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Mostrando articulos por etiqueta: Abogada Elena Abella

Una de las razones principales por las que la Delegación de Gobierno está denegando las Tarjetas de Familiar de la Unión Europea, es la no acreditación de recursos económicos suficientes por parte del ciudadano Español o Comunitario que da derecho a esa residencia.

Las oficinas de extranjería exigen como requisitos para tramitar la Tarjeta Comunitaria; bien que se esté trabajando ya sea por cuenta propia o ajena, o acreditación de ahorros suficientes (entre 5.000 a 7.000 euros) y en caso de no poder cumplirse alguno de estos requisitos deniegan la solicitud y todo ello en base a lo dispuesto en el artículo 7 del Real  Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación  y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.

 

Se trata de una situación totalmente injusta e incomprensible, a la que se enfrenta el ciudadano Español al comprobar que su familiar ya sea hijo, cónyuge... no podrá regular su situación en España, bien porque en esos momentos se encuentra desempleado o percibe tan sólo alguna ayuda o prestación.

 

Sin embargo la actuacion de la administración no es correcta; pues el artículo 7 en el que basan la denegación es el que regula los requisitos que debe cumplir el ciudadano comunitario, no español, que pretenda residir en España; exigiéndosele la acreditadción de recurso económicos suficientes para su mantenimiento.

 

Evidentemente si el familiar del ciudadano extranjero ostenta la nacionalidad Española no se le puede exigir a éste que acredite solvencia económica.

 





 

Por Elena Abella

Abogada de Extranjería en Madrid

Abogada de Extranjería en Madrid

91 530 96 95

   


 

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Información sobre Nacionalidad


 

 El artículo que regula los requistos que debe cumplir el interesado se recogen en el artículo 8 del citado Real Decreto, y en el mismo no se contempla la necesidad de acreditación de recursos económicos, exigiéndose únicamente la necesidad de demostrar que se vive a cargo del ciudadano comunitario; concepto completamente distinto.

Por tanto ante una Resolución denegando la Tarjeta de familiar de la Unión Europea que se base en la aplicación de este artículo, es decir, falta de acreditación de recursos económicos por parte del ciudadano comunitario, la mejor opción es recurrir la misma

 

Generalmente el ciudadano extranjero comprueba a través de internet que el trámite de su solicitud ya ha sido resuelto, bien favorable o desfavorablemente, pero es necesario que la Delegación de Gobierno competente remita al domicilio por correo certificado la correspondiente Resolución. Ahora bien ¿cuánto tiempo debe esperarse esa notificación antes de poder acudir a la oficina de extranjería para solicitar un duplicado?.

 

 Los plazos varían dependiendo del tipo de trámite realizado y la contestación.



-Expedientes inadmitidos, denegados, archivados: Transcurridos 30 días de la resolución.

-Expedientes favorables de Arraigo y Cuenta Ajena inicial: Transcurridos 20 días de la resolución.

- Expedientes favorables de renovación, Residencia Larga Duración y Prórrogas: Transcurridos 30 días de la resolución, no se facilita duplicado de la resolución, se va directamente a solicitar cita para el trámite de huella (debiendo solicitarse cita a través de internet).

Una de las formas más comunes por las que un ciudadano extranjero consigue regularizar su situación en España es el denominado “arraigo social”. Este tipo de permiso por circunstancias excepcionales exige una serie de requisitos como son: acreditar la estancia continuada en el país durante tres años, carecer de antecedentes penales y contar con una oferta de empleo, o bien en el caso de no tener este contrato acreditar recursos económicos suficientes propios o de un familiar residente legal en España.



Los requisitos para obtener un permiso de residencia sin contrato son:



-         Acreditar la estancia continuada en España durante tres años (las ausencias no pueden superar los 120 días).

-         Carecer de antecedentes penales.

-         No tener una prohibición de entrada en el país ni el Espacio Schengen.

-         Acreditar recursos económicos, ya sean propios (ahorros, rentas etc…) o de un familiar en primer grado y línea directa (es decir cónyuge, ascendiente o descendiente) en este caso el criterio a seguir para demostrar los ingresos económicos será el mismo que para una reagrupación familiar.

Será necesario además aportar un Informe del Ayuntamiento Municipal o Comunidad Autónoma que corresponda, que expresamente recomiende que el solicitante quede eximido de la presentación del contrato de trabajo.

El permiso obtenido por esta vía, será tan sólo de residencia por un año, pudiendo en el momento de la renovación si cuenta con oferta de empleo modificarlo a residencia y trabajo por dos años

-         Acreditar que se va a desarrollar una actividad por cuenta propia, contando con la formación y capacidad económica para ello.

El Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, modificado por el Real Decreto 16/2012 de 20 de Abril, permite la reagrupación familiar y posterior obtención de la Tarjeta Comunitaria, a los descendientes mayores de 21 años, incapaces o que vivan a  a cargo del ciudadano español o comunitario.
 
Por tanto uno de los principales requisitos que se exigirán a los hijos mayores de 21 años, para poder tramitar el visado de reagrupación familiar, o bien para obtener directamente la tarjeta comunitaria (aquellos países que no necesitan visado para entrar en España, Colombia, Perú, Argentina...) es acreditar que se ha estado a cargo del familiar Español.
 
La acreditación de este concepto no es tan sencilla y está siendo uno de los principales motivos de denegación actuales; pues no basta con la simple aportación de los envíos de dinero hechos al familiar; sino que además de demostrar que esos envíos lo eran en concepto de manutención; es necesario probar que el descendiente carecía de ingresos en su país de origen que le permitieran vivir dignamente; es decir que vivía únicamente a expensas de los envíos de dinero recibidos.
 
 
Esta necesidad, puede acreditarse con cualquier medio de prueba, por ejemplo:  si la persona fuera estudiante con su título universitario o cursos realizados, documentación de la Institución Oficial que exista en su país en la que se refleje que el interesado no ha percibido ningún tipo de pensión o ayuda económica,  que no ha cotizado a la Seguridad Social u organismo similar etc....
 
 
La aportación de esta documentación puede ser esencial a la hora de obtener una Resolución favorable.
 
 
En caso de denegación, existe la opción del recurso, pudiendo aportarse en este escrito aquella documentación que se tenga y que acredite el concepto "estar a cargo".
 
 

La Oficina de Extranjería de la Calle Manuel Luna 29 de Madrid ha colgado el siguiente aviso importante relativo a la recogida de expedientes durante el mes de Agosto de 2016:



RECOGIDA DE SOLICITUDES DE RENOVACIÓN Y PRÓRROGAS. PLANTA SEGUNDA

AVISO IMPORTANTE

EXCEPCIONALMENTE, DURANTE ELMES DE AGOSTOLA OFICINA DE RECOGIDA DE SOLICITUDES DE RENOVACIONES Y PRÓRROGASPERMANECERÁ CERRADA.

LA PRESENTACIÓNDE ESTAS SOLICITUDES SE PUEDE REALIZAR A TRAVÉS DECUALQUIER REGISTRO PÚBLICO.

EXCEPTO: LA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE RESIDENCIA PERMANENTE INICIALES DE FAMILIARES DE COMUNITARIOS QUE SE REALIZARÁN EN EL HORARIO: 9:00 A 13:00 H EN C/ MANUEL LUNA 29

ROGAMOS DISCULPEN LAS MOLESTIAS


Aquellos extranjeros que hayan obtenido la nacionalidad Española pueden perderla en determinados supuestos, para evitarlo basta con realizar un trámite muy sencillo de declaración de conservación ante el Consulado de España.


Los supuestos de pérdida de nacionalidad son los siguientes:


–  Nacionalizados, que se marchen a residir al extranjero y adquieran voluntariamente otra nacionalidad. Pueden evitar esta pérdida si en el plazo de tres años declaran su voluntad de conservar la nacionalidad Española acudiendo al Consulado de España manifestando este deseo. La adquisición de la nacionalidad de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal no es bastante para producir por esta causa la pérdida de la nacionalidad española.

-Nacionalizados que se marchen a  residir en el extranjero y durante tres años utilicen exclusivamente la nacionalidad que tuvieran atribuida antes de la emancipación. Pueden evitar esta pérdida si en el plazo de tres años declaran su voluntad de conservar su nacionalidad ante el Consulado de España. La adquisición de la nacionalidad de páises iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal no es bastante para producir por esta causa la pérdida de la nacionalidad española.

– Los españoles emancipados que tengan otra nacionalidad, residan habitualmente en el extranjero y renuncien voluntariamente a la Española.

En el caso de españoles que hayan nacido en el extranjero y sean españoles por haber nacido de padre o madre español/a también nacido en el extranjero, perderán la nacionalidad española si en el plazo de tres años desde la emancipación o mayoría de edad no declaran su voluntad de conservar la nacionalidad española ante el Consulado de España.

– Cuando entren voluntariamente al servicio de las armas o ejerzan un cargo político en un Estado extranjero contra la expresa prohibición del gobierno.

– Cuando una sentencia declare que el interesado incurrió en falsedad, ocultación o fraude en la adquisición de la nacionalidad española.

Lamentablemente son muchos las solicitudes de nacionalidad que se deniegan al año; contra las Resoluciones denegatorias existen dos tipos de recursos a interponer. El de Reposición en el plazo de un mes, donde resuelve la misma Administración que dictó la resolución, y que sinceramente no aconsejamos,  pues  la única ventaja que tenía antes este recurso que era la rapidez en la contestación, hoy en día, debido a las numerosas denegaciones y al volumen de trabajo se ha perdido pues el tiempo estimado de contestación sobrepasa el año. El otro recurso es el Contencioso Administrativo ante la Audiencia Nacional, se resuelve por tres magistrados y las posibilidades de éxito son mayores.


Las principales causas de denegación son las siguientes:

- Falta de Integración; se produce en aquellos casos en los que el extranjero no ha sabido contestar una o más preguntas del examen (oral o escrito) que en su día le hicieron en el Registro Civil. Nuestro consejo en estos casos es recurrir la denegación; pues la integración de una persona no puede medirse por el hecho de haber sabido contestar o no una pregunta en un momento determinado; la integración debe valorarse atendiendo a las circunstancias del solicitante durante toda su estancia en España.

En la actualidad con la modificación del procedimiento y la realización tanto del examen DELE como del CCSE, se van a evitar las denegaciones injustificadas de este tipo; pues los nuevos exámenes se realizan en las mismas condiciones para todos los solicitantes.

-Tener antecedentes penales o policiales en España, es muy importante en este supuesto que el interesado que en su momento haya sido condenado o se haya visto involucrado en el algún procedimiento judicial solicite la cancelación de sus antecedentes penales (cuando ha habido una condena) o policiales (en el caso de que hubiera sido detenido). Pueden recurrirse este tipo de denegaciones pero las posibilidades de éxito dependen en gran medido del tipo de delito cometido, fecha de la comisión, cumplimento de la pena y demás circunstancias personales del solicitante.

Haber presentado el expediente antes de cumplir el plazo mínimo de residencia legal y continuada en España anterior a la solicitud, en este supuesto el recurso no merece la pena, pues sería muy complicado que se estimará ya que el cumplimento de los plazos de residencia legal y continuada en España es uno de los requisitos principales marcados por la ley.

- Tener el certificado de antecedentes penales caducado, o no estar debidamente legalizado o apostillado y traducido. El recurso a interponer suele estimarse pues la Administración está obligada a requerir al interesado para que en un plazo de 10 días aporte la documentación que se encuentre incompleta o sea errónea, normalmente este plazo no suele concederse, de manera que habrá que acreditar esta circunstancia y aportar de nuevo el documento en el recurso.

-Haber computado el tiempo de “estancia” como estudiante como si fuera de “residencia”, al estudiante no se le considera en situación de residencia sino de estancia por tanto en estos casos el recurso a interponer será muy complicado de ganar.

Es importante tener en cuenta que la demora en la resolución del procedimiento no implica la denegación, en la web del Ministerio de Justicia el interesado puede ir comprobando como va su procedimiento, en cuanto salga resuelto, debe acudir al Registro Civil donde se inició el expediente y pedir copia de la Resolución.

Son numerosos los extranjeros que presentaron sus solicitudes de nacionalidad con anterioridad a la entrada en vigor del nuevo procedimiento de nacionalidad y continúan a la espera sin haber recibido aún número de expediente.



Esta situación genera mucha incertidumbre y preocupación, pues no obtienen respuesta alguna ni por parte del Registro Civil que tramitó inicialmente la documentación ni tampoco por parte del Ministerio de Justicia.

Recientemente se ha remitido la siguiente comunicación por parte del Ministerio de Justicia, que al menos supone una explicación en el retraso de las solicitudes:



Todos los expedientes iniciados en el 2015 tanto presencialmente, como por la Sede Electrónica, tendrán el mismo tratamiento a efectos de consulta.

Tanto las solicitudes presentadas por Sede Electrónica como las presentadas presencialmente han de ser dadas de alta en la nueva aplicación de gestión de expedientes de nacionalidad por residencia para expedientes del año 2015 y posteriores. Dicha aplicación actualmente se encuentra en periodo de prueba.

Una vez incorporada la solicitud, el interesado recibirá una comunicación del Ministerio de Justicia donde se le informará del número de expediente de nacionalidad por residencia asignado, con el que podrá comprobar el estado de tramitación de su expediente en la Sede Electrónica sin necesidad de certificado digital.”

Es importante no confundir la Tarjeta de Larga duración  con la Tarjeta Permanente, pues se trata de dos autorizaciones de residencia y trabajo diferentes obtenidas a través de dos procedimientos con regulación y normativa distintas.



 La Tarjeta de larga duración es aquella a la que tienen derecho los ciudadanos extranjeros después de haber residido de forma legal en España durante cinco años tras ir renovando sus sucesivas tarjetas. Pertenece al Régimen General y se regula en el artículo 32  de  la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de Enero sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y  en los artículos 147 a 150 de su Reglamento.



Se podrá acceder a esta tarjeta también en los siguientes supuestos:



-         Haber residido legalmente y de forma continuada en territorio español durante cinco años. La continuidad no se verá afectada por ausencias del territorio español de hasta seis meses continuados, siempre que la suma no supere diez meses dentro de los cinco años. Si es por motivos laborales no podrá superar el total de un año dentro de los cinco años requeridos.

-         Haber residido cinco años continuados como titular de Tarjeta Azul UE en la Unión Europea, siempre que los dos años inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud dicha residencia se haya producido en territorio español. La continuidad no se verá afectada por ausencias de la Unión Europea de hasta doce meses continuados, siempre que la suma de éstas no supere el total de dieciocho meses dentro de los cinco años de residencia requeridos.

-         Ser residente beneficiario de una pensión de jubilación contributiva, incluida dentro de la acción protectora del sistema español de la Seguridad Social.

-         Ser residente beneficiario de una pensión de incapacidad permanente absoluta o de gran invalidez, en su modalidad contributiva, incluida dentro de la acción protectora del sistema español de la Seguridad Social o de prestaciones análogas a las anteriores obtenidas en España y consistentes en una renta vitalicia, no capitalizable, suficiente para su sostenimiento.

-         Ser residente y haber nacido en España y al llegar a la mayoría de edad haber residido en España de forma legal y continuada durante, al menos, los tres años consecutivos inmediatamente anteriores a la solicitud.

-          Haber sido español de origen y haber perdido la nacionalidad española.

-         Ser residente que al llegar a la mayoría de edad haya estado bajo la tutela de una entidad pública española durante los cinco años inmediatamente anteriores de forma consecutiva.

-         Ser apátrida, refugiado o beneficiario de protección subsidiaria, encontrarse en territorio español y haberle sido reconocido el respectivo estatuto en España.

-         Haber contribuido de forma notoria al progreso económico, científico o cultural de España, o a la proyección de España en el exterior. En estos supuestos, corresponderá al titular de Ministerio de Empleo y Seguridad Social la concesión de la autorización de residencia de larga duración, previo informe del titular del Ministerio del Interior.



La tarjeta Permanente es la que obtienen los extranjeros familiares de un ciudadano Español o comunitario que previamente hayan sido titulares de la tarjeta inicial de cinco años; cuyo procedimiento se regula en el Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.



Los principales requisitos para poder acceder a esta tarjeta además de demostrar el vínculo familiar con el ciudadano Comunitario, es que éste pueda acreditar medios económicos suficientes para mantenerle y aportar un Seguro médico con cobertura de un año y las mismas prestaciones que la Seguridad Social.





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No es lo mismo Espacio Schengen que Unión Europea, por tanto eso significa que aquellos extranjeros que tenga un permiso de residencia en España no pueden viajar a cualquier país de la Unión Europea simplemente con este documento, debiendo solicitar el correspondiente visado en caso de ser necesario.


Es importante distinguir entre el Espacio Schengen y la Unión Europea, pues sólo veintidós de los veintiocho Estados miembros de la UE pertenecen al Espacio Schengen, de  los 6 países que no formar parte del espacio Schengen hay cuatro, Bulgaria, Croacia, Chipre y Rumanía que desean incorporarse a la zona, los otros dos Irlanda y Reino Unido, mantienen la opción de exclusión.

Por el contrario Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, han firmado el Acuerdo de Schengen integrándose en el espacio, a pesar de que no pertenecen a la UE. Y tres microestados europeos, Mónaco, San Marino y la Ciudad del Vaticano, mantienen acuerdos de control de fronteras con países de la UE, formando parte de facto del espacio Schengen.


Esto significa que con un permiso de residencia en España el ciudadano extranjero puede desplazarse por cualquier país Schengen de la Unión Europea pero no por cualquier país de la Unión Europea. Para viajar a un país de la Unión Europea que no forme parte de los Estados Schengen, el ciudadano deberá tener en cuenta si dicho país de la Unión Europea  exige Visado al país de donde es ciudadano.

Los países  a  los cuales un ciudadano extracomunitario residente  legal en España puede viajar sin  necesidad de visado, simplemente con su NIE Y pasaporte son: 

Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Polonia, Portugal, República Checa, República Eslovaca, Suecia y Suiza.

Para el resto de los países que son miembros de la UE pero no formar parte del espacio Schegen, deberá tenerse en cuenta la obligatoriedad de visado en dependencia del país de donde se es ciudadano.

Podrá ser solicitado por el extranjero fuera de la Unión Europea que acredite que va a desarrollar una actividad emprendedora de carácter innovador y con especial interés económico para España.



Se entiende por actividad emprendedora, aquella que suponga la creación de puestos de trabajo, tenga un carácter innovador o suponga una inversión para España.


Puede obtenerse bien desde el país de origen solicitando un Visado de residencia por un año en el Consulado de España, con el fin de poder llevar a cabo los trámites necesarios para poder ejercer la actividad. O bien desde España, siempre y cuando el interesado cuente con una autorización de estancia o residencia.


Es necesario que se solicite una autorización expresa de residencia para emprendedores  con una vigencia de dos años renovables; autorización específica para poder desarrollar la actividad económica como emprendedor. Esta autorización se solicitará en la Unidad de Grandes Empresas y Colectivos Estratégicos.



La documentación a aportar será la siguiente:

-         Pasaporte.

-         Seguro público o privado de enfermedad con una entidad que opere en España.

-         Certificado de antecedentes penales.

-         Acreditación de medios económicos suficientes para sí y para los miembros de su familia durante su período de residencia en España.

-         Informe favorable sobre la actividad que se va a desarrollar.

En el caso de los visados se solicitará el informe  en la Oficina Económica y comercial de España del ámbito de la demarcación geográfica donde se solicite el visado.

Para obtener la autorización de residencia, el informe se solicitara en la Dirección General de Comercio e Inversiones.



Para solicitar el Informe Favorable es necesario  desarrollar el plan de negocios del proyecto, detallando tanto el perfil profesional del solicitante, como la actividad concreta a desarrollar, los puestos de trabajo a crear con las características de cada uno, zona geográfica donde se desarrollará el proyecto, inversión etc…



La autorización obtenida por el solicitante le permitirá residir y trabajar en todo el territorio Español, pudiendo tramitarse de forma conjunta para sus familiares (cónyuge e hijos), sin que se aplique la Situación Nacional de Empleo. En estos supuestos la tramitación es muy rápida, obteniéndose los visados en un plazo de diez días, y las autorizaciones en 20; pues el procedimiento se centraliza en una ventanilla única denominada, Unidad de Grandes Empresas y Colectivos Estratégicos.

 
En la actualidad se están produciendo denegaciones de la Tarjeta de Familiar de la Unión Europea por considerarse por parte de la Delegación de Gobierno que la Póliza del Seguro Médico aportado, no tiene las mismas coberturas que la Seguridad Social; que es de cobertura total, sin límites y sin la participación económica del asegurado.



Es importante por tanto a la hora de solicitarse la tarjeta comunitaria concertar un Seguro Médico Privado que cumpla los requisitos necesarios es decir; que sea un seguro sin copago, sin periodo de carencia y con vigencia suficiente.


El seguro sin copago, es aquel que no tiene restricciones, la cuota es más alta pero no existen limitaciones. En un seguro con copago se realiza una aportación cada vez que se hace uso de los servicios médicos de ahí que la prima sea más barata; pero no es el que exige por las autoridades y puede ser causa de denegación.


El periodo de carencia, es el plazo de tiempo que transcurre entre el alta de la póliza y la posibilidad de solicitar un servicio determinado. Normalmente todos los seguros médicos están sujetos a este periodo; de manera que es muy complicado aportar una póliza libre de carencia, salvo en seguros de gama alta y sin copago.


La vigencia del seguro debe ser de al menos un año, si presenta una póliza de tan sólo unos meses pueden denegar la solicitud.


Pueden existir también problemas a la hora de contratar una póliza para mayores de 60 años, pues muchas aseguradoras no están interesadas ya que hay un mayor riesgo de enfermedades, pero si es hay aseguradoras que lo tramitan aunque con un mayor coste.


Las prestaciones que debería contener como mínimo el Seguro serían las siguientes:

 – Asistencia Primaria:
Medicina General
Ambulancias
– Especialistas:
 Consulta de todas las especialidades
– Pruebas Diagnósticas
– Hospitalización médica y quirúrgica
– Urgencias



En el supuesto de recibirse una Resolución Denegatoria, nuestro consejo es recurrir la misma.
Tras la entrada en vigor del nuevo procedimiento para la obtención de la nacionalidad Española, se estableció la necesidad de superar dos pruebas o exámenes como requisito esencial para optar a ésta; una de Conocimientos Constitucionales y Culturales de España (CCSE) obligatoria para todos los solicitantes, tipo test y bastante sencilla. Y otra de conocimiento del Idioma Español (DELE A2), obligatoria exclusivamente para aquellos ciudadanos originarios de países de habla no hispana, que aunque no es excesivamente complicada si requiere que el  solicitante sepa leer, escribir y comprender correctamente el idioma castellano.



El examen consta de cuatro pruebas  divididas a su vez en varias tareas con un tiempo específico para cada una de ellas. Normalmente empieza a las 9 de la mañana hasta el mediodía, realizándose en estas horas la prueba escrita y continuando por la tarde con la prueba oral.

La primera prueba es de comprensión lectora, comprende varios textos con preguntas relacionadas con los mismos. La segunda prueba es de compresión auditiva, escuchar un texto, conversaciones o frases y contestar preguntas sobre los mismos. La tercera es de expresión e interacción escrita, consiste en completar un formulario, escribir un  texto o describir un paisaje, historia….empleando para ello un determinado número de palabras. La prueba cuarta se denomina expresión e interacción orales, consiste en mantener una conversación con el entrevistador de un tema libre, preparar un monólogo sobre un tema elegido previamente, describir una fotografía etc…

Cada prueba tiene un valor del 25%, siendo necesario para aprobar obtener un 30% en las pruebas auditivas y orales y otro 30% en las de expresión escrita y comprensión lectora. En caso de no superar el mismo, es neceario volver a pagar el importe de 124 euros para presentarse de nuevo, al contario de lo que ocurre con la prueba de CCSE que puede hacerse en dos ocasiones sin necesidad de un nuevo pago.

Tras la entrada en vigor de la reforma del Real Decreto 240/2007 que regula el régimen comunitario, creándose el concepto de familia extensa, por el cual se amplían los familiares a los cuales el ciudadano español o comunitario puede otorgarles el derecho a vivir con ellos en España, son muchos los extranjeros nacionalizados que desean reagrupar a sus familiares; pero es importante tener en cuenta el concepto “estar a cargo” exigido por el reglamento y tener en cuenta que es lo que implica este término y su significado concreto.

Pongamos por ejemplo un ciudadano Español que quiere reagrupar a su hermano; no bastará con que acredite documentalmente que ha enviado a éste de forma periódica dinero en cantidad suficiente para su mantenimiento; sino también que su hermano forma parte de su círculo familiar; es decir que no tiene a su vez su propia familia (cónyuge, hijos….) sino que su única familia es el ciudadano Español con el que mantiene una relación estrecha, siendo  por ejemplo fundamental la convivencia previa.

Será complicado por tanto que el Consulado de España conceda el correspondiente Visado de Familiar de la Unión Europea, en caso de no poder demostrarse fehacientemente  el cumplimiento de este concepto.

Tras la supresión del visado de corta duración desde el 4 de Diciembre de 2015 para los nacionales Colombianos y recientemente desde el 15 de Marzo para los ciudadanos Peruanos, son numerosas las consultas recibidas sobre la documentación necesaria a aportar cuando el extranjero pretende entrar en España, tanto en calidad de turista como en aquellos casos en los que posee familiares con nacionalidad Española y su intención es quedarse a vivir en España con ellos. La documentación en caso de ser exigida en el control fronterizo no es la misma, trataremos a través de este artículo aclarar esta situación.
 
Cuando el extranjero viaja en calidad de turista debe acreditar esta circunstancia y por tanto no es suficiente con la carta de invitación como muchas personas creen; la carta de invitación es un documento más que simplemente acredita el alojamiento, pero además es necesario demostrar garantías de retorno (billete de vuelta), medios económicos (68 euros por día), seguro médico de viaje que cubra su estancia. Esta documentación tendrá que ser aportada por el interesado en el control fronterizo a su llegada a España. El plazo máximo que puede permanecer en el país son 90 días transcurridos los cuales debe abandonar el territorio, en caso de no hacerlo quedará en situación irregular con las consecuencias que ello implica; originándose igualmente consecuencias para el invitador; tal y como hemos detallado en artículos anteriores.
 
Con respecto a los familiares de nacionales Españoles cuya intención sea quedarse a residir en el país, obteniendo posteriormente la correspondiente Tarjeta de Familiar de la Unión. Antes de la supresión del visado debían solicitar el correspondiente Visado Comunitario en el Consulado de España en su país de origen, aportando determinada documentación. En la actualidad ya no es necesaria la realización de esta gestión; pero si que el familiar del ciudadano Español viaje con la documentación que acredita que cumple con los requisitos necesarios para poder residir en el país. Esto es: acreditación del vínculo familiar (certificados de nacimiento), en caso de familiar a cargo (demostrar que al menos durante el último año ha dependido económicamente del ciudadano Español, siendo los envíos de dinero recibidos sus únicos ingresos), certificado de empadronamiento del ciudadano Español, copia compulsada de su DNI, y acta de manifestaciones realizada ante Notario en la que quede constancia de que el ciudadano Español está dispuesto a hacerse cargo de su familiar y que dispone de medios económicos para mantenerle). No es necesario billete de avión de vuelta, pues el extranjero no viaja en calidad de turista, sino que su intención es reunirse con su familiar Español.
La Orden PRE/ 1490/2012, de 9 de julio, que desarrolla la normativa comunitaria y los requisitos tanto para la inscripción en el Registro Central de Extranjeros como  para la obtención de la Tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión establece  la necesidad de poder acreditar recursos suficientes, para sí y para los miembros de su familia, debiendo realizarse una  valoración de la suficiencia de medios de manera individualizada y en todo caso, teniendo en cuenta la situación personal y familiar del solicitante (artículo 3 2.c. 2ª).


En la práctica sin embargo esta valoración individualizada no está teniendo lugar, produciéndose denegaciones de tarjetas comunitarias en aquellos casos en los que el ciudadano Español tiene reconocida legalmente una discapacidad; por considerarse por parte de las Delegaciones Gobierno que las pensiones no contributivas de invalidez, no son una acreditación suficiente de los recursos necesarios para la obtención de la tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión.


Esta actuación por parte de la Administración supone una discriminación y atenta contra el derecho a la igualdad de oportunidades y de trato, así como al ejercicio real y efectivo de derechos por parte de las personas con discapacidad, recogido en el Real Decreto Legislativo de 1/2013, de 29 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.
 
Así  se establece en su artículo 63 que dispone que: “se entenderá que se vulnera el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, definidas en el artículo 4.1, cuando, por motivo de o por razón de discapacidad, se produzcan discriminaciones directas o indirectas, discriminación por asociación, acosos, incumplimientos de las exigencias de accesibilidad y de realizar ajustes razonables, así como el incumplimiento de las medidas de acción positiva legalmente establecidas”.


Por tanto cuando al cónyuge de un ciudadano español con discapacidad reconocida legalmente y con su matrimonio inscrito en el Registro Civil español, se le deniega la tarjeta comunitaria por este motivo, está sufriendo una discriminación directa al no valorase de manera individualizada su situación personal y familiar.


Trás la entrada en vigor del nuevo procedimiento para la obtención de la nacionalidad Española, se estableció como requisito imprescindible la superación de dos pruebas o exámenes para poder acceder a la misma, una de Conocimientos Constitucionales y Culturales de España (CCSE), obligatorio para todos los solicitantes, y otra de conocimiento del idioma Español (DELE) obligatoria únicamente para aquellos extranjeros nacionales de países de habla no hispana. Sólo se encuentran exentos de la realización de estos exámenes los menores de edad y los discapacitados; pero ¿qué ocurre con las personas analfabetas?.


No existe regulación al respecto en el Real Decreto 1004/2015 de 6 de noviembre que desarrolla el procedimiento para la adquisición de la nacionalidad Española, sobre las personas analfabetas y su imposibilidad de poder realizar las pruebas de acceso.


Es por ello por lo que el pasado 16 de Abril la Defensora del Pueblo, Doña Soledad Becerril ha realizado una Recomendación al respecto al Ministerio de Justicia, que está pendiente de contestación.


El principal argumento recogido en la misma es la vulneración de los principios constitucionales de igualdad y no discriminación que supone la ausencia de una adaptación y un apoyo en la realización de las pruebas para la nacionalidad Española para estas personas. Se ha  recomendado que por parte del Instituto Cervantes se establezca un método adaptado a las necesidades de este colectivo.


Esta recomendación se basa en lo establecido por el Parlamento Europeo es su informe sobre analfabetismo y exclusión social, el cual resaltó el compromiso asumido a nivel europeo en materia de lucha contra el analfabetismo, como un medio necesario para respetar la dignidad humana y luchar contra la exclusión social. En la misma se señala que: “La falta de acceso a los aprendizajes fundamentales y el analfabetismo constituyen una violación intolerable de los derechos humanos, no solo porque privan a una parte de los ciudadanos de la herramienta de la lectura y la escritura, indispensable en una sociedad, sino también porque los reducen al silencio, a la incomunicación, y a la no participación en la sociedad y a una efectiva inclusión social”.


Evidentemente la  ausencia de un procedimiento especial o un apoyo para que las personas con analfabetismo  puedan acceder a la nacionalidad Española, y el hecho de que obligatoriamente deban realizar unas pruebas de conocimientos culturales y lingüísticos de imposible cumplimiento, suponen una vulneración de los principios constitucionales de igualdad y no discriminación.

La Carta de invitación es un documento que se tramita en las Comisarías de Policía por el familiar o amigo residente en España a favor de un extranjero que pretende viajar a España en calidad de turista, ya sea con visado o sin la necesidad de éste. Existen unas importantes consecuencias para ambas partes cuando el extranjero incumple la normativa y se queda en España una vez transcurrido el plazo marcado por la Ley.


Es importante recordar que la carta de invitación acredita únicamente el alojamiento durante el tiempo que el extranjero vaya a estar en España, por tanto es necesario que el interesado aporte o acredite el resto de los requisitos exigidos por la normativa, (recurso económicos, billete de ida y vuelta, seguro médico, garantías de retorno….).


El plazo máximo que se puede permanecer en España en calidad de turista son 90 días, sin embargo son muchas las ocasiones que una vez transcurrido este plazo el extranjero no regrese a su país quedando en España en situación irregular. Además de las consecuencias administrativas que este hecho puede ocasionarle; pues puede serle incoado un expediente de expulsión por estancia irregular; también existen consecuencias graves para el invitador; así se recoge en el artículo 53.2 c) de la Ley de Extranjería que califica como infracción administrativa grave:


c) Promover la permanencia irregular en España de un extranjero, cuando su entrada legal haya contado con una invitación expresa del infractor y continúe a su cargo una vez transcurrido el período de tiempo permitido por su visado o autorización. Para graduar la sanción se tendrán en cuenta las circunstancias personales y familiares concurrentes”. La multa a imponer podrá ser de 501 hasta 100.000 euros.


Pueden incuso imponerse penas de hasta 4 a 8 años de prisión, conforme lo regulado en el Código que tipifica como delito, en el artículo 318, bis: “el que directa o indirectamente, promueva, favorezca o facilite el tráfico ilegal o la inmigración clandestina de personas desde, en tránsito o con destino a España, será castigado con la pena de cuatro a ocho años de prisión”.



Tras meses de espera, finalmente el pasado 14 de Marzo ser firmó el Acuerdo sobre supresión recíproca del Visado de corta duración entre la Unión Europa y Perú.


Esto implica que los nacionales Peruanos no necesitan visado de corta duración, (turista) para viajar a España o al resto de los países de la Unión Europea, con excepción de Reino Unido e Irlanda; pero eso no significa que no tengan que cumplirse los requisitos exigidosen el artículo 5.1 del Anexo I y el Anexo VII del Reglamento (CE) nº 562/2006 de 15 de marzo de 2006 (Código de Fronteras Schengen). Es decir demostrar su condición de turista y regresar transcurrido el plazo máximo concedido de 90 días por cada 180.



La documentación que debe presentarse en caso de ser requerido en el control fronterizo es la siguiente:



-Pasaporte biométrico o de lectura mecánica vigente, cuya fecha de vencimiento sea superior a tres meses de la finalización de la estancia con una antigüedad a tres meses de la finalización de la estancía y una antigüedad de expedición inicial no superior a 10 años.

