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Mostrando articulos por etiqueta: Abogado Pedro Tabárez

SENTENCIA SOBRE DELITO LEVE DE HURTO EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL POR IMPORTE DE LO SUSTRAÍDO INFERIOR A 400 EUROS.

 

En relación al delito de hurto, dispone el artículo 234.2 del Código Penal:



2. Se impondrá una pena de multa de uno a tres meses si la cuantía de lo sustraído no excediese de 400 euros, salvo si concurriese alguna de las circunstancias del artículo 235.”




La sentencia que se adjunta, dictada con fecha 17 de octubre de 2016, por el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, condena a la persona denunciada como autora de un delito leve de hurto intentado a la pena de quince días de multa con cuota diaria de dos euros, es decir, 30 euros.



Tras contratar nuestros servicios y personarnos en el procedimiento judicial, pudimos comprobar que la tienda de ropa H&M había denunciado a nuestra cliente por los hechos cometidos el día 30 de mayo de 2016, consistentes en que la denunciada había accedido a un establecimiento comercial de ropa de dicha marca y se había apoderado de efectos valorados en 59,98 euros, y una vez traspasados los arcos de seguridad sin abonar su importe, fue retenida por el vigilante de seguridad de la tienda que pudo observar los hechos denunciados a través de las cámaras de seguridad del establecimiento, procediéndose a presentar denuncia ante la Policía Nacional.



Por este motivo, la denunciada fue citada a un juicio por delito leve, toda vez que le es aplicable el artículo 234.2 del Código Penal, teniendo en cuenta que el valor de lo sustraído no supera los 400 euros, así como fue citado el vigilante de seguridad de la tienda, que acudió al acto del juicio en calidad de testigo.



El día de la celebración del juicio el letrado, en defensa de su cliente, accedió a negociar con el Ministerio Público, y teniéndose en cuenta el valor de lo sustraído, que la persona denunciada carecía de antecedentes policiales ni penales y teniéndose en cuenta que los objetos sustraídos fueron recuperados por el establecimiento comercial en perfectas condiciones, se reconocieron los hechos por la denunciada y se impuso la sanción de 30 euros.



Desde el momento del pago de la sanción, la persona condenada podrá cancelar sus antecedentes policiales y penales, una vez transcurra el plazo de 6 meses, previsto en el artículo 136.1 a) del Código Penal.

 

 

 

 Acceso a la Sentencia 

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Caso Real. La prejudicialidad civil y sus requisitos. Auto que estima la prejudicialidad alegada en un procedimiento ordinario. 

 

La mayoría de los profesionales y clientes están acostumbrados a ver la prejudicialidad penal, que es más sencilla de entender y su aplicación es clara, ya que en el momento que los hechos están siendo investigados en un procedimiento penal, éste tiene prioridad respecto a cualquier otro, como puede ser un procedimiento civil.

 

La prejudicialidad civil, también llamada por la jurisprudencia “litispendencia impropia” es más compleja.

 

La Jurisprudencia más reciente, ha venido a perfilar la distinción entre litispendencia y prejudicialidad civil, que hoy reconoce el artículo 43 LEC, y entre otras, la Sentencia Nº: 882/2008, de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, de fecha 26 de septiembre de 2008, estableció claramente los requisitos para poder apreciarse la prejudicialidad civil:

 

“(…)subrayando que lo operativo es la sujeción que, por razones de lógica y conexión legal, determinan una prejudicialidad entre el objeto de un litigio y otro, de tal alcance que vinculan el resultado del segundo al primero" ( SSTS 19 de abril [ RJ 2005, 3244] y 20 de diciembre de 2005 [ RJ 2005, 10150] ). Se trata de la llamada "litispendencia impropia" o "prejudicialidad civil", que se produce, como ha dicho la STS de 22 de marzo de 2006 ( RJ 2006, 2315) , cuando hay conexión entre el objeto de los dos procesos, de modo que lo que en uno de ellos se decida resulte antecedente lógico de la decisión de otro ( SSTS 20 de noviembre de 2000 [ RJ 2000, 9237] , 31 de mayo [ RJ 2005, 5031] , 1 de junio [ RJ 2005, 6384] y 20 de diciembre de 2005 [ RJ 2005, 10150] ) aún cuando no concurran todas las identidades que exigía el artículo 1252 CC ( LEG 1889, 27)”.

 

 

En el mismo sentido es doctrina reiterada de la Excma. Audiencia Provincial de Madrid, entre otras, en la sentencia de 21 de noviembre de 2011 (Rollo de Sala 815/2010 ) y auto de 18 de octubre de 2011 (Rollo de Sala 439/2011) que:

 

 "(...) Como ya tenemos dicho en otras resoluciones la prejudicialidad civil tiene su fundamento en el efecto vinculante o positivo de la cosa juzgada ( artículo 222-4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ), que se produce cuando los objetos de ambos pleitos difieren o no son plenamente coincidentes, pues, como declara el Tribunal Supremo en las sentencias de 12 de junio de 2008 , 2 de octubre de 2009 y 25 de mayo de 2010 , ello no es óbice para extender al segundo pleito lo resuelto en el primero respecto a cuestiones o puntos concretos controvertidos que constan como debatidos, aunque sea tan sólo con carácter vinculante y prejudicial, no impidiendo que el órgano judicial del segundo pleito decida sin sujeción en todo lo restante que constituye la litis, esto es, la decisión de fondo queda condicionada por las cuestiones conexas ya anteriormente resueltas”.

 

Así, igualmente es doctrina reiterada que la prejudicialidad civil, tiene lugar cuando un pleito interfiere o prejuzga el resultado de otro, con la posibilidad de dos fallos contradictorios que no pueden concurrir en armonía decisoria al resultar interdependientes, situación que obviamente se produce en el presente supuesto.

 

Los requisitos para apreciarse la prejudicialidad civil, son los que se recogen en el fundamento de Derecho tercero del Auto 263/2011 de la Audiencia Provincial de Madrid (sección número 13) de fecha 23 de diciembre de 2011, que dispone:

 

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“Así pues los requisitos o presupuestos a los que se subordina la suspensión del segundo proceso, a tenor del precepto transcrito, son los siguientes:

 

 a) que se siga un proceso previo a aquel en que se suscita la prejudicialidad civil; 

 

b) que entre ambos procesos exista conexidad o interdependencia, que no reside en la absoluta identidad del objeto, sino en el hecho de que para resolver sobre el objeto del segundo proceso resulta necesario decidir acerca de alguna cuestión que, a su vez, constituye el objeto principal del otro proceso pendiente;

 

 

c) que de seguirse separadamente se dé la posibilidad de que se produzcan fallos o decisiones contradictorias;

 

 

d) que no sea posible la acumulación de autos;

 

 

e) que lo pida una de las partes y se dé audiencia a la contraria”.

 

 En el caso que adjuntamos se estima la prejudicialidad civil ya que podría darse la arbitraria situación de dictarse dos sentencias, por dos juzgados distintos, en virtud de las cuales mis representados podrían ser condenados a abonar una indemnización por daños y perjuicios por duplicado, una conjunta por la devaluación de un patrimonio (junto a los vecinos de un edificio),  y otra individual, por la ocupación con mala fe de dichos inmuebles;  todo ello con  fundamento en los presuntos daños y perjuicios que se le ha ocasionado a la demandante por no haber podido disponer de la vivienda. Concretamente el auto expresa que “Ocurre, que la indemnización en concepto de uso resulta incompatible con la indemnización derivada de la imposibilidad de enajenar la vivienda, esto es , en el caso de que se hubiese procedido a la venta , evidentemente la propietaria …….. no hubiese obtenido ingresos por el alquiler del inmueble . Siendo así, la decisión del Juzgado de Primera Instancia nº 86 en el incidente de liquidación de daños y perjuicios derivados de la medida cautelar, constituye una cuestión prejudicial que afectará sin duda la cuestión aquí debatida, por lo que en tanto dicho órgano judicial se pronuncie sobre la misma, el curso de las presentes actuaciones ha de suspenderse, en el estado en que se hallan”.


 

Caso Real. Auto en el que el Juzgado estima la prejudicialidad civil alegada por este despacho                                                        Descargar documento en PDF

 


 

 

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La indemnización por despido, recibida durante la vigencia de la sociedad legal de gananciales, debe incluirse en el activo ganancial, en la parte proporcional a los años trabajados. 

 

 

Sentencia383/2016 de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección: Vigesimosegunda) de fecha  27/04/2016




Se dicta Sentencia por el Juzgado de Primera Instancia número 79 de Madrid, en la que se estima parcialmente la demanda interpuesta por Dª Fidela frente a D. Lázaro, que declara el inventario de la sociedad legal de gananciales de los litigantes, con su correspondiente activo y pasivo. Es importante reseñar  que el matrimonio se contrae el 19 de julio de 1997 separándose de hecho en 2009 y se divorcian el 11 de febrero de 2013.


Sin embargo por parte de Dña. Fidela, se presenta recurso de Apelación, interesando la revocación de la resolución recurrida y se pide que se dicte resolución por la que, entre otras cuestiones, se incluya en el activo de la sociedad, la partida denominada indemnización por despido del esposo, cuya cuestión se resuelve en el Fundamento de Derecho tercero de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid.



Se pretende por parte de la exesposa, incluir también en el activo de la sociedad ganancial la indemnización por despido en importe de 32.307,63 euros, correspondiéndose a la parte proporcional del período laboral constante matrimonio, de la cuantía total abonada por la empresa empleadora del esposo, RNEFE, y que ascendió a 85.981,63 euros, que se ingresó en la cuenta común el día 25 de febrero de 2009.

 

 

La Sentencia la Audiencia Provincial de Madrid, se remite a la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, y para resolver esta cuestión, recuerda, entre otras, la sentencia del TS de 28 de mayo de 2008, que estableció los criterios jurisprudenciales para determinar la naturaleza de la indemnización por despido causada antes de la disolución:



"Los criterios que ha mantenido esta Sala para determinar la naturaleza privativa o ganancial de la indemnización por despido causada antes de la disolución del régimen económico matrimonial (…), son la fecha de percepción de la indemnización y la naturaleza de la indemnización. (…) El resumen de la doctrina de esta Sala lleva a la conclusión que existen dos elementos cuya concurrencia permite declarar que una determinada prestación relacionada con los ingresos salariales, directos o indirectos, deba tener la naturaleza de bien ganancial o, por el contrario, queda excluida de la sociedad y formará parte de los bienes privativos de quien la percibió. Estos dos elementos son: a) la fecha de percepción de estos emolumentos: si se adquirieron durante la sociedad de gananciales, tendrán esta consideración, mientras que si se adquieren con posterioridad a la fecha de la disolución, deben tener la consideración de bienes privativos de quien los percibe; b) debe distinguirse entre el derecho a cobrar estas prestaciones que debe ser considerado como un componente de los derechos de la personalidad y que, por esto mismo, no son bienes gananciales porque son intransmisibles (…) mientras que los rendimientos de estos bienes devengados durante la vigencia de la sociedad de gananciales, tendrán este carácter ( sentencia de 20 diciembre 2003 )".



Se concluye en la Sentencia de la Audiencia Provincial “que la indemnización por despido constituye una compensación por el incumplimiento del contrato y por ello mismo va tiene la misma consideración que todas las demás ganancias derivadas del contrato, siempre que se hayan producido vigente la sociedad de gananciales”.



Por ello, para el cálculo de la concreta cantidad que tiene la naturaleza de bien ganancial, debe tenerse en cuenta el porcentaje de la indemnización que corresponde a los años trabajados durante el matrimonio. Por ello a la vista de que la indemnización por despido se calcula sobre la base del número de años trabajados, no deberían tener naturaleza ganancial las cantidades correspondientes a los años en que no existía la sociedad de gananciales”.

 

 

   

Por todo lo expuesto, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, en relación con la inclusión de la parte proporcional de la indemnización por despido, en relación con los años trabajados durante el matrimonio, concluye “revocar en este punto la sentencia recurrida, acordando y disponiendo que se incluye en el activo de la sociedad legal la partida denominada indemnización por despido del esposo en la cantidad de 32.307,63 euros”.

 

Sentencia de la Audiencia Provincial que determina la ganancialidad de la indemnización por despido, en función de los años trabajados

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RECIENTE SENTENCIA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID, QUE ENTIENDE QUE EL IMPAGO DE LA CUOTA HIPOTECARIA ES ENCUADRABLE EN EL TIPO PENAL DE ABANDONO DE FAMILIA.



La reciente Sentencia 213/2016 de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección Decimoquinta) de 18 de abril de 2016, estima el recurso de apelación interpuesto por la recurrente contra la Sentencia de fecha 4 de febrero de 2016, aclarada mediante Auto de 4 de marzo de 2016, dictada por el Juzgado de lo Penal n.º 1 de Alcalá de Henares, en virtud de la cual se condenar a D. José Luis como autor de un delito de abandono de familia del art. 227 CP con la atenuante de dilaciones indebidas del art. 21.6 CP , a la pena de SIETE MESES DE PRISION con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y en concepto de responsabilidad civil, deberá indemnizar a Dña. Miriam con la cantidad que resulte de descontar de los impagos de la pensión de alimentos a razón de 500€ mensuales, las cantidades abonadas según los justificantes bancarios.

 

Notificada dicha sentencia a las partes, en nombre y representación de Dña. Miriam, se interpuso el recurso de apelación en el que solicita la revocación de la sentencia y, entre otras, se solicitaba que se condene a D. José Luis, además de al pago de las pensiones de alimentos impagadas, a la suma adicional por el impago, en el periodo en el que estuvieron vigentes las medidas provisionales, de las hipotecas titularidad de la sociedad conyugal, toda vez que en el auto de medidas provisionales, de fecha 23 de febrero de 2010 , se impuso también al acusado José Luis la obligación de sufragar los préstamos hipotecarios y personales que gravaban la sociedad conyugal, obligando a la recurrente a satisfacer al acreedor hipotecario en dicho periodo distintas sumas mensuales, hasta un total de 13.219,75 € para evitar la ejecución hipotecaria y consiguiente pérdida de la vivienda en que residía con sus hijos.

 


Establece la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que resuelve este recurso concluye que “La sentencia recurrida infringe lo dispuesto en el art. 227.2 del Código Penal por considerar atípica la conducta relativa al impago de las hipotecas que el auto de medidas provisionales acordó abonase en su integridad el acusado y que sin embargo este no hizo en el periodo comprendido entre dicho auto y la sentencia de divorcio”.



Continúa la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, que “es común en ambas infracciones del art. 227 del Código Penal el interés protegido, que es asegurar el cumplimiento de las obligaciones y deberes asistenciales fijados judicialmente, que garantizan el bienestar de los hijos y, en general, de la familia, ya que, generalmente, se considera un delito contra la seguridad de las personas, en el que se trata de tutelar la legítima expectativa del cumplimiento de los deberes asistenciales basados en las relaciones familiares. Se trata de proteger a los miembros económicamente más débiles del cuerpo familiar frente al incumplimiento de los deberes asistenciales del obligado (Preámbulo de Ley 3/89 y STS Sala 2.ª, de 2-10-12 ), y también de otorgar la máxima protección a quienes en crisis matrimoniales padecen las consecuencias de la insolidaridad del obligado a las prestaciones ( AP Madrid auto de 13/7/2010 )”.



Y establece la Sentencia que hay dos razones que apoyan la inclusión de la conducta de acusado en el apartado 2 del artículo 227 del Código Penal, cuales son:



1º.- Las pensiones alimenticias y compensatorias ya estarían incluidas en el párrafo primero, como también lo estaría cualquier otra "prestación económica a favor de su cónyuge o sus hijos", pues para que no quepa duda dicho apartado primero dice antes "cualquier tipo de...". Ahora bien el párrafo segundo se refiere a otros impagos, lo que no tendría razón de ser si no se refiere a las no contempladas en el párrafo primero.



2º.- Porque la falta de abono de la hipoteca sí responde a la tutela de los deberes asistenciales y protección de los miembros más débiles del cuerpo familiar (…)”.



Por ello, en los casos donde existen condenas por el delito del 227.2 del Código Penal por impago de los plazos de préstamos hipotecarios, continúa la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, queNo se estaría pues sancionando el impago de una deuda, de una simple obligación civil, se está sancionando a quién deja desamparada a su familia y abandona los deberes derivados del matrimonio y de la paternidad, abandono que, en este caso, se evidencia y concreta en el impago de las prestaciones económicas fijadas en resolución judicial. Es, por ello, la especificación y tipificación expresa de una conducta que, en ocasiones, encontraría dificultades técnicas para su encuadramiento en el tipo genérico del abandono de familia, pero que, en esencia, es la misma, tanto en el núcleo de la conducta típica: el abandono de los deberes familiares elementales, como en el resultado el desamparo personal que produce en los afectados. Con mayor motivo en casos como el presente donde al reiterado impago de la pensión de alimentos (que superaba los 13.000 € en la fecha del juicio) se añade el impago total de las hipotecas que también por la misma resolución judicial estaba obligado a pagar en exclusiva, obligando a la recurrente a tener que satisfacer con sus muy inferiores recursos y la ya mermada pensión alimenticia aquel gasto ineludible y colocando de tal forma a la madre y al menor en situación de mayor debilidad”.

 

 

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Por todo ello, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, estima parcialmente el recurso de apelación interpuesto y revoca parcialmente la Sentencia dictada por el juzgador a quo, añadiendo a las cantidades a abonar a la recurrente por José Luis, la suma de 13.219'75 euros, manteniendo el resto de los pronunciamientos de la sentencia apelada y el auto antes citado.



 

Sentencia de la Audiencia Provincial, que entiende que el incumplimiento del pago de la hipoteca pudiera tener trascendencia penal           Descargar documento en PDF

 


 

 

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La fijación de la fecha de la disolución de la sociedad de gananciales es un aspecto esencial a la hora de determinar y fijar el inventario; para ello hay que tener claro en qué momento se puede establecer, ya que de esa fecha va a depender la inclusió o no de algunas partidas 

 

Debemos partir de los artículos 1392 y 1393 del Código Civil que establecen:

 

Artículo 1392.


La sociedad de gananciales concluirá de pleno derecho:

1.º Cuando se disuelva el matrimonio.

2.º Cuando sea declarado nulo.

3.º Cuando se acuerde la separación legal de los cónyuges.

4.º Cuando los cónyuges convengan un régimen económico distinto en la forma prevenida en este Código.

 

Artículo 1393.

También concluirá por decisión judicial la sociedad de gananciales, a petición de uno de los cónyuges, en alguno de los casos siguientes:

1.° Haber sido el otro cónyuge judicialmente incapacitado, declarado pródigo, ausente o en quiebra o concurso de acreedores, o condenado por abandono de familia.

Para que el Juez acuerde la disolución bastará que el cónyuge que la pidiere presente la correspondiente resolución judicial.

2.° Venir el otro cónyuge realizando por sí solo actos dispositivos o de gestión patrimonial que entrañen fraude, daño o peligro para los derechos del otro en la sociedad.

3.° Llevar separado de hecho más de un año por acuerdo mutuo o por abandono del hogar.

4.° Incumplir grave y reiteradamente el deber de informar sobre la marcha y rendimientos de sus actividades económicas.

En cuanto a la disolución de la sociedad por el embargo de la parte de uno de los cónyuges por deudas propias, se estará a lo especialmente dispuesto en este Código.

 

Una vez fijadas las pautas legales que fijan la fecha  de la disolución de la sociedad de gananciales, debemos tener en cuenta que la literalidad de los artículos 1392 y 1393 ha sido matizada por una  consolidada doctrina jurisprudencial . Ya decía LACRUZ que no existía régimen económico matrimonia fuera del honor matrimonii. Pues bien, la realidad es que la jurisprudencia ha modificado claramente dichos artículos en realidad. Para analizar esta cuestión  recomendamos la el artículo de LOPEZ BELTRAN DE HEREDIA Comentario a la sts de 7 d enoviembre de 1997. Dicho artículo está en la revista de derecho privado nº 1 de 1998. En la misma se concluye que el TS matiza la literlidad de los menconados artículos y no hay que esperar la disolución judial, si no que la propia separación de hecho disuelve la sociedad de gananciales. Si bien dicha prueba es esencial, puesto que se debe establecer una fecha que de forma indubitada conste como la fecha de separación de hecho.

 

 

 

De ahí que es esencial, y en muchos casos no se tiene en cuenta, trabajar ya en la liquidación desde la misma demanda de disolución del matrimonio, puesto que en dicha demanda se suele fijar la fecha en la que los cónyuges se separaron; si no existe controversia en el divorcio sobre esa fecha, se puede tener en cuenta la misma para determinar posteriormente en qué momento se disolvió la sociedad de gananciales, a los efectos de no incluir, después de la separación de hecho,  compras dentro de la sociedad de gananciales.

 

 

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Por tanto, analizar la futura liquidació de gananciales, desde el momento en el que se plantea el procedimiento de divorcio, puede ser esencial para luego poder incluir ciertas partidas en la formación de inventario y que pudiera beneficiar al cliente.



 

 

 


 

 

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Sentencia número 129/2016  del  Tribunal Supremo (Sala: Primera, Sección: Primera) de fecha 03 de marzo de 2016, que establece que en los procedimientos matrimoniales seguidos sin consenso de los cónyuges, no pueden atribuirse viviendas o locales distintos de aquel que constituye la vivienda familiar. 

 

Se interpuso demanda de divorcio por D. Manuel contra su esposa, Dña. Felicidad, en la que se solicitaban, aparte del propio divorcio y la liquidación del régimen económico matrimonial, las medidas paternofiliales en relación con el hijo común y se solicitaba la atribución del uso de la vivienda y ajuar familiar a la madre con quien quedaría el menor, y en relación a una segunda vivienda propiedad del matrimonio, se solicitó que fuera atribuida al padre en tanto en cuanto finalizara el contrato de arrendamiento vigente al momento de presentarse la demanda. La demanda fue estimada por el Juzgado de Primera Instancia número 6 de Albacete.



Contra dicha sentencia se interpuso Recurso de Apelación, por la representación procesal de doña Felicidad y la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Albacete, dictó sentencia en la que se desestima el Recurso de Apelación y se confirma la resolución con expresa condena en costas.

 

Contra la expresada sentencia de la Audiencia Provincial, interpuso recurso de casación la representación de doña Felicidad, alegando la existencia de interés casacional por oposición a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, citándose como preceptos infringidos los artículos 91 y 93 del Código Civil, y en concreto se recurre la sentencia con primer motivo casacional, la atribución de la segunda residencia del matrimonio al esposo.

Finalmente fue dictada Sentencia por el Tribunal Supremo con fecha 3 de marzo de 2016, en la que se manifiesta claramente la imposibilidad de atribuir las denominadas segundas residencias en el curso del procedimiento matrimonial seguido con oposición de las partes o, lo que es lo mismo, sin acuerdo.



Así en el Fundamento Jurídico primero de meritada Sentencia, se establece:

Desde la entrada en vigor de la Ley 30/1981, de 7 julio , que introdujo el divorcio como forma de disolución del matrimonio y sus efectos, se ha discutido acerca de la posibilidad de atribuir las denominadas segundas residencias en el curso del procedimiento matrimonial. El art. 91 CC solo permite al Juez, en defecto de acuerdo, o de no aprobación del acuerdo presentado, atribuir el uso de la vivienda familiar, siguiendo los criterios que establece el art. 96 CC . El art 774.4 LEC repite la misma regla. De donde debemos deducir que el uso de los segundos domicilios u otro tipo de locales que no constituyan vivienda familiar, no puede ser efectuado por el juez en el procedimiento matrimonial seguido con oposición de las partes o, lo que es lo mismo, sin acuerdo. Tampoco el art. 233-20.6 del Código civil de Cataluña permite esta atribución, sino que solo prevé esta posibilidad en el caso que la segunda vivienda sea más apta para satisfacer la necesidad de los hijos y del progenitor custodio”.

El Tribunal Supremo llega a dicha conclusión, no sólo por la interpretación literal del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento, sino por los siguientes motivos jurídicos:

1ª La atribución de otras residencias de la familia o de otros locales debe efectuarse de acuerdo con las reglas del régimen económico matrimonial que rija las relaciones entre cónyuges.

2ª La sentencia que decreta el divorcio o la separación, declara la disolución del régimen. Puede declarar también su liquidación, pero para ello debe seguirse el procedimiento del art. 806 y ss LEC , en defecto de acuerdo previo.

3ª Cuando los cónyuges se rijan por un régimen de separación de bienes, como ocurre en este caso, no se producen problemas de atribución de bienes, porque los patrimonios están claramente fijados. Por ello, el juez de familia no tiene competencia para atribuir el uso de bienes distintos de aquellos que constituyen la vivienda familiar. Un argumento a favor de esta conclusión la proporciona el art. 103, 4ª CC , que permite en medidas provisionales que pueden convertirse en definitivas, señalar qué bienes gananciales hayan de entregarse a cada cónyuge para su administración y disposición, previo inventario y con la obligación de rendir cuentas. Esta regla no es aplicable al régimen de separación de bienes”.

 

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En consecuencia, el Tribunal Supremo ha establecido a raíz de esta Sentencia, la siguiente doctrina, a los efectos de unificar la de las Audiencias Provinciales en esta materia: en los procedimientos matrimoniales seguidos sin consenso de los cónyuges, no pueden atribuirse viviendas o locales distintos de aquel que constituye la vivienda familiar.



 

Sentencia del TS sobre la no atribución de uso de la vivienda o local que no fue familiar 

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Documento sencillo en el que se comunica al Juzgado el acuerdo llegado entre las partes para la liquidación de la sociedad de gananciales. El conflicto surgió en la inclusión o no de las aportaciones privativas por parte del cliente en la compra del bien. Con la herencia de su padre pagó y canceló parte  de la hipoteca, y tras un procedimiento complicado fue reconocido por la parte contraria 

 

 

Con el presente facilitamos un caso práctico de nuestro despacho; el documento tiene la importancia pedagógica de mostrar que las aportaciones a la compra del bien ganancial, si se acreditan, son importantes para determinar un pasivo a favor del cónyuge que invirtió dinero privativo en beneficio de la sociedad.

