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Mostrando articulos por etiqueta: Juicio Rápido DUD

 

A la acusación le compete probar que el Acusado que carecía de carnet conducía el vehículo, la falta de prueba suficiente necesariamente debe implicar sea dictada una Sentencia Absolutoria.   


La Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Quinta, en su Sentencia de 25 de septiembre, Absuelve al acusado del delito de conducción sin carnet (Art. 384 del C.P.) aplicando el principio reactivo de Presunción de Inicencia.


En el tercer fundamento jurídico la resolución indica que:

"(...)

De acuerdo con la doctrina de Tribunal Constitucional la presunción de inocencia ocasiona un desplazamiento de la carga de la prueba a las partes acusadoras a quienes incumbe exclusivamente probar los hechos constitutivos de la pretensión penal, debiendo ser suficiente para generar en el juzgador la evidencia de la existencia un hecho punible y de la responsabilidad penal que haya tenido en él el acusado, que la actividad probatoria debe sustentarse en auténticos medios de prueba obtenidos con respeto a los derechos fundamentales y practicados en el juicio oral bajo los principios de igualdad, contradicción, inmediación y publicidad, exceptuándose los supuestos de prueba preconstituida y anticipada siempre que se observe el de un cumplimiento de determinados requisitos materiales (imposibilidad de reproducción en el juicio oral), subjetivos (intervención del juez de instrucción), objetivos (contradicción con la intervención de letrado) y formales (introducción en el juicio través de la lectura de los documentos). 

 

En concreto, en la Sentencia del Tribunal Constitucional de 14 de octubre de 2002 , se declaró, como ya lo hizo en Sentencia de 28 de Julio de 1981 , que para la enervación de la presunción de inocencia se requiere una mínima actividad probatoria producida con las garantías procesales, que pueda entenderse de cargo y de la que se pueda deducir la culpabilidad del procesado. Dicha actividad probatoria ha de desplegarse necesariamente en el acto del juicio oral bajo la vigencia de los principios de oralidad, contradicción, inmediación y publicidad, ya que sólo pueden considerarse auténticas pruebas que vinculen a los órganos de la justicia penal en el momento de dictar Sentencia las practicadas en el juicio oral, pues el procedimiento probatorio ha de tener lugar necesariamente en el debate contradictorio que, en forma oral, se desarrolla ante el mismo Juez o Tribunal que ha de dictar Sentencia. Es por ello por lo que el atestado tan sólo tiene valor de denuncia, por lo que considerado en si mismo se erige en objeto de prueba y no en medio de prueba ( Sentencia de 30 de enero de 1984 ), con el resultado de que los hechos que en él se afirman por funcionarios, testigos o imputados han de ser introducidos en el juicio oral a través a auténticos medios probatorios.


Se puede enervar la presunción de inocencia con el atestado siempre que su contenido sea ratificado en el acto del juicio oral. No obstante no puede valorarse, como prueba de cargo con tales efectos, una ratificación formularia del atestado efectuada en el plenario.


Aplicada la expresada doctrina en el caso sometido a nuestra consideración resulta que sólo puede valorarse como prueba de cargo la testifical de un único agente que declaró en plenario y la prueba documental obrante al folio 90 de las actuaciones conforme al acusado no le constaba - a 27 de junio de 2011- la titularidad de ningún permiso ni licencia de conducir.

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No puede ser valorada como prueba de cargo la declaración del acusado efectuada en la fase de instrucción de la causa, pues no compareció al acto del juicio y no concurrían los requisitos antes consignados: material (imposibilidad de reproducción en el juicio oral) y formal (introducción en el juicio través de la lectura de los documentos). Nótese en relación al primero de ellos que la celebración del juicio en ausencia del acusado es una facultad que se puede ejercer cuando existen elementos suficientes para el enjuiciamiento según dispone expresamente el artículo 786 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , es decir que existen tales elementos sin el interrogatorio del acusado en el caso enjuiciado. El hecho de no comparecer no implica que fuera imposible que lo hiciera en otra sesión pudiendo suspenderse el juicio para que compareciera el acusado incluso conducido.


A juicio de este Tribunal de la declaración de un único testigo directo de los hechos, el único agente que declaró en el acto del juicio, no se puede enervar la presunción de inocencia que ampara al acusado sin otra corroboración conforme al elemento esencial de que efectivamente el acusado conducía el ciclomotor según viene acusado. Máxime cuando el testigo no recuerda el hecho, ni las circunstancia concurrentes. Lo que hizo en el plenario fue una ratificación formularia del atestado, sin que se pudiera someter a una verdadera y efectiva contradicción por parte de la defensa del acusado, pues al no recodar los hechos tenía que remitirse al atestado. Esta falta de memoria sobre los hechos en cualquier caso era lógica al haber trascurrido casi un año desde éstos, y el elevado número de casos como el presente en que intervienen los agentes de la autoridad, como puso de manifiesto el propio testigo.

 

Unimos esta interesante Sentencia, dictada por la Sección 5ª de la Audiencia Provincial de Barcelona por la que se exige quede cumplidamente acreditado que el acusado conducía el vehículo sin carnet.


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Posiblemente el Delito de Conducción bajo la influencia de Bebidas Alcohólicas del artículo 379.2 del Código Penal sea el más frecuente hoy día, por lo que debemos tener muy en cuenta los Criterios de la Fiscalía General del Estado. Suele ser tramitado por Juicio Rápido, lo que conlleva un escaso margen de tiempo disponible para preparar los asuntos. Os acompañamos las valoraciones específicas efectuadas sobre este delito extraídas del Circular número 10/2011, sobre Criterios para la Unidad de Actuación Especializada del Ministerio Fiscal en Materia de Seguridad Vial.  

 

El Artículo 379 del Código Penal, en lo atinente al delito que tratamos, es del siguiente tenor literal:

 

1. El que condujere un vehículo de motor o un ciclomotor (...) , será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de seis a doce meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, y, en cualquier caso, con la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.

 

2. Con las mismas penas será castigado el que condujere un vehículo de motor o ciclomotor bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o de bebidas alcohólicas. En todo caso será condenado con dichas penas el que condujere con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,60 miligramos por litro o con una tasa de alcohol en sangre superior a 1,2 gramos por litro.

 

El Juez deberá opotar por sólo una de las siguientes penas:
  • Pena de prisión de tres a seis meses.
  • Multa de 12 a 24 meses.
  • Trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días.

Y además en todo caso, con la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.

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En los Folios 23 y siguientes la Circular nos desgrana y argumenta los Criterios que deberán ser asumidos por los Fiscales respecto a las conductas desplegadas por los conducen bajo la influencia de bebidas alcohólicas o sup0erando la tasa dispuesta en el propio apartado 2 del artículo 379 del Código Penal.

 

La Circular toma en consideración los pronunciamientos judiciales existentes desde la entrada en vigor de la norma (Ley Orgánica 15/2007), que se produjo en el mes de mayo de 2008, siendo por tanto ya varios años los transcurridos.

 

Interpretación del Artículo 379.2 del Código Penal dada por la Fiscalía General del Estado en su Circular 10/2011 para la Unidad de Actuación Especializada del Ministerio Fiscal en Seguridad Vial.


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Es preciso que quede acreditado que el Acusado recibió la notificación por la que se le notificaba la resolución definitiva que acordaba la pérdida del permiso por la carencia de puntos. Hay múltiples sentencias dictadas en este sentedo, en esta ocasión os acompañamos la reciente de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 3ª, de 19 de Julio.  


En un proceso penal para que puede dictarse una Sentencia condenatoria debe quedar acreditado que se cumplen todos los requisitos que exige el delito, prevaleciendo la presunción de inocencia ante la falta de prueba y es lo que ha sucedido en este caso, al no probarse que se recibió la notificación de la resolución por la que se retiraba el permiso por haber agotado todos los puntos, pues el acusado debe conocer que


La Audiencia Provincial de Madrid, atendiendo a los pedimentos del Abogado, expresa en su fundamento jurídico primero que:

El Tribunal Supremo en Sentencia de 5 de febrero de 2009 señala : "No obstante, de tan copiosa y pormenorizada doctrina acerca de la presunción de inocencia aquí invocada, sí que hemos de resalta al menos: a) que se trata de un derecho fundamental que toda persona ostenta y, en cuya virtud, ha de presumirse inicialmente inocente ante las imputaciones que contra ella se produzcan en el ámbito de un procedimiento de carácter penal o, por extensión, de cualquiera otro tendente a la determinación de una concreta responsabilidad merecedora de cualquier clase de sanción de contenido aflictivo; b) que presenta una naturaleza "reaccional", o pasiva, de modo que no precisa de un comportamiento activo de su titular sino que, antes al contrario, constituye una auténtica e inicial afirmación interina de inculpabilidad, respecto de quien es objeto de acusación, c) pero, por el contrario y así mismo, que tal carácter de interinidad, o de presunción "iuris tantum", es el que posibilita, precisamente, su legal enervación, mediante la aportación, por quien acusa, de material probatorio de cargo, válido y bastante, sometido a la valoración por parte del Juzgador y desde la inmediación, de la real concurrencia de esos dos requisitos, el de su validez, en la que por supuesto se ha de incluir la licitud en la obtención de la prueba, y el de su suficiencia para producir la necesaria convicción racional acerca de la veracidad de los hechos sobre los que se asiente la pretensión acusatoria; y d) correspondiente, en definitiva, a este Tribunal, en vía casacional y tutela del derecho de quien ante nosotros acude, la comprobación, tanto de la concurrencia de los referidos requisitos exigibles a la actividad probatoria, como de la corrección de la lógica intrínseca en la motivación sobre la que la Resolución impugnada asienta su convicción fáctica y la consecuente conclusión condenatoria".


