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Mostrando articulos por etiqueta: Indemnización despido improcedente
El ordenamiento español en materia laboral distingue varias modalidades de contratación temporal, previstas en el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores. La finalización de este tipo de contrato obedece a condiciones objetivas tales como una fecha determinada, o realización de un servicio o la producción de un hecho concreto. Los contratos temporales de obra o servicio determinado, así como los eventuales por circunstancias de la producción conllevan aparejada una indemnización que será abonada a la finalización de los mismos. La indemnización varía según la fecha de celebración del contrato, pero el tope máximo actualmente está en los 12 días por año.
 

Otra modalidad contractual de carácter temporal es el de interinidad. Consiste en la contratación de un trabajador en sustitución de otro que tiene reserva del puesto de trabajo. La duración de los contratos de interinidad están sujetos al reingreso del trabajador sustituido. La finalización de estos contratos no implica el cobro de una indemnización.



En cambio, cuando estamos ante un trabajador fijo, la indemnización correspondiente por despido objetivo es de 20 días por año de trabajo.



La desigualdad es patente. No existe ningún razonamiento jurídico por el que los trabajadores con contrato temporal que realicen las mismas funciones que los trabajadores fijos, no tengan derecho a cobrar una indemnización a la finalización de la relación laboral como los indefinidos. El Tribunal de Justicia de la unión Europea sentencia que no existen razones objetivas para exceptuar a los trabajadores interinos del derecho a percibir una indemnización por la finalización del contrato temporal. Los magistrados reiteran jurisprudencia indicando que el principio de no discriminación exige que no se traten de manera diferente situaciones comparables y que no se traten de manera idéntica situaciones diferentes.

En definitiva, la Sentencia advierte que no existen razones por las que los trabajadores indefinidos estén amparados con una indemnización de 20 días por año y los temporales no.



Se trata de una resolución muy importante y muy favorable para los trabajadores con contratos temporales, y concretamente para los contratos de interinidad.

 

Para acceder al texto de la Sentencia pinche aqui.

 

Por Desi Boeva

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En el presente supuesto estamos ante el caso de una trabajadora, limpiadora de profesión, prestando servicios en la empresa A desde octubre de 2005. El contrato inicial fue temporal para luego devenir en indefinido. En octubre de 2014, la empresa A comunica a la trabajadora que dejara de pertenecer a su plantilla para pasar a pertenecer a la empresa B. Con esta segunda empresa se lleva a cabo una novación contractual relativa únicamente al lugar de prestación de servicios.

El 15 de julio de 2015 la empresa B comunica a la trabajadora que a partir del día 18 de julio pasara a depender de la nueva adjudicataria del servicio de limpieza (empresa C) de las dependencias del centro de trabajo donde presta servicios.

 

Una vez comunicada la subrogación por parte de la empresa B, tres días mas tarde, es decir, el 21 de julio, la empresa entrante niega la subrogación alegando que la trabajadora no se encuentra dentro del listado de personal adscrito en el pliego de condiciones para la adjudicación, sin embargo la misma Empresa C se hace cargo de la contrata de limpieza.

En definitiva, la trabajadora queda sin empleo, no haciéndose cargo de su contrato ni la empresa saliente ni la entrante.


La trabajadora demanda tanto a la empresa B como a la empresa C por despido, entendiendo que con carácter principal la contrata entrante es la que debe mantener a la trabajadora en su puesto, y de forma subsidiaria, la empresa saliente.

En cuanto al convenio colectivo, es de aplicación el de Limpieza de edificios y locales de la Comunidad de Madrid, y el mismo indica que se producirá la subrogación de personal siempre que se trate de trabajadores en activo que realicen su trabajo en la contrata con una antigüedad mínima de los últimos 4 meses anteriores a la finalización efectiva del servicio. Por tanto, la trabajadora cumple sobradamente los requisitos previsto en el convenio.