 

Facilitamos por tanto el documento que dio fin al procedimiento, en el que por fin, y tras un informe muy conluyente del contador partidor, se consiguió un acuerdo de cantidades y, lo más importante, de principios; al incluirse como pasivo a favor del cliente las aportaciones realizadas a la compra del bien ganancial

 

En dicho documento es importante contabilizar perfectamente las cantidades y reflejar los conceptos; sin olvidar el obligado 3 por ciento de ajuar, que fiscalmente tiene especial trascendencia.

 


En el caso que nos ocupa el conflicto estaba en la inclusión o no del pasivo y, en su caso, en la cuantificación del mismo. Tras un procedimiento que duró dos años y tras cuestiones procesales que retrasaron aun mas el mismo, se consiguió finalizar un acuerdo que ha permitido al cliente inscribir el bien ganancial a su nombre, a cambio de una pequeña compensación; muy distante de la solicitada de contrario.


 

   

 Es esencial fijar muy bien las cuantias y la descripción de los bienes, a los efectos de poder luego inscribir la homologación judicial del acuerdo, puesto que con dicho documento se podrá luego inscribir el los bienes en los correspondientes registros de propiedad

 

 

Acuerdo de liquidación de gananciales judicial 

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Aplicación del régimen supletorio de gananciales, también en la Comunidad Valenciana, tras la declaración de inconstitucionalidad de la Ley 10/2007, de 20 de marzo, del Régimen Económico Matrimonial Valenciano, en la Sentencia del Tribunal Constitucional de 28 de abril de 2016

 

El Pleno del Tribunal Constitucional ha estimado, el recurso presentado por el Gobierno contra la Ley del Régimen Económico Matrimonial Valenciano (LREMV) y la ha declarado inconstitucional y nula, en su reciente Sentencia de fecha 28 de abril de 2016, que adjuntamos.

 

El órgano judicial considera que la norma impugnada se ha "extralimitado de la competencia legislativa que en materia de derecho civil tiene la Comunidad Valenciana", porque consideraque la competencia autonómica se debe situar necesariamente en el marco de lo dispuesto en el art. 149.1.8 CE y porque no queda acreditada suficientemente la “costumbre”, que lleva al establecimiento del régimen de separación de bienes como régimen supletorio, regulado en la norma consuetudinaria que se declara inconstitucional.



La Sentencia del Tribunal Constitucional, recuerda la posición de los Estatutos de Autonomía en el sistema de fuentes y la posibilidad de éstos de interpretar o regular las competencias reservadas al Estado por el art. 149.1 CE, y establece que “El Estatuto, no es una norma atributiva de las competencias del Estado”, ni “tampoco es norma de ejercicio de las competencias estatales previstas por el art. 149.1 CE”; por eso “en caso de hacer alguna precisión sobre el alcance de éstas, su constitucionalidad pasa por el respeto de dos límites: el primero, de carácter positivo, consiste en que dicha precisión se ‘haga para favorecer la mayor concreción de las competencias autonómicas que se correlacionan con’ las competencias estatales que puedan presentar problemas de delimitación; y el segundo, de carácter negativo, reside en que la precisión estatutaria ‘no impida el despliegue completo de las funciones propias de la competencia estatal regulada en el art. 149.1 CE de que se trate. Sólo si se satisfacen estas exigencias, tal modo de proceder resultará acorde a la Constitución’ (STC 247/2007, FJ 10)” (STC 30/2011, de 16 de marzo, FJ 8).



Precisamente por la subordinación de los Estatutos a la Constitución Española, “el Estatuto de Autonomía, al igual que el resto del ordenamiento jurídico”, es el que “debe ser interpretado siempre de conformidad con la Constitución” (SSTC 247/2007, FJ 6, y 18/1982, de 4 de mayo, FJ 1 y 31/2010, FJ 3). Aclarado lo anterior, una primera aproximación a los preceptos del Estatuto revela que no contienen norma alguna atributiva de competencias. Más bien, presuponen esa atribución, al tomar como premisa de su mandato “las competencias de la Generalitat” (art. 7.1) y “competencia exclusiva sobre el Derecho civil foral valenciano” (disposición transitoria tercera).


Asimismo, concluye la Sentencia, que a la vista de las circunstancias concurrentes y de las razones expuestas, “en este caso no se ha aportado prueba que permita apreciar la concurrencia de los requisitos que el art. 149.1.8 CE exige a la Comunidad Autónoma de Valencia para legislar un régimen económico matrimonial propio, en uso de su competencia para conservar, desarrollar o modificar su propio derecho civil valenciano, lo que determinará el sentido de la presente resolución”.



Sobre este particular debemos subrayar que cuando se invocan normas consuetudinarias, el ordenamiento jurídico exige la prueba de su existencia, salvo que sean notorias, precisamente para distinguirlas de los meros usos sociales o convencionales, del mero hábito, aparte del difícil acceso a su conocimiento por los aplicadores del derecho y por ello excluida tradicionalmente del deber judicial de conocimiento (iura novit curia). En el caso de las normas contenidas en la LREMV no se ha demostrado su pervivencia, aplicación y cumplimiento con la creencia de tratarse de verdaderas normas jurídicas, siendo en este caso imprescindible, dada la derogación de los Antiguos Fueros del Reino de Valencia. Respecto de la competencia en materia civil de la Comunidad Valenciana ya ha habido un pronunciamiento del Tribunal Constitucional con ocasión de la ley de arrendamientos históricos valencianos, pero tal reconocimiento tan sólo conlleva que le deba seguir siendo aplicado el art. 149.1.8 CE y continuar afirmando que su competencia legislativa sólo puede tener por objeto las probadas y subsistentes costumbres forales que se hayan seguido observado en dicho territorio autonómico”. 

 

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Por ello, concluye el Tribunal Constitucional que la Ley del Régimen Económico Matrimonial Valenciano es inconstitucional y nulos sus preceptos, todo ello derivado de la falta de competencia de la Comunidad Valenciana para regular la materia comprendida en la LREMV y además, a pesar de que efectivamente el Tribunal Constitucional ha reconocido la posibilidad legítima de legislar las normas civiles consuetudinarias, en el caso de la materia económica-matrimonial concernida en la LREMV no se ha probado su vigencia en el territorio autonómico y, en consecuencia, no se cumplen los requisitos exigidos por el art. 149.1.8 CE para el reconocimiento de la competencia a la Comunidad Autónoma.




La inconstitucionalidad de la ley implica que a partir de ahora el régimen económico matrimonial legal supletorio en la Comunidad Valenciana, como en todos los territorios de Derecho común (la mayor parte de España, por extensión), es el de la sociedad de gananciales reguladas en el Código civil español.



En cuanto a los efectos del fallo sobre la LREMV, el Tribunal declara que "no afectará a las situaciones jurídicas consolidadas"; es decir, que no tendrá carácter retroactivo y no supondrá cambios para las parejas que se hayan casado bajo la ley anulada.



Tras la publicación de la sentencia, los valencianos "seguirán rigiéndose por el mismo régimen económico matrimonial que hubiera gobernado sus relaciones, salvo que su voluntad sea manifestada mediante las oportunas capitulaciones", explica el Tribunal Constitucional.

 

Sentencia del Tribunal Constitucional que declara inconstitucional la Ley que estableció como supletorio el régimen de separación de bienes en la Comunidad Valenciana 

 

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Para determinar la nulidad del testamento por falta de capacidad mental del testador hay que probar, de modo concluyente la falta o ausencia de dicha capacidad  en el momento del otorgamiento del testamento objeto de impugnación

El artículo 199 del Código Civil, establece que para incapacitar a una persona es requisito necesario una sentencia judicial que así lo establezca, por lo que es necesario interponer demanda de incapacidad contra el presunto incapaz, que iniciará un procedimiento de incapacitación, que tiene por finalidad el declarar que una persona carece de aptitud para autogobernarse debido a una enfermedad o deficiencia persistente de carácter psíquico.
 


La reciente Sentencia 234/2016, del Tribunal Supremo (sección Primera) de 8 de abril de 2016, resuelve la cuestión planteada por los recurrentes, que pretendían la declaración de nulidad de un testamento por falta de capacidad mental del testador, particularmente derivada de su deterioro cognitivo y de la demencia senil que padeció el causante, cuya petición había sido desestimada por las instancias inferiores.
 
 


En el presente caso, el día 21 de octubre de 2009, el ahora fallecido, D. Félix compareció en la Notaría a fin de otorgar testamento abierto, habiéndolo juzgado el fedatario con capacidad suficiente para otorgarlo, conteniendo el mismo una única cláusula consistente en instituir como heredera universal a una de sus sobrinas, con sustitución vulgar por sus descendientes.
 


Y el 15 de abril de 2010 se dictó sentencia en el procedimiento de incapacitación acordando la procedencia de la modificación de la capacidad de obrar de Don Félix, declarando su falta de capacidad de obrar y habilidades para actuar por si solo y prestar consentimiento válido, entre otras cuestiones, para otorgar testamento.
 


Por este motivo, los recurrentes, también sobrinos del testador, interesan la declaración de nulidad del testamento, toda vez que entienden que su tío, se encontraba en una situación de falta de capacidad al momento de otorgar el testamento, que fue en fecha anterior a la sentencia que declara su incapacidad civil.





Sin embargo, concluye la Sentencia del Tribunal Supremo:
 


La argumentación de la parte recurrente resulta incorrecta, pues la Audiencia no declaraba lo así alegado sino, más bien, lo contrario. En este sentido, lo que viene a precisar la sentencia, de forma acertada, es que para determinar la nulidad del testamento por falta de capacidad mental del testador hay que probar, de modo concluyente (entre otras, STS de 26 de abril de 2008, núm. 289/2008 ), la falta o ausencia de dicha capacidad en el momento del otorgamiento del testamento objeto de impugnación; sin que la declaración judicial de incapacidad del testador, posterior al otorgamiento del testamento, sea prueba determinante, por sí sola, de la falta de capacidad para testar cuando fue otorgado el testamento, dado el carácter constitutivo y sin efectos « ex tunc » de la sentencia de incapacitación. De ahí que la sentencia recurrida base su decisión en la valoración conjunta de la prueba practicada llegando a la conclusión, pese a las dudas razonables que presenta este caso, de que no se ha acreditado de manera inequívoca o indudable la carencia de capacidad mental del testador. Conclusión que infiere no de la existencia de una previa o coetánea declaración de incapacidad judicial del testador, sino, como se ha señalado, de la propia valoración conjunta de la prueba practicada”.


Por ello, y ante la ausencia de una prueba concluyente de la incapacidad del testador, al tiempo de otorgar el testamento, la sentencia del Tribunal Supremo, de conformidad con la sentencia recurrida, dictada por la Audiencia Provincial de Oviedo, aplica el principio de « favor testamenti » y su conexión con la presunción de capacidad del testador en orden a la validez y eficacia del testamento otorgado y desestima el Recurso de Casación interpuesto por los recurrentes.

 

Interesante resolución del Supremo en protección del adquirente de buena fé  de una vivienda  en un procedimiento de ejecución hipotecaria, en aplicación del artículo 34 LH

 

 

Interesante Sentencia del Tribunal Supremo,  Sala de lo Civil, de fecha 20 de abril de 2016, en la que se desestima el Recurso de casación interpuesto por una mujer y su hijo, en calidad de tutor de su padre incapacitado, cuya sentencia de incapacitación nunca fue inscrita en el Registro de la Propiedad, contra la Sentencia de fecha 7 de febrero de 2014, dictada por la Sección 19ª de la Audiencia Provincial Madrid, confirmando dicha Sentencia, en relación a un bien inmueble, adquirido por la sociedad legal de gananciales y adjudicado a un tercero de buena fe, en un procedimiento de ejecución hipotecaria.

 



El 6 de febrero de 2001 un Juzgado de Valladolid dictó sentencia de incapacitación de don Simón, en la que le declaró totalmente incapaz tanto en el orden personal como en la esfera patrimonial, sometiéndole al régimen de tutela. El 16 de abril siguiente el mismo Juzgado nombró tutora de don Simón a su cónyuge, doña Martina. Ambas resoluciones fueron inscritas en el Registro Civil, si bien, la sentencia de incapacitación nunca ha sido inscrita en el Registro de la Propiedad. El 20 de enero de 2004 el Juzgado dispuso el nombramiento de don Julio, hijo de don Simón y de doña Martina, como tutor de los bienes de su padre, manteniendo a aquélla como tutora de su persona.

 



El 18 de diciembre de 2001 los cónyuges don Simón y doña Martina compraron en escritura pública, para su sociedad de gananciales, una vivienda sita en la ciudad de Valladolid, sin contar con la preceptiva autorización judicial ni poner de manifiesto la condición de incapacitado de aquél, que fue inscrita en el Registro de la Propiedad, constituyendo sobre la vivienda tres hipotecas cambiarias, sin contar en ningún caso con autorización judicial ni poner nunca de manifiesto la condición de incapacitado de aquél.

 



Posteriormente y ante el impago de las deudas hipotecarias, se instaron por la acreedora los correspondientes procedimientos judiciales de ejecución hipotecaria, adjudicándose la vivienda finalmente a D. Alberto, que la inscribió en el Registro de la Propiedad.

 



El presente procedimiento tuvo su origen en la demanda de juicio ordinario, interpuesta por D.ª Martina y D. Julio (en calidad de tutor de su padre D. Simón ), contra D.ª Carlota , D. Alberto,  Gabinete de Inversiones Cerezo y Minayo, S.L. y Gestora de Créditos e Inversiones S.L. en la que solicitaba que se declarara que la propiedad de la vivienda sita en Valladolid, correspondía a la sociedad de gananciales formada por don Simón y doña Martina , y se condenara al adquirente de buena fe, a entregarles la posesión de la misma, por carecer de la condición de tercero protegido por la fe pública registral, pues, a tenor de lo dispuesto en el artículo 33 LH , la inscripción no pudo sanar la nulidad del procedimiento de ejecución hipotecaria, causada por la nulidad de la hipoteca que sirvió de título ejecutivo.

 



Consecuente de lo anterior, se solicitaba por los demandantes que se declarase la nulidad de pleno derecho de las tres hipotecas y, como consecuencia, la de los tres referidos procedimientos judiciales de ejecución hipotecaria, porque las hipotecas se constituyeron estando don Simón judicialmente incapacitado y sin autorización judicial previa.

 



La demanda fue desestimada por el Juzgado de Primera Instancia n.º 61 de Madrid y recurrida ante la Audiencia Provincial de Madrid, que igualmente desestimó sus pretensiones, siendo recurrida ante el Tribunal Supremo, que finalmente ha confirmado la Sentencia de la Audiencia Provincial, mediante la Sentencia 261/2016, de fecha 20 de abril de 2016.


El Tribunal Supremo, en relación a la anulación de los contratos de hipoteca manifiesta es doctrina tradicional de esta Sala que no puede instar la anulación el cónyuge que realizó el acto o contrato sin contar con el necesario consentimiento del otro [entre muchas, SSTS de 19 de octubre de 1994 (Rec. 1772/1992 ) y 31 de mayo de 1995 (Rec. 570/1992 )].

 



Asimismo, la Sentencia da la razón al adquirente de buena fe de la vivienda en un procedimiento judicial de ejecución hipotecaria, dado que adquirió la propiedad de la vivienda reuniendo todos los requisitos que el artículo 34 LH exige para mantenerle en su adquisición tras inscribir su derecho. Por ello, se concluye que el «título» a que se refiere el artículo 34 LH, puede consistir en una venta judicial en un procedimiento de ejecución hipotecaria, como es el caso.

 



Lo que la parte recurrente sostiene que don Alberto no goza de la protección del artículo 34 LH, ya que el procedimiento de ejecución hipotecaria en el que aquél resultó adjudicatario de la vivienda fue nulo, porque era nula la hipoteca que sirvió de título ejecutivo.

 



Sin embargo, la Sentencia del Tribunal Supremo entiende que la anulabilidad del contrato de constitución de la hipoteca (del que no fue parte don Alberto ), ciertamente no sanada por su inscripción ( artículo 33 LH ), no comportó la nulidad ni la anulabilidad de la venta o adjudicación judicial de la vivienda a don Alberto : no comportó la nulidad o anulabilidad del título de adquisición de éste, sino un defecto del poder de disposición (ius distrahendi) que, conforme a la apariencia registral, tenía la compañía ejecutante sobre la vivienda objeto de la hipoteca. Y ese es precisamente el tipo de defecto frente al que el artículo 34 LH quiere proteger al adquirente.

 



Por ello, concluye la Sentencia que no puede resultar el adquirente de buena fe de la vivienda menos protegido en el presente caso, que en el supuesto de que le hubiera comprado la vivienda a una persona a la que se la hubiesen vendido don Simón y doña Martina sin la preceptiva autorización judicial.

 


 

 

 


 

Sentencia Protección adquirente de buena fe

 

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Primeras impresiones de la Sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Régimen de Separación de Bienes en la comunidad valenciana

 

 

Se ha generado mucho revuelo político y jurídico a consecuencia de la Sentencia del Tribunal Constitucional que revoca  la regulación foral en Valencia sobre regímenes económico matrimoniales, y, concretamente, sobre  la aplicación del régimen de separación de bienes en Valencia.



Como no puede ser de otra forma, el Tribunal Constitucional no entra a valorar qué régimen es el adecuado, simplemente  entiende que para que una Comunidad Autónoma desarrolle legislativamente algunas materias, de familia como es el caso, debe probarse que se desarrollan dentro en base a unas costumbres forales que las amparen,. Es decir, se veta a la Comunidad Valenciana crear nuevo derecho. Debe probarse que existen unas costumbres que amparen que en la Comunidad Valenciana el régimen económico matrimonial es el de separación de bienes, como así ocurre, por ejemplo, en Cataluña.


Se están haciendo, como consecuencia de esta sentencia, muchas elucubraciones sobre los matrimonios formados bajo esta legislación, y sobre el régimen económico matrimonial aplicable. Las noticias hablan de que se tendrán que hacer capitulaciones matrimoniales para que el régimen económico matrimonial, después de esta Sentencia, no sea el de gananciales.




 
Habrá que esperar al respecto, si bien entiendo que esta cuestión no debería ser precisa, dado que si no expresaron deseo de contrario en ese momento, los matrimonios están inscritos bajo el régimen de separación de bienes; modificar todas las anotaciones registrales, cuando los cónyuges no mostraron su expreso deseo de revocarlo, entiendo que iría contra los principios fundamentales de la buena fé, y que su modificación afectaría a muchas operaciones patrimoniales realizadas durante este tiempo, pasando a ser bienes gananciales, lo que registralmente es privativo; así como a modificarse las deudas contraídas durante el matrimonio por uno de los cónyuges, para pasar a ser deuda de ambos. 



 

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Entendemos que estas consecuencias no se producirán, y en todo caso tendremos que estar atentos a la evolución política y legislativa, y su influencia a  partir de ahora.


 

 

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En este artículo pretendemos realizar una aproximación al conocimiento de la compensación del trabajo en el hogar en el derecho catalán; y algo aun mas importante, a por qué el legislador se aproximó al régimen de separación de bienes. ¿Ocurrirá lo mismo en el Código civil que mantiene la sociedad de gananciales como el régimen aplicable por defecto?

 

 

El nacimiento de la compensación por razón de trabajo, en el régimen legal catalán, viene precedido de muchos cuestionamientos doctrinales que ponen en duda qué régimen económico matrimonial es el más acorde con la sociedad catalana, así como con la tradición legislativa del Derecho Privado catalán.



Dichos planteamientos no son únicamente recientes, puesto que el debate surge desde que en la Ley 40/1960 de 21 de julio, sobre Compilación del Derecho Civil Especial de Cataluña, se establece en su artículo séptimo que el “régimen económico familiar”, en defecto de pacto, será el de separación de bienes.



Cabe decir que, a raíz de esta modificación, una parte de la doctrina estima que el régimen de separación de bienes no representa la evolución correcta al régimen dotal histórico de Cataluña, ya que entiende que la independencia patrimonial, que identifica al régimen de separación, no es una característica típica de la regulación económico matrimonial de la familia catalana, por lo tanto aboga por la exigencia de una comunicación patrimonial mayor. Frente a esta postura, otros autores defienden que el legislador actuó con acierto ya que era “la única alternativa coherente con la historia y la situación actual”. Desde otra perspectiva histórica ROCA I TRIAS observa el régimen de separación de bienes como el representativo de la sociedad catalana, si bien “històricament no va a ser el tipus bàsic de l´organització patrimonial, ja que sembla que el règim dotal fou el més pactat, justament amb certes formes de comunitat, pròpies d´una economia rural”



Cierto es que la Compilación aprobada por la Ley 40/1960 establecía, en su artículo 26, la obligación de dotar que tenían los padres respecto a sus hijas, estableciendo como excepciones a la obligación, los casos en los que la hija incurriera en hechos que causaran la desheredación o de indignidad, así como los matrimonios en segundas nupcias. De ahí que LALINDE ABADÍA entendiera que el legislador manifestaba “implícitamente su preferencia por el régimen dotal, que es verdaderamente el régimen principal catalán.”



 

Siguiendo con el análisis de la Compilación de 1960, observamos que apenas se regulaba el régimen de separación de bienes, tal vez la obligación dotal propicie que el legislador se despreocupara de las consecuencias del régimen. El problema surge en el momento que la dote pasa a ser una figura jurídica residual en su aplicación en la familia catalana, lo que unido a la escasa regulación del régimen de separación de bienes propició que, por ejemplo, DELGADO ECHEVERRÍA entendiera que “El régimen de separación así concebido vendría a ser la simple ausencia de regulación específica, el vacío jurídico que, en aras de la libertad de contratación, se tolera cuando excepcionalmente nada dispongan los interesados”.



De lo anterior, se deduce que, si bien el régimen de separación de bienes ha calado de forma importante en la sociedad catalana, manteniéndose su estatus de régimen supletorio primario a lo largo de la distintas modificaciones legislativas, si parece que se defendía la postura de que, en un futuro, las normas que lo regularan “avanzaran hacia una cierta participación de cada cónyuge en las ganancias logradas por el otro a lo largo de la vida matrimonial.”



Podemos observar que el debate que se origina, con anterioridad a la regulación de la compensación, primero giró en torno al régimen económico matrimonial que mejor representaba el histórico de Cataluña, del que surge, de forma inseparable, el problema de la protección del cónyuge en situación más débil en los momentos de crisis matrimonial. Digamos que pasamos de un interesante debate, que podríamos llamar teórico, a un planteamiento sobre los desajustes prácticos que el régimen puede conllevar, lo que produce una urgente plasmación legislativa una vez que la realidad social refleja un incremento de las situaciones de crisis matrimonial. Adentrándonos ya en el debate práctico, la protección, que parece anhelarse, se refiere para las situaciones en los que la disolución del régimen no se produce por el fallecimiento de uno de los cónyuges, ya que, para estos casos, la legislación establecía correctivos suficientes para proteger al cónyuge que ha obtenido, durante el matrimonio, menos ingresos y que se puede encontrar en una situación delicada en el momento que dejaba de regir el régimen económico matrimonial. Por lo tanto, se capta una cierta responsabilidad en la doctrina, y posteriormente en el legislador, por las posibles consecuencias de un régimen económico matrimonial en el que no existe obligatoria comunicación patrimonial durante el matrimonio.





 

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De todo lo anterior podemos empezar a entender que la compensación por razón de trabajo tiene como finalidad el corregir las situaciones de desamparo. El legislador no quería asumir, al establecer el régimen legal de separación de bienes, los posibles efectos perversos  que generaba el régimen de separación; esto es muy importante, ya que se aprovecha esta figura, la compensación por razón de trabajo, como correctivo y como figura apaciguadora de las voces que entendían que lo ideal sería aplicar, como supletorio en Cataluña, un régimen legal que permita a los cónyuges una obligatoria comunicación patrimonial en la liquidación del régimen.  

 


 

 

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Para fijar el inventario en la liquidación de la sociedad de gananciales es esencial fijar la fecha de la disolución de la misma. Tener claro este aspecto puede ser fundamental para la determinación final de la formación de inventario, aspecto totalmente clave en la liquidación.

 


Es de esencial importancia  la determinación de la  fecha de la disolución de la sociedad de gananciales a la hora de delimitar la posterior liquidación del régimen económico matrimonial. Desde que se produce la disolución de la sociedad de gananciales ya no se hacen comunes para los cónyuges las ganancias o beneficios obtenidos indistintamente por cualquiera de ellos (Art. 1344 Cc.). De ahí la relevancia de determinar el momento que se produce la disolución frente a lo que puede ocurrir en un régimen basado en la independencia patrimonial, como es el de separación de bienes, en el que a priori la fecha de disolución del régimen tiene menos trascendencia.



Centrándonos en la disolución de la sociedad de gananciales, debemos remitirnos a lo establecido en los artículos 1392 y siguientes para esclarecer en qué momento se produce la disolución del matrimonio:



Artículo 1392. 


La sociedad de gananciales concluirá de pleno derecho:


1. Cuando se disuelva el matrimonio.
2. Cuando sea declarado nulo.
3. Cuando judicialmente se decrete la separación de los cónyuges.
4. Cuando los cónyuges convengan un régimen económico distinto en la forma prevenida en este Código.



Artículo 1393. 


También concluirá por decisión judicial la sociedad de gananciales, a petición de uno de los cónyuges, en alguno de los casos siguientes:
1. Haber sido el otro cónyuge judicialmente incapacitado, declarado pródigo, ausente o en quiebra o concurso de acreedores, o condenado por abandono de familia.
Para que el Juez acuerde la disolución bastará que el cónyuge que la pidiere presente la correspondiente resolución judicial.
2. Venir el otro cónyuge realizando por sí solo actos dispositivos o de gestión patrimonial que entrañen fraude, daño o peligro para los derechos del otro en la sociedad.
3. Llevar separado de hecho más de un año por acuerdo mutuo o por abandono del hogar.
4. Incumplir grave y reiteradamente el deber de informar sobre la marcha y rendimientos de sus actividades económicas.
En cuanto a la disolución de la sociedad por el embargo de la parte de uno de los cónyuges por deudas propias, se estará a lo especialmente dispuesto en este Código.