En la presente causa entendemos que no ha quedado acreditado con la suficiencia que una sentencia penal condenatoria exige, que la notificación que efectuó la Jefatura Provincial de Tráfico de Madrid por correo certificado de la resolución que acordaba declarar la pérdida de vigencia de la autorización administrativa para conducir de la que era titular Luis Antonio fuese entregada a éste y que por lo tanto tuviese conocimiento que exige la legislación administrativa (en el domicilio del interesado, a la persona que allí se encuentre y mediante correo certificado) no cumple con las exigencias de la legislación penal y en concreto la cumplida acreditación de que el acusado tuviere conocimiento del contenido de la resolución de fecha 10-7-2010 y en virtud de la cual perdía todos los puntos que otorgan y conforman la licencia administrativa para conducir vehículos de motor al haber sido sancionado en distintos expedientes, los cuales tampoco obra en las actuaciones, fueran notificados al titular de la licencia.


Por todo lo expuesto, con independencia de la credibilidad que al Juzgador le hayan merecido las declaraciones que en la vista oral prestan el acusado y la testigo, este tribunal no considera acreditado que Luis Antonio tuviese conocimiento de haber perdido la licencia para conducir vehículos de motor el día 9-10-2011.

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Os aportamos la Sentencia 422/2012, dictada el día 19 de Julio de 2012, por la Sección 3ª de la Audiencia Provincial de Madrid, absolutoria al precisar que quede cumplidamente acreditada la entrega de la Resolución por la que se decretaba la pérdida total de puntos.


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No está de más tener presentes los Criterios de la Fiscalía General del Estado en cuanto a los hechos incardinables en el artículo 384 del Código Penal, pues es uno de los supuestos delictivos más comunes hoy día que, además, suele ser tramitado por Juicio Rápido, lo que conlleva un escaso margen de tiempo disponible para preparar los asuntos. Os acompañamos las valoraciones específicas efectuadas sobre este delito extraídas del Circular número 10/2011, sobre Criterios para la Unidad de Actuación Especializada del Ministerio Fiscal en Materia de Seguridad Vial.  

 

El Artículo 384 del Código Penal es del siguiente tenor literal:

El que condujere un vehículo de motor o ciclomotor en los casos de pérdida de vigencia del permiso o licencia por pérdida total de los puntos asignados legalmente, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de doce a veinticuatro meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días.


La misma pena se impondrá al que realizare la conducción tras haber sido privado cautelar o definitivamente del permiso o licencia por decisión judicial y al que condujere un vehículo de motor o ciclomotor sin haber obtenido nunca permiso o licencia de conducción.


El tipo comprende tres actividades delictivas:


  • La conducción tras la pérdida de vigencia por la pérdida total de puntos (Apartado 1).
  • Por privación cautelar o definitiva del permiso o licencia por decisión judicila (Apartado 2 - Inciso 1º).
  • Por no haber obtenido nunca el permiso o licencia (Inciso final del apartado 2).

El Juez deberá opotar por sólo una de las siguientes penas:
  • Pena de prisión de tres a seis meses.
  • Multa de 12 a 24 meses.
  • Trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días.

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En los Folios 49 y siguientes la Circular nos desgrana y argumenta los Criterios que deberán ser asumidos por los Fiscales respecto a las conductas desplegadas por los que no tienen derecho a conducir.

 

La Circular toma en consideración los pronunciamientos judiciales existentes desde la entrada en vigor de la norma (Ley Orgánica 15/2007), que se produjo en el mes de mayo de 2008, siendo por tanto ya varios años los transcurridos.

 

Interpretación del Artículo 384 del Código Penal dada por la Fiscalía General del Estado en su Circular 10/2011 para la Unidad de Actuación Especializada del Ministerio Fiscal en Seguridad Vial.


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Los Tribunales vienen entendiendo que el hecho de enseñar a otra persona a conducir por un sitio en el que no se genere riesgo para la circulación no es delito al no colmar los elementos del artículo 384 del Código Penal.

  

En la sentencia que os mostramos una madre enseñaba a su hija a conducir, siendo una mera toma de contacto con el funcionamiento del vehículo, sin un recorrido apreciable, que tuvo lugar en un lugar no transitado, como fue un Polígono Industrial.

 

 "SEGUNDO.- El Ministerio Fiscal discrepa de la Sentencia absolutoria al considerar, con plena asunción de cuanto en dicha resolución se declara probado, que los hechos descritos constituyen, de entre las diversas modalidades punibles que el art. 384 del Código penal comprende (tras la reforma por L.O. 15/2007) la de conducir un vehículo de motor o ciclomotor careciendo de permiso o licencia de conducción por no haberloobtenido nunca.


La figura, como las restantes, ha sido extensamente criticada entre los tratadistas por no comportar "per se" peligro alguno en el tráfico vial, si bien, en sentido opuesto, la STS de 31 de mayo de 2011 expresa que "el bien jurídico protegido, que no es otro que la seguridad vial, condenando penalmente a aquellos usuarios que se aventuran a conducir un vehículo sin haber obtenido nunca un permiso precisamente por el plus de peligrosidad que entraña esa ausencia para el resto de los usuarios de las vías públicas".


Comparte, con las demás figuras del precepto, el común denominador de la acción típica consistente en la conducción (lo que supone, en sí, la naturaleza tales injustos como delitos de mera actividad) y también comparte su estructura como delito doloso (el dolo del autor debe abarcar el conocimiento de que se carece de permiso o licencia).


Los razonamientos de la Sentencia recurrida que desembocaron en la absolución del encausado parecen tomar apoyo en dos órdenes de consideraciones, uno, que vendría determinado por el espacio público donde tiene lugar la acción y, otro, por la conducta en concreto llevada a cabo por aquel.

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En cuanto a lo primero, la circulación debe efectuarse en vía apta para ello. Conforme al Reglamento general de circulación (aprobado por Real Decreto 1428/2003 de 21 de noviembre) el ámbito de aplicación del mismo alude a "vías y terrenos públicos aptos para la circulación, tanto urbanos como interurbanos, a los de las vías y terrenos que, sin tener tal aptitud, sean de uso común y, en defecto de otras normas, a los de las vías y terrenos privados que sean utilizados por una colectividad indeterminada de usuarios". Con arreglo a tan amplio espectro espacial, difícilmente puede negarse que allí por donde se ejercitaba el encausado no tenga consideración de vía pública apta para circular por mucho que se encontrase en un polígono industrial y fuese calle sin salida.


Estima el Tribunal que lo realmente decisivo a los efectos de dar respuesta al recurso planteado es recapitular sobre el verbo nuclear de la conducta típica. Éste no es otro que el de guiar, dirigir o pilotar un vehículo de motor o ciclomotor, lo que comporta el manejo personal de los mecanismos de dirección y, en todo caso, el desplazamiento físico, autopropulsado, del vehículo. Tal manejo no ha sido siquiera discutido, pero el desplazamiento físico debe poseer cierta relevancia como para hacerlo trascendente a los fines de la seguridad del tráfico que es, al fin y al cabo, lo que viene en proteger la norma. De ahí que, cuando menos, la conducción debe contar con un recorrido apreciable, lo que en modo alguno puede predicarse en el supuesto enjuiciado en la instancia donde se reduce el desplazamiento a "algunos metros", como reza la resultancia, movimiento por otra parte acorde con el mero aprendizaje o primera toma de contacto con los mecanismos del automóvil."

 

Sentencia de la Sección 10ª de la Audiencia Provincial del Barcelona, 788/2012, de 20 de julio, por la que se mantiene la Absolución de acusada que conducía sin permiso pero para aprender y por lugar no transitado.


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Es esencial que el abogado que ha de intervenir en un proceso penal conozca los criterios de la Fiscalía. Afortunadamente son emitidas Circulares e Instrucciones que nos informan de las pautas que seguirán los Fiscales, en este caso os traemos el contenido de la Circular número 10/2011, sobre Criterios para la Unidad de Actuación Especializada del Ministerio Fiscal en Materia de Seguridad Vial.  

 

Es un extenso documento en el que nos anuncian las pautas que seguirán los presentantes del Ministerio Fiscal en los Delitos contra la Seguridad Vial.

 

No está de más que antes de comparecer a un juicio rápido u otro proceso en el se ventile un asunto de este tipo dar un repaso a estos criterios, pues nos refrescarán los argumentos expuestos desde el Consejo.

 

El estudio que acompañamos analiza todos los tipos delictivos incluyendo todos los subtipos.

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Apartados destinados a la unificación de criterios de actuación de los Fiscales en hechos tipificados por el Artículo 379, contenido extraido de la Circular 10/2011 de la Fiscalíaa General del Estado.


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 Delitos contra la Seguridad Vial - Alcoholeias

La Sentencia nº 159/2012, dictada por la Sección 6ª de la Audiencia Provincial de Madrid, de 25 de abril de 2012, aceptando los argumentos esgrimidos por el acusado, considera que no queda acreditado que la ingesta de alcohol fuese anterior al accidente, por lo que le Absuelve del Delito Contra la Seguridad Vial.

 

 

En el fundamento jurídico primero se analizan las pruebas practicdas en las instancia, considerando la Audiencia Provincial que no puede tenerse por probada que la toma del alcohol fuese anterio al accidentes, y así lo raona:

" (...)

