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Mostrando articulos por etiqueta: Abogado Penalista

Caso real: Auto de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 5ª, estimando el recurso de apelación presentado por la defensa del interno, concediendo el permiso penitenciario.

 

 

Adjuntamos reciente Auto dictado por la Sección 5ª de la Audiencia Provincial de Madrid, estimando el Recurso de Apelación presentado a favor de nuestro cliente, tras la denegación del permiso penitenciario de salida por la Dirección del Centro Penitenciario y por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.  

 

En el presente caso, el cliente que se encuentra interno e entro Penitenciario, habiendo superado más de la cuarta parte de la condena, con buen comportamiento, desarrollando actividades laborales. Se le denegó por el Centro Penitenciario el permiso ordinario de salida por considerar que no ofrecia las garantias suficientes para hacer buen uso del permiso. 
 
Recurrido ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, dictó auto denegando el permiso por los motivos expuestos por la Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario, a la vista de la trayectoria delictiva del interno, del mal uso de otros permisos, y de la gravedad de la condena.
 
Presentado recurso de apelación, la Audiencia Provincial dicta Auto estimando el recurso y concediendo el permiso penitenciario al interno, habida cuenta que reúne los requisitos exigidos en el Reglamento Penitenciario para su concesión, artículo 154 y siguientes.
 
 
Así, establece el art. 154.1 RP "se podrá conceder, previo informe preceptivo del Equipo Técnico, permisos de salida ordinarios de hasta 7 días de duración como preparación para la vida en libertad, hasta un total de treinta y ses o cuarenta y ocho días por año a los condenados clasificados en segundo y tercer grado repectivamente, siempre que haya extinguido la cuarta parte de la condena o condenas y no observen mala conducta."
 
Art. 156 RP cita "El informe preceptivo del Equipo Técnico será desfavorable cuando, por la peculiar trayectoria delictiva, la personalidad anómala del interno o por la existencia de variables cualitativas desfavorables, resulte problable el quebrantamiento de la condena, la comisión de nuevos delitos o una repercusión negativa de la salida sobre el interno desde la perspectiba de su preparación para la vida en libertad o de su programa individualizado de tratamiento."
 
 
 
 
 Este proceso judicial ha sido defendido por la Letrada Alexandra Roncero Facal. 
 

Por Alexandra Roncero

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Auto estimatorio del Recurso de apelación con concesión del permiso penitenciario de salida.

 

 

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Suspensión de la pena privativa de libertad, artículo 80 del Código Penal.

 

 

¿En que casos cabe la suspensión de la pena privativa de libertad?

 

 
Se suele decir de manera coloquial que “si la prisión es menor de dos años no se entra a cumplir a la cárcel”. Esta expresión se refiere a aquellos casos en los que quien haya sido condenado por sentencia firme a la pena privativa de libertad inferior a los dos años cabe la suspensión de la pena o la sustitución por el pago de multa.

Si bien, tras la reforma del Código Penal obrado el pasado 1 de julio de 2015, lo que anteriormente era conocido por suspensión y sustitución de las penas, se ha visto modificado de manera sustancial.
 

Examinando la nueva redacción el art. 80 y siguientes del CP, donde se regulan los requisitos necesarios para suspender la pena de privativa de libertad, aparecen recogidos los requisitos necesarios que deben concurrir para que se suspenda la pena, si bien, esta es una facultad  del Juez, no una imposición legal a todas aquellas condenas inferiores a dos años.
 

Así en primer lugar, no encontramos con que el Juez podrá dejar en suspenso la ejecución de las penas privativas de libertad, siempre y cuando  sea razonable esperar que la ejecución de la pena no sea necesaria para evitar la comisión futura por el penado de nuevos delitos. Se valorará las circunstancias de delito y las personales del penado.


2º.- La pena a suspender debe ser no superior a dos años o la suma de las impuestas si fueran varias, sin incluir las derivadas por impago de la multa.


.- También es necesario que el penado haya delinquido por primera vez. No se tendrán en cuenta las anteriores condenas por delitos imprudentes o por delitos leves, ni los antecedentes penales que hayan sido cancelados, o debieran serlo. Tampoco los antecedentes penales por delitos que carezcan de relevancia para valorar la probabilidad de comisión de delitos futuros.


4.º Que haya abonado la responsabilidad civil y se haya hecho efectivo el decomiso acordado en sentencia. La novedad introducida tras la reforma es que si el penado asume el compromiso de pago y se espere de manera razonable que vaya a cumplir con el abono, se entenderá cumplido este requisito.


Estos son los requisitos esenciales para que se suspenda la pena privativa de libertad, si bien, existen tres supuestos excepcionales en los que también se podrá dejar en suspenso la ejecución de la pena privativa de libertad: 


- penados a penas inferiores a dos años, no reos habituales, cuando sus circunstancias personales y del delito lo aconseje, siempre condicionado a abono de la responsabilidad civil, al pago de una multa o realización de trabajos en beneficio de la comunidad con un mínimo de 1/5  y un tope máximo de 2/3 de su duración.


-como son que el penado padezca una enfermedad muy grave con padecimientos incurables, aún sin reunir ninguno de los requisitos mencionados


-o en los casos de penados dependientes a drogas tóxicas, estupefacientes, etc… y que actuaran bajo la dependencia de las mismas si la pena no supera los 5 años siempre que se certifique que se encuentra deshabituado o en tratamiento de  deshabituación.


La duración de la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad vendrá determinada por la extensión de la pena impuesta, correspondiendo a las penas inferiores a dos años una suspensión de 2 a 5 años, y de 3 meses a 1 años a las penas leves. 