-Billete de ida y vuelta no superior a 90 días.

-Reserva de hotel o carta de invitación en caso de alojarse en residencia privada de familiares o amigos

- Recursos económicos suficientes para la permanencia durante el viaje, entre 50 y 100 euros al día dependiendo del país y del tipo de alojamiento.

 -Seguro médico en caso de accidente o emergencia que cubra la estancia.

En el caso de familiares de ciudadanos de la UE (padres, hijos o cónyuges), que viajen acompañados por ellos, no es necesario acreditar que disponen de los medios económicos suficientes para la estancia ni el alojamiento, pero sí deben aportar documentación que confirme el vínculo familiar. Si no viajan acompañados por ellos deben llevar una carta de invitación policial o acta de manifestaciones ante Notario.     

      

Seguirá siendo obligatorio la solicitud de visado para los nacionales de Perú en los siguientes supuestos:

-Aquellos ciudadanos que pretendan realizar una actividad laboral remunerada en España, incluso por un periodo inferior a 90 días, debiendo tramitarse el correspondiente visado de residencia y trabajo conforme a la normativa vigente.

- Cuando la estancia prevista sea superior a 90 días cualquiera que sea el motivo.

 

El Certificado de Registro de Ciudadano de la Unión, debe solicitarse por aquellos ciudadanos Comunitarios que deseen residir o trabajar o en España por periodos superiores a tres meses.

 

Requisitos:

 - Ser trabajador por cuenta ajena en España.

-  Ser trabajador por cuenta propia en España.

- En caso de no trabajar disponer para sí y para los miembros de su familia, de recursos suficientes. Debiendo aportar un seguro de enfermedad público o privado, contratado en España o en otro país, que proporcione cobertura en España durante su período de residencia equivalente a la proporcionada por el Sistema Nacional de Salud. (La valoración de la suficiencia de medios económicos se efectuará de manera individualizada, teniendo en cuenta la situación personal y familiar del solicitante; se considerará acreditación suficiente para el cumplimiento de este requisito la tenencia de recursos que sean superiores al importe que cada año fije la Ley de Presupuestos Generales del Estado para generar el derecho a recibir una prestación no contributiva, teniendo en cuenta la situación personal y familiar del interesado).

-  Ser estudiante y estar matriculado en un centro público o privado reconocido por el Ministerio de Educación, para cursar estudios o formación profesional.

- Ser nacional de un Estado miembro, familiar que acompaña o se reúne con un ciudadano de la Unión. El familiar podrá ser:


a) En el supuesto de familiar de estudiante, su cónyuge o pareja de hecho inscrita o los hijos del estudiante y de su cónyuge o pareja a cargo.
b) En los demás supuestos, el cónyuge o pareja de hecho inscrita, sus descendientes directos y los de su cónyuge o pareja menores de 21 años o incapaces o mayores de dicha edad que vivan a su cargo, y sus ascendientes directos o los de su cónyuge o de la pareja registrada que vivan a su cargo.

 

Documentación:

- Modelo de solicitud EX 18.

- Pasaporte o documento nacional de identidad válido y en vigor. En el supuesto de que esté caducado, deberá aportarse copia de éste y de la solicitud de renovación.

- Si es trabajador por cuenta ajena podrá aportar cualquiera de los siguientes documentos:


a) Declaración de contratación del empleador o certificado de empleo, incluyendo, al menos, los datos del nombre y dirección de la empresa, identificación fiscal y código cuenta de cotización.
b) Contrato de trabajo registrado en el Servicio Público de Empleo, o la comunicación de la contratación y sus condiciones a través de la plataforma CONTRAT@.
c) Documento de alta o situación asimilada del alta en el régimen correspondiente de Seguridad Social o consentimiento de la comprobación de los datos en los ficheros de la Tesorería General de la Seguridad Social.

      - Si es trabajador por cuenta propia podrá aportar cualquiera de los siguientes documentos:

a) Inscripción en el Censo de Actividades Económicas.
b) Inscripción en el Registro Mercantil.
c) Documento de alta o situación asimilada al alta en el régimen correspondiente de Seguridad Social, o consentimiento de la comprobación de los datos en los ficheros de la Tesorería General de la Seguridad Social o de la Agencia Tributaria.

Si no se ejerce actividad laboral en España se deberá aportar:

a) Documentación acreditativa de disponer de seguro de enfermedad público o privado, contratado en España o en otro país, siempre que proporcione una cobertura en España durante su periodo de residencia equivalente a la proporcionada por el sistema nacional de salud. Los pensionistas cumplen con esta condición aportando certificación de disponer de asistencia sanitaria con cargo al Estado por el que perciben pensión.
b) Documentación que acredite disponer de recursos suficientes para él y sus familiares para el periodo de residencia en España. Se podrá acreditar por cualquier medio de prueba admitido en derecho, tales como títulos de propiedad, cheques certificados, documentación justificativa de obtención de rentas de capital o tarjetas de crédito con certificación bancaria que acredite la cantidad disponible como crédito de la citada tarjeta.


- Si es estudiante se deberá aportar:


a) Matrícula del centro de enseñanza público o privado, reconocido o financiado por la administración educativa competente.
b) Documentación que acredite disponer de seguro de enfermedad. Podrá aportar tarjeta sanitaria europea con una validez que cubra el periodo de residencia y le habilite a recibir las prestaciones sanitarias necesarias.
c) Declaración responsable de que posee recursos suficientes para sí y para los miembros de su familia, para su periodo de residencia en España.


- Si es familiar de ciudadano de la Unión se deberá aportar:


a) Documentación acreditativa del vínculo familiar con el ciudadano de a Unión.
b)Documentación acreditativa de la dependencia económica.
c) Documentación que acredite que el familiar que le da el derecho es o trabajador por cuenta ajena o propia, o que tiene medios de vida suficientes y seguro de enfermedad, o que es estudiante y tiene medios suficientes para sí y para los miembros de su familia.

Una de las causas más comunes de denegación del Permiso de Residencia por Circunstancias Excepcionales, el llamado comúnmente arraigo social,  es la falta de solvencia económica del empresario que ha formalizado el contrato. A pesar de que el extranjero ha cumplido el resto de los requisitos se encuentra ante la imposibilidad de conseguir la residencia por causas ajenas a su voluntad.

Los motivos de denegación por esta causa más comunes, son los siguientes:

-         La empresa o empleador no se encuentra al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

-     No se ha garantizado por parte de la empresa o empleador, que se dispone de  medios económicos, materiales y personales para llevar a cabo el proyecto empresarial y a su vez para poder pagar el correspondiente salario al trabajador.

-          La empresa no se encuentra dada de alta en la Seguridad Social.

-          La empresa o el empleador tienen deudas con la Seguridad Social.

Sin embargo hay que tener en cuenta que la Administración no puede denegar el permiso por arraigo en base a estas circunstancias; y el motivo es muy sencillo; entre  los  requisitos exigidos por el Reglamento de extranjería que regula este permiso excepcional se establece en el artículo 124.b) únicamente la necesidad de que el solicitante: “Disponga de  un contrato de trabajo firmado por el trabajador y el empresario en el momento de la solicitud por un periodo que no sea inferior a un año”. No se menciona en ningún momento la necesidad de acreditar los medios económicos del empresario.

El cumplimiento del requisito de la solvencia económica, si se exige por el contrario en la tramitación del Permiso de Residencia por Cuenta propia, pues es un permiso que tramita la propia empresa que desea contratar a un extranjero que se encuentra en su país de origen; en este caso el Reglamento si recoge expresamente en  el artículo 50 c)  la obligación de que la empresa haya formalizado su inscripción en el correspondiente régimen de la seguridad social o que acredite los medios económicos, materiales o personales de los que dispone para su proyecto empresarial y para hacer frente a las obligaciones dimanantes del contrato de trabajo.

En conclusión es necesario diferenciar, entre el Permiso de Residencia por Circunstancias excepcionales (arraigo social regulado en los artículo 45.2 b y siguientes del  Reglamento), en los que la solicitud se presenta directamente por el propio extranjero debiendo únicamente acreditar la estancia continuada en el país durante tres años, que carece de antecedentes penales y cuenta con un contrato de trabajo de duración mínima de un año; sin que pueda exigírsele la acreditación de requisitos que no son de su competencia, como son el hecho de que el empresario esté dado de alta en la Seguridad Social. Y el Permiso de Residencia por Cuenta ajena, cuya solicitud se presenta directamente por la empresa o empresario y que exige el cumplimiento  de requisitos diferentes, entre ellos la solvencia económica.

            Por tanto en aquellos supuestos en los que el extranjero se encuentre ante la denegación de su solicitud por arraigo en base a no haber quedado acreditada la solvencia económica del empresario, el interesado podrá recurrir la Resolución en base a estos argumentos.

 

El artículo 124.3 a) del Reglamento de Extranjería, establece la posibilidad de solicitar un permiso por circunstancias excepcionales cuando el extranjero tenga un hijo menor de edad nacional Español; el trámite para obtener esta autorización es muy sencillo pues no es necesario justificar medios de vida ni un tiempo determinado en España, sino  que basta con acreditar la condición de padres de un nacional Español a su cargo y carecer de antecedentes penales.

 

La validez del permiso obtenido es de un año, sin limitación en el ámbito geográfico o  laboral, el problema puede surgir cuando tenga que renovarse la misma; pues la tramitación se realiza como si se tratara de una tarjeta de residencia y trabajo (es necesario incluso marcar esta opción a la hora de renovar); siendo necesario poder acreditar que el interesado cuenta con un contrato de trabajo, ha cotizado a la Seguridad Social el tiempo necesario, o cuenta con ingresos suficientes para obtener la Residencia no Lucrativa (2.219 euros mensuales).

En muchas ocasiones al no cumplirse alguno de estos requisitos es denegada la renovación; y si se intenta solicitar de nuevo el permiso por arraigo familiar se inadmite manifestándose  que se trata de una “reiteración de la solicitud”. En estos casos es aconsejable recurrir dicha Resolución, pues se está formulando una nueva solicitud independiente de la anterior y no una reiteración; ya que el hecho de ser ascendiente de un nacional Español no es un hecho puntual sino una circunstancia que se mantiene en el tiempo debiendo ser siempre considerada tantas veces como sea necesario.

En estos casos es esencial el interés del menor que se vería gravemente perjudicado si su progenitor quedara en situación irregular con el riesgo de que le fuera incoado un expediente de expulsión.

A partir del 1 de Enero del 2016 se  suprimió la exigencia de visado Schengen a los colombianos para ingresar a la Unión Europea.

Por tanto los familiares de ciudadanos de españoles que viajen a España a reunirse con ellos no necesitan tramitar en el Consulado de España el correspondiente visado de reagrupación familiar en régimen comunitario.

Si es importante que el familiar del ciudadano comunitario lleve encima la documentación que acredite el vínculo familiar y su intención de reunirse con él para poder presentarla en el control fronterizo.

Una vez en España podrá solicitar la correspondiente tarjeta comunitaria. Tampoco será necesario solicitar el visado de turista que permite la residencia legal durante un plazo máximo de tres meses; lo que no implica que deban cumplirse los requisitos establecidos para acreditar ésta  condición.

Desde el pasado mes de Diciembre se ha suprimido la necesidad de Visado de Estancia para los nacionales Colombianos y Peruanos (En el caso de estos últimos no será efectivo hasta el mes de Marzo de 2016). Pero eso no significa que no tengan que cumplir una serie de requisitos para acreditar su condición de turista una vez lleguen a España; entre ellos:  justificar que disponen de  billete de ida y vuelta que garantice el retorno al país de origen dentro del máximo de estancia de 90 días, recursos económicos para sufragar sus gastos durante su estancia en España, tener garantizado el alojamiento, no tener tiene dictada una prohibición de entrada, etc.

Los países a los que podrán viajar y circular por ellos sin visado son los siguientes: España, Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Holanda, Polonia, Portugal, República Checa, Suecia y Suiza.

Tal y como se ha señalado la ausencia de visado no quiere decir que  no se tengan que cumplir una serie de requisitos, que desarrollamos a continuación:

  1.   Pasaporte o documento de viaje válido con una vigencia de al menos hasta tres meses después de la fecha prevista de salida del territorio Schengen.
  2.  Billete de avión de ida y vuelta.
  3.  Documentos justificativos del alojamiento (reserva de hotel, contrato de alquiler, carta de invitación expedida por una Comisaría de Policía en España en caso de ser invitado por un particular residente en España, etc.). En caso de tours organizados, la reserva debe haber sido gestionada a través de una agencia de viajes acreditadas por la IATA (Asociación Internacional de Transporte Aéreo).
  4.   Documentos que acrediten la disponibilidad de recursos económicos propios (si el solicitante es dependiente económicamente, la documentación será la de los padres, cónyuge o hijos). Dinero en efectivo, cheques certificados, cheques de viaje, cartas de pago, o tarjetas de crédito, que deberán ir acompañadas del extracto de la cuenta bancaria o una libreta bancaria puesta al día (no se admitirán cartas de entidades bancarias ni extractos bancarios de Internet) o cualquier otro medio con el que se acredite fehacientemente la cantidad disponible como crédito de la citada tarjeta o cuenta bancaria. Al menos 68 euros por persona y día, con un mínimo de 580,77 euros
  5. Seguro médico de viaje que cubra, durante el periodo previsto de estancia, los gastos que pueda ocasionar su repatriación por motivos médicos o por defunción, la asistencia médica de urgencia o la atención hospitalaria de urgencia, válido en todo el territorio de los Estados Schengen y con una cobertura mínima de 30.000 euros.

El pasado 9 de diciembre entró en vigor la reforma del Real Decreto 240/2007 que regula el régimen comunitario,  creándose el concepto de familia extensa, por el cual se amplían los familiares a los cuales el ciudadano español o comunitario puede otorgarles el derecho a vivir con ellos en España.

Antes de la reforma los únicos familiares que podían ser reagrupados eran los siguientes:

- Cónyuge y Pareja de Hecho Registrada..El ciudadano comunitario podía reagrupar a su cónyuge (siempre y cuando el  matrimonio estuviera fuera válido en España) y a la Pareja de Hecho inscrita en un Registro Público de Parejas de Hecho autonómico o local, que no permita duplicidad de inscripción. Hijos hasta 20 años cumplidos.Tanto los del ciudadano comunitario como los  del cónyuge o pareja de hecho registrada. En el caso de los  menores de edad, con autorización del otro progenitor si lo hubiera.

 

 

- Hijos mayores 21 años que  vivan a su  cargo. Tanto del español o comunitario como de la pareja de hecho registrada. En este caso es obligatorio acreditar que viven a cargo en el país de origen, es decir, que depende exclusivamente del dinero que le proporciona el familiar español.

 

 

- Ascendientes que vivan a cargo. Del español o comunitario, del cónyuge o pareja registrada. Debe poder acreditarse al igual que ocurre con los hijos mayores de 21 años que  los padres viven  a cargo en el país de origen o de residencia, con independencia de la edad de éstos.

 

 

Los nuevos familiares que pueden ser reagrupados tras la modificación, que introduce un concepto de familia más amplio regulado en el artículo 2 bis del reglamentos, son los siguientes:

 

-Otros familiares. Se entiende por este concepto cualquier familiar que en el momento de la solicitud se encuentre a su cargoo viva con él ciudadano español o comunitario. También se incluyen aquellos familiares que, por motivos graves de salud o discapacidad sea estrictamente necesario que el comunitario se haga cargo personal del mismo. En este caso se valorará el grado de dependencia financiera y física, el grado de parentesco y la gravedad de la enfermedad o discapacidad, así como el tiempo de convivencia previa. En todo caso, se entenderá acreditada la convivencia si la misma ha durado al menos 24 meses.

 

 

-Pareja de hecho (no registrada) con la que se mantenga una relación estable debidamente probada. Se entenderá por  pareja estable aquella con la que haya  un vínculo duradero. Se entenderá acreditado este requisito, cuando hubiera una convivencia previa marital de al menos un año. En el caso  de haber descendencia en común bastará probar la convivencia estable.

 

 

Algunos ejemplos de Familia Extensa:

Español que vive en el extranjero con su cónyuge, sus hijos y el nieto de uno de sus hijos. Si acreditan que vivían juntos más de dos años, el nieto entraría como familia extensa.

 

- Ciudadano comunitario que mantiene a su hermano que vive en otro país, enviándole todos los meses dinero. Estos medios de vida son los únicos que percibe el hermano. Podría incluirlo como familia extensa, como hermano a cargo.

 

- Familiar de español que, que contrae repentinamente una enfermedad grave o discapacidad que hace necesario que de forma inmediata venga a España.

 

-    Pareja de Español o comunitario con el  que mantiene una relación estable, llevan viviendo juntos más de un año como novios y pueden probar su relación.

 

-        - Pareja de Español o comunitario que, aunque no vivan juntos, pueden probar la existencia de una relación estable y duradera. (En este caso podrá probarse la relación, con cualquier documento, ya sean fotos, facturas en común, certificado de empadronamiento, cuentas bancarias compartidas, correos etc…).

 

-        -  Extranjero casado con un Español fuera de España pero cuyo matrimonio aún no está inscrito en el Registro Civil Central.  Siendo necesario acreditar que  se está en proceso de inscripción del matrimonio y además que el vínculo ha sido duradero. Es decir  es importante que el matrimonio se haya celebrado hace tiempo o bien se pueda acreditar la antigüedad de la relación antes del matrimonio.

 

-         - Pareja estable con un hijo en común. No es necesario probar la relación duradera, simplemente que se tiene un hijo en común nacional Español, antes estos extranjeros con pareja e  hijo Español sólo tenían la opción de tramitar un arraigo familiar, ahora pueden optar por el régimen comunitario.

 

Procedimiento:

 

En el caso de que el familiar del ciudadano Español o comunitario se encuentre fuera de España, la entrada se hará en condición de familiar de ciudadano de la Unión Europea. Si el extranjero es de un país al que se le exige visado para estancias de corta duración, deberá solicitar en el Consulado de España el  Visado de Régimen Comunitario acreditando el vínculo con el familiar Español y el cumplimiento de los requisitos. Si el extranjero puede entrar en España sin visado de corta duración, podrá hacer la entrada directamente, pero siempre portando los documentos que acreditan su condición de familiar de un español o comunitario residente en España para su presentación en el control fronterizo.

 

En el caso de las parejas, aunque la normativa no exige necesariamente la convivencia previa en común; para poder obtener posteriormente la tarjeta comunitaria si es obligatorio el empadronamiento conjunto así como la presentación de medios de vida y seguro médico.

 

Para poder probar la existencia de la pareja estable puede utilizase cualquier medio de prueba válido en derecho, fundamentalmente pruebas documentales, tanto documentos públicos (escritura de propiedad de una vivienda en común) o privados (una póliza de seguro médico familiar privada, fotografías, cartas, mensajes de whatsapps etc…). También valdrían las pruebas testificales de amigos, familiares, personas de cierta relevancia (alcalde del pueblo, presidente de la comunidad de vecinos, etc) que de fe de la existencia de dicha relación. 

 

 

 

 

En la actualidad son numerosas las denegaciones de tarjetas permanentes comunitarias por no poder acreditarse por ninguna de las partes ingresos económicos; pero sin embargo la normativa no exige este requisito para poder acceder a la misma.

 

Es necesario distinguir entre: la petición inicial de la tarjeta comunitaria; para la cual, conforme con lo establecido en el artículo 7 del Real Decreto 240/2007 de 16 de febrero, se exige entre los requisitos la acreditación de medios económicos por parte del familiar comunitario que da derecho a la misma; y la  tarjeta comunitaria permanente.

 

La tarjeta comunitaria (de cinco años) no ha de renovarse, sino que el titular tiene derecho transcurrido ese plazo a solicitar una tarjeta permanente; al igual que ocurre con los Certificados Permanentes de los ciudadanos comunitarios y la normativa que regula la concesión de las mismas, articulo 10 del Reglamento, no establece entre sus requisitos la acreditación de medios económicos.

 

 En conclusión el titular de una tarjeta comunitaria de cinco años, tras la caducidad de la misma, no presenta una solicitud de “renovación”, sino de solicitud de  “tarjeta permanente” y no está obligado a acreditar recursos económicos.

  En caso de denegación por esta causa, nuestro consejo es que  el interesado  recurra la misma  ante la jurisdicción contencioso administrativa.



El pasado viernes 6 de Noviembre fue aprobado el Real Decreto que desarrolla la Disposición final séptima de la Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil sobre el nuevo Procedimiento para la obtención de la Nacionalidad Española por Residencia.

 

Las principales novedades de este nuevo procedimiento para la obtención de la nacionalidad Española son las siguientes:

 

Presentación; se realizará de forma on line a través de la web del ministerio de Justicia; la tramitación del procedimiento será gestionada por la Dirección General de los Registros y el Notariado, ya no será competente el Registro Civil (salvo en la última fase de jura de la nacionalidad e inscripción del nacimiento). No obstante hasta el 30 de Junio de 2017 habrá un periódo transitorio que permitirá a los interesados solicitar la nacionalidad Española en cualquier registro civil (con o sin las citas que tenían programadas) o bien  de forma telemática a través de la página del Ministerio de Justicia. El plazo para la resolución de  la solicitud será de un año, transcurrido el cual se entenderá desestimada por silencio.

Costes;  será necesario abonar una tasa de 100 euros, más 85 euros por la prueba de Conocimientos Constitucionales y Culturales de España (CCSE) obligatoria para todos los interesados salvo menores e incapacitados; y 124 euros por el Examen de Lengua Española (DELE) obligatoria únicamente para los nacionales de países de habla no hispana. El certificado del CCSE se expedirá a los 20 días tras su realización con una caducidad de 4 años; mientras que el del DELE tardará unos tres meses y no caduca.

Citas y solicitudes anteriores, aquellas personas que tuvieran concertada ya una cita no tienen que esperar hasta la llegada de la misma, pueden presentar ya la solicitud pero conforme a la nueva normativa, es decir abonar la tasa y acreditar la superación de los exámenes. Por el contrario aquellos extranjeros que hayan presentado su solicitud antes del 15 de octubre no tendrán que cumplir dichos trámites.

Hoy 15 de Octubre entra en vigor el nuevo procedimiento de nacionalidad Española, mañana se aprobará el Real Decreto que lo regula que será publicado en el BOE el 19 de Octubre.

 

La principal novedad de este nuevo procedimiento, será la superación de dos exámenes gestionados por el Instituto Cervantes, uno obligatorio para todos los solicitantes,  de conocimientos Socioculturales de España (CCSE) con un coste de 85 euros; y otra prueba de idioma, obligatoria únicamente para los nacionales de países de habla no hispana, con un coste de 120 euros. También será necesario abonar una tasa de 100 euros para poder solicitar la nacionalidad.

 

 

Los certificados obtenidos tendrán una validez de cuatro años, y se presentarán junto con el resto de la documentación, que al igual que los requisitos no ha variado, a la hora de solicitar la nacionalidad.

 

 

Para poder realizar las pruebas es necesario inscribirse en alguno de los centros adscritos al Instituto Cervantes, que facilitarán un manual cultural gratuito con 300 preguntas. El examen tendrá una duración de 45 minutos, con 25 cuestiones tipo test, siendo necesario contestar correctamente 15 para superar el mismo. La inscripción da derecho a presentarse dos veces a la prueba sin coste alguno; sin existir límite en cuanto al número de veces que un solicitante puede realizar la inscripción.

 

 

Las primeras convocatorias tendrán lugar el 29 de octubre y 26 de noviembre (en principio habrá convocatorias los últimos jueves de cada mes, excepto  en el mes de diciembre).

 

 

La principal ventaja de este nuevo procedimiento, es que se fijará un plazo de silencio administrativo negativo de 12 meses, es decir si transcurrido ese plazo no se ha obtenido respuesta se entenderá desestimada la solicitud, evitándose de este modo esperas innecesarias.

 

 

El próximo 15 de Octubre entra en vigor el nuevo procedimiento para la obtención de la nacionalidad Española, una de cuyas principales novedades es la necesidad de superar un examen de Cultura General, adjuntamos un modelo de las pruebas que van a realizarse y que gestiona el Instituto Cervantes. El examen tiene una duración de 45 minutos, consta de 25 preguntas y es necesario contestar correctamente 15 para superarlo.

 

TAREA 1

1. Según la constitución española, la soberanía nacional reside en el pueblo, del que proceden:

a) Las leyes orgánicas del Estado b) los estatutos de autonomía c) los poderes del Estado.

2. El Jefe del Estado es…

a) El presidente del Gobierno           b) el Rey            c) el ministro de asuntos exteriores.

3. Convocar elecciones corresponde al

a) Ministro del Interior                           b) presidente del Gobierno                 c) Rey

4. Antes de ser nombrado por el Rey, el presidente de Gobierno debe recibir la confianza de…

a) El Congreso de los Diputados          b) el Senado                    c) las dos Cámaras.

5. El poder legislativo corresponde...

a) El presidente y los ministros             b) a los jueces y los magistrados  c) a los diputados y senadores.

6. El poder judicial está constituido por…

a) Los ministros y el presidente                   b)los jueces y magistrados    c)los diputados y senadores.

7. La enseñanza de las lenguas cooficiales es competencia…

a) Del Estado                    b) de la Comunidad Autónoma          c) del gobierno provincial

8. ¿Quiénes forman parte del órgano ejecutivo de las comunidades autónomas?

a) El presidente y los ministros   b) el alcalde y los concejales   c) el presidente y los consejeros.

9. Los españoles pueden votar a partir de los…

a)16 años     b)18 años           c) 21 años

10. Los ciudadanos de la UE y de algunos países con acuerdos de reciprocidad, residentes en España, pueden votar en las elecciones…

a) locales            b)autonómicas                  c)generales

 

TAREA 2

11. La enseñanza básica (Primaria y Secundaria, de 6 a 16 años) es obligatoria y gratuita.

  1. Verdadera.                              b) Falsa.

12. Los ciudadanos españoles tienen derecho a acceder a las funciones y cargos públicos.

a. Verdadera.                            b) Falsa.

13. Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular libremente por el territorio nacional.

a) Verdadera.                             b) Falsa.

 

TAREA 3

14. ¿Qué comunidad autónoma forman Alicante, Castellón y Valencia?.

  1. Principado de Asturias.  b) Andalucía            c) Comunidad Valenciana.

15. El clima de Canarias se denomina.

a)Mediterráneo.               b) oceánico.               c) subtropical.

 

TAREA 4

16. ¿Cuál de estos museos está en Bilbao?.

  1. El mueso Nacional Centro  de Arte Reina Sofia.   b) El Museo Thyssen  Bornemisza   c) El museo Guggenheim.

17. ¿Cuál es la profesión de Penélope Cruz?.

a) Cantante                     b) Guitarrista              c) Actriz

18. ¿Cuál es la fiesta más famosa en Cádiz y Canarias?.

        a) El Carnaval.         b) La Semana Santa.         c) Los Sanfermines.

19.¿A qué edad es obligatorio tener el Documento Nacional de Identidad (DNI)?

  1. A los 14 años.      b) A los 16 años.        c) A los 18 años.

20. ¿Cuál de las siguientes familias es una familia numerosa?.

  1. Una pareja  con 1 hijo.     b) Una pareja con 2 hijos.    c) Una pareja con 3 hijos.

21. La baja por maternidad en España, de carácter general por un sólo hijo, puede ser de hasta...

  1. 10 semanas.        b) 16 semanas.       c) 20 semanas.

22. ¿Cómo se llama el informativo de la televisión pública Televisión Española que se ofrece en directo a las 15:00 y a las 21:00 horas?.

a) Noticiario.          b) Telenoticias.        c) Telediario.

23. ¿Cuál de estos productos exporta España en grandes cantidades?.

  1. Frutas y legumbres.         b) Café.               c) Gas Natural.

24. ¿Cuál es el número de teléfono único de asistencia al ciudadano ante cualquier emergencia en España?.

a) 060                          b) 112                               c) 911.

25. Si compramos una botella de agua de 750 ml, estamos comprando una botella de...

  1. ¾ de litro.            b) ½ litro.                       c) 1 litro.

 

 

 

 

 

 

 

 

  De acuerdo con lo establecido en la Disposición Adicional séptima de la Ley 19/20015 de 13 de Julio que regula el nuevo procedimiento para la obtención de la nacionalidad Española que entrará en vigor a partir del 15 de octubre de 2015, una de las principales novedades es la necesidad de superar dos pruebas; una de ellas  sobre Conocimientos Constitucionales y Socioculturales de España (CCSE)  y otra de Idioma Español (DELE).

 

El examen sobre Conocimientos Constitucionales y Socioculturales de España (CCSE) será obligatorio para todos los solicitantes mayores de 18 años, y versará sobre dos contenidos: Gobierno, ley y participación ciudadana en España (60% de las preguntas) y Cultura, historia y sociedad (40% de las preguntas); constará de 25 preguntas debiendo contestarse correctamente 15 para superarlo, con una duración máxima de 45 minutos. El coste de dicha prueba será de 85 euros incluyendo los derechos de examen y un manual de preparación. En principio se realizarán convocatorias para la prueba del CCSE todos los últimos jueves de cada mes (excepto agosto y diciembre).

 

El examen del Idioma Español (DELE),  será obligatorio sólo para los nacionales de países de habla no hispana. Bastará con demostrar un conocimiento básico de la lengua español (nivel A2), o superior (B1 o B2) conforme a lo establecido por el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas del Consejo de Europa. El coste del mismo varía dependiendo del nivel pero se calcula que el precio aproximado será de 80 euros.

 

El resultado de las pruebas se comunicará en 20 días después de la realización de la misma y el certificado emitido una vez superado el examen tendrá una validez de cuatro años.

 

El Instituto Cervantes será el órgano encargado de diseñar ambas pruebas así como señalar los centros de examen donde realizar los mismos, adjuntamos página web del centro con la información de los centros donde se realizarán las pruebas,http://ccse.cervantes.es/centros.htm.  

 

La realización de estos exámenes es imprescindible a la hora de solicitar la nacionalidad, pues el certificado que acredite que se han superado los mismos deberá aportarse junto con el resto de la documentación a la hora de solicitar la nacionalidad, a partir del 15 de Octubre.

 

El interesado tendrá derecho a presentarse en dos ocasiones a la prueba (sin tener que abonar de nuevo la tasa) si no hubiera superado la misma en un primer intento o bien no se hubiera presentado a la convocatoria,  debiendo realizar el examen en el mismo centro de la primera vez y en un plazo de 18 meses; pero no existe un  límite en cuanto a las veces en las que un candidato puede presentarse a las convocatorias.

 

Es necesario inscribirse en el correspondiente centro para poder realizar el examen el día de la convocatoria, debiendo aportarse la siguiente documentación:

- Hoja de inscripción, que puede obtenerse en los centros de examen o a través de Internet

http://diplomas.cervantes.es/sites/default/files/hoja_inscripcion_diplomas_dele_2015_instituto_cervantes.pdf

 - Original y fotocopia del pasaporte o tarjeta de residencia.

 - Resguardo del pago de la tasa correspondiente.

 

Aquellos que se presenten al examen de lengua (DELE) tendrán a su vez que cumplir los siguientes requisitos:

- Acreditar su condición de ciudadanos de un país en el que la lengua española no es la oficial.

En el caso de nacionales de países hispanohablantes en los que el Español no es la lengua oficial, podrán acceder a la realización del examen si al menos cumplen dos de las siguientes condiciones: que el español no es la lengua materna de sus progenitores, que no fue la primera lengua que aprendió, que no es el idioma en el que se comunica habitualmente o que no ha cursado en Español sus estudios. En este caso deberán aportar una declaración firmada del cumplimiento de al menos dos de los supuestos en el siguiente modelo oficial:

http://diplomas.cervantes.es/sites/default/files/requisitos_candidato_diplomas_dele_2015_%20declaracion_jurada_int.pdf

 

La documentación a aportar el día del examen será la siguiente:

-         Pasaporte o tarjeta de residencia.

-          Copia sellada de la inscripción realizada en su momento.

-          Convocatoria oficial del examen, que habrán recibido del propio centro.

 

Mas información sobre el nuevo procedimiento de nacionalidad 

A partir del 15 de Octubre de 2015 va a entrar en vigor el nuevo procedimiento para la obtención de la nacionalidad Española por residencia, con dos importantes novedades, la  solicitud de cita vía online y la realización de dos pruebas o exámenes para valorar la integración del  ciudadano extranjero.

La  Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil, regula en su disposición séptima como será el nuevo procedimiento.

Con esta nueva regulación se pretende eliminar los criterios dispares que a lo largo de los años se han mantenido en los diferentes Registros Civiles de España, y que ha dado lugar a muchas denegaciones de nacionalidad en ocasiones improcedentes.

El proceso será ahora plenamente administrativo de manera que la Solicitud de nacionalidad  no se presentará como hasta ahora en el Registro Civil (evitándose de esta manera largas esperas en la peticición de cita), a partir de Octubre la solicitud se realizara online a través de una web específica que permitirá el inicio del procedimiento y asignación de número de registro. Se desconoce que órganos de la administración serán los encargados de la recepción posterior de los documentos, tal vez Delegaciones o Subdelegaciones del Gobierno u Oficinas de Extranjería.

La segunda novedad importante será la sustitución de la entrevista de integración (que ha originado numerosos problemas) por dos exámenes, el primero de ellos será de conocimiento de la lengua Española (para aquellos nacionales de países de habla no hispana) y el segundo de conocimientos constitucionales y socioculturales de España, éste  examen constará de 25 preguntas (de 250) y bastará con contestar correctamente 15 para superar la prueba, eso implica que bastará con unos conocimientos mínimos para poder superar la misma. Ni discapacitados ni menores de edad harán las pruebas. Existirán 5 convocatorias para la primera prueba y 10 para la segunda.

La solicitud de nacionalidad dejará de ser gratuita, se abonará una tasa de 100 euros por la solicitud y 80 y 85 euros por cada una de las pruebas.

El Registro Civil sólo actuará  una vez finalizado el procedimiento y obtenido una resolución favorable, encargándose de la jura y la posterior inscripción de la partida de nacimiento como hasta ahora.

Otra modificación importante es que se fijará un plazo de silencio administrativo negativo de 12 meses, es decir si transcurrido ese plazo no se ha obtenido respuesta se entenderá desestimada la solicitud.