 

En definitiva, la versión del acusado referida a que la ingestión de las bebidas alcohólicas había tenido lugar después de la conducción ha venido corroborada por otras pruebas, como es fundamentalmente el testimonio en el juicio oral de Amalia al manifestar ésta que el acusado no presentaba síntomas de embriaguez tras la colisión, apareciendo tales síntomas una hora después, cuando el acusado volvió desde su domicilio al lugar de la colisión, y las declaraciones de los policías municipales al afirmar éstos que el acusado no estaba en el lugar de los hechos cuando ellos llegaron al mismo, apareciendo el acusado posteriormente. No habiéndose practicado en el juicio oral pruebas que desvirtúen la versión del acusado. Sin que esta versión pueda ser tachada de imposible. Por lo que este Tribunal de apelación considera que las pruebas practicadas ofrecieron un resultado dudoso acerca de si el acusado había ingerido o no bebidas alcohólicas cuando condujo el vehículo. Debiéndose resolver las dudas en el resultado de las pruebas en el sentido más favorable para el acusado en virtud del principio in dubio pro reo , lo que supone que no se deba tener como probada la comisión por el acusado del delito contra la seguridad del tráfico por el que viene condenado en la sentencia recurrida, debiéndose revocar consecuentemente dicha sentencia para absolver al acusado en esta segunda instancia respecto de tal delito."

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Sentencia nº 159/2012, dictada por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Madrid el 25 de abril de 2012. por la que se absuleve al no quedar acreditado el momento en el que se tomó el alcohol.


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 Delitos contra la Seguridad Vial - Alcoholeias

Los Etilómetros con los que se practican las Pruebas para determinar el grado de alcoholemia tienen un pequeño margen de error que necesariamente debe ser tomado en consideración para determinar el resultado definitivo. Os adjuntamos la Sentencia 371/2012, de 24 de septiembre, dictada por al Sección 30, de la Audiencia Provincial de Madrid. 

 

La Audiencia Provincia del Madrid Absuelve al condenado en primera instancia por considerar que el resultado arrojado por el etilómetro debe minorarse en el 7,5% (o multiplicar por 0,925 el indice obtenido), lo que debe provocar la absolución. La fundamentación se expresa en el párrafo segundo del fundamento único de la resolución que literalmente dice: 

"(...) 

La sentencia de instancia fundamenta la condena del acusado Horacio , de forma exclusiva, en la presencia de una tasa de alcohol superior a la legalmente permitida, sin referencia a su sintomatología externa, forma de conducción ni otras circunstancias concurrentes y acreditativas de una negativa influencia del alcohol en el apelante. En el caso a Horacio le fue practicada correctamente y con las exigencias legales la prueba de alcoholemia con el etilómetro Drager Alcotest 7110-E que arrojó sendos resultados finales de 0.63 mg/l de alcohol (el etilómetro en la primera y segunda prueba practicada. Entre una y otra prueba de alcoholemia mediaron dieciocho minutos como consta en los tickets unidos al folio 12. 


El recurrente alude en su recurso a los errores de los instrumentos de medida utilizados para los controles de velocidad y de concentración de alcohol en el aire espitado. En efecto, para los etilómetros que llevan más de un año en servicio y, o, que han sido reparados o modificados (el etilómetro había sido reparado y verificado posteriormente mediante ensayo realizado el 04-02-08, según figura en el certificado unido al folio 15 de la causa), los errores y desviaciones típicas máximos permitidos, establecidos en el anexo III de la orden ministerial 3707/2006, de 22 de noviembre, por la que se regula el control metrológico del Estado de los instrumentos destinados a medir la concentración de alcohol en el aire espirado, son los siguientes: Para concentraciones > 0,400 mg/L y 1 mg/ L; EMP = 7,5 % del valor de la concentración; s < 0,007 mg/L. Esto significa que si la lectura del instrumento declarado conforme resulta mayor que 0,400 mg/L y menor o igual que 1 mg/L se puede garantizar que la concentración real de alcohol en el aire espirado por el sujeto sometido al control de alcoholemia es de, al menos, el resultado de multiplicar 0,925 por el valor de lectura obtenido. Por tanto, en el caso, aplicando tal margen de error, el resultado sería de 0,582 con lo que no nos encontraríamos en presencia del novedosos supuesto introducido por el legislador sino en el primero es decir, aquel que exige no solo la detección de una tasa de alcohol superior a la permitida sino una negativa influencia del alcohol en quien lo ingiere. Como quiera que no se analiza en sentencia esta negativa influencia en el acusado, la sentencia ha de revocarse y absolvemos a Horacio del delito por el que ah resultado condenado en la instancia declarando de oficio las costas de la primera y segunda instancia."

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Sentencia nº 371/2012, de 24 de Septiembre, dictada por la Sección 30ª, por la que absuelve al acusado del delito contra la Seguridad Vial al tener que considerar los márgenes de error del etilómetro con el que fue practicada la prueba.


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 Delitos contra la Seguridad Vial - Alcoholeias

En esta ocasión os acompañamos la Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Tercera, de 10 de septiembre de 2012, por la que se acuerda la absolución del acusado por acreditar que estaba tomando Manidon, medicamento que puede incrementar la alcoholemia en un 16%.

 

 

Este es uno de los pocos motivos quye puede provocar la absolución cuando se supera la tasa de 0,60 mg por litro de aire espitado, argementando la sentencia, en el primero de sus fundamentos jurídicos que: 

 

"PRIMERO.- Dado el tenor literal del art. 379 C.P . y los hechos concretos objeto de examen, procede examinar individualizadamente su incardinación en cada uno de los ilícitos descritos en los dos puntos del precepto antedicho.

Empezando por el nº 2, en cuanto se configura como un tipo objetivo que se comete simplemente por conducir con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0'60 mg. por litro, la aplicación del principio in dubio pro reo, conlleva que no se entienda concurrente en el presente caso.

 

Efectivamente, tomando siempre la opción más beneficiosa para el acusado resulta que de la segunda de las pruebas, que alcanza un resultado de 0'68 mg/litro, habría de rebajarse el 7'5% como índice de variabilidad o margen de error, según Orden de 22 de noviembre de 2006, lo que situaría la medición en 0'63 mg/l. Pero, además, el informe del Instituto Nacional de Toxicología referido al medicamento Manidon recoge la posibilidad de que incremente la alcoholemia en un 16%, lo que dejaría reducida la tasa del acusado a 0'53% mg/litro de aire espirado. E iguales operaciones realizadas respecto de la primera medición, nos llevarían a unos niveles de 0'58 mg/l de alcohol en aire.


Bien es cierto que no existe prueba de que el acusado hubiera tomado ese día y a esa hora el citado medicamento, pero también lo es que ha presentado un informe clínico emitido dos días después de que tuvieran lugar los hechos enjuiciados, en el que se consignaba que, en ese momento, se encontraba en tratamiento con Manidon, sin que pueda exigirse a los particulares un conocimiento tal de las normas penales que les lleve en circunstancias en si mismas difíciles, como lo es que te sometan a un control de alcoholemia, a saber que deben pedir el contraste con análisis de sangre que pueda demostrar la ingesta de medicamentos."

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Sentencia nº 450/2012, de 10 de Septiembre, dictada por la Sección Tercera, por la que absuelve al acusado del delito contra la Seguridad Vial al poder haber sido afectados los resultados por el Manidon, medicamento que tomaba.


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Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, 91/2012, de 13 de Febrero, en la que se anula la Sentencia dictada con la conformidad del acusado,  por conducir sin permiso español pero sí extranjero.

 

Se dictó Sentencia por el Juzgado de Instrucción de Sevilla por la que se condenaba con la conformidad del acusado por un delito contra la seguridad vial, contemplado en el artículo 384, segundo párrafo del Código Penal, por conducir un vehículo careciendo de permiso o licencia de conducción.

 

Establece el art.384 del Código Penal, que será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o con la multa de doce a veinticuatro meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, al que condujere un vehículo a motor o ciclomotor sin haber obtenido nunca permiso o licencia de conducción.

 

Frente a la Sentencia de conformidad se formuló recurso de revisión fundamentándose en el hecho de que el acusado había obtenido una licencia de conducir vehículos de motor en un país extranjero, siendo estimado en base a las siguientes consideraciones:

 

El último inciso del artículo 384, el conducir sin haber obtenido nunca el permiso o licencia, exige que pueda afirmarse que el autor jamás ha obtenido el permiso, respondiendo a la idea de preservar la seguridad vial, de todos aquellos que se aventuran a conducir sin haber obtenido un permiso, con el plus de peligrosidad que entraña para el resto de usuarios la conducción  por quienes no han acreditado una mínima aptitud para su manejo.

 

Por ello, ha de excluirse del tipo penal a quienes poseen permiso extranjero y también a aquellas personas cuyo permiso ha caducado, siendo preciso para la exclusión que se constate la autenticidad y validez del permiso o licencia extranjeros conforme a la legislación del país emisor que debe haberse cumplido rigurosamente.

 

En definitiva, y acreditado lo anterior, la ausencia de homologación del permiso o licencia de conducción extranjero supondría una sanción administrativa y no un delito contra la seguridad vial del 384.2 del Código Penal.


 

 

 

Si bien el artículo 379.2 establece una tasa objetiva de alcoholemia, a partir de la cual se establece el límite  entre una sanción administrativa y un tipo penal, no significa que por debajo de la misma no se pueda apreciar delito;  debemos tener en cuenta que  el  artículo 379 del Código Penal sigue apreciando delito en los casos que se demuestre que se conducía bajo la influencia del alcohol. 

 

 

Para apreciar esa influencia en la conducción debemos remitirnos, principalmente, a la valoración que los Agentes establezcan en el atestado; si bien debemos añadir que, en la práctica, en el momento que se condujere con una tasa de alcohol espirado inferior a 0,60 miligramos por litro, esa valoración de los Agentes sólo suele ser definitivo si viene apoyada por alguna relación de hechos  de la que se desprenda esa influencia requerida por el tipo penal (el ejemplo clarificador sería un accidente propiciado por una conducción culpable).