La suspensión de la ejecución podrá ser acordada en la sentencia o bien tras la firmeza de la misma.
 
 
 
 

Por Alexandra Roncero

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Caso real: Sentencia absolutoria de un delito de lesiones en el ámbito familiar

 

 

Adjuntamos reciente Sentencia absolutoria a favor de nuestro cliente acusado de un delito de lesiones en el ámbito familiar.  

 

En el presente caso, el cliente venía acusado de la comisión de un delito tipificado en el artículo 153.1 y 3 del Código Penal, como autor de un delito de lesiones en el ámbito familiar hacia su pareja sentimental, la cual también se encontraba acusada por un delito  de lesiones en el ámbito familiar tipificado en el art. 153.2 y 3 CP.
Las penas solicitadas por el Ministerio Público para la pareja sentimental acusadas de agredirse mutuamente era un año de prisión, privación de tenencia y porte de armas por plazo de tres años y la prohibición de aproximarse a menos de 500 metros de su pareja sentimental o de comunicar con ella por el plazo de tres años más el abono de las costas procesales.
 
 
En el acto del juicio ambos acusados se acogieron a su derecho a no declarar, contando la acusación únicamente con las testificales de los agentes de policía intervinientes en la detención de ambos acusados, pero que en ningún caso presenciaron directamente los hechos denunciados.
 
 
El Juzgado de lo Penal acaba dictando Sentencia absolutoria para ambos acusados en tanto que no ha quedado acreditado que se produjera una agresión mutua o de un sujeto hacia el otro, primando el principio de presunción de inocencia ante la carencia de prueba clara y suficiente que induzca a la conclusión razonable de la autoría del delito del que venían acusados, no siendo suficiente para quebrar el principio mencionado con la sóla declaración de los agentes, los cuales fueron testigos de referencia y nunca directos de los hechos. 
 
 
 
 
 
 Este proceso judicial ha sido defendido por la Letrada Alexandra Roncero Facal. 
 

Por Alexandra Roncero

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 Sentencia absolutoria por delito de lesiones en el ámibito familiar

 

 

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Artículo 76 del Código Penal, la acumulación de condenas y la reciente interpretación realizada por la Sala 2ª del Tribunal Supremo.

 

 

Os exponemos hoy la reciente interpretación práctica que ha realizado el Tribunal Supremo a la hora de aplicar la acumulación de condenas que permite el artículo 76 del Código Penal.  

 

Con motivo de la recientemente Sentencia publicada por el Tribunal Supremo, sala 2ª, pasamos a examinar la línea interpretativa del art. 76CP en relación con el acuerdo del pleno no jurisdiccional de fecha 03/02/2016.
 

El art. 76CP contempla el tiempo máximo que puede permanecer privado de libertad un condenado. Si bien el Código Penal fija que se impondrán todas las penas correspondientes a las diversas infracciones (art.73) para su cumplimiento simultáneo o para el caso de que no fuera posible, cumplimiento en orden sucesivo por la respectiva gravedad (art-. 75), se establece un tiempo máximo legal de cumplimiento en prisión, todo ello, en relación directa con el principio constitucional de las penas están orientadas hacia la reeducación y reinserción social.
 

Reza literalmente el precepto, “Artículo 76: 1. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el máximo de cumplimiento efectivo de la condena del culpable no podrá exceder del triple del tiempo por el que se le imponga la más grave de las penas en que haya incurrido, declarando extinguidas las que procedan desde que las ya impuestas cubran dicho máximo, que no podrá exceder de 20 años. Excepcionalmente, este límite máximo será:
a) De 25 años, cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos y alguno de ellos esté castigado por la ley con pena de prisión de hasta 20 años.
b) De 30 años, cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos y alguno de ellos esté castigado por la ley con pena de prisión superior a 20 años.
c) De 40 años, cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos y, al menos, dos de ellos estén castigados por la ley con pena de prisión superior a 20 años.
d) De 40 años, cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos referentes a organizaciones y grupos terroristas y delitos de terrorismo del Capítulo VII del Título XXII del Libro II de este Código y alguno de ellos esté castigado por la ley con pena de prisión superior a 20 años.
• e) Cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos y, al menos, uno de ellos esté castigado por la ley con pena de prisión permanente revisable, se estará a lo dispuesto en los artículos 92 y 78 bis.
2. La limitación se aplicará aunque las penas se hayan impuesto en distintos procesos cuando lo hayan sido por hechos cometidos antes de la fecha en que fueron enjuiciados los que, siendo objeto de acumulación, lo hubieran sido en primer lugar.”

En el Acuerdo no jurisdiccional de la Sala 2º del Tribunal Supremo, de fecha 03/02/2016, se establecieron las reglas interpretativas del art. 76.2CP “La acumulación de penas deberá realizarse partiendo de la sentencia más antigua, pues al contenerse en ella los hechos enjuiciados en primer lugar, servirá de referencia respecto de los demás hechos enjuiciados en las otras sentencias. A esa condena se acumularán todas las posteriores relativas a hechos cometidos antes de esa primera sentencia. Las condenas cuya acumulación proceda respecto de esta sentencia más antigua, ya no podrán ser objeto de posteriores operaciones de acumulación en relación con las demás sentencias restantes. Sin embargo, si la acumulación no es viable, nada impediría su reconsideración respecto de cualquiera de las sentencias posteriores, acordando su acumulación si entre sí son susceptibles de ello.”