Esperemos que el nuevo procedimiento permita agilizar las solicitudes de nacionalidad y que la obtención de la misma sea mucho más sencilla.

COMO COMPUTAR LAS SALIDAS FUERA DE ESPAÑA Y EVITAR LA PERDIDA DE LA AUTORIZACIÓN DE RESIDENCIA.

 

Una de las principales causas de extinción de la autorización de residencia tiene lugar como consecuencia de  la ausencia del territorio español excediendo el plazo concedido por la normativa y que varía dependiendo de la tarjeta de la que se sea titular.

Estos plazos son los siguientes:

- Seis meses en el periodo de un año para las autorizaciones temporales

- Un año de forma continuada fuera de la Unión Europea para los titulares de de residencias de Larga Duración o Larga Duración UE.

- Seis meses en el periodo de un año para la Tarjeta Comunitaria

- Dos años para las Tarjetas Comunitarias Permanentes.

- Para poder acceder a la Tarjeta de Larga Duración, Larga Duración UE y Tarjeta Comunitaria Permanente, las ausencias totales el país no podrán superar como norma general los 10 meses.

El problema es cuándo se deben empezar a contar dichos plazos, pues la normativa de extranjería no establece nada al respecto.

Así pues si se trata de residencias de Larga Duración, Larga Duración UE o Tarjeta Comunitaria permanente, el plazo comenzará a contarse en el momento en el que se abandona la Unión Europea y termina en el momento en el que el titular de la tarjeta realice su entrada de nuevo en la Unión Europea.

Los cómputos de extinción son más complejos en los casos de tarjetas de residencia temporales; pues la norma habla de 6 meses en el periodo de un año, de manera que es necesario fijar una fecha concreta y contar un año hacia atrás, es decir si hoy es 5 de marzo de 2015, el titular de la tarjeta deberá retroceder en el tiempo hasta el 5 de marzo de 2014 y comprobar si  cuando ha estado fuera de España, ya sea en una sola salida o en varias, nunca ha superado los seis meses. 

Motivos más frecuentes por los que se deniega la Nacionalidad Española y Recursos a interponer.

 

En la actualidad son numerosas las denegaciones de Nacionalidad que se están produciendo, los motivos más comunes son los siguientes:

 

- Falta de integración, en estos supuestos el solicitante ha realizado un "examen" bien oral o escrito ante el Juez Encargado del Registro Civil y no ha sabido contestar alguna de las cuestiones realizadas, bien por desconocimiento o simplemente se ha quedado en blanco como consecuencia de los nervios sufridos. La administración, en contra de lo dispuesto por la jurisprudencia y sin valorar las circunstancias personales del solicitante deniega de forma inmediata la solicitud. Contra la denegación puede interponerse recurso de reposición, en el plazo de un mes, o bien recurso contencisoso administrativo en el plazo de dos meses, lo importante independientemente del recurso que se realice es acreditar el arraigo del solicitante en España y demostrar documentalmente su integración (informe de vida laboral, cursos de formación...). 

 

Caducidad del certificado de antecedentes penales aportado,  éste documento tiene un plazo de caducidad de tres meses y como consecuencia de ello y las irregularidades que se están produciendo en la tramitación se deniegan las solicitudes de nacionalidad. En este caso  el interesado ha  presentado el cerfificado en vigor junto con el resto de la documentación pero como consecuencia de la lentitud en la tramitación éste se caduca y el Ministerio de Justicia, sin requerir al interesado para que aporte uno nuevo en vigor, considera que  no se ha acreditado buena conducta cívica y deniega la nacionalidad.  Evidentemente el motivo alegado carece de fundamento, pues el hecho de que el documento se encuentre caducado no implica que el interesado tenga antecedentes. Para que el recurso a interponer prospere, es importante adjuntar un nuevo certificado de antecedentes penales y alegar que la administración ha incumplido el plazo establecido por la ley para subsanar la solicitud.

 

-Existencia de Antecedentes Penales, el motivo alegado en estos supuestos es la falta de acreditación de  buena conducta cívica. En estos casos puede ocurrir que el solicitante haya ya cumplido la pena impuesta pero no pueda cancelar aún los antecedentes penales originados pues no ha transcurrido el plazo legalmente establecido para ello; las posibilidades de éxito del recurso dependerán fudamentalmente además de las circunstancias personales,de la gravedad del delito cometido pero es muy complicado que el recurso prospere. En el caso de que los antecedentes ya estuvieran cancelados, el delito no fuera de especial gravedad y se hubiera cometido tiempo atrás, existen bastantes  posibilidades de éxito en el  recurso a interponer.

 

 

Denegación por no aportarse  algún  documento, en estos casos tanto si se hubiera presentado, pero por algún motivo el documento en cuestión se hubiera traspapelado, como si no se ha aportado; es necesario que la Administración requiera al solicitante para que en un plazo de 10 días subsane la solicitud, en caso de no haberse producido ese requerimiento habrá que alegarlo en el recurso y adjuntar el documento que ha sido la causa de la denegación.

 

 

Ante la denegación de la Nacionalidad Española cabe la posibilidad de interponer, Recurso de Reposición, en este caso resuelve la misma administración que denegó la solicitud y dependiendo del motivo de denegación las posibilidades de éxito varían; o bien acudir a la Audiencia Nacional a través de un Recurso Contencioso Administrativo, hay mayores posibilidades de éxito aunque el recurso tarde más tiempo en resolverse.

 

 

 

ESTIMADO RECURSO DE ALZADA POR EL QUE SE CONCEDE LA TARJETA COMUNITARIA PESE A QUE EL SOLICITANTE LE CONSTABAN ANTECEDENTES PENALES POR UN DELITO DE VIOLENCIA DE GENERO, LESIONES Y MALTRATO FAMILIAR. 

 

 

 

En el presente caso el interesado solicitó la correspondiente tarjeta comunitaria por haber contraído matrimonio con una ciudadana Española y le fue denegada por constarle antecendentes penales originados por un delito de violencia doméstica, lesiones y maltrato familiar contra su anterior esposa. Los antecedentes no estaban cancelados pues aunque se había cumplido la pena de prisión impuesta aún  tenía en vigor una orden de alejamiento hasta el año 2.025.

 

Se aportó numerosa documentación acreditando el arraigo laboral y familiar del solicitante así como el cumplimento de parte de las penas y su reinserción en la sociedad, siendo valorado de forma positiva por la Administración que finalmente estimó el Recurso de Alzada interpuesto.

 

  

 

 

Elena Abella DíazAbogada de Extranjería en Madrid

Abogado desde 1997

Experta en Derecho Administrativo y Extranjería

Denegación de Renovación de Tarjetas / Permisos de Residencia y Trabajo 

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Acompañamos Resolución Denegatoria, Parte del Recurso de Alzada interpuesto y Resolución Estimatoria por la que se concede la Tarjeta Comuntaria pese a los antecedenes penales existentes con penas pendiente de cumplimiento.

 

 

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Demanda frente a Bankia que fue presentada el 15 de Julio de 2014 y admitida a trámite por Decreto de 8 de Septiembre de 2014, dictado por el Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Leganés.

 

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Escrito de Bankia mediante el que acepta nuestra pretensión, por la que se le reclama la cantidad de 300.000 euros más intereses.

 

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 (******)

 

Adjuntamos reciente Sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo por la que se estima el Recurso interpuesto contra la Resolución por la que se denegaba la reagrupación familiar del cónyuge, al constar antecedentes penales al reagrupante por un delito de violencia doméstica contra su anterior esposa.

 

En el presente caso el motivo esgrimido por la Administración para denegar la reagrupación solicitada era la existencia de antedentes penales no cancelados del reagrupante, amparándose para ello de forma exclusiva en lo dispuesto en el artículo 31.5 de la Ley 4/2000, que establece la necesidad de carecer de antecedentes penales para poder ser titular de una autorización de residencia temporal.

 

Sin embargo tal y como establece la Sentencia, en el presente supuesto no se está decidiendo sobre la residencia del solicitante sino sobre una reagrupación familiar, de manera que los  antecedentes penales personales del solicitante son irrelevantes a la hora de valorarse el derecho de su esposa a ser reagrupada, sin que en modo alguno estos deban perjudicarla y ser causa de denegación.

 

Sentencia del Juzgado de Contencioso nº 1 de Huesca por la que se concede el Derecho a la Reagrupación Familiar a Favor del Cónyuge del Soliciante constándole a éste antecedentes penales no cancelados.

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ESTIMADOS RECURSOS DE REPOSICION INTERPUESTOS CONTRA LA DENEGACION DE NACIONALIDAD POR FALTA DE INTEGRACION SOLICITADA ANTE EL REGISTRO CIVIL DE GETAFE.

 

Son muchas las llamadas que recibimos desde hace unos meses en las que se nos consulta que pasos seguir ante una denegación de Nacionalidad que ha sido desestimada por Falta de Integración, llamando la atención que la mayor parte de estas consultas sean de personas que han tramitado su solicitud ante el Registro Civil de Getafe.

 

En todos estos supuestos se deniega la solicitud por un único motivo, "Falta de Integración", el solicitante ha realizado un supuesto "examen" ante el Juez encargado del Registro Civil de Getafe unas veces con mayor o menor éxito, y su solicitud ha sido desestimada. No se valora en ningún momento la verdadera integración del solicitante en España que en modo alguno depende del éxito con el que se hayan contestado determinadas preguntas.

 

Ante está denegación, se puede interponer Recurso de Reposición en el plazo de un mes, recursos que en la actualidad están siendo estimados por la Dirección General de los Registro y del Notariado en un plazo relativamente breve, unos tres meses aproximadamente.

 

Os adjuntamos reciente Resolución por la que se concede la Nacionalidad Española al interesado  tras haberse estimado el  Recurso de Reposición interpuesto.

 

Resolución por la que se concede la Nacionalidad por Residencia tras haber sido interpuesto Recurso de Reposición frente a la previa denegación sustentada en informe negativo del Juez del Registro Civil de Getafe.

 

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El Tribunal Constitucional en su Sentencia de 7 de abril de 2014 estima vulnerado el Derecho a la Tutela Judicial Efectiva en un supuesto de denegación de la renovación del permiso de residencia y trabajo por tener antecedentes penales.

 

 

 

Se reconoce el derecho a la renovación del permiso de residencia y trabajo al solicitante pese a la existencia de antecedentes penales originados por la comisión de un delito contra la Seguridad del Tráfico.

 

En el supuesto enjuiciado, se deniega la renovación de la autorización de residencia y trabajo  por  el mero hecho de constar antecedentes penales sin haberse valorado previamente,  tal y como señala el Tribunal Constitucional las circunstancias personales del solicitante, la  gravedad del delito, fecha de la comisión, cumplimiento íntegro de la pena en la fecha en la que se solicitó la renovación del permiso, y fundamentalmente el arraigo familiar del extranjero que contaba con dos hijos menores uno de ellos nacional Español; considerándose que la denegación del permiso impedirá el cumplimiento de los deberes paterno-filiales primordiales en el presente caso.  
 
Esperemos que esta Sentencia sirva para unificar la doctrina de los Juzgados Contenciosos, y sobre todo  frene la actuación de la administración que  deniega de forma sistemática cualquier tipo de solicitud de renovación por la mera existencia de antecedentes, incluso siendo estos policiales.
 
Os acompañamos copia de la Nota de Prensa emitida y de la Sentencia ortogando el amparo dictada.
 
Si queréis acceder a un asunto estimado recientemente en caso en el que ni siquiera había sido cumplido la pena, pulsar aquí.
 

Elena Abella DíazAbogada de Extranjería en Madrid

Abogado desde 1997

Experta en Derecho Administrativo y Extranjería

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Nota Informativa 35/2012 del Tribunal Constitucional

 

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Sentencia de 7 de abril de 2014, del Tribunal Constitucional por la que se declara vulnerado el Derecho a la Tutela Judicial Efectiva al ser denegada la renovación de un permiso de residencia y trabajo

 

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SENTENCIA DEL JUZGADO CONTENCIOSO Nº 32 DE MADRID POR LA QUE SE CONCEDE LA TARJETA DE LARGA DURACION AL INTERESADO PESE A LA EXISTENCIA DE ANTECEDENTES PENALES Y CONDENA PENDIENTE DE CUMPLIMIENTO ÍNTEGRO.

 

 

 

Os aportamos Sentencia dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo de Madrid por la que se estima el Recurso Contencioso Admnistrativo interpuesto contra la Resolución de la Delegación de Gobierno, por la que se denegaba la autorización de larga duración al interesado por tenencia de antecedentes penales, originados como consecuencia de un delito de violencia doméstica y de género, lesiones y matrato familiar.

  

Lo más destacable de esta Sentencia es que a pesar de la gravedad del delito cometido y la repercusión social del mismo, el Juzgador considera como dato determinante el hecho de que el solicitante hubiera cumplido la pena principal, valorando esta circunstancia y su arraigo laboral en el país.

 

El principal argumento utilizado en nuestro recurso fue el hecho de considerar la solicitud de la autorización de larga duración no como una petición de tarjeta inicial, sino como una renovación debiendo aplicase lo dispuesto en el artículo 149 de la Ley de Extranjería que establece que el mero hecho de tener antecedentes penales no debe ser motivo de denegación, debiendo valorase el resto de las circunstancias personales del solicitante.

 

Elena Abella DíazAbogada de Extranjería en Madrid

Abogado desde 1997

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Sentencia nº 153/2014, de 7 de abril de 2014, dictada por el Juzgado COntencioso-Administrativo nº 32 de Madrid, que concede la renovación con penas pendiente de cumplimiento.

 

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NUEVA REFORMA DE LA LEY DE EXTRANJERIA.

 

Tras los dramáticos  sucesos acontecidos en la frontera de Ceuta y las polémicas suscitadas en torno a ellos, el Gobierno prevee una modificación de la Ley de Extranjería, que podría entrar en vigor a finales de 2014.

 

Esta sería la quinta modificación sufrida desde el año 2000 y entre las principales modificaciones se incluiría el acuerdo entre Marruecos y España firmado en el año 2012, y que especifica que los extranjeros que hayan cruzado la frontera de manera ilegal deben ser identificados en la comisaría para a continuación comunicarle a Marruecos el caso y que sean deportados de manera inmediata

 

Este Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos Relativo a la Circulación de Personas, el Tránsito y la Readmisión de Extranjeros Entrados Ilegalmente se firmó en 2012 (aunque llevaba escrito desde 1992), para que Rabat pudiera aceptar de manera más rápida a los inmigrantes de terceros países que se demostrara que efectivamente habían entrado por la frontera marroquí.

Algunas ONG ya han manifestado que este tratado no ofrece las mismas garantías de derechos humanos que brinda la ley,  pero al menos obliga  a identificar a los "sin papeles"en la comisaría y apedir recibo de la entrega a Marruecos (algo que en la actualidad a veces ni siquiera se realiza).

En la actualidad la  Ley de Extranjería,  contempla que, cuando un inmigrante es interceptado intentando entrar irregularmente en España, se le debe prestar al menos asistencia jurídica gratuita y un

traductor, así como ofrecerle la posibilidad de pedir asilo político.

 

A continuación explicamos algunas de las diferentes figuras jurídicas que en ocasiones se prestan a confusión:

 

Devolución; tiene lugar cuando el inmigrante es interceptado intentando entrar al país por puestos fronterizos no habilitados; en estos supuestos la normativa indica que debe ser traslado a la policía donde se procederá a su identificación. Tiene derecho a asistencia letrada e interprete y la posibilidad de solicitar asilo. (Artículo 58 de la Ley de extranjería, y 23 de su Reglamento).

Rechazo en Frontera; se produce en aquellos suspuestos en los que al extranjero le es denegada la entrada en los puertos y aeropuertos. Tiene derecho a asistencia letrada, intérprete y posibilidad de pedir asilo. Igulamente le asiste el derecho a que se le notifique mediante Resolución motivada el motivo del rechazo; resolución que podrá recurrir. (Artículo 26 de la Ley de extranjería). 

Expulsión; tiene lugar  en supuestos en los que el extranjero se encuentra en territorio Español de forma irregular, tras la incoación de un procedimiento adminsitrativo se dicta la Resolución de Expulsión, que debe ser motivaba y puede recurrirse.

Readmisión: requiere como mínimo una identificación policial.

 

 

El pasado viernes 7 de Febrero se aprobó el Anteproyecto de ley por el que se modifica el artículo 23 del Código civil, agilizándose el trámite para la concesión de la nacionalidad a los ciudadanos sefardíes. 

 

Hasta ahora los ciudadanos sefardíes podían adquirir la nacionalidad por dos vías; la de la residencia (acreditando su estancia continuada y legal en el país durante dos años) o por carta de naturaleza (otorgada de forma excepcional por el Gobierno).

 

El Anteproyecto establece que esas circunstancias excepcionales concurren en todos aquellos ciudadanos extranjeros sefardíes que prueben esta condición y su especial vinculación con nuestro país, aun cuando no tengan residencia legal en España, cualquiera que sea su ideología, religión o creencias.

 

La reforma permitirá además la doble nacionalidad, es decir, que los nuevos españoles conserven también la que tenían con anterioridad, como ocurre con algunos países como los iberoamericanos.

 

 La condición de sefardíes y la especial vinculación con España serán certificadas por el encargado del Registro Civil del domicilio del interesado, bien en España o en el consular correspondiente, y se acreditará por una serie de medios de prueba valorados en su conjunto.

 

Entre las pruebas se admite la presentación de un certificado expedido por la secretaría general de la Federación de Comunidades Judías de España acreditativo de la pertenencia del interesado a la comunidad judía sefardí, o la aportación de un certificado de la autoridad rabínica competente, reconocida legalmente en el país de residencia habitual del solicitante, u otra documentación que éste pudiera considerar conveniente a estos efectos.

 

También se consideran como medio de prueba aspectos como los apellidos del interesado, su idioma familiar u otros indicios que demuestren la pertenencia a tal comunidad cultural.

 

 Igualmente, será admisible la justificación de la inclusión, o descendencia directa de persona incluida, en las listas de familias sefardíes protegidas por España a que hace referencia el Decreto Ley del 29 de diciembre de 1948 o en cualquier otra lista análoga. Se incluyen, además, aquellos que obtuvieron su naturalización por la vía especial del Real Decreto del 20 de diciembre de 1924.También será aceptada la justificación de vinculación o parentesco colateral del solicitante con personas o familias mencionadas en esos apartados.

 

Los interesados deberán formalizar su solicitud en un plazo no superior a los dos años desde la entrada en vigor de la Ley, plazo que podrá ser prorrogado hasta un año más si así lo determina un acuerdo del Consejo de Ministros. 

  Más Información sobre la Obtención de la Nacionalidad Española >>> 

 

 En cuanto al procedimiento de solicitud, se establecerá un modelo normalizado por parte del Ministerio de Justicia, para su presentación por escrito y será precisa su ratificación presencial ante el encargado del Registro Civil municipal o consular correspondiente.

¿Qué hacer ante la Denegación de la Nacionalidad Española?

 

Tras años de espera e incertidumbre en ocasiones el ciudadano Extranjero comprueba a través de la página del Ministerio de Justicia que su solicitud de nacionalidad Española ha sido denegada; lo primero que debe hacer es acudir al Registro Civil donde presentó la documentación y solicitar una copia de la Resolución denegatoria; así se sabrá cual o cuales han sido los motivos de la denegación y en base a ello se podra valorar las posibilidades de éxito de un futuro recurso.

 

Existen varias opciones, interponer Recurso de Reposición en el plazo de un mes o bien directamente Recurso Contencioso ante la Audiencia Nacional.

 

En el primer caso el recurso se trammitará en un plazo entre 3 y 6 meses, el problema en este supuesto es que resuelve la misma administración que denegó la nacionalidad y muchas veces el recurso no prospera. La otra opción es acudir a la vía contenciosa, el plazo para recurrir es de dos meses, y hay más posibilidades de éxito pero el procedimiento tarda más tiempo debido al volumen de trabajo de la Audiencia Nacional. También puede optarse por interponer de forma inicial recurso de Reposición y en caso de desestimación acudir a la via Contenciosa.

 

En la actualidad se están produciendo bastantes denegaciones de nacionalidad, la mayoría de las mismas se producen bien por la existencia de antecedentes penales, falta de integración o caducidad de los antecedentes penales entre otras; explicamos de forma detallada estos supuestos y los argumentos que pueden utilizarse para la formalización del correspondiente recurso.

 

 

Para optar a la Nacionalidad Española la legislación establece las siguientes vías:

 

 

- Nacionalidad por Residencia.  Es el procedimiento más habitual, refiriéndose al mismo los artículos 21.2 del Código Civil y siguientes. Requiere la residencia de la persona en España durante diez años de forma legal, continuada y anterior a la petición. Existiendo una serie de excepciones en las que el tiempo se reduce, a dos años en el caso de los nacionales sudamericanos, un año para el casado con Español etc... - Leer más >>>

 

- Nacionalidad por Adopción. El artículo 19 del Código Civil señala que el extranjero menor de 18 años adoptado por un español adquiere desde la adopción la nacionalidad española de origen. (La condición de español de origen comienza desde la fecha de la adopción, siendo evidente que hasta ese momento la persona adoptada es extranjera). En estos supuestos el único trámite a realizar será la inscripción por el registro de la adopción - Leer más >>>

 

- Nacionalidad por Opción. La opción es un beneficio que la legislación ofrece a los extranjeros que se encuentran en determinadas condiciones, para que adquieran la nacionalidad española. El artículo 20 recoge quienes son aquellos que tendrán derecho a adquirir la nacionalidad española por esta vía- Leer más >>>

 

- Nacionalidad por Carta de NaturalezaEste procedimiento se recoge en los artículos 21 del Código Civil y 223 del Reglamento del Registro Civil. Se trata de un procedimiento especial cuando concurren en el interesado una serie de circunstancias excepcionales otorgándose de forma discrecional por el Gobierno y en virtud de Real Decreto  - Leer más >>>

 

- Nacionalidad por Posesión de Estado. Se encuentra regulada en el artículo 18 del Código Civil y supone que tendrán derecho a la nacionalidad española aquellas personas que haya poseído y utilizado esta nacionalidad durante diez años, de forma continuada, de buena fe (sin que tenga conocimiento de la situación real, es decir, de que no es español en realidad), en base a un título inscrito en el Registro Civil - Leer más >>>

 

 

 

APROBACION DEL CONSEJO EUROPEO PARA LA SUPRESION DEL VISADO A LOS CIUDADANOS DE PERU Y COLOMBIA

 

Recientemente ha sido aprobado en el Consejo Europeo la propuesta llevada a cabo por Mariano Rajoy solicitando la supresión del visado a los ciudadanos colombianos y peruanos que pretendan viajar a la Unión Europea. El principal motivo de esta propuesta y su posterior aprobación es el hecho de existir un tratado de libre comercio de productos entre ambos países.


La aprobación de esta propuesta no significa la supresión inmediata de la necesidad de obtener el visado, pues es necesario que los Estados miembros negocien el compromiso final con la Eurocámara. Posteriormente la comisión debe realizar un análisis de riesgo, adoptar un mandato de negociación  y finalmente pactar con Perú y Colombia e acuerdo.


El resto de países sudamericanos como Ecuador y Bolivia aún deben esperar más pues ni siquiera se ha firmado un acuerdo de libre comercio, primer paso para la supresión de visados.

 

En la actualidad son numerosas las denegaciones de solicitudes de nacionalidad que la Dirección General de los Registros y del Notariado está desestimando por considerar que el certificado de antecedentes penales aportado en su momento está caducado.


El extranjero que lleva años tramitando su solicitud se encuentra ante una Resolución tipo que establece que: "Se deniega la solicitud de nacionalidad por residencia pues el interesado no ha justificado suficientemente buena conducta cívica en su país de origen".

 

El problema que se plantea en estos supuestos es que el certificado de antecedentes penales que aportó el extranjero en el momento de la solicitud, con plena vigencia, caduca como consecuencia de la lentitud en la tramitación del procedimiento, y en el momento en que le llega el expediente al órgano instructor encargado de la resolución y comprueba el certificado deniega la nacionalidad, sin tener en cuenta que en el momento de la presentación de la solicitud éste si estaba en vigor.

 

Evidentemente estamos ante una situación que origina una grave indefensión al extranjero; en primer lugar porque no puede hacérsele responsable de la lentitud de la tramitación de los expedientes; se han cumplido todos los requisitos incluido la presentación del certificado de antecedentes penales y el hecho de que la Administración tarde meses incluso años en examinar el expediente en modo alguno debe perjudicar al interesado. Pero además, se deniega la nacionalidad en base a un supuesto totalmente erróneo "no acreditar buena conducta cívica"; el hecho de que el certificado haya caducado no significa que el solicitante tenga antecedentes penales, no pudiendo por tanto invocarse este motivo como causa de denegación.

 

Pero es más, si la Administración considera que el certificado de antecedentes penales se encuentra caducado en el momento de examinarse la solicitud, debe tal y como establece la propia ley de las administraciones públicas, requerir al interesado para completar o subsanar la solicitud; artículo 71 Ley 30/1992.

 

  1. "Artículo 71.1: Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos que señala el artículo anterior y los exigidos, en su caso, por la legislación específica aplicable, se requerirá al interesado para que en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42".

 

Existen supuestos en los que incluso la administración ha requerido al interesado para que complete su solicitud (acreditación de medios económicos, certificado de matrimonio....) sin alegar nada sobre el certificado de antecedentes penales; y posteriormente deniega la solicitud por considerar que éste se encuentra caducado.

 

Por tanto ante una Resolución de este tipo lo más adecuado es recurrir la denegación; aportando un nuevo certificado de antecedentes penales. Caben dos opciones, interponer Recurso de Reposición en el plazo de un mes; en estos supuestos el recurso se resuelve con más rapidez pero sin embargo las posibilidades de éxito son menores ya que el recurso será resuelto por la Dirección General de los Registros y del Notariado, es decir el mismo organismo que en su día denegó la nacionalidad y en pocas ocasiones cambian de criterio. O bien acudir directamente a la Audiencia Nacional mediante un Recurso Contencioso Administrativo el plazo para la interposición de este recurso es de dos meses y aunque la tramitación es más lenta las posibilidades de éxito son mayores pues el recurso se resuelve por un Juez. En este tipo de recurso es necesario Abogado y Procurador.

 

DENEGACIONES DE MATRIMONIOS MIXTOS E INSCRIPCIONES EN EL CONSULADO DE ESPAÑA INFORMACIÓN GENERAL


Como consecuencia de los matrimonios de conveniencia celebrados en los últimos años entre ciudadanos extranjeros y españoles (los llamados matrimonios mixtos), los criterios a la hora de inscribirse un matrimonio o permitirse su celebración se han endurecido, produciéndose lamentablemente denegaciones de matrimonios o su posterior inscripción en supuestos en los que existe una verdadera relación y se ha acreditado la misma.

 

El matrimonio puede ser denegado por entender el encargado del Registro Civil o Consular, que puede tratarse de un matrimonio de complacencia, y que su finalidad sea alguna de las siguientes:

 

-Adquirir la nacionalidad española amparándose en la reducción del plazo de un año establecido para aquellos ciudadanos que contraen matrimonio con un ciudadano Español.

 

- Obtener el permiso de residencia comunitario.

 

- Poder reagrupar a sus familiares a través de la reagrupación comunintaria; procedimiento más sencillo que el del régimen general.

 

La Instrucción de 31 de Enero de 2006 de la Dirección General de los Registros y del Notariado (aún en vigor ya que no se ha dictado otra posterior), sobre los matrimonios de complacencia establece que:

 

"Los datos o hechos relativos al matrimonio que no afectan al conocimiento personal mutuo de los contrayentes, ni a la existencia de relaciones previas entre los contrayentes, no son relevantes para inferir de los mismos, aisladamente, la existencia de un matrimonio simulado, sin perjuicio de que en concurrencia con las circunstancias antes enumeradas pueda coadyuvar a formar la convicción del Encargado en sentido positivo o negativo respecto de la existencia de verdadera voluntad matrimonial".


Es decir que el encargado del Registro Civil sólo cuando exista un desconocimiento de datos básicos de la pareja y no existan relaciones previas entre los contrayentes, puede valorar otros aspectos de la relación; los más comunes pueden ser:


- El hecho de que el contrayente extranjero resida en España sin la documentación exigida por la legislación de extranjería. De este dato sin embargo no se puede inferir, automáticamente, la intención simulatoria de los contrayentes en la celebración del matrimonio.

 

- El hecho de que los contrayentes no convivan juntos o nunca hayan convivido juntos cuando existan circunstancias que lo impidan, como la imposibilidad de viajar por razones legales o económicas.

 

- El hecho de que un contrayente no aporte bienes o recursos económicos al matrimonio, mientras que sea el otro contrayente el que aporte el cien por cien de tales recursos, este hecho no tiene porqué suponer un matrimonio simulado o dudarse de la autenticidad del consentimiento matrimonial.

 

- El hecho de que los contrayentes se hayan conocido pocos meses o semanas antes del enlace tampoco dice nada, en sí mismo, sobre la intención simulatoria de los contrayentes. Es diferente el caso de que los cónyuges hayan contraído matrimonio sin haberse conocido de forma personal previamente, es decir, cuando se conocen el mismo día o pocos días antes de la fecha en la que contraen matrimonio.

 

- El hecho de que exista una diferencia significativa de edad entre los contrayentes tampoco puede por sí sólo hacer dudar de la autenticidad y realidad del consentimiento matrimonial, por lo que es un dato que no puede utilizarse, de ningún modo, para inferir nada al respecto, salvo que concurra con otras circunstancias, ya enumeradas, de desconocimiento o falta de relación personal.

 

-El hecho de que los contrayentes no hablen una lengua que ambos comprenden es un mero indicio de que las relaciones personales son especialmente difíciles, pero no imposibles.

 

- El hecho de que se haya entregado una cantidad monetaria para que se celebre el matrimonio, siempre que dicho dato quede indubitadamente probado, puede ser un poderoso indicio de que no existen relaciones personales entre los contrayentes, ni verdadera voluntad matrimonial. Quedando exceptuadas las cantidades entregadas en concepto de dote, en el caso de los nacionales de terceros países en los cuales la aportación de una dote sea práctica normal.

 

En conclusión, sólo cuando falte la relación personal o haya un desconocimiento de datos básicos, el registrador puede entrar a valorar situaciones como las descritas anteriormente y en base al conjunto de todas ellas denegar el matrimonio o su inscripción.

 

Adjuntamos las Instrucciones más relevantes dictadas sobre esta materia:

 

-Instrucción de 31 de enero de 2006, de la dirección general de los registros y del notariado, sobre los matrimonios de complacencia.

http://www.boe.es/boe/dias/2006/02/17/pdfs/A06330-06338.pdf

 

-Instrucción de 9 de enero de 1995, de la dirección general de los registros y del notariado, sobre el expediente previo al matrimonio cuando uno de los contrayente está domiciliado en el extranjero.

http://www.boe.es/boe/dias/1995/01/25/pdfs/A02316-02317.pdf

 

-Resolución del Consejo de de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31997Y1216%2801%29:ES:NOT

 


 

NUEVOS MOTIVOS POR LOS QUE SE PUEDE PERDER LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA.


El borrador del anteproyecto  de la Ley de Reforma Integral de los Registros incluye nuevas vías por las que se puede perder la nacionalidad Española; en la actualidad los artículos 24 y  25 del Código Civil recogen una serie de supuestos tasados que pueden ocasionar  la pérdida de la nacionalidad Española y ésta sólo se produce en casos muy limitados como son:

 

- Cuando por Sentencia firme fueran condenados a su pérdida, conforme a lo establecido en las leyes penales.

 

- Cuando se entre voluntariamente al servicio de las armas o ejerzan cargo político en un Estado extranjero contra la prohibición expresa del Gobierno.


-Cuando por Sentencia firme se declare que el interesado ha incurrido en falsedad, ocultación o fraude en la adquisición de la nacionalidad Española.


-Pierden la nacionalidad española los emancipados que residiendo habitualmente en el extranjero, adquieran voluntariamente otra nacionalidad o utliicen exclusivamente  la nacionalidad extranjera que tuvieran atribuida antes de la emancipación durante un plazo continuado de tres años.

 

-Cuando durante un periódo de tres años se utilice exclusivamente la nacionalidad a la que hubieran renunciado al adquirir la Española.

 

El borrador contempla nuevas vías ampliando estos supuestos y el más importante y que más consecuencias traerá es el hecho de que se podrá perder la nacionalidad Española por razones de seguridad nacional u orden público, al ser una causa tan genérica habrá que ver como se aplica en la práctica y si el mero hecho de que el extranjero nacionalizado sea condenado pueda suponer la pérdida de la nacionalidad Española.

 

Se contempla igualmente que la utilización de la nacionalidad a la que se hubiera renunciado para adquirir la española será causa de pérdida al considerarse una conducta fraudulenta, no se establece plazo alguno como si lo hace hasta ahora  el Código Civil.

 

Se perderá la nacionalidad igualmente cuando se entre voluntariamente al servicio de las armas o se ejerza cargo político en el extranjero, en la actualidad sólo se pierde la nacionalidad  cuando se actúa  en contra de la prohibición expresa del Gobierno,  este inciso será eliminado.

 


 

NUEVO EXAMEN PARA LA OBTENCION DE LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA


El borrador del Anteproyecto de Ley de Reforma Integral de los Registros establece importantes novedades en el proceso de obtención de la nacionalidad,  entre ellas la superación por parte del solicitante de un  examen oficial, cuyos requisitos se determinarán reglamentariamente, para de este modo acreditar el suficiente conocimiento del castellano y la integración en la Sociedad Española.

 

En la actualidad ya se contempla una entrevista con el ciudadano extranjero  para comprobar su integración en España, sin embargo estas entrevistas varían notablemente dependiendo del Registro Civil donde se esté tramitando la nacionalidad, pues en ocasiones se trata simplemente de un mero trámite, mientras que en otros  Registro (especialmente el de Getafe) somenten al extranjero a un examen o test en ocasiones rocambolesco y difícil de superar incluso por un ciudadano Español.

 

Con esta modificación se establecerá un criterio uniforme a la hora de realizarse el examen y el contenido del mismo de modo que no existan las desigualdades que se están produciendo en la actualidad.

