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Mostrando articulos por etiqueta: reclamar negligencia medica

 

1. ¿QUE ES LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL SANITARIA?

Se denomina responsabilidad patrimonial de la Administración Sanitaria a la obligación de resarcir económicamente los daños y perjuicios sufridos por un paciente como consecuencia directa de la asistencia sanitaria recibida en un centro dependiente del Sistema Nacional de Salud (SNS).

 

2. ¿ DONDE VIENE RECOGIDO EL DERECHO A SER INDEMNIZADO?

Art. 106.2 de la Constitución española: “Los particulares, en los términos establecidos por la Ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos”.

Art. 139 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común desarrolla este planteamiento y dispone que: “Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos”

 

3. ¿A QUIEN DEBEMOS DIRIGIR LA RECLAMACIÓN?

La primera característica relevante de la responsabilidad patrimonial sanitaria es que se dirige frente a la Administración titular del servicio o centro donde se produce la asistencia, y no frente a los profesionales que la han prestado.

 

4. ¿ES NECESARIO PROBAR LA CULAPABILIDAD DE LA ACTUACIÓN?

Cuando la asistencia se desarrolla en el ámbito del SNS no es necesario demostrar la culpabilidad de la actuación, y basta con establecer una relación de causa-efecto entre la lesión producida y la actuación sanitaria para que los tribunales declaren el derecho a la indemnización.

Se trata de una responsabilidad objetiva, es decir, independiente de la existencia o no de culpa o negligencia por parte de quien presta la asistencia

Este planteamiento genérico, sin embargo, viene siendo matizado por los tribunales, que no olvidan, por lo general, que para que surja responsabilidad y por ende reparación, la lesión debe ser antijurídica, es decir que el perjudicado no tenga el deber jurídico de soportarla.

 

5. ¿CUANDO EL PERJUDICADO TIENE EL DEBER DE SOPORTAR EL DAÑO?

Cuando la actuación sanitaria ha sido correcta, es decir, conforme a los parámetros de la lex artis ad hoc (reglas de la buena práctica clínica aplicadas al caso), ya que por lo general se entiende que la actividad sanitaria no tiene porqué garantizar un resultado, sino un empleo correcto de la ciencia y de la técnica médica en atención a las circunstancias del caso. (Sentencias del Tribunal Supremo de 11 de mayo de 1999 y de 9 de diciembre de 1998, entre otras)

 

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Más información sobre Negligencias Médicas

 

 

Vicente J Saiz Marco Abogado de Incapacidades
Por Vicente J. Saiz Marco - Abogado

 

 

6. ¿CUALES SON LOS REQUISITOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACIÓN SANITARIA.

a) Existencia de una lesión o daño antijurídico que el paciente no tenga el deber de soportar.

b) El daño debe ser efectivo (nunca potencial o futuro), evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas.

c) Que el daño sea imputable a la Administración y se produzca como consecuencia del funcionamiento normal o anormal del servicio sanitario, en una relación de causa a efecto entre aquel funcionamiento y la lesión, sin que sea debida a casos de fuerza mayor.

d) Que la acción de responsabilidad patrimonial sea ejercitada dentro del plazo de un año desde que se produjo el daño o se manifestaron sus efectos lesivos.

 

7. EL CRITERIO DE LA LEX ARTIS

Ni los pacientes pueden pretender ni la Administración garantizar que la asistencia sanitaria vaya a tener siempre un resultado favorable. Es perfectamente posible, aún dentro de criterios de normalidad, que la prestación asistencial no concluya con la curación o mejoría deseadas por el enfermo.

Por ello, los tribunales vienen poniendo límites al carácter objetivo de la responsabilidad en el ámbito sanitario. Con ello se contribuye a frenar el incremento de las reclamaciones patrimoniales sanitarias, de modo que se concedan indemnizaciones sólo en aquellos casos en los que verdaderamente sea procedente y esté justificado.

La forma correcta de delimitar los supuestos de verdadera responsabilidad consiste en añadir un plus a la exigencia del daño y la relación de causalidad entre éste y la asistencia, de modo que no baste sólo con exigir la relación de causa-efecto, sino que se debe exigir que la prestación sanitaria se haya producido con infracción del criterio de la lex arti (reglas de la buena práctica clínica aplicadas al caso)

 

8. EL DAÑO ANTIJURIDICO

Si la actuación del servicio sanitario ha sido correcta o incorrecta permite determinar, en primer lugar y con alto grado de certeza, la relación de causalidad y, en segundo lugar, concluir si el perjuicio sufrido por el paciente es o no antijurídico.

El empleo por parte del servicio sanitario de una técnica correcta es un dato de gran relevancia, de modo que aun aceptando que las secuelas padecidas tuviesen causa en una intervención quirúrgica, si ésta se realizó correctamente y de acuerdo con el estado del saber, estamos ante una lesión que no constituye un daño antijurídico.

La antijuridicidad de la lesión no concurre cuando el daño no se hubiese podido prever o evitar según el estado del conocimiento de la ciencia o de la técnica existentes en el momento.

 

9. RELACION CAUSA EFECTO.

Resulta esencial para que se estime la responsabilidad patrimonial sanitaria la existencia de un nexo causal directo e inmediato entre la asistencia y la lesión.

