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¿Cabe la indemnización por falta de información o consentimiento, aunque la actuación sanitaria hubiera sido correcta?

 

Una de las vertientes más actuales y controvertidas de la responsabilidad patrimonial sanitaria pretende dar respuesta al siguiente interrogante: ¿Cabe la indemnización por falta de información o consentimiento, aunque la actuación sanitaria hubiera sido correcta?

La idea de partida se recoge en el artículo 24 del Convenio de Oviedo, según el cual, la persona que haya sufrido un daño injustificado como resultado de una intervención tendrá derecho a una reparación equitativa en las condiciones y modalidades previstas en la ley.

Por su parte, la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Básica reguladora de la Autonomía del Paciente y de los Derechos y Obligaciones en materia de Información y Documentación Clínica, resulta clara al situar los deberes relativos a la información y documentación clínica al mismo nivel que el deber de prestar una asistencia sanitaria correcta cuando dispone que:

Todo profesional que interviene en la actividad asistencial está obligado no sólo a la correcta prestación de sus técnicas, sino al cumplimiento de los deberes de información y de documentación clínica, y al respeto de las decisiones adoptadas libre y voluntariamente por el paciente (art. 2.6)

 

La lectura de estos dos artículos nos lleva a las siguientes cuestiones:

1. ¿La ausencia de consentimiento informado da derecho a indemnización?

En caso afirmativo;

2. ¿En que debe consentir el resarcimiento?

Ya de entrada conviene señalar que no toda quiebra de las reglas reguladoras del consentimiento informado tiene que traducirse en un resarcimiento económico.

La STS de 27 de septiembre de 2001 señaló que la falta de información no es per se una causa de resarcimiento pecuniario (no da lugar a una indemnización si no hay un daño derivado, evitable).

Esta doctrina, no obstante, no es unánime y en la actualidad venimos encontrando sentencias de signo contrario que integran la exigencia de información dentro de las obligaciones profesionales que son exigibles a los médicos (lex artis). A esto ayuda la redacción del artículo 2.6 de la Ley 41/2002.

Para responder a estas cuestiones es preciso analizar separadamente una serie de supuestos:

 

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Vicente J Saiz Marco Abogado de Incapacidades
Por Vicente J. Saiz Marco - Abogado

 

 
A)Inexistencia de lesión física. La actuación médica es correcta y positiva para el paciente pero no se ha informado o la información ha sido defectuosa.

Desde un punto de vista teórico cabría sostener que la infracción de las reglas del CI podría dar lugar a responsabilidad patrimonial (por lesionar la autonomía de la persona, el respeto a su dignidad, valores morales o espirituales), si bien la experiencia demuestra que no es así.

El tribunal Supremo se ha pronunciado en numerosas ocasiones con referencia a la quiebra autónoma de la lex artis, por falta de consentimiento informado, si bien en todos los casos se había producido un daño físico.

En consecuencia, la falta de consentimiento informado no tiene relevancia a efectos de resarcimiento salvo que se asocie a una secuela o resultado gravoso relacionado con la actuación medica.

 

B)Actuación conforme a la lex artis, si bien se produce un daño típico y previsto.

La ausencia de CI supondría que se traslada la responsabilidad por el resultado dañoso del paciente –que no ha consentido, después de ser informado- al médico, lo que motiva que la lesión causada por un riesgo inherente a la intervención pasase de no ser antijurídica (riesgo que el paciente ha de soportar) a serlo, precisamente por no haber mediado esa información.

En esos casos la jurisprudencia contencioso – administrativa declara a efectos de resarcimiento el valor autónomo del CI como bien moral cuya infracción es de suyo resarcible.

Caso a caso habrá que ver en qué ha consistido esa infracción, si se trata de un supuesto de absoluta carencia de información y de consentimiento, o si lo omitido es la información sobre los riesgos previsibles, o la información sobre posibles alternativas.

 

C)Actuación conforme a la lex artis, si bien se produce un daño atípico o imprevisible o ha concurrido fuerza mayor.

La fuerza mayor rompe el nexo de causalidad entre la prestación del servicio y el resultado dañoso, pues la causa está fuera del servicio, luego no es imputable a la administración.

En estos casos la reparación ligada a la infracción de las reglas del CI se asemejaría al primero de los supuestos y se basaría en una objetivación máxima de la contemplación del valor jurídico de la autonomía del paciente y de su dignidad.

En efecto, se ha enmarcado la información que precede al consentimiento a una intervención bajo los estándares de razonabilidad y, por tanto, no cabe desde esa premisa exigir una información que abarque hipótesis no ligadas necesariamente al propio acto médico.

La STS, Sala Primera, de 21 de diciembre de 1998 declaró que debían quedar fuera del resarcimiento los casos de riesgos atípicos, imprevisibles o infrecuentes, pues aún con un estricto respeto a las reglas del CI, no se habría podido informar sobre todos los extremos.

D)Actuación contraria a la lex artis además de la falta de información o consentimiento.

Aquí concurren dos tipos de quiebra: la estrictamente médica o técnica, y la ligada al régimen del consentimiento informado.

En estos casos, la infracción de la lex artis ligada al CI sería a más, es decir, a los efectos de la indemnización, lo propio sería estar a la lesión física, de forma que el dato de la lesión de la autonomía de la persona y su dignidad actuaría como elemento de la cuantía de la indemnización.

 

CONCLUSIONES:

Solo puede dar lugar a responsabilidad de la Administración aquellos supuestos en los que el daño por el que se reclama no solo sea antijurídico, sino que, además, debe proceder de una actuación de la Administración y que esta sea contraria a la lex artis.