 

No podemos ofrecer mayores datos al tratarse todavía de un borrador, sin saber exactamente cual será el verdadero alcance y forma de proceder en la realización de dicho examen.

 

Otra de las novedades importantes que supondrá una agilización en el trámite, será la incorporación de los Notarios en el procedimiento de adquisición de la Nacionalidad Española, el requisito del Juramento o promesa de fidelidad al Rey y obediencia a la Constitución y las Leyes (Jura de la nacionalidad), se acreditará mediante un acta notarial, en la que en Notario dará fe de haberse realizado correctamente. De este modo se agilizarán los trámites pues en la actualidad existen largos plazos de espera para llevar a cabo la jura de la nacionalidad; espermos que de esta manera el trámite termine de agilizarse.

 

La nacionalidad seguirá concediéndose por el Ministerio de Justicia previo expediente tramitado por la oficina del Registro Civil competente.


OBTENCION DEL VISADO DE ESTANCIA Y RECURSOS A INTERPONER  EN CASO DE DENEGACION

 

La solicitud y tramitación de los Visados de Estancia (turista) se gestiona directamente en los Consulados de España en el extranjero y permite al interesado la estancia en España de forma legal durante un plazo de tres meses.

 

Los requisitos para la obtención de estos visados se han ido endureciendo con el tiempo, y cada vez son más los documentos y requisitos a aportar por parte del interesado que sin embargo ve frustrados sus deseos cuando a pesar de aportar toda la documentación exigida (a veces incluso más) el Consulado deniega el visado solicitado.

 

Generalmente los argumentos que suelen utilizarse por parte de los Consulados a la hora de denegar los visados es considerar que el interesado no ha acreditado: su situación profesional y socioeconómica, la disposición de medios de subsistencia suficientes, las garantías de retorno al país de la solicitud, así como los vínculos o arraigo en el país de la solicitud.

 

Es importante por tanto que el extranjero aporte con la solicitud de visado toda aquella documentación que acredite no sólo sus medios económicos (estractos bancarios, nóminas, contrato etc...) sino también la vinculación y arraigo con su país (familia, puesto de trabajo) para garantizar de este modo que va a regresar a su país una vez transcurridos los tres meses de estancia en España.

 

Si a pesar de aportarse toda esta documentación el Consulado deniega el visado la Resolución denegatoria se comunica al interesado que tendrá dos opciones; interponer Recurso de Reposición ante el propio Consulado en el plazo de un mes, recurso que como ya hemos manifestado en varias ocasiones lamentablemente no suele prosperar al ser resuelto por el mismo órgano que dictó la resolución denegatoria; o bien Recurso Contencioso Administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, disponiendo para ello de un plazo de dos meses, evidentemente este recurso tarda mucho más tiempo en tramitarse debido al volumen de trabajo del Tribunal Superior de Justicia, pero las posibilidades de éxito son mayores.

 

El recurso prosperará si se puede argumentar que el solicitante cumplió cada uno de los requisitos exigidos en el artículo 5 del Código de Fronteras Schengen así como lo dispuesto en los artículos 26 a 28 del Real Decreto 2393/2004 de 30 de Diciembre, pero además es importante recordar que si bien es cierto que la Ley de Extranjería consagra una potestad discrecional en la concesión de los visados de estancia, ésta discrecionalidad en cuanto al fondo de la decisión no debe confundirse con la arbitrariedad que suponga la exención total del cumplimiento de las normas jurídicas, siendo de aplicación en cualquier caso las que regulan el procedimiento y la competencia para dictar el acto administrativo.


Destacamos como ejemplo la Sentencia estimatoria dictada por el TSJ de Madrid sec. 1ª de 4 de Marzo de 2011 en un supuesto en el que el Consulado deniega el visado solicitado a pesar de haberse adjuntado abundante documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos, por considerar que la interesada no iba a regresar a su país de origen.

 

"...Con todo, en la demanda lo que en realidad se traslada es la improcedencia de la denegación del visado, porque la recurrente cumple con todos los requisitos exigidos legalmente y no existiría riego alguno de inmigración ilegal, siendo esto último lo que en realidad, como hemos visto más arriba, constituye el auténtico motivo de la denegación del visado y merece el tratamiento de un expediente de razonabilidad.

Dicho de otro modo, sucede con frecuencia que con las solicitudes de visados de estancia se aporten los documentos exigidos y se han exhibido medios económicos suficientes para el período de permanencia en España, el traslado a otro país o el retorno al de procedencia, pero que conforme a la lógica y a las reglas de conducta ordinaria, puede inferirse que se trata en realidad de un supuesto de emigración ilegal.

Pues bien, nuestra interpretación de los elementos del juicio de este caso no conduce a la misma decisión que la alcanzada por la Administración. Doña Miriam es empleada desde hace muchos años, como bibliotecaria, obtiene unos rendimientos que no pueden trivializarse prescindiendo del contexto del país, viene invitada por su hermana, que ha sido operada, constando la invitación con carta de invitación aprobada gubernativamente; en su país reside su madre, ya anciana, con la que vive y, lo que es definitivo, le han sido concedido en tres ocasiones anteriores visados de estancia para venir a España, habiendo viajado y regresado a su país, tal como se refleja en el pasaporte que acompaña con su demanda. Esta última circunstancia, que como decimos, consideramos definitiva, es obviada en el informe del Consulado.

De manera que partiendo de la situación económica, familiar y anteriores visados Dª Miriam no parece la interpretación más razonable que la recurrente vaya a abandonar su país para venir a residir en España.

Por lo tanto, este Tribunal no alcanza la misma conclusión que el Consulado y más cuando la razón de su decisión se refiere singularmente al riesgo de inmigración ilegal al que no apuntan ni el nivel económico de la recurrente ni el resto de circunstancias personales y familiares".


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RECIENTE AUTO POR EL QUE SE CONCEDE DE FORMA CAUTELAR LA TARJETA INICIAL COMUNITARIA A EXTRANJERO CON ANTECEDENTES PENALES

 

La importancia de este Auto es que se concede provisionalmente una tarjeta de residencia inicial, es decir no nos encontramos ante el supuesto de una denegación de renovación de tarjeta y residencia y posterior solicitud de medida cautelar, en la que el Juez acuerda que hasta que se dicte Sentencia la tarjeta de residencia y trabajo que el interesado tenía siga manteniendo su validez; sino que en el presente supuesto, el extranjero había solicitado de forma inicial la tarjeta de residencia de familiar comunitario de la Unión Europea y la Administración la había denegado al constarle antecedentes penales.

 

A pesar de que los antecedentes penales aún no eran cancelables, y que se trababa de un delito de tráfico de drogas con pena de prisión; el Juez en el Auto concede gran importancia al hecho de que la pena impuesta en su momento ya estuviera cumplida en su totalidad, concediendo de forma cautelar la tarjeta solicitada.

 

Auto dictado por Juzgado de lo Contencioso-Administrativo por el que se cautelarmente la Tarjeta Comunitaria

 

Para Descargarga en PDF, pulsar aquí.

 

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OBTENCION DE LA NACIONALIDAD POR CARTA DE NATURALEZA A LOS SEFARDIES

INFORMACIÓN GENERAL


 

Todos los sefardíes, descendientes de los judíos que fueron expulsados de España en 1492, podrán adquirir la nacionalidad española de forma automática, vivan donde vivan y siempre que acrediten su condición, ya sea por apellidos, idioma, descendencia o vinculación con la cultura y costumbres españolas.


El nuevo procedimiento legal,  implica un avance sustancial respecto a la reforma del Código Civil de 1982, que ya permitía otorgar la nacionalidad por carta de naturaleza a los sefardíes tras dos años de residencia en España. Ahora se suprimirá este requisito y bastará acreditar la condición de sefardí con un certificado de la Federación de Comunidades Judías, tras lo que los solicitantes, sus cónyuges e hijos menores gozarán de todos los derechos de protección y asistencia consular en España. Posteriormente, podrán inscribirse en el registro previa jura o promesa de fidelidad a la Constitución y al Rey de España.

 

Para determinar qué personas tienen derecho a la nacionalidad española -algo que no resulta siempre fácil- el nuevo procedimiento valorará elementos como los documentos que tengan en su poder, libros o artículos en que se haga referencia a su familia, sus apellidos o los informes de algunos rabinatos y comunidades de judíos que disponen de más datos, como la de España.


Se modificará el Código Civil para que no sea necesario renunciar a la nacionalidad del país de origen del solicitante de la nacionalidad española. Es decir, se dará la misma condición a los sefardíes que a las personas procedentes de países latinoamericanos, Filipinas y Portugal, a los que se permite la doble nacionalidad.


 

DOCUMENTACION NECESARIAPARA LA ADQUISICIÓN DE LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA POR CARTA DE NATURALEZA A SEFARDÍES


 

Para cualquier trámite relacionado con la nacionalidad española es necesario solicitar cita previa

 

Para el trámite de entrega de la solicitud de la nacionalidad española por carta de naturaleza a sefardíes deberá presentarse  originales y 2 fotocopias de los siguientes documentos:

Documentación general del solicitante (arts.220 y 221 RRC):

 

1. Solicitud de adquisición de la nacionalidad española por Carta de Naturaleza, el modelo de solicitud está disponible en:

 

 En la página del minsiterio de justicia www.mjusticia.gob.es

 

En la Solicitud deberá constar lo siguiente:

- Menciones de identidad, lugar y fecha de nacimiento del solicitante, su nacionalidad actual, acreditada mediante la presentación del pasaporte en vigor (original y 2 fotocopias). En el caso de estar casado los datos del cónyuge, así como de los hijos menores de 18 años si los tuviese.

- Donde tiene fijada su residencia y el domicilio a efctos de notificaciones.

 

           - Puede expresar también la vecindad civil por la que optaría en caso de que se concediera la nacionalidad española (art. 15 Cc.) (Común, Gallega, Catalana, etc).

 

2. Certificado de nacimiento del interesado legalizado o apostillado y traducido, donde aparezca el nombre de los padres (en Estados Unidos “official long-form birth certificate”, expedido por el Departamento de Salud, no el del Hospital).



3. Certificado de antecedentes penales de su país, legalizado o apostillado y  traducido.



4. Certificado original de matrimonio, legalizado o apostillado y  traducido.



5. Si el cónyuge es español, certificado literal de nacimiento del mismo.



6. Documentación específica que acredite las circunstancias excepcionales invocadas: Los hechos y circunstancias se acreditarán por cualquier medio de prueba adecuado admitido en derecho y que el interesado estime oportunos.


 

¿Quiénes pueden solicitarla?


El interesado por sí mismo, siempre que sea mayor de 18 años.

El mayor de 14 años, asistido por sus representantes legales.

Los representantes legales del menor de 14 años.

El incapacitado por sí solo o su representante legal, dependiendo de lo establecido en la sentencia de incapacitación.

 

¿Dónde puede presentar la solicitud?


Puede presentarla en el Consulado General si es residente en esa demarcación consular, que la enviará a la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil del Ministerio de Justicia en España o:

- En la Oficina Central de Información y Atención al Público del Ministerio de Justicia. Plaza de Jacinto Benavente nº 3, 28012 Madrid.

- En el Registro Auxiliar del Ministerio de Justicia. Dirección General de los Registros y del Notariado. Plaza de Jacinto Benavente nº 3, 28071 Madrid.

- En el Registro de cualquier órgano de la Administración General del Estado en España (p.ej.: Delegaciones del Gobierno, Subdelegaciones) o de una Comunidad Autónoma en España.

 

 

 

 

PREGUNTAS MAS FRECUENTES SOBRE LA RENOVACION DE LA AUTORIZACIÓN DE RESIDENCIA Y TRABAJO


 

1.- ¿Cuándo debe renovarse la tarjeta de residencia y trabajo?.


La tarjeta de residencia y trabajo debe renovarse dos meses antes de su vencimiento, excepcionalmente se permite su renovación tres meses después en cuyo caso se impondrá al solicitante una sanción económica.


2.- ¿Es necesario solicitar cita previa?.


No, pues se trata de una renovación de un permiso y no una petición inicial. La documentación puede presentarse en cualquier registro oficial e incluso por correo certificado. Evidentemente la solicitud se resolverá más rápido si presenta en una oficina de extranjería pero no es requisito imprescindible.


3.- ¿Cuánto tiempo debe esperarse para recibir la resolución?.


El plazo máximo que tiene la administración para resolver una solicitud de renovación de una autorización de residencia y trabajo son tres meses, transcurrido ese tiempo se entiende que la misma está estimada por silencio positivo. Es decir que la administración no podrá resolver posteriormente de forma desfavorable, pues el solicitante ya ha obtenido la renovación por vía de silencio.

En estos casos el interesado debe solicitar por escrito a la Administración la notificación de su resolución favorable argumentado que se ha producido el silencio positivo.


4.- ¿Cuánto tiempo debe haberse cotizado a la Seguridad Social para poder renovar el permiso?.


Debe acreditarse una cotización de al menos 3 meses por año.


5.- ¿Puede renovarse la autorización de residencia aunque no se disponga de trabajo en el momento de la solicitud?.


Es posible siempre y cuando se haya cotizado el mínimo exigido por la ley y se acredite que la relación laboral terminó por causas ajenas a su voluntad (despido), que se está dado de alta en el INEM y se ha buscado empleo de forma activa. También es posible la renovación si se acredita que el cónyuge o pareja de hecho cuenta con medios económicos suficientes para el sostenimiento familiar (799 euros a lo que se sumará el 50% del IPREM por cada miembro adicional,  es decir 266 euros más). Se renovará también el permiso si el solicitante se encuentra cobrando una prestación por desempleo o una prestación destinada a conseguir su inserción social o laboral. Se permite igualmente la renovación cuando la extinción de la  relación laboral haya sido consecuencia de haber sido víctima de violencia de género. Más información en la sección de extranjería de nuestra web.


6.- ¿Los antecedentes penales son un impedimento a la hora de renovar la tarjeta de residencia?.


En un primer momento la existencia de antecedentes penales supondrá la denegación inicial de la renovación de la tarjeta de residencia; sin embargo el interesado puede recurrir la misma con posibilidades de éxito, pues la normativa de extranjería (artículo 71.5 del Real Decreto 557/2011) señala que el mero hecho de tener antecedentes no debe ser motivo de denegación debiendo valorarse las circunstancias personales del solicitante (arraigo familiar y laboral, tipo de delito y fecha de comisión, cumplimiento de la pena…). Más información en la sección de extranjería, >>>


7.- ¿Puede renovarse la tarjeta de residencia y trabajo si se ha estado fuera de España más tiempo del permitido?.


La norma general es que no se puede permanecer fuera de España más de 6 meses consecutivos en un periodo de un año, siendo este motivo causa de denegación de la renovación de la tarjeta. Sin embargo existen una serie de excepciones cuando las  ausencias del territorio Español sean consecuencia de obligaciones militares, motivos de gestación, parto, postparto, enfermedad grave, estudios, formación profesional o traslados por razones de carácter profesional a otro Estado miembro o un tercer país; en esto supuestos debidamente acreditados podrá procederse a la renovación de la tarjeta.


8.- ¿Se puede salir del país habiendo solicitado la renovación de la autorización de residencia y trabajo?.


Es posible siempre y cuando se solicite la correspondiente autorización de trabajo, en el caso de que por parte de la administración no se otorgara esa autorización, la salida del país puede suponer la pérdida de la residencia para el extranjero.


9.- ¿Qué hacer en caso de denegación de la renovación de la tarjeta de residencia?.


En el supuesto de que al interesado le denieguen la renovación de su tarjeta puede recurrir la misma, existen para ello dos procedimientos. Puede interponerse recurso de reposición en el plazo de un mes (en este caso resuelve la misma administración que ha denegado la renovación, y salvo que se trate de un error muy evidente las posibilidades de éxito son escasas pues pocas veces la administración cambia de criterio), o bien interponer directamente recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses (en este caso el recurso es resuelto por un Juez, y aunque el procedimiento tarde más existen más posibilidades de éxito). El interesado también puede realizar los dos recursos, es decir el de reposición y en caso de desestimación el recurso contencioso.


10.- ¿Dónde se solicita cita previa y se obtiene los modelos de solicitud y tasas?.


Tanto la petición de cita como los impresos de solicitud y tasas a abonar pueden descargarse en la página del Ministerio del Interior www.mpr.es A través de la web puede también comprobarse como va el trámite de renovación  aportando el número de expediente o NIE.


 

DENEGACION DE LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA A LOS ESTUDIANTES EXTRANJEROS.

 

La Dirección General de los Registros y del Notariado está denegando muchas solicitudes de nacionalidad tramitadas por estudiantes extranjeros, y el motivo principal es considerar que no han computado el tiempo suficiente de residencia legal en España tal y como exige el artículo 22 del Código Civil.

 

          Si se analiza lo manifestado en el mencionado artículo se puede comprobar cuales son los plazos de residencia legal y continuada que deben acreditar los extranjeros que deseen obtener la nacionalidad por residencia.

 

           El plazo general es de diez años de residencia legal y continuada, reduciéndose este cómputo en determinados supuestos:  será suficiente acreditar cinco años para los que hayan obtenido la condición de refugiados y  dos años para los nacionales de países iberomericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecutorial, Portugal o sefardíes. Bastando sólo un año de residencia legal y continuada para el que haya nacido en territorio Español, el casado con un ciudadano Español (en este caso esta reducción del plazo sólo se aplica en caso de matrimonio sin que las parejas de hecho puedan acogerse a ese beneficio), el que no haya ejercitado la facultad de optar, el que haya estado sujeto legalmente a la tutela, guarda o acogimiento de un ciudadano o institución española durante dos años consecutivos, el viudo de Español y el nacido fuera de España de madre o padre que originariamente hubieran sido Españoles.

 

          Ahora bien, siendo uno u otro plazo de tiempo a acreditar, el requisito imprescindible en todos los supuestos es la residencia legal en España y es aquí donde se plantea el problema para los estudiantes extranjeros; pues aunque estos hayan estado estudiando legalmente en España y hayan sido titulares de la correspondiente tarjeta de estudiante, se considera que el tiempo que ha permanecido en el país no es a título de residencia sino de estancia y por tanto esos años no computan a la hora de solicitarse la nacionalidad Española.

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MEDIOS ECONOMICOS EXIGIDOS EN LOS DISTINTOS TRAMITES DE DOCUMENTACION DE LOS CIUDADANOS EXTRANJEROS

  

Entrada en España como turistas: La cantidad a percibir se encuentra regulada en la Orden PRE/1282/2007 de 10 de Mayo y exige que aquellos extranjeros que pretendan entrar en España en calidad de turistas deben acreditar: una cantidad diaria del 10% del salario mínimo es decir 62,40 euros por cada día que pretendan permanecer en España. Y una cantidad mínima del 90% del salario mínimo, es decir 561,6 euros con independencia del tiempo de estancia en España.

 

Prórroga de estancia: Por cada día que se quiera prorrogar deberán acreditarse 66,33 euros.

 

Tarjeta de Estudiante: El estudiante que desee cursar estudios en España deberá acreditar la cantidad mensual de 100% del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), es decir 532, 51 euros mensuales. Salvo en aquellos casos en los que acredite tener abonado de antemano el alojamiento durante el tiempo que vaya a durar su estancia.

En el caso de familiares del estudiante que quieran residir en España se deberá acreditar, por el primer familiar el 75% del IPREM, es decir 399 euros y por cada uno de los familiares siguientes el 50% del IPREM unos 266 euros.

La cantidad a percibir se encuentra regulada en el art. 38.2 del Reglamento.

 

Residencia Temporal: Mensualmente se exigirá el 400% del IPREM es decir 2.130 euros y por cada uno de los familiares que dependan económicamente del solicitante el 100% DEL IPREM, 532,51 euros.

Artículo 47.1 a) y b) del Reglamento.

 

Reagrupación Familiar: En aquellos casos en los que el extranjero residente en España se encuentre sólo y quiera reagrupar a un familiar, deberá acreditar el 150% del IPREM, 798,76 euros mensuales, y por cada uno de los siguientes familiares que pretenda reagrupar posteriormente tendrá que acreditar ingresos del 50% del IPREM es decir 265, 55 euros.

Artículo 54.1 a) b).

 

Renovación de la Autorización de Residencia por Reagrupación Familiar: Es necesario que el reagrupante cuente con empleo o recursos suficientes para atender las necesidades de su familia, debiendo acreditar mensualmente el 100% del IPREM es decir 532,51 euros.

La comprobación de estos ingresos se realizará de oficio por la propia oficina de extranjería en los 6 meses previos a la presentación de la solicitud de renovación.

Podrán computarse los ingreso proveniente del sistema de asistencia social y en el caso de tratarse de menores la cantidad a acreditar podrá reducirse si se acreditan circunstancias excepcionales.

Artículo 61.3 b.2) del Reglamento.

 

Medios económicos del Empleador para contratar: En el caso de que el empleador no tenga familiares a su cargo deberá acreditar mensualmente el 100% del IPREM, 532,51 euros. Si en la unidad familiar existen dos miembros contado al empleador la cantidad a acreditar es el 200% del IPREM 1.065 Euros. Debiendo acreditarse el 50% del IPREM por cada miembro adicional es decir 266, 25.

 

Obtención de la Tarjeta Comunitaria: El cónyuge Español o comunitario deberá acreditar unos ingresos económicos suficientes para el mantenimiento de la unidad familiar. En el caso de un miembro 5.007,80 euros anuales. Si en la unidad familiar constan de dos miembros la cantidad será de 5.007,80 euros más 3.505,46 euros anuales, y así sucesivamente, es decir por cada miembro adicional de la unidad familiar se añadirán 3.502,46 euros anuales.

 

Tarjeta de larga duración Comunitaria Europea: El titular de esta tarjeta podrá residir y trabajar en cualquier país de la Unión Europea pero debe acreditar unos ingresos económicos mensuales superiores al 100% del IPREM, es decir 532.51 euros mensuales. Y en el caso de existir un familiar a cargo se deberá acreditar el 150% del IPREM es decir 799 euros al mes.


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DENEGACION DE LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA POR FALTA DE INTEGRACION EN LA SOCIEDAD.

 

 

En la actualidad una de las causas más frecuentes de la denegación de la nacionalidad Española, es la falta de integración en la sociedad.

 

La dirección General de los Registros y del Notariado considera que el solicitante no ha justificado un suficiente grado de integración en la sociedad española en base fundamentalmente a lo manifestado por el Juez encargado del Registro Civil, encargado de realizar una entrevista o examen al extranjero.

 

En muchas ocasiones ya sea por desconocimiento de las cuestiones formuladas o simplemente fruto de los nervios el interesado responde de forma errónea a las preguntas realizadas y el Juez encargado del Registro Civil emite un informe desfavorable, que es de de crucial importancia pues en base al mismo se dicta posteriormente la Resolución desestimatoria.

 

Lamentablemente no se tiene en cuenta en estos casos la integración del extranjero en el país y su conocimiento de las costumbres y la forma de vida, algo que por el contrario exige la normativa que considera que la integración social a los efectos de la adquisición de la nacionalidad española, implica la armonización del régimen de vida del solicitante con los principios y valores sociales, su grado de implicación en las relaciones económicas, sociales y culturales así como su arraigo familiar.


También es importante señalar que las cuestiones a las que debe enfrentarse el solicita

nte deben ser básicas y sencillas, al alcance de cualquier persona adulta con un mínimo de interés por la sociedad en que desarrolla su vida, y no convertirse en un examen cuyo único objetivo sea “suspender” al extranjero con preguntas que cualquier ciudadano medio español tampoco sabría responder.

 

Es necesario por tanto valorar todas las circunstancias personales del solicitante, su integración en la sociedad española, las dificultades que hubiera podido tener para acceder a la educación en función de sus orígenes, es decir todas sus circunstancias personales y vitales.

 

Ante una resolución denegatoria de nacionalidad caben dos opciones, interponer Recurso de Reposición en el plazo de un mes; en estos supuestos el recurso se resuelve con más rapidez pero sin embargo las posibilidades de éxito son menores ya que el recurso será resuelto por la Dirección General de los Registros y del Notariado, es decir el mismo organismo que en su día denegó la nacionalidad y en pocas ocasiones cambian de criterio. O bien acudir directamente a la Audiencia Nacional mediante un Recurso Contencioso Administrativo el plazo para la interposición de este recurso es de dos meses y aunque la tramitación es más lenta las posibilidades de éxito son mayores pues el recurso se resuelve por un Juez. En este tipo de recurso es necesario Abogado y Procurador y abonar las correspondientes tasas judiciales

 

La jurisprudencia considera incluso que el analfabetismo no debe ser causa de denegación de la nacionalidad Española, sino que esta circunstancias debe ponerse en relación con los demás datos del caso concreto: El analfabetismo, esto es, el hecho de no saber leer ni escribir el español, no es una razón que determine inevitablemente la denegación de la nacionalidad, cuando el solicitante entiende y puede comunicarse en este idioma. Tal circunstancia ha de ponerse en relación con los demás datos concernientes a la integración del interesado en la sociedad española ( SSTS de 16 de abril de 2009 , 18 de noviembre de 2010 , 24 de enero , 11 de febrero , 17 de octubre , 14 de noviembre , y 12 y 19 de diciembre de 2011)”.

 

Otros pronunciamos al respecto son los siguientes:

 

Sentencia de la Audiencia Nacional, sección 3 de fecha 20 de Marzo de 2001. La Audiencia Nacional estima el recurso contencioso-administrativo presentado contra resolución denegatoria de solicitud de nacionalidad española. Considera al respecto que ha quedado debidamente acreditado que el interesado habla y entiende el español y asimismo que asiste a un curso de alfabetización en el idioma español, con resultado positivo, de lo que se deduce la procedencia de considerar cumplido el requisito consistente en el suficiente grado de integración en la sociedad española.

 

Sentencia de la Audiencia Nacional Sala de lo Contencioso Administrativo, sección 3ª de 27 de Mayo de 2008:Conviene recordar que venimos considerando muy especialmente el resultado de la entrevista mantenida ante el Juez Encargado del Registro Civil a los efectos de la acreditación de las condiciones de integración en la sociedad española de los peticionarios de nacionalidad, en atención a la inmediación de la referida diligencia y la condición judicial de quien la practica. Es cierto que en la misma comparecencia ante el Juez Encargado se puso de manifiesto que el recurrente entendía con dificultad el idioma español, no comprendiendo parte de las preguntas que se le formularon (y que no conocía la cultura e historia de nuestro país), dificultad en el conocimiento de nuestra lengua que se advirtió también en el informe elaborado por el Centro Nacional de Inteligencia de 8 de marzo de 2005 (véase documento 3 del expediente administrativo); pero las referidas deficiencias deben matizarse si se tienen en cuenta las diligencias probatorias practicadas ante esta Sala y, en todo caso, carecen de relevancia frente al resto de las circunstancias que acreditan la integración del recurrente en nuestra sociedad”.

 

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DENEGACION DE LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA POR TENENCIA DE ANTECEDENTES PENALES


 

En la actualidad son numerosas las denegaciones de solicitudes de nacionalidad que la Dirección General de los Registros y del Notariado esta desestimando por la existencia de antecedentes penales.


El extranjero que lleva años tramitando su solicitud se encuentra ante una Resolución  tipo que establece que: “Se deniega la solicitud de nacionalidad por residencia pues el interesado no ha justificado suficientemente buena conducta cívica”.


Esto significa que el solicitante tiene antecedentes penales o policiales,  pues durante la tramitación de su solicitud de nacionalidad se ha visto implicado en algún percance que originó su detención y en ocasiones posterior condena.


Puede ocurrir que el interesado haya cumplido ya la pena impuesta en su totalidad, inclusive que sus  antecedentes ya sean cancelables pero por desconocimiento no ha pedido la cancelación de los mismos, y la administración lamentablemente, no tiene en cuentan estas circunstancias, tal y como exige la ley, y deniega de forma automática las solicitudes por considerar que no se ha acreditado “buena conducta cívica”.


La jurisprudencia ha considerado sin embargo que el hecho de haber sido condenado en vía penal no implica de forma automática un estigma de “mala conducta cívica”, sino que esta condena debe ser valorada con el resto de las circunstancias del caso, esto es deberá tenerse en cuenta el tipo de delito, fecha de la comisión, cumplimiento de la pena…. Y además la trayectoria personal del extranjero durante su estancia en el país, arraigo familiar, laboral etc…


Evidentemente no todos los delitos o faltas ponen de manifiesto una ausencia de civismo, lo que el artículo 22 del Código Civil exige es que el extranjero justifique positivamente su conducta durante el tiempo de residencia en España, no sólo no infringiendo las normas penales o administrativas, sino manteniendo una conducta conforme lo haría cualquier persona en cualquier cultura.


Todo el mundo ya sea nacional español o extranjero puede cometer un error, sin que el mismo tenga porque implicar un reproche social que le impida obtener la nacionalidad.


Ante una resolución denegatoria de nacionalidad caben dos opciones, interponer Recurso de Reposición en el plazo de un mes; en estos supuestos el recurso se resuelve con más rapidez pero sin embargo las posibilidades de éxito son menores ya que el recurso será resuelto por la Dirección General de los Registros y del Notariado, es decir el mismo organismo que en su día denegó la nacionalidad y en pocas ocasiones cambian de criterio. O bien acudir directamente a la Audiencia Nacional mediante un Recurso Contencioso Administrativo  el plazo para la interposición de este recurso es de dos meses y aunque la tramitación es más lenta las posibilidades de éxito son mayores pues el recurso se resuelve por un Juez. En este tipo de recurso es necesario Abogado y Procurador.


Os dejamos alguno de los pronunciamientos judiciales  favorables que establecen que el mero hecho de tener antecedentes penales no debe ser motivo de denegación sino que debe valorarse la conducta del solicitante durante su estancia en España y todas  las circunstancias concretas del caso.


 

            El Tribunal Supremo ha establecido al respecto lo siguiente: Nada tiene que ver,  el concepto jurídico indeterminado, buena conducta cívica, a que se refiere el art. 22-4 del Código Civil , con la carencia de antecedentes penales a que se refiere en último término la norma invocada, ya en la sentencia de 16 de marzo de 1999 se decía que en el supuesto de la concesión de nacionalidad por residencia, la exigencia de «justificar, en el expediente regulado por la legislación del Registro Civil, buena conducta cívica» (además de suficiente grado de integración en la sociedad española) ( art. 22.4 del Código Civil ), constituye un requisito adicional sobre la mera observancia de una conducta de no trasgresión de las normas penales o administrativas sancionadoras, impuesto por el ordenamiento jurídico en razón del carácter excepcional que supone el reconocimiento de la nacionalidad por residencia y, por ende envuelve aspectos que trascienden los de orden penal y ha de ser valorada atendiendo a la conducta del solicitante durante un largo período de tiempo y permanencia en España y no puede identificarse sin más con la ausencia de antecedentes penales o policiales.

 

            Sentencia Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso- Administrativo, Sección 6ª, en su sentencia de 12 noviembre 2002 (Recurso de Casación núm. 4857/1998 .) señala que: <<"Y por eso importa dejar claro que este sintagma que emplea el artículo 22.4 del Código Civil remite a un estándar medio de conducta capaz de ser asumido por cualquier cultura y por cualquier individuo . Un estándar que vale para todos y vale para cada uno. En el bien entendido que no se trata de imponer un modo de vida uniforme en la comunidad nacional, ni de que quien utiliza esta vía de adquisición de la nacionalidad tenga que demostrar que durante toda su vida haya observado una conducta intachable, sino de proclamar que, siendo cada sujeto humano libre para organizar su vida como le plazca - la vida se nos da, pero no se nos da hecha: tenemos que hacérnosla-, quienes, no siendo españoles, deseen obtener la nacionalidad española, han de haber llevado y seguir llevando una vida ajustada a ese estándar medio de conducta al que acabamos de referirnos.">>

Por lo expuesto es preciso valorar la trayectoria personal del solicitante en su conjunto (v. gr. Contenido del comportamiento que se reputa de incívico, afectación a los valores sociales y convivenciales, habitualidad y mantenimiento en el tiempo, distancia temporal con la solicitud, elementos positivos que pudieran contrarrestar los aspectos negativos etc.) sobre la base de un estándar medio de conducta capaz de ser asumido por cualquier cultura y por cualquier individuo, un estándar que vale para todos y vale para cada uno”.

 

           Sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso Administrativo Secc. 3ª  de fecha  2 de Noviembre de 2012 considera que el concepto jurídico indeterminado “buena conducta cívica debe ser valorado por la Administración y, en su caso, por el órgano jurisdiccional que conozca de la materia en vía del recurso contencioso, como un requisito exigible para la concesión de la nacionalidad española que debe ser apreciado mediante el examen de la trayectoria personal del demandante de la nacionalidad, considerando aquélla en su conjunto, manifestándose de forma literal que: “Incluso tratándose de hechos ilícitos más graves, la existencia de una previa condena penal es un elemento que debe ser valorado de acuerdo con las circunstancias del caso, pues no todos los delitos y faltas ponen de manifiesto una idéntica ausencia de civismo”.

 

            Sentencia Tribunal Supremo de 5 de Noviembre de 2011 establece que: “…. los antecedentes policiales y penales, con independencia de su cancelación, son meramente un indicador cualificado de la conducta de un ciudadano, sin que puedan ser, por sí solos, un obstáculo para la concesión de la nacionalidad española”.

 

            Sentencia Audiencia Nacional sección tercera de 20 de Diciembre de 2013: “Uno de los criterios para a ponderar la conducta, y especialmente para valorar los actos reprochables, viene dado por el alejamiento o cercanía temporal de los mismos en relación con la fecha de presentación de la solicitud, evitando así que hechos muy alejados en el tiempo que no respondan a un comportamiento actualizado impidan obtener la nacionalidad española”.

 

 

REAL DECRETO DE 3 DE FEBRERO DE 1881, DE PROMULGACION DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL


TÍTULO VIII.-  De la ejecución de las sentencias

 

SECCIÓN 1.ª DE LAS SENTENCIAS DICTADAS POR JUECES Y TRIBUNALES ESPAÑOLES

(...)

SECCIÓN 2.ª DE LAS SENTENCIAS DICTADAS POR TRIBUNALES EXTRANJEROS


Artículo 951.

Las sentencias firmes pronunciadas en países extranjeros tendrán en España la fuerza que establezcan los Tratados respectivos.

 

Artículo 952.