 

El articulado en ese sentido parece claro, entre las partes y frente a terceros, la sociedad de gananciales sigue vigente hasta que no se producen alguno de los requisitos desglosados en los artículos 1392 y 1393. 

 


Otra cosa es, y debemos tenerlo en cuenta a la hora de afrontar la liquidación de la sociedad de gananciales, la mayoritaria línea jurisprudencial que entiende que, desde el momento en el que se produce la separación de hecho y, por tanto, los cónyuges ya no viven juntos, se produce la disolución de la sociedad de gananciales Inter partes.

 

Esto quiere decir que, a modo de ejemplo, si uno de los cónyuges quiere reclamar que se incorpore al inventario unos gastos realizados por el otro cónyuge para un bien privativo de éste, se entienda que no procede si en el momento de realizar dicha operación existía una separación de hecho. Encontramos sentencias en ese sentido como la Sentencia núm. 165/2008 de 21 febrero del Tribunal Supremo o la Sentencia núm. 238/2007 de 23 febrero del Tribunal Supremo; resumiendo esta línea jurisprudencial, en esta última sentencia se expresa que “es la separación de hecho la que determina, por exclusión de la convivencia conyugal, que los cónyuges pierdan sus derechos a reclamarse como gananciales bienes adquiridos por éstos después del cese efectivo de la convivencia, siempre que ello obedezca a una separación fáctica (…) Entenderlo de otro modo significaría, en efecto, un acto contrario a la buena fe, con manifiesto abuso de derecho, al ejercitar un aparente derecho más allá de sus límites éticos.”

 

 

 

 

 

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 Estas resoluciones son claves, y revocan, parcialmente, lo que establece el derecho positivo, la disolución del régimen económico matrimonial lo marca la separación de hecho; es cierto que probar ésta no es fácil, pero es muy habitual que se  fije la misma en el mismo procedimiento de divorcio o separación. Es muy importante fijar la fecha a los efectos de decidir qué  forma parte del inventario, y no tener en cuenta la separación de hecho puede ser a veces crucial para la resolución satisfactoria de la liquidación de la sociedad de gananciales.


 

 

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Tenemos un procedimiento en el que la parte contraria pretende incluir en el inventario de la sociedad de gananciales la compra de mobiliario y el arreglo de la vivienda, en aras de acreditar que dichas compras  benefician el bien inmueble, ganancial, y, por tanto, genera un pasivo a favor de quien realizó dichas compras.

 

Independientemente del resultado de dicho procedimiento, entendemos que la compra de mobilirario forma parte de la actividad normal que todo usufructuario de una vivienda tiene que asumir, dado que el uso deteriora el mobiliario y el piso en general, lo que conllevan una serie de gastos para que se adapte la vivienda a las necesidades diarias de quien la usa.

 

Por otro lado estamos ante compra de bienes que tienen carácter privativo  y que tienen como finalidad ser usados por quien está viviendoen el inmueble. Es por ello que frente al activo, que representa, en este caso el bien inmueble, se puede intentar repercutir un pasivo consistente, por ejemplo, en el pago del IBI por parte de la persona que tiene la propiedad de la vivienda; o derramas que se acrediten que tienen como finalidad el sostenimiento y mantenimiento estructural del inmueble, por ejemplo.

 

No es legítimo, por tanto, que el cónyuge que asumió el uso y disfrute de la vivienda, pretenda repercutir, vía liquidación de la sociedad de gananciales, la compra de mobiliario o gastos en el mantenimiento normal de la vivienda, que como es obvio se deteriora con el tiempo y debe adaptarse para que el uso de la vivienda sea adecuado

 

 

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  Otra cuestión son arreglos imprescindibles, de extrema necesidad o, por ejemplo, el acuerdo entre las dos partes para realizar mejoras en el inmueble, en aras de revalorizar el mismo.

 

El inventario de la sociedad  de gananciales, las partidas que se pueden incluir, tanto en el pasivo como en el activo, son cuestiones que hay que delimitar correctamente, dado que en caso contrario se pueden generar erróneas expectativas respecto a la inclusión de ciertas partidas.


 

 

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El análisis de la compensación por razón de trabajo en el hogar ha conllevado muchas interpretaciones, sobre todo por la poca aplicación fuera de Comunidades en las que el Régimen de Separación de Bienes  se aplica por defecto, como puede ser en Cataluña.

 

 

En este caso vamos a analizar la Sentencia de 2 de junio de 2005, Sección 18, de la Audiencia Provincial de Barcelona, rollo 831/2015, Ponente Margarita Noblejas Negrillo. Es una sentencia curiosa puesto que uno de los cónyuges contribuyó, con su mano de obra, a la construcción de la vivienda que luego estaría a nombre de su esposa. En este caso, al ser un matrimonio en el que regía el régimen económico matrimonial de Separación de Bienes, el cónyuge que reuna una serie de requisitos, tendría derecho a solicitar una compensación por razón de su labor en el hogar; pensión compatible con la compensatoria, y que tiene como finalidad el hecho de que, el otro cónyuge, se haya enriquecido a costa de que el otro estuviera trabajando en el hogar, produciendo lo que se llama un enriquecimiento injusto.

En ese caso es importante aclarar que los requisitos para otorgar la mencionada pensión por razón de trabajo en el hogar son:

 


1º.‐ Que exista una separación judicial, divorcio o nulidad del matrimonio


2º.‐ Que uno de los cónyuges haya realizado durante el matrimonio un trabajo para el hogar o para el otro cónyuge no retribuido o retribuido insuficientemente 

 

3º.‐ Que la disolución del matrimonio haya generado una desigualdad patrimonial, comparadas las dos masas patrimoniales de los cónyuges.


4º.‐ Que esa desigualdad patrimonial implique un enriquecimiento injusto

 

 

Pues bien, en la Sentencia que reseñamos, se pretende reclamar una labor concreta, como fue el trabajo que realizó en la construcción de una vivienda, es por ello que el Juzgado entiende que dicha labor debe reclamarse en el procedimiento declarativo correspondiente, y no como derecho amparado por la compensación por trabajo en el hogar regulado dentro del régimen económico matrimonial de separación de bienes (en el Código civil se regula en el artículo 1438)

 

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Lo anecdótico de la situación, es que en las documental aparece hasta la factura que reclama también el hermano del ex cónyuge, puesto que también había realizado labores en la contrucción, cuestión ésta que certifica que nada tiene que ver lo reclamado con una compensación que tiene su naturaleza y su espíritu en otras cuestiones, y que hemos desglosado en los 4 puntos anteriores.

 

Si debemos dejar constancia que dicho Código de Familia Catalán ha sido modificado sustancialmente, y que la compensación por razón de trabajo en el hogar ha subido a otra dimensión que en este artículo no desarrollaremos; pero sí es un ejemplo interesante, ya que entendemos que el mismo sería aplicable al Código civil y al espíritu del artículo 1438 .


 

 

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En este artículo vamos a describir la evolución de la indemnización por despido y su carácter privativo o ganancial, según ha ido evolucionando la jurisprudencia, hasta llegar a la actual valoración de esta percepción que generó y genera mucho debate jurídico.

 

 

Para esclarecer la cuestión, debemos partir de dos cuestiones, que fueron fundamentales para decidir cuando la indemnización por despido se considerba ganancial o privativo. En un primer momento la jurisprudencia partía de la fecha de percepción de la indemnización. Si la misma se percibía por el cónyuge una vez disuelto el matrimonio por Sentencia firme, el dinero era privativo, ya que se tenía sólo en cuenta la fecha en la que se recibía el dinero, siendo indiferente para el Juzgador la fecha en la que se generó dicho derecho. ***************+

 

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Pues bien, en 2008 la jurisprudencia cambió de rumbo; frente a la anterior valoración, que entendía que el dinero al percibirse con posterioridad a la disolución del régimen económico matrimonial, directamente era de quien lo percibía; la jursprudencia empezó a entender que si la fecha del despido que genera luego ese derecho se produce durante el matrimonio, la percepción posterior de dicha indemnización es ganancial, y por tanto debe incorporarse al haber ganancial de cara a la liquidación. Surgía la curiosa situación, en una de esas Sentencias, como fue que el despido se produjo mientras el divorcio contencioso estaba a punto de disolverse en la Audiencia Provincial, puesto que uno de los cónyuges había recurrido. Como la firmeza de la disolución del matrimonio fue posterior al despido, la indemnización se consideró ganacial.

 

 

Si bien, la jurisprudencia aclara, que dicha indemnización es ganancial  la parte proporcional de la misma que se refiera a años trabajados durante el matrimonio. Si, por ejemplo, trabajó 10 años; 5 estando casado y 5 no, se considera ganancial la mitad de dicha indemnización, ya que el resto compensa años trabajados fuera del matrimonio. Este matiz es importante aclarar.

 

 

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Pero ahora viene la situación más compleja, que, por ejemplo, este despacho está asumiendo actualmente en un procedimiento. Qué ocurre actualmente, momento en el cual la juisprudencia, frente a lo que ocurría en 2008, que dice que la disolución del régimen económico matrimonial se produce desde el momento que se produce la separación de hecho. Si se diera el caso en el que la separación de hecho, formalmente y probada, se produce con anterioridad al despido; en ese caso el despido tendría carácter ganancial o privativo. Esta cuestión es muy interesante; nosotros entendemos que es privatico, pero seguramente la Audiencia Provincial dará luz a esta cuestión.


 

 

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Extinción de la atribución del uso del domicilio familiar a los hijos mayores de edad con base en el artículo 96 del Código Civil.

 

 

 

La Sentencia nº 183/2012 del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil) dictada con fecha 30 de marzo de 2012, establece el criterio de la aplicación del artículo 96.3 del Código Civil, siempre que no existan hijos menores de edad. Este artículo dispone:

 

 

En defecto de acuerdo de los cónyuges aprobado por el Juez, el uso de la vivienda familiar y de los objetos de uso ordinario en ella corresponde a los hijos y al cónyuge en cuya compañía queden.

 

 

Cuando algunos de los hijos queden en la compañía de uno y los restantes en la del otro, el Juez resolverá lo procedente.

 

 

No habiendo hijos, podrá acordarse que el uso de tales bienes, por el tiempo que prudencialmente se fije, corresponda al cónyuge no titular, siempre que, atendidas las circunstancias, lo hicieran aconsejable y su interés fuera el más necesitado de protección.

 

 

Para disponer de la vivienda y bienes indicados cuyo uso corresponda al cónyuge no titular se requerirá el consentimiento de ambas partes o, en su caso, autorización judicial”.

 

 

En este supuesto se estima el recurso de casación interpuesto por el Sr. V.R.T.O contra la Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia que, atendiendo a las necesidades de las hijas, había atribuido el uso de la vivienda familiar a las dos hijas mayores de edad junto a la madre con la que convivían y todo ello sin limitación temporal, sino hasta que las hijas fueran independientes económicamente.

 

 

 

Sin embargo, el Tribunal Supremo, entiende que la Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Valencia debe anularse, en base al artículo 96 del Código Civil, toda vez que entiende el Tribunal Supremo que no existiendo hijos menores de edad debe aplicarse el artículo 96.3 del Código Civil, que prevé que la atribución del uso de la vivienda al cónyuge no titular debe ser la excepción y que en el caso de que se atribuya, debe limitarse en el tiempo.

 

 

Así, concluye la Sentencia del Tribunal Supremo que las hijas de matrimonio, no ostentan la titularidad del derecho de uso respecto a la vivienda que fue domicilio habitual, toda vez que entiende que los hijos mayores de edad, no se incluyen en el artículo 96 del Código Civil, y en el supuesto de que las hijas necesitaran alimentos, incluyendo la vivienda, el obligado a prestarlos puede efectuar la elección que le ofrece el artículo 149 del Código Civil y decidir proporcionarlos “manteniendo en su propia casa al que tiene derecho a ellos”.

 

Sentencia del Tribunal Supremo sobre la extinción sobre la atribución de uso de la vivienda familiar.

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SENTENCIA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID QUE ESTIMA EL RECURSO INTERPUESTO POR QUIEROABOGADO CONTRA SENTENCIA QUE ABSUELVE A LA PERSONA DENUNCIADA POR NUESTRA CLIENTA EN BASE A LA INCORRECTA APLICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 1/2015, DE 30 DE MARZO, POR LA QUE SE MODIFICA EL CÓDIGO PENAL.

 

Debemos llamar la atención sobre la Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Madrid, con fecha 29 de septiembre de 2015, en la que se refleja el trabajo realizado por quieroabogado, que tras recurrir una Sentencia dictada por el Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid, ha conseguido revocar el fallo de la misma, y que sea declarada nula de pleno derecho, argumentando y demostrando la existencia de un patente error en la aplicación de la normativa vigente.

 

En este sentido, el fallo de la Sentencia de instancia que se recurrió por nuestro equipo de abogados, estimó absolver a la denunciada de los hechos enjuiciados, entendiendo que como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo por la que se modifica el Código Penal, se despenaliza la falta de lesiones y por dicho motivo se la absuelve, dejando totalmente indefensa a nuestra clienta que fue agraviada por los hechos que denunció. Hay que constatar, que dicha resolución tiene amparo en una circular de Fiscalía, que tenía como finalidad, precisamente, aclarar el camino que iba a tomar Fiscalía para este tipo de casos, a nuestro entender realizando una interpretación forzada y errónea de la reforma del Código penal.

 

Por tanto, estimando que dicha Sentencia dictada por el Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid, es contraria a los intereses de nuestra clienta, se interpuso recurso ante la Audiencia Provincial Madrid, fundamentado en que los hechos denunciados por nuestra clienta, son constitutivos de una antigua falta de lesiones del artículo 617 CP y no pueden quedar impunes, en virtud de lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera  y Cuarta de la L.O. 1/2015, que establecen que las faltas cometidos hasta el día de la entrada en vigor de referida Ley, se juzgarán conforme al Código Penal que se deroga y la tramitación de los procesos por falta iniciados antes de la entrada en vigor de meritada Ley, por hechos que resultan tipificados como delitos leves, continuará sustanciándose conforme al procedimiento previsto para el juicio de faltas en el Libro VI de la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal, hasta su normal terminación.

 

 

Y dichos argumentos, han sido tomados en cuenta en la Sentencia de la Audiencia Provincial, que estima nuestras pretensiones y revoca la Sentencia que absolvía a la persona denunciada por nuestra defendida y declara nula la Sentencia recurrida.

 

 

 

 

 Acceso a la Sentencia de la Audiencia Provincial

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La sociedad de gananciales es el régimen económico matrimonial que se aplica por defecto (si no se formalizan capitulaciones matrimoniales) en casi toda España. Es un régimen en el que las ganancias o beneficios obtenidos indistintamente por cualquiera de los cónyuges, durante el matrimonio,  se les será atribuidos por mitad al disolverse el mismo.

 

La frase que ponemos en cursiva en el encabezamiento de este artículo es la definición, casi textual, que establece el artículo 1344 del Código civil. Es una definición perfecta, puesto que resume de forma concisa el principio fundamental de la sociedad de gananciales.

 

Por supuesto, el principio anteriormente referenciado, tiene sus limitaciones y aclaraciones. Es importante conocer, como cuestión principal (si bien veremos que tienen sus matizaciones), qué son bienes privativos y qué gananciales. Ya que los primeros son los que pertenecen a uno sólo de los cónyuges; y el conocerlos nos puede ayudar a liquidar el régimen económico matrimonial.

 

Como cuestión previa a lo anterior, debemos tener en cuenta que, en caso de duda, los bienes que existentes durante el matrimonio son gananciales (Artículo  1361).

 

Por tanto, teniendo en cuenta el principio fundamental del 1361, es esencial conocer y estudiar profundamente los artículos 1346 y 1347 del Código civil, para saber qué es ganancial y qué privativo. Y, esto es lo más complejo de la sociedad de gananciales, la mezcla entre ambos patrimonios que se puede producir durante el matrimonio.

 

Sabemos que un bien adquirido antes del matrimonio es privativo; pero ¿sabemos que se genera un condominio ganancial-privativo cuando ese bien se paga durante el matrimonio y el mismo representa la vivienda familiar? ¿sabemos que, como mínimo, si se paga un bien privativo con dinero ganancial se genera una deuda a favor de la sociedad de gananciales que deberá abonar el cónyuge beneficiado por esa aportación? y, en la otra dirección, ¿sabemos que si un bien ganancial se ha beneficiado de las aportaciones privativas de uno de los cónyuges (por ejemplo una herencia), la sociedad de gananaciales tendrá una deuda a favor de ese cónyuge?

 

Estas y otras muchas preguntas se generan con la sociedad de gananciales; si bien, y como hemos mencionado en muchas ocasiones, durante el matrimonio nadie se plantea estas cuestiones puesto que existe sintonía, y en general hay un ánimo de compartir un modelo de vida y, por tanto, también de patrimonio. Estas y  otras cuestiones se plantean sobre todo en el momento de la separación o disolución matrimonial. 

 

En  los artículos 1344 y siguientes del Código civil se puede analizar la sociedad de gananciales en profundidad; es un régimen que adquirió su importancia en la idea de proteger, como así ocurría principalmente con generaciones anteriores, al cónyuge que realizaba una labor más familiar, de cuidado de la vivienda y los hijos, impidiendo adquirir patrimonio en beneficio de otros aspectos de la familia. Para evitar que, en el divorcio o separacion, se produjera una situación de desamparo para el cónyuge que realizó esta encomiable labor durante el matrimonio. Junto a la pensión compensatoria, la sociedad de gananciales sería la segunda herramienta de protección para el cónyuge que aportaba a la sociedad de gananciales mediante su trabajo en el hogar.

 

Si bien el contexto social ha cambiado, y los matrimonios cada vez más se rigen por el régimen de separación de bienes, la sociedad de gananciales sigue estando muy vigente. Por lo que su conocimiento jurídico, en el momento de la liquidación, se hace imprescindible.

 

Debemos partir de un principio fundamental del nuestro Código civil, como es el de la autonomía de la voluntad de las partes. Si bien es cierto  que este principio tiene sus limitaciones obvias en los regímenes económico matrimoniales, debemos expresar que, a parte de los tres regímenes conocidos, podríamos crear nuestro propio régimen económico matrimonial.

 

Por tanto, mediante capitulaciones matrimoniales, los cónyuges pueden gestionar su patrimonio y, a grandes rasgos, su régimen económico matrimonial. Si bien es cierto que generalmente los cónyuges no suelen modificar el régimen económico matrimonial que, por legislación aplicable donde contraigan matrimonio, sea el apicable. Por hablar del caso más aplicable, el del  Código civil, debemos indicar que el régimen económico matrimonial que se aplica por defecto es el de gananciales; teniendo la posiblidad de, mediante capitulaciones, de modificar dicho régimen y aplicar un régimen de separación de bienes, de participación en las ganancias o el que libremente acuerden los cónyuges (con las limitaciones dispositivas y de derechos fundamentales que obviamente serían aplicables).

 

Los regímenes económico matrimoniales, cobran importancia en el momento que se produce la separación o disolución del matrimonio. Debemos expresar que durante el matrimonio, en un contexto de confianza y de sintonía matrimonial, el régimen económico matrimonial no tiene importancia, ya que los hábitos de gasto y de gestión patrimoniales se realizarán por los cónyuges con independencia del régimen económico matrimonial que regule su matrimonio.

 

Es obvio que en el día a día de un matrimonio, se actúa de acuerdo a los principios que ambos cónyuges se acuerden; esto significa que por estar regulados, por ejemplo, por un régimen de separación de bienes no significa que luego los cónyuges no compartan todo; y viceversa, que durante el matrimonio no se comparta nada aunque se esté bajo un régimen económico matrimonial de gananciales. 

 

La cuestión cambia cuando la sintonía   se acaba y se inician los procesos de divorcio o separación. En esos momentos entre los cónyuges, es habitual, se produce un distinto proyecto de vida y, por tanto, un distinta gestión patrimonial. En ese instante, en el que se acerca el balance patrimonial y económico del matrimonio, es cuando el régimen económico matrimonial cobra importancia.

 

Conocer tu régimen económico matrimonial te permite conocer tus derechos y deberes frente a tu cónyuge. Y lo más importante, se podrá objetivar el procedimiento, de cara a evitar que las cuestiones personales nos hagan perder la perspectiva. Conocer muy bien qué derechos nos amparan es muy importante; a parte de conocer las limitaciones probatorias que todo este tipo de procesos conllevan, sobre todo en el caso de matrimonios de larga duración.

 

En los siguientes apartados entraremos en profundidad en todos los regímenes económico matrimoniales; principalmente en el de separación de bienes y sociedad de gananciales, que son los más utilizados en nuestro País y, en muchas cuestiones, los más opuestos.

Con la finalidad de conocer tu caso y  resolver todas las dudas que  tengas sobre este proceso, de importante complejidad, puedes concertar una cita en nuestro Despacho.

 

La cita presencial con nuestro abogado Pedro C. Tabarez López tiene un coste de 50 euros, en la que se os facilitará y resolverán las siguientes cuestiones:

 

1.- Asesoramiento Jurídico sobre el proceso extrajudicial y judicial de la Liquidación de Gananciales.

 

2.- Informe de viabilidad sobre el procedimiento a inciar.

 

3.- Presupuesto sin compromiso, en el que se facilitarán los gastos que se generan en este proceso.

En caso de residir fuera de Madrid, pueden realizar la consulta en el mail Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla ,  a través de la web www.quieroabogado.es o en los teléfonos 91 530 96 95 -98; la consulta por estas vías es gratuita. Se les enviaría un presupuesto sin compromiso  e iniciaríamos los trámites que en su caso se acordaran

 

 

 

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Te ayudamos  a que tu liquidación de gananciales no sea un problema  con www.quieroabogado.es

 

 

 

 


 

 

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Sentencia interesante de un procedimiento asumido por este Despacho, que entendemos que clarifica de forma sustancial cuando las aportaciones privativas, durante el matrimonio, pueden incluirse en el pasivo de la liquidación de gananciales.

 

En este caso, si bien hay que dejar claro que estamos en Primera Instancia y que todavía es posible el recurso por la parte contraria, se estimó la inclusión en el pasivo de la sociedad de gananciales, unas aportaciones realizadas por nuestro cliente a la sociedad de gananciales

 

La clave, y así lo refleja claramente la Sentencia, es que una vez acreditado el carácter privativo de la aportación,  se verifique que se reintegró en la sociedad de gananciales, ya sea para hacer frente a los gastos de la misma o, más concretamente como es este caso, para la cancelación del préstamo que grava un bien ganancial 

 

En nuestro caso, pretendimos incluir dos partidas en el pasivo de la liquidación de gananciales, si bien, como explica la propia resolución, respecto a la partida no incluida, no se pudo acreditar que dicha ganancia privativa se reinvirtiera en la sociedad de gananciales.

 

Estamos, y profundizando en el caso que nos ocupa, ante dos ganancias privativas, ya que nuestro cliente recibió un patrimonio mediante adjudicación hereditaria, es decir, ese patrimonio tiene el carácter de privativo. La parte contraria, se opuso a que se incluyera ese patrimonio, que a nuestro entender se reinvirtió en la compra de un bien inmueble ganancial, al entender que nuestro cliente  debió, en el momento de aportar ese dinero privativo, hacer una reseña en el patrimonio ganancial, concretamente en el Registro de la Propiedad, indicando que  dichas aportaciones se realizaron, a los efectos de tener en cuenta las mismas de cara a la liquidación de gananciales.

 

Como bien expresa la Sentencia que aportamos con este artículo, y la jurisprudencia, no es necesario que el cónyuge, que en un momento de plena confianza matrimonial, estableciera en su momento que se hizo dichas aportaciones privativas, si no que simplemente tiene que acreditar la procedencia del dinero y su reinversión en la sociedad de gananciales en el momento de la liquidación; una vez corroborado todo lo anterior, y en base al artículo 1364 del Códig civil, tendrá derecho a que se le reintegre dichas aportaciones privativas a costa del patrimonio común

 

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La parte contraria entiende que no debe realizarse dicho reintegro, y que se aprecia que nuestro cliente quiso donar, de alguna forma, su patrimonio a la sociedad de gananciales, y que si ese no hubiera sido su intención, debió haber hecho constar en Notaría dicha circunstancia. Entendemos, y así lo corrobora la Jurisprudencia, que durante el matrimonio este tipo de anotaciones, que se exigen a posteriori, no desvirtúan la verdadera aportación privativa a la sociedad de gananciales, partiendo, por otro lado, de que el animus donandi debe ser acreditado y nunca se puede presumir su existencia.

 

Sentencia de Primera Instancia en la que se estiman y se integran en el inventario de la liquidación de gananciales las aportaciones privativas.

 


 

 

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El régimen económico matrimonial de separación de bienes se caracteriza, procesalmente, por su "independencia procesal"respecto a la liquidación del régimen económico matrimonial de gananciales; es decir, al ser un patrimonio compartido o independiente, para su liquidación bastaría la simple solicitud de extinción de condominio para su reparto, en los casos en los que exista condominio.

 

Pero no debemos obviar que, dentro de la regulación civil del régimen económico matrimonial de separación de bienes existe una figura, muchas veces obviada, principalmente donde se aplica nuestro código civil (En Cataluña por ejemplo todo lo contrario), como es la compensación por razón de trabajo en el hogar.

 

 Estamos, y esto es así, ante una compensación compatible con la pensión compensatoria, pero cuya reclamación no está, estrictamente, vinculada con la disolución del matrimonio si no con la disolución y liquidación del régimen económico matrimonial. Decimos que es así, aunque debe reconocerse que su reclamación, precisamente, está en la práctica muy relacionada con la disolución del matrimonio.