La sentencia constata que la trabajadora reunía los requisitos para ser subrogada y por ende se debió proceder a ello en base al artículo 82.3 ET, así como, que la empresa B de forma puntual remitió a la cesionaria (empresa C) la documentación exigida convencionalmente para la subrogación, entre la cual se encontraba la trabajadora. El Juzgador advierte que la trabajadora figure o no en la lista de personal a subrogar, constándole a la empresa C que es personal subrogable, no puede eludir la obligación de subrogarla.

Por todo ello, el Juzgador dicta sentencia reconociendo la improcedencia del despido con exclusiva responsabilidad de la empresa C. En el plazo de cinco días, la empresa debe optar entre readmitir a la trabajadora en su puesto de trabajo abonándole los salarios de tramitación, o extinguir la relación laboral abonando la indemnización por despido improcedente que en este caso alcanza la cuantía de 18.130 euros.  


El siguiente enlace contiene  información detallada relativa a despidos http://www.quieroabogado.es/abogado-especialista-en/derecho-laboral/despidos-informacion-abogados-laboralistas

 

Este procedimiento ha sido defendido por el Letrado Vicente Javier Saiz Marco, integrante de Valero&Saiz Abogados - http://www.abogadosdespidomadrid.com/

 

Por Desi Boeva

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Sentencia de despido improcedente por no haber subrogado a trabajadora que es personal subrogable


 

 

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En el presente caso real, la trabajadora llevaba prestando servicios en la empresa como coordinadora desde agosto de 2008. Después de algo más de 7 años, el empleador comunica carta de despido basada en causas económicas, productivas y organizativas, de conformidad con el art. 52.c) del Estatuto de los Trabajadores a la vez que indemniza con la cantidad de 8.246 euros.



La trabajadora disconforme con los motivos expuestos en la carta de despido, inicia los trámites para oponerse a este proceder de la empresa.



En primer lugar, dentro del plazo de los 20 días que establece la ley, la trabajadora presenta papeleta de conciliación por despido en el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación. Señalada fecha, comparecen ambas partes, empleada y empleador, pero no se alcanza acuerdo, por lo que se levanta acta de acto intentado y sin efecto.



Se interpone demanda ante los Juzgado de lo Social de Madrid, admitiendo la demanda a trámite y señalando fecha para juicio. Dicho juicio finalmente no llega a celebrarse porque se alcanza acuerdo entre las partes consistente en una mejora de la indemnización de 4.150 euros, por lo que, la cuantía total que recibe la trabajadora asciende a 12.396 euros.

 



Este proceso judicial ha sido defendido por la Letrada Desi Boeva.

 

Por Desi Boeva

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 Demanda de despido y Acta de conciliación judicial

 

 

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La trabajadora llevaba prestando servicios para la empresa demandada desde el año 2006. Desempeñaba las labores de consultor a jornada completa con contrato de carácter indefinido.

 

En 2014 la empresa comunica carta de despido motivado en causas económicas, alegando pérdidas mensuales acumuladas. Pone a disposición de la trabajadora una indemnización de 20 días por año trabajado tal y como lo prevé el artículo 53.1 del ET, que según los cálculos de la empresa asciende a 17.322 euros.

 

La trabajadora no estaba de acuerdo con las causas aludidas por la empresa como motivadoras de la extinción de la relación laboral, por lo que, en el plazo marcado por la ley de 20 días, presenta papeleta de conciliación. No se alcanza acuerdo en la vía previa de conciliación y se sigue la tramitación en vía judicial.

 

Con carácter previo a la celebración del juicio, se alcanza acuerdo con la empresa demandada, reconociendo esta la improcedencia del despido y completa con 5.000euros la indemnización inicial abonada.

 

 

 

Este proceso judicial ha sido defendido por el Departamento Jurídico Laboral de QUIEROABOGADO dirigido por el Letrado D. Vicente Javier Saiz Marco e integrado por otros letrados entre ellos Desi Boeva.

 

 

Puede obtener más información sobre el despido por causas objetivas haciendo clic aquí.