Si no hubiere Tratados especiales con la nación en que se hayan pronunciado, tendrán la misma fuerza que en ella se diere a las ejecutorias dictadas en España.

 

Artículo 953.

Si la ejecutoria procediere de una nación en que por jurisprudencia no se dé cumplimiento a las dictadas por los Tribunales españoles, no tendrá fuerza en España. 

Artículo 954.

Si no estuviere en ninguno de los casos de que hablan los tres artículos que anteceden, las ejecutorias tendrán fuerza en España si reúnen las circunstancias siguientes:

 

1.ª Que la ejecutoria haya sido dictada a consecuencia del ejercicio de una acción personal.

2.ª Que no haya sido dictada en rebeldía.

3.ª Que la obligación para cuyo cumplimiento se haya procedido sea lícita en España.

4.ª Que la carta ejecutoria reúna los requisitos necesarios en la nación en que se haya dictado para ser considerada como auténtica, y los que las Leyes españolas requieren para que haga fe en España.

 

Exequátur y Reconocimeinto de Resoluciones Extranjeras

Exequátur - Más Información sobre el Reconocimiento y Ejecución de Resoluciones Extranjeras

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Artículo 955.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados y otras normas internacionales, la competencia para conocer de las solicitudes de reconocimiento y ejecución de sentencias y demás resoluciones judiciales extranjeras, así como de acuerdos de mediación extranjeros, corresponde a los Juzgados de Primera Instancia del domicilio o lugar de residencia de la parte frente a la que se solicita el reconocimiento o ejecución, o del domicilio o lugar de residencia de la persona a quien se refieren los efectos de aquéllas; subsidiariamente la competencia territorial se determinará por el lugar de ejecución o donde aquellas sentencias y resoluciones deban producir sus efectos.

Con arreglo a los mismos criterios señalados en el párrafo anterior, corresponderá a los Juzgados de lo Mercantil conocer de las solicitudes de reconocimiento y ejecución de sentencias y demás resoluciones judiciales extranjeras que versen sobre materias de su competencia.

La competencia para el reconocimiento de los laudos o resoluciones arbitrales extranjeros, corresponde, con arreglo a los criterios que se establecen en el párrafo primero de este artículo, a las Salas de lo Civil y de lo Penal de los Tribunales Superiores de Justicia, sin que quepa ulterior recurso contra su decisión. La competencia para la ejecución de laudos o resoluciones arbitrales extranjeros corresponde a los Juzgados de Primera Instancia, con arreglo a los mismos criterios.

 

Artículo 956.

Previa la traducción de la ejecutoria hecha con arreglo a derecho, después de oir, por término de nueve días, a la parte contra quien se dirija y al Fiscal, el Tribunal declarará si debe o no darse cumplimiento a dicha ejecutoria.

Contra este auto cabrá recurso de apelación.

 

Artículo 957.

Para la citación de la parte a quien deba oírse, según el artículo anterior, se librará certificación a la Audiencia en cuyo territorio esté domiciliada.

El término para comparecer será el de treinta días.

Pasado dicho término, el Tribunal proseguirá en el conocimiento de los autos, aunque no haya comparecido el citado.

 

Artículo 958.

Denegándose el cumplimiento, se devolverá la ejecutoria al que la haya presentado.   


 

 

 

Reglamento (CE) n° 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) n° 1347/2000

 