 

La cuestión es que, dada la naturaleza de esta compensación, a diferencia de la pensión compensatoria que procesalmente debe solicitarse junto con la demanda de divorcio, la pensión por razón de trabajo en el hogar tiene un margen más amplio, a nuestro enteder, para su reclamación; toda vez que su finalidad no es compensar al cónyue desfavorecido por el divorcio si no la de realizar una especie de liquidación de matrimonio, tendente a compensar al cónyuge que aportó a las cargas del matrimonio con su trabajo en el hogar, generándose un perjuicio en su patrimonio, toda vez que no pudo enriquecerse ni ampliar el mismo precisamente por su colaboración en el matrimonio mediante su trabajo.


Entendemos por tanto, aunque esto es poco conocido por el ejercicio de la abogacía, que es una compensación reclamable, siempre que no haya prescrito, con posterioridad a la disolución matrimonial, puesto que, insistimos, no es un compensación relacionada directamente con la disolución matrimonial si no con la liquidación / balance  del régimen de separación de bienes.

 

El desconocimiento de esta figura jurídica y su relación con la disolución del matrimonio hacen de esta compensación una figura erróneamente, a nuestro entender, relacionadacon el divorcio /separación; lo que que en muchas ocasiones estas demandas no se formalicen con posterioridad. 

El artículo 1346 del Código civil parce que clarificador al entender que los bienes adquiridos a título gratuito durante el matrimonio son privativos del cónyuge beneficiado de la donación

 

Pues bien, este artículo entra en confrontación, más práctica que teórica, con el artículo 1353 del Código civil, que establece que "Los bienes donados o dejados en testamento a los cónyuges conjuntamente y sin especial designación de partes, constante la sociedad, se entenderán gananciales siempre que la liberalidad fuere aceptada por ambos y el donante o testador no hubiere dispuesto lo contrario"

 

Decimos que la confrontación es más práctica que teórica, ya ques sólo en la forzada interpretación de los artículos que se suele dar en los procedimientos contenciosos, se puede entender que haya dudas sobre el supuesto de hecho a que se refiere cada uno de los dos preceptos.

 

Entendemos que sólo es aplicable el artículo 1353 cuando la donación se realiza al matrimonio o a ambos cónyuges, si bien las complicaciones que se generan en la prácitica se produce, por ejemplo, cuando el dinero, pese a que era destinado a uno de los cónyuges se ingresa en una cuenta ganancial.

 

El gran problema que se genera en este tipo de situaciones es que las donaciones, origen del conflicto,  se suelen realizar en un momento en el que existe confianza entre los cónyuges, de ahí que no se tomen medidas probatorias del verdadero destino de la donación. Ya que en caso de duda y a falta de no poder aclarar esa traditio, finalmente se podría entender que la  donación se realizó a los cónyuges.

 

 

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En estos momentos, por ejemplo, se está gestionando una liquidación de gananciales en este Despacho en el que la donación se hizo mediante cheque, y precisamente estamos recabando prueba para certificar que dicha adquisición se hizo a nombre de nuestro cliente, y no del matrimonio como se pretende de contrario. 

 

Debemos reconocer que la redacción de ambos artículos generan conflicto; es obvio que la donación realizada al matrimonio es ganancial y al cónyuge privativo, pero no es menos cierto que en muchas ocasiones la intencionalidad del donante no se puede esclarecer, lo que hace que el conflicto sólo se pueda solucionar con una prueba que, en situaciones de conflicto procesal, se hace complicado de aportar, ya que son cuestiones que sólo ambos cónyuges conocen, y el reconocimiento amistoso parece improbable.

 

 

 

 


 

 

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En aras de atender las necesidades ordinarias de la familia el artículo 1319 del Código civil expresa que "de las deudas contraídas en el ejercicio de esta potestad responderán solidariamente los bienes comunes y los del cónyuge que contraiga la deuda y, subsidiariamente, los del otro cónyuge."

 

Estamos ante uno de los puntos más complejos  de la regulación de los regímenes económico matrimoniales; uno de los planteamientos más habituales cuando somos acreedores de la sociedad de gananciales es si es posible reclamar al cónyuge que, personalmente, no contrajo la deuda.

 

Debemos tener en cuenta que el primer párrafo del artículo 1319 del Código civil expresa que "cualquiera de los cónyuges podrá realizar los actos encaminados a atender las necesidades ordinarias de la familia, encomendadas a su cuidado, conforme al uso del lugar y a las circunstancias de la misma"; es decir, que el acreedor, si conoce que la deuda la ha asumido el matrimonio, podría reclamar sobre el patrimonio del cónyuge que no asumió la responsabilidad directa del negocio. 

 

Debemos recordar que, excepto en concretos negocios jurídicos en los que se exige la firma de los dos cónyuges (por ejemplo compra de vivienda y firma la correspondiente hipoteca), muchas contrataciones se formalizan por uno de los cónyuges sin que se ponga en conocimiento del acreedor que la contratación se realiza en beneficio de la sociedad de gananciales.

 

En los casos en los que claramente se conoce que la contratación se realiza en beneficio de la sociedad de gananciales, es obvio que se puede reclamar sobre el patrimonio privativo de ambos cónyuges; el problema surge cuando se descubre por el acreedor que la deuda es ganancial  o en el momento que reclama y el otro cónyuge niega el conocimiento de la deuda y, por tanto, su vinculación con el beneficio de la sociedad de gananciales


La cuestión es que, y esa es la realidad, que en el momento que el acreedor no le quede otra opción que reclamar sobre el patrimonio privativo del cónyge no deudor debe demostrar que la deuda se generó en aras de cubrir las necesidades ordinarias de la familia; hecho éste último que en muchos casos es difícil de acreditar

 

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Resumiendo lo anterior, sólo podremos reclamar sobre el patrimonio del cónyuge no deudor cuando se demuestre que el gasto  realizado cumple los requisitos que requiere el primer párrafo del artículo 1319 del Código civil. 

 

 

 

 


 

 

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Interesante resolución en la que el Tribunal Supremo vuelve a pronunciarse sobre la promesa de donación. En este caso la promesa estaba incluida en el Convenio, aprobado judicialmente, que produjo la disolución matrimonial.

 

Es habitual encontrarnos con clientes que desean que en los convenios reguladores se aprueben cuestiones que, si bien no se pueden materializar a corto plazo, tengan como propósito dejar reguladas cuestiones que puedan cumplirse en un futuro. Como se puede observar en esta Sentencia, dicha regulación otorga seguridad jurídica a las partes, hasta tal punto de anular la venta de  una vivienda al haber promesa de donación en acuerdo judicial de divorcio.

 

En el caso que nos ocupa estamos ante una promesa de donación del 50 por ciento de un bien ganancial. El  obligado a donar no cumplió con dicha promesa. Tanto en el Juzgado de Primera Instancia como en la Audiencia Provincial se entendió que efectivamente dicha promesa era válida y, por tanto, la compraventa de dicha vivienda es nula de pleno derecho. Por todo lo anterior se presentó recurso de casación, para lo cual se quiso tener  en cuenta cierta jurisprudencia que no otorga validez a la promesa de donación. 

 

Concretamente el apelante se refirió a dos sentencias de 2008, si bien el Tribunal Supremo rebate dicha jurisprudencia probando que los hechos que motivaron dichas resoluciones nada tienen que ver con la presente; concretamente:

 

En primer lugar, la sentencia de 24 de enero de 2008 , se refiere a la invalidez del pacto de donación de la mitad ganancial de un piso, correspondiente al recurrente, contenido en un convenio regulador a favor de los hijos del matrimonio y se origina esta por la falta de aceptación de los donatarios, que no habían intervenido en el convenio matrimonial, ni la aceptación se produjo en un momento posterior con las formalidades del artículo 633.2 del Código Civil , faltando el requisito de la escritura pública, lo que lleva a la Sala a afirmar que estamos ante una promesa unilateral de donación que "no es válida al carecer de los requisitos exigidos por el Código Civil para la validez de la misma donación". No se dice en la sentencia si los donatarios eran allí menores o mayores de edad en el momento de la firma y posterior homologación judicial del convenio.


En segundo lugar, la sentencia de 25 de enero de 2008 , trae causa de un convenio regulador en el que se contiene un pacto de donar a los hijos unos pisos cuando "estos cumplan 25 años de edad". No se trata dice la sentencia, de una donación de presente sino sometida a plazo. "Se trata, por tanto, de una promesa de donación. En este caso podría admitirse que está otorgada en forma público, pero al no concurrir aceptación de los hijos, porque no podían intervenir al tratarse de un convenio regulador, no hay más que una promesa de donación", a la que se aplica la doctrina citada.

 

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En el caso que nos ocupa el Tribunal Supremo si entiende que se reunen los requisitos suficientes para pensar que la promesa de donación es válida. Entre los que destaca está precisamente el que se acordara judicialmente y, por tanto, su trascendencia pública. Concretamente desglosa los siguientes requisitos como reseñables para entender que la promesa de donación era válida:

 

1.-  El pacto que se cuestiona contenía un compromiso de donación de la nuda propiedad de un inmueble perfectamente individualizado como domicilio conyugal, a favor del hijo menor habido de la relación de matrimonio, con reserva del donante del usufructo vitalicio, estando el hijo debidamente representado en dicho acto por sus padres, a los efectos de la aceptación que se realiza a su favor.

 

2.-  Este pacto fue suscrito por las partes en el marco de un convenio regulador, que fue aprobado judicialmente al dictarse la correspondiente sentencia de separación, que es firme, y confirmado por la sentencia de divorcio, que también es firme.

 

3.-  Se trata de una promesa bilateral y no unilateral, que no tiene un contenido de liberalidad, sino que se inserta en un negocio jurídico de mayor contenido obligacional recíproco, como es el convenio matrimonial suscrito de mutuo acuerdo por ambos cónyuges, que fue aprobado por una sentencia firme, en el que se engloban una serie de contraprestaciones complementarias determinantes de un negocio jurídico complejo, de carácter familiar y oneroso, y no de una simple donación a favor del hijo, que debe gozar de la fuerza vinculante del mismo, en tanto no se impugne.

 

4.- La declaración del donante y del donatario, tratándose de inmuebles, cumplimenta lo dispuesto en el artículo 633 del Código Civil , respecto de la exigencia de escritura pública, mediante su inclusión en el citado convenio, que tiene valor de documento público, sin necesidad del otorgamiento ulterior escritura pública para su formalización al tratarse de una medida que afecta a la vivienda familiar tomada en el marco propio de la solución de la crisis familiar objeto del convenio, con acceso al Registro de la Propiedad para su inscripción.

 

 Estamos por tanto ante una promesa válida y la jurisprudencia destacada por el apelante no puede tenerse en cuenta en el caso que nos ocupa. Por tanto, esta Sentencia puede ayudarnos a comprender que lo acordado en Convenio Regulador, ratificado judicialmente, siempre que se pueda podrá exigirse su cumplimiento en todo lo que a promesas de cumplimiento se refiere.

 

Sentencia del Tribunal Supremo por el cual se da validez a la Promesa de Dionación  al estar, entre otros motivos,  aprobada judicialmente en Convenio Regulador

 

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En el presente artículo les facilitamos un modelo de presentación de formación de inventario en el procedimiento de liquidación de gananciales. Lo inusual del mismo es que se presenta en el Juzgado pero va dirigido al Perito-Contador que fue designado para el esclarecimiento de la liquidación patrimonial

 

No es habitual este tipo de escritos y les adelantamos que el mismo ha sido aceptado por el Juzgado; finalmente esta propuesta, con la documentación que prueba nuestras pretensiones, se le dará traslado al Perito designado, para que tenga en cuenta nuestras apreciaciones al respecto

Dicha situación procesal se produjo puesto que no se citó a las partes para el juicio verbal por desacuerdo en la formación de inventario; directamente se nos nombró Perito-Contador, sin que pudiéramos aportar documentación, en ningún momento procesal, para acreditar nuestras pretensiones.

 

Dada esta situación, tuvimos que presentar un escrito con nuestras apreciaciones al respecto, para que el Perito-Contador pudiera tener toda la información suficiente para resolver al respecto

 

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Además, dadas las diversas interpretaciones que pueden originar las aportaciones privativas a la sociedad de gananciales, el escrito puede ser muy pedagógico a la hora de valorar de qué forma las aportaciones privativas tienen encaje dentro de la liquidación de la sociedad de gananciales; la prueba que puede permitirnos argumentar al respecto y la argumentación basada en el condominio privativo/ganancial o incluyendo dichas aportaciones dentro del pasivo de la liquidación de la sociedad de gananciales.

 

Modelo de Escrito de formación de inventario; dirigido al Juzgado para facilitar el cuaderno particional al Contador.

 

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La formación de inventario y la comparecencia regulada en el artículo 809 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, tiene como finalidad la de formalizar un acuerdo en la liquidación de gananciales, por lo menos en lo que a la formalización de inventario se refiere

 

Pues bien en el presente artículo, les facilitamos un Acta de Formación de Inventario. En el caso que nos ocupa no fue posible llegar a un acuerdo; por tanto, y en base al artículo 809 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se cita a las partes para la celebración del Juicio Verbal, en aras de esclarecer y aportar las pruebas que determinen la formación definitiva de inventario.

En el caso que nos ocupa, la parte contraria, verbalmente, va comunicando al Secretario Judicial y a la parte contraria, las partidas que reconoce y las que no, sin  entrar a valorar la valoración de los bienes, puesto que eso sería objeto de la posterior liquidación y reparto.

 

De esta forma, a falta de las pruebas que se puedan aportar en el Juicio Verbal, quedan fijadas las controversias de cara a la vista, en la que las partes aportarán las pruebas que puedan corroborar las distintas argumentaciones.

 

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Por otro lado, y como se establece  en la parte final del Acta, se otorga a las partes un plazo de tres días para solicitar la prueba, a través del juzgado, que el día de la vista no pudiera aportar. Por ejemplo, se puede requerir a la parte contraria o a entidades bancarias que aporten los movimientos o disposiciones que pudieran corroborar lo alegado por alguna de las partes

 

Acta de Formación de Inventario en la Liquidación de Gananciales.

 

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La comparecencia del 809 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, tiene como finalidad la de procurar llegar a un acuerdo. Si así fuera posible, se firma un acta por ambas partes y sus representantes procesales y, acto seguido, las partes proceden a liquidar y adjudicar dicho patrimonio; en caso de desacuerdo se cita a las partes a un juicio verbal.

 

A dicha comparecencia deben asistir ambas partes, con sus correspondientes representantes procesales. Pero en este caso  vamos a facilitarles una excepción que hemos tramitado en este Despacho; en el cual se otorga por el Juzgado la  posibilidad de comparecer mediante Video-Conferencia.

La argumentación que esgrimimos se fundamentan en la distancia y en cuestiones personales que no son objeto de este análisis. Lo interesante, desde un punto de vista procesal, es que la manifestación de acuerdo o desacuerdo, será refrendado por el cliente desde otro Juzgado. 

 

En la Diligencia de Ordenación que aportamos, se comunica dicha resolución y corrobora que procesalmente es posible la comparecencia del 809 de la LEC desde otro Juzgado. Si bien, estamos ante una excepción.

 

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Si bien este Juzgado ha aceptado nuestras alegaciones, debemos entender que la comparecencia, en si misma, no habilita para que dicha Video Conferencia sea la forma de personación de una de las partes; es por ello que dicha solicuitud debe realizarse con suficiente tiempo de antelación para que el cliente tenga margen para poder asistir a dicha comparecencia de formación de Inventario.

 

Diligencia de Ordenación por la cual se permite la comparecencia del 809 (Formación de Inventario) de una de las partes mediante Video Conferencia.

 

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En el presente artículo facilitamos el Proceso de Designación del Perito Judicial en los Procedimientos de Liquidación de Gananciales.

 

Dada la posible complejidad de este tipo de Procedimientos y puesto que en muchos casos el problema que se suscita no es totalmente jurídico (se tiene claro el activo y el pasivo); la valoración de los bienes que se van a adjudicar es esencial para que el reparto se haga correctamente. Tenemos que tener en cuenta que dependiendo del valor de algunos inmuebles, la cantidad a compensar por parte del adjudicatario del bien puede variar sustancialmente.

A continuación, podemos consultar Diligencia de Ordenación por la cual se comunica a las partes el Perito que va a ser designado y, a su vez, la citación al Perito para que se persone en el Juzgado a los efectos de Jurar el Cargo.

 

En otra Diligencia se notifica a las partes la Primera Provisión necesaria para que el Perito pueda iniciar su trabajo. Por último, se notifica a las partes el Acta de Aceptación del Cargo, en este caso, del Contador Partidor.

 

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La Provisión no puede valorarse previamente; es cierto que en este tipo de situaciones el procedimiento se encarece para el cliente; si bien en ocasiones, si las posturas están muy alejadas, no es posible otra alternativa que la prueba pericial que el Juzgado gestiona de la forma que pueden ver a continuación.

 

Proceso de Designación de Perito Judicial en un Procedimiento de Liquidación de Gananciales.

 

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La liquidación de gananciales, dada su complejidad de resolución, tiene especial interés en su ejecución. Puesto que la liquidación puede consistir en la venta de un inmueble, en el pago de la deuda pendiente en concepto de pasivo, la ejecución de la compensación realizada, etc..

 

Para iniciar la ejecución, debemos disponer de una Sentencia Firme (sea por mutuo acuerdo o contenciosa); suele ser habitual que, pese al acuerdo, no se cumplan, por ejemplo, los plazos que se estipularon en el acuerdo para el reembolso por la adjudicación de un bien a uno de los cónyuges. Para conocer de lo que hablamos, es interesante para el lector que consulte un modelo de acuerdo que tienen a su disposición en nuestra web

 

Si, efectivamente, el acuerdo alcanzado y ratificado  o la sentencia firme no se cumple, es necesario, con asistencia de Abogado  y Procurador, presentar un escrito de ejecución al Juzgado que conoció de la liquidación. En dicha ejecución se puede obligar a la parte contraria a pagar la deuda pendiente y, en su caso, si estamos ante la venta de un inmueble para el posterior reparto, a vender en pública subsasta el bien objeto de litigio.

 

Para elaborar el escrito hay que tener en cuenta la trascendencia que tiene la misma; es por lo anterior que intentar una resolución previa puede ser interesante para el cliente tanto por la trascendencia económica como por la rapidez en la resolución.

 

Estamos ante la última fase de la liquidación de gananciales; estamos hablando de procesos que se pueden resolver con facilidad, y en pocos casos llegamos  a la vía de ejecución. Si bien, no debemos olvidar, que precisamente el conflicto lo vamos a tener en la liquidación y reparto, fase en la que se adjucia los bienes que forman parte de la sociedad de gananciales, una vez saldado el pasivo

 

 

 

 En el presente artículo vamos a realizar una aproximación a las Sentencias más interesantes que la liquidación de gananciales puede generar. Lo más importante es la influencia que las mismas pueden tener en la práctica, puesto que hay muchos aspectos de la liquidación que no están suficientemente aclarados por la legislación.

 

Para empezar, les faclitamos algunos comentarios a Sentencias de esta materia que hemos realizado en nuestra web:

 

Sentencia 854/2013 de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, de siete de marzo  de 2013, por la que se desestima la solicitud de nulidad de la liquidación del régimen económico matrimonial.

 

Sentencia 3602/2013 de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, de 1 de Julio  de 2013, por la que se aprecia una sociedad universal durante el matrimonio.

 

Sentencia 409/2010 de la Audiencia Provincial de Madrid. Interesante en lo referente a la limitación del uso familiar de la vivienda para el caso de acordarse una adjudicación distinta en la liquidación del régimen en la que, así consta, se va a proceder a extinguir el condominio.

 

Por otro lado, debemos no olvidar la Doctrina, puesto que podemos decir que la Jurisprudencia precisamente surge de orientaciones jurídicas que se han ido fraguando en el estudio de la materia. Es por lo anterior que hay que adelantarse a la propia jurisprudencia y estudiar las distintas apreciaciones doctrinales al respecto; puesto que nos puede ayudar a orientar el procedimiento hacia los resultados más satisfactorios para el cliente.

 

En la jurisprudencia, por ejemplo, podemos encontrar aspectos tan esenciales como conocer en qué momento el régimen económico matrimonial queda disuelto inter partes; concretamente desde la separación de hecho; o asegurarnos que los pagos realizados desde la disolución del matrimonio no son objeto de la liquidación, etc..

 

Además de todo lo anterior, hay aspectos de prueba que son esenciales para conocer qué vía es la más adecuada; un terma muy interesante es el referente al artículo 1361 del Cóigo civl; el cual establece que Se presumen gananciales los bienes existentes en el matrimonio mientras no se pruebe que pertenecen privativamente a uno de los dos cónyuges. En este caso, la Jurisprudencia es muy estricta a la hora de reconocer que un bien tiene carácter privativo, y la prueba, en este caso, debe ser especialmente contundente.

 

 

 

La liquidación de gananciales es un procedimiento que puede realizarse de mutuo acuerdo tanto en Notaría como por la vía judicial o, en su caso, vía contenciosa en sede judicial. La vía notarial es la más sencilla y menos costosa. Para ello hay que hacer un desglose de los bienes y, una vez saldado el pasivo, establecer en la escritura las adjudicaciones. Posteriormente, con dicha escritura y tras la liquidación de los impuestos de plusvalía municipal y transmisiones de la Comunidad, se procede al registro.

 

Lo más complejo es la liquidación y registro en vía judicial; si bien funciona, al final, como una escritura. Más abajo facilitamos al lector un ejemplo de Convenio de Mutuo acuerdo. Dicho convenio es el acuerdo al que han llegado dos ex cónyuges, tras iniciarse la liquidación por la vía contenciosa. Una vez que se presenta el acuerdo al Juzgado, se cita  a las partes para la ratificación. Una vez ratificado, se proceder a dar testimonio de la sentencia a las partes. Con dicha sentencia, en la que se adjunta un Convenio como el que aportamos en este artículo, se puede proceder a la liquidación de impuestos y registro. Generalmente fiscalmente está exento este tipo de liquidaciones, si el reparto se hace al 50%, es por lo anterior que hay que ser muy cuidadoso con el texto del Convenio. El que aportamos en este artículo, es un ejemplo de la posible ambiguedad en el reparto; puesto que se habla de compensaciones, etc...

 

 

Modelo de Convenio de Liquidación de Mutuo Acuerdo.

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Una vez registrado, el convenio que hemos aportado servirá de escritura para la propietaria/o final del inmueble. En caso de ser la liquidación por la vía contenciosa, será la propia Sentencia firme, que decrete la liquidación y reparto la que tendrá la mencionada función.

 

Si el reparto se realiza al 50%, sólo el coste de Registro será el que tendrá que hacer frente el cliente.

 

 

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En el presente artículo vamos a realizar un desglose de las preguntas más frecuentes en lo que a la liquidación de gananciales se refiere. Por supuesto, son resoluciones sencillas, y tendríamos que estar al caso, puesto que en ciertos casos puede haber excepciones o particularidades más concretas.

 

¿Cuales son los bienes privativos y, por tanto, bienes ajenos a la liquidación?

 

Para un primer análisis, debemos remitirnos a lo establecido por el artículo 1346 del Código civil; el cual establece que:

Son privativos de cada uno de los cónyuges:

 

1.º Los bienes y derechos que le pertenecieran al comenzar la sociedad.

2.º Los que adquiera después por título gratuito.

3.º Los adquiridos a costa o en sustitución de bienes privativos.

4.º Los adquiridos por derecho de retracto perteneciente a uno solo de los cónyuges.

5.º Los bienes y derechos patrimoniales inherentes a la persona y los no transmisibles inter vivos.

6.º El resarcimiento por daños inferidos a la persona de uno de los cónyuges o a sus bienes privativos.

7.º Las ropas y objetos de uso personal que no sean de extraordinario valor.

8.º Los instrumentos necesarios para el ejercicio de la profesión u oficio, salvo cuando éstos sean parte integrante o pertenencias de un establecimiento o explotación de carácter común.

Los bienes mencionados en los apartados 4.º y 8.º no perderán su carácter de privativos por el hecho de que su adquisición se haya realizado con fondos comunes; pero, en este caso, la sociedad será acreedora del cónyuge propietario por el valor satisfecho.

 

Debemos decir que, a priori, el que genera mayores complicaciones es el tercero, puesto que normalmente en la siguiente adquisición no se hace constar que se adquiere en sustitución del bien privativo, es por lo cual que habría que probar que dicha sustitución se ha realizado.

 

¿Lo adquirido por Herencia  es ganancial?

 

Pese a que es una cuestión resuelta por la anterior cuestión, es importante clarificar este aspecto; puesto que es habitual la adquisición de un inmueble, por ejemplo, con dinero obtenido mediante herencia. En este punto, generalmente, en un momento de confianza matrimonial, no se suelen estipular en las escrituras que se adquiere el bien con dinero privativo. Esto suele conllevar litigios en el momento de la liquidación, puesto que la sociedad de gananciales, en principio, está en dueda con el patrimonio del cónyuge que aportó a la sociedad dinero privativo de la herencia. Pero, en esos momentos, el cónyuge beneficiado suele ceñirse a la escritura formal que nada dice de esa aportación. En esos casos, la prueba de dicha aportación se torna esencial.

 

¿Qué es el pasivo de la liquidación de gananciales?

Antes del reparto del activo de la sociedad, hay que liquidar todas las deudas de la sociedad o, por lo menos, establecer cómo se va a hacer frente a ellas. El pasivo más habitual suele ser la hipoteca de la vivienda; si bien no debemos olvidar que también puede establecerse un pasivo a favor de uno de los cónyuges, cuando uno de estos aportó patrimonio privativo en la mejora o ampliación del patrimonio de la sociedad de gananciales.

 

¿Cuales son las deudas a favor de la sociedad de gananciales?