 


 

Demanda por despido y Acta de conciliación judicial

 

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El protagonista del presente caso es un trabajador que realiza labores de técnico para una importante empresa dedicada a la edición de prensa. La empresa le contrató mediante contrato temporal sujeto a la realización de una determinada obra. Pues bien, a nuestro cliente se le comunica finalización de contrato después de estar prestando servicios más de cuatro años y medio para la obra que se le contrató. La empresa le abona la indemnización por finalización de contrato que varía dependiendo del año en que se firmó el contrato. En este caso, la indemnización era de 2.471 euros que corresponde a 8 días por año de trabajo y no de 33/45 días por despido improcedente.

 

El trabajador firma la carta de finalización de contrato poniendo “no conforme”. Tras la celebración del acto de conciliación durante el cual no se llegó a acuerdo, se inician trámites judiciales.

 

Presentada la demanda en la que solicitamos el reconocimiento de improcedencia del despido y la correspondiente indemnización de 33/45 días por año de trabajado, la empresa contacta con nosotros. Finalizamos el proceso llegando a acuerdo extrajudicial con la empresa consiguiendo que esta abone 7.000 euros más, es decir, un total de 9.471 euros, y reconozca que no estamos ante una finalización de contrato sino ante un despido improcedente.

 

Al final del artículo, ponemos a disposición del lector el texto de la demanda y el acuerdo con la empresa plasmado en la correspondiente acta de conciliación firmada en el juzgado.

 

Para aclarar al lector la situación desde el punto de vista jurídico, a continuación explicamos brevemente los preceptos jurídicos que regulan los contratos temporales, la duración máxima de los mismos así como la indemnización que corresponde.

 

Tal y como indica el artículo 15.1.a) del Estatuto de los Trabajadores, los contratos de obra o servicio determinado no pueden tener una duración superior a tres años, ni se puede concatenar contratos de esta modalidad que finalmente superen dicho límite temporal. Excepcionalmente, la duración máxima de tres años es ampliable por 12 meses si así lo prevé el convenio colectivo por el que se rija la relación laboral concreta. Cuando se superan los límites arriba indicados, el contrato se convierte en indefinido. Cuando la obra o servicio finaliza dentro de los límites temporales indicados, el trabajador tiene derecho además del finiquito a una indemnización. La siguiente tabla refleja los días de indemnización que corresponden según el momento en que nace la relación laboral:

Fecha de formalización del contrato

Días de indemnización

Hasta el 31-12-2011

8

Entre el 1-1-2012 y el 31-12-2012

9

Entre el 1-1-2013 y el 31-12-2013

10

Entre el 1-1-2014 y el 31-12-2014

11

A partir del1-1-2015

12

 

En el caso real que hemos expuesto, la duración del contrato del trabajador ha superado tanto los límites previsto en el art. 15.1.a) del Estatuto de los Trabajadores, como la duración máxima prevista en el convenio colectivo de aplicación a nuestro cliente. Por tanto, el contrato ha adquirido la naturaleza de indefinido..

 

Si se encuentra en alguna de estas situaciones y necesita asesoramiento legal no dude en contactar con nosotros.

A continuación aportamos Demanda y acta de conciliación.

 

 

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Un alto porcentaje de los contratos celebrados en los últimos años son de carácter temporal. Dentro de las contrataciones temporales, una de las modalidades más empleadas es la de los contratos de obra o servicio determinado. Para que la empresa pueda acudir a esta figura de la contratación temporal ha de existir causa objetiva específicamente prevista que justifique la temporalidad de la relación laboral.

 

 

El artículo 15.1.a) del Estatuto de los Trabajadores regula que el objeto de estos contratos es la realización de una obra, o la prestación de un servicio determinado, con autonomía y sustantividad propias dentro de la actividad de la empresa, y de una duración incierta. Asimismo, refleja que este tipo de contratos no puede tener una duración superior a 3 años, prorrogables a 12 meses si así lo prevé el convenio de aplicación. Los contratos que superen estos límites adquieren la condición de indefinidos. Corren la misma suerte de carácter indefinido aquellos contratos de obra o servicio determinado que son celebrados para la realización de la actividad habitual de la empresa sin que las labores encomendadas tengan sustantividad propia.

