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Mostrando articulos por etiqueta: Abogada Alexandra Roncero

Caso real: Sentencia absolutoria de un delito leve de amenazas e injurias en el ámbito familiar.

 

Adjuntamos reciente Sentencia absolutoria a favor de nuestro cliente denunciado por la presunta comisión de un delito leve de amenazas e injurias en el ámbito familiar del padre al hijo. 

  

 

Este tipo de procedimientos requieren expresamente la denuncia del perjudicado o bien de su representante legal. Así en el presente caso, se ha presentado denuncia por la madre de un menor, frente al padre del mismo, por presuntamente proferir amenazas e insultos hacia su hijo menor de edad.
 
 
Si  bien, en el acto del juicio no ha quedado acreditado que se produjeran dichos delitos por parte del padre del menor, entendiendo acertadamente el juzgador que ante la duda y ante  la falta de prueba que sostenga la acusación, debe dictarse una sentencia absolutoria a favor del denunciado-investigado, en virtud del principio de presunción de inocencia.
 
 
Para el caso de que se hubiera acreditado la comisión del delito de injurias en el ámbito familiar, veamos la pena prevista. Así, establece el art. 173.4 del Código Penal que "Quien cause injuria o vejación injusta de carácter leve, cuando el ofendido fuera una de las personas a las que se refiere el apartado 2 del artículo 173, será castigado con la pena de localización permanente de cinco a treinta días, siempre en domicilio diferente y alejado del de la víctima, o trabajos en beneficio de la comunidad de cinco a treinta días, o multa de uno a cuatro meses, esta última únicamente en los supuestos en los que concurran las circunstancias expresadas en el apartado 2 del artículo 84. Las injurias solamente serán perseguibles mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal."
 
 
Información sobre los nuevos delitos leves tras la reforma del Código Penal. Pinche aquí.
 
 
   
 Este proceso judicial ha sido defendido por la Letrada Alexandra Roncero Facal. 
 

Por Alexandra Roncero

 Abogada Penalista en Madrid

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91 530 96 95

   


 

Derecho Penal

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 Sentencia absolutoria por delito leve de amenazas e injurias en el ámbito familiar

 

 

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Os mostramos hoy un caso real defendido por el despacho, en el que se ha  obtenido el archivo del procedimiento penal iniciado contra un cliente, por la presunta comisión de un delito leve de ururpación de inmueble.

 

 

 
En el presente caso real, el titular de la vivienda era una entidad bancaria, la cual en el momento en que tuvo conocimiento de que el inmueble de su propiedad se encontraba habitado, sin haber otorgado título habilitante para ello, procedió a la presentación ante los Juzgado de Instrucción de Madrid de la correspondiente denuncia por si los hechos pudieran ser constitutivos de un presunto delito de usurpación de inmueble.
 
Como consecuencia de la presentación de la denuncia por parte del propietario, se citó a declarar a los ocupantes de la vivienda en calidad de imputados, habiendo comparecido ante el Juzgado de Instrucción con asistencia de abogado y prestado declaración sobre los hechos, con expreso reconocimiento de la ocupación de la vivienda careciendo de autorización del tiular.
 
Por parte del Juzgado competente se emplazó a los denunciados a que abandonaran en plazo de 1 mes el piso objeto de la denuncia, pues en caso contrario, se procedería a su lanzamiento. 
 
Examinemos a continuación que establece el artículo 245.2 del Código Penal; "el que ocupare, sin autorización debida, un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada, o se mantuviere en ellos contra la voluntad de su titular, será castigado con la pena de multa de tres a seis meses."
 
Por ello, las personas denunciadas podrían haber sido condenadas como autoras de un delito de usurpación de inmueble, del art. 245.2CP, a la pena de multa de tres a seis meses, con cuota diaria atendiendo a sus circunstancias económicas.
 
En este punto debemos destacar la importancia de la figura del abogado, y que en el presente caso fue de fundamental, en tanto que se logró negociar con la entidad bancaria la ampliación del plazo para el desalojo, y la sucesiva renuncia a la continuación del procedimiento penal, dictándose por el órgano judicial Auto de sobreseimiento y archivo de la causa.
 

Este proceso judicial ha sido defendido por la Letrada Alexandra Roncero Facal. 

 

 

Por Alexandra Roncero

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91 530 96 95

   


 

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 Auto de sobreseimiento y archivo dictado por el Juzgado de Instrucción de Madrid.

 

 

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Esquema de Procedimiento por Delitos Leves iniciados por Atestado Policial, con acceso a los artículos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que lo regulan 

 

 

  

 

 


 

LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL

(...)

LIBRO VI.- 

 

 


 

 

 


LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL

(...)

LIBRO VI.-  DEL PROCEDIMIENTO PARA EL JUICIO SOBRE DELITOS LEVES

 

 

 

Artículo 962

1. Cuando la Policía Judicial tenga noticia de un hecho que presente los caracteres de delito leve de lesiones o maltrato de obra, de hurto flagrante, de amenazas, de coacciones o de injurias, cuyo enjuiciamiento corresponda al Juzgado de Instrucción al que se debe entregar el atestado o a otro del mismo partido judicial, procederá de forma inmediata a citar ante el Juzgado de Guardia a los ofendidos y perjudicados, al denunciante, al denunciado y a los testigos que puedan dar razón de los hechos. Al hacer dicha citación se apercibirá a las personas citadas de las respectivas consecuencias de no comparecer ante el Juzgado de guardia. Asimismo, se les apercibirá de que podrá celebrarse el juicio de forma inmediata en el Juzgado de guardia, incluso aunque no comparezcan, y de que han de comparecer con los medios de prueba de que intenten valerse. Al denunciante y al ofendido o perjudicado se les informará de sus derechos en los términos previstos en los artículos 109, 110 y 967.

En el momento de la citación se les solicitará que designen, si disponen de ellos, una dirección de correo electrónico y un número de teléfono a los que serán remitidas las comunicaciones y notificaciones que deban realizarse. Si no los pudieran facilitar o lo solicitaren expresamente, las notificaciones les serán remitidas por correo ordinario al domicilio que designen.

2. A la persona denunciada se le informará sucintamente de los hechos en que consista la denuncia y del derecho que le asiste de comparecer asistido de abogado. Dicha información se practicará en todo caso por escrito.

3. En estos casos, la Policía Judicial hará entrega del atestado al Juzgado de guardia, en el que consten las diligencias y citaciones practicadas y, en su caso, la denuncia del ofendido.

4. Para la realización de las citaciones a que se refiere este artículo, la Policía Judicial fijará la hora de la comparecencia coordinadamente con el Juzgado de guardia. A estos efectos, el Consejo General del Poder Judicial, de acuerdo con lo establecido en el artículo 110 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, dictará los Reglamentos oportunos para la ordenación de los servicios de guardia de los Juzgados de Instrucción en relación con la práctica de estas citaciones, coordinadamente con la Policía Judicial.


5. En el supuesto de que la competencia para conocer corresponda al Juzgado de Violencia sobre la Mujer, la Policía Judicial habrá de realizar las citaciones a que se refiere este artículo ante dicho Juzgado en el día hábil más próximo. Para la realización de las citaciones antes referidas, la Policía Judicial fijará el día y la hora de la comparecencia coordinadamente con el Juzgado de Violencia sobre la Mujer.

A estos efectos el Consejo General del Poder Judicial, de acuerdo con lo establecido en el artículo 110 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, dictará los Reglamentos oportunos para asegurar esta coordinación.

 

 

 

Artículo 963

1. Recibido el atestado conforme a lo previsto en el artículo anterior, si el juez estima procedente la incoación del juicio, adoptará alguna de las siguientes resoluciones:

1.ª Acordará el sobreseimiento del procedimiento y el archivo de las diligencias cuando lo solicite el Ministerio Fiscal a la vista de las siguientes circunstancias:
a) El delito leve denunciado resulte de muy escasa gravedad a la vista de la naturaleza del hecho, sus circunstancias, y las personales del autor, y
b) no exista un interés público relevante en la persecución del hecho. En los delitos leves patrimoniales, se entenderá que no existe interés público relevante en su persecución cuando se hubiere procedido a la reparación del daño y no exista denuncia del perjudicado.
En este caso comunicará inmediatamente la suspensión del juicio a todos aquellos que hubieran sido citados conforme al apartado 1 del artículo anterior.