Si con anterioridad hemos hablado de las deudas de la sociedad de gananciales con el patrimonio  de uno de los cónyuges; también podemos encontrarnos que, con patrimonio ganancial, se amplíe el patrimonio privativo de uno de los cónyuges. El ejemplo más habitual es el que se refiere  al pago de la hipoteca de un bien privativo (adquirido con anterioridad al matrimonio, por ejemplo) durante el matrimonio. En ese caso, forma parte del activo de la sociedad de gananciales los pagos realizados para la adquisición de un bien que está fuera de la sociedad. En ese caso el cóyuge beneifciado está en deuda con la sociedad de gananciales y tendrá que hacer frente a dicho devolución.

 

¿Es posible la liquidación de gananciales y mantener el matrimonio?

Por supuesto que sí; no olvidemos que en cualquier momento del matrimonio los cónyuges pueden acordar, mediante capitulaciones matrimoniales, el cambio de régimen económico matrimonial (generalmente al de separación de bienes). En ese momento se suele realizar, mediante escritura notarial, la liquidación del régimen económico matrimonial para conocer el patrimonio que va a formar parte de cada cónyuge.

 

¿Cual es el régimen económico matrimonial más adecuado para evitar conflicto ?

Debemos saber qué el régimen económico matrimonial que, por defecto, rige la mayoría de matrimonios en gran parte de España es el de gananciales; dicho régimen tiene su sentido en matrimonios en el que ambos cónyuges tienen nula independencia patrimonial y de recursos. En los tiempos actuales, ambos cónyuges trabajan o están en disposición de hacerlo; es por lo anterior que el régimen que, a priori, se amolda mejor a las presentes circunstancias es el de separaicón de bienes. Si bien, cada matrimonio  es diferente y no se puede asegurar qué regimen es el más adecuado. Si bien, la complejidad de la liquidación de la sociedad de gananciales suele generar un mayor conflicto, sobre todo cuando hay muchas aportaciones de una parte.

 

 

 

La presente resolución nos ayuda a entender que la mera liquidación del régimen económico matrimonial no es suficiente para evitar que el acreedor reclame sobre el patrimonio de ambos cónyuges, aunque sean independientes patrimonialmente como consecuencia de las capitulaciones matrimoniales.

 

En el caso que nos ocupa es la Administración del Estado y, concretamente, Hacienda quien reclama por una deuda generada entre los años 1985 y 1995 a una sociedad, que , en el momento que generó la deuda, era ganancial. El matrimonio en el año 1995 formaliza una escritura de capitulaciones matrimoniales y el patrimonio de ambos deja de pertenecer a la sociedad de gananciales, pasando a ser parte del patrimonio de cada uno.

 

Pues bien, el Abogado de Estado, en representación de la Administración, demandó al matrimonio y consiguió tanto en Primera Instancia como en Segunda, que se pudiera reclamar sobre el patrimonio de la esposa, que si bien no era la administradora de la sociedad, formaba parte de la sociedad de gananciales en el momento de generarse la deuda.

 

Es muy pedagógica la argumentación que esgrime el Tribunal Supremo, a la hora de analizar el presente procedimiento; creemos interesantes las menciones que hace el Tribunal a la resolución de19 de febrero de 1992 de este mismo Juzgador que establece:

 

"al ser las deudas contraídas por el esposo anteriores a la fecha de liquidación de la sociedad de gananciales, responde los bienes adjudicados a la mujer de las deudas contraídas por el mismo; [...] es intrascendente a estos efectos que, con posterioridad al nacimiento de la obligación, los bienes, antes gananciales, que ya estaban afectados conforme a lo dispuesto en el artículo 8 del texto refundido del Impuesto sobre Tráfico de Empresas , pasaran a ser titularidad dominical de un solo de los cónyuges, como en el caso de autos, al ser de titularidad de la esposa, [...] y que en tal aspecto el artículo 1.317 del Código Civil señala que "la modificación del régimen económico matrimonial no perjudicará en ningún caso los derechos ya adquiridos por terceros... por lo que, se subraya, que según la jurisprudencia para el caso en que los bienes adjudicados a uno de los cónyuges respondan por deudas anteriores a cargo de la sociedad matrimonial, sea innecesario declarar la nulidad o invalidez total o parcial de las capitulaciones modificativas, puesto que no se trata de cuestionar la propiedad de unos bienes anteriormente gananciales y después adjudicados a la esposa, sino hacer efectivos sobre ellos los derechos de terceros adquiridos con anterioridad a la modificación del régimen económico matrimonial"

 

 

Es decir, que el Juzgador no cree que las capitulaciones sean nulas, ni que las adjudicaciones sean incorrectas, si no que las duedas anteriores a la liquidación forman parte del pasivo de la sociedad y si en el momento de la firma no se liquidaron, no significa que se pueda hacer posteriormente. 

 

Al hilo de lo anterior, el Tribunal Supremo vuelve a referirse a lo argumentado por este Tribunal en fecha 19 de febrero de 1992:

 

"Toda modificación del régimen económico matrimonial implica que los bienes gananciales han de responder directamente frente al acreedor del marido por las deudas por éste contraídas, señalando la responsabilidad del cónyuge no deudor con los bienes que le hayan sido adjudicados, es decir, que existe una responsabilidad de los bienes gananciales, que no desaparece en estos casos por el hecho de esa atribución, lo que determina que, aun después de la disolución de la sociedad puedan accionar los acreedores, contra los bienes consorciales que hubiesen, incluso, sido adjudicados a cada uno de los cónyuges no deudor, en exacta cobertura aplicatoria del artículo 1.401 del Código Civil que dice así: "mientras no se hayan pagado por entero las deudas de la sociedad, los acreedores conservarán sus créditos contra el cónyuge deudor. El cónyuge no deudor responderá con los bienes que le hayan sido adjudicados, si se hubiese formulado debidamente inventario judicial o extrajudicial"

 

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Por tanto, en el caso que nos ocupa, el Tribunal Supremo otorga la razón a la Administración del Estado, ya que entiende que responde el patrimonio de ambos cónyuges de la dueda contraída con anterioridad a la liquidación del régimen económico matrimonial de gananciales; no siendo suficiente la propia liquidación para eximir al patrimonio, de orgien ganancial, de  responder de las deudas de la sociedad conyugal.

 

Sentencia del Tribunal Supremo 638/2014 respecto a  las deudas gananciales, y la obligación de pago de ambos cónyuges pese a la liquidación ganancial, puesto que ésta es posterior al origen de la deuda. 

 

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Si bien la Jurisprudencia se ha manifestado en innumerables ocasiones sobre la  figura de la Pensión Compensatoria, creemos que es muy interesante la lectura de la resolución que analizamos. Cierto es que nos adelantamos a las conclusiones del presente artículo, pero es muy pedagógica la diferenciación que se desprende de la resolución entre la igualdad de resultados tras el divorcio y la igualdad de oportunidades que es al fin al cabo la finalidad, descrito con conceptos más políticos que jurídicos, de la pensión compensatoria.

 

La parte recurrente entiende que no ha habido una aplicación correcta del artículo 97 del Código civil, y, por tanto, entiende que es acreedor de una pensión compensatoria. Estamos hablando de un matrimonio de larga duración y en el que la recurrente ha asumido un papel mayor en el trabajo en el hogar, teniendo, al disolverse el vínculo matrimonial, una situación económica mucho peor que la de la otra parte y, además, una nula expectativa de mejorar dada la edad de la misma

 

Es importante recordar el artículo del Código civil y, por supuesto, los requisitos que el Tribunal Supremo entiende que son esenciales para la estimación de dicha pensión:

 

"El artículo 97 CC exige que la separación o el divorcio produzcan un desequilibrio económico en un cónyuge, en relación con la posición del otro, para que surja el derecho a obtener la pensión compensatoria. En la determinación de si concurre o no el desequilibrio se deben tener en cuenta diversos factores, como ha puesto de relieve la STS 864/2010, de Pleno, de 19 enero . La pensión compensatoria -declara-"pretende evitar que el perjuicio que puede producir la convivencia recaiga exclusivamente sobre uno de los cónyuges y para ello habrá que tenerse en consideración lo que ha ocurrido durante la vida matrimonial y básicamente, la dedicación a la familia y la colaboración con las actividades del otro cónyuge; el régimen de bienes a que han estado sujetos los cónyuges en tanto que va a compensar determinados desequilibrios, e incluso, su situación anterior al matrimonio para poder determinar si éste ha producido un desequilibrio que genere posibilidades de compensación. De este modo, las circunstancias contenidas en el artículo 97.2 CC tienen una doble función:

 

a) Actúan como elementos integrantes del desequilibrio, en tanto en cuanto sea posible según la naturaleza de cada una de las circunstancias.

 

b) Una vez determinada la concurrencia del mismo, actuarán como elementos que permitirán fijar la cuantía de la pensión. A la vista de ello, el juez debe estar en disposición de decidir sobre tres cuestiones:

 

1) Si se ha producido desequilibrio generador de pensión compensatoria .

 

2) Cuál es la cuantía de la pensión una vez determinada su existencia.

 

3) Si la pensión debe ser definitiva o temporal"

 

Llegados a este punto, y en consonancia con la reflexión que hacíamos en nuestra introducción, debemos recordad lo que expresó el Tribunal Supremo en el 4 de diciembre de 2012 respecto a la pensión compensatoria: "por desequilibrio ha de entenderse un empeoramiento económico en relación con la situación existente constante matrimonio que debe resultar de la confrontación entre las condiciones económicas de cada uno, antes y después de la ruptura. Puesto que por su configuración legal y jurisprudencial la pensión compensatoria no tiene por finalidad perpetuar, a costa de uno de sus miembros, el nivel económico que venía disfrutando la pareja hasta el momento de la ruptura, sino que su objeto o finalidad legítima es lograr reequilibrar la situación dispar resultante de aquella, no en el sentido de equiparar plenamente patrimonios que pueden ser desiguales por razones ajenas a la convivencia, sino en el de colocar al cónyuge perjudicado por la ruptura del vínculo matrimonial en una situación de potencial igualdad de oportunidades laborales y económicas respecto de las que habría tenido de no mediar el vínculo matrimonial..."

 

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Por tanto, y volviendo al análisis estricto de esta resolución, debemos concluir que finalmente se otorga al recurrente dicha pensión compensatoria, toda vez que quedó acreditada la dedicación exclusiva que la recurrente invirtió en las atenciones familiares, lo que conllevó una pérdida sustancial en sus expectativas laborales.

 

Debemos tener en cuenta que en el caso que nos ocupa dichas expectativas se ven empeoradas por la edad de los cónyuges y los años de matrimonio; es decir, que la reflexión del Juzgador y jurídica previa habría sido otra si el matrimonio hubiera sido más corto, y si la edad del reclamante de la pensión hubiera sido menor, puesto que la finalidad de la pensión no es igualar patrimonios si no reconocer el perjucio que conlleva el divorcio para el cónyuge que debe afrontar una nueva vida sin el apoyo de la sociedad de gananciales y, lo más importantes, con pocas expectativas laborales en parte al papel que jugó en el matrimonio.

 

Sentencia del Tribunal Supremo 655/2014 respecto a la Pensión Compensatoria y su determinación.  

 

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Estamos ante una notificación por la que el Juzgado cita a las partes, esta vez, y una vez aprobado el inventario, para la liquidación y reparto de la masa ganancial. Como se aprecia en dicha notificación se otorga  a las partes la posibilidad de contestar verbalmente o por escrito a la propuesta de la parte contraria. Además es obligatorio asisitir con Abogado y Procurador. Si el acuerdo no es posible, estamos en un procedimiento en el que la figura de los peritos torna en esencial, en ese mismo acto se podría informar a las partes de esa situacion y se nombrarían.

 

 

Diligencia por la cual el Juzgado cita a las partes para comparecer en el Juzgado para la liquidación y reparto.

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En el presenta artículo les mostramos la Diligencia de Ordenación que, normalmente, notifica el Juzgado cuando la demanda ha sido  presentada y formalmente ha sido aceptada la misma. Si es así se cita a las partes para una comparecencia cuya finalidad es intentar llegar a un acuerdo en el cual quede cerrado el inventario de la Liquidación del Régimen Económico Matrimonial.

 

Debemos indicar que, habitualmente, se producen conversaciones entre las partes antes de dicha comparecencia, en aras de llegar a la cita con alguna posibilidad de solucionar y aprobar un acuerdo de liquidación del régimen económico matrimonial que satisfaga a las partes. 

 

 

Diligencia por la cual el Juzgado cita a las partes para comparecer en el Juzgado e intentar llegar a un acuerdo en la formación del inventario.

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En el presente artículo les facilitamos uno de nuestros modelos de demanda presentados recientemente. Creemos que esta demanda representa un buen ejemplo de lo que podríamos llamar demanda de formación de inventario. Sobre todo porque abarca la complejidad que conlleva el desglose de un pasivo y activo, y la dificultad que conlleva el enumerar  ambos conceptos. En este punto, esta demanda, en su finalidad, reclama para la parte demandante la devolución de todas las aportaciones privativas a la sociedad de gananciales. Este procedimiento viene precedido de una negociación que no fructificó. Cuando esto ocurre la demanda debe contener toda la información posible, aportar la documentación que corrobore nuestras alegaciones y  un minuciosa contabilización del activo y el pasivo, puesto que no podremos aportar nada nuevo a partir de la presentación.

 

La liquidación de gananciales es un procedimiento complejo pero simple a la vez; complejo de apariencia como se puede apreciar en la demanda, pero teniendo claros los conceptos que representan el activo y el pasivo, dicha complejidad no es tal. 

 

 

Modelo de Demanda de Formación de Inventario 

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Resolución que nos ayuda a aclarar y a ilustrar a nuestros clientes la diferencia entre las obligaciones originadas en la adquisición de un bien y las cargas matrimoniales. En muchos casos, como es en este, se puede entender que el Juzgado de Primera Instancia valora que el pago que debe hacer el ex conyuge no custodio abarca el pago del préstamo hipotecario.Si bien, como aclara el propio Tribunal Supremo, dicha obligación es independiente pero irrenunciable

 

El recurrente requiere que no se le establezca la obligación de pago de un bien privativo de su ex cónyuge, como carga del matrimonio. Dicha apreciación tiene su apoyo en una jurisprudencia que claramente establece que "La noción de cargas del matrimonio, dice la sentencia de 31 de mayo de 2006 , debe identificarse con la de sostenimiento de la familia, debiendo ser atendidas tales cargas por ambos cónyuges en cuanto abarcan todas las obligaciones y gastos que exija la conservación y adecuado sostenimiento de los bienes del matrimonio y los contraídos en beneficio de la unidad familiar, considerándose también como contribución el trabajo dedicado por uno de los cónyuges para la atención de los hijos comunes ( artículo 103-3ª del Código Civil ) . Pero no cabe considerar como cargas del matrimonio los gastos generados por ciertos bienes que, aun siendo de carácter común, no son bienes del matrimonio, pues precisamente el régimen económico vigente durante la convivencia matrimonial ha sido el de separación de bienes que excluye cualquier idea de patrimonio común familiar"

 

Teniendo razón por tanto el recurrente en entender que las obligación de pagar la hipoteca de un bien privativo no debe incluirse dentro de las cargas del matrimonio; debemos, primero, que entender que una vez disuelto el matrimonio no existen cargas del matrimonio, si bien obligaciones alimenticias con los menores y, en su caso, el posible pago de una pensión compensatoria. Por lo que cualquier referencia que haga el juzgado al pago, como en este caso, de la hipoteca de un bien de la que los dos son obligados, debe incluirse dentro de una apreciación paralela y obvia, pero que no es objeto del procedimiento

 

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Por todo lo anterior, se desestimó la sentencia recurrida, porque el Tribunal Supremo reconoce que el pago de la hipoteca no es una obligación matrimonial, pero es que el Juzgado de Primera Instancia también lo entiende así; puesto que simplemente hizo mención al pago de la hipoteca como una obligación obvia, al ser ambos obligados hipotecarios. Y no se estableció en la sentencia de primera instancia como una obligación aparejada al matrimonio o a las consecuencias del divorcio, si no como una apreciación pedagógica para las partes.

 

Sentencia del Tribunal Supremo 72/2014 respecto a las Cargas Matrimoniales y su diferenciación respecto al pago de bienes no matrimoniales.  

 

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Es habitual, en estos momentos en los que el Legislador parece que va a defender la guarda y custodia compartida y, antes de eso,  ya la jurisprudencia, pensar que es momento de solicitar, mediante la vía de modificación de medidas paternofiliales en los casos que ya está regulada, la custodia para ambos progenitores

 

Pues bien, el objeto de este artículo es aclarar, en el momento actual por supuesto, cual es el objeto de la modificación de medidas y lo que previsiblemente podría ocurrir. Como regla general debemos partir de la idea de que la modificación de medidas paternofiliales debe estar fundamentada en unas circunstancias que hubieran variado respecto a las que regían en el  momento que se aprobaron las medidas paternofiliales.  




Por tanto, debemos partir de ese cambio sustancial, puesto que si eso no ocurre el Juzgado va a remitirse, en su mayoría, a lo que ya está regulado; y más si esas medidas llevan aplicándose un tiempo prudencial. Debemos tener en cuenta que, pese a lo que pueda parecer con la modificación legislativa, el objetivo sigue siendo buscar la mejor situación del menor. Por tanto si las circunstancias no varían, en principio partimos con desventaja a la hora de modificar las medidas paternofiliales.

 

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Eso si, con la nueva Ley, se puede prever que en caso de modificaciones sustanciales de las circunstancias que originaron las medidas paternofilales vigentes, las posibilidades de poder obtener una custodia compartida podrían ampliarse; si bien hay que ser cautos, ya que la redacción legal es una cosa y la realidad judicial y social es otra.

 

No olvidemos, y no podemos dejarlo a un lado, que una custodia compartida exige que el ámbito del menor no varíe en exceso, que las viviendas de ambos progenitores estén cerca o que compartan una vivienda durante un plazo, cada progenitor, para ejercer ahí la custodia compartida (lo que exige que cada uno tenga a su vez otra vivienda donde residir en los periodos en los que no tenga la custodia).

 

Por tanto, este artículo es un apunte a lo que se nos viene con la nueva legislación, que probablemente propiciará una  ingente solicitud de modificación de medidas paternofiliales, que la jurisprudencia irá matizando y racionalizando.


 



 


 

 

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Resolución 5966/2013 de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, que nos permite profundizar aún más en la figura de la custodia compartida, mientras se aprueba el nuevo texto legislativo que apoyará dicha figura, que empieza a tener un reconocimiento real en la Jurisprudencia. 

 

La particularidad de esta Sentencia se centra en saber el papel que juega el Informe favorable o no de Fiscalía. En la resolución que adjuntamos se decide otorgar la guarda y custodia, antes de llegar al Tribunal Supremo, a uno de los progenitores. Para justificar dicha decisión se tuvo en cuenta la relación entre los padres y que no hubiera un Informe de Fiscalía que favoreciera la custodia compartida.

 

Llegados a este punto y una vez marcado cual es el objeto de la Casación, que no es otra que se determine una custodia compartida, nos parece de especial trascendencia  la valoración que hace el Ministerio Fiscal sobre este recurso: "En el presente caso siguiendo los criterios recogidos en las recientes sentencias de esa Sala entendemos con la parte recurrente, que no puede denegarse la custodia compartida solo en base a la mala relación de los cónyuges y a la inexistencia de informe favorable del Fiscal, en primer lugar porque el informe del Ministerio Público no es vinculante y en segundo lugar porque no se deduce de los hechos probados que la mala relación entre los progenitores perjudique el interés de los menores y además porque conforme a la citada jurisprudencia la guarda y custodia compartida no es una medida excepcional, sino que debe considerarse deseable en interés de los menores, porque permite que sea efectivo el derecho que los hijos tienen a relacionarse con ambos progenitores, aún en situaciones de crisis como la presente, en la que no se han visto lesionados sus derechos fundamentales, razones todas ellas que nos llevan a interesar la estimacióndel presente recurso"

 

De lo anterior se deduce claramente que es aplicable la línea jurisprudencial del Tribunal Supremo que establece que es al "Juez al que, en el marco de la controversia existente entre los progenitores, corresponde valorar si debe o no adoptarse tal medida considerando cuál sea la situación más beneficiosa para el niño"

 

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Dado que el informe psicosocial describe, en beneficio de los menores, una relación muy positiva con los progenitores y en primera instancia ya se otorgó un régimen de visitas tan amplio que le acercaba a la propia guarda y custodia compartida; el Tribunal Supremo definitivamente resuelve otorgando la guarda y custodia compartida, siendo el reparto de la custodia por semanas, recogiendo el progenitor, que ejerza la custodia esa semana,  a los menores los lunes en el colegio; otorgando una visita entre semana al progenitor que no tenga la custodia en ese momento.

 

Sentencia 5966/2013 de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, de 17  de Diciembre de 2013, por la que se otorga la custodia compartida, en aras del beneficiar a los menores, siguiendo la doctrina reciente del Tribunal Supremo.

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En este apartado vamos a resumir la negociación extrajudicial en las extinciones de condominio, dejando para apartados más específicos un análisis más profundo de la materia.

 

Debemos tener en cuenta que el artículo 400 del Código civil que establece que "ningún coopropietario estará obligado a permanecer en la comunidad”.  Partiendo de esta base legislativa, dejando a parte complejidades que pueden surgir como, por ejemplo, derechos de uso, etc.., los copropietarios deben asumir que el derecho antes descrito se puede ejercitar en vía judicial, desde el momento que una negociación tendente a la extinción de condominio no fructifica



Por lo tanto, la negociación extrajudicial, en  muchos casos, puede llegar a ser fundamental y aconsejable en aras de evitar mayores costes que, en algunos casos, pueden conllevar resoluciones judiciales menos satisfactorias para los clientes.

 

Es por todo lo anterior que, una negociación extrajudicial previa a la reclamación judicial, es muy interesante. Nos ayuda, por otro lado, a conocer la postura de las partes. Debemos tener en cuenta, que la extinción de condominio puede formalizarse, como veremos en otros apartados, de muchas formas: adjudicando todo el bien a uno de los copropietarios, siendo la compensación el conflicto; la venta del bien, etc....

 

A lo anterior, debemos valorar los porcentajes de propiedad, si existen cargas en la vivienda y, en su caso, el capital pendiente, etc...

 

Conocer a fondo las circunstancias de  las partes y del bien, nos ayuda a analizar cuales son los límites de la negociación.  En otro apartado, analizaremos la formalización de dicho acuerdo; pero no debemos olvidar que en este tipo de negociaciones son muchas las cuestiones a valorar, y en su conjunto podemos concluir las posibilidades de acuerdo y la conveniencia del mismo

 

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Resumiendo lo anterior, creemos que, y la práctica nos avala, que la negociación extrajudicial en las extinciones de condominio son una gran herramienta de resolución de conflictos y, en todo caso, nos ayuda a conocer profundamente las circunstancias del caso en el momento que debamos ir a la vía judicial por falta de acuerdo.


 

 


 

 

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Sentencia 509/2013 de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo nos permite conocer la acción de retracto de comuneros y, especialmente, el plazo que disponen los cotitulares para ejercer dicho derecho.

 

Como cuestión previa, en aras un mejor entendimiento del lector, debemos recordar la figura del retracto legal, regulado en nuestro Código civil en los artículos 1521 y siguientes. El artículo 1521 nos ayuda a comprender cual es el derecho que ampara dicho retracto, indicando que "es el derecho de subrogarse, con las mismas condiciones estipuladas en el contrato, en lugar del que adquiere una cosa por compra o dación en pago"; para el caso que nos ocupa entendemos que  es interesante el principio que establece el artículo 1522: "el copropietario de una cosa común podrá usar del retracto en el caso de enajenarse a un extraño la parte de todos los demás condueños o de alguno de ellos."

 

 Por tanto, todo cotitular tiene derecho a ejercer el retracto legal y a subrogarse en la posición del adquirente de una parte de la propiedad de la que él es dueño, amparando un derecho preferente del cotitular frente a terceros.

 

De todos modos, y esta es la principal controversia que dilucida esta resolución, dicho retracto, en aras de la seguridad jurídica del tercero comprador, tiene un plazo para ejercitarse de 9 días; concretamente el artículo 1524 del Código civil establece que "no podrá ejercitarse el derecho de retracto legal sino dentro de nueve días contados desde la inscripción en el Registro, y en su defecto, desde que el retrayente hubiera tenido conocimiento de la venta."


Pues bien, y ya profundizando en la presente resolución, el demandante ve inadmitidas sus pretensiones tanto en Primera Instancia como en la Audiencia; las mismas se fundamentan en ejercer su derecho de retracto por la adquisición de una empresa de la mitad indivisa de un inmueble de la que ellos tienen la otra mitad. Debemos aclarar, puesto que es trascendental en este caso,  que dicha adquisición se produjo tras un una subasta (por una ejecución hipotecaria), en la que se aprobó el remate  a favor de un ejecutante que, a su vez, ejerció su derecho de cesión a  un tercero el cual es la parte demandada en este asunto.


Una vez aclarada cómo se produjo la adquisición, debemos indicar que tanto en Primera Instancia como en la Audiencia se desestimó la pretensión de retracto legal del demandante, puesto que el plazo que otorga el artículo 1524 se había cumplido. Concretamente la Audiencia entendia que "si la acción de retracto se puede ejercitar por el comunero si conoce todos los términos de la transmisión como consecuencia del auto de adjudicación o incluso antes del dictado de ese auto, es obvio que en el caso presente los conocía y por ende pudo ejercitar su acción desde entonces y sin necesidad en modo alguno de esperar a que se cediera el remate o que transcurriera el plazo para efectuarlo"

 

Entiende la Audiencia que dicho plazo empieza desde que se dictó el auto de adjudicación y, por tanto, es independiente de la cesión posterior que se produjo en este caso.