 

 

Por imperativo legal, el contrato debe formalizarse por escrito, especificando el carácter temporal de la contratación e identificar de forma clara y precisa la obra o el servicio que constituye su objeto. El Tribunal Supremo entiende que la inobservancia de forma escrita o falta de concreción de la obra en el contrato presume que este es celebrado por tiempo indefinido.

 

 

El contrato se extingue por la realización de la obra o servicio objeto del contrato. Si la duración del contrato supera el año, es necesario preavisar con 15 días de antelación la finalización de la relación laboral. El incumplimiento por el empresario de este plazo da lugar a que abone una cantidad equivalente al salario correspondiente a los días en que dicho plazo se haya incumplido.

 

 

A la finalización del contrato, el trabajador tiene derecho a percibir una indemnización cuya cuantía varía dependiendo de la fecha de celebración del contrato conforme a la siguiente tabla:

 

Fecha de formalización del contrato

Días de indemnización

Hasta el 31-12-2011

8

Entre el 1-1-2012 y el 31-12-2012

9

Entre el 1-1-2013 y el 31-12-2013

10

Entre el 1-1-2014 y el 31-12-2014

11

A partir del 1-1-2015

12

 

 

Asimismo, el contrato se convierte en indefinido cuando finalizada la obra o el servicio objeto del contrato, el trabajador sigue prestando servicios para la empresa sin la cobertura de un nuevo contrato temporal; o, si superado el límite máximo de duración del contrato temporal (3 años, o 4 cuando así lo prevea el convenio) el trabajador sigue prestando servicios en la empresa. Este último supuesto es el que ejemplificaremos con el siguiente caso real de uno de nuestros clientes:

 

 

El trabajador prestaba servicios como técnico para una importante editorial de prensa. La relación laboral se inicia en marzo de 2011 con contrato ligado a la realización de una obra concreta. Después de más de 4 años y medio, la empresa comunica al trabajador la finalización del contrato temporal de obra y pone a su disposición la indemnización conforme a la tabla arriba mencionada. Es importante señalar que al cese del trabajador, la obra se continuaba ejecutando, es decir, no había finalizado. El trabajador se ha convertido en fijo para la empresa ya que supera el límite de los 3 años que refleja el artículo 15.1.a) del ET y el convenio colectivo aplicable no prevé la posibilidad de una prórroga de 12 meses para este tipo de contratos. Por tanto, la relación no se extingue por finalización de contrato temporal sino por despido. Y lógicamente, la indemnización que corresponde por despido es superior a la de finalización de contrato temporal.

 

 

Recordemos que para reclamar por un despido, el trabajador dispone de 20 días hábiles para presentar papeleta de conciliación en el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC) de la provincia en la que resida.

 

 

Pues bien, nuestro cliente presentó dicha papeleta y después la correspondiente demanda reclamando el reconocimiento de la improcedencia del despido y la correspondiente indemnización de 33/45 días por año trabajado.

 

 

El procedimiento finalizó con un acuerdo judicial en el que la empresa reconoce la improcedencia del despido y abona una indemnización total de 9.471 euros, en lugar de 2.471, cantidad que puso a disposición del trabajador por la finalización de contrato.   

 

Si se encuentra en alguna de estas situaciones y necesita asesoramiento legal no dude en contactar con nosotros.

A continuación aportamos el acta de conciliación judicial del caso real arriba expuesto.

 

 

 


 

Genéricamente se entiende por despido toda forma de extinción de la relación laboral decidida unilateralmente por el empresario al amparo de una causa legal que el empresario ha de alegar y hallarse dispuesto a probar.

El despido disciplinario y sus causas están contempladas en el artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores y el artículo 55 prevé la forma y efectos del mismo.


CAUSAS DE DESPIDO

Este tipo de despido es la manifestación más grave del poder disciplinario del que dispone el empresario cuando tenga lugar un incumplimiento grave y culpable del trabajador de suficiente transcendencia. El ET recoge un listado tasado de causas que se considerarán incumplimientos contractuales:

-          - Faltas de asistencia o puntualidad al trabajo. Para que sean causa de despido disciplinario tienen que ser repetidas e injustificadas.