La Sentencia de fecha 14 de abril de 2016 realiza una explicación práctica sobre la interpretación marcada con anterioridad por el Tribunal Supremo, y a la vista de la sucesiva Sentencia nº 139/2016, por la que la interpretación del art. 76.2 CP no es un principio sustantivo penal sino una regla práctica y metodológica sobre el modo de proceder en la acumulación jurídica de las penas, fijando un criterio uniforme para su realización práctica.
 

El cambio interpretativo se ve ampliado al hecho de que para el caso de que se cumplan los requisitos inamovibles de la Sala, siendo que los hechos sean siempre anteriores a la sentencia que sirva de referencia a la acumulación, que los hechos no estén sentenciados con anterioridad a la misma y que la operación sea completa, no pueden excluirse otras posibilidades combinatorias que beneficien al condenado.
 

Así aclara el alto Tribunal que lo que establece el apartado 2 del art.76  “No significa necesariamente que la sentencia deba ser la de fecha más antigua de todas las potencialmente acumulables, sino anterior a las que hayan enjuiciado los hechos que sean objeto de acumulación en relación con la que sirve de referencia en cada caso. De la misma forma, cuando el límite máximo sea superior a las penas impuestas, podrá reconsiderarse la combinación de las descartadas en la primera operación para el examen de otra posibilidad de acumulación distinta, siempre que se cumplan las reglas fijas.”
 
 
 
 

Por Alexandra Roncero

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Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 2ª, nº 314/2016, de 14 de Abril de 2016.

 

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Caso real: Sentencia absolutoria de un delito de robo con violencia e intimidación con uso de instrumento peligroso

 

 

Adjuntamos reciente Sentencia absolutoria a favor de nuestro cliente acusado de un delito de robo con violencia e intimidación con uso de instrumento peligroso.  

 

En el presente caso, el cliente venía acusado de la comisión de un delito tipificado en el artículo 237 y 242. 1º y 3º del Código Penal, como autor de un delito de robo con violencia e intimidación en su modalidad agravada por el empleo de un instrumento peligroso,  solicitando la acusación del Misniterio Fiscal, que se le impusiera la pena de de 4 años de prisión más el abono de la responsabilidad civil, debiendo indemizar al perjudicado por los daños materiales causados en sus pertenencias.
 
 
Establece el art. 237del Código Penal que "Son reos del delito de robo los que, con ánimo de lucro, se apoderaren de las cosas muebles ajenas empleando fuerza en las cosas para acceder o abandonar el lugar donde éstas se encuentran o violencia o intimidación en las personas, sea al cometer el delito, para proteger la huida, o sobre los que acudiesen en auxilio de la víctima o que le persiguieren." En relación con el artículo 242 " 1. El culpable de robo con violencia o intimidación en las personas será castigado con la pena de prisión de dos a cinco años, sin perjuicio de la que pudiera corresponder a los actos de violencia física que realizase.

2. Cuando el robo se cometa en casa habitada, edificio o local abiertos al público o en cualquiera de sus dependencias, se impondrá la pena de prisión de tres años y seis meses a cinco años.
 
3. Las penas señaladas en los apartados anteriores se impondrán en su mitad superior cuando el delincuente hiciere uso de armas u otros medios igualmente peligrosos, sea al cometer el delito o para proteger la huida, y cuando atacare a los que acudiesen en auxilio de la víctima o a los que le persiguieren.

4. En atención a la menor entidad de la violencia o intimidación ejercidas y valorando además las restantes circunstancias del hecho, podrá imponerse la pena inferior en grado a la prevista en los apartados anteriores. "
 
 
En el acto del juicio, se solicitó por el Ministerio Público la lectura del la declaración testifical de un testigo que no compareció a juicio por encontrarse en paradero desconocido, al amparo del artículo 730 de la LECrim, mostrando nuestra oposicion a la misma.
 
De acuerdo con  lo establecido en el artículo 730 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, "podrán también leerse o reproducirse a instancia de cualquiera de las partes las diligencias practicadas en el sumario, que, por causas independientes de la voluntad de aquéllas, no puedan ser reproducidas en el juicio oral, y las declaraciones recibidas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 448 durante la fase de investigación a las víctimas menores de edad y a las víctimas con discapacidad necesitadas de especial protección."
 
Si bien, la lectura de las declaraciones realizadas en fase de instrucción por parte de los testigos, resulta factible tal y como se ha pronunciado el Tribunal Supremo en numerosas ocasiones, siempre y cuando se cumpla con una serie de requisitos esenciales. Es doctrina consolidada que "se puede atribuir valor probatorio a dichas diligencias sumariales siempre que se hayan practicado con todas las formalidades que la Constitución y el ordenamiento procesal establecen y que sean efectivamente reproducidas en el juicio oral en condiciones que permitan a la defensa del acusado someterlas a contradicción."
 
Aplicando la mencionada doctrina, se alegó en el plenario la manifiesta indefensión del acusado, vulnerando su derecho a la defensa, en tanto que no se puede someter a contradicción la declaración del testigo ausente en el acto del juicio, habida cuenta que no se ha realizado la declaración en fase de instrucción con la presencia letrada del acusado.
 
 
 
 Este proceso judicial ha sido defendido por la Letrada Alexandra Roncero Facal. 
 

Por Alexandra Roncero

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Caso real: Sentencia absolutoria de un delito leve de amenazas e injurias en el ámbito familiar.

 

Adjuntamos reciente Sentencia absolutoria a favor de nuestro cliente denunciado por la presunta comisión de un delito leve de amenazas e injurias en el ámbito familiar del padre al hijo. 