 

En el presente apartado os aportamos un ejemplo de lo descrito anteriormente, en el que el Procedimiento fue sobreseido, pese a que se dio una tasa superior a 0,40, puesto que  la  valoración de  los Agentes, los cuales apreciaron influencia de alcohol en la conducción, no venía apoyada por una relación de hechos que corroborara,   de forma clara, esa descripción subjetiva. Llegar a esa conclusión es trascendental, ya que si se hubiera propuesto conformidad, en base a una interpretación diferente de lo relatado, no se hubiera conseguido un sobreseimiento que conlleva la  mera imposición de una  sanción administrativa para el conductor, si es que   la Administración decide volver a incoar el expediente.


 

1) Atestastado Policial en el que se expresan, por parte de la Policía Muicipal, las circunstancias en las que se produjeron los hechos que dieron inicio al proceso.


 



 


 

 


 

2) Acta y Auto por el que se decreta el sobreseimiento de las actuaciones.

 

 


 


  •  

 

En la actualidad conducir con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,60 miligramos por litro supone la comisión de un delito contra la seguridad vial.

 

Esta concreta regulación deja poco margen de defensa en este tipo de procesos, por lo que es conveniente plantearse el reconocer los hechos y con ello obtener una minoración importante de las penas que se han de imponer.

 

El artículo 379 del Código Penal dispone:

 

1. El que condujere un vehículo de motor o un ciclomotor a velocidad superior en sesenta kilómetros por hora en vía urbana o en ochenta kilómetros por hora en vía interurbana a la permitida reglamentariamente, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de seis a doce meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, y, en cualquier caso, con la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.

 

2. Con las mismas penas será castigado el que condujere un vehículo de motor o ciclomotor bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o de bebidas alcohólicas. En todo caso será condenado con dichas penas el que condujere con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,60 miligramos por litro o con una tasa de alcohol en sangre superior a 1,2 gramos por litro.

 

Al tramitarse el asunto por Juicio Rápido las penas que se solicitaren por el Fiscal, si el acusado reconociese los hechos se verían reducidas en un tercio, lo que evidentemente supone un claro beneficio, sobre todo en asuntos en los que no se vislumbra defensa alguna en el proceso.

 

Así en un caso de alcoholemi, en el que el resultado sobrepase 0,65, sería conveniente plantearse un acuerdo con la fiscalía pues ello podría llegar a suponer la imposición de penas que en modo alguno se lograrían si llegase a celebrarse un juicio.

 


 

Penas mínimas por Delito del art. 379 del C.P.

Asunto en el que se Celebre un Juicio por el Cauce Común

 

 

Si el asunto se tramitase por Juicio Rápido y

el Acusado reconociese los hechos y se alcanzase un

acuerdo con el Ministerio Fiscal

las penas mínimas que podrían llegar a imponerse:

 

En todo caso:

  • Privación del Permiso por 1 año y 1 día

 

 

 

En todo caso:

  • Privación del Permiso por 8 meses y 1 día

Y además una de las siguientes penas:

  • Multa de 6 meses, o
  • 31 jornadas de trabajo o,
  • Prisión de 3 meses

 

 

Y además una de las siguientes penas:

  • Multa de 4 meses, o
  • 21 jornadas de trabajo o,
  • Prisión de 2 meses

 


 

Como podéis comprobar la mejora es evidente. En el caso que os traemos de ejemplo se ha logrado rebajar a la mínima, es decir a ran solo 8 meses y 1 día de privación del permiso y 4 meses de multa con una cuota diaria de 3 euros (total 360 euros).

 

Además al conseguirse estas penas, el tiempo para cancelar los antecedentes penales se reduce, logrando con ello un doble beneficio.

 

Es por tanto recomendable estar adecuadamente informado y asesorado para saber los supuestos en los que es recomendable alcanzar un acuerdo con la fiscalía y conformar la pena, para que el Juez rebaje la misma en un tercio.

 

Atestado de la Policía Municipal, en el que queda reflejado que el conductor  arrojó una tasa de 0,88 y 0,86 miligramos de alcohol por litro de aire espirado.

 

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Sentencia de conformidad en la que se impone una pena de 8 meses y 1 día de retirada del permiso y 4 meses de multa por un total de 360 euros.


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Actualmente debido a los numerosos procesos judiciales que se están siguiendo frente a personas de relevancia social, en especial por el llamado "Caso Urdangarín", en el que está imputado el Duque de Palma, los medios de comunicación están prestando especial atención a las posibles conformidades que pueden alcanzarse para eludir la prisión. Las siguientes líneas pretenden exponer el sistema legal actual aplicable a los acuerdos entre acusados y acusadores.


La conformidad es una vía, establecida en nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal, para lograr una pronta terminación del proceso penal que evita la celebración del juicio oral. La regulación básica la contiene el artículo 655 de la Lecrim, que literalmente dispone: 

 

"Si la pena pedida por las partes acusadoras fuese de carácter correccional, al evacuar la representación del procesado el traslado de calificación podrá manifestar su conformidad absoluta con aquella que más gravemente hubiere calificado, si hubiere más de una, y con la pena que se le pida; expresándose además por el Letrado defensor, si esto no obstante, conceptúa necesaria la continuación del juicio.

Si no la conceptúa necesaria, el Tribunal, previa ratificación del procesado, dictará sin más trámites la sentencia que proceda según la calificación mutuamente aceptada, sin que pueda imponer pena mayor que la solicitada.

(...)"

 

Básicamente se trata de que la persona o personas frente a las que se dirige el proceso penal reconozcan los hechos y se conformen con la pena o penas solicitadas por el Ministerio Fiscal y/o Acusación, todo ello previa negociación.

 

Nuestra Ley siempre ha establecido esta posibilidad, si bien ha sido tras la entrada en vigor de los denominados "Juicios Rápidos" allá en el 2003, cuando se ha evidenciado, con resultados muy positivos, que este cauce de finalización consensuada del proceso aporta innumerables beneficios, por lo que se decidió en el año 2009, mediante la suscripción entre la Fiscalía y el CGAE de un Protocolo  al efecto, potenciarlo en otros procedimientos como el abreviado o el sumario.

 

En el enjuiciamiento rápido de determinados delitos esa conformidad en los casos legalmente previstos se premia con la reducción de la pena en un tercio, así se expresa en el artículo 801. apartados 2 y 2 de la Lecrim, cuyo tenor es:  

 

"1. Sin perjuicio de la aplicación en este procedimiento del artículo 787, el acusado podrá prestar su conformidad ante el juzgado de guardia y dictar éste sentencia de conformidad, cuando concurran los siguientes requisitos:

Que no se hubiera constituido acusación particular y el Ministerio Fiscal hubiera solicitado la apertura del juicio oral y, así acordada por el juez de guardia, aquél hubiera presentado en el acto escrito de acusación.

Que los hechos objeto de acusación hayan sido calificados como delito castigado con pena de hasta tres años de prisión, con pena de multa cualquiera que sea su cuantía o con otra pena de distinta naturaleza cuya duración no exceda de 10 años.

Que, tratándose de pena privativa de libertad, la pena solicitada o la suma de las penas solicitadas no supere, reducida en un tercio, los dos años de prisión.

2. Dentro del ámbito definido en el apartado anterior, el juzgado de guardia realizará el control de la conformidad prestada en los términos previstos en el artículo 787 y, en su caso, dictará oralmente sentencia de conformidad que se documentará con arreglo a lo previsto en el apartado 2 del artículo 789, en la que impondrá la pena solicitada reducida en un tercio, aun cuando suponga la imposición de una pena inferior al límite mínimo previsto en el Código Penal. Si el fiscal y las partes personadas expresasen su decisión de no recurrir, el juez, en el mismo acto, declarará oralmente la firmeza de la sentencia y, si la pena impuesta fuera privativa de libertad, resolverá lo procedente sobre su suspensión o sustitución."

 

Normalmente para lograr los acuerdos los Fiscales, modifican a la baja su petición de penas, conociéndose con ello el resultado cierto del proceso en caso de ser suscrito un pacto, lo que redunda en beneficio de todos, o casi todos, los implicados.

 

Son significativos el número de acuerdos que se logran es casos en los que la pena o penas establecidas para el delito parten de menos de los dos años de prisión, pues si se conforma por debajo de dicho límite, en la mayoría de los casos, si se cumplen lo requisitos, se podrá eludir el ingreso en prisión mediante la aplicación de los beneficios de sustitución o suspensión de la pena o penas privativas de libertad impuestas, tal y como se dispone en los artículos 80 a 87 del Código Penal. 


Os acompañamos algunos casos reales:

 

 

Al finiquitarse sin vista el asunto el ahorro de esfuerto y dinero es incuestionable, beneficio que puede concretarse en los siguientes aspectos:

 

  • Innecesidad de continuar con la investigación al ser reconocidos los hechos por el imputado.
  • No será precisa la citación de testigos ni peritos.
  • Evitará que la víctima y perjudicados tengan que revivir el hecho delictivo o sus consecuencias.
  • No se provocarán suspensiones de vistas o señalamientos.

