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Mostrando articulos por etiqueta: Responsabilidad patrimonial
Hasta ahora la Responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas estaba regulada en los artículos 139 a 146 de la Ley 30/92 y en el Reglamento de los procedimientos aprobado por R.D 429/93.

Con la entrada en vigor de las Leyes 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas y 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público quedarán modificados principios y régimen jurídico, así como las especialidades procedimentales. Con la consideración de “especialidades” las mismas adquieren rango legal tal y como lo indica la Exposición de motivos de la Ley 39/2015, “los procedimientos se ha integrado en el común”.

En cuanto a las especialidades:

El procedimiento de responsabilidad patrimonial se puede iniciar de oficio, por petición razonada de otros órganos o a instancia de parte de los particulares.
Cuando sea la Administración la que haya iniciado el procedimiento de oficio, debe hacerlo antes de que prescriba el derecho a la reclamación por parte del particular. El plazo sigue siendo el de 1 año, desde que se produjo el hecho o acto lesivo, o desde la curación o desde que las secuelas quedan determinadas en los casos de daños físicos o psíquicos.

El artículo 81 de la Ley 39/2015 regula lo referente a solicitud de informes y dictámenes, indicando los 3 tipos:
- Informe del Servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión indemnizable. Este informe debe emitirse en 10 días.
- El Dictamen del Consejo de Estado, u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma, cuando la indemnización sea superior a la cantidad que fije la norma. Se emitirá en el plazo de 2 meses.
- El Informe del Consejo General del Poder Judicial, cuando sean reclamaciones al Estado por el funcionamiento anormal de la Justicia. Será emitido en el plazo máximo de 2 meses.


En cuanto a la terminación convencional, deriva del artículo 86.5 de la Ley 39/2015 que establece que el acuerdo alcanzado entre las partes deberá fijar la cuantía y modo de indemnización, de conformidad a los criterios del art. 34 de la Ley 40/2015 previsto para su cálculo y abono.

 

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Vicente J Saiz Marco Abogado de Incapacidades
Por Vicente J. Saiz Marco - Abogado

 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 
 

 

Modelos de Vía Previa Administrativa en reclamación de responsabilidad patrimonial al Ayuntamiento por caída en el interior de una alcantarilla sin tapa de registro (Caso Real).

 

Recientemente se publicó en nuestra página un modelo de demanda contencioso administrativa en reclamación de responsabilidad patrimonial de la administración, por caída sufrida en el interior de una alcantarilla que carecía de tapa de registro.

 

Adjuntamos hoy unos modelos de vía previa administrativa en asunto idéntico, si bien referido a persona diferente.

 

Acompañamos dos modelos: el primero de ello es la reclamación inicial, en la que se exponen sin más los hechos, lugar, fecha, ubicación, y lesiones padecidas, y se solicita, sin llegar a cuantificarla, la indemnización por los daños y perjuicios sufridos. El segundo escrito se formula, en el mismo procedimiento, como consecuencia de un previo requerimiento por parte del Ayuntamiento para justificar determinados extremos, proponer medios de prueba y cuantificar ya la cantidad en la que se valora el daño y perjuicio sufrido. A la vista de la Resolución que pueda dictarse, y de su concreta motivación, se valorará, en defensa de los intereses de la reclamante, la viabilidad de un posterior procedimiento contencioso administrativo, ya que los modelos que adjuntamos se refieren a procedimientos actualmente pendientes de resolución en tal vía administrativa.

 

La presente vía previa se dirige contra el Ayuntamiento, ya que al igual que sucedía en el caso del modelo de demanda contencioso administrativa que adjuntamos hace breves fechas, se mantiene que la tapa de alcantarillado, es un elemento ubicado en la vía pública, por lo que la responsabilidad del mantenimiento y vigilancia de las vías públicas, correspondería con carácter principal al Ayuntamiento. La causa del siniestro también en este caso fue la inexistencia de tapa de la alcantarilla situada en la vía pública, y no su mal estado de conservación. Es el Ayuntamiento el responsable de que todos los elementos que se encuentren en los espacios municipales estén en las debidas condiciones, teniendo competencia en materia de mantenimiento y seguridad de las vías públicas urbanas.