El sobreseimiento del procedimiento será notificado a los ofendidos por el delito.

2.ª Acordará la inmediata celebración del juicio en el caso de que hayan comparecido las personas citadas o de que, aun no habiendo comparecido alguna de ellas, el juzgado reputare innecesaria su presencia. Asimismo, para acordar la inmediata celebración del juicio, el Juzgado de guardia tendrá en cuenta si ha de resultar imposible la práctica de algún medio de prueba que se considere imprescindible.

2. Para acordar la celebración inmediata del juicio, será necesario que el asunto le corresponda al Juzgado de guardia en virtud de las normas de competencia y de reparto.

 

 

 

Artículo 964


1. En los supuestos no contemplados por el artículo 962, cuando la Policía Judicial tenga noticia de un hecho que presente los caracteres de algún delito leve, formará de manera inmediata el correspondiente atestado que remitirá sin dilación al Juzgado de guardia salvo para aquellos supuestos exceptuados en el artículo 284 de esta ley. Dicho atestado recogerá las diligencias practicadas, así como el ofrecimiento de acciones al ofendido o perjudicado, practicado conforme a los artículos 109, 110 y 967, y la designación, si disponen de ellos, de una dirección de correo electrónico y un número de teléfono a los que serán remitidas las comunicaciones y notificaciones que deban realizarse. Si no los pudieran facilitar o lo solicitaren expresamente, las notificaciones les serán remitidas por correo ordinario al domicilio que designen.

2. Recibido el atestado conforme a lo previsto en el párrafo anterior, y en todos aquellos casos en que el procedimiento se hubiere iniciado en virtud de denuncia presentada directamente por el ofendido ante el órgano judicial, el juez podrá adoptar alguna de las siguientes resoluciones:

a) Acordará el sobreseimiento del procedimiento y el archivo de las diligencias cuando resulte procedente conforme a lo dispuesto en el numeral 1.ª del apartado 1 del artículo anterior.
La resolución de sobreseimiento será notificada a los ofendidos por el delito.

b) Acordará celebrar de forma inmediata el juicio si, estando identificado el denunciado, fuere posible citar a todas las personas que deban ser convocadas para que comparezcan mientras dure el servicio de guardia y concurran el resto de requisitos exigidos por el artículo 963.

3. Las citaciones se harán al Ministerio Fiscal, salvo que el delito leve fuere perseguible sólo a instancia de parte, al querellante o denunciante, si lo hubiere, al denunciado y a los testigos y peritos que puedan dar razón de los hechos. Al practicar las citaciones, se apercibirá a las personas citadas de las respectivas consecuencias de no comparecer ante el Juzgado de guardia, se les informará que podrá celebrarse el juicio aunque no asistan, y se les indicará que han de comparecer con los medios de prueba de que intenten valerse. Asimismo, se practicarán con el denunciado las actuaciones señaladas en el apartado 2 del artículo 962.

 

 

 

Artículo 965

1. Si no fuere posible la celebración del juicio durante el servicio de guardia, se seguirán las reglas siguientes:


1.ª Si el juez estimare que la competencia para el enjuiciamiento corresponde al propio juzgado de instrucción y que no procede el sobreseimiento conforme a lo dispuesto en el numeral 1.ª del apartado 1 del artículo 963, el secretario judicial procederá en todo caso al señalamiento para la celebración del juicio y a las citaciones procedentes para el día hábil más próximo posible dentro de los predeterminados a tal fin, y en cualquier caso en un plazo no superior a siete días.
2.ª Si el juez estimare que la competencia para el enjuiciamiento corresponde a otro juzgado, el secretario judicial le remitirá lo actuado para que se proceda a realizar el señalamiento del juicio y las citaciones con arreglo a lo dispuesto en la regla anterior.
2. El Consejo General del Poder Judicial, de acuerdo con lo establecido en el artículo 110 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, dictará los reglamentos oportunos para la ordenación, coordinadamente con el Ministerio Fiscal, de los señalamientos de juicios de faltas.

 

 

 

Artículo 966

Las citaciones para la celebración del juicio previsto en el artículo anterior se harán al Ministerio Fiscal, al querellante o denunciante, si lo hubiere, al denunciado y a los testigos y peritos que puedan dar razón de los hechos.

A tal fin, se solicitará a cada uno de ellos en su primera comparecencia ante la Policía Judicial o el Juez de Instrucción que designen, si disponen de ellos, una dirección de correo electrónico y un número de teléfono a los que serán remitidas las comunicaciones y notificaciones que deban realizarse. Si no los pudieran facilitar o lo solicitaren expresamente, las notificaciones les serán remitidas por correo ordinario al domicilio que designen.

 

 

 

Artículo 967

1. En las citaciones que se efectúen al denunciante, al ofendido o perjudicado y al investigado para la celebración del juicio, se les informará de que pueden ser asistidos por abogado si lo desean y de que deberán acudir al juicio con los medios de prueba de que intenten valerse. A la citación del investigado se acompañará copia de la querella o de la denuncia que se haya presentado.


Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, para el enjuiciamiento de delitos leves que lleven aparejada pena de multa cuyo límite máximo sea de al menos seis meses, se aplicarán las reglas generales de defensa y representación.

2. Cuando los citados como partes, los testigos y los peritos no comparezcan ni aleguen justa causa para dejar de hacerlo, podrán ser sancionados con una multa de 200 a 2.000 euros.

 

 

 

Artículo 968


En el caso de que por motivo justo no pueda celebrarse el juicio oral en el día señalado o de que no pueda concluirse en un solo acto, el Secretario judicial señalará para su celebración o continuación el día más inmediato posible y, en todo caso, dentro de los siete siguientes, haciéndolo saber a los interesados.

 

 

 

Artículo 969

1. El juicio será público, dando principio por la lectura de la querella o de la denuncia, si las hubiere, siguiendo a esto el examen de los testigos convocados, y practicándose las demás pruebas que propongan el querellante, el denunciante y el Fiscal, si asistiere, siempre que el Juez las considere admisibles. La querella habrá de reunir los requisitos del artículo 277, salvo que no necesite firma de abogado ni de procurador. Seguidamente, se oirá al acusado, se examinarán los testigos que presente en su descargo y se practicarán las demás pruebas que ofrezca y fueren pertinentes, observándose las prescripciones de esta Ley en cuanto sean aplicables. Acto continuo expondrán de palabra las partes lo que crean conveniente en apoyo de sus respectivas pretensiones, hablando primero el Fiscal, si asistiere, después el querellante particular o el denunciante y, por último, el acusado.


2. El fiscal asistirá a los juicios por delito leve siempre que a ellos sea citado. Sin embargo, el Fiscal General del Estado impartirá instrucciones sobre los supuestos en los que, en atención al interés público, los fiscales podrían dejar de asistir al juicio y de emitir los informes a que se refieren los artículos 963.1 y 964.2, cuando la persecución del delito leve exija la denuncia del ofendido o perjudicado. En estos casos, la declaración del denunciante en el juicio afirmando los hechos denunciados tendrá valor de acusación, aunque no los califique ni señale pena.

 

 

 

Artículo 970

Si el denunciado reside fuera de la demarcación del Juzgado, no tendrá obligación de concurrir al acto del juicio, y podrá dirigir al Juez escrito alegando lo que estime conveniente en su defensa, así como apoderar a abogado o procurador que presente en aquel acto las alegaciones y las pruebas de descargo que tuviere.

 

 

 

Artículo 971

La ausencia injustificada del acusado no suspenderá la celebración ni la resolución del juicio, siempre que conste habérsele citado con las formalidades prescritas en esta Ley, a no ser que el Juez, de oficio o a instancia de parte, crea necesaria la declaración de aquél.

 

 

 

Artículo 972

En cuanto se refiere a la grabación de la vista y a su documentación, serán aplicables las disposiciones contenidas en el artículo 743.