Los tribunales vienen considerando que la Administración sanitaria no es responsable de cualquier resultado dañoso o lesivo que se origine durante el transcurso de la actividad de un servicio, sino sólo de aquellos que sean consecuencia del funcionamiento normal o anormal de dicho servicio.

 

Si considera que se han vulnerado sus derechos no dude en contactar con nosotros en el 91 530 96 95.

El derecho a la protección de la salud está reconocido en el artículo 43 de la Constitución y regulado por más normativa entre la que debemos destacar:

Ley General de Sanidad

Ley General de Salud pública

Ley Básica Reguladora de la Autonomía del paciente

Entre los derechos que asisten a los pacientes cabe destacar los siguientes:

  • Derecho a una atención sanitaria de calidad y gratuita

El artículo 43 de la Constitución española reconoce el derecho a la protección de la salud. Ello implica el derecho a recibir una atención sanitaria de calidad. Dicha protección ampara a todos los residentes en España.

 

  • Derecho a un tiempo de espera menor de seis meses

Los pacientes que estén en lista de espera, pendientes de intervenciones quirúrgicas, tienen derecho a que la operación se realice en un plazo no superior a seis meses cuando se trate de los siguientes supuestos:

    • Operaciones de corazón
    • Operaciones de cataratas
    • Implantes de prótesis de cadera o de rodilla

 

  • Derecho a negarse a recibir tratamiento médico

Para recibir un tratamiento médico es preciso el consentimiento informado. Es decir, después de recibir la información adecuada sobre el tratamiento que se va a aplicar y sobre las opciones clínicas disponibles, el paciente deberá decidir de forma libre, voluntaria y consciente si quiere someterse y qué tratamiento elige. Para ello, los médicos tienen que informarle de las consecuencias relevantes que suponga la intervención, las contraindicaciones del tratamiento, otras alternativas terapéuticas, al igual que los posibles riesgos. El paciente tendrá a su disposición el tiempo suficiente para reflexionar sobre su decisión, excepto en los casos de urgencia vital.

Por regla general, el consentimiento será verbal. En los casos de intervención quirúrgica, procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasores, y aquellos procedimientos que impliquen riesgos y previsibles consecuencias negativas para la salud del paciente, el consentimiento ha de ser manifestado por escrito.

El paciente tiene derecho a rechazar cualquier tratamiento, lo que no implica el rechazo a la posibilidad de otras terapias o cuidados.

  • Derecho a la información sanitaria

El paciente tiene derecho a conocer, con motivo de cualquier actuación en el ámbito de su salud, toda la información disponible sobre la misma.

El médico responsable del paciente es el que le asegura el cumplimiento de este derecho a la información, si bien, el resto de profesionales que atienden al paciente durante el proceso asistencial o le aplican una técnica o un procedimiento concreto también serán responsables de informarle.

Las personas vinculadas al paciente, familiares o de hecho, también serán informadas en la medida en la que el paciente lo autorice expresa o tácitamente.

El derecho a la información sanitaria puede verse limitado cuando el médico no informe al paciente. Dicha situación puede ser justificada ante la existencia de un estado de necesidad acreditada.

Por otro lado, la Ley reguladora de la autonomía del paciente también prevé el derecho del paciente a no ser informado. En todo caso, esta renuncia a la información deberá estar documentada, debiendo recabarse en cualquier caso el consentimiento previo de la intervención.

 

  • Derecho a la intimidad

Toda persona tiene derecho a que se preserve su dignidad, intimidad y confidencialidad de los datos referentes a su salud.

Nadie puede acceder a los datos sanitarios del paciente sin autorización previa acorde a la Ley.

Para acceder a los datos contenidos en la historia clínica del paciente, este puede solicitarla en su Centro de Salud, al igual que podrán hacerlo sus familiares en los supuestos previstos por la Ley. El siguiente enlace contiene la información necesaria para solicitar la historia clínica de un paciente: http://www.quieroabogado.es/negligencias-medicas/icomo-puede-solicitar-un-paciente-su-historia-clinica-icomo-pueden-solicitarla-sus-familiares

 

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Más información sobre Negligencias Médicas

 

 

Vicente J Saiz Marco Abogado de Incapacidades
Por Vicente J. Saiz Marco - Abogado

 

 

  • Derecho a una asistencia sanitaria en toda España

Todos los residentes en España tienen derecho a recibir atención sanitaria aunque no se encuentren en la Comunidad autónoma que habitualmente residen.

La ley prevé que los centros de salud de las comunidades autónomas deben atender a los pacientes que tengan urgencia médica, con independencia de su lugar de origen o residencia.

 

  • Derecho a una segunda opinión médica

La segunda opinión médica tiene la finalidad de contrastar un primer diagnóstico o propuesta terapéutica con otro profesional sanitario. Así cuando el paciente pide una segunda valoración, un facultativo experto estudia la historia clínica y emite un informe con su diagnóstico. En algunos casos, el segundo especialista solicita la práctica de nuevas pruebas con la finalidad de esclarecer su valoración.

Este informe se envía directamente al paciente o al autorizado por el paciente. Podrán solicitarla los pacientes que padezcan enfermedades graves de pronóstico fatal, incurable o que compromete gravemente su calidad de vida, o bien cuando el tratamiento propuesto conlleva un elevado riesgo vital.

Si considera que se han vulnerado sus derechos no dude en contactar con nosotros en el 91 530 96 95.

 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


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