  

 

Este tipo de procedimientos requieren expresamente la denuncia del perjudicado o bien de su representante legal. Así en el presente caso, se ha presentado denuncia por la madre de un menor, frente al padre del mismo, por presuntamente proferir amenazas e insultos hacia su hijo menor de edad.
 
 
Si  bien, en el acto del juicio no ha quedado acreditado que se produjeran dichos delitos por parte del padre del menor, entendiendo acertadamente el juzgador que ante la duda y ante  la falta de prueba que sostenga la acusación, debe dictarse una sentencia absolutoria a favor del denunciado-investigado, en virtud del principio de presunción de inocencia.
 
 
Para el caso de que se hubiera acreditado la comisión del delito de injurias en el ámbito familiar, veamos la pena prevista. Así, establece el art. 173.4 del Código Penal que "Quien cause injuria o vejación injusta de carácter leve, cuando el ofendido fuera una de las personas a las que se refiere el apartado 2 del artículo 173, será castigado con la pena de localización permanente de cinco a treinta días, siempre en domicilio diferente y alejado del de la víctima, o trabajos en beneficio de la comunidad de cinco a treinta días, o multa de uno a cuatro meses, esta última únicamente en los supuestos en los que concurran las circunstancias expresadas en el apartado 2 del artículo 84. Las injurias solamente serán perseguibles mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal."
 
 
Información sobre los nuevos delitos leves tras la reforma del Código Penal. Pinche aquí.
 
 
   
 Este proceso judicial ha sido defendido por la Letrada Alexandra Roncero Facal. 
 

Por Alexandra Roncero

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 Sentencia absolutoria por delito leve de amenazas e injurias en el ámbito familiar

 

 

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Os mostramos hoy un caso real defendido por el despacho, en el que se ha  obtenido el archivo del procedimiento penal iniciado contra un cliente, por la presunta comisión de un delito leve de ururpación de inmueble.

 

 

 
En el presente caso real, el titular de la vivienda era una entidad bancaria, la cual en el momento en que tuvo conocimiento de que el inmueble de su propiedad se encontraba habitado, sin haber otorgado título habilitante para ello, procedió a la presentación ante los Juzgado de Instrucción de Madrid de la correspondiente denuncia por si los hechos pudieran ser constitutivos de un presunto delito de usurpación de inmueble.
 
Como consecuencia de la presentación de la denuncia por parte del propietario, se citó a declarar a los ocupantes de la vivienda en calidad de imputados, habiendo comparecido ante el Juzgado de Instrucción con asistencia de abogado y prestado declaración sobre los hechos, con expreso reconocimiento de la ocupación de la vivienda careciendo de autorización del tiular.
 
Por parte del Juzgado competente se emplazó a los denunciados a que abandonaran en plazo de 1 mes el piso objeto de la denuncia, pues en caso contrario, se procedería a su lanzamiento. 
 
Examinemos a continuación que establece el artículo 245.2 del Código Penal; "el que ocupare, sin autorización debida, un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada, o se mantuviere en ellos contra la voluntad de su titular, será castigado con la pena de multa de tres a seis meses."
 
Por ello, las personas denunciadas podrían haber sido condenadas como autoras de un delito de usurpación de inmueble, del art. 245.2CP, a la pena de multa de tres a seis meses, con cuota diaria atendiendo a sus circunstancias económicas.
 
En este punto debemos destacar la importancia de la figura del abogado, y que en el presente caso fue de fundamental, en tanto que se logró negociar con la entidad bancaria la ampliación del plazo para el desalojo, y la sucesiva renuncia a la continuación del procedimiento penal, dictándose por el órgano judicial Auto de sobreseimiento y archivo de la causa.
 

Este proceso judicial ha sido defendido por la Letrada Alexandra Roncero Facal. 

 

 

Por Alexandra Roncero

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 Auto de sobreseimiento y archivo dictado por el Juzgado de Instrucción de Madrid.

 

 

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¿Cuál es el orden de pago de los conceptos incluidos en el fallo de una Sentencia?

 

 

Esta es una pregunta frecuente que nos realizan en el despacho por parte de aquellas personas que han resultado condenadas por sentencia penal y la misma es firme. 

 

La Sentencia condenatoria puede incluir diversos conceptos económicos a los que el condenado debe hacer frente, si bien, se desconoce el orden o la preferencia entre unos y otros a la hora de proceder a su pago pudiendo afectar al cumplimiento efectivo de la condena; De ahí la relevancia a la hora de proceder al pago de los distintos conceptos, pues de ello dependerá que se tenga por cumplida la pena impuesta en su totalidad o nos encontremos con un cumplimiento parcial o mínimo, que a entender del Juzgado de ejecutorias resulte insuficiente pudiendo acarrear consecuencias más perjudiciales que el simple pago de una multa.

 

Los casos más habituales son las condenas donde el fallo contiene un pronunciamiento de multa y además una responsabilidad civil derivada del delito, así como el pago de las costas procesales. Entonces, qué se debe de pagar primero si en la sentencia condenatoria se ha condenado al pago de multa, una indemnización y las costas?

 

Para obtener una respuesta debemos acudir a lo establecido en el art. 126 del Código Penal, el cual nos señala el orden expreso a cumplir para el caso de que la sentencia contenga varios pronunciamientos de condena.