 

Modelos Via Previa Administrativa en reclamación de responsabilidad patrimonial al Ayuntamiento:  

 

 Si no se visualiza el Documento, pulsar aqui.


¿Cabe la indemnización por falta de información o consentimiento, aunque la actuación sanitaria hubiera sido correcta?

 

Una de las vertientes más actuales y controvertidas de la responsabilidad patrimonial sanitaria pretende dar respuesta al siguiente interrogante: ¿Cabe la indemnización por falta de información o consentimiento, aunque la actuación sanitaria hubiera sido correcta?

La idea de partida se recoge en el artículo 24 del Convenio de Oviedo, según el cual, la persona que haya sufrido un daño injustificado como resultado de una intervención tendrá derecho a una reparación equitativa en las condiciones y modalidades previstas en la ley.

Por su parte, la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Básica reguladora de la Autonomía del Paciente y de los Derechos y Obligaciones en materia de Información y Documentación Clínica, resulta clara al situar los deberes relativos a la información y documentación clínica al mismo nivel que el deber de prestar una asistencia sanitaria correcta cuando dispone que:

Todo profesional que interviene en la actividad asistencial está obligado no sólo a la correcta prestación de sus técnicas, sino al cumplimiento de los deberes de información y de documentación clínica, y al respeto de las decisiones adoptadas libre y voluntariamente por el paciente (art. 2.6)

 

La lectura de estos dos artículos nos lleva a las siguientes cuestiones:

1. ¿La ausencia de consentimiento informado da derecho a indemnización?

En caso afirmativo;

2. ¿En que debe consentir el resarcimiento?

Ya de entrada conviene señalar que no toda quiebra de las reglas reguladoras del consentimiento informado tiene que traducirse en un resarcimiento económico.

La STS de 27 de septiembre de 2001 señaló que la falta de información no es per se una causa de resarcimiento pecuniario (no da lugar a una indemnización si no hay un daño derivado, evitable).

Esta doctrina, no obstante, no es unánime y en la actualidad venimos encontrando sentencias de signo contrario que integran la exigencia de información dentro de las obligaciones profesionales que son exigibles a los médicos (lex artis). A esto ayuda la redacción del artículo 2.6 de la Ley 41/2002.

Para responder a estas cuestiones es preciso analizar separadamente una serie de supuestos:

 

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Vicente J Saiz Marco Abogado de Incapacidades
Por Vicente J. Saiz Marco - Abogado

 

 
A)Inexistencia de lesión física. La actuación médica es correcta y positiva para el paciente pero no se ha informado o la información ha sido defectuosa.

Desde un punto de vista teórico cabría sostener que la infracción de las reglas del CI podría dar lugar a responsabilidad patrimonial (por lesionar la autonomía de la persona, el respeto a su dignidad, valores morales o espirituales), si bien la experiencia demuestra que no es así.

El tribunal Supremo se ha pronunciado en numerosas ocasiones con referencia a la quiebra autónoma de la lex artis, por falta de consentimiento informado, si bien en todos los casos se había producido un daño físico.

En consecuencia, la falta de consentimiento informado no tiene relevancia a efectos de resarcimiento salvo que se asocie a una secuela o resultado gravoso relacionado con la actuación medica.

 

B)Actuación conforme a la lex artis, si bien se produce un daño típico y previsto.

La ausencia de CI supondría que se traslada la responsabilidad por el resultado dañoso del paciente –que no ha consentido, después de ser informado- al médico, lo que motiva que la lesión causada por un riesgo inherente a la intervención pasase de no ser antijurídica (riesgo que el paciente ha de soportar) a serlo, precisamente por no haber mediado esa información.

En esos casos la jurisprudencia contencioso – administrativa declara a efectos de resarcimiento el valor autónomo del CI como bien moral cuya infracción es de suyo resarcible.

Caso a caso habrá que ver en qué ha consistido esa infracción, si se trata de un supuesto de absoluta carencia de información y de consentimiento, o si lo omitido es la información sobre los riesgos previsibles, o la información sobre posibles alternativas.