 

 

 

Artículo 973

1. El Juez, en el acto de finalizar el juicio, y a no ser posible dentro de los tres días siguientes, dictará sentencia apreciando, según su conciencia, las pruebas practicadas, las razones expuestas por el Fiscal y por las demás partes o sus defensores y lo manifestado por los propios acusados, y siempre que haga uso del libre arbitrio que para la calificación de la falta o para la imposición de la pena le otorga el Código Penal, deberá expresar si ha tomado en consideración los elementos de juicio que el precepto aplicable de aquél obligue a tener en cuenta.


2. La sentencia se notificará a los ofendidos y perjudicados por el delito leve, aunque no se hayan mostrado parte en el procedimiento. En la notificación se harán constar los recursos procedentes contra la resolución comunicada, así como el plazo para su presentación y órgano judicial ante quien deba interponerse.

 

 

 

Artículo 974

1. La sentencia se llevará a efecto inmediatamente transcurrido el término fijado en el párrafo tercero del artículo 212, si no hubiere apelado ninguna de las partes y hubiere transcurrido, también, el plazo de impugnación para los ofendidos y perjudicados no comparecidos en el juicio.


2. Si en la sentencia se hubiere condenado al pago de la responsabilidad civil, sin fijar su importe en cantidad líquida, se estará a lo que dispone el artículo 984.

 

 

 

Artículo 975

Si las partes, conocido el fallo, expresan su decisión de no recurrir, el Juez, en el mismo acto, declarará la firmeza de la sentencia.

 

 

 

Artículo 976

1. La sentencia es apelable en el plazo de los cinco días siguientes al de su notificación. Durante este período se hallarán las actuaciones en secretaría a disposición de las partes.

2. El recurso se formalizará y tramitará conforme a lo dispuesto en los artículos 790 a 792.


3. La sentencia de apelación se notificará a los ofendidos y perjudicados por el delito leve, aunque no se hayan mostrado parte en el procedimiento.

 

 

 

Artículo 977

Contra la sentencia que se dicte en segunda instancia no habrá lugar a recurso alguno. El órgano que la hubiese dictado mandará devolver al Juez los autos originales, con certificación de la sentencia dictada, para que proceda a su ejecución.

Reciente Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social de Madrid por la que se estima la demanda presentada por el trabajor contra la sanción disciplinaria grave.

 

En el presente caso, el trabajador es personal laboral de la Comunidad de Madrid, no funcionario, al que le resulta de aplicación el Estatuto de los Trabajadores, el Estatuto Básico para el Empleado Público y el Convenio Colectivo para el personal laboral de la CCMM.

El empleador incoó expediente disciplinario contra el trabajador en virtud del Convenio Colectivo de la CCMM, al haber sido sancionado con anterioridad en sendas ocaciones. Se fundamenta la resolucion sancionadora en lo establecido en el artículo 71.2 del Convenio colectivo, que dice lo siguiente:  

71.2.b) Serán faltas graves: 9. La reiteración en la comisión de faltas leves, salvo las de puntualidad, inferiores a cinco faltas leves en un plazo de seis meses aunque sean de distinta naturaleza, dentro de un mismo trimestre y aunque hubieran sido sancionadas.

A la vista de dicho precepto y que el trabajador fue sancionado anteriormente en dos ocasiones por la comisión de faltas leves, siendo firmes dichas sanciones, se procedió a dictar resolución sancionadora por la que se SANCIONA COMO FALTA GRAVE LA REITERACIÓN COMETIDA POR DOS FALTAS LEVES ANTERIORES, IMPONIENDO LA SANCIÓN DE 15 DÍAS DE EMPLEO Y SUELDO.

Ante la presente resolución sancionadora, el trabajador presentó demanda ante los Juzgados de lo social de impugnación de la sanción disciplinaria, por considerar que se le estaban vulnerando sus derechos por la indebida aplicación del Convenio colectivo para el personal laboral de la Comunidad de Madrid, y con absoluto quebrantamiento de un Principio general del derecho que es el PRINCIPIO NON BIS IN IDEM, de aplicación más habitual en la jurisdicción penal, pero de rigurosa aplicación a la jurisdicción social y administrativa. Este principio aboga por la prohibición general de sancionar dos veces lo mismo, es decir, no se puede sancionar un hecho o infracción que ya haya sido sancionada con anterioridad, pues sería reiterar sanciones sobre los mismos hechos.

Así las cosas, se alegó la vulneración del principio non bis in idem, siendo estimada por el Juez, dejando sin efecto la sanción impuesta, en tanto que, efectivamente y como se expuso, en el presente caso, el elemento causante de la incoación y resoución del expediente sancionador fue el hecho de haber sido ya sancionado con anterioridad en dos ocasiones, con ausencia de una nueva acción antijurídica que supusiera la comisión de una nueva infracción de carácter leve pero que dados los antecedentes previos, puediera agravarse dicha infracción, constituyendo una grave y por lo tanto, pudiendo ser sancionada con mayor severidad.

 

 

Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social a favor del trabajador sancionado.  

 

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NOVEDAD - ENTRADA EN VIGOR EL 8 DE MAYO LA REFORMA DE LA LEY DE TRÁFICO, CIRCULACIÓN Y SEGURIDAD VIAL - ACCEDER >>>

COMPARATIVA DE LA LEY SOBRE TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE VEHICULOS A MOTOR Y SEGURIDAD VIAL, APROBADO POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 339/1990, DE 2 DE MARZO, CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA REFORMA CONTEMPLADA POR LA LEY 6/2014, DE 7 DE ABRIL, CONFORME AL ARTICULADO PRUBLICADO EN EL BOLENTÍN OFICIAL DEL ESTADO DE 8 DE ABRIL DE 2014.

 

Ley 6/2014, de 7 de abril, por la que se modifica el texto articulado de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos y Saguridad Vial, aprobado  por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo.

 

Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

TÍTULO PRELIMINAR. Objeto de la Ley y ámbito de aplicación

 

Artículo 1 Objeto de la Ley
Artículo 2 Ambito de aplicación
Artículo 3 Conceptos utilizados

TÍTULO PRIMERO. Del ejercicio y la coordinación de las competencias sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial

CAPÍTULO PRIMERO. Competencias

Artículo 4 Competencias de la Administración General del Estado
Artículo 5 Competencias del Ministerio del Interior. (Reformado).
Artículo 6 Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico
Artículo 7 Competencias de los Municipios. (Reformado).

CAPÍTULO II. Consejo Superior de Seguridad Vial. (Reformado).

Artículo 8 Objeto, funciones y composición. (Reformado).

TITULO II. Normas de comportamiento en la circulación

CAPÍTULO PRIMERO. Normas generales Artículo 9 Usuarios, conductores y titulares de vehículos

Artículo 9 bis Obligaciones del titular del vehículo y del conductor habitual
Artículo 10 Obras y actividades prohibidas. (Reformado).
Artículo 11 Normas generales de conductores. (Reformado).
Artículo 12 Bebidas alcohólicas, sustancias estupefacientes y similares. (Reformado).

CAPÍTULO II. De la circulación de vehículos

SECCIÓN 1. Lugar en la vía

Artículo 13 Sentido de la circulación
Artículo 14 Utilización de los carriles
Artículo 15 Utilización del arcén
Artículo 16 Supuestos especiales del sentido de circulación
Artículo 17 Refugios, isletas o dispositivos de guía
Artículo 18 Circulación en autopistas y autovías

SECCIÓN 2. Velocidad

Artículo 19 Límites de velocidad. (Reformado).
Artículo 20 Distancias y velocidad exigible

SECCIÓN 3. Prioridad de paso

Artículo 21 Normas generales de prioridad
Artículo 22 Tramos estrechos y de gran pendiente
Artículo 23 Conductores, peatones y animales
Artículo 24 Cesión de paso e intersecciones
Artículo 25 Vehículos en servicios de urgencia. (Reformado).