 

 
“Artículo 126. 1. Los pagos que se efectúen por el penado o el responsable civil subsidiario se imputarán por el orden siguiente:


1.º A la reparación del daño causado e indemnización de los perjuicios.
2.º A la indemnización al Estado por el importe de los gastos que se hubieran hecho por su cuenta en la causa.
3.º A las costas del acusador particular o privado cuando se impusiere en la sentencia su pago.
4.º A las demás costas procesales, incluso las de la defensa del procesado, sin preferencia entre los interesados.
5.º A la multa.
2. Cuando el delito hubiere sido de los que sólo pueden perseguirse a instancia de parte, se satisfarán las costas del acusador privado con preferencia a la indemnización del Estado. Tendrá la misma preferencia el pago de las costas procesales causadas a la víctima en los supuestos a que se refiere el artículo 14 de la Ley del Estatuto de la Víctima del Delito.”

 

En definitiva, para el caso planteado, en el que se condena al pago de una multa por la comisión de un delito y además se debe abonar al perjudicado una cantidad en concepto de indemnización por daños ya sean personales ya materiales, hay que tener claro que el cumplimiento de la condena debe comenzar por el pago de la indemnización, cubriendo el importe de la misma y una vez abonada, se procedería al pago de la multa. No quiere decir que deban pagarse en dos veces, pues resulta posible el abono conjunto de todos los pronunciamientos condenatorios, dando por cumplida la condena en su totalidad.

 

¿Y que ocurre con las costas? Cierto es que en el orden fijado en el art.126 del Código Penal, figura el abono de las costas procesales antes que el pago de la multa, sin embargo, en la práctica y para aquellos casos en los que ha intervenido el acusador particular y se ha condenado expresamente al pago de dichas costas, la tendencia de los Juzgados es dar por cumplida el pago de la multa y a posteriori iniciar la reclamación de las costas y la tasación de las mismas.

 

 


 

 

 

Para obtener una respuesta debemos acudir a lo establecido en el art. 126 del Código Penal, el cual nos señala el orden expreso a cumplir para el caso de que la sentencia contenga varios pronunciamientos de condena.

 
“Artículo 126. 1. Los pagos que se efectúen por el penado o el responsable civil subsidiario se imputarán por el orden siguiente:


1.º A la reparación del daño causado e indemnización de los perjuicios.
2.º A la indemnización al Estado por el importe de los gastos que se hubieran hecho por su cuenta en la causa.
3.º A las costas del acusador particular o privado cuando se impusiere en la sentencia su pago.
4.º A las demás costas procesales, incluso las de la defensa del procesado, sin preferencia entre los interesados.
5.º A la multa.
2. Cuando el delito hubiere sido de los que sólo pueden perseguirse a instancia de parte, se satisfarán las costas del acusador privado con preferencia a la indemnización del Estado. Tendrá la misma preferencia el pago de las costas procesales causadas a la víctima en los supuestos a que se refiere el artículo 14 de la Ley del Estatuto de la Víctima del Delito.”

En definitiva, para el caso planteado, en el que se condena al pago de una multa por la comisión de un delito y además se debe abonar al perjudicado una cantidad en concepto de indemnización por daños ya sean personales ya materiales, hay que tener claro que el cumplimiento de la condena debe comenzar por el pago de la indemnización, cubriendo el importe de la misma y una vez abonada, se procedería al pago de la multa. No quiere decir que deban pagarse en dos veces, pues resulta posible el abono conjunto de todos los pronunciamientos condenatorios, dando por cumplida la condena en su totalidad.

¿Y que ocurre con las costas? Cierto es que en el orden fijado en el art.126 del Código Penal, figura el abono de las costas procesales antes que el pago de la multa, sin embargo, en la práctica y para aquellos casos en los que ha intervenido el acusador particular y se ha condenado expresamente al pago de dichas costas, la tendencia de los Juzgados es dar por cumplida el pago de la multa y a posteriori iniciar la reclamación de las costas y la tasación de las mismas.

 

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Nuevo baremo de Accidentes de tráfico. Ley 35/2015, de 22 de septiembre, Reforma del Sistema para la Valoración de los daños causados como consecuencia de un Accidente de Tráfico.

 

Trás una larga espera, se ha publicado finalmente el baremo o sistema de valoración de los daños derivados de los accidentes de tráfico cuya entrada en vigor se producirá a partir del 1 de enero de 2016. 

 

El pasado día 23 de septiembre de 2015, se publicó en el BOE el esperado baremo para la valoración de los daños en accidentes de tráfico, el cual pretende un justo resarcimiento de los perjuicios sufridos por las víctimas y sus familias como consecuencia de un siniestro. Si bien, para el año 2015 no se ha publicado la actualización del mismo, debiendo aplicarse a los accidentes de tráfico ocurrido durante el 2015 el sistema establecido para el período de 2014 por Resolución de 5 de marzo  de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones por la que se publican las cuantías de las indemnizaciones por muerte, lesiones permanentes e incapacidad temporal que resultarán de aplicar durante el 2014 el sistema para valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación. (para ver pinchar aquí).

Hasta la fecha, la valoración de los daños causados como consecuencia de un accidente de tráfico venía recogido en el Anexo del Texto Refundido de la Ley de Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre

La nueva regulación del sistema de valoración, tiende a completar y/o cubrir de manera realista los graves perjuicios que supone para un lesionado las consecuencias del accidente, hasta el punto incluso de suponer un cambio en la vida diaria, como viene siendo en los grandes lesionados que llegan incluso a necesitar de la ayuda de una tercera persona para las tareas cotidianas. Con el anterior sistema de valoración, o  comúnmente denominado “baremo”, no se llegaba a indemnizar completamente las lesiones derivadas del accidente, sino que se aplicaba la escala dentro de un patrón común, aplicado a la generalidad, sin concretarse al caso concreto y sus circunstancias especiales. Así la nueva reforma pretende detallar cada partida indemnizatoria a percibir por el perjudicado-lesionado o por los perjudicados familiares y allegados del lesionado en caso de fallecimiento de éste.