Diario Oficial n° L 338 de 23/12/2003 p. 0001 - 0029

Reglamento (CE) no 2201/2003 del Consejo
de 27 de noviembre de 2003
relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) n° 1347/2000
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular la letra c) de su artículo 61 y el apartado 1 del artículo 67,
Vista la propuesta de la Comisión(1),
Visto el dictamen del Parlamento Europeo(2),
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo(3),
Considerando lo siguiente:
(1) La Comunidad Europea se ha fijado el objetivo de crear un espacio de libertad, de seguridad y de justicia, en el que se garantiza la libre circulación de personas. Con este fin debe adoptar, entre otras cosas, las medidas de cooperación judicial en materia civil necesarias para el correcto funcionamiento del mercado interior.
(2) El Consejo Europeo de Tampere corroboró el principio del reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales como piedra angular de la creación de un verdadero espacio judicial, y destacó el derecho de visita como prioritario.
(3) El Reglamento (CE) n° 1347/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000(4), establece normas que regulan la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental sobre los hijos comunes, dictadas con ocasión de acciones judiciales en materia matrimonial. El contenido de dicho Reglamento coincidía en gran medida con el del Convenio de 28 de mayo de 1998 sobre el mismo tema(5).
(4) El 3 de julio de 2000, Francia presentó una iniciativa con vistas a la adopción del Reglamento del Consejo relativo a la ejecución mutua de resoluciones judiciales en materia de derecho de visita de los hijos(6).
(5) Con ánimo de garantizar la igualdad de todos los hijos, el presente Reglamento se aplica a todas las resoluciones en materia de responsabilidad parental, incluidas las medidas de protección del menor, con independencia de que estén vinculadas o no a un procedimiento en materia matrimonial.
(6) Dado que la aplicación de las disposiciones en materia de responsabilidad parental se produce a menudo en el marco de acciones judiciales en materia matrimonial, resulta más apropiado tener un único instrumento en materia de divorcio y de responsabilidad parental.
(7) El presente Reglamento se aplica a las materias civiles, con independencia de cuál sea la naturaleza del órgano jurisdiccional.
(8) Por lo que se refiere a las resoluciones judiciales relativas al divorcio, la separación judicial o la nulidad matrimonial, el presente Reglamento sólo debe aplicarse a la disolución del matrimonio, sin ocuparse de problemas tales como las causas de divorcio, las consecuencias patrimoniales del matrimonio u otras posibles medidas accesorias.
(9) En lo que respecta a los bienes del menor, el presente Reglamento se aplica únicamente a las medidas de protección del menor, es decir: i) a la designación y las funciones de la persona u organismo encargado de administrar los bienes del menor, de representarlo y de prestarle asistencia, y ii) a las medidas relativas a la administración, conservación o disposición de los bienes del menor. En este contexto y a título de ejemplo, el presente Reglamento debe aplicarse a los casos en los que exista un litigio entre los progenitores a propósito de la administración de los bienes del menor. Las medidas relativas a los bienes del menor que no se refieran a la protección del mismo deben seguir rigiéndose por el Reglamento (CE) n° 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil(7).
(10) No se pretende que el presente Reglamento se aplique a asuntos tales como los relativos a la seguridad social, a las medidas de Derecho público de carácter general en materia de educación y salud, ni a las resoluciones relativas al derecho de asilo y a la inmigración. No se aplica, por lo demás, al establecimiento de la filiación, que es una cuestión distinta de la atribución de la responsabilidad parental, ni a las demás cuestiones ligadas al estado de las personas. Tampoco se aplica a las medidas adoptadas a consecuencia de infracciones penales cometidas por menores.
(11) Las obligaciones alimentarias, al estar ya reguladas en el Reglamento (CE) n° 44/2001, están excluidas del ámbito de aplicación del presente Reglamento. Los órganos jurisdiccionales competentes en virtud del presente Reglamento tendrán generalmente competencia para pronunciarse en materia de obligaciones alimentarias en aplicación de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 5 del Reglamento (CE) n° 44/2001.
(12) Las normas de competencia que establece el presente Reglamento en materia de responsabilidad parental están concebidas en función del interés superior del menor, y en particular en función del criterio de proximidad. Esto significa por lo tanto que son los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en el cual el menor tiene su residencia habitual los que deben ser competentes en primer lugar, excepto en ciertos casos de cambio de residencia del menor o en caso de acuerdo entre los titulares de la responsabilidad parental.
(13) Para atender al interés del menor, el presente Reglamento permite al órgano jurisdiccional competente, con carácter excepcional y en condiciones determinadas, remitir el asunto al órgano jurisdiccional de otro Estado miembro que esté mejor situado para conocer del asunto. Ahora bien, en este caso no se debe autorizar al órgano jurisdiccional al que se remitió el asunto a remitirlo a su vez a un tercer órgano jurisdiccional.
(14) Los efectos del presente Reglamento no deben afectar a la aplicación del Derecho internacional público en materia de inmunidad diplomática. Si el órgano jurisdiccional competente en virtud del presente Reglamento no puede ejercer su competencia debido a la existencia de una inmunidad diplomática con arreglo al Derecho internacional, la competencia debe determinarse en el Estado miembro en el que la persona de que se trate no goce de inmunidad, con arreglo a la legislación de ese Estado.
(15) El Reglamento (CE) n° 1348/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000, relativo a la notificación y al traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil(8) es de aplicación a la notificación o traslado de documentos en los procesos incoados en virtud del presente Reglamento.
(16) En caso de urgencia, las disposiciones del presente Reglamento no impedirán que los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro adopten medidas provisionales, incluidas las protectoras, por lo que se refiere a las personas o a los bienes que se encuentren en ese Estado.
(17) En caso de traslado o retención ilícitos de un menor, es importante que su restitución se produzca sin demora y con este fin debe seguir aplicándose el Convenio de la Haya de 25 de octubre de 1980 tal y como queda completado mediante las disposiciones del presente Reglamento y, en particular, del artículo 11. Con todo, conviene que, en casos concretos y debidamente justificados, los órganos jurisdiccionales del Estado miembro al que haya sido trasladado o en el que esté siendo retenido ilícitamente el menor puedan oponerse a su restitución. Sin embargo, semejante resolución debe poder ser sustituida por otra posterior del órgano jurisdiccional del Estado miembro en el que el menor tenía su residencia habitual antes de su traslado o retención ilícitos. En caso de que esta última resolución implique la restitución del menor, ésta debería realizarse sin necesidad de procedimiento alguno para el reconocimiento y la ejecución de dicha resolución en el Estado miembro en el que se encuentra el menor sustraído.
(18) En caso de que se dicte una resolución de no restitución en virtud del artículo 13 del Convenio de la Haya de 1980, el órgano jurisdiccional debe informar de ello al órgano jurisdiccional competente o a la autoridad central del Estado miembro en el que el menor tenía su residencia habitual antes de su traslado o retención ilícitos. Este órgano jurisdiccional, si aún no se ha interpuesto demanda ante él, o la autoridad central deben dirigir una notificación a las partes. Esta obligación no debe impedir que la autoridad central dirija asimismo una notificación a las autoridades públicas pertinentes de conformidad con el Derecho nacional.
(19) La audiencia del menor desempeña un papel importante en la aplicación del presente Reglamento, sin que éste tenga por objeto modificar los procedimientos nacionales aplicables en la materia.
(20) La audiencia de un menor en otro Estado miembro puede realizarse por los procedimientos establecidos en el Reglamento (CE) n° 1206/2001 del Consejo, de 28 de mayo de 2001, relativo a la cooperación entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en el ámbito de la obtención de pruebas en materia civil o mercantil(9).
(21) El reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales dictadas en un Estado miembro deben basarse en el principio de confianza mutua, y los motivos del no reconocimiento deben limitarse al mínimo necesario.
(22) A efectos de la aplicación de las normas sobre reconocimiento y ejecución, los documentos públicos y los acuerdos entre las partes que sean ejecutivos en un Estado miembro deben asimilarse a "resoluciones judiciales".
(23) El Consejo Europeo de Tampere consideró en sus conclusiones (punto 34) que las resoluciones dictadas en el ámbito de los litigios familiares "se reconocerían automáticamente en toda la Unión sin que se interpusieran procedimientos intermedios o motivos para denegar la ejecución". Por ello, las resoluciones relativas al derecho de visita y a la restitución del menor que hayan sido certificadas en el Estado miembro de origen de conformidad con las disposiciones del presente Reglamento deben ser reconocidas y gozar de fuerza ejecutiva en todos los demás Estados miembros, sin necesidad de procedimiento adicional alguno. Las modalidades de ejecución de estas resoluciones siguen rigiéndose por el Derecho nacional.
(24) El certificado que se expide para facilitar la ejecución de la resolución judicial no debe ser susceptible de recurso. Contra él sólo debe caber un procedimiento de rectificación en caso de error material, es decir, si el certificado no refleja correctamente el contenido de la resolución judicial.
(25) Las autoridades centrales deben cooperar, tanto en términos generales como en casos particulares, con ánimo, entre otras cosas, de facilitar la solución amistosa de conflictos familiares en el ámbito de la responsabilidad parental. Con este fin las autoridades centrales deben participar en la Red Judicial Europea en materia civil y mercantil creada por la Decisión 2001/470/CE del Consejo, de 28 de mayo de 2001, por la que se crea una Red Judicial Europea en materia civil y mercantil(10).
(26) La Comisión debe hacer públicas y actualizar las listas de órganos jurisdiccionales y de vías de recurso que le notifiquen los Estados miembros.
(27) Las medidas necesarias para la aplicación del presente Reglamento deben adoptarse con arreglo a la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión(11).
(28) El presente Reglamento sustituye al Reglamento (CE) n° 1347/2000, que, por consiguiente, queda derogado.
(29) Es importante para el buen funcionamiento del presente Reglamento que la Comisión examine su aplicación para proponer, si ha lugar, las modificaciones oportunas.
(30) El Reino Unido e Irlanda han manifestado, con arreglo al artículo 3 del Protocolo sobre la posición del Reino Unido e Irlanda anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, su deseo de participar en la adopción y aplicación del presente Reglamento.
(31) De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición de Dinamarca anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, este país no participa en la adopción del presente Reglamento, que por consiguiente no le vincula ni le es aplicable.
(32) Dado que los objetivos del presente Reglamento no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, pueden lograrse mejor a escala comunitaria, la Comunidad puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.
(33) El presente Reglamento reconoce los derechos fundamentales y observa los principios consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Concretamente, pretende garantizar el respeto de los derechos fundamentales del menor enunciados en el artículo 24 de dicha Carta.
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
CAPÍTULO I
ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES
Artículo 1
Ámbito de aplicación
1. El presente Reglamento se aplicará, con independencia de la naturaleza del órgano jurisdiccional, a las materias civiles relativas:
a) al divorcio, la separación judicial y la nulidad matrimonial;
b) a la atribución, el ejercicio, la delegación, la restricción o la finalización de la responsabilidad parental.
2. Las materias consideradas en la letra b) del apartado 1 se refieren en particular:
a) al derecho de custodia y al derecho de visita;
b) a la tutela, la curatela y otras instituciones análogas;
c) a la designación y las funciones de toda persona u organismo encargado de ocuparse de la persona o de los bienes del menor, de representarlo o de prestarle asistencia;
d) al acogimiento del menor en una familia o en un establecimiento;
e) a las medidas de protección del menor ligadas a la administración, conservación o disposición de sus bienes.
3. El presente Reglamento no se aplicará:
a) a la determinación y a la impugnación de la filiación;
b) a las resoluciones sobre adopción y medidas que la preparan, ni a la anulación y revocación de la adopción;
c) al nombre y apellidos del menor;
d) a la emancipación;
e) a las obligaciones de alimentos;
f) a los fideicomisos y las sucesiones;
g) a las medidas adoptadas a consecuencia de infracciones penales cometidas por los menores.
Artículo 2
Definiciones
A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por:
1) órgano jurisdiccional, todas las autoridades de los Estados miembros con competencia en las materias que entran en el ámbito de aplicación del presente Reglamento de conformidad con el artículo 1;
2) juez, el juez o la autoridad con competencias equivalentes a las del juez en las materias reguladas por el presente Reglamento;
3) Estado miembro, todos los Estados miembros a excepción de Dinamarca;
4) resolución judicial, las resoluciones de divorcio, separación judicial o nulidad matrimonial y las relativas a la responsabilidad parental dictadas por un órgano jurisdiccional de un Estado miembro, independientemente de cómo se denomine dicha resolución, incluidos los términos de sentencia o auto;
5) Estado miembro de origen, el Estado miembro en el que se dictó la resolución judicial que hay que ejecutar;
6) Estado miembro de ejecución, el Estado miembro en el que se solicita la ejecución de una resolución judicial;
7) responsabilidad parental, los derechos y obligaciones conferidos a una persona física o jurídica en virtud de una resolución judicial, por ministerio de la ley o por un acuerdo con efectos jurídicos, en relación con la persona o los bienes de un menor. El término incluye, en particular, los derechos de custodia y visita;
8) titular de la responsabilidad parental, cualquier persona que tenga la responsabilidad parental sobre un menor;
9) derechos de custodia, entre otros, los derechos y obligaciones relativos al cuidado de la persona de un menor y, en especial, el derecho a decidir sobre su lugar de residencia;
10) derecho de visita, en particular, el derecho de trasladar a un menor a un lugar distinto al de su residencia habitual durante un período de tiempo limitado;
11) Traslado o retención ilícitos de un menor, el traslado o retención de un menor cuando:
a) se haya producido con infracción de un derecho de custodia adquirido por resolución judicial, por ministerio de la ley o por un acuerdo con efectos jurídicos de conformidad con la legislación del Estado miembro en donde el menor tenía su residencia habitual inmediatamente antes de su traslado o retención,
y
b) este derecho se ejercía, en el momento del traslado o de la retención, de forma efectiva, separada o conjuntamente, o se habría ejercido de no haberse producido dicho traslado o retención. Se considera que la custodia es ejercida de manera conjunta cuando, en virtud de una resolución judicial o por ministerio de la ley, uno de los titulares de la responsabilidad parental no pueda decidir sin el consentimiento del otro titular sobre el lugar de residencia del menor.
CAPÍTULO II
COMPETENCIA
SECCIÓN 1
Divorcio, separación judicial y nulidad matrimonial
Artículo 3
Competencia general
1. En los asuntos relativos al divorcio, la separación judicial y la nulidad matrimonial, la competencia recaerá en los órganos jurisdiccionales del Estado miembro:
a) en cuyo territorio se encuentre:
- la residencia habitual de los cónyuges, o
- el último lugar de residencia habitual de los cónyuges, siempre que uno de ellos aún resida allí, o
- la residencia habitual del demandado, o
- en caso de demanda conjunta, la residencia habitual de uno de los cónyuges, o
- la residencia habitual del demandante si ha residido allí durante al menos un año inmediatamente antes de la presentación de la demanda, o
- la residencia habitual del demandante en caso de que haya residido allí al menos los seis meses inmediatamente anteriores a la presentación de la demanda y de que sea nacional del Estado miembro en cuestión o, en el caso del Reino Unido e Irlanda, tenga allí su "domicile";
b) de la nacionalidad de ambos cónyuges o, en el caso del Reino Unido y de Irlanda, del "domicile" común.
2. A efectos del presente Reglamento, el término "domicile" se entenderá en el mismo sentido que tiene dicho término con arreglo a los ordenamientos jurídicos del Reino Unido y de Irlanda.
Artículo 4
Demanda reconvencional
El órgano jurisdiccional ante el que se sustancien los procedimientos con arreglo al artículo 3 también será competente para examinar la demanda reconvencional, en la medida en que ésta entre en el ámbito de aplicación del presente Reglamento.
Artículo 5
Conversión de la separación judicial en divorcio
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3, el órgano jurisdiccional del Estado miembro que hubiere dictado una resolución sobre la separación judicial será asimismo competente para la conversión de dicha resolución en divorcio, si la ley de dicho Estado miembro lo prevé.
Artículo 6
Carácter exclusivo de las competencias definidas en los artículos 3, 4 y 5
Un cónyuge que:
a) tenga su residencia habitual en el territorio de un Estado miembro, o bien
b) sea nacional de un Estado miembro o, en el caso del Reino Unido y de Irlanda, tenga su "domicile" en el territorio de uno de estos dos Estados miembros,
sólo podrá ser requerido ante los órganos jurisdiccionales de otro Estado miembro en virtud de los artículos 3, 4 y 5.
Artículo 7
Competencia residual
1. Si de los artículos 3, 4 y 5 no se deduce la competencia de ningún órgano jurisdiccional de un Estado miembro, la competencia se determinará, en cada Estado miembro, con arreglo a las leyes de dicho Estado.
2. Todo nacional de un Estado miembro que tenga su residencia habitual en el territorio de otro Estado miembro podrá, al igual que los nacionales de este último, invocar en dicho Estado las normas sobre competencia que sean aplicables en el mismo contra una parte demandada que no tenga su residencia habitual en el territorio de un Estado miembro y que no tenga la nacionalidad de un Estado miembro o, en lo que respecta al Reino Unido e Irlanda, no tenga su "domicile" en el territorio de uno de estos dos Estados.
SECCIÓN 2
Responsabilidad parental
Artículo 8
Competencia general
1. Los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro serán competentes en materia de responsabilidad parental respecto de un menores que resida habitualmente en dicho Estado miembro en el momento en que se presenta el asunto ante el órgano jurisdiccional.
2. El apartado 1 estará sujeto a lo dispuesto en los artículos 9, 10 y 12.
Artículo 9
Mantenimiento de la competencia del Estado miembro de la anterior residencia habitual del menor
1. Cuando un menor cambie legalmente de residencia de un Estado miembro a otro y adquiera una nueva residencia habitual en este último, los órganos jurisdiccionales del Estado miembro de la anterior residencia habitual del menor seguirán siendo competentes, como excepción al artículo 8, durante los tres meses siguientes al cambio de residencia, para modificar una resolución judicial sobre el derecho de visita dictada en dicho Estado miembro antes de que el menor hubiera cambiado de residencia, si el titular del derecho de visita con arreglo a la resolución judicial sobre el derecho de visita continúa residiendo habitualmente en el Estado miembro de la anterior residencia habitual del menor.
2. El apartado 1 no se aplicará si el titular del derecho de visita considerado en el apartado 1 ha aceptado la competencia de los órganos jurisdiccionales del Estado miembro de la nueva residencia habitual del menor al participar en un procedimiento ante dichos órganos sin impugnar su competencia.
Artículo 10
Competencia en caso de sustracción de menores
En caso de traslado o retención ilícitos de un menor, los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en el que residía habitualmente el menor inmediatamente antes del traslado o retención ilícitos conservarán su competencia hasta que el menor haya adquirido una residencia habitual en otro Estado miembro y:
a) toda persona, institución u organismo que tenga el derecho de custodia haya dado su conformidad al traslado o a la retención,
o bien
b) el menor, habiendo residido en ese otro Estado miembro durante un período mínimo de un año desde que la persona, institución u organismo que tenga el derecho de custodia haya tenido o hubiera debido tener conocimiento del paradero del menor, esté integrado en su nuevo entorno y se cumpla alguna de las condiciones siguientes:
i) que en el plazo de un año desde que el titular del derecho de custodia haya tenido o hubiera debido tener conocimiento del paradero del menor, no se haya presentado ninguna demanda de restitución ante las autoridades competentes del Estado miembro al que se haya trasladado o en el que esté retenido el menor,
ii) que se haya desistido de una demanda de restitución presentada por el titular del derecho de custodia sin que haya presentado ninguna nueva demanda en el plazo estipulado en el inciso i),
iii) que se haya archivado, a tenor de lo dispuesto en el apartado 7 del artículo 11, una demanda presentada ante un órgano jurisdiccional del Estado miembro en el que el menor tenía su residencia habitual inmediatamente antes de su traslado o retención ilícitos,
iv) que los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en el que el menor tenía su residencia habitual inmediatamente antes de su traslado o retención ilícitos hayan dictado una resolución sobre la custodia que no implique la restitución del menor.
Artículo 11
Restitución del menor
1. Los apartados 2 a 8 será de aplicación cuando una persona, institución u organismo que tenga el derecho de custodia solicite a las autoridades competentes de un Estado miembro que se dicte una resolución con arreglo al Convenio de La Haya de 25 de octubre de 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores (denominado en lo sucesivo Convenio de la Haya de 1980), con objeto de conseguir la restitución de un menor que hubiera sido trasladado o retenido de forma ilícita en un Estado miembro distinto del Estado miembro en el que el menor tenía su residencia habitual inmediatamente antes de su traslado o retención ilícitos.
2. En caso de aplicarse los artículos 12 y 13 del Convenio de La Haya de 1980, se velará por que se dé al menor posibilidad de audiencia durante el proceso, a menos que esto no se considere conveniente habida cuenta de su edad o grado de madurez.
3. El órgano jurisdiccional ante el que se interponga la demanda de restitución de un menor contemplada en el apartado 1 actuará con urgencia en el marco del proceso en el que se sustancie la demanda, utilizando los procedimientos más expeditivos que prevea la legislación nacional.
Sin perjuicio del párrafo primero, y salvo que existan circunstancias excepcionales que lo hagan imposible, el órgano jurisdiccional dictará su resolución como máximo seis semanas después de la interposición de la demanda.
4. Los órganos jurisdiccionales no podrán denegar la restitución de un menor basándose en lo dispuesto en la letra b) del artículo 13 del Convenio de La Haya de 1980 si se demuestra que se han adoptado medidas adecuadas para garantizar la protección del menor tras su restitución.
5. Los órganos jurisdiccionales no podrán denegar la restitución de un menor sin que se haya dado posibilidad de audiencia a la persona que solicitó su restitución.
6. En caso de que un órgano jurisdiccional haya dictado un resolución de no restitución con arreglo al artículo 13 del Convenio de La Haya de 1980, transmitirá de inmediato al órgano jurisdiccional competente o a la autoridad central del Estado miembro en el que el menor tenía su residencia habitual inmediatamente antes de su traslado o retención ilícitos, bien directamente o bien por conducto de su autoridad central, copia de la resolución judicial de no restitución y de los documentos pertinentes, en particular el acta de la vista, de conformidad con lo previsto en la legislación nacional. El órgano jurisdiccional deberá recibir todos los documentos mencionados en el plazo de un mes a partir de la fecha de la resolución de no restitución.
7. Salvo que alguna de las partes haya presentado ya una demanda ante los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en el que el menor tenía su residencia habitual inmediatamente antes de su traslado o retención ilícitos, el órgano jurisdiccional o la autoridad central que reciba la información mencionada en el apartado 6 deberá notificarla a las partes e invitarlas a presentar sus reclamaciones ante el órgano jurisdiccional, de conformidad con lo previsto en la legislación nacional, en un plazo de tres meses a partir de la fecha de la notificación, a fin de que el órgano jurisdiccional examine la cuestión de la custodia del menor.
Sin perjuicio de las normas de competencia establecidas en el presente Reglamento, en caso de que el órgano jurisdiccional no recibiera reclamación alguna en el plazo previsto, declarará archivado el asunto.
8. Aun cuando se haya dictado una resolución de no restitución con arreglo a lo dispuesto en el artículo 13 del Convenio de La Haya de 1980, cualquier resolución judicial posterior que ordene la restitución del menor, dictada por un órgano jurisdiccional competente en virtud del presente Reglamento será ejecutiva de acuerdo con la sección 4 del capítulo III, con el fin de garantizar la restitución del menor.
Artículo 12
Prórroga de la competencia
1. Los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en que se ejerza la competencia con arreglo al artículo 3 en una demanda de divorcio, separación judicial o nulidad matrimonial tendrán competencia en las cuestiones relativas a la responsabilidad parental vinculadas a dicha demanda:
a) cuando al menos uno de los cónyuges ejerza la responsabilidad parental sobre el menor,
y
b) cuando la competencia de dichos órganos jurisdiccionales haya sido aceptada expresamente o de cualquier otra forma inequívoca por los cónyuges o por los titulares de la responsabilidad parental en el momento de someter el asunto ante el órgano jurisdiccional y responda al interés superior del menor.
2. La competencia ejercida en virtud del apartado 1 cesará:
a) en cuanto sea firme la resolución estimatoria o desestimatoria de la demanda de divorcio, separación judicial o nulidad matrimonial, o
b) en cuanto sea firme una resolución sobre responsabilidad parental, en aquellos casos en que en el momento indicado en la letra a) aún estén en curso procedimientos relativos a la responsabilidad parental, o
c) en los casos considerados en las letras a) y b), en cuanto hayan concluido los procedimientos por otras razones.
3. Los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro tendrán igualmente competencia en materia de responsabilidad parental en procedimientos distintos de los contemplados en el apartado 1:
a) cuando el menor esté estrechamente vinculado a ese Estado miembro, en especial por el hecho de que uno de los titulares de la responsabilidad parental tenga en él su residencia habitual o porque el menor es nacional de dicho Estado miembro,
y
b) cuando su competencia haya sido aceptada expresamente o de cualquier otra forma inequívoca por todas las partes en el procedimiento en el momento de presentar el asunto ante el órgano jurisdiccional y la competencia responda al interés superior del menor.
4. Cuando el menor tenga su residencia habitual en el territorio de un tercer Estado que no sea parte contratante del Convenio de la Haya de 19 de octubre de 1996 relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y de medidas de protección de los niños, se presumirá que la competencia basada en el presente artículo es en beneficio del menor, en especial cuando un procedimiento resulte imposible en el tercer Estado de que se trate.
Artículo 13
Competencia basada en la presencia del menor
1. Cuando no pueda determinarse la residencia habitual del menor y no pueda determinarse la competencia sobre la base del artículo 12, serán competentes los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en el que esté presente el menor.
2. El apartado 1 también se aplicará a los menores refugiados y a los menores desplazados internacionalmente a causa de disturbios en su país.
Artículo 14
Competencia residual
Si de los artículos 8 a 13 no se deduce la competencia de ningún órgano jurisdiccional de un Estado miembro, la competencia se determinará, en cada Estado miembro, con arreglo a las leyes de dicho Estado.
Artículo 15
Remisión a un órgano jurisdiccional mejor situado para conocer del asunto
1. Excepcionalmente, los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro competentes para conocer del fondo del asunto podrán, si consideran que un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro con el que el menor tenga una vinculación especial está mejor situado para conocer del asunto o de una parte específica del mismo, y cuando ello responda al interés superior del menor:
a) suspender el conocimiento del asunto o de parte del mismo e invitar a las partes a presentar una demanda ante el órgano jurisdiccional de ese otro Estado miembro con arreglo al apartado 4, o
b) solicitar al órgano jurisdiccional del otro Estado miembro que ejerza su competencia con arreglo al apartado 5.
2. El apartado 1 se aplicará:
a) a instancia de parte, o
b) de oficio, o
c) a petición del órgano jurisdiccional de otro Estado miembro con el que el menor tenga una vinculación especial, a tenor del apartado 3.
No obstante, para que la remisión pueda efectuarse de oficio o a petición del órgano jurisdiccional de otro Estado miembro, será preciso el consentimiento de al menos una de las partes.
3. Se considerará que el menor tiene una vinculación especial con un Estado miembro, a los efectos del apartado 1, si:
a) dicho Estado miembro se ha convertido en el de residencia habitual del menor después de la presentación de la demanda ante el órgano jurisdiccional a que se refiere el apartado 1, o
b) el menor ha residido de manera habitual en dicho Estado miembro, o
c) el menor es nacional de dicho Estado miembro, o
d) dicho Estado miembro es el de residencia habitual de un titular de la responsabilidad parental, o
e) el asunto se refiere a las medidas de protección del menor ligadas a la administración, conservación o disposición de los bienes de éste que se encuentran en el territorio de dicho Estado miembro.
4. El órgano jurisdiccional del Estado miembro competente para conocer del fondo del asunto establecerá el plazo en el que deberá presentarse la demanda ante los órganos jurisdiccionales del otro Estado miembro, con arreglo al apartado 1.
Si no se presenta demanda ante los órganos jurisdiccionales en dicho plazo, el órgano jurisdiccional ante el que se presentó seguirá ejerciendo su competencia con arreglo a los artículos 8 a 14.
5. Los órganos jurisdiccionales de este otro Estado miembro podrán declararse competentes en el plazo de seis semanas a partir de la fecha en que se les haya presentado la demanda en virtud de las letras a) o b) del apartado 1 si, por las circunstancias específicas del asunto, ello responde al interés superior del menor. En este caso, el órgano jurisdiccional ante el que se presentó inicialmente la demanda deberá inhibirse. De lo contrario, será competente el órgano jurisdiccional en el que primero se presentó la demanda, de conformidad con los artículos 8 a 14.
6. Los órganos jurisdiccionales cooperarán a efectos del presente artículo, directamente o a través de las autoridades centrales designadas de conformidad con el artículo 53.
SECCIÓN 3
Disposiciones comunes
Artículo 16
Iniciación del procedimiento
1. Se considerará iniciado un procedimiento ante un órgano jurisdiccional:
a) desde el momento en que se le presente el escrito de demanda o documento equivalente, a condición de que posteriormente el demandante no haya dejado de realizar lo necesario para que la notificación o traslado de dicho escrito o documento al demandado,
o bien
b) si dicho escrito o documento ha de ser objeto de notificación o traslado antes de su presentación al órgano jurisdiccional, en el momento en que lo reciba la autoridad encargada de la notificación o traslado, a condición de que posteriormente el demandante no haya dejado de realizar lo necesario para la presentación del documento al órgano jurisdiccional.
Artículo 17
Comprobación de la competencia
El órgano jurisdiccional de un Estado miembro ante el que se inicie un procedimiento respecto del cual el presente Reglamento no establezca su competencia y del que sea competente en virtud del mismo un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro, se declarará de oficio incompetente.
Artículo 18
Comprobación de la admisibilidad
1. Cuando una parte demandada con residencia habitual en un Estado distinto del Estado miembro en el que se hubiera presentado la demanda no compareciere, el órgano jurisdiccional competente suspenderá el procedimiento hasta que se tenga constancia de que dicha parte demandada ha estado en condiciones de recibir, con suficiente antelación para defenderse, el escrito de demanda o documento equivalente o de que se han practicado todas las diligencias a tal fin.
2. Se aplicará el artículo 19 del Reglamento (CE) n° 1348/2000 en lugar del apartado 1 del presente artículo, si el escrito de demanda o documento equivalente hubiera de transmitirse de un Estado miembro a otro de acuerdo con dicho Reglamento.
3. Cuando no sean aplicables las disposiciones del Reglamento (CE) n° 1348/2000, se aplicará el artículo 15 del Convenio de La Haya de 15 de noviembre de 1965 relativo a la notificación o traslado en el extranjero de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o comercial, si el escrito de demanda o documento equivalente hubiera de transmitirse al extranjero de acuerdo con dicho Convenio.
Artículo 19
Litispendencia y acciones dependientes
1. Cuando se presentaren demandas de divorcio, separación judicial o nulidad matrimonial entre las mismas partes ante órganos jurisdiccionales de distintos Estados miembros, el órgano jurisdiccional ante el que se hubiere presentado la segunda demanda suspenderá de oficio el procedimiento en tanto no se establezca la competencia del órgano jurisdiccional ante el que se interpuso la primera.
2. Cuando se presentaren demandas relativas a la responsabilidad parental sobre un menor que tengan el mismo objeto y la misma causa ante órganos jurisdiccionales de distintos Estados miembros, el órgano jurisdiccional ante el que se hubiere presentado la segunda demanda suspenderá de oficio el procedimiento en tanto no se establezca la competencia del órgano jurisdiccional ante el que se interpuso la primera.
3. Cuando se establezca que es competente el primer órgano jurisdiccional, el segundo se inhibirá en favor de aquél.
En este caso, la parte actora ante el segundo órgano jurisdiccional podrá presentar la acción ante el primero.
Artículo 20
Medidas provisionales y cautelares
1. En caso de urgencia, las disposiciones del presente Reglamento no impedirán que los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro adopten medidas provisionales o cautelares previstas en su propia legislación en relación con personas o bienes presentes en dicho Estado miembro, aun cuando, en virtud del presente Reglamento, un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro fuere competente para conocer sobre el fondo.
2. Las medidas tomadas en virtud del apartado 1 dejarán de aplicarse cuando el órgano jurisdiccional del Estado miembro competente en virtud del presente Reglamento para conocer del fondo del asunto haya adoptado las medidas que considere apropiadas.
CAPÍTULO III
RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN
SECCIÓN 1
Reconocimiento
Artículo 21
Reconocimiento de una resolución
1. Las resoluciones dictadas en un Estado miembro serán reconocidas en los demás Estados miembros sin necesidad de recurrir a procedimiento alguno.
2. En particular, y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3, no se requerirá ningún procedimiento especial para la actualización de los datos del registro civil de un Estado miembro sobre la base de las resoluciones en materia de divorcio, separación judicial o nulidad matrimonial dictadas en otro Estado miembro y que ya no admitan recurso con arreglo a la legislación de este último.
3. Sin perjuicio de la sección 4, cualquiera de las partes interesadas podrá, de conformidad con los procedimientos previstos en la sección 2, solicitar que se resuelva sobre el reconocimiento o no reconocimiento de una resolución.
La competencia territorial del órgano jurisdiccional indicado en la lista que cada Estado miembro ha de comunicar a la Comisión de conformidad con el artículo 68 se determinará en virtud del Derecho interno del Estado miembro en el que se inicie el procedimiento de reconocimiento o de no reconocimiento.
4. Cuando el reconocimiento de una resolución se plantee de forma incidental ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro, dicho órgano jurisdiccional podrá pronunciarse al respecto.
Artículo 22
Motivos de denegación del reconocimiento de resoluciones en materia de divorcio, separación judicial o nulidad matrimonial
Las resoluciones en materia de divorcio, separación judicial o nulidad matrimonial no se reconocerán:
a) si el reconocimiento fuere manifiestamente contrario al orden público del Estado miembro requerido;
b) si, habiéndose dictado en rebeldía del demandado, no se hubiere notificado o trasladado al mismo el escrito de demanda o un documento equivalente de forma tal y con la suficiente antelación para que el demandado pueda organizar su defensa, a menos que conste de forma inequívoca que el demandado ha aceptado la resolución;
c) si la resolución fuere inconciliable con otra dictada en un litigio entre las mismas partes en el Estado miembro requerido, o bien
d) si la resolución fuere inconciliable con otra dictada con anterioridad en otro Estado miembro o en un Estado no miembro en un litigio entre las mismas partes, siempre y cuando la primera resolución reúna las condiciones necesarias para su reconocimiento en el Estado miembro requerido.
Artículo 23
Motivos de denegación del reconocimiento de resoluciones en materia de responsabilidad parental
Las resoluciones sobre responsabilidad parental no se reconocerán:
a) si el reconocimiento fuere manifiestamente contrario al orden público del Estado miembro requerido, teniendo en cuenta el interés superior del menor;
b) si se hubieren dictado, excepto en casos de urgencia, sin haber dado posibilidad de audiencia al menor, en violación de principios fundamentales de procedimiento del Estado miembro requerido;
c) si, habiéndose dictado en rebeldía de la persona en cuestión, no se hubiere notificado o trasladado a dicha persona el escrito de demanda o un documento equivalente de forma tal y con la suficiente antelación para que pueda organizar su defensa, a menos que conste de forma inequívoca que esa persona ha aceptado la resolución;
d) a petición de cualquier persona que alegue que la resolución menoscaba el ejercicio de su responsabilidad parental, si se hubiere dictado sin haber dado posibilidad de audiencia a dicha persona;
e) si la resolución fuere inconciliable con otra dictada posteriormente en relación con la responsabilidad parental en el Estado miembro requerido;
f) si la resolución fuere inconciliable con otra dictada posteriormente en relación con la responsabilidad parental en otro Estado miembro o en el Estado no miembro de residencia habitual del menor, siempre y cuando la resolución dictada con posterioridad reúna las condiciones necesarias para su reconocimiento en el Estado miembro requerido,
o bien
g) si no se ha respetado el procedimiento previsto en el artículo 56.
Artículo 24
Prohibición del control de la competencia del órgano jurisdiccional de origen
No podrá procederse al control de la competencia del órgano jurisdiccional del Estado miembro de origen. El criterio de orden público a que se refieren la letra a) del artículo 22 y la letra a) del artículo 23 no podrá aplicarse a las normas de competencia establecidas en los artículos 3 a 14.
Artículo 25
Diferencias en el Derecho aplicable
No podrá negarse el reconocimiento de una resolución de divorcio, de separación judicial o de nulidad matrimonial alegando que el Derecho del Estado miembro requerido no autorizaría el divorcio, la separación judicial o la nulidad matrimonial basándose en los mismos hechos.
Artículo 26
No revisión en cuanto al fondo
La resolución no podrá en ningún caso ser objeto de una revisión en cuanto al fondo.
Artículo 27
Suspensión del procedimiento
1. El órgano jurisdiccional de un Estado miembro ante el que se hubiere solicitado el reconocimiento de una resolución dictada en otro Estado miembro podrá suspender el procedimiento si dicha resolución fuere objeto de un recurso ordinario.
2. El órgano jurisdiccional de un Estado miembro ante el que se hubiere solicitado el reconocimiento de una resolución dictada en Irlanda o en el Reino Unido podrá suspender el procedimiento si la ejecución estuviere suspendida en el Estado miembro de origen como consecuencia de la interposición de un recurso.
SECCIÓN 2
Solicitud de declaración de ejecutoriedad
Artículo 28
Resoluciones ejecutivas
1. Las resoluciones dictadas en un Estado miembro sobre el ejercicio de la responsabilidad parental con respecto a un menor que fueren ejecutivas en dicho Estado miembro y hubieren sido notificadas o trasladadas se ejecutarán en otro Estado miembro cuando, a instancia de cualquier parte interesada, se hayan declarado ejecutivas en este último Estado.
2. No obstante, en el caso del Reino Unido estas resoluciones sólo se ejecutarán en Inglaterra y el País de Gales, en Escocia o en Irlanda del Norte cuando, a instancia de cualquier parte interesada, hayan sido registradas con vistas a su ejecución en una de estas partes del Reino Unido, según corresponda.
Artículo 29
Competencia territorial de los órganos jurisdiccionales
1. La solicitud de declaración de ejecutoriedad se presentará ante uno de los órganos jurisdiccionales indicados en la lista que cada Estado miembro ha de comunicar a la Comisión de conformidad con el artículo 68.
2. La competencia territorial se determinará por el lugar de residencia habitual de la persona contra la que se solicite la ejecución o por el lugar de residencia habitual del menor o menores a quienes se refiera la solicitud.
Cuando ninguno de los lugares de residencia a los que se refiere el párrafo primero se encuentre en el Estado miembro de ejecución, la competencia territorial se determinará por el lugar de ejecución.
Artículo 30
Procedimiento
1. Las modalidades de presentación de la solicitud se determinarán con arreglo a la legislación del Estado miembro requerido.
2. El solicitante deberá elegir domicilio para notificaciones en la circunscripción del órgano jurisdiccional que conozca de la solicitud de ejecución. No obstante, si la legislación del Estado miembro de ejecución no prevé la elección de domicilio, el solicitante designará un representante procesal.
3. Se adjuntarán a la solicitud de ejecución los documentos mencionados en los artículos 37 y 39.
Artículo 31
Resolución del órgano jurisdiccional
1. El órgano jurisdiccional ante el que se presente la solicitud se pronunciará en breve plazo. En esta fase del procedimiento, no podrán presentar alegaciones ni el menor ni la persona contra la cual se solicite la ejecución.
2. La solicitud sólo podrá ser denegada por alguno de los motivos previstos en los artículos 22, 23 y 24.
3. La resolución no podrá en ningún caso ser objeto de una revisión en cuanto al fondo.
Artículo 32
Notificación de la resolución
El funcionario público a quien corresponda notificará de inmediato la resolución al solicitante de la ejecución de conformidad con las modalidades determinadas por la legislación del Estado miembro requerido.
Artículo 33
Recurso
1. La resolución sobre la solicitud de declaración de ejecutoriedad podrá ser recurrida por cualquiera de las partes.
2. El recurso se presentará ante uno de los órganos jurisdiccionales indicados en la lista que cada Estado miembro ha de comunicar a la Comisión de conformidad con el artículo 68.
3. El recurso se substanciará según las normas que rigen el procedimiento contradictorio.
4. Si presentara el recurso el solicitante de la declaración de ejecutoriedad, la parte contra la que se solicitare la ejecución será citada a comparecer ante el órgano jurisdiccional que conociere del recurso. En caso de incomparecencia se aplicarán las disposiciones del artículo 18.
5. El recurso contra la declaración de ejecutoriedad deberá interponerse en el plazo de un mes a partir de la fecha de su notificación. Si la parte contra la que se solicitare la ejecución tuviera su residencia habitual en un Estado miembro distinto de aquel en el que se hubiere expedido la declaración de ejecutoriedad, el plazo será de dos meses y correrá a partir de la fecha de la notificación, tanto si ésta se hizo en persona como en su residencia. Dicho plazo no admitirá prórroga en razón de la distancia.
Artículo 34
Apelación y recurso ulterior
Sólo cabrá oponerse a la resolución dictada sobre el recurso mediante los procedimientos enumerados en la lista que cada Estado miembro ha de comunicar a la Comisión de conformidad con el artículo 68.
Artículo 35
Suspensión del procedimiento
1. El órgano jurisdiccional que conozca del recurso en virtud de los artículos 33 o 34 podrá, a instancia de la parte contra la que se solicite la ejecución, suspender el procedimiento si la resolución extranjera es objeto de un recurso ordinario en el Estado miembro de origen o si el plazo para interponerlo no ha expirado. En este último caso, el órgano jurisdiccional podrá fijar un plazo para la interposición del recurso.
2. Si la resolución hubiere sido dictada en Irlanda o en el Reino Unido, todo recurso previsto en el Estado miembro de origen será considerado como un recurso ordinario a efectos del apartado 1.
Artículo 36
Ejecución parcial
1. Cuando la resolución se hubiere pronunciado sobre varias pretensiones de la demanda y la ejecución no pudiere otorgarse para la totalidad de ellas, el órgano jurisdiccional concederá la ejecución para una o varias.
2. El solicitante podrá instar una ejecución parcial de la resolución.
SECCIÓN 3
Disposiciones comunes a las secciones 1 y 2
Artículo 37
Documentos
1. La parte que invocare o se opusiere al reconocimiento de una resolución o solicitare la expedición de una declaración de ejecutoriedad deberá presentar:
a) una copia de dicha resolución que reúna los requisitos necesarios para determinar su autenticidad,
y
b) el certificado contemplado en el artículo 39.
2. Además, en el caso de las resoluciones dictadas en rebeldía, la parte que solicite el reconocimiento o la expedición de una declaración de ejecutoriedad deberá presentar:
a) el original o una copia auténtica del documento que acredite la notificación o traslado del escrito de demanda o documento equivalente a la parte rebelde,
o bien
b) cualquier documento que acredite de forma inequívoca que el demandado ha aceptado la resolución.
Artículo 38
Ausencia de documentos
1. De no presentarse los documentos mencionados en la letra b) del apartado 1 o en el apartado 2 del artículo 37, el órgano jurisdiccional podrá fijar un plazo para la presentación de los mismos, aceptar documentos equivalentes o dispensar de ellos si considerase que dispone de suficiente información.
2. Si el órgano jurisdiccional lo exigiere se presentará una traducción de los documentos. La traducción estará certificada por una persona habilitada a tal fin en uno de los Estados miembros.
Artículo 39
Certificado relativo a resoluciones en materia matrimonial y a resoluciones en materia de responsabilidad parental
El órgano jurisdiccional o autoridad competente del Estado miembro de origen expedirá, a instancia de cualquier parte interesada, un certificado conforme al modelo de formulario que figura en el anexo I (resoluciones en materia matrimonial) o en el anexo II (resoluciones en materia de responsabilidad parental).
SECCIÓN 4
Fuerza ejecutiva de determinadas resoluciones relativas al derecho de visita y de determinadas resoluciones que ordenan la restitución del menor
Artículo 40
Ámbito de aplicación
1. La presente sección se aplicará:
a) al derecho de visita,
y
b) a la restitución de un menor consecuencia de una resolución judicial que ordene dicha restitución, con arreglo al apartado 8 del artículo 11.
2. Las disposiciones de la presente sección no impedirán que un titular de la responsabilidad parental procure el reconocimiento y la ejecución de una resolución judicial conforme a las disposiciones de las secciones 1 y 2 del presente capítulo.
Artículo 41
Derecho de visita
1. El derecho de visita contemplado en la letra a) del apartado 1 del artículo 40, concedido en virtud de una resolución judicial ejecutiva dictada en un Estado miembro, será reconocido y tendrá fuerza ejecutiva en otro Estado miembro sin que se requiera ninguna declaración que le reconozca fuerza ejecutiva y sin que quepa impugnar su reconocimiento si la resolución ha sido certificada en el Estado miembro de origen de conformidad con el apartado 2.
Aunque el Derecho nacional no estipule la fuerza ejecutiva por ministerio de la ley, sin perjuicio de eventuales recursos, de las resoluciones judiciales que reconocen un derecho de visita, el órgano jurisdiccional de origen podrá declarar ejecutiva la resolución.
2. El juez de origen sólo expedirá el certificado contemplado en el apartado 1, utilizando para ello el modelo de formulario que figura en el anexo III (certificado referente al derecho de visita):
a) si, por lo que respecta a los procedimientos en rebeldía, el escrito de demanda o documento equivalente ha sido notificado o trasladado a la parte rebelde con la suficiente antelación y de tal manera que ésta pueda defenderse, o, de haberse notificado o trasladado el mencionado escrito o documento sin respetar estas condiciones, si consta de forma inequívoca que ha aceptado la resolución;
b) si se ha dado posibilidad de audiencia a todas las partes afectadas,
y
c) si se ha dado al menor posibilidad de audiencia, a menos que esto no se hubiere considerado conveniente habida cuenta de su edad o grado de madurez.
El certificado se redactará en la lengua de la resolución.
3. Si el derecho de visita se refiere a una situación que tuviera carácter transfronterizo al dictarse la resolución, el certificado se expedirá de oficio cuando la resolución adquiera fuerza ejecutiva, incluso con carácter provisional. Si la situación sólo adquiere carácter transfronterizo con posterioridad, el certificado se expedirá a instancia de parte.
Artículo 42
Restitución del menor
1. La restitución de un menor considerada en la letra b) del apartado 1 del artículo 40, concedida en virtud de una resolución judicial ejecutiva dictada en un Estado miembro, será reconocida y tendrá fuerza ejecutiva en los demás Estados miembros sin necesidad de declaración de ejecución y sin que pueda impugnarse su reconocimiento si ha sido certificada en el Estado miembro de origen de conformidad con el apartado 2.
Aunque el Derecho nacional no estipule la fuerza ejecutiva por ministerio de la ley, sin perjuicio de eventuales recursos, de las resoluciones judiciales que ordenan la restitución del menor a tenor del apartado 8 del artículo 11, el órgano jurisdiccional de origen podrá declarar ejecutiva la resolución.
2. El juez de origen que dictó la resolución mencionada en la letra b) del apartado 1 del artículo 40 emitirá el certificado previsto en el apartado 1 únicamente:
a) si se ha dado al menor posibilidad de audiencia, a menos que esto no se hubiere considerado conveniente habida cuenta de su edad o grado de madurez;
b) si se ha dado a las partes posibilidad de audiencia, y
c) si el órgano jurisdiccional ha tenido en cuenta, al dictar su resolución, las razones y las pruebas en las que se fundamenta la resolución emitida en virtud del artículo 13 del Convenio de La Haya de 1980.
En caso de que el órgano jurisdiccional o cualquier otra autoridad tome medidas para garantizar la protección del menor tras su restitución al Estado de su residencia habitual, el certificado precisará los pormenores de dichas medidas.
El juez de origen expedirá el certificado de oficio y utilizará para ello el modelo de formulario que figura en el anexo IV (certificado relativo a la restitución del menor).
El certificado se redactará en la lengua de la resolución.
Artículo 43
Procedimiento de rectificación
1. El Derecho del Estado miembro de origen será aplicable a cualquier rectificación del certificado.
2. Por lo demás, no se podrá interponer recurso contra la expedición de un certificado de conformidad con el apartado 1 del artículo 41 o el apartado 1 del artículo 42.
Artículo 44
Efectos del certificado
El certificado sólo surtirá efecto dentro de los límites del carácter ejecutivo de la sentencia.
Artículo 45
Documentos
1. La parte que invocare la ejecución de una resolución deberá presentar:
a) una copia de dicha resolución que reúna los requisitos necesarios para determinar su autenticidad,
y
b) el certificado mencionado en el apartado 1 del artículo 41 o en el apartado 1 del artículo 42.
2. A los efectos del presente artículo:
- el certificado mencionado en el apartado 1 del artículo 41 se acompañará de una traducción del punto 12 relativo a las modalidades de ejercicio del derecho de visita,
- el certificado mencionado en el apartado 1 del artículo 42 se acompañará de una traducción del punto 14 relativo a los pormenores de las medidas adoptadas para garantizar la restitución del menor.
La traducción estará realizada en la lengua oficial o en una de las lenguas oficiales del Estado miembro de ejecución o en cualquier otra lengua que dicho Estado miembro haya indicado expresamente que puede aceptar. La traducción estará certificada por una persona habilitada a tal fin en uno de los Estados miembros.
SECCIÓN 5
Documentos públicos y acuerdos
Artículo 46
Los documentos públicos con fuerza ejecutiva formalizados o registrados en un Estado miembro, así como los acuerdos entre las partes que tengan fuerza ejecutiva en el Estado miembro de origen, serán reconocidos y se dotarán de fuerza ejecutiva en las mismas condiciones que las resoluciones judiciales.
SECCIÓN 6
Otras disposiciones
Artículo 47
Procedimiento de ejecución
1. El procedimiento de ejecución se regirá por la ley del Estado miembro de ejecución.
2. Cualquier resolución dictada por el órgano jurisdiccional de otro Estado miembro y declarada ejecutiva de conformidad con la sección 2, o certificada con arreglo al apartado 1 del artículo 41 o al apartado 1 del artículo 42, deberá ejecutarse en el Estado miembro de ejecución en las mismas condiciones que si hubiese sido dictada en dicho Estado miembro.
En particular, no podrán ejecutarse las resoluciones certificadas de conformidad con el apartado 1 del artículo 41 o el apartado 1 del artículo 42 que sean incompatibles con una resolución ejecutiva dictada con posterioridad.
Artículo 48
Modalidades prácticas de ejercicio del derecho de visita
1. Los órganos jurisdiccionales del Estado miembro de ejecución podrán adoptar las modalidades prácticas para organizar el ejercicio del derecho de visita si la resolución dictada por los órganos jurisdiccionales del Estado miembro competentes para conocer del fondo del asunto no hubiera establecido las modalidades necesarias, o lo hubiera hecho de manera suficiente, y siempre y cuando se respeten los elementos esenciales de dicha resolución.
2. Las modalidades prácticas adoptadas de conformidad con el apartado 1 dejarán de ser aplicables una vez haya recaído una resolución posterior dictada por los órganos jurisdiccionales del Estado miembro competentes para conocer del fondo.
Artículo 49
Costas
Las disposiciones del presente capítulo, con la salvedad de las recogidas en la sección 4, se aplicarán asimismo a la fijación del importe de las costas de los procesos substanciados en virtud del presente Reglamento y a la ejecución de cualquier resolución relativa a dichas costas.
Artículo 50
Asistencia jurídica gratuita
El solicitante que, en el Estado miembro de origen, hubiere obtenido total o parcialmente el beneficio de asistencia jurídica gratuita o de una exención de costas judiciales gozará también, en el procedimiento previsto en los artículos 21, 28, 41, 42 y 48, del beneficio más favorable o de la exención más amplia prevista por el Derecho del Estado miembro de ejecución.
Artículo 51
Caución o depósito
No se podrá alegar ninguno de los motivos siguientes para exigirle caución o depósito alguno a la parte que instare en un Estado miembro la ejecución de una resolución dictada en otro Estado miembro:
a) el hecho de que no tenga su residencia habitual en el Estado miembro en el que se solicitare la ejecución, o bien
b) su condición de nacional de otro país o, si la ejecución se solicitare en el Reino Unido o en Irlanda, el no tener su "domicile" en uno de estos Estados.
Artículo 52
Legalización y formalidades análogas
No se exigirá legalización ni formalidad análoga alguna en lo que se refiere a los documentos mencionados en los artículos 37, 38 y 45, como tampoco para el poder para pleitos.
CAPÍTULO IV
COOPERACIÓN ENTRE AUTORIDADES CENTRALES EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD PARENTAL
Artículo 53
Designación
Cada Estado miembro designará una o varias autoridades centrales encargadas de asistirlo en la aplicación del presente Reglamento y precisará sus competencias territoriales o materiales. En los Estados miembros que hayan designado varias autoridades centrales, las comunicaciones, en principio, se dirigirán directamente a la autoridad central competente. Si una comunicación ha sido dirigida a una autoridad central no competente, será ésta la encargada de transmitirla a la autoridad central competente y de informar de ello al remitente.
Artículo 54
Funciones generales
Las autoridades centrales proporcionarán información sobre las legislaciones y los procedimientos nacionales y adoptarán medidas destinadas a mejorar la aplicación del presente Reglamento y reforzar su cooperación. Con este fin se hará uso de la Red Judicial Europea en materia civil y mercantil creada por la Decisión n° 2001/470/CE.
Artículo 55
Cooperación en casos específicamente relacionados con la responsabilidad parental
A petición de una autoridad central de otro Estado miembro o de un titular de la responsabilidad parental, las autoridades centrales cooperarán en asuntos concretos con el fin de cumplir los objetivos del presente Reglamento. A tal efecto, adoptarán, ya sea directamente o por conducto de las autoridades públicas u otros organismos, todas las medidas adecuadas, con arreglo a la legislación de dicho Estado miembro en materia de protección de datos personales, para:
a) recabar e intercambiar información:
i) sobre la situación del menor,
ii) sobre los procedimientos pendientes, o
iii) sobre las resoluciones adoptadas que conciernan al menor;
b) proporcionar información y ayuda a los titulares de la responsabilidad parental que soliciten el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en su territorio, en especial en materia de derechos de visita y de restitución del menor;
c) facilitar las comunicaciones entre órganos jurisdiccionales, en especial para la aplicación de los apartados 6 y 7 del artículo 11 y del artículo 15;
d) proporcionar toda la información y la asistencia que puedan ser de utilidad para la aplicación por los órganos jurisdiccionales del artículo 56;
e) facilitar la celebración de acuerdos entre los titulares de la responsabilidad parental a través de la mediación o por otros medios, y facilitar con este fin la cooperación transfronteriza.
Artículo 56
Acogimiento del menor en otro Estado miembro
1. Cuando el órgano jurisdiccional competente en virtud de los artículos 8 a 15 considere el acogimiento del menor en un establecimiento o una familia, y este acogimiento haya de tener lugar en otro Estado miembro, consultará previamente a la autoridad central o a otra autoridad competente de este último Estado miembro si estuviera prevista la intervención de una autoridad pública en dicho Estado miembro para los casos internos de acogimiento de menores.
2. La resolución sobre el acogimiento contemplado en el apartado 1 sólo podrá adoptarse en el Estado miembro requirente cuando la autoridad competente del Estado requerido haya aprobado dicho acogimiento.
3. Los procedimientos de consulta o de aprobación contemplados en los apartados 1 y 2 se regirán por el Derecho nacional del Estado miembro requerido.
4. Si el órgano jurisdiccional competente en virtud de los artículos 8 a 15 decide el acogimiento del menor en una familia y este acogimiento va a tener lugar en otro Estado miembro en el que no está prevista la intervención de una autoridad pública para los casos internos de acogimiento de menores, el órgano jurisdiccional informará de su decisión a la autoridad central u otra autoridad competente de ese Estado miembro.
Artículo 57
Método de trabajo
1. Cualquier titular de la responsabilidad parental podrá enviar una solicitud de asistencia según lo indicado en el artículo 55 a la autoridad central del Estado miembro en el que resida habitualmente o a la autoridad central del Estado miembro en el que el menor tenga su residencia habitual o esté presente. De manera general, se adjuntará a la solicitud toda la información de que se disponga y que pueda facilitar su ejecución. Si la solicitud de asistencia se refiere al reconocimiento o ejecución de una resolución sobre responsabilidad parental que entra dentro del ámbito de aplicación del presente Reglamento, el titular de la responsabilidad parental deberá acompañar la solicitud de los certificados pertinentes, indicados en el artículo 39, el apartado 1 del artículo 41 o el apartado 1 del artículo 42.
2. Los Estados miembros notificarán a la Comisión la lengua o lenguas oficiales de las instituciones de la Comunidad distintas de la suya o de las suyas que pueden aceptarse para las comunicaciones a las autoridades centrales.
3. La ayuda proporcionada por las autoridades centrales de conformidad con el artículo 55 será gratuita.
4. Cada autoridad central se hará cargo de sus propios gastos.
Artículo 58
Reuniones
1. Las autoridades centrales se reunirán regularmente para facilitar la aplicación del presente Reglamento.
2. La convocatoria de esas reuniones se hará de conformidad con la Decisión n° 2001/470/CE por la que se crea la Red Judicial Europea en materia civil y mercantil.
CAPÍTULO V
RELACIONES CON OTROS ACTOS
Artículo 59
Relaciones con otros actos
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 60, 63 y 64 y en el apartado 2 del presente artículo, el presente Reglamento sustituirá para los Estados miembros a los convenios existentes en el momento de la entrada en vigor del mismo celebrados entre dos o más Estados miembros y relativos a materias que en él se regulan.
2. a) Finlandia y Suecia tendrán la facultad de declarar que el Acuerdo nórdico, de 6 de febrero de 1931, entre Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia, relativo a determinadas disposiciones de Derecho internacional privado en materia de matrimonio, adopción y custodia, junto con su Protocolo final, es de aplicación, total o parcialmente, en sus relaciones mutuas, en lugar de las normas del presente Reglamento. Estas declaraciones se publicarán en el Diario Oficial de la Unión Europea como anexo al presente Reglamento. Dichos Estados miembros podrán retirar sus declaraciones, total o parcialmente, en cualquier momento.
b) Se respetará el principio de no discriminación por razón de nacionalidad entre ciudadanos de la Unión.
c) En todo acuerdo que se celebre entre los Estados miembros mencionados en la letra a) que se refiera a las materias reguladas por el presente Reglamento, las normas sobre competencia se ajustarán a las establecidas en el presente Reglamento.
d) Las resoluciones adoptadas en uno de los Estados nórdicos que haya presentado la declaración mencionada en la letra a), en virtud de un foro de competencia que corresponda a alguno de los considerados del capítulo II del presente Reglamento, serán reconocidas y ejecutadas en los demás Estados miembros de conformidad con las normas previstas en el capítulo III del presente Reglamento.
3. Los Estados miembros transmitirán a la Comisión:
a) una copia de los acuerdos y de las leyes uniformes de aplicación de los acuerdos a que se refieren las letras a) y c) del apartado 2;
b) cualquier denuncia o modificación de dichos acuerdos o de dichas leyes uniformes.
Artículo 60
Relación con determinados convenios multilaterales
En las relaciones entre los Estados miembros, primará el presente Reglamento, en las materias reguladas por el mismo, frente a los Convenios siguientes:
a) Convenio de La Haya de 5 de octubre de 1961 sobre competencia de las autoridades y ley aplicable en materia de protección de menores;
b) Convenio de Luxemburgo de 8 de septiembre de 1967 sobre el reconocimiento de resoluciones relativas a la validez de los matrimonios;
c) Convenio de La Haya de 1 de junio de 1970 relativo al reconocimiento de divorcios y separaciones legales;
d) Convenio europeo de 20 de mayo de 1980 relativo al reconocimiento y ejecución de decisiones en materia de custodia de menores, así como al restablecimiento de dicha custodia,
y
e) Convenio de La Haya de 25 de octubre de 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores.
Artículo 61
Relaciones con el Convenio de La Haya de 19 de octubre de 1996 relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y de medidas de protección de los niños
En las relaciones con el Convenio de La Haya de 19 de octubre de 1996 relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y de medidas de protección de los niños, el presente Reglamento se aplicará:
a) cuando el menor afectado tenga su residencia habitual en el territorio de un Estado miembro;
b) en lo que respecta al reconocimiento y ejecución en el territorio de un Estado miembro de una resolución dictada por el órgano jurisdiccional competente de otro Estado miembro, aun cuando el menor afectado tenga su residencia habitual en un Estado no miembro que sea parte contratante del citado Convenio.
Artículo 62
Alcance de los efectos
1. Los acuerdos y convenios mencionados en el apartado 1 del artículo 59 y en los artículos 60 y 61 seguirán surtiendo efectos en las materias que no estén reguladas en el presente Reglamento.
2. Los convenios mencionados en el artículo 60, y en particular el Convenio de La Haya de 1980, seguirán surtiendo efectos entre los Estados miembros que sean partes contratantes de los mismos, respetando el artículo 60.
Artículo 63
Tratados con la Santa Sede
1. El presente Reglamento será aplicable sin perjuicio del Tratado internacional (Concordato) celebrado entre la Santa Sede y Portugal, firmado en el Vaticano el 7 de mayo de 1940.
2. Cualquier resolución relativa a la nulidad de un matrimonio regulada por el Tratado indicado en el apartado 1 se reconocerá en los Estados miembros en las condiciones previstas en la sección 1 del capítulo III.
3. Las disposiciones de los apartados 1 y 2 serán también aplicables a los siguientes Tratados (Concordatos) con la Santa Sede:
a) "Concordato lateranense" de 11 de febrero de 1929 entre Italia y la Santa Sede, modificado por el Acuerdo, y su Protocolo adicional, firmado en Roma el 18 de febrero de 1984;
b) Acuerdo de 3 de enero de 1979 entre la Santa Sede y España sobre asuntos jurídicos.
4. El reconocimiento de las resoluciones a las que se refiere el apartado 2 podrá someterse en Italia o en España a los mismos procedimientos y comprobaciones aplicables a las resoluciones dictadas por los tribunales eclesiásticos con arreglo a los Tratados internacionales celebrados con la Santa Sede a los que se refiere el apartado 3.
5. Los Estados miembros transmitirán a la Comisión:
a) copia de los Tratados a los que se refieren los apartados 1 y 3;
b) toda denuncia o modificación de dichos Tratados.
CAPÍTULO VI
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Artículo 64
1. Lo dispuesto en el presente Reglamento sólo será aplicable a las acciones judiciales ejercitadas, a los documentos públicos con fuerza ejecutiva formalizados o registrados y a los acuerdos entre partes celebrados con posterioridad a la fecha de su entrada en vigor de conformidad con el artículo 72.
2. Las resoluciones judiciales dictadas después de la fecha de aplicación del presente Reglamento como consecuencia de acciones ejercitadas con anterioridad a esta fecha pero después de la entrada en vigor del Reglamento (CE) n° 1347/2000 serán reconocidas y ejecutadas con arreglo a las disposiciones del capítulo III del presente Reglamento, si las normas de competencia aplicadas se ajustaren a las previstas en el capítulo II del presente Reglamento o del Reglamento (CE) n° 1347/2000 o en un convenio en vigor entre el Estado miembro de origen y el Estado miembro requerido al ejercitarse la acción.
3. Las resoluciones judiciales dictadas antes de la fecha de aplicación del presente Reglamento como consecuencia de acciones ejercitadas con posterioridad a la entrada en vigor del Reglamento (CE) n° 1347/2000 serán reconocidas y ejecutadas con arreglo a las disposiciones del capítulo III del presente Reglamento, a condición de que se trate de resoluciones relativas al divorcio, la separación judicial o la nulidad matrimonial o a la responsabilidad parental sobre los hijos comunes dictadas con motivo de estos procedimientos matrimoniales.
4. Las resoluciones judiciales dictadas antes de la fecha de aplicación del presente Reglamento, pero después de la fecha de la entrada en vigor del Reglamento (CE) n° 1347/2000 como consecuencia de acciones ejercitadas con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del Reglamento (CE) n° 1347/2000 serán reconocidas y ejecutadas con arreglo a las disposiciones del capítulo III del presente Reglamento, a condición de que se trate de resoluciones relativas al divorcio, la separación judicial o la nulidad matrimonial o a la responsabilidad parental sobre los hijos comunes dictadas con motivo de estos procedimientos matrimoniales y de que las normas de competencia aplicadas se ajusten a las previstas en el capítulo II del presente Reglamento o del Reglamento (CE) n° 1347/2000 o en un convenio en vigor entre el Estado miembro de origen y el Estado miembro requerido al ejercitarse la acción.
CAPÍTULO VII
DISPOSICIONES FINALES
Artículo 65
Revisión
A más tardar el 1 de enero de 2012, y a continuación cada cinco años, la Comisión presentará al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo un informe basado en la información proporcionada por los Estados miembros y relativo a la aplicación del presente Reglamento, acompañado, si ha lugar, de propuestas encaminadas a su adaptación.
Artículo 66
Estados miembros con dos o más ordenamientos jurídicos
Por lo que se refiere a un Estado miembro en el que se apliquen en entidades territoriales diferentes dos o más ordenamientos jurídicos o conjuntos de normas relativos a las cuestiones reguladas por el presente Reglamento:
a) toda referencia a la residencia habitual en ese Estado miembro se entenderá como una referencia a la residencia habitual en una unidad territorial;
b) toda referencia a la nacionalidad, o en el caso del Reino Unido al "domicile", se entenderá como una referencia a la unidad territorial designada por la legislación de ese Estado;
c) toda referencia a la autoridad de un Estado miembro se entenderá como una referencia a la autoridad de la unidad territorial en cuestión de ese Estado;
d) toda referencia a las normas del Estado miembro requerido se entenderá como una referencia a las normas de la unidad territorial en la que se pretende la competencia, el reconocimiento o la ejecución.
Artículo 67
Información relativa a las autoridades centrales y lenguas
Los Estados miembros comunicarán a la Comisión en el plazo de tres meses a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento:
a) los nombres, direcciones y medios técnicos para las comunicaciones de las autoridades centrales designadas de conformidad con el artículo 53;
b) las lenguas aceptadas en las comunicaciones dirigidas a las autoridades centrales de conformidad con el apartado 2 del artículo 57,
y
c) las lenguas aceptadas para el certificado relativo al derecho de visita de conformidad con el apartado 2 del artículo 45.
Los Estados miembros comunicarán a la Comisión cualquier cambio de esta información.
La Comisión hará pública esta información.
Artículo 68
Información relativa a los órganos jurisdiccionales y a las vías de recurso
Los Estados miembros comunicarán a la Comisión las listas de los órganos jurisdiccionales y de las vías de recurso a que se hace referencia en los artículos 21, 29, 33 y 34, así como sus modificaciones.
La Comisión mantendrá actualizada esa información y la hará pública mediante su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea y por cualquier otro medio adecuado.
Artículo 69
Modificaciones de los anexos
Cualquier modificación de los modelos de formularios que figuran en los anexos I a IV será adoptada de conformidad con el procedimiento establecido en el apartado 2 del artículo 70.
Artículo 70
Comité
1. La Comisión estará asistida por un comité (denominado en lo sucesivo el Comité).
2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán de aplicación los artículos 3 y 7 de la Decisión 1999/468/CE.
3. El Comité aprobará su reglamento interno.
Artículo 71
Derogación del Reglamento (CE) n° 1347/2000
1. El Reglamento (CE) n° 1347/2000 quedará derogado a partir de la fecha de aplicación del presente Reglamento.
2. Cualquier referencia al Reglamento (CE) n° 1347/2000 será interpretada como referencia al presente Reglamento según el cuadro de correspondencias del anexo V.
Artículo 72
Entrada en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de agosto de 2004.
El presente Reglamento será aplicable a partir del 1 de marzo de 2005, a excepción de los artículos 67, 68, 69 y 70, que se aplicarán a partir del 1 de agosto de 2004.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en los Estados miembros de conformidad con el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.
Hecho en Bruselas, el 27 de noviembre de 2003.
Por el Consejo
El Presidente
R. Castelli
(1) DO C 203 E de 27.8.2002, p. 155.
(2) Dictamen emitido el 20 de septiembre de 2002 (no publicado aún en el Diario Oficial).
(3) DO C 61 de 14.3.2003, p. 76.
(4) DO L 160 de 30.6.2000, p. 19.
(5) Cuando se adoptó el Reglamento (CE) n° 1347/2000, el Consejo había tomado nota ya del informe explicativo del Convenio preparado por la catedrática Alegría Borrás (DO C 221 de 16.7.1998, p. 27).
(6) DO C 234 de 15.8.2000, p. 7.
(7) DO L 12 de 16.1.2001, p. 1; Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) n° 1496/2002 de la Comisión (DO L 225 de 22.8.2002, p. 13).
(8) DO L 160 de 30.6.2000, p. 37.
(9) DO L 174 de 27.6.2001, p. 1.
(10) DO L 174 de 27.6.2001, p. 25.
(11) DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.
ANEXO I
CERTIFICADO RELATIVO A LAS RESOLUCIONES JUDICIALES EN MATERIA MATRIMONIAL A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 39(1)
1. Estado miembro de origen
2. Órgano jurisdiccional o autoridad que expide el certificado
2.1. Denominación
2.2. Dirección
2.3. Teléfono/fax/correo electrónico
3. Matrimonio
3.1. Esposa
3.1.1. Nombre(s) y apellido(s)
3.1.2. Dirección
3.1.3. País y lugar de nacimiento
3.1.4. Fecha de nacimiento
3.2. Esposo
3.2.1. Nombre(s) y apellido(s)
3.2.2. Dirección
3.2.3. País y lugar de nacimiento
3.2.4. Fecha de nacimiento
3.3. País, lugar (cuando consten estos datos) y fecha del matrimonio
3.3.1. País de celebración del matrimonio
3.3.2. Lugar de celebración del matrimonio (cuando consten estos datos)
3.3.3. Fecha de celebración del matrimonio
4. Órgano jurisdiccional que dictó la resolución
4.1. Denominación del órgano jurisdiccional
4.2. Sede del órgano jurisdiccional
5. Resolución
5.1. Fecha
5.2. Número de referencia
5.3. Tipo de resolución
5.3.1. Divorcio
5.3.2. Nulidad matrimonial
5.3.3. Separación judicial
5.4. ¿Se dictó en rebeldía la resolución?
5.4.1. No
5.4.2. Sí(2)
6. Nombre(s) y apellido(s) de las partes a las que se ha concedido el beneficio de asistencia jurídica gratuita
7. ¿Puede recurrirse la resolución con arreglo al Derecho del Estado miembro de origen?
7.1. No
7.2. Sí
8. Fecha en que la resolución surte efecto en el Estado miembro en que se dictó
8.1. Divorcio
8.2. Separación judicial
Hecho en ..., a ...
Firma y/o sello
(1) Reglamento (CE) n° 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) n° 1347/2000.
(2) Deben adjuntarse los documentos a que se refiere el apartado 2 del artículo 37.
ANEXO II
CERTIFICADO RELATIVO A LAS RESOLUCIONES EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD PARENTAL A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 39(1)
1. Estado miembro de origen
2. Órgano jurisdiccional o autoridad que expide el certificado
2.1. Denominación
2.2. Dirección
2.3. Teléfono/fax/correo electrónico
3. Titular(es) de un derecho de visita
3.1. Nombre(s) y apellido(s)
3.2. Dirección
3.3. Fecha y lugar de nacimiento (cuando consten estos datos)
4. Titular(es) de la responsabilidad parental distintos de los mencionados en el punto 3(2)
4.1. 4.1.1. Nombre(s) y apellido(s)
4.1.2. Dirección
4.1.3. Fecha y lugar de nacimiento (cuando consten estos datos)
4.2. 4.2.1. Nombre(s) y apellido(s)
4.2.2. Dirección
4.2.3. Fecha y lugar de nacimiento (cuando consten estos datos)
4.3. 4.3.1. Nombre(s) y apellido(s)
4.3.2. Dirección
4.3.3. Fecha y lugar de nacimiento (cuando consten estos datos)
5. Órgano jurisdiccional que dictó la resolución
5.1. Denominación del órgano jurisdiccional
5.2. Sede del órgano jurisdiccional
6. Resolución
6.1. Fecha
6.2. Número de referencia
6.3. ¿Se dictó la resolución en rebeldía?
6.3.1. No
6.3.2. Sí(3)
7. Hijos a los que afecta la resolución(4)
7.1. Nombre(s) y apellido(s) y fecha de nacimiento
7.2. Nombre(s) y apellido(s) y fecha de nacimiento
7.3. Nombre(s) y apellido(s) y fecha de nacimiento
7.4. Nombre(s) y apellido(s) y fecha de nacimiento
8. Nombre(s) y apellido(s) de las partes a las que se ha concedido el beneficio de asistencia jurídica gratuita
9. Certificación que acredite que la solicitud es ejecutiva y ha sido notificada o trasladada
9.1. ¿Es ejecutiva la resolución conforme al Derecho del Estado miembro de origen?
9.1.1. Sí
9.1.2. No
9.2. ¿Se ha notificado o trasladado la resolución a la parte contra la que se solicita la ejecución?
9.2.1. Sí
9.2.1.1. Nombre(s) y apellido(s) de la parte contra la que se solicita la ejecución
9.2.1.2. Dirección
9.2.1.3. Fecha de la notificación/traslado
9.2.2. No
10. Datos específicos para las resoluciones relativas al derecho de visita en caso de que se requiera el exequatur con arreglo al artículo 28. Esta posibilidad se encuentra contemplada en el apartado 2 del artículo 40:
10.1. Modalidades de ejercicio del derecho de visita (cuando en la resolución consten estas precisiones)
10.1.1. Fecha y hora
10.1.1.1. Comienzo
10.1.1.2. Fin
10.1.2. Lugar
10.1.3. Obligaciones particulares del titular de la responsabilidad parental
10.1.4. Obligaciones particulares del beneficiario del derecho de visita
10.1.5. Si ha lugar, restricciones aplicables al ejercicio del derecho de visita
11. Informaciones específicas para las resoluciones relativas a la restitución del menor en caso de que se requiera el exequatur con arreglo al artículo 28. Esta posibilidad se encuentra contemplada en el apartado 2 del artículo 40:
11.1. La resolución implica la restitución del menor
11.2. Persona a la que debe realizarse la restitución del menor (cuando en la resolución conste esta precisión)
11.2.1. Nombre(s) y apellido(s)
11.2.2. Dirección
Hecho en ..., a ...
Firma y/o sello
(1) Reglamento (CE) n° 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) n° 1347/2000.
(2) En caso de custodia compartida, la persona mencionada en el punto 3 también puede mencionarse en el punto 4.
(3) Deben adjuntarse los documentos a que se refiere el apartado 2 del artículo 37.
(4) Si son más de cuatro hijos, utilícese un segundo formulario.
ANEXO III
CERTIFICADO RELATIVO A LAS RESOLUCIONES EN MATERIA DE DERECHO DE VISITA A QUE SE REFIERE EL APARTADO 1 DEL ARTÍCULO 41(1)
1. Estado miembro de origen
2. Órgano jurisdiccional o autoridad que expide el certificado
2.1. Denominación
2.2. Dirección
2.3. Teléfono/fax/correo electrónico
3. Titular(es) de un derecho de visita
3.1. Nombre(s) y apellido(s)
3.2. Dirección
3.3. Fecha y lugar de nacimiento (cuando consten estos datos)
4. Titular(es) de la responsabilidad parental distintos de los mencionados en el punto 3(2)(3)
4.1. 4.1.1. Nombre(s) y apellido(s)
4.1.2. Dirección
4.1.3. Fecha y lugar de nacimiento (cuando consten estos datos)
4.2. 4.2.1. Nombre(s) y apellido(s)
4.2.2. Dirección
4.2.3. Fecha y lugar de nacimiento (cuando consten estos datos)
4.3. Otros
4.3.1. Nombre(s) y apellido(s)
4.3.2. Dirección
4.3.3. Fecha y lugar de nacimiento (cuando consten estos datos)
5. Órgano jurisdiccional que dictó la resolución
5.1. Denominación del órgano jurisdiccional
5.2. Sede del órgano jurisdiccional
6. Resolución
6.1. Fecha
6.2. Número de referencia
7. Hijos a los que afecta la resolución(4)
7.1. Nombre(s) y apellido(s) y fecha de nacimiento
7.2. Nombre(s) y apellido(s) y fecha de nacimiento
7.3. Nombre(s) y apellido(s) y fecha de nacimiento
7.4. Nombre(s) y apellido(s) y fecha de nacimiento
8. ¿Es recurrible la resolución conforme al Derecho del Estado miembro de origen?
8.1. Sí
8.2. No
9. En caso de procedimiento en rebeldía, el escrito de demanda o documento equivalente ha sido notificado o trasladado a la persona rebelde con la suficiente antelación y de tal manera que dicha persona ha podido defenderse, o bien, de haberse realizado la notificación o traslado sin respetar estas condiciones, consta de forma inequívoca que ha aceptado la resolución
10. Todas las partes afectadas han tenido oportunidad de ser oídas
11. Los menores han tenido oportunidad de ser oídos, a menos que se haya considerado que una audiencia no era oportuna teniendo en cuenta su edad o grado de madurez
12. Modalidades de ejercicio del derecho de visita (cuando en la resolución conste esta precisión)
12.1. Fecha y hora
12.1.1. Comienzo
12.1.2. Fin
12.2. Lugar
12.3. Obligaciones particulares del titular de la responsabilidad parental
12.4. Obligaciones particulares del beneficiario del derecho de visita
12.5. Si ha lugar, restricciones aplicables al ejercicio del derecho de visita
13. Nombre(s) y apellido(s) de las partes a las que se ha concedido el beneficio de asistencia jurídica gratuita
Hecho en ..., a ...
Firma y/o sello
(1) Reglamento (CE) n° 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) n° 1347/2000.
(2) En caso de custodia compartida, la persona mencionada en el punto 3 también puede mencionarse en el punto 4.
(3) Marcar la casilla correspondiente a la persona respecto de la cual debería ejecutarse la resolución.
(4) Si son más de cuatro hijos, utilícese un segundo formulario.
ANEXO IV
CERTIFICADO RELATIVO A LA RESTITUCIÓN DEL MENOR A QUE SE REFIERE EL APARTADO 1 DEL ARTÍCULO 42(1)
1. Estado miembro de origen
2. Órgano jurisdiccional o autoridad que expide el certificado
2.1. Denominación
2.2. Dirección
2.3. Teléfono/fax/correo electrónico
3. Persona a la que debe realizarse la restitución del menor (cuando en la resolución conste esta precisión)
3.1. Nombre(s) y apellido(s)
3.2. Dirección
3.3. Fecha y lugar de nacimiento (cuando consten estos datos)
4. Titulares de la responsabilidad parental(2)
4.1. Madre
4.1.1. Nombre(s) y apellido(s)
4.1.2. Dirección (cuando consten estos datos)
4.1.3. Fecha y lugar de nacimiento (cuando consten estos datos)
4.2. Padre
4.2.1. Nombre(s) y apellido(s)
4.2.2. Dirección (cuando consten estos datos)
4.2.3. Fecha y lugar de nacimiento (cuando consten estos datos)
4.3. Otros
4.3.1. Nombre(s) y apellido(s)
4.3.2. Dirección (cuando consten estos datos)
4.3.3. Fecha y lugar de nacimiento (cuando consten estos datos)
5. Demandado (cuando conste este dato)
5.1. Nombre(s) y apellido(s)
5.2. Dirección (cuando consten estos datos)
6. Órgano jurisdiccional que dictó la resolución
6.1. Denominación del órgano jurisdiccional
6.2. Sede del órgano jurisdiccional
7. Resolución
7.1. Fecha
7.2. Número de referencia
8. Hijos a los que afecta la resolución(3)
8.1. Nombre(s) y apellido(s) y fecha de nacimiento
8.2. Nombre(s) y apellido(s) y fecha de nacimiento
8.3. Nombre(s) y apellido(s) y fecha de nacimiento
8.4. Nombre(s) y apellido(s) y fecha de nacimiento
9. La resolución implica la restitución del menor
10. ¿Puede recurrirse la resolución con arreglo al Derecho del Estado miembro de origen?
10.1. Sí
10.2. No
11. Los menores han tenido la posibilidad de hacerse oír, a menos que se haya considerado que una audiencia no era oportuna habida cuenta de su edad o de su grado de madurez
12. Las partes han tenido la posibilidad de hacerse oír
13. La resolución dispone la restitución del menor y el órgano jurisdiccional ha tenido en cuenta al dictarla las razones y las pruebas en las que se fundamenta la resolución adoptada en virtud del artículo 13 del Convenio de La Haya de 25 de octubre de 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores
14. Si ha lugar, pormenores de las medidas adoptadas por el órgano jurisdiccional o por las autoridades para garantizar la protección del menor tras su restitución al Estado miembro de su residencia habitual
15. Nombre(s) y apellido(s) de las partes a las que se ha concedido el beneficio de asistencia jurídica gratuita
Hecho en ..., a ...
Firma y/o sello
(1) Reglamento (CE) n° 22012003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) n° 1347/2000.
(2) Punto facultativo.
(3) Si son más de cuatro hijos, utilícese un segundo formulario.
ANEXO V
CUADRO DE CORRESPONDENCIAS CON EL REGLAMENTO (CE) N° 1347/2000
>SITIO PARA UN CUADRO>
ANEXO VI
Declaraciones de Suecia y Finlandia con arreglo a la letra a) del apartado 2 del artículo 59 del Reglamento del Consejo relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) n° 1347/2000.
Declaración de Suecia
Suecia declara, con arreglo a la letra a) del apartado 2 del artículo 59 del Reglamento del Consejo relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) n° 1347/2000, que el Acuerdo nórdico, de 6 de febrero de 1931, entre Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia, relativo a determinadas disposiciones de Derecho internacional privado en materia de matrimonio, adopción y custodia, junto con su Protocolo final, es de aplicación total en las relaciones mutuas entre Suecia y Finlandia, en lugar de las normas del presente Reglamento.
Declaración de Finlandia
Finlandia declara, con arreglo a la letra a) del apartado 2 del artículo 59 del Reglamento del Consejo relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) n° 1347/2000, que el Acuerdo nórdico, de 6 de febrero de 1931, entre Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia, relativo a determinadas disposiciones de Derecho internacional privado en materia de matrimonio, adopción y custodia, junto con su Protocolo final, es de aplicación total en las relaciones mutuas entre Finlandia y Suecia, en lugar de las normas del presente Reglamento.