SECCIÓN 4. Incorporación a la circulación

Artículo 26 Incorporación de vehículos a la circulación
Artículo 27 Conducción de vehículos en tramo de incorporación

SECCIÓN 5. Cambios de dirección, de sentido y marcha atrás

Artículo 28 Cambios de vía, calzada y carril
Artículo 29 Cambios de sentido
Artículo 30 Prohibición de cambio de sentido
Artículo 31 Marcha hacia atrás

SECCIÓN 6. Adelantamiento

Artículo 32 Sentido del adelantamiento
Artículo 33 Normas generales del adelantamiento
Artículo 34 Ejecución del adelantamiento. (Reformado).
Artículo 35 Vehículo adelantado
Artículo 36 Prohibiciones de adelantamiento
Artículo 37 Supuestos especiales de adelantamiento

SECCIÓN 7. Parada y estacionamiento

Artículo 38 Normas generales de paradas y estacionamientos. (Reformado).
Artículo 39 Prohibiciones de paradas y estacionamientos

SECCIÓN 8. Cruce de pasos a nivel y puentes levadizos

Artículo 40 Normas generales sobre pasos a nivel y puentes levadizos
Artículo 41 Bloqueo de pasos a nivel y puentes levadizos

SECCIÓN 9. Utilización del alumbrado

Artículo 42 Uso obligatorio de alumbrado
Artículo 43 Supuestos especiales de alumbrado

SECCIÓN 10. Advertencias de los conductores

Artículo 44 Advertencias de los conductores

CAPÍTULO III. Otras normas de circulación

Artículo 45 Puertas
Artículo 46 Apagado de motor
Artículo 47 Cinturón, casco y restantes elementos de seguridad. (Reformado).
Artículo 48 Tiempo de descanso y conducción
Artículo 49 Peatones
Artículo 50 Animales
Artículo 51 Auxilio. (Reformado).
Artículo 52 Publicidad

TÍTULO III. De la señalización

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 53 Normas generales sobre señales
Artículo 54 Prioridad entre señales
Artículo 55 Formato de las señales
Artículo 56 Idioma de las señales
Artículo 57 Mantenimiento de señales y señales circunstanciales
Artículo 58 Retirada, sustitución y alteración de señales

TÍTULO IV. De las autorizaciones administrativas

CAPÍTULO PRIMERO. De las autorizaciones en general

Artículo 59 Normas generales sobre autorizaciones administrativas
Artículo 59 bis Domicilio y Dirección Electrónica Vial (DEV) de los titulares de una autorización administrativa

CAPÍTULO II. De las autorizaciones para conducir

Artículo 60 Permisos y licencias de conducción

CAPÍTULO III. De las autorizaciones relativas a los vehículos

Artículo 61 Permisos de circulación y documentación de los vehículos
Artículo 62 Matrículas. (Reformado).

CAPÍTULO IV. Nulidad. Lesividad y pérdida de vigencia

Artículo 63 Declaración de nulidad o lesividad y pérdida de vigencia
Artículo 64 Suspensión cautelar

TÍTULO V. Régimen sancionador

CAPÍTULO PRIMERO. Infracciones y sanciones

Artículo 65 Cuadro general de infracciones. (Reformado).
Artículo 66 Infracciones en materia de publicidad
Artículo 67 Sanciones. (Reformado).
Artículo 68 Graduación de las sanciones

CAPÍTULO II. De la responsabilidad

Artículo 69 Personas responsables

CAPÍTULO III. Procedimiento sancionador

Artículo 70 Garantía de procedimiento
Artículo 71 Competencias
Artículo 72 Actuaciones administrativas y jurisdiccionales penales
Artículo 73 Incoación
Artículo 74 Denuncias
Artículo 75 Valor probatorio de las denuncias de los Agentes de la Autoridad
Artículo 76 Notificación de la denuncia. (Reformado).
Artículo 77 Práctica de la notificación de las denuncias
Artículo 78 Notificaciones en el Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico (TESTRA). (Reformado).
Artículo 79 Clases de procedimientos sancionadores. (Reformado).
Artículo 80 Procedimiento sancionador abreviado. (Reformado).
Artículo 81 Procedimiento sancionador ordinario. (Reformado).
Artículo 82 Recursos en el procedimiento sancionador ordinario

CAPÍTULO IV. De las medidas provisionales y de otras medidas

Artículo 83 Medidas provisionales
Artículo 84 Inmovilización del vehículo. (Reformado).
Artículo 85 Retirada y depósito del vehículo. (Reformado).
Artículo 86 Tratamiento residual del vehículo
Artículo 87 Limitaciones de disposición en las autorizaciones administrativas

CAPÍTULO V. Ejecución de las sanciones

Artículo 88 Ejecución de las sanciones
Artículo 89 Ejecución de la sanción de suspensión de las autorizaciones
Artículo 90 Cobro de multas
Artículo 91 Responsables subsidiarios del pago de multas

CAPÍTULO VI. De la prescripción, caducidad y cancelación de antecedentes

Artículo 92 Prescripción y caducidad
Artículo 93 Anotación y cancelación

TÍTULO VI. Del Registro Estatal de Víctimas y Accidentes de Tráfico. (Reformado).

Artículo 94 El Registro Estatal de Víctimas de Accidentes de Tráfico. (Reformado).
Artículo 95 Finalidad del Registro. (Reformado).
Artículo 96 Comunicación y acceso a los datos del Registro
 
DISPOSICIONES ADICIONALES
  • Disposición adicional primera Pérdida de puntos en los permisos y licencias de conducción
  • Disposición adicional segunda Garantía de la antigüedad de permisos y licencias de conducción
  • Disposición adicional tercera Conductores profesionales
  • Disposición adicional cuarta Permisos y licencias de conducción en las Comunidades Autónomas con lengua cooficial
  • Disposición adicional quinta Comunidades Autónomas con competencias ejecutivas transferidas en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor
  • Disposición adicional sexta Acceso al Registro de conductores e infractores para conocer el saldo de puntos
  • Disposición adicional séptima Condiciones básicas y de accesibilidad para las personas con discapacidad
  • Disposición adicional octava Cursos para conductores profesionales
  • Disposición adicional novena Responsabilidad en accidentes de tráfico por atropellos de especies cinegéticas. (Reformado).
  • Disposición adicional décima Seguimiento de la aplicación de la Ley
  • Disposición adicional undécima Dotación de medios humanos necesarios para la aplicación de la Ley
  • Disposición adicional duodécima Formato del permiso o licencia de conducir
  • Disposición adicional decimotercera Obtención del permiso o licencia de conducción cuando su titular haya sido condenado por sentencia penal con la privación del derecho a conducir
  • Disposición adicional decimocuarta Documentación correspondiente a otras Administraciones Públicas
  • Disposición adicional decimoquinta El Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico (TESTRA)
  • Disposición adicional decimosexta Cambios en la limitación de velocidad
  • Disposición adicional decimoséptima Marchas cicloturistas
  • (Se añade Disposición adicional decimoctava).
  • (Se añade Disposición adicional decimonovena).
 
 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
  • Disposición transitoria. (Reformado).
 
DISPOSICIONES DEROGATORIAS
  • Disposición derogatoria
 
DISPOSICIONES FINALES
  • Disposición final primera Habilitación normativa
  • Disposición final segunda Actualización de las cuantías de las sanciones de multa
  • (Se añade Disposición final tercera).
 
ANEXO I
ANEXO II . Infracciones que llevan aparejada la pérdida de puntos. (Reformado).
ANEXO III . De los cursos de sensibilización y reeducación vial
ANEXO IV .Cuadro de sanciones y puntos por exceso de velocidad

 

La Ley 18/1989, de 25 de julio, de Bases sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, autoriza al Gobierno para que, con sujeción a los principios y criterios que resultan de dichas bases, apruebe, en el plazo de un año, un texto articulado, como instrumento normativo idóneo que permite revestir de rango legal las disposiciones en materia de circulación de vehículos, caracterizados al mismo tiempo por su importancia desde el punto de vista de los derechos individuales y por su complejidad técnica.

En efecto, el fenómeno del tráfico de vehículos a motor se ha generalizado y extendido de tal manera que puede afirmarse que forma parte de la vida cotidiana y que se ha transformado en una de las expresiones más genuinas del ejercicio de la libertad de circulación. Pero, al efectuarse de forma masiva y simultánea, lleva consigo una serie de problemas que es necesario regular para que aquel ejercicio no lesione intereses individuales o colectivos que deben ser objeto de protección pública.