Con la idea de que el perjudicado por el accidente de tráfico vuelva a su estado anterior al siniestro o lo más próximo posible, se han introducido una serie de novedades que el anterior “baremo” no contemplaba. Así destacamos las siguientes:

1º Se determina separadamente las indemnizaciones para los casos de muerte, incapacidad temporal y secuelas. En cada situación se diferencia entre el perjuicio personal básico, perjuicio particular y el perjuicio patrimonial.

Con el perjuicio personal básico se establecen una serie de mínimos por la que indemnizar al perjudicado. El perjuicio particular pretende completar la indemnización básica en el caso de que se den concretas circunstancias relacionadas con el fallecido o en su caso, con el lesionado.

Se introduce el concepto de perjuicio patrimonial, desarrollado en dos aspectos:el daño emergente y el lucro cesante. Figuras que no contemplaba el derogado sistema de valoración y que suponen toda una novedad para cuantificar la indemnización por estos conceptos de una manera personalizada al caso en cuestión; Así con el daño emergente se trata de cubrir todo gasto  derivado del accidente de tráfico bien por el lesionado, bien por los demás perjudicados, como son en los casos de muerte, el entierro y funeral, desplazamiento y traslado del fallecido…, en caso de secuelas, los futuros gastos médicos previsibles, gasto en prótesis, rehabilitación, traslados a las consultas médicas, adecuación de vehículo y otros medios de apoyo a la autonomía personal y la necesidad de ayuda  por tercera persona..., y en caso de incapacidad temporal, los gastos asistenciales en que se haya incurrido, desplazamientos necesarios, etc… donde la entidad aseguradora podrá cubrir el coste directamente con los servicios públicos de salud u otras entidades, a través de los convenios suscritos.

Respecto al lucro cesante, se supera el factor corrector contenido en el anterior sistema sobre la base de la indemnización, y se determina ahora una serie de conceptos a tener en cuenta para calcular los perjuicios económicos  que deriven de la nueva situación de lesionado/fallecido, además de las pérdidas netas de ingresos provenientes del trabajo personal.

2º Señalamos otros aspectos relevantes incluidos en la reforma del baremo, como los sigguientes:

-        - Se reconoce como perjudicado al miembro supérstite de la pareja de hecho estable, constituida mediante inscripción en un registro o que haya ha convivido un mínimo de 1 año inmediatamente anterior al fallecimiento o período inferior si tiene un hijo en común.

      - Obligación de la entidad aseguradora de hacer una oferta motivada dentro de los 3 meses desde el siniestro.

-         - Impone el deber  de colaboración del perjudicado para la peritación por los servicios médicos del eventual responsable.

-     -  Posibilidad de acordar con la entidad aseguradora el abono de  una renta vitalicia.

      -  Necesidad de acreditar la dependencia económica del fallecido/lesionado para poder concurrir como perjudicado  a indemnizar.

      -  Se indemniza el perjuicio moral sufrido por perdida de calidad de vida.

      -  Indemnización para ayuda de tercera persona en casos de grandes lesionados, muy graves o graves según la edad del lesionado y la hora de ayuda o trabajo.

     -  En el caso de lesiones temporales, se elimina el concepto de días impeditivos y no impeditivos, fijando un importe fijo por día de curación que podrá incrementarse si se dan circunstancias más graves. Lesión habitual de traumatismo cervical.

      -  Reconocimiento de las labores del hogar como trabajo no remunerado aplicándo el SMI anual, así como la pérdida de capacidad de trabajo para las personas menores de 30 años o estudiantes.

 

En definitiva, con la reforma operada en el baremo se pretende detalar pormenorizadamente cada concepto indemnizable y así el perjudicado obtendría una cuantía lo más reparadora posible dentro de sus circunstancias  concretas que han sido expresamente valoradas.

 

 

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Reciente Sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos nº 173/2014, por la que reitera la Doctrina del Tribunal Supremo para la diferenciación entre imprudencia o negligencia constitutiva de infracción civil de la constitutiva de una infracción penal. 

 

Queremos destacar el presente caso, en relación a que se absuelve al denunciado como autor de una falta de lesiones imprudentes derivado de accidente de tráfico, dejando abierta al denunciante la vía de la reclamación civil, en tanto que los hechos enjuiciados no son constitutivos de infracción penal dada la impericia del denunciante en la conducción. Aplicación de la Doctrina sentada por el Tribunal Supremo de delimitación de la imprudencia contemplada en elCódigo Penal como leve, a diferencia de la reclamable por la vía civil.  Igualmente determina concurrencia de culpas y su relevancia en el ámbito penal para apreciar la comisión de una imprudencia de carácter leve.

 

El problema radica principalmente en determinar cuando una conducta imprudente da lugar a una infracción civil por culpa extracontractual o a una infracción penal de carácter leve. Establece la Sentencia en su FJ2º del análisis efectuado por la doctrina que: "sin la existencia de un daño resarcible o reparable, de entrada la negligencia civil debe rechazarse (...); por el contrario, existiendo un daño reparable el campo de la culpa civil es amplísimo y residual, como pone de manifiesto la propia redacción del artículo 1902 del Código Civil al decir "interviniendo culpa o negligencia". Por el contrario, para configurar la imprudencia penal, aparte de los elementos comunes a ambas, acción u omisión voluntaria pero no dolosa, ni directa ni indirectamente; daño nexo causal y falta de previsión debida, factor psicológico o subjetivio y eje de conducta imprudente,  (...) es imprescindible la concurrecnia de un factor normativo o externo, representado por la infracción del deber objetivo de cuidado, ya traducido en normas convivenciales o experienciales, tácitamente aconsejadas y observadas en la vida social en evitación de perjuicios a terceros, ya en normas específicas reguladoras de determinadas actividades."

