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Violencia de Género
Violencia de Género

La Ley de Protección Integral de las Víctimas de Violencia de Género, actualmente regula un estatuto de protección integral a favor de la mujer que es objeto de maltrato, físico, verbal, o psicológico en el ámbito familiar, y en definitiva contempla una batería de mecanismos de salvaguardia, policiales y judiciales, de aquellas mujeres que se ven sujetas al infierno que supone la lacra de la denominada violencia de género o violencia machista.

 

La Ley trata de ofrecer toda una serie de mecanismos y protocolos tendentes a procurar, en primer término, la debida protección a las mujeres que, probablemente tras un largo periodo de maltratos, deciden por fin dar el difícil paso de denunciar a sus parejas por actos de violencia, que hasta hace poco tiempo eran constitutivos de simples faltas que no venían asociadas a una respuesta ni policial ni judicial contundente, y que en ningún caso garantizaban debidamente la protección de la víctima y el alejamiento del presunto agresor del núcleo familiar.

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Tras una larga evolución en la regulación de estos supuestos, actualmente cualquier acto de violencia física o psíquica, o simple maltrato de obra, ejercido sobre una mujer por su pareja sentimental, exista o no vínculo matrimonial, o exista o no convivencia, se castiga con la contundencia con la precisan tratarse tan execrables conductas en una sociedad democrática, que debe todo el respeto y consideración, y esencialmente toda la eficacia de sus sistema penal a aquellas personas más vulnerables, como son las mujeres víctimas de este tipo de actos.

Sin duda, la mujer que finalmente decide dar tan difícil paso, como es el denunciar a quien ha sido su compañero sentimental durante más o menos tiempo, se va a ver sometida a una vorágine de actuaciones policiales y judiciales, que si bien pretenden garantizar su protección, no es menos cierto que le van a suponer una tensión añadida en el supuesto que desconozca cuáles son sus derechos y los pasos concretos que debe seguir. Es esencial en consecuencia estar debida y eficazmente asesorada, por letrados especialistas en la defensa de este tipo de procedimientos, desde el mismo momento de la formulación de la denuncia, ya que de ello dependerá en buena medida no solo el resultado final favorable del procedimiento penal que se inicie, sino esencialmente que se garantice de forma rápida aquello que quizá es la principal preocupación de la mujer en ese primer instante, como es que se garantice su protección física real, mediante el otorgamiento por parte del Juzgado de la oportuna Orden de Protección, que impida al agresor acercarse y comunicar con ella.

 

A partir de ese instante, en el que puede ser necesario iniciar también procedimientos de separación y/o divorcio, y en el que sin duda pueden verse afectados los derechos e intereses de los hijos comunes de la pareja, toda actuación debe regirse por el criterio de la debida orientación legal, profesionalidad y especialización del letrado que actúe en defensa del necesario interés de la víctima, y desde la perspectiva que nos aportan los años de experiencia dedicados a la defensa de estos procedimientos, nos ponemos a vuestra disposición.

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