Las innegables secuelas negativas del tráfico tienen su máximo exponente en los accidentes de circulación, que representan un alto coste para la sociedad y vienen a acentuar la obligada intervención de los poderes públicos en el mantenimiento de la seguridad de la circulación vial, como corolario inexcusable de la competencia exclusiva que otorga al Estado, en materia de tráfico y de circulación de vehículos a motor, el artículo 149.1.21 de la Constitución.

En su virtud, de conformidad con la autorización prevista en el artículo único de la Ley de Bases 18/1989, a propuesta del Ministro del Interior, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 2 de marzo de 1990, dispongo:

Artículo único

Se aprueba el adjunto texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, de acuerdo con los principios y criterios contenidos en la Ley de Bases 18/1989, de 25 de julio.

 

MODIFICACIONES: 

 

Texto Anterior oooooo Redacción de la Ley 6/2014

Rúbrica del capítulo II del Título I.

«Consejo Superior de Seguridad Vial»

 

 

 Capítulo II del Título I.

«Consejo Superior de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible

 

Texto Anterior oooooo Redacción de la Ley 6/2014
Artículo 5, párrafo n)

Cerrar a la circulación, con carácter excepcional, carreteras o tramos de ellas, por razones de seguridad o fluidez del tráfico, en la forma que se determine reglamentariamente.

 

«Artículo 5, párrafo n)

Cerrar a la circulación carreteras o tramos de ellas por razones de seguridad o fluidez del tráfico o restringir en ellas el acceso de determinados vehículos por motivos medioambientales, en la forma que se determine reglamentariamente.»

 

 

Texto Anterior oooooo Redacción de la Ley 6/2014
Artículo 7, párrafo c)

La inmovilización de los vehículos en vías urbanas cuando no se hallen provistos de título que habilite el estacionamiento en zonas limitadas en tiempo o excedan de la autorización concedida hasta que se logre la identificación de su conductor.

La retirada de los vehículos de las vías urbanas y el posterior depósito de aquéllos cuando obstaculicen o dificulten la circulación o supongan un peligro para ésta o se encuentren incorrectamente aparcados en las zonas de estacionamiento restringido, en las condiciones previstas para la inmovilización en este mismo artículo.

Igualmente, la retirada de vehículos en las vías interurbana y el posterior depósito de éstos, en los casos y condiciones que reglamentariamente se determinen.

 

 

«Artículo 7, párrafo c)

La inmovilización de los vehículos en vías urbanas cuando no se hallen provistos de título que habilite el estacionamiento en zonas limitadas en tiempo o excedan de la autorización concedida hasta que se logre la identificación de su conductor.

La retirada de los vehículos de las vías urbanas y el posterior depósito de aquéllos cuando obstaculicen o dificulten la circulación o supongan un peligro para ésta o se encuentren incorrectamente aparcados en las zonas de estacionamiento restringido, en las condiciones previstas para la inmovilización en este mismo artículo. Las bicicletas solo podrán ser retiradas y llevadas al correspondiente depósito si están abandonadas o si, estando amarradas, dificultan la circulación de vehículos o personas o dañan el mobiliario urbano.

Igualmente, la retirada de vehículos en las vías interurbanas y el posterior depósito de éstos, en los casos y condiciones que reglamentariamente se determinen

 

Texto Anterior oooooo Redacción de la Ley 6/2014
 Se añade el párrafo g) al Artículo 7.  

«La restricción de la circulación a determinados vehículos en vías urbanas por motivos medioambientales.»

  

Texto Anterior oooooo Redacción de la Ley 6/2014
Artículo 8. Objeto, funciones y composición.

1. Se constituye el Consejo Superior de Seguridad Vial como el órgano de consulta y participación para el desarrollo y ejecución de la política de seguridad vial.

2. Para la mejor consecución de sus fines, el Consejo estará integrado por representantes de la Administración General del Estado, de las Comunidades y Ciudades Autónomas, de las Administraciones Locales y de las entidades, fundaciones, asociaciones de víctimas, sector social de la discapacidad y
organizaciones profesionales, económicas y sociales de ámbito estatal más representativas directamente vinculadas con la seguridad vial.

3. El Consejo Superior de Seguridad Vial ejercerá las siguientes funciones:

a) Informar los planes nacionales estratégicos y de actuación en materia de seguridad vial.

b) Conocer del seguimiento y evaluaciones de las acciones en materia de seguridad vial puestas en marcha.

c) Proponer al Gobierno medidas y actuaciones en materia de seguridad vial.d) Conocer e informar sobre la evolución de la siniestralidad vial en España.

e) Informar o proponer, en su caso, los proyectos de carácter general que afectan a la seguridad vial.

f) Coordinar e impulsar, mediante las correspondientes propuestas, la actuación de los distintos organismos, entidades y asociaciones que desarrollen actividades relacionadas con la seguridad vial.

g) Promover la concertación y el intercambio de experiencias entre los diferentes miembros del Pleno.

4. La presidencia del Consejo corresponde al Ministro del Interior y la
secretaría al Observatorio Nacional de Seguridad Vial.

5. El Consejo Superior de Seguridad Vial se estructura en los siguientes órganos: el Pleno, la Comisión Permanente, la Comisión Autonómica, la Comisión Local de Seguridad Vial y los grupos de trabajo.

6. Su composición, régimen jurídico, orgánico y funcional se determinarán reglamentariamente. A estos efectos, podrán crearse Consejos Territoriales de Seguridad Vial.

7. Las Comunidades Autónomas con competencias ejecutivas en materia de tráfico y seguridad vial podrán establecer sus propios Consejos Autonómicos de Seguridad Vial.

   «Artículo 8. Composición y competencias.

1. El Consejo Superior de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible es el órgano de consulta y participación para el impulso y mejora de la seguridad del tráfico vial y para promover la concertación de las distintas administraciones públicas y entidades que desarrollan actividades relacionadas con la seguridad vial, sin
perjuicio de las competencias de los órganos de las Comunidades Autónomas que tengan transferidas competencias ejecutivas en materia de seguridad vial.

 

La Presidencia del Consejo corresponde al Ministro del Interior y en él están representados la Administración del Estado, las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, las administraciones locales, así como las fundaciones, las asociaciones de víctimas, el sector social de la discapacidad, las asociaciones de prevención de accidentes de tráfico y de fomento de la seguridad vial y los centros de investigación y organizaciones profesionales, económicas y sociales más representativas directamente relacionadas con el tráfico, la seguridad vial y la movilidad sostenible.

 

2. El Consejo Superior de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible ejercerá las siguientes funciones:

a) Informar y, en su caso, proponer planes de actuación conjunta en materia de seguridad vial o movilidad sostenible para dar cumplimiento a las directrices del Gobierno o para someterlos a su aprobación. Dichas propuestas, que no serán vinculantes, deberán considerar en particular la viabilidad técnica y financiera de las
medidas que incluyan.

b) Asesorar a los órganos superiores y directivos del Ministerio del Interior en esta materia.»

c) Informar los convenios o tratados internacionales sobre seguridad vial o movilidad sostenible antes de la prestación del consentimiento del Estado en obligarse por ellos.

d) Informar o proponer, en su caso, los proyectos de disposiciones generales que afecten al tráfico y la seguridad vial o movilidad sostenible.

e) Informar sobre la publicidad de los vehículos a motor.

f) Impulsar, mediante las correspondientes propuestas, la actuación de los distintos organismos, entidades y asociaciones que desarrollen actividades en esta materia.

g) Conocer e informar sobre la evolución de la siniestralidad vial en España.


3. El Consejo funciona en Pleno, en Comisión Permanente, en Comisiones y Grupos de Trabajo.

4. En las Comunidades Autónomas que no tengan asumidas las competencias de tráfico y seguridad vial, y en las ciudades de Ceuta y Melilla existe una Comisión del Consejo. Asimismo, funciona una Comisión del Consejo para el estudio del tráfico, la seguridad vial y la movilidad sostenible en las vías urbanas.

Las Comunidades Autónomas con competencias ejecutivas en materia de tráfico y seguridad vial podrán establecer sus propios Consejos Autonómicos de Tráfico y Seguridad Vial.