 

Son expresivas las palabras de la Instrucción de la Fiscalía General del Estado, que considera: 

 

Así, desde el punto de vista de la eficiencia concretada en una Justicia más ágil, la conformidad cobra verdadero sentido en la medida en que no sólo sirva para evitar el innecesario enjuiciamiento del acusado que se confiesa culpable, sino el coste, en términos de trabajo y de tiempo para los diferentes sujetos implicados en el proceso,2que puede suponer el cumplimentar todas las actuaciones conducentes a la celebración del juicio. Asignado un tiempo en la agenda del órgano judicial y del Fiscal,citados los testigos y peritos, presentes éstos –igual que el propio Fiscal y los Abogados- en la sede judicial, la conformidad en estrados viene a poner en evidencia la absoluta inutilidad de todo ese esfuerzo, desplegado obviamente en detrimento de otras dedicaciones igual o más prioritarias. Al tiempo que se dilapida el esfuerzo de otros funcionarios públicos (miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, forenses, peritos y técnicos), que malgastan en vanos desplazamientos y esperas su jornada laboral, y perjudica muy especialmente a los testigos, víctimas y perjudicados convocados a la vista que, forzados a  alterar su normal actividad cotidiana, acaban experimentando –con explícitas manifestaciones de protesta, en muchos casos- una justificada frustración al conocer que, habiéndose conformado el acusado en el último minuto, su esfuerzo también ha sido baldío. 

 

Con los condicionante expuestos si en las próximas fechas nos  encontramos con un acuerdo el el indicado asunto o en otros similares, sin duda alguna pasará por una petición de la Fiscalía y/o Acusaciones personadas por debajo de los dos años de prisión que propicien que los condenados no cumplan la pena de prisión. Será el momento entonces de analizar si se ha actuado con escrupuloso cumplimiento de la legalidad vigente.

 

Os aporto el Protocolo de Conformidades suscrito entre la Fiscalía y El Consejo General de la Abogacía Española.


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La Instrucción de la Fiscalía General del Estado 2/2009, detalla los pormenores de aplicación del precedente Protocolo de Conformidades, os uno copia íntegra de la misma.



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El precepto que regula el Delito de Conducción sin Carnet o habiendo Perdido los Puntos del Permiso es el artículo 384 del Código Penal, cuyo tenor literal es:

 

El que condujere un vehículo de motor o ciclomotor en los casos de pérdida de vigencia del permiso o licencia por pérdida total de los puntos asignados legalmente, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de doce a veinticuatro meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días.

La misma pena se impondrá al que realizare la conducción tras haber sido privado cautelar o definitivamente del permiso o licencia por decisión judicial y al que condujere un vehículo de motor o ciclomotor sin haber obtenido nunca permiso o licencia de conducción.


Su redacción vigente la debemos a la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio. Para afrontar este tipo de procedimientos es esencial poder probar la realidad objetiva respecto a la autorización administrativa para conducir, ya que en algunos casos la remisión final del artículo a la no obtención permiso o licencia de conducción puede ser definitivo.


Debemos tener en cuenta que la posibilidad de rebatir el estado actual del permiso de conducir puede obligar a solicitar la transformación del procedimiento, puesto  que se puede tener en cuenta alguna circunstancia, de índole probablemente administrativa, que justifique la situación legal del permiso de conducir el día de los hechos.

 

Hay que valorar la viabilidad de luchar por una absolución o negiciar y en su caso acordar (conformar) la pena con el Ministerio Fiscal. Ver caso conformado >>> 


Tenemos  abogados especialistas en la materia, que han asumido más de 1500 procedimientos de enjuiciamiento rápido y que, por tanto,  podrán asesorarle de forma inmejorable, atendiendo a las circunstancias del caso.

 

PROCEDIMIENTO REAL DE JUICIO RÁPIDO POR VIOLENCIA DE GÉNERO O DOMÉSTICA ANTE JUZGADO DE INSTRUCCIÓN DE ALCALÁ DE HENARES.


Os acompañamos un Caso Real en el que se producen malos tratos físicos en el ámbito familiar, fomulando denuncia la víctima, solicitando Orden de Protección.


El denunciado es detenido por los agentes actuantes y pasado a disposición judicial como supuesto autor de un delito de lesiones en el ámbito familiar contra la persona que  era su esposa, concurriendo la agravante de reincincia por haber sido condenado anteriormente por los mimos hechos.


Este asunto ha sido dirigido por el Letrado Don Vicente Javier Saiz Marco. 


1) Atestado Policial instruido por un supuesto Delito de malos tratos físicos en el ámbito familiar.

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2) Auto Orden de Protección.

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3) Acta guiada Juicio  Rápido.

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4) Escrito acusación fiscal.

 

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5) Sentencia con la Conformidad del Acusado, reducciendo en un tercio la pena solicitada por el Ministerio Fiscal. 

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PROCEDIMIENTO REAL DE JUICIO RÁPIDO POR CONDUCIR BAJO LOS EFECTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS ANTE JUZGADO DE INSTRUCCIÓN DE ARGANDA DEL REY.


Os acompañamos un Caso Real en el que una persona conducía bajo los efectos de bebidas alcohólicas, incurriendo en un delito contra la seguridad vial, por conducir un vehículo a motor con tasa de alcohol en aire espirado superior 0,60 miligramos por litro o con una tasa de alcohol en sangre superior a 1,2 gramos por litro. 


Este asunto ha sido dirigido por el Letrado Don Vicente Javier Saiz Marco.

 

En este caso, el conductor se sometió a la prueba de alcoholemia , obteniendo en la 1ª prueba: 0,68 Mg/l, y en la 2ª: 0,69 Mg/l, cuyo resultado fue POSITIVO.

1) Atestado Policial instruido por un supuesto Delito contra la Seguridad Vial

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2) Acta guida de Juicio Rápido.

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 3) Escrito de acusación

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4) Sentencia condenatoria de conformidad con el acusado.


 

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PROCEDIMIENTO REAL DE JUICIO RÁPIDO POR CONDUCIR SIN PERMISO ANTE JUZGADO DE INSTRUCCIÓN DE MADRID.


Os acompañamos un Caso Real en el que una persona conducía sin disponer el permiso para ello, incurriendo en un delito contra la seguridad vial, por la pérdida total de puntos. 


Este asunto ha sido dirigido por el Letrado Experto en Juicios Rápidos/ Doña Alexandra Roncero Facal.

 

La reforma legislativa operada por la Ley 5/2010 de 22 de junio por el que modifica el texto del Código Penal, buscando una respuesta jurídico penal a determinadas conductasintroduce, entre otras novedades, la conducción de un vehículo de motor o ciclomotor sin permiso o licencia como hecho delictivo, castigándose con pena de prisión de tres a seis meses o con la multa de doce a veinticuatro meses y trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días al que condujere un vehículo de motor o ciclomotor sin haber obtenido nunca un permiso o licencia de conducción.


1) Atestado Policial instruido por un supuesto Delito contra la Seguridad Vial

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2) Escrito de Acusación.

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 3) Acta guiada del Juicio Rápido y conformidad del acusado.

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4) Sentencia condenatoria de conformidad con el acusado.


 

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Por José Valero Alarcón, Abogado Experto en Juicios Rápidos


En apenas 10 artículos regula la Ley de Enjuiciamiento Criminal el procedimiento para el enjuiciamiento de determinados delitos. Con carácter supletorio serán de aplicación las normas referidas al procedimiento abreviado.


 Índice

1.- Ámbito de aplicación.

2.- Actuaciones a realizar por la Policía.

3.- Diligencias ante el Juez de Guardia.

4.- Continuación del Proceso por el cauce urgente.

5.- Legislación Aplicable - Ley de Enjuiciamiento Criminal Artículos 795 a 803.

6.- Abogados Expertos en Juicios Rápidos.

7.- Autor de este artículo.

juicio-raqpido 

Se ha reservado este procedimiento para hechos delictivos menos graves que no precisan una gran actividad investigadora, noi por ello están exentos de de omplejidad, siendo preciso estar siempre asesorado por una abogado experto en este tipo de procesos, que en gran parte de los casos se resuelven de forma definitiva en apenas dos o tres días.

 

1) ÁMBITO DE APLICACIÓN. (Artículo 795 Lecrim.)

 

En el artículo 795. 1. 2ª, se relacionan algunos de los delitos (los más habituales) que pueden seguir este trámite procesal, siendo los siguientes:

 

a.    Delitos de lesiones, coacciones, amenazas o violencia física o psíquica habitual, cometidos contra las personas a que se refiere el artículo 173.2 del Código Penal.

b.    Delitos de hurto.

c.    Delitos de robo.

d.    Delitos de hurto y robo de uso de vehículos.

e.    Delitos contra la seguridad del tráfico.

f.     Delitos de daños referidos en el artículo 263 del Código Penal.

g.    Delitos contra la salud pública previstos en el artículo 368, inciso segundo, del Código Penal.

h.    Delitos flagrantes relativos a la propiedad intelectual e industrial previstos en los artículos 270, 273, 274 y 275 del Código Penal.

 

Además puede seguirse para otros delitos que sean flagrantes o de sencilla investigación. (Artículo 795. 1. 1ª de la Lecrim.)

 

Los delitos no pueden estar castigados con más de cinco años de prisión o, si se trata de otras penas que no superen los 10 años de duración (Art. 795 1 Lecrim), debiendo además concurrir los siguientes requisitos:

 

  • Que se inicie por atestado policial, es decir, debe ser un cuerpo de las Fuerzas de Seguridad del Estado el que confeccione un atestado, por lo que si nos interesa que se tramite por esta vía deberemos poner denuncia en la comisaría o cuartel, nunca en el Juzgado o Fiscalía.
  • Que la policía haya detenido a la persona (es lo habitual) o sin detenerla la haya citado para que comparezca ante el Juzgado de Guardia.

 

2) ACTUACIONES A REALIZAR POR LA POLICÍA JUDICIAL. (Artículo 796 Lecim.)

