuentes de denegación, recursos a interponer y modelos de recursos.

 

 

VIGENCIA DE LAS TARJETAS DE RESIDENCIA

 

 

Permanecer fuera de España durante un tiempo determinado puede suponer perder la vigencia de la tarjeta de residencia, este tiempo varía dependiendo del tipo de tarjeta del que se sea titular.

 

Tarjeta de residencia temporal:

 

El tiempo máximo que se puede permanecer fuera de España son 6 meses en un periodo de 1 año.

 

Tarjeta de residencia de larga duracion:

 

Se perderá su vigencia si se está fuera del país más de 6 meses consecutivos o si se ha estado más de 12 meses en el cómputo global de los cinco años de residencia.

 

Tarjeta de residencia de larga duración CE:

Permite estar fuera de la Unión Europea durante 12 meses consecutivos.

 

Tarjeta de residencia de familiar ciudadano de la Unión (Comunitario):

 

No podrá permanecerse fuera de España más de 6 meses en un periodo de un año.

 

La vigencia de la tarjeta no se perderá sin embargo cuando las ausencias del territorio Español sean consecuencia de obligaciones militares, motivos de gestación, parto, postparto, enfermedad grave, estudios, formación profesional o traslados por razones de carácter profesional a otro Estado miembro o un tercer país (siempre y cuando esta estancia no se prolongue más de 12 meses).

 

Tarjeta de residencia permanente de familiar de ciudadano de la Unión (Comunitario):

 

El tiempo máximo que se puede permanecer fuera de España son 2 años consecutivos.

 

 

MODELO DEMANDA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA

RESOLUCION DE MULTA

 

 

AL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DE MADRID

 

 

DOÑA ELENA ABELLA DIAZ, Abogada, Col.61.933 con despacho profesional en Madrid, Calle Embajadores 206, Duplicado 1º B, C.P. 28045, Tlfno. 91.530.96.98 y Fax. 91.530.15.43, actuando en nombre de DOÑA………., mayor de edad, cuya representación me ha sido conferida mediante designación del Turno de Oficio, ante el Juzgado comparezco y como mejor proceda en Derecho DIGO:

 

Que por medio del presente escrito deduzco, con sujeción a lo establecido en el artículo 56 y concordantes de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de 13 de Julio de 1.998, el presente ESCRITO DE DEMANDA, contra la resolución dictada el 12 de Junio de 2008 por el Excmo. Sr. Delegado del Gobierno en la que se acuerda imponer a mi representada la sanción de trescientos un euros (301 Euros), notificada el día 11 de julio de 2008, resolución que se acompaña como documento nº 1, demanda que se fundamenta en los siguientes

 

 

HECHOS

 

 

PRIMERO.- Que Doña………. fue detenida el día 9 de Febrero de 2008, por Agentes de la Policía Nacional, por considerar que se encontraba irregularmente en territorio español, y carecer de documentación que acreditase su estancia legal en nuestro país.

 

Como consecuencia de esa detención se inició el acuerdo de iniciación de expediente de expulsión por el procedimiento preferente en base única y exclusivamente a una supuesta infracción del artículo 53 apartado A) de la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, reformada por Ley Orgánica 8/2000 de 22 de diciembre, Ley Orgánica 11/03 y Ley Orgánica 14/2003, que textualmente dice:

 

Encontrarse irregularmente en territorio español, por no haber obtenido la prórroga de estancia, carecer de autorización de residencia o tener caducada más de tres meses la mencionada autorización, y siempre que el interesado no hubiere solicitado la renovación de la misma en el plazo previsto reglamentariamente."

 

Se basó por tanto dicho acuerdo de expulsión en la falta de documentación que acreditase una residencia legal.

 

 

SEGUNDO.- El 10 de febrero de 2008 se presentó por esta parte escrito de alegaciones, en el que se solicitaba el archivo del expediente, pues Doña …….. llevaba residiendo en España tres años y cinco meses, trabajando como empleada doméstica careciendo de antecedentes penales.

 

Se expuso también en nuestro escrito de alegaciones que Doña……… estaba tramitando la documentación para poder regularizar su situación, dado que llevaba más de tres años en nuestro país y podía optar a un permiso de residencia por arraigo.

 

El 21 de Agosto de 2008 fue dictada Resolución del Excmo. Sr. Delegado del Gobierno por la que se decretaba la imposición de una sanción de trescientos un euro y la advertencia de abandonar el país en un plazo de quince días contados a partir de la notificación de la resolución.

 

En la misma apenas se hace referencia alguna a las alegaciones presentadas por esta parte, señalando literalmente al respecto en su fundamento de derecho segundo que:

 

“Las alegaciones formuladas no desvirtúan los hechos imputados, al acreditarse fehacientemente su situación de estancia irregular en España, no obstante han sido tenidas en cuenta para la graduación de la sanción a imponer”.

 

La resolución no tiene en cuenta sin embargo la situación económica de mi representada, que apenas tiene dinero suficiente para poder mantenerse ya que su sueldo como empleada domestica apenas alcanza los trescientos euros.

 

TERCERO.- Entiende esta letrada que no es justo que la Administración imponga una sanción pecuniaria a mi representada cuando la misma se encuentra en una situación que la haría cuanto menos merecedora de una ayuda por motivos humanitarios, pues su sueldo como empelada domestica apenas llega a los trescientos euros, no tiene contrato de trabajo ni está dada de alta en la Seguridad Social; extremos de los que únicamente es responsable su empleadora sin que Doña …….. pueda hacer nada al respecto pues necesita ese trabajo para poder mantener a su familia que permanece en Bolivia.