5. La composición, organización y funcionamiento del Consejo se determinarán reglamentariamente. A estos efectos, podrán crearse Consejos Territoriales de Seguridad Vial. En todo caso, deberá haber un equilibrio entre los colectivos representados y entre los distintos sectores que representan. 

 

 

Texto Anterior oooooo Redacción de la Ley 6/2014
 Se añade el  Artículo 8 bis.  

«Artículo 8 bis. Conferencia Sectorial de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible.

1. Se crea la Conferencia Sectorial de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible como órgano de cooperación entre la Administración General del Estado y las administraciones de las Comunidades Autónomas que hayan asumido, a través de sus Estatutos de Autonomía, competencias para la protección de personas y bienes y el mantenimiento del orden público y que hayan recibido el traspaso de funciones y servicios en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor. La conferencia sectorial desarrollará una actuación coordinada en esta materia, con atención a los principios de lealtad institucional y respeto recíproco en el ejercicio de las competencias atribuidas a dichas administraciones.


2. La conferencia sectorial aprobará su reglamento interno, que regulará su organización y funcionamiento

 

 

Texto Anterior oooooo Redacción de la Ley 6/2014
 Se añade el párrafo segundo al apartado 1 del Artículo 10 y el actual párrafo segundo pasa a ordenarse como párrafo tercero.  

«Asimismo, la realización de obras en las vías deberá ser comunicada con anterioridad a su inicio al organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico o, en su caso, a la autoridad autonómica o local responsable de la gestión y regulación del tráfico que, sin perjuicio de las facultades del órgano competente para la ejecución
de las obras, dictará las instrucciones que resulten procedentes en relación a la regulación, gestión y control del tráfico, teniendo en cuenta el calendario de restricciones a la circulación y las que se deriven de otras autorizaciones a la misma

  

 

Texto Anterior oooooo Redacción de la Ley 6/2014
 Se añade un último párrafo al apartado 3 del Artículo 11 y se modifican el último párrafo de su apartado 4 y su apartado 6.  

«Artículo 11.3, último párrafo: Reglamentariamente se podrán establecer otras excepciones a las prohibiciones previstas en los párrafos anteriores

Art.11.4.último párrafo: Por razones de seguridad vial, se podrá prohibir la ocupación de los asientos delanteros o traseros del vehículo por los menores en función de su edad o talla, en los términos que se establezcan reglamentariamente.

Art.11.6: Se prohíbe instalar o llevar en los vehículos inhibidores de radares o cinemómetros o cualesquiera otros instrumentos encaminados a eludir o a interferir en el correcto funcionamiento de los sistemas de vigilancia del tráfico, así como emitir o hacer señales con dicha finalidad. Asimismo, se prohíbe utilizar mecanismos de detección de radares o cinemómetros.

Quedan excluidos de esta prohibición los mecanismos de aviso que informan de la posición de los sistema de vigilancia del tráfico.»

Texto Anterior oooooo Redacción de la Ley 6/2014
Artículo 12. Bebidas alcohólicas, sustancias estupefacientes y similares.

1. No podrá circular por la vías objeto de esta Ley, el conductor de vehículos o bicicletas con tasas superiores a las que reglamentariamente se establezcan de bebidas alcohólicas, estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes y otras sustancias análogas.

2. Todos los conductores de vehículos y bicicletas quedan obligados a
someterse a las pruebas que se establezcan para la detección de las posibles intoxicaciones por alcohol. Igualmente quedan obligados los demás usuarios de la vía cuando se hallen implicados en algún accidente de circulación.

Dichas pruebas que se establecerán reglamentariamente y consistirán normalmente en la verificación del aire espirado mediante alcoholímetros autorizados, se practicarán por los agentes encargados de la vigilancia del tráfico. A petición del interesado o por orden de la Autoridad judicial se podrán repetir las pruebas a efectos de contraste, pudiendo consistir en análisis de sangre, orina u otros análogos.

El personal sanitario vendrá obligado, en todo caso, a dar cuenta del
resultado de las pruebas que realicen a la Autoridad judicial, a los órganos periféricos de la Jefatura Central de Tráfico y, cuando proceda, a las autoridades municipales competentes.

3. Reglamentariamente podrán establecerse pruebas para la detección de las demás sustancias a que se refiere el apartado primero del presente artículo, siendo obligatorio el sometimiento a las mismas de las personas a que se refiere el apartado anterior.

  «Artículo 12. Bebidas alcohólicas y drogas

1. No podrá circular por las vías objeto de esta ley el conductor de cualquier vehículo con tasas de alcohol superiores a las que reglamentariamente se establezcan.

Tampoco podrá circular por las vías objeto de esta ley el conductor de cualquier vehículo con presencia de drogas en el organismo, de las que quedarán excluidas aquellas substancias que se utilicen bajo prescripción facultativa y con una finalidad terapéutica, siempre que se esté en condiciones de utilizar el vehículo conforme a la
obligación de diligencia, precaución y no distracción establecida en el artículo 9.

2. Todos los conductores de vehículos quedan obligados a someterse a las pruebas para la detección de alcohol o de la presencia de drogas en el organismo, que se practicarán por los agentes encargados de la vigilancia del tráfico. Igualmente, quedan obligados los demás usuarios de la vía cuando se hallen implicados en un
accidente de tráfico o hayan cometido una infracción conforme a lo tipificado en esta Ley.

3. Las pruebas para la detección de alcohol consistirán en la verificación del aire espirado mediante dispositivos autorizados y, para la detección de la presencia de drogas en el organismo, en una prueba salival mediante un dispositivo autorizado y en un posterior análisis de una muestra salival en cantidad suficiente.

 

No obstante, cuando existan razones justificadas que impidan realizar estas pruebas, se podrá ordenar el reconocimiento médico del sujeto o la realización de los análisis clínicos que los facultativos del centro sanitario al que sea trasladado estimen más adecuados.


4. El procedimiento, las condiciones y los términos en que se realizarán las pruebas para la detección de alcohol o de drogas se establecerán reglamentariamente.


5. A efectos de contraste, a petición del interesado, se podrán repetir las pruebas para la detección de alcohol o de drogas, que consistirán preferentemente en análisis de sangre, salvo causas excepcionales debidamente justificadas. Cuando la prueba de contraste arroje un resultado positivo será abonada por el interesado.

El personal sanitario vendrá obligado, en todo caso, a dar cuenta del resultado de estas pruebas al Jefe de Tráfico de la provincia donde se haya cometido el hecho o, cuando proceda, a los órganos competentes para sancionar en las Comunidades Autónomas que tengan transferidas las competencias ejecutivas en materia de
tráfico y circulación de vehículos a motor, o a las autoridades municipales competentes.»

 

Texto Anterior oooooo Redacción de la Ley 6/2014

Artículo 19, apartados 2 y 5.

Artículo 19.2: La velocidad máxima y mínima autorizadas para la circulación de vehículos a motor se fijará reglamentariamente, con carácter general, para los conductores, los vehículos y las vías objeto de esta Ley, de acuerdo con sus propias características. Los lugares con prohibiciones u obligaciones específicas de velocidad serán señalizados con carácter permanente, o temporal en su caso. En defecto de señalización específica, se cumplirá la genérica establecida para cada vía.

Artículo 19.5: Se podrá circular por debajo de los límites mínimos de velocidad en los casos de transportes y vehículos especiales, o cuando las circunstancias de tráfico impidan el mantenimiento de una velocidad superior a la mínima sin riesgo para la circulación, así como en los supuestos de protección o acompañamiento a otros vehículos, en las condiciones que reglamentariamente se establezcan.

 

 

   

Artículo 19.2: Las velocidades máximas y mínimas autorizadas para la circulación de vehículos serán las fijadas de acuerdo con las condiciones que reglamentariamente se determinen, con carácter general, para los conductores, los vehículos y las vías objeto de esta ley, en función de sus propias características. Los lugares con
prohibiciones u obligaciones específicas de velocidad serán señalizados con carácter permanente, o temporal en su caso. En defecto de señalización específica, se cumplirá la genérica establecida para cada vía.

Artículo 19.5: Se podrá circular por debajo de los límites mínimos de velocidad en los casos de los ciclos, vehículos de tracción animal, transportes y vehículos especiales, o cuando las circunstancias de tráfico impidan el mantenimiento de una velocidad superior a la mínima sin riesgo para la circulación, así como en los supuestos de protección o acompañamiento a otros vehículos, en las condiciones que reglamentariamente se establezcan.»