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Pues bien, el Tribunal Supremo no lo entiende así, al expresar, en el Fundamento de Derecho Tercero de esta Sentencia que:  "teniendo en cuenta que en fecha 17 de enero de 2008 no se produjo la adjudicación y quedaba pendiente de la posible cesión del remate a tercero, no se ha seguido la doctrina de esta Sala, que cita el recurrente, expresada en sentencias de 14 diciembre 2007 , 26 febrero 2009 y 1 abril 2009 . Esta última, que se remite a las anteriores, afirma que en caso de subasta judicial, sólo si consta el conocimiento de la transmisión -aprobación judicial del remate y adjudicación al rematante- será éste el "dies a quo"; en otro caso, la inscripción en el Registro de la Propiedad. En el caso, los actores no estaban obligados a seguir la evolución de los autos judiciales para comprobar a quién y en qué fecha tenía lugar la adjudicación. Les bastaba estar pendientes del Registro de la Propiedad para ejercer su derecho de retracto"

 

Por tanto, y a modo de conclusión, el Tribunal Supremo si estima que dicho retracto se ejerció correctamente, dentro del plazo que establece la Ley, puesto que los copropietarios lo hicieron dentro del plazo de los 9 días desde que finalmente se adjudicó. Como establece el Fallo de la Sentencia, esto conlleva que se declare "el derecho de los demandantes a retraer la porción de la finca transmitida a la demandada, a la que condenamos a estar y pasar por dicha declaración y a otorgar a favor de aquellos la correspondiente escritura de venta en las mismas condiciones en que se realizó la adquisición, recibiendo en el acto el precio satisfecho y el importe de los gastos que procedan, bajo apercibimiento de ser otorgada de oficio y a su costa."

 

Sentencia 509/2013 de la la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo. Nos permite conocer el derecho de retracto legal, el plazo para ejercerlo y, más concretamente, momento en el que dicho plazo empieza a contar.


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Resolución de la Audiencia Provincial de Madrid que aclara que la adjudicación del uso familiar de la vivienda, en un procedimiento de divorcio con menores, no debe limitar la posible posterior extinción de condominio en el pertinente procedimiento de liquidación del régimen económico matrimonial.

 

Si bien la presente resolución hace mención a otros aspectos jurídicos (como la matización de la pensión compensatoria), nos vamos a centrar en la limitación, que la Audiencia finalmente fija, sobre la adjudicación de la vivienda familiar en un asunto de divorcio. 

 

Concretamente, la Audiencia expresa que "con independencia de la naturaleza jurídica del derecho de uso concedido al amparo del artículo 96 del C.C., cuyo carácter de derecho real niegan las recientes sentencias de nuestro Tribunal Supremo desde abril de 1994; este derecho de uso no puede impedir o suspender las operaciones liquidadoras, ni las dimanantes de la "actio comuni dividundo" en los términos prevenidos en el art. 404 del C.C., que podrá, en su caso, consolidar, por la adjudicación al que lo usa un derecho exclusivo con la plenitud de los derechos dominicales según prescriben los artículos 348 y siguientes del C.C. o la posibilidad, en otro caso, de su venta a un tercero y reparto del precio a las partes que en tal forma podrían atender, con el producto recibido, a sus necesidades de alojamiento y a las de sus hijos. Estando pues bien otorgado en el caso el uso del domicilio familiar en virtud de lo dispuesto en el art. 96 del C.C.; su límite estará en lo que pueda resultar de la liquidación del régimen económico matrimonial..."

 


Por tanto, la Audiencia sí fija, a diferencia del Juzgado de Primera Instancia, una limitación del uso de la vivienda familiar si, posteriormente, se produce un acuerdo o una resolución que modifique la situación actual de la vivienda

 

 

 

 

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En el Fallo la Audiencia concluye que "el uso concedido del domicilio familiar tendrá el límite de lo que resulte de la liquidación del régimen económico matrimonial, adjudicación o venta". 

 

Esta resolución, como bien expresábamos al principio, nos permite aclarar que, si bien existe una adjudicación de la vivienda familiar para el cuidado del menor/es, eso no imposibilita la extinción del condominio de acuerdo a los parámetros que posteriormente se fijen,


Sentencia 409/2010 de la Audiencia Provincial de Madrid. Interesante en lo referente a la limitación del uso familiar de la vivienda para el caso de acordarse una adjudicación distinta en la liquidación del régimen en la que, así consta, se va a proceder a extinguir el condominio.

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Resolución de la Audiencia Provincial de Madrid que nos permite entender cual es la vía adecuada para reclamar las cuotas pagadas en la adquisión de un bien que, a su vez, es objeto de un procedimiento de extinción de condominio

 

La motivación del recurrente se basa en que el Juzgado de Primera Insatancia, a la hora de fijar la extinción de condominio, estableció un reparto, una vez pagada la hipoteca vigente, del 50% para cada uno de los cotitulares, sin tener en cuenta el exceso de pago de cuotas en la adquisición por parte del recurrente

 

En este caso la Audiencia Provincial no puede ser más clarificadora, al indicar que "La certificación del Registro de Propiedad hace fe de su autenticidad frente a terceros con arreglo al principio de publicidad registral, por lo que si consta que la vivienda y trastero del edificio B, portal NUM000 , NUM001 , puerta NUM002 , de la Urbanización DIRECCION000 , en los Llanos, de Collado Villalba, es propiedad al 50% de los litigantes, resulta obligado partir de dicha premisa jurídica para el examen del asunto controvertido. Todo ello sin perjuicio de la ulterior liquidación que haya de hacerse en cuanto a la atribución del pago de las cuotas de la hipoteca que grava dicha propiedad en su conjunto. Lo cual debió plantearse por el apelante mediante la oportuna reconvención que no ejercitó, por lo que deberá reservarse, en su caso, para otro pleito".

 

 

 

 


Resumiendo lo anterior, la Audiencia entiende que la extinción de condominio tiene como única finalidad la de amparar el principio establecido en el artículo 400 del Código civil, consistente en que "ningún copropietario estará obligado a permanecer en la comunidad". Por tanto, las cuotas deberán reclamarse en el momento de la liquidación de la extinción o en un pleito posterior.

 

Para lo anterior, el recurrente debería haber ejercido la reconvención con el traslado de la demanda para la contestación, siendo la opción que tiene en ese momento de reclamar en el reparto de las ganancias, una vez que se abone la deuda pendiente de la hipoteca.


 

 

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Podemos concluir, por tanto, que debemos tener claro qué finalidad tiene el procedimiento de extinción de condominio, que no es otra que la de finalizar la con la cotitularidad cuando uno de los copropietarios quisiera dejar de serlo. Si las cuotas en su adquisición son distintas las partes deben hacerlo constar en la liquidación o reclamando dicha situación en la propia extinciónd de condominio. Es muy importante que, pese a que la razón esté de nuestro lado, ejercer los derechos en el procedimiento adecuado, puesto que podemos encontrarnos en stuaciones como la presente, en la que un ejercicio erróneo de la vía de reclamación conlleva la demora en el cobro.


Sentencia 255/2009 de la Audiencia Provincial de Madrid. La resolución ilustra al lector sobre la reclamación de cuotas en la adquisición de un bien mientras se sustancia la extinción de condominio.

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Resolución de la Audiencia Provincial de Madrid que nos permite realizar un ejercicio pedagógico sobre la  distinción de la comunidad de bienes respecto a la aportación dineraria en la compra de bienes de un tercero.

 

En la resolución que les aportamos la Audiencia Provincial, como cuestión previa, expresa que la mera convivencia no debe hacer entender que las adquisiciones se realizan en calidad de cotitulares,  puesto que no existe un régimen económico de gananciales que riga su situación, al no existir matrimonio

 

Dicha aclaración es pertinente puesto que la resolución en Primera Instancia entiende que el poseedor unos muebles debe compensar a  la persona que aportó dinero en su adquisición, al ser unos bienes que formaron parte de la vivienda del demandado, siendo su poseedor desde el momento de su adquisición.  



El demandado en Primera Instancia recurre a la Audiencia puesto que entiende que dichos bienes son adquiridos por ambos, y que estamos ante una comunidad de bienes, siendo el procedimiento adecuado, en opinión del recurrente, el de la extinción de condominio.

 

Pues bien, como expresa la presente resolución "no es posible es pretender que la demandante deba acceder a una supuesta actio comuni dividundo, cuando lo acreditado es que se invirtió por la misma la suma de dinero que hoy es objeto de reclamación en unos muebles, y que dichos muebles fueron llevados al domicilio del demandado, quien desde dicho momento ha tenido la posesión de los mismos, por lo que el mismo es deudor de la cantidad que la misma entregó para la adquisición de los mismos..."


 

 

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Podemos concluir que la Audiencia desestima las pretensiones del reclamado, puesto que quedó acreditado en Primera Instancia las aportaciones realizadas en la compra de unos bienes que, en ningún caso, formaron parte de un condominio, toda vez que pasaron a posesión del demandado desde su compra, por lo que éste deberá compensar las aportaciones realizadas por el tercero en su adquisición


Sentencia 575/2011 de la Audiencia Provincial de Madrid. La resolución ilustra al lector sobre la distinción de la extinción de condominio y  la reclamación de aportaciones a la compra de bienes de un tercero


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Interesante Sentencia del Tribunal Supremo, en la que aprecia la existencia, dentro del matrimonio, de una sociedad universal regulada en los artículos 1672  y siguientes del Código Civil. De esta forma el Tribunal Supremo aprecia que la adquisición de bienes y la constitución de sociedades se realizó para beneficio de una sociedad formada por el matrimonio, revocando así la aparente adquisición privativa  de los bienes al existir capitulaciones matrimoniales que establecían un régimen de separación de bienes.

 

Estamos ante una resolución tremendamente intresante, puesto que en Primera Instancia se inició el procedimiento ya que la parte demandante entendía que las Capitulaciones Matrimoniales eran nulas de pleno derecho y, por tanto, el régimen económico matrimonial que regulaba el matrimonio era el de la sociedad de gananciales. La finalidad de dicha pretensión era apreciar la cotitularidad de adquisiciones realizadas con posterioridad a la firma de Capitulaciones Matrimoniales que modificaban el régimen económico matrimonial vigente por el de separación de bienes, propiciándose así el carácter privativo de ciertos bienes  sociedades. Para apoyar dicha nulidad la parte demandante aportó contratos  que apreciaban la verdadera intención de los cónyuges que, según esta parte, era la de establecer una sociedad de gananciales de facto.


 En primera Instancia se denegó dicha pretensión pero en la Audiencia sí entendió que "lo que realmente deseaban es poner en común los bienes obtenidos durante su vida matrimonial; y no simplemente porque sí, como ocurre en una sociedad matrimonial de gananciales, en los que uno de los cónyuges se puede dedicar a una activida comercial, industrial o profesional de la que surgen los rendimientos económicos de los que la familia se nutre y el otro cónyuge al cuidado de la casa, hijos, etc., que permite precisamente que el primero pueda trabajar  obtener ganancias, sino porque ambos cónyuges se han dedicado conjuntamente y durante muchos años a la actividad industrial que ha propiciado la obtención de rendimientos económicos con los que se han obtenido los bienes materiales actualmente existentes, que el Sr. Alejandro reivindica ahora como de su exclusiva propiedad"; concluyendo finalmente que  no estamos "en una sociedad irregular como equivocadamente la denomina la Juzgadora de instancia, sino en una sociedad universal de bienes y de ganancias, a la que se refieren los artículos 1.672 y siguientes del Código Civil , que implica que todos los bienes presentes son propiedad de los socios en régimen de copropiedad ordinaria, a los que se aplican las normas atinentes a la comunidad de bienes de los artículos 392 y siguientes del propio Código"


 

Para llegar a lo anterior, la Audiencia se basó en acuerdos privados y en las declaraciones de las partes, de las que se desprendía que, si bien el régimen económico matrimonial era el de separación de bienes, los bienes objeto de litigio pertenecían a una sociedad que ambos crearon, puesto que se prueba el ánimo de las partes a que dicha sociedad se generara. 

 

La apreciación de la Audiencia es ratificada por  el Tribunal Supremo; como establece el Fundamento  de Derecho Cuarto de le mencionada resolución "la Audiencia valoró las pruebas practicadas en el procedimiento, especialmente las documentales y el propio interrogatorio en juicio de los litigantes, para verificar si concurrían los elementos caracterizadores del contrato de sociedad universal de bienes y ganancias, a la que se refieren los artículos 1672 y siguientes del Código Civil que ahora se cuestiona. La existencia o inexistencia de un contrato constituye, a los fines de la casación, cuestión de hecho y, como tal, su constatación por medio de la prueba es facultad privativa de los tribunales de instancia, cuya apreciación ha de ser mantenida y respetada en casación en tanto no sea desvirtuada por el cauce procesal adecuado, el cual no es, en ningún caso, el recurso de casación (entre otras muchas, sentencias 633/2008, de 4 de julio , 593/2010, de 29 de septiembre , 164/2012, de 23 de marzo )"

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Debemos recordar aquí que el artículo 1674 del Código Civil establece que  En la sociedad universal de todos los bienes presentes, pasan a ser propiedad común de los socios los bienes que pertenecían a cada uno, así como todas las ganancias que adquieran con ellos. 


Concluyendo debemos indicar que la evolución del procedimiento es interesante,  puesto que las partes, en un primer momento, se centran en apreciar el litigio dentro de los parámetros de los regímenes económico matrimoniales; sobre la apreciación o no del carácter privativo  de unos bienes que se adquieron bajo el régimen de separación. La nulidad de las capitulaciones, como se pretende en un primer momento, en base a los acuerdos posteriores no se aprecia por la Audiencia y Tribunal Supremo. Pero lo anterior no evita apreciar la creación por los cónyuges de una sociedad universal, regulada en los artículos 1672 y siguientes. Estamos ante Sociedades, la conyugal y la universal, que se regulan en contextos paralelos y que no tienen por qué ser incompatibles. Si de la prueba obrante se desprende la creación de una sociedad, los bienes que se adquieran tienen dicha condición, independientetemente de la sociedad económico matrimonial. Sería interesante, eso sí, poder valorar qué prueba corroboró esta versión, puesto que la decisión de los Tribunales ha sido bastante contundente para apreciar la existencia de dicha sociedad

 


Sentencia 3602/2013 de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, de 1 de Julio  de 2013, por la que se aprecia una sociedad universal durante el matrimonio.


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Dentro del apartado de reclamación amistosa (Reclamación de Deudas), valoramos en el presente artículo la fructificación de las negociaciones tendentes a evitar la vía judicial.

 

En anteriores artículos hemos valorado aspectos previos al acuerdo, como es la redacción y envío de burofax, la negociación con el deudor, etc... Si todo lo anterior no fructificara la única opción para el acreedor es iniciar la vía judicial.

 


En este caso vamos a realizar una breve introducción sobre el acuerdo con el deudor, escenario que, por otro lado, es el ideal para ambas partes, puesto que se entiende que en este caso se produce el acuerdo  al satisfacerse las necesidades del acreedor compatibilizándolo con las posibilidades de cumplimiento del deudor

 

Estamos ante la cúspide de la negociación amistosa, si la recopilación de información ha sido correcta, si los datos sobre la situación patrimonial del deudor invitan a ello, y el plazo de pago es concreto y penalizado; entendemos que se reúnen los requisitos para el cumplimiento del pago de la deuda, que es al fin al cabo la finalidad de todo acuerdo con el deudor en un asunto de reclamación de deudas.

 

Como estamos ante un apartado de introducción, avanzamos que en los acuerdos con el deudor deben ser trascendentales el contenido formal y de fondo del acuerdo, es decir la plasmación del mismo y, por supuesto, la conveniencia del acuerdo; es este último caso es importante haber realizado un estudio previo que otorgue seguridad jurídica al acreedor para el cumplimiento del pago.

 

 

Creemos que el acuerdo es la mejor forma de resolver los conflictos, puesto que la vía judicial conlleva un plazo de resolución, y no siempre se cumplen todas las pretensiones del cliente; si bien, la premisa anterior no significa que cualquier acuerdo sea válido; siempre hay que tener claros los límites que los clientes no quieren sobrepasar, ya que un acuerdo insatisfactorio olo único que va a propiciar es una vía judicial con mayores trastornos económicos para las partes. 

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Dentro de nuestra Guía Legal de Reclamación de Deudas, en este texto vamos a desarrollar un punto que podríamos llamar de resolución del conflicto, dentro del apartado que hemos denominado de reclamación amistosa.



Como se puede entender del título del presente artículo, el objetivo de este texto es aclarar la figura del reconocimiento de deuda. Su objetivo es valorar cómo debe formalizarse dicho reconocimiento y qué contenido  debe incluir

 

Desde un punto de vista formal dicho acuerdo no tiene por qué  firmarse mediante escritura pública; si bien la trascendencia pública del acuerdo y su peso jurídico puede conllevar una mayor seguridad a las partes firmantes. Por tanto, y una vez aclarado que no es preceptiva la escritura pública, debemos indicar que un acuerdo privado, firmado por ambas partes es suficiente. Se debe facilitar copia a cada uno de las partes y con ese documento sería suiciente para reclamar en vía judicial el incumplimiento del reconocimiento de deuda.

 

Analizando ya el propio contenido del reconocimiento de deuda, hay que tener en cuenta varios aspectos que debe incluir en aras de la seguridad jurídica de las partes:

 

1.- Plazo de Pago.- Es muy importante que, a parte del reconocimiento de la cuantía de la deuda, se establezca un plazo concreto de pago, puesto que en caso contrario la interpretación sobre el momento del pago se dejaría al arbitrio de las partes generando una inseguridad jurídica que sólo la vía judicial aclararía.

 

2.- Penalización; Es muy importante que el deudor entienda que el incumplimiento de lo acordado le va a conllevar unas consecuencias todavía más perjudiciales para su patrimonio. Debemos tener en cuenta que la deuda ha vencido, que se ha acordado un fraccionamiento o un plazo de pago íntegro en beneficio de las dos partes, cualquier incumplimiento repercutiría aun mas en los derechos de las partes.

oo

 

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3.- Descripción y cuantificación correcta de la deuda.-  En los dos anteriores apartados hemos mencionado aspectos esenciales para la seguridad jurídica del cumplimiento del pago de la deuda. En este apartado mencionamos otro punto no menos importante, nos referimos a  la descripción y cuantificación de la deuda. Cualquier error en el relato de los hechos que justifica el reconocimiento de deuda podría conllevar algún problema al acreedor a la hora de reclamar la deuda en vía judicial. Es por lo anterior que hay que ser muy municioso  en el momento de justificar la deuda, aportando documentación si es necesario.

 

4.- Figura del Avalista.- Trasladando una figura poco habitual en estos parámetros, podemos aportar un tercer firmante (a parte de acreedor/es y deudor/es) que sería la persona que asumiría la deuda por el incumplimiento del principal. Esta opción se puede barajar y sin duda otorga una mayor seguridad al acreedor.

 

5.- Jurisdicción.- Por último, habría que establecer una jurisidicción competente para la resolución del posible conflicto derivado del incumplimiento. Este aspecto tal vez no tenga especial trascendencia de fondo pero facilita la gestión de las partes.


 

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Dentro de nuestra Guía Legal de Reclamación de Deudas, en el presente artículo vamos a desarrollar un punto, dentro de la reclamación amistosa, de gran importancia; como es la conveniencia del acuerdo; como se entiende, dicha conveniencia debe, principalmente, cotejarse con el posible resultado de la vía judicial correspondiente.




Como anteriormente hemos resumido, en el presente texto pretendemos resolver, probablemente, la cuestión más importante que uno se plantea cuando decide profundizar en el acuerdo amistoso frente a la vía judicial. Nos referimos, por tanto, a la conveniencia del acuerdo.

 

Principalmente, para valorar si el acuerdo es conveniente, debemos realizar un análisis de la alternativa a la vía amistosa, es decir la correspondiente reclamación judicial, para ello debemos tener en cuenta varios aspectos:

 

1.- Posbilidades de Pago de la Deuda; En muchas ocasiones las posibilidades de ejecutar la deuda en vía judicial no son altas, por lo que un acuerdo por el que, en plazos razonables, se devuelva la deuda puede generar una seguridad en el pago y un menor coste a cambio. Tenemos que tener en cuenta que la vía judicial siempre está abierta y que el incumplimiento del acuerdo, o la imposibilidad de formalizarlo, no nos impide iniciar los trámites oportunos en vía judicial. Para este apartado es muy importante recordar nuesto artículo sobre la Recopilación de Información.

 

2.-  Cesión de Parte de las Pretensiones; Debemos valorar, si procuramos un acuerdo amistoso, la posibilidad de ceder parte de nuestras pretensiones, en aras de formalizar un acuerdo que posibilite al cliente un cobro más rápido y seguro. Debemos tener en cuenta que el procedimiento judicial puede conllevar unos costes adicionales que, en muchos casos, genera unos costes que no van a ser recuperados. Si bien, no debemos olvidar que el acuerdo puede adoptarse en cualquier momento, aunque se inicie la vía judicial.

 

3.- Plazo de Pago; Aparte del cobro de la deuda, debemos  valorar los plazos en los que en se va a realizar la devolución, puesto que en este tipo de acuerdos el plazo suele ser objeto de la negociación. La conveniencia del acuerdo, en muchas ocasiones, depende de las posiblidades de cobro en un plazo razonable.

oo

 

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4.- Seguridad a través de Penalizaciones; uno de los aspectos más importantes de los acuerdos amistosos consiste, entre otros puntos, en establecer una penalización al incumplidor del acuerdo que genere seguridad al acreedor en el cobro y responsabilidad en el deudor para el caso de incumplimiento. 


 

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Sentencia 2081/2013 de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, en la que se analiza la modificación de la pensión de alimentos cuando se tienen más hijos con posterioridad a que éstas se fijaran. A su vez, se analiza la figura de la deuda hipotecaria

 

Es muy interesante, en este caso, el argumentario que utiliza la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo. Para poner en precedentes al lector, debemos mencionar cuál fue la motivación de la Audiencia que entendió que no cabía la modificación de la pensión de alimentos por tener más hijos. La Audiencia expresa que: "En el caso que se examina, la variación en las circunstancias tenidas en cuenta en la elaboración del convenio por aumento de las necesidades económicas, se ha producido de forma voluntaria por el obligado a su pago, y por lo tanto no impuestas al mismo contrariamente a su voluntad, lo que determina que no pueden ser repercutidas sus consecuencia en los alimentos correspondientes a sus hijos"

 

Básicamente la Audiencia no apreció la modificación de medidas puesto que, así lo reseñamos, el obligado asumía que su situación económica se vería perjudicada si tenía más hijos y que, esa decisión voluntaria,  no puede afectar a los derechos adquiridos por sus hijos.

 


 


LLegados a  este punto, entendemos que es muy interesante la aclaración que realiza el Tribunal Supremos respecto a esta interpretación; la Sala de lo Civil, fija, como doctrina jurisprudencial que  "el nacimiento de nuevos hijos fruto de una relación posterior, no supone, por sí solo, causa suficiente para dar lugar a la modificación de las pensiones alimenticias establecidas a favor de los hijos de una anterior relación, sino que es preciso conocer si la capacidad patrimonial o medios económicos del alimentante es insuficiente para hacer frente a esta obligación ya impuesta y a la que resulta de las necesidades de los hijos nacidos con posterioridad."

 

Esta Sentencia nos aclara, en los casos en los que se pretenda solicitar una modificación de pensión de alimentos,  que, per se, no se aceptaría dicha solicitud sólo por el hecho de tener más hijos, por lo que la demanda debe dirgirse a acreditar que la situación patrimonial, en la que quedara el deudor de la pensión de alimentos,  deviene imposible para asumir el pago de la pensión vigente

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Por otro lado, apuntamos otro aspecto importante de la resolución como es el pago de la hipoteca. Se intenta argumentar por el recurrente que el pago de la hipoteca no son cargas del matrimonio y que, por tanto, no debe constar como una de las obligaciones inherentes a la separación; en este caso el Tribunal Supremo acepta esa interpretación, pero se remite a lo acordado por las partes en el Convenio Regulador. Es por ello que esta Sala aprecia que "la obligación contraída por el esposo se contiene en el convenio regulador de la separación matrimonial siendo doctrina reiterada de esta Sala que los cónyuges pueden pactar lo que consideren más conveniente sobre la regulación de las relaciones que surgen como consecuencia del divorcio o la separación ( STS de 4 noviembre de 2011 )". Interpreta, por tanto, que al ser una obligación contraída voluntariamente mediante acuerdo regulador, no procede modificar esa voluntad interpretando jurídicamente la trascendencia del pago de la hipoteca, sin tener en cuenta que dicha obligación se la impuso el mismo cónyuge con la ratificación del Convenio Regulador.


Sentencia 2081/2013 de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, de 30 de abril de 2013, en la que se fija y aclara, jurisprudencialmente, la modificación de la pensión de alimentos cuando se tengan más hijos.


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Interesante resolución, principalmente por las pretensiones de los recurrentes, puesto que se solicita declarar la nulidad de la escritura de capitulaciones matrimoniales, firmada en el año 1977, al entender que en la misma no se tuvo en cuenta la inclusión de algunos bienes y por el carácter privativo de otros . 

 

 

De la lectura de la presente Sentencia debemos, sobre todo, interesarnos por la argumentación jurídica de la resolución, puesto que el recurrente pretende declarar la nulidad de la liquidación del régimen económico matrimonial, puesto que en la misma no se tuvo en cuenta algunas circunstancias que hicieron, según argumentación del recurrente, que la formación del inventario no fuera el correcto y, como consecuencia de lo anterior, el reparto no fuera el correcto.  