 

CONCESIÓN DE LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA A TRAVES DE LA LEY DE MEMORIA HISTORICA


 

La Ley 52/2007, conocida como Ley de Memoria Histórica, reconoce la injusticia que supuso el exilio de muchos españoles durante la Guerra Civil y la Dictadura.

 

En consecuencia, la citada Ley en su disposición adicional séptima permite la adquisición por opción de la nacionalidad española de origen a las personas cuyo padre o madre hubieran sido originariamente español y a los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio.

 

SOLICITUD DE LA NACIONALIDAD

 

Hay 3 tipos de solicitudes diferentes de la nacionalidad española de origen:

 

1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente españoles.

 

La ley española ya permitía optar por la nacionalidad española a las personas cuyo padre o madre hubiera sido originalmente español y nacido en España.

 

La Ley de la memoria Histórica amplía la posibilidad de adquirir la nacionalidad española de origen a los hijos de padre o madre español de origen, aunque no hubiera nacido en España.

 

Documentos que deben aportar los interesados:

 

- Solicitud conforme al modelo oficial que puede solicitarse en la Embajada o Consulado de España de su país.

 

- Certificación literal de nacimiento del interesado, expedida por un registro civil local en el extranjero, legalizada o apostillada si procede.

 

- Certificación literal de nacimiento del padre o madre originariamente español del solicitante. Esta certificación deberá proceder de un Registro Civil español, consular o municipal, o de un registro civil extranjero.

 

2. Los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio.


Incluye a las personas cuyo padre o madre nació después de que el abuelo o abuela exiliados perdiera la nacionalidad española. Por tanto, su ascendiente español más cercano es algún abuelo.

 

No es necesario que el abuelo o abuela español lo hubiese sido de origen.

 

Documentos que deben aportar los interesados:

 

- Solicitud conforme al modelo oficial que puede solicitarse en la Embajada o Consulado de España en su país.

 

- Certificación literal de nacimiento del interesado, expedida por un registro civil local en el extranjero, legalizada o apostillada si procede..

 

- Certificación literal de nacimiento del padre o madre (el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles) del solicitante, expedido por un Registro Civil consular o por un registro civil extranjero. En este último caso, la certificación deberá estar legalizada o apostillada cuando así se requiera. Si hubieran nacido antes de 1870, podrán aportar una certificación española de bautismo.

 

Este certificado pretende únicamente relacionar el padre o la madre con el abuelo o la abuela.

 

- Certificación literal de nacimiento del abuelo o abuela español del solicitante, expedida por un Registro Civil municipal situado en España. Si hubieran nacido antes de 1870, podrán aportar una certificación española de bautismo.

 

- Documentación que pruebe la condición de exiliado del abuelo o la abuela. Para acreditar la condición de exiliado del abuelo o abuela del interesado, la ley permite 3 posibilidades.

 

1. Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados, que prueba directamente y por sí sola el exilio.

 

2. Documentación que acredite el exilio junto a documentación que pruebe la salida de España o la entrada o permanencia estable en otro Estado.

 

La condición de exiliado podrá acreditarse mediante:

 

- Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias.

 

- Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio. Dichas certificaciones o informes deberán referirse fehacientemente a los fondos documentales o archivos históricos de la entidad.

 

La expatriación, salida de España o permanencia en otro Estado podrá acreditarse mediante:


- Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida.

 

- Certificación del Registro de Matrícula de la Embajada o Consulado español.

 

- Certificaciones del Registro Civil consular que acrediten la residencia en el país de acogida, como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, etc.

 

- Certificación del registro civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país.

 

- Documentación oficial de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.

 

3.- Se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y 31 de diciembre de 1955. La salida de España se podrá acreditar mediante alguno de los documentos citados arriba.

 

3. Las personas que ya optaron a la nacionalidad española no de origen:


Aquellas personas que ya optaron a la nacionalidad española derivativa porque su padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España, según el artículo 20.1 b) del Código Civil, pueden ahora optar además a la nacionalidad española de origen.

 

Documentos que deben aportar los interesados:


Los solicitantes únicamente tienen que presentar la solicitud de acuerdo con el modelo oficial que puede encontrarse en la Embajada o Consulado en España de su país.

 

PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD Y PLAZOS


Los interesados deberán imprimir y rellenar dos copias del modelo de solicitud que corresponda según el supuesto en el que estén incluidos. Lo presentarán, junto con la documentación que proceda, ante el Registro Civil español, consular o municipal, correspondiente al lugar del domicilio del interesado. Una copia sellada les será devuelta como justificante de presentación.

 

Si al presentarse la solicitud de nacionalidad no se acreditan los requisitos exigidos, el optante estará obligado a completar la documentación en el plazo de treinta días naturales desde que se le requiera.

 

RECURSOS


Si el Encargado del Registro Civil denegara la opción a la nacionalidad española de origen por no cumplir los requisitos previstos en la ley, se le notificará formalmente al interesado a efectos de que pueda interponer el correspondiente recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado del Ministerio de Justicia: Plaza Jacinto Benavente, nº 3 – 28.071 Madrid.

 

El recurso también podrá presentarse en las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.

 

CONCESIÓN DE LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA

A voluntarios de Brigadas Internacionales


España reconoce la labor de defensa de la libertad y los principios democráticos que llevaron a cabo los voluntarios integrantes de las Brigadas Internacionales en la Guerra Civil española.

 

Ese reconocimiento ya se manifestó en 1996, al concederles, por Real Decreto de 19 de enero, el derecho a adquirir la nacionalidad española por carta de naturaleza. Sin embargo, el acceso a la nacionalidad por esta vía está sujeto al requisito de tener que renunciar a la anterior, por lo que un buennúmero de brigadistas no hizo efectiva la adquisición de la nacionalidad española.

 

La Ley 52/2007, conocida como Ley de Memoria Histórica, en su artículo 18, reconoce de nuevo y de un modo singularizado la labor de los brigadistas y amplía su derecho a la nacionalidad española eliminando el requisito de tener que renunciar a su anterior nacionalidad.

 

Solicitud:


Para hacer efectivo el derecho de los brigadistas a la nacionalidad española, el nuevo Real Decreto, de 31 de octubre de 2008, que desarrolla la Ley de Memoria Histórica establece dos procedimientos con requisitos distintos dependiendo de si ya se presentó una solicitud o no.

 

Casos en que ya se presentó solicitud:


Aquellos integrantes de las Brigadas Internacionales a quienes les fue concedida la nacionalidad española con arreglo al Real Decreto de 19 de enero de 1996 y que no la hicieron efectiva por no renunciar a su nacionalidad anterior, podrán reproducir su petición sin necesidad de aportar documentación alguna.

 

Únicamente tendrán que presentar una solicitud indicando sus datos personales.

 

- Nuevos solicitantes

 

Modelo de solicitud. Los brigadistas que solicitan por primera vez la adquisición de la nacionalidad español deberán formalizarla según el MODELO oficial que puede descargarse en la página del ministerio del Interior.

 

Otros documentos: El interesado podrá aportar aquellos documentos que estime oportunos para acreditar su condición de miembro de las Brigadas Internacionales.

 

También se aportará el certificado literal de nacimiento, legalizado y, en su caso, traducido. Además, si está casado/a, certificado original de matrimonio, legalizado y, en su caso, traducido; y si el cónyuge es español/a, certificado literal de nacimiento del mismo.

 

Plazo de presentación de la solicitud


El ejercicio del derecho a solicitar la nacionalidad española de los brigadistas no está sujeto a plazo alguno.

 

Formas de solicitarlo


Los interesados podrán presentar la solicitud de adquisición de la nacionalidad española:

 

- En el Ministerio de Justicia, Dirección General de los Registros y del Notariado (Plaza de Jacinto Benavente, 3. 28012 Madrid).

 

- En el registro general de cualquier órgano administrativo español.

 

- En las oficinas de Correos de España.

 

- En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.

 

- En el Registro Civil español, municipal o consular del domicilio del interesado.

 

 

NOMBRES

 

El criterio general es que en la inscripción de nacimiento en el Registro español de un extranjero que ha adquirido la nacionalidad española, se mantendrá el nombre que viniere usando el interesado, aunque sino fuere de uso corriente será completado o cambiado si infringe las normas establecidas, pues rigen las mismas normas sobre prohibiciones que las establecidas con carácter genera.

 

En todo caso, si el nombre usado por el interesado se encuentra incluido en alguno de estos supuestos, ha de ser sustituido por otro ajustado a las normas españolas, el elegido por el interesado o su representante legal, y, en último término, por uno impuesto de oficio.

 

En el caso de nombres propios que consten en sistema de escritura distinto al nuestro (chino, japonés, etc) se consignarán mediante su transcripción o transliteración, de manera que se consiga una adaptación gráfica y una equivalencia fonética. También en nombres propios escritos con caracteres latinos, a petición del interesado, cabría hacer adaptaciones ortográficas para facilitar su escritura y fonética (por ejemplo, supuestos en que el nombre original tuviese varias consonantes seguidas).

 

APELLIDOS

 

Al extranjero que adquiere la nacionalidad española han de atribuírsele los apellidos determinados por la filiación, según lo establecido por la ley española.

 

Si esta filiación es conocida y si los progenitores no han acordado antes de la inscripción, la inversión del orden de los apellidos se hará constar: como primer apellido el primero del padre y como segundo el primero de la madre, es decir, en cuanto al apellido materno no procede la atribución del que ésta pudo, por ejemplo, adquirir por matrimonio, sino el que tuviese antes de su celebración.

 

Asimismo, la ley permite a quien adquiere la nacionalidad española, conservar los apellidos que ostentase en forma distinta de la legal, si así lo declara en el momento de la adquisición o en los dos meses siguientes a ésta o a la mayoría de edad.

 

Cuando la filiación no determine otros apellidos, se mantendrán los que viniere usando el interesado.

 

Cuando se trate de extranjeros que, conforme a su estatuto personal, tienen atribuido un solo apellido, al ser inscritos como españoles, han de hacerse constar dos apellidos.

 

Vale para los apellidos lo dicho respecto de los nombres, en cuanto a las adaptaciones ortográficas y fonéticas.

 

Respecto del cambio de nombre y apellidos, una vez adquirida la nacionalidad española, se rigen por la legislación española. Si se han acogido a la facultad de conservar los apellidos que ostentaban antes de adquirir la nacionalidad española, no pueden acogerse posteriormente a la posibilidad de invertir el orden de los apellidos.

¿CÓMO SE RECUPERA LA NACIONALIDAD?

 


Una vez perdida la nacionalidad española existe la posibilidad de recuperarla; para ello será necesario cumplir una serie de requisitos que se recogen en el artículo 26 del Código Civil:

 

- El interesado debe ser residente legal en España. Sin embargo, este requisito no será de aplicación a los emigrantes ni a los hijos de emigrantes. Además, podrá ser dispensado de este requisito por el Ministro de Justicia, cuando concurran circunstancias excepcionales. (ej: personas que hayan realizado actividades benéficas en favor de intereses o asociaciones españolas, Orden del Ministerio de Justicia de 11 de Julio de 1991. BOE de 24 Julio de 1991).

 

-El interesado deberá declarar ante el Encargado del Registro Civil su voluntad de recuperar la nacionalidad española y renunciar a la nacionalidad extranjera que ostente (exceptuando los casos de doble nacionalidad).

 

- Deberá inscribirse la recuperación de la nacionalidad en el Registro Civil.

 

¿Cuándo es necesaria la previa habilitación del Gobierno para recuperar la nacionalidad española?.


Se regula en el artículo 26.2 del Código Civil que establece que será necesaria la previa habilitación del Gobierno para recuperar la nacionalidad española, concesión que es discrecional, cuando la hubieran perdido españoles que no lo hubieran sido de origen y la pérdida se hubiera producido por alguna de las siguientes causas:

 

- Los que por un período de tres años hubieran utilizado exclusivamente la nacionalidad a la que hubieran declarado renunciar al adquirir la española.

 

-Los que hubieran entrado voluntariamente al servicio de las armas o ejercido cargo político en un Estado extranjero contra la prohibición expresa del Gobierno.

 

- Cuando una sentencia firme hubiera declarado que el interesado ha incurrido en falsedad, ocultación o fraude en la adquisición de la nacionalidad española.

 

Esta concesión es discrecional y se concede por el Consejo de Ministros a propuesta del de Justicia, debiendo solicitarse en el Registro Civil de su domicilio, para ello es necesario tramitar un expediente registral.

 

 

 

¿CÓMO SE PIERDE LA NACIONALIDAD?

 

Los motivos que pueden generar la pérdida de la nacionalidad se encuentran recogidos en los artículos 24 y 25 del Código Civil.

 

El artículo 11.2 de la Constitución establece que ningún español podrá ser privado de su nacionalidad. Por tanto sólo los españoles no originarios (es decir aquellos que obtuvieron la nacionalidad a través de un procedimiento, por ejemplo la residencia) podrán ser sancionados con la pérdida de la nacionalidad.

 

Existen dos tipos de causas de pérdida: unas comunes para los originarios y no originarios y otras causas que tienen como destinatarios únicamente a los no originarios y que nunca podrán afectar a los españoles de origen.


A.- Causas comunes: Afectan por tanto a los españoles originarios y no originarios.

 

1.- Cuando se adquiera voluntariamente otra nacionalidad.


La adquisición de otra nacionalidad o utilización exclusiva de otra nacionalidad extranjera (salvo la de países Iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal) puede provocar la pérdida de la nacionalidad española. Siendo necesario además los siguientes requisitos: que dicha adquisición sea voluntaria, que el interesado se encuentre emancipado y que resida habitualmente en el extranjero un periodo de tres años.

 

No obstante podrán evitar la pérdida si en el plazo de tres años declaran su voluntar de conservar la nacionalidad española al encargado del Registro Civil.

 

2.- Por renuncia de la nacionalidad española.

 

Los españoles que tengan otra nacionalidad junto a la española y residan habitualmente en el extranjero, perderán la española si renuncian expresamente a ella. No se permitirá renunciar a la nacionalidad española viviendos en España.

 

3.- Los que habiendo nacido en el extranjero y residiendo allí, ostenten la nacionalidad española por ser hijos de padre o madre españoles, también nacidos en el extranjero, perderán la nacionalidad española si en el plazo de tres años desde la emancipación o mayoría de edad no declaran su voluntad de conservar la nacionalidad española.

 

B.- Causas de pérdida de nacionalidad exclusivas de españoles no originarios: Afecta a aquellos que hayan obtenido la nacionalidad a través de un procedimiento.

 

1.- Cuando durante un periodo de tres años utilicen exclusivamente la nacionalidad a la que hubieran renunciado al adquirir la española.

 

2.- Cuando presten voluntariamente servicio de las armas o ejerzan un cargo político en un estado extranjero contra la prohibición expresa del Gobierno.

 

3.- Cuando una sentencia firme declare que el interesado incurrió en falsedad, ocultación o fraude en la adquisición de la nacionalidad española.

 

El lugar donde se puede realizar la declaración de conservación de la nacionalidad es en los Consulados españoles en el extranjero que realizan funciones de Registro Civil.

 

 

DOBLE NACIONALIDAD

 


El artículo 11.3 de la Constitución Española de 1978 establece que el Estado español podrá concertar tratados de doble nacionalidad con los países iberoamericanos, o con aquellos que hayan tenido o tengan una particular vinculación con España. Además, el mismo artículo de la Constitución establece que los españoles podrán naturalizarse en esos países sin perder la nacionalidad española.

 

No es necesario que renuncien a su nacionalidad quienes fueran naturales de países iberoamericanos, de Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal. Se consideran países iberoamericanos a estos efectos aquéllos en los que el español o el portugués sean una de las lenguas oficiales.

 

Procedimiento:


La doble nacionalidad se obtendrá mediante un procedimiento normal de obtención de la nacionalidad, pero en estos casos el interesado no deberá renunciar a su nacionalidad anterior si es una de las señaladas anteriormente.

 

La solicitud podrá realizarse bien Presencialmente a través del formulario correspondiente y presentándolo en el Registro Civil del domicilio del solicitante junto con la documentación necesaria según el tipo de nacionalidad a la que se opte (residencia, opción, carta de naturaleza...). O por Correo al Registro Civil de su domicilio, si el interesado no viviera en España podrá enviar su solicitud de nacionalidad junto con la documentación oportuna, bien al Consulado de España en el país en que resida o al Registro Civil Central sito en la Calle Montera nº 18 de Madrid.

 

Si se trata de una solicitud de nacionalidad por carta de naturaleza, deberá enviarse a la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil situada en la Plaza de Jacinto Benavente nº 3 de Madrid.