Se consideran justificadas las faltas motivadas por hechos que son independientes de la voluntad del trabajador, de los cuales no es en forma alguna culpable, aunque le impiden acudir al trabajo. Por el contrario, son injustificadas aquellas para las que no existe precepto legal reglamentario o circunstancia de indudable valor, moral o social, que disculpe la asistencia. Debe tenerse en cuenta que un determinado número de faltas, aun justificadas, puede dar lugar a un despido objetivo.

El empresario debe acreditar las ausencias o impuntualidades del trabajador, y este, si las niega, debe probar que no se produjeron o, en su caso, que estaban justificadas.

-          - Indisciplina o desobediencia en el trabajo. Son conceptos que se entienden como una actitud de rebeldía abierta y enfrentada contra las órdenes recibidas del empresario en el ejercicio regular de sus funciones directivas. Se trata de actos de incumplimiento, consciente y querido.

La desobediencia ha de darse frente a las órdenes del superior, que tenga competencia para ello, y han de ser claras y concretas, dentro del ámbito de la empresa y en el área de sus facultades, sin que corresponda al trabajador el juicio de valor sobre la orden. Se exceptúan los supuestos claros y flagrantes de irregularidad, por ejemplo por vulnerar la dignidad o integridad física.


El trabajador puede negarse a cumplirlas sin incurrir en desobediencia cuando el empresario actúe con manifiesta arbitrariedad y abuso de derecho o atente contra los derechos fundamentales o la propia dignidad del trabajador, o cuando exista un peligro grave e inminente.


En el resto de casos, si el trabajador no está de acuerdo con las órdenes recibidas habrá que acatarlas sin perjuicio de la posibilidad de oponerse a las mismas impugnándolas o poniéndolas en conocimiento de la Inspección de Trabajo.
Para apreciar la gravedad de la indisciplina o desobediencia hay que atender también a la permisividad y tolerancia por parte de la empresa.

-          - Ofensas verbales y físicas. Son causa de despido las ofensas (verbales o físicas) de carácter grave (entendidas como acción que humilla y hiere el amor propio o dignidad del ofendido), infringidas al empresario, a los trabajadores de la empresa o a los familiares que convivan con ellos.

Las ofensas verbales deben ser enjuiciadas dependiendo del contexto en que se producen. Las ofensas deben analizarse en función de las expresiones utilizadas, la finalidad perseguida y los medios y circunstancias en que se producen.

Sin embargo, las agresiones físicas siempre son graves en el ámbito laboral, sin que se exija un resultado lesivo.

-          - Transgresión de la buena fe contractual, al igual que, el abuso de confianza.

Concurre tal causa cuando se han violado los deberes de fidelidad y el trabajador actúa con conocimiento de su conducta vulneradora. No se exige la concurrencia de un dolo específico, bastando así la negligencia culpable.

Los magistrados del Tribunal Supremo entienden que producida la transgresión de la buena fe contractual, con independencia de su gravedad, o del daño causado a la empresa, es posible el despido disciplinario, no siendo imprescindible la existencia de perjuicio económico para la empresa. No obstante, hay que ponderar el cargo que el despedido ocupa en la empresa y sus circunstancias personales y profesionales.

-          - Disminución en el rendimiento. Tiene lugar cuando concurre una disminución del rendimiento normal o pactado incumpliéndose los objetivos señalados en el contrato como mínimos, siempre y cuando no resulten abusivos.

Para que sea causa objetiva de despido, la disminución ha de ser relevante, continuada, voluntaria y grave, pudiendo apreciarse la relevancia mediante la comparación o contraste del rendimiento del despedido con el de otros trabajadores en semejante posición en la empresa, o con el propio trabajador en otros momentos de la prestación de servicios.