 

Creemos  bastante interesante la mención que se realiza al Recurso de Casación Fundamento de Derecho Cuarto, puesto que esteblece que no es osible "traer a colación una norma posterior a las capitulaciones sin respetar los efectos jurídicos ya producidos por voluntad expresa de ambas partes que decidieron dotarlas de carácter ganancial y atribuírselas a la esposa." Es importante este aspecto puesto que los cónyuges, en el momento de la firma, reconocieron el inventario ahí presente, por lo que es trascendental de cara a conocer la dificultad que tiene intentar deslegitimar el contenido de una escritura, fundamentandolo  en base a la nulidad, cuano ha transucrrido tanto tiempo y los cónyuges reconocieron como  correctas las apreciaciones incluidas en la Escritura de Liquidación

 

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El otro Fundamento de Derecho que entendemos que es muy clarificador de lo aquí resuelto es el Quinto; lo es porque el recurrente entiende que se ha acreditado el hecho de la fiducia cum amico de las capitulaciones matrioniales; esto significa que los bienes se asignaron de una forma, en este caso a la esposa (fiduciario a estos efectos, con la intención de restablecer la propiedad de acuerdo a la verdadera realidad de la Sociedad de Gananciales. En este caso el Juzgado fue claro al establecer que la Sentencia recurrida analiza no sólo la escritura "sino los actos anteriores y posteriores a la liquidación sin advertir que hubiera una voluntad distinta de la que expresaron en ella". Por tanto, el Tribunal confirma que de los actos de los cónyuges no se desprende ninguna modificación de la realidad establecida en las escrituras. 

 

Podemos concluir que la modificación de lo que podríamos llamar reconocimiento de liquidación, es bastante compleja y difícil en vía judicial; se entiende por los tribunales que en la misma se estableció lo que los cónyuges entendía como patrimonio de la Sociedad de Gananciales y, por tanto, la nulidad debe venir amparada por una fundamentación jurídica anclada en unos hechos que, en este caso, no desvirtúan de ninguna manera la escritura de capitulaciones matrimoniales.


Sentencia 854/2013 de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, de siete de marzo  de 2013, por la que se desestima la solicitud de nulidad de la liquidación del régimen económico matrimonial


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Sentencia  7266/2012 de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo que nos sirve como ejercicio pedagógico para comprender y aclarar la figura de la pensión compensatoria, figura jurídica por la que se pretende compensar, tras divorcio o  separación, al cónyuge que sufra un desequlibrio económico respecto a su situación durante el matrimonio.

 

Antes de profundizar en la resolución objeto de este artículo, debemos recordar qué dice, en el artículo 97, el Código civil sobre la Pensión Compensatoria:

 

Artículo 97:

El cónyuge al que la separación o el divorcio produzca un desequilibrio económico en relación con la posición del otro, que implique un empeoramiento en su situación anterior en el matrimonio, tendrá derecho a una compensación que podrá consistir en una pensión temporal  o por tiempo indefinido, o en una prestación única, según se determine en el convenio regulador o en la sentencia.


A falta de acuerdo de los cónyuges, el Juez, en sentencia, determinará su importe teniendo en cuenta las siguientes circunstancias: 

1) Los acuerdos a que hubieran llegado los cónyuges.

2) La edad y el estado de salud.

3) La cualificación profesional y las probabilidades de acceso a un empleo.

4) La dedicación pasada y futura a la familia.

5) La colaboración con su trabajo en las actividades mercantiles, industriales o profesionales del otro cónyuge

6) La duración del matrimonio y de la convivencia conyugal.

7) La pérdida eventual del derecho de pensión

8) El caudal y los medios económicos y las necesidades de uno y otro cónyuge.

9) Cualquier otra circunstancia relevante.

 

En la resolución judicial se fijarán las bases para actualizar la pensión y las  garantías para su efectividad.

 

 

Pues bien, en la presente Sentencia se argumenta, por la parte que debe hacer frente a la pensión compensatoria, que, por un lado, "la pensión compensatoria no constituye un mecanismo equilibrador de los patrimonios" y, por otro, que el otro cónyuge "se encuentra integrada en el mercado laboral (trabaja a tiempo parcial con una jornada de quince horas), los hijos son mayores de edad y no precisan dedicación futura, no constan impedimentos de salud y nada le impide trabajar a tiempo completo aumentando así sus ingresos, esto es, falta la situación de desequilibrio o desigualdad económica resultante de la confrontación entre las condiciones económicas que la esposa gozaba durante el matrimonio y las que tiene después de la ruptura."

El Tribunal no acepta estas argumentaciones puesto que entiende que sí se reúnen los requisitos que fundamentan el desequilibrio económico que relata el mencionado artículo 97; tiene en cuenta la duración del matrimonio (22 años), la edad de la esposa, dedicación pasada  a la familia, la cualificación profesional, etc..; factores que hacen entender que se produce un desequilibrio económico fundamental para que se otorgue la pensión compensatoria. Estamos ante una figura que intenta paliar la situación del cónyuge que, como consecuencia del divorcio o separación, ha quedado en una situación de desprotección debido, en parte, al rol que tuvo durante el matrimonio. En este punto es interesante consultar nuestro artículo referente a la compatibilidad de la pensión compensatoria con la compensación por razón de trabajo en el  hogar, en el régimen económico matrimonial de separación de bienes.

 

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Por último, la Sentencia establece que, como contestación al segundo argumento del recurrente, "especular sobre la posibilidad de que pueda acceder una jornada laboral de más horas es lo mismo que especular sobre la posible extinción del empleo, más factible si cabe en una situación de crisis económica como la existente en estos momentos. En cualquier caso, ni una ni otra valoración está en el juicio de la Audiencia."

 

Podemos concluir, por tanto, que efectivamente no es objeto de la pensión compensatoria equilibrar patrimonios, finalidad que ya tiene la liquidación del régimen económico matrimonial de gananciales, si no compensar un desequilibrio que, en este caso, ha quedado acreditado.

 

Sentencia 7266/2012 de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, de 16 de Noviembre  de 2012, por la que se esclarecen los requisitos que se exigen para otorgar la Pensión Compensatoria.


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Sentencia de 25 de Octubre  del Tribunal Supremo  (655/2012), por la que se revoca la resolución de la Audiencia Provincial, confirmando la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia, al resolver que la interpretación literal del contrato hace entender el desistimiento de la parte vendedora a realizar la compraventa, lo que conlleva la aplicación de la garantía contractual consistente en unas arras pentienciales o de desestimiento, lo que que propicia la devolución, por parte de la vendedora, de los 100.000 euros que abonó en ese concepto el comprador multiplicado por dos en cumplimiento de la garantía descrita.


Lo interesante de la Sentencia, que el propio Tribunal Supremo lo advierte, es la confrontación de interpretaciones que se plantean, entre el el Juzgado de Primera Instancia y la Audiencia Provincial, del contrato objeto del litigio. La Audiencia Provincial concluye que, "al no poder determinar con certeza cuál de las dos partes no se ha ajustado a lo previsto en el contrato, esto es, al no poder imputar el incumplimiento del contrato de arras de 8 de noviembre de 2006 a una de las partes, por ello no procede aplicar el artículo 1454 del Código civil y, en consecuencia, resuelto el contrato, procede en definitiva, la devolución de las prestaciones." El Tribunal Supremo, finalmente, se decanta por la interpretación del Juzgado de Primera Instancia, ya que entiende que se ha producido un desestimiento por la parte vendedora, y el cláusulado es claro al establecer la trascendencia que eso conlleva; para argumentarlo es  de interés citar de la resolución el siguiente párrafo: "Siendo la interpretación del contrato la averiguación y comprensión de su sentido y alcance, la jurisprudencia ha destacado el canon de la totalidad de la normativa contenida en los artículos 1281 a 1289 ( sentencias de 18 de febrero de 1998 , 2 de marzo de 1998 ), dando preferencia al criterio gramatical -la llamada interpretación literal- siendo subsidiarias las demás reglas."

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El Tribunal, por tanto, estima las pretensiones de la parte compradora, puesto que el vendedor no puso a su disposición el bien a adquirir en el plazo requerido, por lo que es de aplicación las garantías que libremente habían acordado.


Sentencia 7041/2012 de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, de 25 de Octubre de 2012, por la que se concede, en base a la interpretación literal del contrato, la devolución doblada de las arras abonadas por el comprador debido al desestimiento del vendedor.


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La presente Sentencia refleja la importancia de ejercitar el recurso de casación respetando todas las exigencias procesales que este recurso exige. En el caso que nos ocupa, el recurrente pretende que se revoque la resolución de la Audiencia Provincial, por la cual se admite la legalidad de unas transmisiones de acciones de uno de los cónyuges a su hermano, con anterioridad a la liquidación del régimen económico matrimonial.

 

Pues bien, como establece el Fundamento de Derecho Tercero de la Sentencia del Tribunal Supremo:


"La parte recurrente pretende que se declare nula dicha transmisión aportando unos argumentos propios, basados en su apreciación unilateral de la prueba, lo que le lleva a incurrir en el vicio procesal de hacer supuesto de la cuestión, porque la casación no es una tercera instancia que permita revisar la prueba.


Además, introduce una cuestión nueva, también rechazable en casación, respecto a un inmueble sito en Majadahonda, y que hasta el momento de su fallecimiento, constituía la vivienda de la recurrente (...) , cuyo uso se le atribuyó en la sentencia de divorcio y sobre el que no se ha discutido nada a lo largo de este procedimiento y al que se refieren los documentos aportados y rechazados. Como se ha insistido por esta Sala, está vedado introducir cuestiones nuevas en casación, porque no es posible la mutatio libelli , so pena de producir indefensión a la otra parte, que no habrá podido defenderse a lo largo del procedimiento más que de aquello que quedó concretado en la demanda. ( STS 182/2012, de 28 marzo y las allí citadas)."

 

Por otro lado, el recurrente opta también por la vía de entender que se aprecia una simulación relativa del negocio indicado, infringiendo los artículos 1391 , 1300 , 1301 y 1302  del Código Civi. Pues bien, el Tribunal también desoye esta argumentación al entender, en el Fundamento de Derecho Cuarto, que:

  

"El presente motivo también hace supuesto de la cuestión, porque la sentencia recurrida ha declarado probado que no existía simulación de ningún tipo. Por tanto, la parte recurrente sigue haciendo supuesto de la cuestión, al intentar introducir un argumento en el sentido que si no se produjo una simulación absoluta, al menos debe entenderse que fue relativa. Deben considerarse reproducidos aquí los argumentos del anterior FJ."


Esta resolución, por tanto, clarifica y sirve de ejercicio pedagógico para entender la rigurosidad con la que se debe afrontar la Casación y, de paso, para comprender que la simulación de las transmisiones previas a la liquidación deben justificarse correctamente.

 

Acceso al texto íntegro la Sentencia del Tribunal de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo nº 346/2012, de 8 de Junio.

 

 

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La presente resolución nos ayuda a comprender la importancia de diferenciar claramente dos conceptos que, aunque parecidos, tienen finalidades distintas. El régimen de separación de bienes se fundamenta en la independencia patrimonial, pero el mismo no excluye a los cónyuges de sus obligaciones con las cargas del matrimonio; por tanto el hecho de concertar dicho régimen no significa que se de por hecho que las situaciones económicas de los cónyuges vayan a quedar parejos en el momento que se disuelva el matrimonio.

 

Es importante tener en cuenta esto último, puesto que en la resolución que analizamos determina que la pensión compensatoria, regulada en el artículo  97 del Código civil, intenta paliar el posible  empeoramiento de la situación de  uno de los cónyuges respecto a la que tenía durante el matrimonio. Pues bien, la situación que se tiene durante el matrimonio, por mucho que esté regida por un régimen basado en la separación patrimonial, viene influenciada por las exigencias a la contribución a las cargas del matrimonio que, en el régimen de separación, se  establece de forma proporcional. Dicha obligación la encontramos en el artículo 1318 del Código civil; respecto a la obligación de contribuir de forma proporcional (a falta de pacto) la encontramos en el artículo 1438 del mismo cuerpo legal.

 

Por todo lo anteriormente descrito, es interesante la lectura del Fundamento de Derecho Segundo que establece que:

 

"El art. 97 CC exige que la separación o el divorcio produzcan un desequilibrio económico en un cónyuge, en relación con la posición del otro, para que surja el derecho a obtener la pensión compensatoria. En la determinación de si concurre o no el desequilibrio se tienen en cuenta diversos factores, como ha puesto de relieve la STS 864/2010, de Pleno, de 19 enero , que declaró la doctrina siguiente: "[...]para determinar la existencia de desequilibrio económico generador de la pensión compensatoria debe tenerse en cuenta básicamente y entre otros parámetros, la dedicación a la familia y la colaboración con las actividades del otro cónyuge, el régimen de bienes a que ha estado sujeto el patrimonio de los cónyuges en tanto que va a compensar determinados desequilibrios y su situación anterior al matrimonio." Esta doctrina se ha aplicado en las sentencias posteriores 856/2011, de 24 noviembre , y 720/2011, de 19 octubre .


De aquí cabe deducir que el hecho de que un matrimonio haya regido sus relaciones económicas por un régimen de comunidad o uno de separación no es un factor que origine por sí mismo el derecho a obtener o no pensión compensatoria. Solo lo causará el desequilibrio producido como consecuencia de la separación o el divorcio, si bien entre los parámetros a tener en cuenta para fijar la concurrencia de desequilibrio, debe también incluirse el régimen de bienes.

 

Cuando los cónyuges se encuentren en separación de bienes, debe demostrarse que la separación o el divorcio producen el desequilibrio, es decir, implican "un empeoramiento en su situación anterior en el matrimonio" a los efectos de la reclamación de la pensión, del mismo modo como se exige cuando se rigen por un régimen de bienes distinto. De ello cabe deducir que el régimen no es determinante del desequilibrio, sino que constituye uno de los factores a tener en cuenta para fijarlo y por ello cabe la pensión compensatoria tanto en un régimen de comunidad de bienes, como en uno de separación. 

 

En consecuencia, no cabe formular doctrina, que ya ha sido formulada por la STS 864/2010, de 19 enero , que se aplica en este caso concreto."

 

Acceso al texto íntegro la Sentencia del Tribunal de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo nº 279/2012, de 8 de Mayo.


 

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Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo, 3502/2012, de 24 de Mayo, en la que se aprecia que el Convenio Regulador y sus efectos no deben reinterpretarse en contra de los actos propios

 

La Sentencia que analizamos es interesante puesto que, otorgando un papel especial y trascendental al Convenio Regulador que determina la separación, tiene en cuenta los actos propios de los excónyuges, puesto que el Convenio Regulador establecía que, en aras de compensar desajustes económicos, se vendiera la vivienda familiar, quedándose con el importe la esposa (además del uso familiar que al piso se le esté dando). Como, finalmente, la esposa no realizo dicha venta, la Audiencia Provincial entendió que ese no fue el deseo de la esposa, por lo que, una vez que esta hubiera fallecido, se podría solicitar una extinción de condominio, como así reclamó el otro cónyuge, no pudiendose admitir que fuera ahora cuando se produjera la venta de la vivenda, como asi reclamaban  los hijos legitimarios. 

 

El alto tribunal, por tanto, ratificó la argumentación de la Audiencia Provincial que esgrimía que :

 

"[...] el convenio regulador tiene plena naturaleza de negocio jurídico siendo reconocido por numerosas sentencias del Tribunal Supremo como un negocio jurídico del derecho de familia reconociéndose la autonomía privada plena de los cónyuges en relación a la disposición de su patrimonio" ; (b) deben aplicarse las normas sobre interpretación de los contratos; (c) en la cláusula que se ha trascrito y que supone la liquidación de la sociedad ganancial, no se ha adjudicado el bien a la esposa, ni se produce un reconocimiento de crédito. "De hecho lo que dice la cláusula es otra cosa, es sencillamente que la mujer y sus hijos quedan en posesión de la vivienda por haber sido hogar conyugal, y para la disolución y liquidación del haber conyugal se comprometen los esposos a poner a la venta, conjuntamente, el referido bien estableciendo cuales serían entonces las cuotas a percibir cada uno, lo que desde luego excluye esa supuesta atribución única de la propiedad del bien a uno de los cónyuges" ; (d) solo se comprometieron a poner a la venta el piso; (e) "[...]no habiéndose procedido a la venta del piso es obvio que la esposa o bien no sufrió  desequilibrio económico o se veía compensada con la posesión que ostentaba de la vivienda, por lo que no instó en forma alguna la liquidación de los gananciales en virtud de dicha cláusula poniendo en venta la vivienda" , y (f) actualmente existe una comunidad postganancial, concurrente con una comunidad hereditaria formada por los herederos de la esposa, por lo que "[...] nada impide seguir el ejercicio de la acción de división de la cosa común, al liquidar la sociedad de gananciales, cuando la comunidad formada tiene su propia y plena aplicación [...]"

 

Entiende el Tribunal Supremo que si los cónyuges acordaron la venta en el Convenior Regulador pero posteriormente no se acordó la misma fue porque la esposa entendía que no se había producido ese desequilibrio económico que funadamentaba ese  acuerdo, por lo que no procede que los hijos insten su venta con posterioridad y que  sí se acepte la extinción de condominio solicitada por el padre.

 

A lo anterior debemos añadir el Fundamento de Derecho Cuarto que establece que:

 

"El motivo incluye de nuevo en petición de principio, que se traduce en hacer supuesto de la cuestión. Nunca se ha probado la concurrencia de desequilibrio generador de pensión compensatoria, ni tampoco se ha pedido por parte de la esposa, hipotética acreedora, una modificación de medidas que le permitiera demostrar el desequilibrio."

 

Por tanto, y concluyendo, el Tribunal Supremo no entiende que deba venderse la vivienda en cumplimiento del Convenio Regulador, ya que de los actos propios y de la propia situación económica de los cónyuges se desprende que no fue esa la decisión de estos, dejando expédita la vía de la extinción de condominio, como finalmente se entiende. 

 

Acceso al texto íntegro la Sentencia del Tribunal de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo nº 319/2012, de 24 de Mayo.


 

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Se va aproceder a modificar el Artículo 92 del Código Civil para que la custodia compartida deje tener carácter excepcional y sea la medida a adoptar si benefcia al menor. 

 

Este anuncio parte de la iniciativa llevada a cabo por UPyD, cuyo texto os aportamos en el presente post, siendo destacable la interpelación efectuada por la Diputada Rosa Díez.

 

 

 

El texto íntegro de la iniciativa presentada por UPyD es:


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El tenor actual del Artículo 92 del Código Civil es: 


1. La separación, la nulidad y el divorcio no eximen a los padres de sus obligaciones para con los hijos.

 

2. El Juez, cuando deba adoptar cualquier medida sobre la custodia, el cuidado y la educación de los hijos menores, velará por el cumplimiento de su derecho a ser oídos.

 

3. En la sentencia se acordará la privación de la patria potestad cuando en el proceso se revele causa para ello.

 

4. Los padres podrán acordar en el convenio regulador o el Juez podrá decidir, en beneficio de los hijos, que la patria potestad sea ejercida total o parcialmente por unos de los cónyuges.

 

5. Se acordará el ejercicio compartido de la guarda y custodia de los hijos cuando así lo soliciten los padres en la propuesta de convenio regulador o cuando ambos lleguen a este acuerdo en el transcurso del procedimiento. El Juez, al acordar la guarda conjunta y tras fundamentar su resolución, adoptará las cautelas procedentes para el eficaz cumplimiento del régimen de guarda establecido, procurando no separar a los hermanos.

 

6. En todo caso, antes de acordar el régimen de guarda y custodia, el Juez deberá recabar informe del Ministerio Fiscal, y oír a los menores que tengan suficiente juicio cuando se estime necesario de oficio o a petición del Fiscal, partes o miembros del Equipo Técnico Judicial, o del propio menor, valorar las alegaciones de las partes vertidas en la comparecencia y la prueba practicada en ella, y la relación que los padres mantengan entre sí y con sus hijos para determinar su idoneidad con el régimen de guarda.

 

7. No procederá la guarda conjunta cuando cualquiera de los padres esté incurso en un proceso penal iniciado por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos que convivan con ambos. Tampoco procederá cuando el Juez advierta, de las alegaciones de las partes y las pruebas practicadas, la existencia de indicios fundados de violencia doméstica.

 

8. Excepcionalmente, aun cuando no se den los supuestos del apartado cinco de este artículo, el Juez, a instancia de una de las partes, con informe favorable del Ministerio Fiscal, podrá acordar la guarda y custodia compartida fundamentándola en que sólo de esta forma se protege adecuadamente el interés superior del menor.

 

9. El Juez, antes de adoptar alguna de las decisiones a que se refieren los apartados anteriores, de oficio o a instancia de parte, podrá recabar dictamen de especialistas debidamente cualificados, relativo a la idoneidad del modo de ejercicio de la patria potestad y del régimen de custodia de los menores.


Os adjuntamos la Nota del Prensa que ha emitido el Ministerio de Justicia.


 

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El Tribunal Supremo en su Sentencia nº 284/2012, de 9 de mayo, fija como Doctrina Jurisprudencial que en los procedimientos matrimoniales contenciosos no puden atribuirse viviendas o locales distintos de aquel que constituye la vivienda familiar.


El marido interpone demanda de divorcio, atribuyéndose en el proceso a la mujer el uso de un local de carácter privativo al haberse adjudicado en la liquidación de gananciales. El argumento que sustentó la decisión del Juzgado y confirmada por la Audiencia Provincial es que en dicho local ejercía la actividad la adjudicataria. Existía un evidente interés casacional al existir pronunciamientos contradictorios en la Audiencias Provinciales.

 

Analizando la cuestión el fundamento jurídico cuarto de la sentencia expresa: 

 

"CUARTO. Determinada la concurrencia de interés casacional y la identificación del mismo, debemos examinar a continuación el problema planteado por el recurrente.


Desde la entrada en vigor de la Ley 30/1981, de 7 julio, que introdujo el divorcio como forma de disolución del matrimonio y sus efectos, se ha discutido acerca de la posibilidad de atribuir las denominadas segundas residencias en el curso del procedimiento matrimonial. El art. 91 CC solo permite al Juez, en defecto de acuerdo, o de no aprobación del acuerdo presentado, atribuir el uso de la vivienda familiar, siguiendo los criterios que establece el art. 96 CC . El art 774.4 LEC repite la misma regla. De donde debemos deducir que el uso de los segundos domicilios u otro tipo de locales que no constituyan vivienda familiar, no puede ser efectuado por el juez en el procedimiento matrimonial seguido con oposición de las partes o, lo que es lo mismo, sin acuerdo. Tampoco el art. 233-20.6 del Código civil de Cataluña permite esta atribución, sino que solo prevé esta posibilidad en el caso que la segunda vivienda sea más apta para satisfacer la necesidad de los hijos y del progenitor custodio.


Existen varias razones para llegar a esta conclusión, dejando aparte la interpretación literal del Código civil y de la Ley de Enjuiciamiento, a la que se ha aludido:


1ª La atribución de otras residencias de la familia o de otros locales debe efectuarse de acuerdo con las reglas del régimen económico matrimonial que rija las relaciones entre cónyuges.


2ª La sentencia que decreta el divorcio o la separación, declara la disolución del régimen. Puede declarar también su liquidación, pero para ello debe seguirse el procedimiento del art. 806 y ss LEC , en defecto de acuerdo previo.


3ª Cuando los cónyuges se rijan por un régimen de separación de bienes, como ocurre en este caso, no se producen problemas de atribución de bienes, porque los patrimonios están claramente fijados. Por ello, el juez de familia no tiene competencia para atribuir el uso de bienes distintos de aquellos que constituyen la vivienda familiar. Un argumento a favor de esta conclusión la proporciona el art. 103, 4ª CC , que permite en medidas provisionales que pueden convertirse en definitivas, señalar qué bienes gananciales hayan de entregarse a cada cónyuge para su administración y disposición, previo inventario y con la obligación de rendir cuentas. Esta regla no es aplicable al régimen de separación de bienes.


Por otra parte, esta sentencia no contradice la 78/2012, de 27 febrero que atribuyó al marido el uso del domicilio familiar, debido a que ejercía allí su profesión de abogado, porque en el presente caso se trata de la decisión sobre el uso de un local que no es vivienda familiar y que, por esta condición, no puede ser atribuido en el procedimiento matrimonial.

 

En consecuencia, debe formularse la siguiente doctrina, a los efectos de unificar la de las Audiencias provinciales en esta materia: en los procedimientos matrimoniales seguidos sin consenso de los cónyuges, no pueden atribuirse viviendas o locales distintos de aquel que constituye la vivienda familiar.

 

Acceso al texto íntegro la Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo nº 284/2012, de 9 de Mayo.

 

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INTRODUCCIÓN

 

Si bien hemos indicado que, a priori, el régimen de separación de bienes suele ser menos conflictivo al no existir confusión patrimonial como en el caso del régimen de gananciales, debemos decir que la figura de la compensación por razón de trabajo en el hogar que figura en el artículo 1438 ha conllevado innumerables conflictos doctrinales y judiciales, siendo la Sentencia del 534/2011 de 14 de julio del Tribunal Supremo, el último capítulo de un debate bastante complejo, ya que esta misma compensación en el derecho catalán, por ejemplo, tiene distinta aplicación que en el derecho común.

 

Existen argumentos jurisprudenciales y doctrinales para reclamar una compensación por razón de trabajo en el hogar durante el matrimonio (siempre que el régimen económico matrimonial sea el de separación de bienes) y, también, para desvirtuar esa reclamación. Por tanto, debemos primero destacar que un correcto asesoramiento y una fundamentada argumentación en un sentido o en otro, es trascendental a la hora de conseguir nuestras pretensiones en el procedimiento.

 

El debate surge por muchos aspectos, desgranaremos en varios apartados cuales son esos puntos conflictivos, si bien podemos expresar que es normal que surjan dudas respecto a una compensación por un trabajo que, en el mismo artículo, se destaca que es una forma más de contribución a las cargas del matrimonio y que, al mismo tiempo, es posible su reclamación como indemnización.

 

COMPATIBILIDAD CON LA PENSIÓN COMPENSATORIA

 

Una de las primeras dudas que surgen a la hora de determinar la compensación por razón de trabajo en el hogar es conocer su compatibilidad con la pensión compensatoria. En la mayoría de los casos cuando se reclame, en la liquidación del régimen, la solicitud de la compensación por razón de trabajo en el hogar, previamente se puede haber otorgado la pensión compensatoria como una de las consecuencias judiciales la disolución del matrimonio.