 

"En este mismo sentido la sentencia del Tribunal Supremo de 29 de Febrero de 1.992 viene a precisar que, partiendo de la distinción que de la culpa hace la doctrina científica en grave, leve y levísima, con operatividad ésta última en el área civil y de las dos primeras en el campo penal, nuestra legislación positiva de carácter sancionador, bajo la óptica de la unicidad e igual naturaleza de todas y cada una de las clases o grados de la "imprudencia punible", abarca dentro de la misma la "culpa lata" o temeraria, hoy grave, la de grado medio o simple antirreglamentaria y la simple o ínfima, hoy las dos últimas agrupadas bajo el nombre de culpa leve."

 

 "El Tribunal Supremo tiene establecido con uniformidad y reiteración que las infracciones culposas no se distinguen entre sí, a diferencia de lo que ocurre con las dolosas, por su naturaleza específica sino por la intensidad y  relevancia de la previsión y diligencias dejadas de observar, bajo cuyo criterio el Código Penal tipifica y sanciona dos modalidades, la grave o temeraria y la leve o constitutiva de simple falta, suponiendo ésta última una conducta ligera y de imprevisión venial, por falta de atención bastante, referida a un deber que cumplir, originándose el mal sobrevenido por el negligente descuido del agente en su quehacer lícito, situándose la diferenciación entre distintas clases de imprudencias punibles en un terreno de circunstancialidad y relativismo ante el caso concreto debatido."

 

En cuanto a la operabilidad de la estimación compensatoria de culpas en el área penal, la doctrina venía oponiéndose  a la misma en tanto que el ámbito del derecho punitivo busca la sanción de actos de signo antisocial mediante la imposicion de una pena, d etal modo que la conducta del perjudiciado, cualquiera que fuese su magnitud, no puede tener virtualidad para aminorar la justa reacción de la sociedad. Con posterioridad, se ha ido modificacando por los Tribunales la aplicación de la tesis de la culpa del perjudicado, siempre y cuando sea de tal grado que afecte a la producción del efecto dañoso.

Establece así el Tribunal Supremo y las Audiencias Provinciales que " la contribución de la conducta culposa de la víctima o perjudicado a la causación del evento dañoso influye sobre la calificación jurídica de los hechos de la siguiente manera:

a) Degradando la índole de la culpa en que "per se" incurrió el agente y haciéndola descender, al compás de la trascendencia de la culpa del ofendido, uno o más peldaños en la escala culposa.
b) Moderando el quantum de la indemnización que procedería señalar de no haber convergido con la culpa del agente la del sujeto pasivo, siendo dicha moderación o reducción más o menos intensa con arreglo
a la incidencia o influencia que en la causación o producción del daño una u otra.
c) Excepcionalmente, la culpa del sujeto pasivo puede ser de tal magnitud y de influencia tan decisiva en la producción del resultado que, no solo minimice la del enjuiciado, sino que la borre totalmente.

La doctrina abandona el término de "compensación de culpas" hasta entonces utilizado, y acuña el de "concurrencia de culpas", concurrencia que se da siempre que con la culpa del agente haya coexistido o
confluido la del ofendido o víctima contribuyendo de esta forma concausalmente y en mayor o menor medida a la producción de un mismo resultado lesivo."

Así mismo, diversas sentencia de las audiencias Provinciales han venio señalado lo siguiente; Sentencia de la A.P de Badajoz de 27 de abril de 1998: "no toda imprudencia o negligencia, cualquiera fuese el resultado lesivo, debe ser incardinada, sin más, en el ámbito criminal; solo la más grosera de las infracciones, la dejación de los más elementales deberes de cuidado o protección merecen la salvaguardia o protección de este orden jurisdiccional; no es posible implantar la responsabilidad masiva o en cascada y frente a cualesquiera que, en algún modo, aún mínimo, tuvieron alguna conexión con el hecho imprudente; el ordenamiento jurídico prevé otros remedios para proteger a la víctima frente a actos atentatorios que traigan causa en la denominada culpa extracontractual o aquiliana y en orden a conseguir para aquélla la más absoluta indemnidad; nos referimos a las disposiciones que al igual se contemplan en el orden civil, en sus artículos 1.902 y ss., y respecto a los cuales la jurisprudencia, con unanimidad,, viene, en favorecimiento de la víctima (lo que no es transmutable al orden penal), a promover "la inversión de la carga de la prueba", al entender que si el evento dañoso se produjo, esto denota o acredita "prima facie" que algo quedaba por prevenir o que no había sido agotada la diligencia, beneficiando de esta forma a la víctima, y en orden a conseguir su plena indemnidad que, no cabe duda, en estos supuestos se superpone a cualquier otra consideración".