 

La solicitud deberá contener los siguientes datos:


- Nombre y apellidos del interesado, así como su lugar y fecha de nacimiento, si tiene la capacidad exigida al efecto por la Ley española, y nacionalidad actual y anteriores de él y de sus padres. (Se acreditará a través de un certificado del Registro español, o en su defecto, por el expedido por el Cónsul o funcionario competente de su país, y de no ser esto posible, por cualquier otro medio).

 

- Estado civil; nombres y apellidos y lugar y fecha de nacimiento del cónyuge y de los hijos sujetos a la patria potestad. Si hubiere contraído ulteriores nupcias se hará referencia a los matrimonios anteriores. (Se acreditará a través de un certificado del Registro español, o en su defecto, por el expedido por el Cónsul o funcionario competente de su país, y de no ser esto posible, por cualquier otro medio).

 

- Si está procesado o tiene antecedentes penales. Si ha cumplido el servicio militar o prestación equivalente, exigidos por las leyes de su país, o situación al respecto.

 

La residencia en territorio español, con precisión de fechas y lugares y las circunstancias excepcionales que invoca si lo que quiere obtener es la nacionalidad por carta de naturaleza.

 

- Las circunstancias que reducen el tiempo exigido; si habla castellano u otra lengua española; cualquier circunstancia de adaptación a la cultura y estilo de vida españoles, como estudios, actividades benéficas o sociales, y las demás que estime conveniente.

 

- Si se propone residir permanentemente en España y medios de vida con que cuenta.

 

- En su caso, el compromiso de renunciar a la nacionalidad anterior y de prestar juramento o promesa de fidelidad al Rey y de obediencia a la Constitución y a las Leyes (no será necesaria la renuncia a su nacionalidad cuando se trate de nacionales de países iberoamericanos, de Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal o países sefardíes).

 

Una vez presentada la solicitud y el resto de los documentos requeridos ante el Registro Civil del domicilio del interesado, la solicitud será tramitada por el Juez encargado de ese Registro. El oirá al peticionario, especialmente para comprobar el grado de adaptación a la cultura y estilo de vida españoles. A la vista de los documentos aportados y de la entrevista con el peticionario, el Juez encargado resolverá conceder o no la nacionalidad.

 

 

NACIONALIDAD POR POSESIÓN DE ESTADO.

 


Se encuentra regulada en el artículo 18 del Código Civil y supone que tendrán derecho a la nacionalidad española aquellas personas que haya poseído y utilizado esta nacionalidad durante diez años, de forma continuada, de buena fe (sin que tenga conocimiento de la situación real, es decir, de que no es español en realidad), en base a un título inscrito en el Registro Civil. (Por ejemplo aquella persona a la que inscribieron como español en el registro pero en realidad no lo era). La nacionalidad española no se perderá aunque se anule el título que lo originó.

 

Procedimiento:


Para gozar de la nacionalidad por esta vía se deberá iniciar un expediente con valor de simple presunción ante el Juez del Registro civil del domicilio del interesado, debiendo cumplirse los siguientes requisitos:

 

- Justo título, es decir el título por el que se adquiere la nacionalidad española ha de estar inscrito en el Registro Civil.

 

-Posesión y utilización continuada de la nacionalidad española durante diez años; esto implica una actitud activa del interesado durante este tiempo, es decir que se haya comportado como un español tanto en el disfrute de sus derechos como en el cumplimiento de sus deberes con lo órganos del Estado español.

 

- Buena fe excluyéndose por tanto a quienes se encuentren en las situaciones o supuestos regulados en el artículo 25 del Código Civil.

 

- Cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 23 del Código Civil. (Requisitos comunes para la validez de la adquisición de la nacionalidad española por opción, carta de naturaleza o residencia):

 

a) Que el mayor de catorce años, y capaz para prestar una declaración por sí, jure o prometa fidelidad al Rey y obediencia a las Constitución y a las Leyes.

 

b) Que la persona renuncie a la nacionalidad que venía ostentando, salvo aquellos naturales de los países comprendidos en el apartado 2 del artículo 24 (Doble nacionalidad Países Iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal).

 

c) Que se produzca la inscripción de la nacionalidad española en el Registro Civil español.

 

El expediente se tramitará y resolverá en el Registro Civil del domicilio del interesado, obteniéndose el modelo de solicitud igualmente en el Registro Civil del domicilio.

 

El expediente concluye con la concesión o denegación de la nacionalidad española, contra cualquier tipo de resolución denegatoria cabe recurso contencioso administrativo ante la Audiencia nacional en el plazo de dos meses, contados a partir del momento en que el interesado reciba la resolución.

 

Posteriormente deberá inscribirse la adquisición de la nacionalidad en el Registro Civil español. La Ley española señala que ha de tenerse un nombre y dos apellidos. El nombre será el de la madre y los apellidos, el primero del padre y el primero de la madre. Es posible que hayan de realizarse pequeños cambios, para adaptar la lengua extranjera a las lenguas españolas.

 

 

 

 

 

 

 

NACIONALIDAD POR CARTA DE NATURALEZA

 


Este procedimiento se recoge en los artículos 21 del Código Civil y 223 del Reglamento del Registro Civil. Se trata de un procedimiento especial cuando concurren en el interesado una serie de circunstancias excepcionales otorgándose de forma discrecional por el Gobierno y en virtud de Real Decreto.

 

Pueden optar a esta nacionalidad las siguientes personas:


- El interesado, por sí mismo, siempre que sea mayor de 18 años o se encuentre emancipado.

 

- El mayor de 14 años asistido por su representante legal.

 

- El representante legal del menor de 14 años.

 

-El incapacitado por sí solo o el representante legal del incapacitado, dependiendo de lo que señale la sentencia de incapacitación.

 

Documentación que ha de acompañarse a la solicitud:


-Certificado literal de nacimiento, legalizado o apostillado, y en su caso, traducido.

 

-Certificado original de matrimonio, legalizado o apostillado, y en su caso, traducido. Si el cónyuge además es español certificado literal de nacimiento del mismo.

 

- Documentos acreditativos de la concurrencia de circunstancias excepcionales.

 

- Otros documentos que el interesado estime oportunos.

 

Deberán cumplirse los requisitos establecidos en el artículo 23 del Código Civil. (Requisitos comunes para la validez de la adquisición de la nacionalidad española por opción, carta de naturaleza o residencia):

 

a) Que el mayor de catorce años, y capaz para prestar una declaración por sí, jure o prometa fidelidad al Rey y obediencia a las Constitución y a las Leyes.

 

b) Que la persona renuncie a la nacionalidad que venía ostentando, salvo aquellos naturales de los países comprendidos en el apartado 2 del artículo 24 (Doble nacionalidad Países Iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal).

 

c) Que se produzca la inscripción de la nacionalidad española en el Registro Civil español.

 

Presentación de la solicitud:


La solicitud debe ir dirigida a la “Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, Dirección General de los Registros y del Notariado”, sita en la Plaza de Jacinto Benavente, nº 3 Madrid 28071.

 

Y se podrá presentar en los siguientes lugares:

 

- En la “Oficina Central de Información y Atención al Público del Ministerio de Justicia” sita en la C/ San Bernardo 45 Madrid 28071.

 

- En el “Registro Auxiliar del Ministerio de Justicia Dirección General de los Registros y del Notariado” situado en la Plaza de Jacinto Benavente nº 3 Madrid 28071.

 

- En el Registro Civil del domicilio del interesado.

 

- En el Registro de cualquier órgano de la Administración General del Estado (p.ej, Delegaciones del Gobierno, Subdelegaciones) o de una Comunidad Autónoma

-En una oficina de correos.

 

Si no reside en España, puede presentarla en el Consulado de España en el país en que resida y el Consulado la enviará a la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil.

 

El impreso de la solicitud puede obtenerse a través de las siguientes vías:

 

- Descargando el modelo “Modelo de solicitud de nacionalidad por carta de naturaleza”

 

- En la Oficina de Atención al Público de la Dirección General de los Registros y del Notariado situada en la Plaza de Jacinto Benavente nº 3, Madrid 28071.

 

- En la Oficina Central de Información y Atención al Público del Ministerio de Justicia sita en la C/ San Bernardo 45, Madrid 28071.

 

- En el Registro Civil del domicilio del interesado.

 

El expediente concluye con la concesión o denegación de la nacionalidad española, contra cualquier tipo de resolución denegatoria cabe recurso contencioso administrativo ante la Audiencia nacional en el plazo de dos meses, contados a partir del momento en que el interesado reciba la resolución.

 

Posteriormente deberá inscribirse la adquisición de la nacionalidad en el Registro Civil español. La Ley española señala que ha de tenerse un nombre y dos apellidos. El nombre será el de la madre y los apellidos, el primero del padre y el primero de la madre. Es posible que hayan de realizarse pequeños cambios, para adaptar la lengua extranjera a las lenguas españolas.

 

 

 

 

NACIONALIDAD POR OPCION

 

 

La opción es un beneficio que la legislación ofrece a los extranjeros que se encuentran en determinadas condiciones, para que adquieran la nacionalidad española.

 

Pueden optar a esta nacionalidad las siguientes personas:


- El adoptado por español mayor de 18 años. En este caso el derecho a optar persiste hasta que transcurra el plazo de dos años contados a partir de la constitución de la adopción.

 

- Aquellas personas cuya determinación de la filiación (la determinación de la filiación significa establecer quiénes son los padres de una persona) o nacimiento en España se produzca después de los dieciocho años de edad. En este supuesto, el plazo para optar a la nacionalidad es de dos años desde que se determina la filiación o el nacimiento.

 

- Aquellas personas que estén o hayan estado sujetas a la patria potestad de un español, esta opción caduca a los 20 años de edad, salvo que el optante no estuviera emancipado conforme a su ley personal al llegar a los 18 años, en cuyo caso el plazo para optar se prolongará hasta que transcurran dos años desde la emancipación.

 

- Las personas cuyo padre o madre hubieran sido originariamente españoles y nacidos en España. Por ejemplo los hijos de inmigrantes. En este supuesto no existirá límite alguno de edad para poder optar a la nacionalidad española.


Procedimiento:


El trámite registral de la opción varía sustancialmente según que la persona a quien afecta sea menor de 14 años o incapacitado, o mayor de dicha edad.

 

- Si quién tiene derecho a la opción fuera menor de edad o incapacitado, la declaración de opción se realizará por el representante legal del optante. Para hacerlo necesitará autorización del Encargado del Registro Civil del domicilio del representante legal, previo dictamen del Ministerio Fiscal.

 

- Si el interesado es mayor de catorce años, lo hará el mismo asistido de su representante legal.

 

- El incapacitado podrá hacerlo por si mismo, si así se lo permite la sentencia de incapacitación.

 

- Deberá cumplirse con los requisitos establecidos en el artículo 23 del Código Civil. (Requisitos comunes para la validez de la adquisición de la nacionalidad española por opción, carta de naturaleza o residencia):

 

a) Que el mayor de catorce años, y capaz para prestar una declaración por sí, jure o prometa fidelidad al Rey y obediencia a las Constitución y a las Leyes.

 

b) Que la persona renuncie a la nacionalidad que venía ostentando, salvo aquellos naturales de los países comprendidos en el apartado 2 del artículo 24 (Doble nacionalidad Países Iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal).

 

c) Que se produzca la inscripción de la nacionalidad española en el Registro Civil español.

 

Los trámites se llevarán a cabo en el Registro Civil del domicilio del interesado o de su representante legal, pudiendo obtenerse el impreso de la solicitud igualmente en el Registro Civil del domicilio.

 

El expediente concluye con la concesión o denegación de la nacionalidad española, contra cualquier tipo de resolución denegatoria cabe recurso contencioso administrativo ante la Audiencia nacional en el plazo de dos meses, contados a partir del momento en que el interesado reciba la resolución.

 

Posteriormente deberá inscribirse la adquisición de la nacionalidad en el Registro Civil español. La Ley española señala que ha de tenerse un nombre y dos apellidos. El nombre será el de la madre y los apellidos, el primero del padre y el primero de la madre. Es posible que hayan de realizarse pequeños cambios, para adaptar la lengua extranjera a las lenguas españolas.

 

 

 

 

NACIONALIDAD POR ADOPCION

 

 

El artículo 19 del Código Civil señala que el extranjero menor de 18 años adoptado por un español adquiere desde la adopción la nacionalidad española de origen. (La condición de español de origen comienza desde la fecha de la adopción, siendo evidente que hasta ese momento la persona adoptada es extranjera). En estos supuestos el único trámite a realizar será la inscripción por el registro de la adopción.


Si el adoptado es mayor de 18 años, podrá optar por la nacionalidad española de origen en el plazo de dos años a partir de la constitución de la adopción. Es decir el mayor de edad contará con un plazo de dos años para poder decidir si quiere o no obtener la nacionalidad española, pero esta no se le atribuye de forma automática. (Ver nacionalidad por opción).

 

 

 

REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN ACTUALIZADA PARA OBTENER LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA CONFORME AL NUEVO PROCEDIMIENTO.



Para obtener la nacionalidad Española por residencia el principal requisito es acreditar la residencia legal y continuada en España durante un periodo de 10 años. Existen una serie de supuestos en los que este plazo se reduce que son:

Cinco años: aquellas personas que hayan obtenido la condición de refugiado

Dos años: para los nacionales de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal o personas de origen sefardí.

Un año:

-          El que haya nacido en territorio español.

-          El que no ejerció debidamente su derecho a adquirir la nacionalidad española por opción.

-          El que haya estado sujeto legalmente a la tutela (bajo la vigilancia de un tutor), guarda o acogimiento (el acogimiento que permite la reducción de residencia legal a un año es aquél en que existe resolución de la entidad pública que tenga en cada territorio encomendada la protección de menores y los acogimientos que estén judicialmente reconocidos) de un ciudadano o institución españoles durante dos años consecutivos, incluso si continuare en esta situación en el momento de la solicitud.

-          El que, en el momento de la solicitud, lleve un año casado con un español o española y no esté separado legalmente o de hecho.

-          El viudo o viuda de española o español, si en el momento de la muerte del cónyuge no estaban separados, de hecho o judicialmente.

-          El nacido fuera de España de padre o madre, (nacidos también fuera de España), abuelo o abuela, siempre que todos ellos originariamente hubieran sido españoles.


Es necesario igualmente acreditar buena conducta cívica (carecer de antecedentes penales)y suficiente grado de integración en la sociedad española.


DOCUMENTOS QUE HAN DE ACOMPAÑAR  LA SOLICITUD EN TODOS LOS CASOS


1.      Modelo de solicitud normalizado En caso de presentación en sede electrónica se sustituirá por el formulario on-line

2.      Tarjeta de Identidad de extranjero, Tarjeta de Familiar de ciudadano de la Unión Europea o Certificado del Registro Central de extranjeros.

3.      Pasaporte completo y en vigor del país de origen.

4.      Certificación de nacimiento del interesado, debidamente traducido y legalizado.

5.     Certificado de antecedentes penales de su país de origen, traducido y legalizado, de acuerdo con los Convenios internacionales existentes o certificado consular de conducta expedido sobre la base de consulta a las autoridades competentes del país de origen

6.      Certificado de matrimonio si el solicitante está casado.

7.      Justificante del pago de la tasa. Hasta que se habiliten los medios técnicos necesarios para realizar el pago telemáticamente a través de la pasarela de pagos de la Agencia Tributaria, el pago de la tasa se deberá realizar de forma presencial, siendo necesario descargar el modelo 790-Código 026 desde la página del Ministerio de Justicia

8.      Certificado de antecedentes penales del Registro Central de penados. Puede sustituirse por la autorización de consulta al Ministerio de Justicia consignada en el modelo de solicitud

9.      Certificado de empadronamiento. Puede sustituirse por la autorización de consulta al Ministerio de Justicia consignada en el modelo de solicitud

10.  Diplomas del Instituto Cervantes de la prueba de conocimientos constitucionales y socioculturales (CCSE) y la prueba de conocimiento del idioma español (DELE). Puede sustituirse por la autorización de consulta al Ministerio de Justicia consignada en el modelo de solicitud. En el caso de personas nacionales de un país en el que el castellano sea lengua oficial, exentas de la realización del examen DELE conforme al Reglamento de nacionalidad por residencia, pasaporte en vigor o certificado de nacionalidad que acredite la exención.

11.  Tarjeta de Identidad de extranjero, tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión Europea o Certificado de Registro de ciudadano de la Unión. Puede sustituirse por la autorización de consulta al Ministerio de Justicia consignada en el modelo de solicitud



DOCUMENTOS QUE HAN DE ACOMPAÑAR LA SOLICITUD DE LOS MENORES:

A) Menores de 14 años o personas con la capacidad modificada judicialmente que deban actuar a través de representante legal:

1.      Modelo de solicitud normalizado firmado por el representante legal. En caso de presentación en sede electrónica se sustituirá por el formulario on-line.

2.      Certificado de nacimiento del país de origen debidamente legalizado y traducido en su caso, conforme a los Convenios Internacionales.

3.      Pasaporte completo o documento de identificación en el caso de ciudadanos de países miembros del espacio Schengen.

4.      Justificante del pago de la tasa.

5.      Autorización del encargado del Registro Civil del domicilio del menor o de la persona con la capacidad modificada judicialmente, en los términos previstos en la normativa vigente.

6.      Documento de identificación del representante o representantes legales.

7.      Certificado de centro de formación, residencia, acogida, atención o educación especial que acredite el suficiente grado de integración, obligatorio en el caso de niños en edad escolar.

8.      Tarjeta de Identidad de extranjero, tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión Europea o Certificado de Registro de ciudadano de la Unión. Puede sustituirse por la autorización de consulta al Ministerio de Justicia consignada en el modelo de solicitud

9.      Certificado de empadronamiento. Puede sustituirse por la autorización de consulta al Ministerio de Justicia consignada en el modelo de solicitud

B) Mayores de 14 años pero menores de 18 años, no emancipados o con la capacidad modificada judicialmente que pueden actuar por sí mismos asistidos por su representante legal

1.      Modelo de solicitud normalizado. La solicitud en papel debe ir firmada tanto por el interesado como por sus representantes legales. En la presentación en sede electrónica bastará con la firma digital de uno de ellos pero adjuntando escaneada el modelo de solicitud en papel firmada por todos.

2.      Certificado de nacimiento del país de origen debidamente legalizado y traducido en su caso conforme a los Convenios Internacionales.

3.      Pasaporte completo documento de identificación en el caso de ciudadanos de países miembros del espacio Schengen

4.      Justificante del pago de la tasa.

5.      Certificado de centro de formación, residencia o acogida que acredite el suficiente grado de integración. Este certificado será obligatorio en solicitantes menores en edad escolar y siempre que el menor o la persona con la capacidad modificada judicialmente esté inscrita en alguno de estos centros.

6.      Documento acreditativo de la representación legal (Auto judicial donde se establezca la representación o documento de identificación de los padres en el caso de menores sujetos a patria potestad)

7.      Tarjeta de Identidad de extranjero, tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión Europea o Certificado de Registro de ciudadano de la Unión. Puede sustituirse por la autorización de consulta al Ministerio de Justicia consignada en el modelo de solicitud

8.      Certificado de empadronamiento. Puede sustituirse por la autorización de consulta al Ministerio de Justicia consignada en el modelo de solicitud

Documentos adicionales que han de aportarse en casos específicos

REFUGIADOS:

1.Tarjeta de Identidad de extranjeros donde conste su condición de refugiado.

2 .Pasaporte Azul de la Convención de Ginebra de 1951 (en caso de disponer del mismo).

3. Certificado de la Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior (este certificado tendrá una validez de seis meses desde la fecha de su expedición) donde conste

Nombre y apellidos, fecha y lugar de nacimiento, nombres de los padres, que mantiene su condición de refugiado.

 

  • NACIDOS EN TERRITORIO ESPAÑOL.

    Certificación literal de nacimiento del interesado inscrito en el Registro Civil español

    QUIENES NO HAYAN EJERCIDO OPORTUNAMENTE LA FACULTAD DE OPTAR.

    1. Certificación de nacimiento del padre/madre español.

    2. Certificación literal de nacimiento del interesado inscrito en un Registro Civil español o resolución judicial donde conste la adopción por español o el reconocimiento de la filiación.

    PERSONAS EN RÉGIMEN DE TUTELA, GUARDA O ACOGIMIENTO NO PROVISIONAL.

    En los casos de acogimiento familiar:

    1.Auto del Tribunal competente por el que se designe a la persona que va a ejercer la tutela, guarda o acogimiento.

    En los casos de acogimiento por Institución española:

    2.Resolución de dicha Institución asumiendo la tutela, guarda o acogimiento.

    CASADO/A CON ESPAÑOL/A.

    1. Certificación literal de nacimiento del cónyuge español, expedido por Registro civil español.

    2. Certificación literal de matrimonio expedido por Registro civil español.

    3. Certificado de Convivencia o Empadronamiento conjunto con el cónyuge.

    VIUDO/A DE ESPAÑOL/A.

    1. Certificación literal de nacimiento del cónyuge expedido por Registro civil español.

    2. Certificación literal de matrimonio expedido por Registro civil español actualizado, esto es, expedido en fechas próximas a la solicitud de nacionalidad.

    3. Certificación de defunción del cónyuge.

    4. Certificado de empadronamiento conjunto o convivencia a la fecha de fallecimiento del cónyuge.

    DESCENDIENTE DE ESPAÑOL

    1. Certificación literal de nacimiento del padre/madre español.

    2. Certificación literal de nacimiento abuelo/abuela, sólo cuando uno de ellos, o ambos, sean ascendientes españoles. En este caso, deberá presentarse también la certificación de nacimiento del padre/madre descendiente de español, aunque él/ella haya sido o no español.

    SEFARDÍES

    1. Documentación acreditativa de la condición de sefardí conforme a lo establecido en el artículo 1.2 de la Ley 12/2015, de 24 de junio, en materia de concesión de la nacionalidad española a los sefardíes originarios de España.

 

 

NACIONALIDAD POR RESIDENCIA (ANTERIOR PROCEDIMIENTO).

 

Es el procedimiento más habitual, refiriéndose al mismo los artículos 21.2 del Código Civil y siguientes. Esta forma de adquisición de la nacionalidad exige de manera general la residencia de la persona en España durante diez años de forma legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición. Existen casos excepcionales en los que el período de residencia exigido se reduce y que se encuentran recogidos en el artículo 22 del Código Civil, estos son:

 

- Cinco años: para la concesión de la nacionalidad española a aquellas personas que hayan obtenido la condición de refugiado.

 

- Dos años: para los nacionales de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal o personas de origen sefardí.

 

-  Un año para:

 

-  El que haya nacido en territorio español.

 

- El que no ejerció debidamente su derecho a adquirir la nacionalidad española por opción.

 

- El que haya estado sujeto legalmente a la tutela (bajo la vigilancia de un tutor), guarda o acogimiento de un ciudadano o institución españoles durante dos años consecutivos, incluso si continuare en esta situación en el momento de la solicitud.

 

- El que, en el momento de la solicitud, lleve un año casado con un español o española y no esté separado legalmente o de hecho.

 

-  El viudo o viuda de española o español, si en el momento de la muerte del cónyuge no estaban separados, de hecho o judicialmente.

 

- El nacido fuera de España de padre o madre, (nacidos también fuera de España), abuelo o abuela, siempre que todos ellos originariamente hubieran sido españoles.

 

Pueden optar a esta nacionalidad las siguientes personas:

 

- El interesado, por sí mismo, siempre que sea mayor de 18 años o se encuentre emancipado.

 

- El mayor de 14 años asistido por su representante legal.

 

- El representante legal del menor de 14 años.

 

- El incapacitado por sí solo o el representante legal del incapacitado, dependiendo de lo que señale la sentencia de incapacitación.

 

Documentación que ha de acompañarse con la solicitud en “todos los casos”.

 

Actualizada a la Instrucción de 2 de Octubre de 2012 del plan intensivo de tramitación y agilización de los expedientes de nacionalidad por residencia.

 

- Modelo de solicitud aprobado por la Resolución de 7/05/2007.

-Tarjeta de residencia o certificado de la inscripción en el Registro de Extranjeros, en caso de ser nacional de los países de la Unión Europea o de otros estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.

 

- Pasaporte.

 

- Certificado de empadronamiento.

 

- Certificado de nacimiento del interesado debidamente legalizado o apostillado y traducido.

 

- Certificado de antecedentes penales del país de origen debidamente legalizado o apostillado y traducido, o certificado consular de buena conducta. Ni el certificado de antecedentes penales ni el consular de buena conducta será necesario si se solicita la nacionalidad para menores de edad.

 

- Si es mayor de edad certificado de antecedentes penales de su país de origen, taducido y legaizado, o consular de buena conducta.

- Documentos acreditativos de los medios de vida para residir en España (Contrato de trabajo, nóminas, informe laboral de la Tesorería de la Seguridad Social, o cualquier otro medio de prueba).

 

-Certificado de nacimiento de los hijos menores de edad, en su caso.

 

Documentos que han de acompañar a la solicitud en determinados casos:

 

Refugiados:

 

-Modelo de solicitud oficial.

-Tarjeta de identidad donde cosnte su condición de refugiado.

-Pasaporte Azul de la Convención de Ginebrad e 1951.

-Certificado de empadronamiento.

-Certificado de la oficina de Asilo y Refugio donde conste: Nombre y apellidos, fecha y lugar de nacimiento, nombre de los padres y que mantiene su condición de refugiado (este certificado tiene una validez de 6 meses desde su expedición).

-Certificado de nacimiento de los hijos menores de edad. Si estos tuvieran el estatuto de refugiados deberá presentarse el certificado anterior.

 

Nacidos en Territorio Español:

 

-Modelo de solicitud oficial.

-Tarjeta de identidad de extranjero, familiar de ciudadano comunitario o certificado del Registro Central de Extranjeros.

-Pasaporte.

-Certificado de empadronamiento.

-Certificado de nacimiento, traducido y legalizado.

-Certificado de antecedentes penales de su país de origen traducido y legalizado (si es mayor de edad).

-Medios de vida para residir en España.

-Certificado de nacimiento de los hijos menores de edad, en su caso.

-Certificado de nacimiento del interesado en el Registro Civil Español.

 

Quienes no hayan ejercido oportunamente la facultad de optar.

 

-Modelo de solicitud oficial.

-Tarjeta de identidad del extranjero, tarjeta de familiar de ciudadano comunitario o certificado del Registro Central de Extranjeros.

-Pasaporte.

-Certificado de empadronamiento.

-Certificadode nacimiento del interesado, traducido y legalizado.

-Si es mayor de edad, certificado de antecedentes penales de su país de origen traducido y legalizado.

-Medios de vida para residir en España.

 

-Certificado de nacimiento de los hijos menores, en su caso.

-Certificado de nacimiento del padre/madre español.

 

Menores en régimen de tutela, guarda o acogimiento no provisonal.

 

-Modelo de solicitud oficial.

-Tarjeta de identidad de extranjero, tarjte de familiar de ciudadano comunitario o Certificado del Registro Central de Extranjeros.

-Pasaporte.

-Certificado de empadronameinto.

-Certificado de nacimiento legalizado y traducido.

-Medios de vida para residir en España.

-Certificado de nacimiento de los hijos menores, en su caso.

-Auto del Tribuanl competente por el que se designe a la persona que va a ejercer la tutela, guarda o acogimiento. En los casos de acogimiento por Institución Española, resolución de dicha Instituciónasumiendo la tutela, guarda o acogimiento.

 

Casado con Español.

 

-Modelo de solicitud oficial.

-Tarjeta de identidad de extranjero, tarjeta de familiar comunitario o Certificado del Registro Central de Extranjeros.

-Pasaporte.

-Certificado de nacimiento, legalizado y traducido.

-Certificado de antecedentes penales de su país de origen, legalizado y traducido.

-Medios de vida para residir en España.

-Certificado de nacimiento de los hijos menores, en su caso.

-Certificado literal de nacimiento delcónyuge Español, expedido por el Registro Civil español.

-Certificado literal de matrimonio expedido por el Registro Civil español.

-Certificado de convivencia o empradonamiento conjunto con el cónyuge.

 

Viudo/de Español.

 

-Modelo oficial.

-Tarjeta de identidad de extranjero, familiar comunitario o Certificado del Registro Central de Extranjeros.

-Pasaporte.

-Certificdo de empadronamiento.

-Certificado de nacimiento legalizado y traducido.

-Certificado de antecedentes penales legalizado y traducido.

-Medios de vida para residir en España.

-Certificado de nacimiento de los hijos menores, en su caso.

-Certificado literal de nacimiento del cónyuge expedido por el Registro Civil Español.

-Certificado de matrimonio expedido por el Registro Civil Español, actualizado. 

-Certificado de defunción del cónyuge.

-Certificado de empadronamiento conjutno o convivencia a la fecha de fallecimeinto del cónyuge.

 

Descendiente de Español (que no pueda acogerse a la D.A. séptima de la Ley 52/2007).

 

-Modelo oficial.

-Tarjeta de identidad de extranjero, familiar comunitario o Certificado del Registro Central de Extranjeros.

-Pasaporte.

-Certificado de empadronamiento.

-Certificado de nacimiento, traducido y legalizado.

-Certificado de antecedentes penales, legalizado y traducido.

-Medios de vida para residir en España.

-Certificado de nacimento de los hjos menores, en su caso

-Certificado literal de nacimiento del padre/madre español.

-Certificado literal de nacimiento abuelo/abula, sólo cuando uno de ellos o ambos sean descendientes de españoles. En ese caso también deberá presentarse el certificado de nacimento del padre/madre descendiente de español, aunque el o ella no lo haya sido.

 

Sefarditas:

 

- Modelo oficial.

- Tarejeta de indentidad de extranjero, familiar comunitario, o Certificado del Registro Central de Extranjeros.

-Pasaporte.

-Certificado de empadronamiento.

-Certificado de nacimiento legalizado y traducido.

-Certificado de antecedentes penales legalizado y traducido.

-Medios de vida para residir en España.

-Certificado de nacimiento de los hijos menores, en su caso.

-Justificación de su inclusión o descendencia directa en las listas de familias sefarditas protegidas por España.

-Justificar por los apellidos que ostenta, por el idioma familiar o por otros indicios la tradición de permanencia a tal comunidad cultural.

-Certificado de la Comunidad Israelita reconocidad en España que acredite la pertenencia del interesado a la religión judía sefardita.

 

 

Procedimiento:

 

La residencia ha de ser legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición, cualquier posible interrupción en los periodos de residencia originará generalmente la denegación de la concesión, salvo aquellas interrupciones que fueran de duración mínima (por ejemplo irse durante una semana de vacaciones).

 

Es necesario que el interesado acredite buena conducta cívica y suficiente grado de integración en la sociedad española (por ejemplo hablar bien español), será obligatorio que el interesado tenga cancelados los antecedentes penales, la existencia de antecedentes es motivo de denegación de la solicitud.

 

Deberán cumplirse los requisitos establecidos en el artículo 23 del Código Civil. (Requisitos comunes para la validez de la adquisición de la nacionalidad española por opción, carta de naturaleza o residencia):

 

a) Que el mayor de catorce años, y capaz para prestar una declaración por sí, jure o prometa fidelidad al Rey y obediencia a las Constitución y a las Leyes.

 

b) Que la persona renuncie a la nacionalidad que venía ostentando, salvo aquellos naturales de los países comprendidos en el apartado 2 del artículo 24 (Doble nacionalidad Países Iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal).

 

c) Que se produzca la inscripción de la nacionalidad española en el Registro Civil español.

 

La solicitud se presentará en el Registro Civil del domicilio del interesado pudiendo obtener la misma en el Registro Civil de su domicilio, en la Oficina de Atención al Público de la Dirección General de los Registros y del Notariado sita en la Plaza de Jacinto Benavente, nº 3 de Madrid o en la Oficina Central de Información y Atención al Público del Ministerio de Justicia sita en la C/ San Bernardo 45.

 

Una vez presentada la solicitud con todos los documentos, la continuación del procedimiento es sencilla, comprendiendo esencialmente, la audiencia personal del solicitante a los efectos de comprobar el grado de adaptación a la cultura española, así como la del cónyuge del solicitante, que es de carácter obligatorio no sólo en los supuestos en los que la solicitud de la concesión se fundamenta en la existencia de un matrimonio con ciudadano español.

 

Tras los informes emitidos por el Ministerio Fiscal y el Juez encargado, el expediente es remitido desde el registro Civil correspondiente al Ministerio de Justicia para su definitiva resolución. Una vez en el ministerio la Dirección General de los Registros y del Notariado realiza una actuación complementaria que consiste en la obtención de informes del Ministerio de Interior acerca de la conducta del extranjero y de su situación respecto del cumplimiento de las obligaciones derivadas de su condición de residente legal.

 

El expediente concluye con la concesión o denegación de la nacionalidad española, contra cualquier tipo de resolución denegatoria cabe recurso contencioso administrativo ante la Audiencia nacional en el plazo de dos meses, contados a partir del momento en que el interesado reciba la resolución.

 

La concesión de la nacionalidad española exige el cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo 23 del Código Civil, señalados anteriormente. Existe un plazo de 180 días a contar desde la notificación para que el interesado comparezca ante el funcionario competente para cumplir estos requisitos.

 

Posteriormente deberá inscribirse la adquisición de la nacionalidad en el Registro Civil español. La Ley española señala que ha de tenerse un nombre y dos apellidos. El nombre será el de la madre y los apellidos, el primero del padre y el primero de la madre. Es posible que hayan de realizarse pequeños cambios, para adaptar la lengua extranjera a las lenguas españolas.

 

 

 

 

 

La nacionalidad Española puede adquirirse de dos formas, por Atribución originaria; en este caso la nacionalidad se adquiere de forma automática, por la exclusiva voluntad de la ley sin que el interesado tenga que inervenir ni realizar acto alguno;  las personas incluidas en estos supuestos son los llamados españoles de origen. O por  Adquisición Derivativa, en estos supuestos la obtención de la nacionalidad supondrá la realización de trámites registrales que dependen exclusivamente de la voluntad del interesado.

 

 En esta sección, en la zona lateral derecha, se explican de forma detallada las diferentes maneras de solicitar la Nacionalidad, requisitos, procedimiento etc... así como las consecuencias que se derivan de la adquisición de la misma. 

 

Se incluye además un apartado específico relativo a la Denegación de la Nacionalidad, con los supuestos más frecuentes de denegación, recursos a interponer y modelos de recursos.

 

 


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