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TRIBUTACION EN LAS INDEMNIZACIONES POR DESPIDO


La Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, introdujo novedades en esta materia relativa al tratamiento en el IRPF de las indemnizaciones por despido improcedente.
Esta Ley instauró algunas reglas básicas a tener en cuenta a la hora de abonar y/o percibir una indemnización por despido:


1.- Se elimina la exención específica relativa a extinciones previas al acto de conciliación

2.- Se consideran exentas las indemnizaciones por despido abonadas cuando se produce un despido con reconocimiento empresarial de improcedencia (los llamados despidos exprés que se regulaban en el artículo 56 de Estatuto de los Trabajadores hasta 11 de febrero de 2012) siempre que se hayan producido entre el 12 de febrero de 2012 (fecha de entrada en vigor de la Reforma Laboral de 2012) y el 7 de julio de 2012 (día anterior a la entrada en vigor de estas nuevas normas de retenciones de IRPF en las indemnizaciones por despido).

Se ha producido la modificación de la Ley 35/2006 del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) quedando establecido de la siguiente manera:


1.- Con efectos desde el 12 de febrero de 2012, se elimina el segundo párrafo de la Ley 35/2006, art.7.e), dónde se establecía una exención específica relativa a extinciones previas al acto de conciliación y que hacía referencia a este tipo de despidos.

2.- Se mantiene la exención de las indemnizaciones de quienes fueron objeto de un despido exprés entre el 12 de febrero de 2012 y el 8 de julio de 2012 a través de una norma transitoria ad-hoc (Ley 35/2006, disp.trans.22ª modif L 3/2012 disp.final 11ª).

Quedan, por tanto, exentas de retenciones por IRPF las indemnizaciones de los despidos entre 12 de febrero de 2012 y 8 de julio de 2012 en los que el empleador reconoció la improcedencia del despido en el momento de su comunicación o en cualquier otro anterior al acto de conciliación.


En estos casos, dichas indemnizaciones están exentas en la cuantía que no exceda de la que hubiera correspondido en el caso de que este hubiera sido declarado improcedente, y no se trate de extinciones de mutuo acuerdo en el marco de planes o sistemas colectivos de bajas incentivadas.

A partir del 8 de julio de 2012 para garantizar la exención fiscal de las indemnizaciones de despidos en los que se reconozca empresarialmente la improcedencia resulta imprescindible que el trabajador impugne el despido, al menos en vía administrativa y se obtenga avenencia en la conciliación.

Así lo entiende, incluso, la Agencia Tributaria (AEAT) en su página web:

Modificaciones tributarias introducidas por la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral
• Exención de las indemnizaciones por despido o cese del trabajador

Con efectos a partir de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, esto es, a partir del 12 de Febrero de 2012, la Disposición final undécima de la Ley 3/2012 de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, modifica la letra e) del artículo 7 de exención de las indemnizaciones por despido o cese del trabajador y añade una nueva disposición transitoria vigésima segunda a la Ley 35/2006, Indemnizaciones por despido exentas, introduciendo con ello las siguientes novedades:


1.- Se deroga del artículo 7.e) de la Ley 35/2006, el párrafo segundo sobre la exención de la indemnización si se produce la extinción del contrato de trabajo con anterioridad al acto de conciliación. Por lo que para declarar la exención de las indemnizaciones por despido será necesario que se produzca Conciliación o la resolución judicial. No obstante se añade una nueva DT 22ª a la Ley 35/2006, que mantiene la exención para la anterior situación, si los despidos se han producido desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, y hasta el día de la entrada en vigor de esta Ley. Despidos producidos desde el 12 de febrero de 2012 a 7 de julio de 2012.

2.- El nuevo párrafo segundo del artículo 7.e), que sustituye al anterior párrafo tercero, sigue estableciendo en los despidos colectivos, con los cambios que dispone la presente ley para el artículo 51 del ET, y en los producidos por las causas previstas en el 52.c) de dicho Estatuto, como cuantía exenta los límites que se determinan con carácter obligatorio para el despido improcedente (33 días por año trabajado y 24 mensualidades, artículo 56 ET) en vez de la cuantía obligatoria que fija para cada uno de ellos el propio ET.
La nueva DT 22ª añadida a la Ley 35/2006, fija que las indemnizaciones consecuencia de los expedientes de regulación de empleo en tramitación o con vigencia en su aplicación a 12 de febrero de 2012 (DT 10ª de la L3/12) aprobados por la autoridad competente a partir de 8 de marzo de 2009, estarán exentas en la cuantía que no supere 45 días de salario y 42 mensualidades.

En definitiva si se trata de despidos objetivos y colectivos, por causas económicas, técnicas, organizativas o productivas, la realización de estos despidos implica una indemnización de 20 días de salario por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades. En este sentido la Ley del IRPF establece que estarán exentas las rentas en los supuestos de despidos colectivos realizados de conformidad con el art. 51 del E.T o producidos por las causas previstas en la letra c) del art. 52 E.T. siempre que, en ambos casos, se deban a causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, quedará exenta la parte de indemnización percibida que no supere los límites establecidos para el despido improcedente.

Por tanto la indemnización en estos despidos estará exenta incluso si es superior a la legalmente establecida pero con los límites establecidos para el despido improcedente.
Si se tratara de despidos no basados en causas económicas, técnicas, organizativas o productivas, la indemnización de los despidos improcedentes tras la reforma laboral establece que para contratos iniciados a partir del 12 de febrero de 2012, 33 días de salario por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades; para contratos iniciados antes del 12 de febrero de 2012, la indemnización será de 45 días de salario por año trabajado hasta esa fecha y a razón de 33 días de salario por año trabajado a partir de la misma. Se establece el límite máximo de 720 días, salvo que del cálculo de la indemnización por el periodo anterior al 12 de febrero de 2012 resultare un nº de días superior en cuyo caso se aplicara este, con el límite de 42 mensualidades.


Fiscalmente las indemnizaciones por estos despidos, teniendo en cuenta que la reforma laboral elimina la posibilidad de que cuando se extinga el contrato, con anterioridad al acto de conciliación estarán exentas la indemnizaciones por despido que no excedan de la que hubiera correspondido en el caso de que este hubiera sido declarado improcedente, desaparece cualquier fundamento legal para que las empresas sin previa conciliación administrativa o judicial y/o sentencia judicial, puedan abonar directamente indemnizaciones por despido quedando exenta de IRPF. En definitiva las indemnizaciones por estos despidos abonadas a partir del 8 de julio de 2012 estarán sujetas a IRPF si no existe un trámite de conciliación administrativa previa.


Si se tratara de extinciones de contrato por voluntad del trabajador, la indemnización varía en función del tipo de extinción, si se trata de una extinción por movilidad geográfica lleva aparejada una indemnización de 20 días por año trabajado con un límite de 12 mensualidades; si se trata de extinciones por modificación sustancial la indemnización es de 20 días por año trabajado con un máximo de 9 mensualidades y en los casos de extinción del contrato por incumplimientos graves del empleador la indemnización es la referida para despidos improcedentes.
Fiscalmente en estas indemnizaciones, en los casos de movilidad geográfica y modificación sustancial no es necesario, en principio, ningún formalismo conciliatorio o judicial para acreditar la exención, pero en lo referente a la extinción del contrato por incumplimientos graves del empleador, para que la indemnización quede exenta de IRPF es necesario la existencia de una resolución judicial.











 

 

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