 

La policía debe en la medida de lo posible facilitar la labor al Juzgado al que se remitirá el atestado, teniendo la posibilidad e incluso oblicación de practicar numerosas diligencias en el menor tiempo posible y, en todo caso durante la dentención, entre las que destacan:

  • Asistencia Médica tanto para el ofendido como para los perjudiccados.
  • Información de derechos.
  • Realizar las citaciones, inclusive de forma verbal, para que se comparezca ante el Juzgado de Guardia.
  • Practicará las pruebas de Alcoholemia en los casos de sospechas de conducción bajo la ingesta de alcohol.
  • Remitirá al laboratorio oportuno las muestras de otras sustancias que se hubiesen incautado.
  • Las restantes reseñadas en el Artículo 796 de la Ley de Enjuciamiento Criminal.

3) DILIGENCIAS URGENTES ANTE EL JUZGADO DE GUARDIA (Artículos 797 y siguientes de la Lecrim.)

 

El Juzgado si procede, es decir si el atestado y el hecho investigado cumple los requisitos expresados, incoará el Juicio Rápido, debiendo entonces practicar las diligencias que considere necesarias, entre las que destacan:

  

  •  Recabará por el medio más rápido los antecedentes penales del detenido o persona imputada.
  •  Si fuere necesario para la calificación jurídica de los hechos imputados:

 

a.    Recabará, de no haberlos recibido, los informes periciales solicitados por la Policía Judicial.

b.    Ordenará, cuando resulte pertinente y proporcionado, que el médico forense, si no lo hubiese hecho con anterioridad, examine a las personas que hayan comparecido a presencia judicial y emita el correspondiente informe pericial.

c.    Ordenará la práctica por un perito de la tasación de bienes u objetos aprehendidos o intervenidos y puestos a disposición judicial, si no se hubiese hecho con anterioridad.

  • Tomará declaración al detenido puesto a disposición judicial o a la persona que, resultando imputada por los términos del atestado, haya comparecido a la citación policial, en los términos previstos en el artículo 775. Ante la falta de comparecencia del imputado a la citación policial ante el Juzgado de guardia, podrá éste aplicar lo previsto en el artículo 487.
  •  Tomará declaración a los testigos citados por la Policía Judicial que hayan comparecido. Ante la falta de comparecencia de cualquier testigo a la citación policial ante el Juzgado de guardia, podrá éste aplicar lo previsto en el artículo 420.
  • Llevará a cabo, en su caso, las informaciones previstas en el artículo 776.
  • Cualquiera de las restantes dispùestas en el artículo 797 y cualquier otra que pueda ser practicada de forma rápida y dentro de los plazos del artículo 799 de la Lecrim.

4) CONTINUACIÓN DEL PROCESO COMO DILIGENCIAS URGENTES. (Artículos 800 y siguientes de la Lecrim.)
El Juez de Guardia escuchará a las partes (Ministerio Fiscal, Acusación Particular, si la hubiere y, Abogado Defensor) para que indiquen si son suficientes las diligencias practicadas para continuar el Juicio por los trámites del Enjuicaimiento Rápido. (Artículo 800. 1 Lecrim.)
El Juez a la vista de las manifestaciones, si considera que hay suficiente material y se cumplen todos los requisitos acordará de inmediato y oralmente que se siga la tramitación.
En este caso si se considera por el Fiscal que hay delito, emitirá de inmediato el Escrito de Calificación, es decir, el escrito en el qeu pedirá la condena del acusado con la pena concreta que considera oportuna. (Artículo 800. 2 Lecrim)
Ante dicho escrito, el Acusado puede optar por dos alternativas:
  • Se conforma, es decir reconoce los hechos y acepta la pena, lo que supondrá que el Juez de Inmediato dicte Sentencia con la Conformidad del Acusado, en la que reducirá la pena o penas solicitadas en un tercio si se cumplen los requisitos del artículo 801. 1 de la Lecrim
Tras ello, si se hubiese impuesto pena de prisión decidirá, también en el acto, si la suspende o sustituye.
  • Si no se conforma, deberá presentar en el acto o dentro del plazo de 5 días su Escrito de Defensa y el Secretario Judicial Dejará señalado día y hora para la Celbración de un Juicio normal, ante un Juzgado de lo Penal en el plazo máximo de 15 días (Artículo 800. 3 Lecrim.).
El Juicio se celebraría por los trámites habituales del Procedimiento Abreviado, si bien los plazos para Apelar y resolver la apelación se reducen (Artículos 802 y 803 Lecrim).
En esta explicación he tratado de simplificar al máximo el proceso, para facilitar su comprensión por cualquier persona.

 

Abogados Expertos en Juicios Rápidos


 LEGISLACIÓN APLICABLE - LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL - Artículo 795 a 803.


 

 

TÍTULO III. DEL PROCEDIMIENTO PARA EL ENJUICIAMIENTO RÁPIDO DE DETERMINADOS DELITOS.

 

CAPÍTULO I. ÁMBITO DE APLICACIÓN.

 

Artículo 795.

1. Sin perjuicio de lo establecido para los demás procesos especiales, el procedimiento regulado en este Título se aplicará a la instrucción y al enjuiciamiento de delitos castigados con pena privativa de libertad que no exceda de cinco años, o con cualesquiera otras penas, bien sean únicas, conjuntas o alternativas, cuya duración no exceda de diez años, cualquiera que sea su cuantía, siempre que el proceso penal se incoe en virtud de un atestado policial y que la Policía Judicial haya detenido a una persona y la haya puesto a disposición del Juzgado de guardia o que, aun sin detenerla, la haya citado para comparecer ante el Juzgado de guardia por tener la calidad de denunciado en el atestado policial y, además, concurracualquiera de las circunstancias siguientes:

 

1ª.    Que se trate de delitos flagrantes. A estos efectos, se considerará delito flagrante el que se estuviese cometiendo o se acabare de cometer cuando el delincuente sea sorprendido en el acto. Se entenderá sorprendido en el acto no sólo al delincuente que fuere detenido en el momento de estar cometiendo el delito, sino también al detenido o perseguido inmediatamente después de cometerlo, si la persecución durare o no se suspendiere mientras el delincuente no se ponga fuera del inmediato alcance de los que le persiguen. También se considerará delincuente in fraganti aquel a quien se sorprendiere inmediatamente después de cometido un delito con efectos, instrumentos o vestigios que permitan presumir su participación en él.

 

2ª.    Que se trate de alguno de los siguientes delitos:

a.    Delitos de lesiones, coacciones, amenazas o violencia física o psíquica habitual, cometidos contra las personas a que se refiere el artículo 173.2 del Código Penal.

b.    Delitos de hurto.

c.    Delitos de robo.

d.    Delitos de hurto y robo de uso de vehículos.

e.    Delitos contra la seguridad del tráfico.

f.     Delitos de daños referidos en el artículo 263 del Código Penal.

g.    Delitos contra la salud pública previstos en el artículo 368, inciso segundo, del Código Penal.

h.    Delitos flagrantes relativos a la propiedad intelectual e industrial previstos en los artículos 270, 273, 274 y 275 del Código Penal.

 

3ª.    Que se trate de un hecho punible cuya instrucción sea presumible que será sencilla.

 

2. El procedimiento regulado en este Título no será de aplicación a la investigación y enjuiciamiento de aquellos delitos que fueren conexos con otro u otros delitos no comprendidos en el apartado anterior.

 

3. No se aplicará este procedimiento en aquellos casos en que sea procedente acordar el secreto de las actuaciones conforme a lo establecido en el artículo 302.

 

4. En todo lo no previsto expresamente en el presente Título se aplicarán supletoriamente las normas del Título II de este mismo Libro, relativas al procedimiento abreviado.

 

CAPÍTULO II. DE LAS ACTUACIONES DE LA POLICÍA JUDICIAL.

 

Artículo 796.

1. Sin perjuicio de cuanto se establece en el Título III del Libro II y de las previsiones del capítulo II del Título II de este Libro, la Policía Judicial deberá practicar en el tiempo imprescindible y, en todo caso, durante el tiempo de la detención, las siguientes diligencias:

1ª.    Sin perjuicio de recabar los auxilios a que se refiere el ordinal 1 del artículo 770, solicitará del facultativo o del personal sanitario que atendiere al ofendido copia del informe relativo a la asistencia prestada para su unión al atestado policial. Asimismo, solicitará la presencia del médico forense cuando la persona que tuviere que ser reconocida no pudiera desplazarse al Juzgado de guardia dentro del plazo previsto en el artículo 799.

2ª.    Informará a la persona a la que se atribuya el hecho, aun en el caso de no procederse a su detención, del derecho que le asiste de comparecer ante el Juzgado de guardia asistido de abogado. Si el interesado no manifestare expresamente su voluntad de comparecer asistido de abogado, la Policía Judicial recabará del Colegio de Abogados la designación de un letrado de oficio.

3ª.    Citará a la persona que resulte denunciada en el atestado policial para comparecer en el Juzgado de guardia en el día y hora que se le señale, cuando no se haya procedido a su detención. El citado será apercibido de las consecuencias de no comparecer a la citación policial ante el Juzgado de guardia.

4ª.    Citará también a los testigos para que comparezcan en el juzgado de guardia en el día y hora que se les indique, apercibiéndoles de las consecuencias de no comparecer a la citación policial en el juzgado de guardia. No será necesaria la citación de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que hubieren intervenido en el atestado cuando su declaración conste en el mismo.

5ª.    Citará para el mismo día y hora a las entidades a que se refiere el artículo 117 del Código Penal, en el caso de que conste su identidad.