No hay que confundir esta causa de despido disciplinario con el despido objetivo por ineptitud sobrevendía o por falta de adaptación a las modificaciones. En la primera hay culpabilidad y gravedad, no así en la segunda.

-          - Embriaguez o toxicomanía. Para que estas conductas puedan motivar un despido, han de ser habituales y repercutir negativamente en el trabajo. De manera que solo cuando se acredita tal incidencia negativa en el ejercicio de las funciones, o profesión habitual, cabría el despido disciplinario que no procede cuando la toxicomanía sólo incide en su ámbito personal o privado.

-          - Acoso discriminatorio por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual y el acoso sexual o por razón de sexo al empresario o a las personas que trabajan en la empresa. Es preciso que el acoso moral o mobbing sea discriminatorio por las citadas causas.

El artículo 55 del ET establece que el despido deberá ser notificado por escrito al trabajador, haciendo figurar los hechos que lo motivan y la fecha en que tendrá efectos.

Para que el despido sea procedente (justificado y probada su causa) es requisito imprescindible que sea comunicado por escrito. En la carta de despido han de figurar los hechos que lo motivaron y la fecha en la que ha de tener efecto. Si se incumple alguno de estos requisitos procederá la declaración de improcedencia.

Si la carta se recibe con posterioridad a la fecha de efectos señalada, se tendrá en consideración la fecha de recepción de la misma.

El contenido de la carta no puede consistir en genéricas expresiones, sino que ha de ser concreto, claro y preciso, recogiendo los hechos a los que se refiere, días en que se cometieron, etc.

No obstante, el empleador no siempre cumple la exigencia legal de comunicar el despido por escrito, llevando a cabo tal comunicación de forma verbal o tácita.

El despido verbal supone un incumplimiento de la forma escrita exigida para su notificación al trabajador, ya que, este tiene derecho a conocer los hechos que lo motivan y la fecha de efectos, para su posible impugnación judicial. El trabajador que alegue haber sido objeto de un despido verbal tiene la carga de acreditarlo. Para ello, en estos casos, el trabajador puede dirigirse al empresario, por escrito o de palabra, acompañado de testigos requiriéndole para que le admita al trabajo o confirme el despido. Otra opción es enviar un burofax inmediatamente después del despido para que la empresa se pronuncie sobre si mantiene la decisión del despido verbal. Se trata de confirmar el acto del despido para que la empresa se pronuncie sobre si mantiene la decisión del despido verbal, y para que el trabajador se asegure un medio de prueba en caso de iniciar trámites judiciales.

También hay que contemplar la posibilidad de que el empleador no comunica al trabajador formalmente el despido pero se aprecia su decisión extintiva por omisiones o hechos concluyentes que revelan la intención empresarial inequívoca de poner fin a la relación jurídico laboral. Ejemplos típicos de despido tácito son: cuando el empleador se niega a dar trabajo al trabajador; se impide al trabajador el acceso a la empresa, etc.

La controversia principal que puede generar este tipo de despido es determinar la fecha de efectos del mismo y poder actuar dentro del plazo establecido de 20 días hábiles tras notificación del mismo. En este caso al no haber una comunicación explicita hay que determinar el momento a partir del cual computan los plazos para impugnar. En este sentido hay que distinguir dos supuestos:
1. Cese progresivo en el trabajo. Se ha estimado que la fecha a considerar es cuando no existe ya ninguna duda y sea incuestionable el despido.
2. Cierre del centro de trabajo donde prima la fecha del mismo.


¿Cómo debe actuar el trabajador en caso de ser despedido?

Es fundamental que cuando se notifique el despido al trabajador, este firme tanto la carta de despido como el finiquito reflejando la fecha y poniendo “no conforme”. De tal manera, queda abierta la posibilidad de oponerse al despido y reclamar las cantidades en caso de no ser abonadas o íntegras.

El trabajador dispone de 20 días hábiles desde que se le notifica el despido o desde que tiene conocimiento del mismo para actuar:

1º Paso: Presentar papeleta de conciliación por despido en el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC) de la provincia en la que resida. Es un trámite administrativo obligatorio para poder demandar judicialmente. Este trámite se puede realizar sin letrado, aunque es conveniente que le asista uno, ya que durante el acto de conciliación es habitual que la empresa trate de llegar a acuerdos con el trabajador y ofrezca pactar una indemnización.