 

Pues bien, la jurisprudencia parece ser unánime al entender que existe compatibilidad, ya que aprecia que la pensión compensatoria intenta paliar el desequilibrio que se produce para uno de los cónyuges una vez que no existe convivencia por la ruptura; en cambio la compensación por razón de trabajo en el hogar actúa como indemnización-balance del matrimonio, intenta paliar el desequilibrio patrimonial que se puede genera para uno de los cónyuges que no ha tenido ingresos debido a su contribución a las cargas mediante su trabajo en el hogar.

 

En todo caso, hay argumentos, si no para  declarar la incompatibilidad, para que se tenga en cuenta el valor de la pensión compensatoria a la hora de cuantificar la compensación por razón de trabajo en el hogar, ya que hay parte de la jurisprudencia que  entiende que la cuantía del compensación por razón de trabajo en el hogar debe determinarse teniendo en cuenta el valor de la pensión compensatoria.

 

Debemos concluir que, a priori, la compensación por razón de trabajo en el hogar es compatible con la pensión compensatoria, si bien hay muchos matices que pueden establecer una relación más compleja entre estas dos figuras jurídicas. Entendemos que habría argumentos suficientes para la petición o la desvirtuación de la compensación por razón de trabajo en un contexto en el que existe ya una pensión compensatoria.

 

 

Una vez establecido la disolución de la sociedad de gananciales y la formación de inventario debemos centrarnos en la liquidación de la masa ganancial resultante.

 

Siguiendo el esquema de anteriores apartados debemos primero expresar que la liquidación, en caso de no ser contenciosa, se rige por lo establecido en los artículos 1399 y siguientes. Como la liquidación contenciosa nos permite abarcar todas las posibilidades nos centraremos en ella; teniendo en cuenta que en el momento de analizar los requisitos establecidos en el Código civil sobre la liquidación, éstos son idénticos para la liquidación de mutuo acuerdo.

 

El siguiente paso en la liquidación contenciosa, una vez esclarecido el inventario, es solicitar la liquidación del régimen económico matrimonial. Como establece el apartado segundo del artículo 810 de la Ley de Enjuiciamiento Civil la solicitud de liquidación deberá acompañarse de una propuesta de liquidación que incluya el pago de las indemnizaciones y reintegros debidos a cada cónyuge y la división del remanente en la proporción que corresponda, teniendo en cuenta, en la formación de los lotes, las preferencias que establezcan las normas civiles aplicables.

 

Llegados a este punto, tenemos que volver al Código civil y clarificar qué preferencias se establecen en las normas civiles aplicables, empezando con el artículo 1399, del que destacamos que terminado el inventario, se pagarán en primer lugar las deudas de la sociedad, comenzando por las alimenticias que, en cualquier caso, tendrán preferencia. Siguiendo con la liquidación de las deudas de la sociedad, debemos tener en cuenta otra regla que establece el artículo 1400: cuando no hubiera metálico suficiente para el pago de las deudas podrán ofrecerse con tal fin adjudicaciones de bienes gananciales, pero si cualquier partícipe o acreedor lo pide se procederá a enajenarlos y pagar con su importe.

 

Otro aspecto a resaltar de la liquidación, antes de centrarnos de nuevo en la materia procesal, es lo reflejado en los artículos 1406 y 1407 en los que se incluyen preferencias a la hora de componer el haber de los cónyuges, siendo preferente que, en cada caso, el cónyuge tenga derecho a que se incluya en su haber los bienes de uso personal, la explotación económica que gestione, el local donde hubiese venido ejerciendo su profesión y, en caso de muerte del otro cónyuge, la vivienda donde tuviese residencia habitual (Art. 1406 del Cc.).

 

Desde un punto de vista procesal dejamos el procedimiento de liquidación en la propuesta de liquidación. Una vez presentada la propuesta de liquidación, teniendo en cuenta el reseñado apartado segundo del artículo 810 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y las normas civiles que hemos resumido en los anteriores párrafos, el Secretario judicial señalará, dentro del plazo máximo de diez días, el día y hora en que los cónyuges deberán comparecer ante el mismo al objeto de alcanzar un acuerdo y, en su defecto, designar contador y, en su caso, peritos, para la práctica de las operaciones divisoras (Art. 810.3 de la LEC.). Como ocurre con la formación de inventario, cuando, sin mediar causa justificada, alguno de los cónyuges no comparezca en el día señalado, se le tendrá por conforme co la propuesta de liquidación que efectúe el cónyuge que haya comparecido. En este caso, así como cuando, habiendo comparecido ambos cónyuges, lleguen a un acuerdo se consignará éste en el acta y se dará por concluido el acto (Art. 810.4 de la LEC.). En este caso, y siguiendo con lo establecido por el apartado cuarto del artículo 810, se llevará a efecto lo acordado conforme a los previsto en los dos primeros apartados del artículo 788 de la LEC., es decir, la entrega de los bienes adjudicados.

 

En caso de no llegar acuerdo sobre la liquidación de la sociedad de gananciales, se procederá, mediante diligencia, al nombramiento de contador y, en su caso, peritos, conforme a lo establecido en el articulo 784 de esta ley, continuando la tramitación con arreglo a los dispuesto en los artículos 785 y siguientes (Art. 810.5 de la LEC.). Es decir, el legislador nos remite a lo regulado en e procedimiento para la división de la herencia. Pues bien, los mencionados artículos dicen lo siguiente:

 

Artículo 784. Designación del contador y de los peritos.
1. La Junta se celebrará, con los que concurran, en el día y hora señalado y será presidida por el Secretario Judicial.
2. Los interesados deberán ponerse de acuerdo sobre el nombramiento de un contador que practique las operaciones divisorias del caudal, así como sobre el nombramiento del perito o peritos que hayan de intervenir en el avalúo de los bienes. No podrá designanse más de un perito para cada clase de bienes que hayan de ser justipreciados.
3. Si de la Junta resultare falta de acuerdo para el nombramiento de contador, se designará uno por sorteo, conforme a lo dispuesto en el artículo 341, de entre los abogados ejercientes con especiales conocimientos en la materia y con despacho profesional en el lugar del juicio. Si no hubiera acuerdo sobre los peritos, se designarán por igual procedimiento los que el contador o contadores estimen necesarios para practican los avalúos, pero nunca más de uno por cada clase de bienes que deban ser tasados.
4. Será aplicable al contador designado por sorteo lo dispuesto para la recusación y provisión de fondos de los peritos.

 

Artículo 785. Entrega de la documentación al contador. Obligación de cumplir el encargo aceptado y plazo para hacerlo.
1. Elegidos el contador y los peritos, en su caso, previa aceptación, el Secretario judicial entregará los autos al primero y pondrá a disposición de éste y de los peritos cuantos objetos, documentos y papeles necesiten para practicar el inventario, cuando éste no hubiere sido hecho, y el avalúo, la liquidación y la división del caudal hereditario.
2. La aceptación del contador dará derecho a cada uno de los interesados para obligarle a que cumpla su encargo.
3. A instancia de parte, podrá el Secretario judicial mediante diligencia fijar al contador un plazo para que presente las operaciones divisorias, y si no lo verificare, será responsable de los daños y perjuicios.

 

Artículo 786. Práctica de las operaciones divisorias.
1. El contador realizará las operaciones divisorias con arreglo a lo dispuesto en la ley aplicable a la sucesión del causante; pero si el testador hubiere establecido reglas distintas para el inventario, avalúo, liquidación y división de sus bienes, se atendrá a lo que resulte de ellas, siempre que no perjudiquen las legítimas de los herederos forzosos. Procurará, en todo caso, evitar la indivisión, así como la excesiva división de las fincas.
2. Las operaciones divisorias deberán presentarse en el plazo máximo de dos meses desde que fueron iniciadas, y se contendrán en un escrito firmado por el contador, en el que se expresará:
1. La relación de los bienes que formen el caudal partible.
2. El avalúo de los comprendidos en esa relación.
3. La liquidación del caudal, su división y adjudicación a cada uno de los partícipes.

 

Artículo 787. Aprobación de las operaciones divisorias. Oposición a ellas.
1. El Secretario judicial dará traslado a las partes de las operaciones divisorias, emplazándolas por diez días para que formulen oposición. Durante este plazo, podrán las partes examinar en la Oficina judicial los autos y las operaciones divisorias y obtener, a su costa, las copias que soliciten.
La oposición habrá de formularse por escrito, expresando los puntos de las operaciones divisorias a que se refiere y las razones en que se funda.
2. Pasado dicho término sin hacerse oposición o luego que los interesados hayan manifestado su conformidad, el Secretario judicial dictará decreto aprobando las operaciones divisorias, mandando protocolizarlas.
3. Cuando en tiempo hábil se hubiere formalizado la oposición a las operaciones divisorias, el Secretario judicial convocará al contador y a las partes a una comparecencia ante el Tribunal, que se celebrará dentro de los diez días siguientes.
4. Si en la comparecencia se alcanzara la conformidad de todos los interesados respecto a las cuestiones promovidas, se ejecutará lo acordado y el contador hará en las operaciones divisorias las reformas convenidas, que serán aprobadas con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2 de este artículo.
5. Si no hubiere conformidad, el tribunal oirá a las partes y admitirá las pruebas que propongan y que no sean impertinentes o inútiles, continuando la sustanciación del procedimiento con arreglo a lo dispuesto para el juicio verbal.
La sentencia que recaiga se llevará a efecto con arreglo a lo dispuesto en el artículo siguiente, pero no tendrá eficacia de cosa juzgada, pudiendo los interesados hacer valer los derechos que crean corresponderles sobre los bienes adjudicados en el juicio ordinario que corresponda.
6. Cuando, conforme a lo establecido en el artículo 40 de esta Ley, se hubieran suspendido las actuaciones por estar pendiente causa penal en que se investigue un delito de cohecho cometido en el avalúo de los bienes de la herencia, la suspensión se alzará por el Secretario judicial, sin esperar a que la causa finalice por resolución firme, en cuanto los interesados, prescindiendo del avalúo impugnado, presentaren otro hecho de común acuerdo, en cuyo caso se dictará sentencia con arreglo a lo que resulte de éste.

 

Resumiendo el articulado, debemos decir que una vez acordado el contador (ya sea nombrado por las partes o por sorteo), éste realizará las operaciones divisorias y, si alguna de las partes formula oposición a las mismas, el Secretario convocará al contador y las partes a una comparecencia ante el Tribunal. En este último caso, y siempre que no se consiga llegar a una acuerdo en la misma, se sustanciará el procedimiento con arreglo a lo dispuesto para el juicio verbal.

 

Conclusiones:

A modo de conclusión debemos decir que lo aquí desarrollado nos permite afrontar, de forma resumida, el entendimiento de un procedimiento que en la práctica puede llegar a ser bastante complejo y conflictivo, dependiendo en muchos casos del, recomendable, ánimo de acuerdo entre las partes. La liquidación puede ser, y no es inhabitual, el primer capítulo antes de la adjudicación de herencia; por lo que una correcta liquidación puede llegar a ser trascendental. Por eso aconsejamos que el procedimiento sea asumido por un especialista en la materia y, en todo caso, debemos estar correctamente asesorados en cada paso que se de.

 

Quieroabogado le otorga esta posibilidad, por lo que si necesita cualquier tipo de consulta no dude en ponerse en contacto con nosotros.

 

Bibliografía interesante para consultar:

 

El régimen económico del matrimonio; RAMS ALBESA – MORENO MARTÍNEZ (Coordinadores), Dykinson, 2006.

 

Autonomía de la voluntad y negocios jurídicos de familia; AMUNATEGUI, RAMS ALBESA, ANGUITA VILLANUEVA, SERRANO GÓMEZ, Dykinson, 2010.

 

El derecho de familia ante la crisis económica: la liquidación de la sociedad legal de gananciales; REBOLLEDO VARELA, SEOANE SPIGELBERG, Dykinson, 2010.

 

Una vez aclarado en qué momento se produce la disolución de la sociedad de gananciales, debemos centrarnos en la liquidación del régimen económico matrimonial y, en este apartado, la formación de inventario.

 

Debemos indicar, como cuestión previa, que si la liquidación no es contenciosa el inventario, como fase separada, no es necesaria, siendo suficiente que en la liquidación queden reflejadas las exigencias con el pasivo de la sociedad de gananciales.

 

Por otro lado, si la liquidación es contenciosa se deberá solicitar al Juzgado de Primera Instancia, que siguiendo lo establecido por el artículo 807 de la Ley de Enjuiciamiento Civil conocerá del procedimiento, la formación de inventario. Según establece el artículo 808 de la Ley de Enjuiciamiento Civil admitida la demanda de nulidad, separación o divorcio, o iniciado el proceso en que haya demandado la disolución del régimen económico matrimonial, cualquiera de los cónyuges podrá solicitar la formación de inventario. Dicha solicitud, como establece el segundo apartado del artículo 808, deberá ir acompañada de una propuesta de inventario en la que se hará constar las diferentes partidas que deberán incluirse en el inventario (todo ello acompañado de la documentación que justifique dicha propuesta).

 

Analizado el primer trámite procesal en toda liquidación, debemos concretar el contenido de la propuesta de inventario; para ello necesariamente debemos remitirnos a los artículos 1397 y siguientes del Código civil:

 

Artículo 1397

Habrán de comprenderse en el activo:

1. º Los bienes gananciales existentes en el momento de la disolución.
2. º El importe actualizado del valor que tenían los bienes al ser enajenados por negocio ilegal o fraudulento si no hubieran sido recuperados.
3. º El importe actualizado de las cantidades pagadas por la sociedad que fueran de cargo sólo de un cónyuge y en general que constituyen créditos de la sociedad contra éste

 

Por tanto, debemos por un lado, dentro de la propuesta de inventario, esclarecer que bienes e importes componen el activo de la sociedad que se va a liquidar. Frente al activo se debe indicar, si es que lo hay, el pasivo de la sociedad en base al artículo 1398 del Código civil:

 

El pasivo de la sociedad estará integrado por las siguientes partidas:

1.ª Las deudas pendientes a cargo de la sociedad.
2.ª El importe actualizado del valor de los bienes privativos cuando su restitución deba hacerse en metálico por haber sido gastados en interés de la sociedad.
Igual regla se aplicará a los deterioros producidos en dichos bienes por su uso en beneficio de la sociedad.
3.ª El importe actualizado de las cantidades que, habiendo sido pagadas por uno solo de los cónyuges, fueran de cargo de la sociedad y, en general, las que constituyan créditos de los cónyuges contra la sociedad.

 

Por supuesto, aunque no estén incluidas en este artículo 1398, debemos tener en cuenta las partidas que se originan por las deudas de la comunidad de bienes posterior a la sociedad, gastos de inventario, etc…

 

Mencionadas las partidas que determinan tanto el activo como el pasivo del inventario, debemos proceder a desglosar las mismas; es por ello que debemos tener muy claro, de ahí la necesidad de estar asesorado por un especialista en la materia, qué representa el activo de la sociedad y qué el pasivo. Por ejemplo, los gastos realizados por uno de los cónyuges en un bien privativo con dinero ganancial, ¿forma parte del activo o del pasivo? Y en caso contrario, los bienes privativos gastados en las mejoras de un bien ganancial, ¿dónde debemos incorporar esos gastos, al activo o al pasivo? Son conceptos que en muchos casos llevan a confusión y que se deben tener muy claros para entender qué representa el activo y el pasivo, ya que no sería la primera vez que un mismo importe se solicite su incorporación al activo y que, dentro de la misma propuesta, se determine como pasivo.

 

Una vez elaborada la propuesta de inventario debemos volver a la legislación procesal y atender al artículo 809 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En este artículo se establece que el Secretario señalará día y hora para que, en el plazo máximo de diez días, se proceda a la formación de inventario, mandando citar a los cónyuges. Cuando, sin mediar causa justificada, alguno de los cónyuges no comparezca en el día señalado, se le tendrá por conforme co la propuesta de inventario que efectúe el cónyuge que haya comparecido. En este caso, así como cuando, habiendo comparecido ambos cónyuges, lleguen a un acuerdo se consignará éste en el acta y se dará por concluido el acto. Por tanto, si esto último ocurre se podría dar por concluido el inventario.

 

En caso de no haber acuerdo, el apartado 2 del artículo 809 expresa que el Secretario judicial citará a los interesados a una vista, continuando la tramitación con arreglo a lo previsto para el juicio verbal. Debemos tener en cuenta que en dicha vista se dilucidarán los puntos conflictivos, ya que los concordantes de ambas propuestas de inventario, en principio, se entenderán como acordados.

 

Resumiendo todo lo anterior, el primer paso de toda liquidación de la sociedad de gananciales, que representa la formación de inventario, es bastante trascendental ya que es en este proceso en el que se va a fijar la masa que va a ser objeto de liquidación, por lo que una incorrecta o vaga fijación de la misma es irreversible, no pudiendo en la liquidación nada más que determinar la valoración y repartición de lo establecido en el inventario.

 

La sociedad de gananciales es el régimen económico matrimonial más utilizado, no en vano es el régimen que rige, en los matrimonios regulados por el derecho común, en defecto de capitulaciones.

 

Por todo lo anterior la regulación de dicho régimen es bastante más exhaustiva que en lo referido a los otros dos regímenes regulados por el Código civil; si bien debemos decir que no es éste el único motivo; las características de la sociedad de gananciales dificultan su liquidación.

 

Prueba de ello está en la tremenda importancia que tiene la determinación de la disolución de la sociedad de gananciales a la hora de delimitar la posterior liquidación del régimen económico matrimonial. Desde que se produce la disolución de la sociedad de gananciales ya no se hacen comunes para los cónyuges las ganancias o beneficios obtenidos indistintamente por cualquiera de ellos (Art. 1344 Cc.). De ahí la relevancia de determinar el momento que se produce la disolución frente a lo que puede ocurrir en un régimen basado en la independencia patrimonial, como es el de separación de bienes, en el que a priori la fecha de disolución del régimen tiene menos trascendencia.

 

Centrándonos en la disolución de la sociedad de gananciales, debemos remitirnos a lo establecido en los artículos 1392 y siguientes para esclarecer en qué momento se produce la disolución del matrimonio:

 

Artículo 1392.
La sociedad de gananciales concluirá de pleno derecho:
1. Cuando se disuelva el matrimonio.
2. Cuando sea declarado nulo.
3. Cuando judicialmente se decrete la separación de los cónyuges.
4. Cuando los cónyuges convengan un régimen económico distinto en la forma prevenida en este Código.

 

Artículo 1393.
También concluirá por decisión judicial la sociedad de gananciales, a petición de uno de los cónyuges, en alguno de los casos siguientes:
1. Haber sido el otro cónyuge judicialmente incapacitado, declarado pródigo, ausente o en quiebra o concurso de acreedores, o condenado por abandono de familia.
Para que el Juez acuerde la disolución bastará que el cónyuge que la pidiere presente la correspondiente resolución judicial.
2. Venir el otro cónyuge realizando por sí solo actos dispositivos o de gestión patrimonial que entrañen fraude, daño o peligro para los derechos del otro en la sociedad.
3. Llevar separado de hecho más de un año por acuerdo mutuo o por abandono del hogar.
4. Incumplir grave y reiteradamente el deber de informar sobre la marcha y rendimientos de sus actividades económicas.
En cuanto a la disolución de la sociedad por el embargo de la parte de uno de los cónyuges por deudas propias, se estará a lo especialmente dispuesto en este Código.

 

El articulado en ese sentido parece claro, entre las partes y frente a terceros, la sociedad de gananciales sigue vigente hasta que no se producen alguno de los requisitos desglosados en los artículos 1392 y 1393.
Otra cosa es, y debemos tenerlo en cuenta a la hora de afrontar la liquidación de la sociedad de gananciales, la mayoritaria línea jurisprudencial que entiende que, desde el momento en el que se produce la separación de hecho y, por tanto, los cónyuges ya no viven juntos, se produce la disolución de la sociedad de gananciales Inter partes. Esto quiere decir que, a modo de ejemplo, si uno de los cónyuges quiere reclamar que se incorpore al inventario unos gastos realizados por el otro cónyuge para un bien privativo de éste, se entienda que no procede si en el momento de realizar dicha operación existía una separación de hecho. Encontramos sentencias en ese sentido como la Sentencia núm. 165/2008 de 21 febrero del Tribunal Supremo o la Sentencia núm. 238/2007 de 23 febrero del Tribunal Supremo; resumiendo esta línea jurisprudencial, en esta última sentencia se expresa que “es la separación de hecho la que determina, por exclusión de la convivencia conyugal, que los cónyuges pierdan sus derechos a reclamarse como gananciales bienes adquiridos por éstos después del cese efectivo de la convivencia, siempre que ello obedezca a una separación fáctica (…) Entenderlo de otro modo significaría, en efecto, un acto contrario a la buena fe, con manifiesto abuso de derecho, al ejercitar un aparente derecho más allá de sus límites éticos.”

 

En este apartado hemos intentado aclarar en qué momento deja de estar vigente la sociedad de gananciales; una vez definido este paso, imprescindible para hacer el balance a liquidar, debemos centrarnos en la liquidación del régimen.

ACUERDOS PREMATRIMONIALES

 

Entendemos que el futuro, cada vez más, está en la autorregulación conyugal, y por eso creemos que la figura de los acuerdos prematrimoniales va a ir tomando más fuerza. Prueba de ello, por ejemplo, es la importante mención que da la nueva regulación catalana (Ley 25/2010, de 29 de julio, del libro segundo del Código civil de Cataluña, relativo a la persona y la familia) en su artículo 231-20 a lo que llama Pactos en previsión de ruptura matrimonial, los cuales pueden otorgarse en escritura pública o en capítulos matrimoniales.

Estos acuerdos prematrimoniales, tal y como vienen regulados en el propio derecho catalán, puede ser ampliable al resto del territorio, ya que el límite que encontramos en el Código Civil a la autorregulación lo establece el artículo 1328.

Por ejemplo, en previsión de la ruptura matrimonial, antes de celebrarse el matrimonio se podría determinar, entre algunas posibilidades, quien se quedaría la vivienda familiar (y bajo qué condicionantes), qué bienes se adjudicaría a uno de los cónyuges, como quedaría regulada una eventual pensión compensatoria, una participación de ganancias, qué bienes serían intocables, cuantificar una compensación por razón de trabajo en el hogar, incluso, siguiendo opiniones de parte de la doctrina, determinar pactos sobre la custodia de lo hijos. Todo ello atendiendo cada caso concreto y dentro de los matices que tanto la legislación como la jurisprudencia establece.

Distintos estudios doctrinales reflejan el indudable crecimiento de las capitulaciones matrimoniales en nuestro país (consultar http://www.indret.com/pdf/dc07_es.pdf), y la emergente importancia del autorregulación de los cónyuges. Es por eso que un estudio y asesoramiento integral por especialistas en la materia se hace imprescindible, teniendo en cuenta la actualidad doctrinal y jurisprudencial. Quieroabogado le permite obtener un asesoramiento telefónico gratuito, pudiendo asistir a uno de nuestros Despachos para ampliar la información y, en su caso, redactar el acuerdo prematrimonial que mejor se adapta a sus necesidades.

LA IMPORTANCIA DE LAS CAPITULACIONES MATRIMONIALES


El régimen económico del matrimonial que rige la relación conyugal es más importante de lo que pueda parecer en el momento que se contrae matrimonio. Entendemos que un ejercicio de pedagogía jurídica respecto a las virtudes de cada uno de los regímenes legales aplicables puede ayudar a solventar de una manera menos problemática los distintos conflictos que puedan surgir cuando la crisis matrimonial pueda iniciarse.

 

Es cierto que la elección del régimen económico matrimonial en los momentos en los que existe confianza mutua no afecta al día a día de la convivencia, ya que las prácticas que se realizan cuando existe confianza no suelen venir determinadas por el régimen económico. Pero eso no significa que no debamos ser previsores, el hecho de valorar las distintas opciones que nuestro régimen jurídico nos otorga no significa desconfianza, si no precisamente la finalidad es conseguir que sea la propia autorregulación de los cónyuges la que determine la eventual liquidación del régimen económico y no las exigencias que vengan establecidas por el régimen económico legal que nos haya sido “impuesto”.

 

La liquidación del régimen económico del matrimonio puede llegar a ser muy conflictivo, y en muchos casos una correcta autorregulación mediante capitulaciones puede hacer que estos procesos sean menos traumáticos.

 

Por todo lo anterior, creemos que un correcto asesoramiento antes de contraer matrimonio puede ayudar a elegir el régimen económico matrimonial que mejor se adapta a la situación patrimonial, laboral y personal de los cónyuges.

 

Debemos entender las consecuencias que derivan de elegir el régimen, y para ello es muy importante conocer en profundidad los regímenes que tenemos a nuestra disposición. En el Derecho Común el régimen legal, a falta de pacto capitular, es el régimen de gananciales, estando también regulados el régimen de separación y de participación. Como contrapunto, en Cataluña y Baleares el régimen legal es el de separación de bienes.

 

En lo que a regulación económica matrimonial se refiere debemos tener en cuenta las recientes modificaciones que se han producido en la regulación aragonesa (con el Real Decreto Legislativo 1/2011 por el que se aprueba el Código de Derecho Foral de Aragón), valenciana (Ley 1/2007, de 20 de marzo, de Régimen Económico Matrimonial Valenciano) y catalana (Ley 25/2010, de 29 de julio, del libro segundo del Código civil de Cataluña, relativo a la persona y la familia). Destacable es esta última regulación catalana en la que se desarrolla profundamente, dentro del régimen legal de separación de bienes, la compensación por razón de trabajo en el hogar en la liquidación del régimen.

 

Conocer las distintas regulaciones que hay en el Derecho Común y en los distintos Derechos Forales pueden ayudarnos a elegir que régimen se adapta mejor a nuestras necesidades, ya que no debemos olvidar que, por encima de todo, el régimen económico será el que los cónyuges estipulen en capitulaciones matrimoniales (artículo 1315 del Código Civil).

 

 

 

 


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