 

C)Actuación conforme a la lex artis, si bien se produce un daño atípico o imprevisible o ha concurrido fuerza mayor.

La fuerza mayor rompe el nexo de causalidad entre la prestación del servicio y el resultado dañoso, pues la causa está fuera del servicio, luego no es imputable a la administración.

En estos casos la reparación ligada a la infracción de las reglas del CI se asemejaría al primero de los supuestos y se basaría en una objetivación máxima de la contemplación del valor jurídico de la autonomía del paciente y de su dignidad.

En efecto, se ha enmarcado la información que precede al consentimiento a una intervención bajo los estándares de razonabilidad y, por tanto, no cabe desde esa premisa exigir una información que abarque hipótesis no ligadas necesariamente al propio acto médico.

La STS, Sala Primera, de 21 de diciembre de 1998 declaró que debían quedar fuera del resarcimiento los casos de riesgos atípicos, imprevisibles o infrecuentes, pues aún con un estricto respeto a las reglas del CI, no se habría podido informar sobre todos los extremos.

D)Actuación contraria a la lex artis además de la falta de información o consentimiento.

Aquí concurren dos tipos de quiebra: la estrictamente médica o técnica, y la ligada al régimen del consentimiento informado.

En estos casos, la infracción de la lex artis ligada al CI sería a más, es decir, a los efectos de la indemnización, lo propio sería estar a la lesión física, de forma que el dato de la lesión de la autonomía de la persona y su dignidad actuaría como elemento de la cuantía de la indemnización.

 

CONCLUSIONES:

Solo puede dar lugar a responsabilidad de la Administración aquellos supuestos en los que el daño por el que se reclama no solo sea antijurídico, sino que, además, debe proceder de una actuación de la Administración y que esta sea contraria a la lex artis.

 
Si bien la responsabilidad patrimonial es objetiva o por el resultado, en materia sanitaria se hace necesario establecer algunos límites, tanto en relación al criterio puramente objetivista del nexo, como en relación al de la quiebra de la lex artis para considerar antijurídico el daño.

La Responsabilidad patrimonial de la Administración Pública está contemplada en el artículo 106 de la Constitución Española de 1978 y desarrollada principalmente en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de Responsabilidad Patrimonial y demás normativa autonómica y local.

 

Estas normas regulan la obligación de reparar los daños y/o perjuicios causados a los particulares, por el funcionamiento normal o anormal de la Administración Pública, o por el del personal a su servicio.

 

Podemos definir dicha responsabilidad como la obligación de resarcir cualquier lesión que sufran los particulares tanto en sus bienes como en sus derechos por el funcionamiento de las Administraciones Públicas. Por tanto, en primer lugar, tiene que haber un daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado. Este daño o lesión tiene que haberse producido como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos, es decir, tiene que existir un nexo causal entre el funcionamiento de la Administración y el daño sufrido.

 

La Administración no estará obligada a resarcir:

*daños producidos por fuerza mayor

*daños que deriven de circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar

*daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar

*daños que sean resultado la actuación inadecuada del particular

*actos expropiatorios (tienen su propia regulación)

 

El sistema de responsabilidad patrimonial es:

  • Unitario: Rige para todas las Administraciones Públicas (Administración General del Estado, las administraciones autonómicas, las administraciones locales, organismos públicos, centros públicos, colegios profesionales, etc ).
  • General: Abarca toda la actividad administrativa, tanto cuando el daño haya sido causado por acción, como por omisión.
  • Responsabilidad directa: El ente público responderá del daño sin que sea necesario que se identifique o reclame de forma previa a la autoridad, funcionario o agente que con su conducta hubiera causado el daño.
  • Responsabilidad objetiva: con independencia de que haya mediado o no culpa o negligencia
  • Que el particular haya sufrido una lesión en sus bienes o derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de las Administraciones Públicas.

Además, la responsabilidad de las Administraciones públicas es de carácter extracontractual, es decir, los daños que hayan de ser resarcidos no son consecuencia del incumplimiento de un contrato celebrado con el perjudicado.