6ª.    Remitirá al Instituto de Toxicología, al Instituto de Medicina Legal o al laboratorio correspondiente las sustancias aprehendidas cuyo análisis resulte pertinente. Estas entidades procederán de inmediato al análisis solicitado y remitirán el resultado al Juzgado de guardia por el medio más rápido y, en todo caso, antes del día y hora en que se hayan citado a las personas indicadas en las reglas anteriores. Si no fuera posible la remisión del análisis en dicho plazo, la Policía Judicial podrá practicar por sí misma dicho análisis, sin perjuicio del debido control judicial del mismo.

7ª.    La práctica de los controles de alcoholemia se ajustará a lo establecido en la legislación de seguridad vial. No obstante, cuando se practicare un análisis de sangre u otro análogo, se requerirá al personal sanitario que lo realice para que remita el resultado al Juzgado de guardia por el medio más rápido y, en todo caso, antes del día y hora de la citación a que se refieren las reglas anteriores.

8ª.    Si no fuera posible la remisión al Juzgado de guardia de algún objeto que debiera ser tasado, se solicitará inmediatamente la presencia del perito o servicio correspondiente para que lo examine y emita informe pericial. Este informe podrá ser emitido oralmente ante el Juzgado de guardia.

 

2. Para la realización de las citaciones a que se refiere el apartado anterior, la Policía Judicial fijará el día y la hora de la comparecencia coordinadamente con el Juzgado de guardia. A estos efectos, el Consejo General del Poder Judicial, de acuerdo con lo establecido en el artículo 110 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, dictará los Reglamentos oportunos para la ordenación de los servicios de guardia de los Juzgados de Instrucción en relación con la práctica de estas citaciones, coordinadamente con la Policía Judicial.

 

3. Si la urgencia lo requiriere, las citaciones podrán hacerse por cualquier medio de comunicación, incluso verbalmente, sin perjuicio de dejar constancia de su contenido en la pertinente acta.

 

4. A los efectos de la aplicación del procedimiento regulado en este título, cuando la Policía Judicial tuviera conocimiento de la comisión de un hecho incardinable en alguna de las circunstancias previstas en el apartado 1 del artículo 795, respecto del cual, no habiendo sido detenido ni localizado el presunto responsable, fuera no obstante previsible su rápida identificación y localización, continuará las investigaciones iniciadas, que se harán constar en un único atestado, el cual se remitirá al juzgado de guardia tan pronto como el presunto responsable sea detenido o citado de acuerdo con lo previsto en los apartados anteriores, y en cualquier caso, dentro de los cinco días siguientes. En estos casos la instrucción de la causa corresponderá en exclusiva al juzgado de guardia que haya recibido el atestado.

Lo dispuesto en este apartado se entiende sin perjuicio de dar conocimiento inmediatamente al juez de guardia y al Ministerio Fiscal de la comisión del hecho y de la continuación de las investigaciones para su debida constancia.

 

CAPÍTULO III. DE LAS DILIGENCIAS URGENTES ANTE EL JUZGADO DE GUARDIA.

 

Artículo 797.

1. El juzgado de guardia, tras recibir el atestado policial, junto con los objetos, instrumentos y pruebas que, en su caso, lo acompañen, incoará, si procede, diligencias urgentes. Contra este auto no cabrá recurso alguno. Sin perjuicio de las demás funciones que tiene encomendadas, practicará, cuando resulten pertinentes, las siguientes diligencias, en el orden que considere más conveniente o aconsejen las circunstancias, con la participación activa del Ministerio Fiscal:

1ª.    Recabará por el medio más rápido los antecedentes penales del detenido o persona imputada.

2ª.    Si fuere necesario para la calificación jurídica de los hechos imputados:

a.    Recabará, de no haberlos recibido, los informes periciales solicitados por la Policía Judicial.

b.    Ordenará, cuando resulte pertinente y proporcionado, que el médico forense, si no lo hubiese hecho con anterioridad, examine a las personas que hayan comparecido a presencia judicial y emita el correspondiente informe pericial.

c.    Ordenará la práctica por un perito de la tasación de bienes u objetos aprehendidos o intervenidos y puestos a disposición judicial, si no se hubiese hecho con anterioridad.

3ª.    Tomará declaración al detenido puesto a disposición judicial o a la persona que, resultando imputada por los términos del atestado, haya comparecido a la citación policial, en los términos previstos en el artículo 775. Ante la falta de comparecencia del imputado a la citación policial ante el Juzgado de guardia, podrá éste aplicar lo previsto en el artículo 487.

4ª.    Tomará declaración a los testigos citados por la Policía Judicial que hayan comparecido. Ante la falta de comparecencia de cualquier testigo a la citación policial ante el Juzgado de guardia, podrá éste aplicar lo previsto en el artículo 420.

5ª.    Llevará a cabo, en su caso, las informaciones previstas en el artículo 776.

6ª.    Practicará el reconocimiento en rueda del imputado, de resultar pertinente y haber comparecido el testigo.

7ª.    Ordenará, de considerarlo necesario, el careo entre testigos, entre testigos e imputados o imputados entre sí.

8ª.    Ordenará la citación, incluso verbal, de las personas que considere necesario que comparezcan ante él. A estos efectos no procederá la citación de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que hubieren intervenido en el atestado cuya declaración obre en el mismo, salvo que, excepcionalmente y mediante resolución motivada, considere imprescindible su nueva declaración antes de adoptar alguna de las resoluciones previstas en el artículo siguiente.

9ª.    Ordenará la práctica de cualquier diligencia pertinente que pueda llevarse a cabo en el acto o dentro del plazo establecido en el artículo 799.

 

2. Cuando, por razón del lugar de residencia de un testigo o víctima o por otro motivo, fuere de temer razonablemente que una prueba no podrá practicarse en el juicio oral, o pudiera motivar su suspensión, el Juez de guardia practicará inmediatamente la misma asegurando, en todo caso, la posibilidad de contradicción de las partes.

Dicha diligencia deberá documentarse en soporte apto para la grabación y reproducción del sonido y de la imagen o por medio de acta autorizada por el Secretario Judicial, con expresión de los intervinientes.

A efectos de su valoración como prueba en sentencia, la parte a quien interese deberá instar en el juicio oral la reproducción de la grabación o la lectura literal de la diligencia, en los términos del artículo 730.

 

3. El Abogado designado para la defensa tendrá también habilitación legal para la representación de su defendido en todas las actuaciones que se verifiquen ante el Juez de guardia.

Para garantizar el ejercicio del derecho de defensa, el Juez, una vez incoadas diligencias urgentes, dispondrá que se le dé traslado de copia del atestadoy de cuantas actuaciones se hayan realizado o se realicen en el Juzgado de Guardia.

 

Artículo 797 bis.

1. En el supuesto de que la competencia corresponda al Juzgado de Violencia sobre la Mujer, las diligencias y resoluciones señaladas en los artículos anteriores deberán ser practicadas y adoptadas durante las horas de audiencia.

 

2. La Policía Judicial habrá de realizar las citaciones a que se refiere el artículo 796, ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer, en el día hábil más próximo, entre aquéllos que se fijen reglamentariamente.

No obstante el detenido, si lo hubiere, habrá de ser puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia, a los solos efectos de regularizar su situación personal, cuando no sea posible la presentación ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer que resulte competente.

 

3. Para la realización de las citaciones antes referidas, la Policía Judicial fijará el día y la hora de la comparecencia coordinadamente con el Juzgado de Violencia sobre la Mujer. A estos efectos el Consejo General del Poder Judicial, de acuerdo con lo establecido en el artículo 110 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, dictará los Reglamentos oportunos para asegurar esta coordinación.

 

Artículo 798.

1. A continuación, el Juez oirá a las partes personadas y al Ministerio Fiscal sobre cuál de las resoluciones previstas en el apartado siguiente procede adoptar. Además, las partes acusadoras y el Ministerio Fiscal podrán solicitar cualesquiera medidas cautelares frente al imputado o, en su caso, frente al responsable civil, sin perjuicio de las que se hayan podido adoptar anteriormente.

 

2. El Juez de guardia dictará resolución con alguno de estos contenidos:

1º.    En el caso de que considere suficientes las diligencias practicadas, dictará auto en forma oral, que deberá documentarse y no será susceptible de recurso alguno, ordenando seguir el procedimiento del capítulo siguiente, salvo que estime procedente alguna de las decisiones previstas en las reglas 1 y 3 del apartado 1 del artículo 779, en cuyo caso dictará el correspondiente auto. Si el juez de guardia reputa falta el hecho que hubiera dado lugar a la formación de las diligencias, procederá a su enjuiciamiento inmediato conforme a lo previsto en el artículo 963.

2º.    En el caso de que considere insuficientes las diligencias practicadas, ordenará que el procedimiento continúe como diligencias previas del procedimiento abreviado. El Juez deberá señalar motivadamente cuáles son las diligencias cuya práctica resulta necesaria para concluir la instrucción de la causa o las circunstancias que lo hacen imposible.

 

3. Cuando el Juez de guardia dicte el auto acordando alguna de las decisiones previas en los tres primeros ordinales del apartado 1 del artículo 779, en el mismo acordará lo que proceda sobre la adopción de medidas cautelares frente al imputado y, en su caso, frente al responsable civil. Frente al pronunciamiento del Juez sobre medidas cautelares, cabrán los recursos previstos en el artículo 766. Cuando el Juez de guardia dicte auto en forma oral ordenando la continuación del procedimiento, sobre la adopción de medidas cautelares se estará a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 800.

 

4. Asimismo, ordenará, si procede, la devolución de objetos intervenidos.

 

Artículo 799.