 
Si bien la responsabilidad patrimonial es objetiva o por el resultado, en materia sanitaria se hace necesario establecer algunos límites, tanto en relación al criterio puramente objetivista del nexo, como en relación al de la quiebra de la lex artis para considerar antijurídico el daño.

 

1. ¿QUE ES LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL SANITARIA?

Se denomina responsabilidad patrimonial de la Administración Sanitaria a la obligación de resarcir económicamente los daños y perjuicios sufridos por un paciente como consecuencia directa de la asistencia sanitaria recibida en un centro dependiente del Sistema Nacional de Salud (SNS).

 

2. ¿ DONDE VIENE RECOGIDO EL DERECHO A SER INDEMNIZADO?

Art. 106.2 de la Constitución española: “Los particulares, en los términos establecidos por la Ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos”.

Art. 139 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común desarrolla este planteamiento y dispone que: “Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos”

 

3. ¿A QUIEN DEBEMOS DIRIGIR LA RECLAMACIÓN?

La primera característica relevante de la responsabilidad patrimonial sanitaria es que se dirige frente a la Administración titular del servicio o centro donde se produce la asistencia, y no frente a los profesionales que la han prestado.

 

4. ¿ES NECESARIO PROBAR LA CULAPABILIDAD DE LA ACTUACIÓN?

Cuando la asistencia se desarrolla en el ámbito del SNS no es necesario demostrar la culpabilidad de la actuación, y basta con establecer una relación de causa-efecto entre la lesión producida y la actuación sanitaria para que los tribunales declaren el derecho a la indemnización.

Se trata de una responsabilidad objetiva, es decir, independiente de la existencia o no de culpa o negligencia por parte de quien presta la asistencia

Este planteamiento genérico, sin embargo, viene siendo matizado por los tribunales, que no olvidan, por lo general, que para que surja responsabilidad y por ende reparación, la lesión debe ser antijurídica, es decir que el perjudicado no tenga el deber jurídico de soportarla.

 

5. ¿CUANDO EL PERJUDICADO TIENE EL DEBER DE SOPORTAR EL DAÑO?

Cuando la actuación sanitaria ha sido correcta, es decir, conforme a los parámetros de la lex artis ad hoc (reglas de la buena práctica clínica aplicadas al caso), ya que por lo general se entiende que la actividad sanitaria no tiene porqué garantizar un resultado, sino un empleo correcto de la ciencia y de la técnica médica en atención a las circunstancias del caso. (Sentencias del Tribunal Supremo de 11 de mayo de 1999 y de 9 de diciembre de 1998, entre otras)

 

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Vicente J Saiz Marco Abogado de Incapacidades
Por Vicente J. Saiz Marco - Abogado

 

 

6. ¿CUALES SON LOS REQUISITOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACIÓN SANITARIA.

a) Existencia de una lesión o daño antijurídico que el paciente no tenga el deber de soportar.

b) El daño debe ser efectivo (nunca potencial o futuro), evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas.

c) Que el daño sea imputable a la Administración y se produzca como consecuencia del funcionamiento normal o anormal del servicio sanitario, en una relación de causa a efecto entre aquel funcionamiento y la lesión, sin que sea debida a casos de fuerza mayor.

d) Que la acción de responsabilidad patrimonial sea ejercitada dentro del plazo de un año desde que se produjo el daño o se manifestaron sus efectos lesivos.

 

7. EL CRITERIO DE LA LEX ARTIS

Ni los pacientes pueden pretender ni la Administración garantizar que la asistencia sanitaria vaya a tener siempre un resultado favorable. Es perfectamente posible, aún dentro de criterios de normalidad, que la prestación asistencial no concluya con la curación o mejoría deseadas por el enfermo.

Por ello, los tribunales vienen poniendo límites al carácter objetivo de la responsabilidad en el ámbito sanitario. Con ello se contribuye a frenar el incremento de las reclamaciones patrimoniales sanitarias, de modo que se concedan indemnizaciones sólo en aquellos casos en los que verdaderamente sea procedente y esté justificado.

La forma correcta de delimitar los supuestos de verdadera responsabilidad consiste en añadir un plus a la exigencia del daño y la relación de causalidad entre éste y la asistencia, de modo que no baste sólo con exigir la relación de causa-efecto, sino que se debe exigir que la prestación sanitaria se haya producido con infracción del criterio de la lex arti (reglas de la buena práctica clínica aplicadas al caso)

 

8. EL DAÑO ANTIJURIDICO

Si la actuación del servicio sanitario ha sido correcta o incorrecta permite determinar, en primer lugar y con alto grado de certeza, la relación de causalidad y, en segundo lugar, concluir si el perjuicio sufrido por el paciente es o no antijurídico.

El empleo por parte del servicio sanitario de una técnica correcta es un dato de gran relevancia, de modo que aun aceptando que las secuelas padecidas tuviesen causa en una intervención quirúrgica, si ésta se realizó correctamente y de acuerdo con el estado del saber, estamos ante una lesión que no constituye un daño antijurídico.

La antijuridicidad de la lesión no concurre cuando el daño no se hubiese podido prever o evitar según el estado del conocimiento de la ciencia o de la técnica existentes en el momento.

 

9. RELACION CAUSA EFECTO.

Resulta esencial para que se estime la responsabilidad patrimonial sanitaria la existencia de un nexo causal directo e inmediato entre la asistencia y la lesión.

Los tribunales vienen considerando que la Administración sanitaria no es responsable de cualquier resultado dañoso o lesivo que se origine durante el transcurso de la actividad de un servicio, sino sólo de aquellos que sean consecuencia del funcionamiento normal o anormal de dicho servicio.

 

Si considera que se han vulnerado sus derechos no dude en contactar con nosotros en el 91 530 96 95.


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