 

Los requisitos para exigir una indemnización a la Administración pública son:

  • Que el daño sea efectivo, evaluable económicamente e individualizado en relación a una persona o grupo de personas determinadas.
  • Que no exista el deber jurídico de soportar la lesión y que tenga como causa directa la actividad de la Administración.
  • Que el daño ocasionado sea probado por el perjudicado, es decir, la carga de la prueba reside en la figura del interesado.

 

Son constitutivos de indemnización tanto los daños materiales como los perjuicios personales, es decir, los perjuicios económicos materiales, las lesiones físicas o mentales, los daños morales, al igual que, las lesiones de los derechos de la personalidad (honor, intimidad, imagen, etc).

 

Las indemnizaciones puedes ser dinerarias o en especie. La indemnización puede materializarse en el pago de una cantidad única o pago de una cantidad periódica cuando resulte más adecuado para reparar el daño y para el interés público, previo acuerdo con el interesado. La compensación en especie se da cuando resulte más adecuada para reparar el daño y para el interés público, previo acuerdo con el interesado.

 

Supuestos en los que cabe reclamar responsabilidad a la Administración Pública:

  • Responsabilidad patrimonial derivada de un error médico o de una negligencia médica
  • Responsabilidad patrimonial por el funcionamiento de la Administración de Justicia
  • Responsabilidad patrimonial originada por accidentes ocurridos en edificios o vías públicas
  • Responsabilidad patrimonial derivada de la actuación del personal que está al servicio de las Administraciones Públicas

 

El plazo para reclamar es de 1año:

-          Desde que se produjo el hecho o acto que motive la indemnización o de manifestarse el efecto lesivo

-          Daños a las personas, desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas.

 

 

¿Qué trámites hay que realizar para efectuar una reclamación por responsabilidad patrimonial?

 

En primer lugar, se debe solicitar la indemnización a través de un procedimiento previo en vía administrativa dirigido a la Administración causante del daño. Si la Administración deniega la indemnización, o esta no se ajusta a lo solicitado o no resuelve la petición se puede acudir a la vía contencioso-administrativa.

 

En vía administrativa hay que presentar una solicitud que contenga:

-          Nombre y apellidos del interesado

-          Domicilio a efecto de notificaciones

-          Órgano al que se dirige

-          Lugar, fecha y firma

-          Hechos, razones y petición en que se concrete con claridad la solicitud

-         Daño alegado: efectivo, evaluable económicamente e individualizado en relación con una persona o grupo de personas

-          Relación causa – efecto entre el daño que se alega y una acción u omisión de la Administración

-          Cuantía de la indemnización solicitada

 

A dicha solicitud hay que acompañar la documentación que justifique y acredite lo alegado y proponer la prueba que se considere necesaria.

 

Una vez admitido a trámite el escrito de reclamación se abre el periodo probatorio consistente en un plazo de 30 días para practicar las pruebas declaradas pertinentes. Además, el órgano instructor solicitará informe al servicio cuyo funcionamiento haya sido objeto de reclamación.

 

Después tiene lugar el trámite de audiencia concediendo al interesado un plazo entre 10 y 15 días para solicitar copia de los documentos obrantes en el expediente y así poder formular alegaciones y aportar nuevos documentos.

 

En base a lo anterior el órgano consultivo emite dictamen que se pronuncia acerca de:

-          La existencia o no de la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión producida

-          Valoración del daño causado

-          Cuantía y modo de la indemnización

 

Si no hay acuerdo indemnizatorio entre la Administración y el interesado, el procedimiento termina con resolución:

-       Expresa: Deberá pronunciarse sobre la existencia o no de la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión producida, la valoración del daño causado y la indemnización.

-      Desestimación presunta: Transcurridos 6 meses desde que se formuló la solicitud, o el plazo que resulte de añadirles un periodo extraordinario de prueba, sin que haya recaído resolución expresa, podrá entenderse desestimada a efectos de recurrir contra el acto presunto desestimatorio ante el órgano judicial competente.

 

Finalizado el procedimiento administrativo de reclamación patrimonial, bien por resolución expresa o por desestimación presunta por silencio administrativo, se agota la vía administrativa, y cabe recurso contencioso – administrativo.

 

Somos especialistas en tramitación de procesos de responsabilidad patrimonial, no dude en contactar con nosotros.


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