En el presente caso, el Juzgado entiende que cuando se produce culpa de la víctima, procede la eliminación de responsabilidad criminal del acusado. Así deduce la inexistenica de una relación de causalidad directa y eficiente entre el primer accidente y la colisión de la motocicleta. La conducta del piloto de la motocicleta es imprudencite o negligente, y en todo caso,concurrente con la de los otros dos conductores implicados en los hechos, pero con una concurrente de tal magnitud que provoca la ruptura del nexo casal entre la imprudencia en la que hubieran podido incurrir los otros dos intervinientes y el accidente de la motocicleta que éste conducía. Ello provoca, como antes hemos indicado, no solo la degradación de la imprudencia de los otros dos conductores, sino su atipicidad penal con respecto al resultado lesivo y dañoso que Alejandro llega a sufrir.

Por lo anterior, resulta determinante la coducta del perjudicado a la hora de procducir el resultavo lesivo, pudiendo llegar incluso a la eliminación de toda responsabilidad derivada de la imrpudencia o negligencia del causante.

 

 

 Sentencia de fecha 21 de Abril de 2014, de la Audiencia Provincial nº 173/2014.

  

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Narcís Trenado Seara es licenciado en Derecho por la Universitat de Barcelona.

 

Se colegió como Abogado ejerciente en el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB) en el año 2.000 (col. nº25087).

 

Durante su carrera profesional ha desarrollado sus labores en despacho profesionales de renombre, teniendo en la actualidad su propio despacho de abogados (TREFOR ADVOCATS) con sede en Barcelona.

 

Ha cursado el Máster de Práctica Jurídica del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona.



Es experto en Derecho Penal y Derecho de la Circulación, siendo sus áreas preferentes de actuación

 

  • Especialización en derecho penal económico, así como asistencia en Comisaría y Juzgado ante la comisión de delito.
  • Estafas
  • Apropiaciones indebidas
  • Alzamiento de bienes, insolvencias punibles.
  • Delitos societarios, fraudes fiscales.
  • Administración Fraudulenta.
  • Falsedad documental
  • Delitos contra la propiedad industrial e intelectual
  • Delitos urbanísticos
  • Delitos contra los derechos de los trabajadores
  • Delitos contra la Administración Pública
  • Delitos contra la libertad: derechos del honor, imagen e intimidad; Injurias y Calumnias.
  • Delitos contra la libertad; Amenazas y Coacciones.
  • Accidentes de circulación
  • Delitos contra la seguridad del tráfico, alcoholemias
  • Lesiones
  • Delitos contra el patrimonio
  • Impagos de pensiones e incumplimientos del régimen de visitas
  • Violencia Doméstica
  • Derecho Penal de Menores
  • Derecho Penitenciario

 

Habla catalán, castellano, inglés, francés e italiano.

Sonia Montes Ovín es Abogada ejerciente en Asturias desde el año 2004, perteneciente al Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo.

Codirectora del Despacho de Abogados en Oviedo Montes & Fernandez Abogados

 

Entre las áreas de especialización de Sonia Montes Ovín, se encuentran:

  

 DERECHO LABORAL y SEGURIDAD SOCIAL:

  • Despidos.
  • Reclamación de salarios.
  • Actas de la Inspección de Trabajo.
  • Incapacidades.
  • Pensiones de viudedad y orfandad.
  • Prestación por desempleo.
  • Jubilaciones.
  • Cotizaciones a la Seguridad Social.

 

 DERECHO MERCANTIL:

  • Concursos de acreedores.
  • Negociación de quitas y acuerdos de pago fraccionado.
  • Responsabilidad de administradores.

 

 

DERECHO PENAL:

  • Asistencia al detenido.
  • Juicios rápidos.
  • Juicios de faltas.
  • Procedimientos penales por delito.
  • Fiscalía/Juzgado de menores.
  • Cancelación antecedentes penales y/o policiales.


 DERECHO ADMINISTRATIVO:

  • Recurso de multas en materia de tráfico y transportes, tanto en vía administrativa como en vía contencioso-administrativa.
  • Gestión de expedientes sancionadores en todas las materias.
  • Recursos contencioso-administrativos.
  • Defensa de los derechos de consumidores y usuarios.
  • Expedientes de responsabilidad patrimonial de la administración.
  • Gestiones varias ante organismos públicos y Ayuntamientos.

 

 EXTRANJERÍA:

  • Solicitud de permiso de trabajo y/o residencia.
  • Reagrupación familiar.
  • Tramitación completa de expedientes de expulsión.
  • Situaciones de arraigo laboral y social.

 

 

Abogado en Asturias, consultas gratuitas, asistencia al detenido, juicios rápidos, alcoholemias, extranjería, violencia de género, ordenes de protección, cancelación de antecedentes penales y/o policiales, multas de tráfico y transportes, despidos, reclamación de salarios, incapacidades, concursos de acreedores, nulidades eclesiásticas.

¿Quién es ?

-         Iván Martínez Abogado ejerciente desde el Año 2.000, dado de alta en  el Iltre. Colegio de Abogados de Alicante.

-        Abogado Generalista con amplia experiencia en:

 

* Derecho Civil (Derecho de Familia, Arrendamientos Urbanos,Procesos de  Desahucio, Propiedad Horizontal ...)

* Derecho Penal (Asistencia al Detenido, Accidentes de Circulación, Defensa y Acusación en Procesos Penales ...)

* Responsabilidad Penal de Menores

* Violencia Doméstica

 

¿Qué Experiencia tiene? – Brevemente te indico que:

-        En sus once años de ejercicio ha defendido con muy buenos resultados asúntos de toda índole, complementando el ejercicio con Cursos de Especialización Jurídica.

 

¿Qué Asuntos defiende?

-        Abogado Generalista con experiencia en todas las ramas del Derecho, con dilatada experiencia en procesos de  Desahucio, aistencia a detenidos, matrimonial, accidentes de circulación


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