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En consecuencia, tres días más tarde la empresa entrega al trabajador carta de despido objetivo basada en el artículo 52.a) relativo a ineptitud sobrevenida. Paralelamente a ello, la empresa abona una indemnización de 8.700 euros correspondiente a 20 días por año de trabajo.

Es importante señalar que un mes antes de la valoración de la mutua, el INSS examinó el estado clínico del trabajador y determinó que no presenta ninguna disminución física ni psíquica que merme su capacidad laboral. El INSS es un organismo público cuyo criterio goza de objetividad, en cambio las mutuas son entidades privadas que obedecen a intereses subjetivos.

Además, la empresa antes de acudir a la medida más drástica, la del despido, debió tratar de adecuar o adaptar el puesto del trabajador acorde a sus limitaciones. La empresa obvió esa alternativa y directamente decidió poner fin a una larga relación laboral sin mas.

Al no estar conforme con las causas del despido, el trabajador interpone papeleta de conciliación en el SMAC. En esta vía previa no se alcanza ningún acuerdo entre las partes, por lo que, se inician trámites judiciales presentando demanda en los juzgados de lo social.

Es en vía judicial donde alcanzamos acuerdo con la empresa consiguiendo mejorar la indemnización de nuestro cliente con 4.000 euros más.

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