  

Texto Anterior oooooo Redacción de la Ley 6/2014
Artículo 25. 

Tendrán prioridad de paso sobre los demás vehículos y otros usuarios de la vía los vehículos de servicio de urgencia públicos o privados, cuando se hallen en servicio de tal carácter. Podrán circular por encima de los límites de velocidad establecidos y estarán exentos de cumplir otras normas o señales, en los casos y con las condiciones que reglamentariamente se determinen.

 

  «Artículo 25.

Tendrán prioridad de paso sobre los demás vehículos y otros usuarios de la vía los vehículos de servicio de urgencia públicos o privados, cuando se hallen en servicio de tal carácter, así como los equipos de mantenimiento de las instalaciones y de la infraestructura de la vía y los vehículos que acudan a realizar un servicio de auxilio en carretera. Podrán circular por encima de los límites de velocidad establecidos y estarán exentos de cumplir otras normas o señales, en los casos y con las condiciones que reglamentariamente se determinen.»

  

Texto Anterior oooooo Redacción de la Ley 6/2014
Artículo 34, apartado 4.

Todo conductor de vehículo automóvil que se proponga realizar un
adelantamiento a un ciclo o ciclomotor, o conjunto de ellos, deberá realizarlo ocupando parte o la totalidad del carril contiguo de la calzada, siempre y cuando existan las condiciones precisas para realizar un adelantamiento en las condiciones previstas en la Ley. Queda expresamente prohibido adelantar poniendo en peligro o entorpeciendo a ciclistas que circulen en sentido contrario.

  «Artículo 34, apartado 4.

Todo conductor de vehículo automóvil que se proponga realizar un
adelantamiento a un ciclo o ciclomotor, o conjunto de ellos deberá realizarlo ocupando parte o la totalidad del carril contiguo o contrario, en su caso, de la calzada y guardando una anchura de seguridad de al menos 1,5 metros. Queda expresamente prohibido adelantar poniendo en peligro o entorpeciendo a ciclistas que circulen en sentido contrario, incluso si esos ciclistas circulan por el arcén.»

 

 

Texto Anterior oooooo Redacción de la Ley 6/2014

Artículo 38, apartado 3.

La parada y el estacionamiento deberán efectuarse de tal manera que el vehículo no obstaculice la circulación ni constituya un riesgo para el resto de los usuarios de la vía, cuidando especialmente la colocación del mismo y el evitar que pueda ponerse en movimiento en ausencia del conductor, de acuerdo con las normas que reglamentariamente se establezcan.

   «Artículo 38, apartado 3.

La parada y estacionamiento deberán efectuarse de tal manera que el vehículo no obstaculice la circulación ni constituya un riesgo para el resto de los usuarios de la vía, cuidando especialmente la colocación del mismo y el evitar que pueda ponerse en movimiento en ausencia del conductor, de acuerdo con las normas que reglamentariamente se establezcan.

En vías urbanas, se permitirá la parada o estacionamiento de las grúas de auxilio en carretera por el tiempo indispensable para efectuar la retirada de los vehículos averiados o accidentados, siempre que no se cree un nuevo peligro, ni se cause obstáculo a la circulación.»

 

Texto Anterior oooooo Redacción de la Ley 6/2014

Artículo 47, apartado 1, párrado segundo.

 

Los conductores y, en su caso, los ocupantes de bicicletas estarán obligados a utilizar el caso de protección en las vías interurbanas bajo las condiciones que reglamentariamente se establezcan.

 

 

  «Artículo 47.1.2º.

Los conductores y, en su caso, los ocupantes de bicicletas y ciclos en general estarán obligados a utilizar el casco de protección en las vías urbanas, interurbanas y travesías, en los supuestos y con las condiciones que reglamentariamente se determinen, siendo obligatorio su uso por los menores de dieciséis años, y también
por quienes circulen en vías interurbanas.»

 

Texto Anterior oooooo Redacción de la Ley 6/2014

Se adiciona un apartado 3 del  Artículo 51.

 

 

 

«Artículo 51.3.

Reglamentariamente se determinarán las condiciones en las que realizarán sus funciones los servicios de auxilio en carretera que acudan al lugar de un accidente o avería, así como las características que deban cumplir las empresas que los desarrollen o los vehículos y demás medios que se hayan de utilizar

 

Texto Anterior oooooo Redacción de la Ley 6/2014

Se adiciona un segundo párrafo al apartado 1 del Artículo 62.

 

 

«Deberán ser objeto de matriculación definitiva en España los vehículos a los que se refiere el párrafo anterior, cuando se destinen a ser utilizados en el territorio español por personas o entidades que sean residentes en España o que sean titulares de establecimientos situados en España. Reglamentariamente se establecerán los plazos, requisitos y condiciones para el cumplimiento de esta obligación y las posibles exenciones a la misma

 

 

 

Texto Anterior oooooo Redacción de la Ley 6/2014

Artículo 65, se modifican los párrafos g) e i) del apartado 4 y se incorpora el párrafo z) bis

 

g) Conducir utilizando manualmente dispositivos de telefonía móvil,
navegadores o cualquier otro sistema de comunicación.

i) Circular con menores de doce años como pasajeros de ciclomotores o motocicletas.

 

 

«Artículo 65.

g) Conducir utilizando manualmente dispositivos de telefonía móvil, navegadores o cualquier otro sistema de comunicación, así como utilizar mecanismos de detección de radares o cinemómetros.

i) Circular con menores de doce años como pasajeros de ciclomotores o motocicletas, o con menores en los asientos delanteros o traseros, cuando no esté permitido.

z bis) Realizar obras en la vía sin comunicarlas con anterioridad a su inicio a la autoridad responsable de la gestión y regulación del tráfico, así como no seguir las instrucciones de dicha autoridad referentes a las obras

 

Texto Anterior oooooo Redacción de la Ley 6/2014

Se modifican los párrafos c), d), h) y l) del apartado 5 del artículo 65 y se incorpora el párrafo n).

 

c) La conducción por las vías objeto de esta Ley habiendo ingerido bebidas alcohólicas con tasas superiores a las que reglamentariamente se establezcan, y en todo caso, la conducción bajo los efectos de estupefacientes, psicotrópicos , estimulantes y cualquier otra sustancia de efectos análogos.

d)  Incumplir la obligación de todos los conductores de vehículos de someterse a las pruebas que se establezcan para la detección de posibles intoxicaciones de alcohol, estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes y otras sustancias análogas, y la de los demás usuarios de la vía cuando se hallen implicados en algún accidente de circulación.

h) Conducir vehículos que tengan instalados inhibidores de radar o cualesquiera otros mecanismos encaminados a interferir en el correcto funcionamiento de los sistemas de vigilancia del tráfico.

l)  Circular con un vehículo que carezca de la autorización administrativa correspondiente, o que ésta no sea válida por no cumplir los requisitos exigidos reglamentariamente.

 

 

 

 

«Artículo 65.5.

c) Conducir por las vías objeto de esta ley con tasas de alcohol superiores a las que reglamentariamente se establezcan, o con presencia en el organismo de drogas.

 

d) Incumplir la obligación de todos los conductores de vehículos, y de los demás usuarios de la vía cuando se hallen implicados en algún accidente de tráfico o hayan cometido una infracción, de someterse a las pruebas que se establezcan para la detección de alcohol o de la presencia de drogas en el organismo.

 

h) Conducir vehículos que tengan instalados inhibidores de radares o cinemómetros o cualesquiera otros mecanismos encaminados a interferir en el correcto funcionamiento de los sistemas de vigilancia del tráfico.

l) Circular con un vehículo que carezca de la autorización administrativa correspondiente, con una autorización que no sea válida por no cumplir los requisitos exigidos reglamentariamente, o incumpliendo las condiciones de la autorización administrativa que habilita su circulación 

n) Circular con un vehículo cuya carga ha caído a la vía, por su mal acondicionamiento, creando grave peligro para el resto de los usuarios

 

 

 

Texto Anterior oooooo Redacción de la Ley 6/2014

Se modifican los párrafos b), d) y e) del apartado 6 del artículo 65 y se incorpora el párrafo f).