El día que se presenta la papeleta de conciliación se interrumpe el cómputo del plazo de los 20 días.

El día de la conciliación puede darse una de estas tres situaciones:

- Que se llegue a un acuerdo entre ambas partes. Habitualmente se pacta una indemnización y se reconoce la improcedencia del despido. En estos casos es aconsejable contar con la asistencia de un abogado para que vele por sus intereses y derechos. Al llegar a un acuerdo, el trabajador desiste de ejercer posteriores acciones con las mismas pretensiones. Por lo que, el procedimiento acaba en este punto y no hay que llegar al 2º paso.
- Que el empleador no se persone. En tal caso, se levanta acta sin avenencia.
- Que el empleador se persone, pero no quiera llegar a un acuerdo. En este caso, también se levanta acta sin avenencia.

El día siguiente a la conciliación se reanuda el cómputo del plazo para presentar la demanda en los Juzgados de lo Social. Por ello, es muy importante no demorarse en realizar los trámites tanto administrativos como judiciales en el momento legalmente establecido. En caso contrario, si presenta la demanda fuera de plazo pierde el derecho a reclamar, porque esta no será admitida a trámite por extemporánea.

2º Paso: Presentar demanda en los Juzgados de lo Social. Para ello, aunque la ley no lo exija, si es imprescindible que la demanda esté redactada por abogado, y que este defienda sus intereses antes (conciliación judicial) y durante la celebración del juicio.

En el acto del juicio, el Juzgador valorara las pruebas y escuchara los argumentos de las partes, para posteriormente dictar sentencia. Dicha sentencia declarará la procedencia o improcedencia del despido y se pronunciará sobre las demás pretensiones contenidas en la demanda.

Si el despido se declara procedente, el trabajador podrá recurrir el fallo ante el Tribunal Superior de Justicia.

Por el contrario, si se declara procedente, generalmente el empleador tendrá que elegir entre:

-          - Readmitir al trabajador en las mismas condiciones que regían antes de producirse el despido, con el abono de los salarios de tramitación correspondientes.

-          - Indemnizar

El empleador tiene 5 cinco días para elegir una de estas dos opciones. El plazo computa desde la notificación de la sentencia. Si no ejercita la opción en el plazo citado, se entiende siempre que se opta por la readmisión.

Si el trabajador despedido es representante sindical de los trabajadores será el que elija si prefiere reincorporarse a su puesto de trabajo o que el empresario le indemnice. Independientemente de la opción que elijan, a diferencia del resto de trabajadores, los representantes de los trabajadores tienen derecho a los salarios de tramitación.

Los salarios de tramitación abarcan desde la fecha del despido hasta:

-          - La notificación de la sentencia

-          - Hasta que el trabajador despedido haya encontrado otro empleo

El despido disciplinario no conlleva indemnización ni periodo de preaviso. Cuando el despido sea declarado improcedente, la indemnización correspondiente será de:

-          - Para los contratos formalizados con posterioridad a 12/02/2012: 33 días de salario por año de servicio, hasta un máximo de 24 mensualidades.

-          - Respecto a los contratos formalizados antes del 12/02/2012, el cálculo indemnizatorio se hace en dos tramos. Por el tiempo de prestación de servicios anterior al 12/02/2012 el cálculo se hace a razón de 45 días de salario por año de servicio. Por el tiempo de prestación de servicios posterior a dicha fecha el cálculo se hace a razón de 33 días por año trabajado.

La indemnización se calcula sobre el salario del momento del despido y no sufre variaciones por los incrementos posteriores que puedan establecerse por ley o convenio colectivo aunque tengan efectos retroactivos, debe estarse al salario real a la fecha del despido.

 

Haciendo clic aqui accederá a un Caso real de despido disciplinario resuelto favorablemente para la trabajadora.

 

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