1. Las diligencias y resoluciones señaladas en los artículos anteriores deberán ser practicadas y adoptadas durante el servicio de guardia del Juzgado de Instrucción.

2. No obstante lo dispuesto, en aquellos partidos judiciales en que el servicio de guardia no sea permanente y tenga una duración superior a veinticuatro horas, el plazo establecido en el apartado anterior podrá prorrogarse por el Juez por un período adicional de setenta y dos horas en aquellas actuaciones en las que el atestado se hubiera recibido dentro de las cuarenta y ocho anteriores a la finalización del servicio de guardia.

 

CAPÍTULO IV. DE LA PREPARACIÓN DEL JUICIO ORAL.

 

Artículo 800.

1. Cuando el Juez de guardia hubiere acordado continuar este procedimiento, en el mismo acto oirá al Ministerio Fiscal y a las partes personadas para que se pronuncien sobre si procede la apertura del juicio oral o el sobreseimiento y para que, en su caso, soliciten o se ratifiquen en lo solicitado respecto de la adopción de medidas cautelares. En todo caso, si el Ministerio Fiscal y el acusador particular, si lo hubiera, solicitaren el sobreseimiento, el Juez procederá conforme a lo previsto en el artículo 782. Cuando el Ministerio Fiscal o la acusación particular soliciten la apertura del juicio oral, el Juez de guardia procederá conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 783, resolviendo mediante auto lo que proceda. Cuando se acuerde la apertura del juicio oral, dictará en forma oral auto motivado, que deberá documentarse y no será susceptible de recurso alguno.

 

2. Abierto el juicio oral, si no se hubiere constituido acusación particular, el Ministerio Fiscal presentará de inmediato su escrito de acusación, o formulará ésta oralmente. El acusado, a la vista de la acusación formulada, podrá en el mismo acto prestar su conformidad con arreglo a lo dispuesto en el artículo siguiente. En otro caso, presentará inmediatamente su escrito de defensa o formulará ésta oralmente, procediendo entonces el Secretario del Juzgado de Guardia sin más trámites a la citación de las partes para la celebración del juicio oral.

Si el acusado solicitara la concesión de un plazo para la presentación de escrito de defensa, el Juez fijará prudencialmente el mismo dentro de los cinco días siguientes, atendidas las circunstancias del hecho imputado y los restantes datos que se hayan puesto de manifiesto en la investigación, procediendo en el acto el Secretario judicial a la citación de las partes para la celebración del juicio oral y al emplazamiento del acusado y, en su caso, del responsable civil para que presenten sus escritos ante el órgano competente para el enjuiciamiento.

 

3. El Secretario del Juzgado de Guardia hará el señalamiento para la celebración del juicio oral en la fecha más próxima posible y, en cualquier caso, dentro de los quince días siguientes, en los días y horas predeterminados a tal fin en los órganos judiciales enjuiciadores y ajustándose a lo prevenido en el artículo 785.2 de la presente Ley. A estos efectos, el Consejo General del Poder Judicial, de acuerdo con lo establecido en el artículo 110 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, dictará los Reglamentos oportunos para la ordenación, coordinadamente con el Ministerio Fiscal, de los señalamientos de juicios orales que realicen los Juzgados de guardia ante los Juzgados de lo Penal.

También se acordará la práctica de las citaciones propuestas por el Ministerio Fiscal, llevando a cabo en el acto el Secretario judicial las que sean posibles, sin perjuicio de la decisión que sobre la admisión de pruebas adopte el órgano enjuiciador.

 

4. Si se hubiere constituido acusación particular que hubiere solicitado la apertura del juicio oral y así lo hubiere acordado el Juez de guardia, éste emplazará en el acto a aquélla y al Ministerio Fiscal para que presenten sus escritos dentro de un plazo improrrogable y no superior a dos días. Presentados dichos escritos ante el mismo Juzgado, procederá éste de inmediato conforme a lo dispuesto en el apartado 2.

 

5. Si el Ministerio Fiscal no presentare su escrito de acusación en el momento establecido en el apartado 2 o en el plazo establecido en el apartado 4, respectivamente, el Juez, sin perjuicio de emplazar en todo caso a los directamente ofendidos y perjudicados conocidos, en los términos previstos en el apartado 2 del artículo 782, requerirá inmediatamente al superior jerárquico del Fiscal para que, en el plazo de dos días, presente el escrito que proceda. Si el superior jerárquico tampoco presentare dicho escrito en plazo, se entenderá que no pide la apertura de juicio oral y que considera procedente el sobreseimiento libre.

 

6. Una vez recibido el escrito de defensa o precluido el plazo para su presentación, el órgano enjuiciador procederá conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 785, salvo en lo previsto para el señalamiento y las citaciones que ya se hubieran practicado.

 

7. En todo caso, las partes podrán solicitar al Juzgado de guardia, que así lo acordará, la citación de testigos o peritos que tengan la intención de proponer para el acto del juicio, sin perjuicio de la decisión que sobre la admisión de pruebas adopte el órgano enjuiciador.

 

Artículo 801.

1. Sin perjuicio de la aplicación en este procedimiento del artículo 787, el acusado podrá prestar su conformidad ante el juzgado de guardia y dictar éste sentencia de conformidad, cuando concurran los siguientes requisitos:

1º.    Que no se hubiera constituido acusación particular y el Ministerio Fiscal hubiera solicitado la apertura del juicio oral y, así acordada por el juez de guardia, aquél hubiera presentado en el acto escrito de acusación.

2º.    Que los hechos objeto de acusación hayan sido calificados como delito castigado con pena de hasta tres años de prisión, con pena de multa cualquiera que sea su cuantía o con otra pena de distinta naturaleza cuya duración no exceda de 10 años.

3º.    Que, tratándose de pena privativa de libertad, la pena solicitada o la suma de las penas solicitadas no supere, reducida en un tercio, los dos años de prisión.

 

2. Dentro del ámbito definido en el apartado anterior, el juzgado de guardia realizará el control de la conformidad prestada en los términos previstos en el artículo 787 y, en su caso, dictará oralmente sentencia de conformidad que se documentará con arreglo a lo previsto en el apartado 2 del artículo 789, en la que impondrá la pena solicitada reducida en un tercio, aun cuando suponga la imposición de una pena inferior al límite mínimo previsto en el Código Penal. Si el fiscal y las partes personadas expresasen su decisión de no recurrir, el juez, en el mismo acto, declarará oralmente la firmeza de la sentencia y, si la pena impuesta fuera privativa de libertad, resolverá lo procedente sobre su suspensión o sustitución.

 

3. Para acordar, en su caso, la suspensión de la pena privativa de libertad bastará, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 81.3 del Código Penal, con el compromiso del acusado de satisfacer las responsabilidades civiles que se hubieren originado en el plazo prudencial que el juzgado de guardia fije. Asimismo, en los casos en que de conformidad con el artículo 87.1.1 del Código Penal sea necesaria una certificación suficiente por centro o servicio público o privado debidamente acreditado u homologado de que el acusado se encuentra deshabituado o sometido a tratamiento para tal fin, bastará para aceptar la conformidad y acordar la suspensión de la pena privativa de libertad el compromiso del acusado de obtener dicha certificación en el plazo prudencial que el juzgado de guardia fije.

 

4. Dictada sentencia de conformidad y practicadas las actuaciones a que se refiere el apartado 2, el Juez de guardia acordará lo procedente sobre la puesta en libertad o el ingreso en prisión del condenado y realizará los requerimientos que de ella se deriven, remitiendo el Secretario judicial seguidamente las actuaciones junto con la sentencia redactada al Juzgado de lo Penal que corresponda, que continuará su ejecución.

 

5. Si hubiere acusador particular en la causa, el acusado podrá, en su escrito de defensa, prestar su conformidad con la más grave de las acusaciones según lo previsto en los apartados anteriores.

 

CAPÍTULO V. DEL JUICIO ORAL Y DE LA SENTENCIA.

 

Artículo 802.

1. El juicio oral se desarrollará en los términos previstos por los artículos 786 a 788.

 

2. En el caso de que, por motivo justo valorado por el Juez, no pueda celebrarse el juicio oral en el día señalado, o de que no pueda concluirse en un solo acto, señalará fecha para su celebración o continuación el día más inmediato posible y, en todo caso, dentro de los quince siguientes, teniendo en cuenta las necesidades de la agenda programada de señalamientos y las demás circunstancias contenidas en el artículo 182.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y artículo 785 de la presente Ley, lo que se hará saber a los interesados.

 

3. La sentencia se dictará dentro de los tres días siguientes a la terminación de la vista, en los términos previstos por el artículo 789.

 

CAPÍTULO VI.- DE LA IMPUGNACIÓN DE LA SENTENCIA.

 

Artículo 803.

1. Frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal podrá interponerse recurso de apelación, que se sustanciará conforme a lo previsto en los artículos 790 a 792, con las siguientes especialidades:

1ª.    El plazo para presentar el escrito de formalización será de cinco días.

2ª.    El plazo de las demás partes para presentar escrito de alegaciones será de cinco días.

3ª.    La sentencia habrá de dictarse dentro de los tres días siguientes a la celebración de la vista, o bien dentro de los cinco días siguientes a la recepción de las actuaciones, si no se celebrare vista.

4ª.    La tramitación y resolución de estos recursos de apelación tendrán carácter preferente.

 

2. Respecto de las sentencias dictadas en ausencia del acusado se estará a lo dispuesto en el artículo 793.

 

3. Tan pronto como la sentencia sea firme se procederá a su ejecución, conforme a las reglas generales y a las especiales del artículo 794.


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