 

b) No instalar la señalización de obras o hacerlo incorrectamente, poniendo en grave riesgo la seguridad vial.

d) Instalar inhibidores de radar en los vehículos o cualesquiera otros mecanismos encaminados a interferir en el correcto funcionamiento de los sistemas de vigilancia del tráfico. No constituirán infracción los sistemas de aviso que informan de la posición de los sistemas de vigilancia del tráfico.

e) Incumplir las normas sobre el régimen de autorización y funcionamiento de los centros de enseñanza y formación y de los centros de reconocimiento de conductores autorizados por el Ministerio del Interior o por los órganos competentes de las Comunidades Autónomas, que afecten a la cualificación de los profesores o facultativos, al estado de los vehículos utilizados en la enseñanza, o a elementos esenciales que incidan directamente en la seguridad vial.

 

 

 

 

 «Artículo 65.6

b) No instalar la señalización de obras o hacerlo incumpliendo la normativa vigente, poniendo en grave riesgo la seguridad vial.

d) Instalar inhibidores de radares o cinemómetros en los vehículos o cualesquiera otros mecanismos encaminados a interferir en el correcto funcionamiento de los sistemas de vigilancia del tráfico. No constituirán infracción los sistemas de aviso que informan de la posición de los sistemas de vigilancia del tráfico.

e) Incumplir las normas sobre el régimen de autorización y funcionamiento de los centros de enseñanza y formación y de los centros de reconocimiento de conductores autorizados por el Ministerio del Interior o por los órganos competentes de las Comunidades Autónomas, que afecten a la cualificación de los profesores o facultativos, al estado de los vehículos utilizados en la enseñanza, a elementos esenciales que incidan directamente en la seguridad vial, o que supongan un impedimento a las labores de control o inspección.

f) Causar daños a la infraestructura de la vía, o alteraciones a la circulación debidos a la masa o a las dimensiones del vehículo, cuando se carezca de la correspondiente autorización administrativa o se hayan incumplido las condiciones de la misma, con independencia de la obligación de la reparación del daño causado





Texto Anterior
oooooo Redacción de la Ley 6/2014

Artículo 67, se incorpora un párrafo a) al apartado 2, y se ordenan los párrafos a), b) y c) como b), c) y d).

 

a) La multa por la infracción prevista en el artículo 65.5.j) será el doble de la prevista para la infracción originaria que la motivó, si es infracción leve, y el triple, si es infracción grave o muy grave.

b) La infracción recogida en el artículo 65.5.h) se sancionará con multa de 6.000 euros.

c) Las infracciones recogidas en el artículo 65.6 se sancionarán con multa de entre 3.000 y 20.000 euros.

 

 

«Artículo 67.2

a) Las infracciones previstas en el artículo 65.5 c) y d) serán sancionadas con multa de 1.000 euros. En el supuesto de conducción con tasas de alcohol superiores a las que reglamentariamente se establezcan, esta sanción únicamente se impondrá al conductor que ya hubiera sido sancionado en el año inmediatamente anterior por exceder la tasa de alcohol permitida, así como al que circule con una tasa que supere el doble de la permitida.

b) La multa por la infracción prevista en el artículo 65.5.j) será el doble de la prevista para la infracción originaria que la motivó, si es infracción leve, y el triple, si es infracción grave o muy grave.

c) La infracción recogida en el artículo 65.5.h) se sancionará con multa de 6.000 euros.

d) Las infracciones recogidas en el artículo 65.6 se sancionarán con multa de entre 3.000 y 20.000 euros.»




Texto Anterior oooooo Redacción de la Ley 6/2014

Artículo 76. se incorpora un párrafo d)

 

 

 

«Artículo 76, párrafo d): Que el agente denunciante se encuentre realizando labores de vigilancia y control de tráfico y carezca de medios para proceder a la persecución del vehículo.»




Texto Anterior oooooo Redacción de la Ley 6/2014

Artículo 78.1

Las notificaciones que no puedan efectuarse en la Dirección Electrónica Vial o en el domicilio indicado, se practicarán en el Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico (TESTRA). Transcurrido el período de veinte días naturales desde que la notificación se hubiese publicado en el TESTRA se entenderá que ésta ha sido practicada, dándose por cumplido dicho trámite y continuándose con el procedimiento.

 

«Artículo 78.1.

Las notificaciones que no puedan efectuarse en la Dirección Electrónica Vial y, en caso de no disponer de la misma, en el domicilio expresamente indicado para el procedimiento o, de no haber indicado ninguno, en el domicilio que figure en los registros de la Dirección General de Tráfico, se practicarán en el Tablón Edictal de
Sanciones de Tráfico (TESTRA). Transcurrido el período de veinte días naturales desde que la notificación se hubiese publicado en el TESTRA se entenderá que ésta ha sido practicada, dándose por cumplido dicho trámite

  

 

Texto Anterior oooooo Redacción de la Ley 6/2014
Artículo 79.1

Notificada la denuncia, el denunciado dispondrá de un plazo de quince días naturales para realizar el pago voluntario con reducción de la sanción de multa, o para formular las alegaciones y proponer o aportar las pruebas que estime oportunas.

Si efectúa el pago de la multa en las condiciones indicadas en el párrafo anterior, se seguirá el procedimiento sancionador abreviado y, en caso de no hacerlo, el procedimiento sancionador ordinario.

 

 

   «Artículo 79.1

Notificada la denuncia, el denunciado dispondrá de un plazo de veinte días naturales para realizar el pago voluntario con reducción de la sanción de multa, o para formular las alegaciones y proponer o aportar las pruebas que estime oportunas.

Si efectúa el pago de la multa en las condiciones indicadas en el párrafo anterior, se seguirá el procedimiento sancionador abreviado y, en caso de no hacerlo, el procedimiento sancionador ordinario.

 

 

 



Texto Anterior oooooo Redacción de la Ley 6/2014

 Artículo 80.

Una vez realizado el pago voluntario de la multa, ya sea en el acto de entrega de la denuncia o dentro del plazo de quince días naturales contados desde el día siguiente al de su notificación, se tendrá por concluido el procedimiento sancionador con las siguientes consecuencias:

a) La reducción del 50 por 100 del importe de la sanción de multa.

b) La renuncia a formular alegaciones. En el caso de que fuesen formuladas se tendrán por no presentadas.

c) La terminación del procedimiento, sin necesidad de dictar resolución expresa, el día en que se realice el pago.

d) El agotamiento de la vía administrativa siendo recurrible únicamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

e) El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo se iniciará el día siguiente a aquel en que tenga lugar el pago.

f) La firmeza de la sanción en la vía administrativa desde el momento del pago, produciendo plenos efectos desde el día siguiente.

g) La sanción no computará como antecedente en el Registro de Conductores e Infractores, siempre que se trate de infracciones graves que no lleven aparejada pérdida de puntos.

 

 

«Artículo 80. 

Una vez realizado el pago voluntario de la multa, ya sea en el acto de entrega de la denuncia o dentro del plazo de veinte días naturales contados desde el día siguiente al de su notificación, se tendrá por concluido el procedimiento sancionador con las siguientes consecuencias:

a) La reducción del 50 por ciento del importe de la sanción de multa.

b) La renuncia a formular alegaciones. En el caso de que fuesen formuladas se tendrán por no presentadas.

c) La terminación del procedimiento, sin necesidad de dictar resolución expresa, el día en que se realice el pago.

d) El agotamiento de la vía administrativa siendo recurrible únicamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

e) El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo se iniciará el día siguiente a aquel en que tenga lugar el pago.

f) La firmeza de la sanción en la vía administrativa desde el momento del pago, produciendo plenos efectos desde el día siguiente.

g) La sanción no computará como antecedente en el Registro de Conductores e Infractores, siempre que se trate de infracciones graves que no lleven aparejada pérdida de puntos

 

 

Texto Anterior oooooo Redacción de la Ley 6/2014

Artículo 81, apartados 1 y 5.

Art. 81.1. Notificada la denuncia, el interesado dispondrá de un plazo de quince días naturales para formular las alegaciones que tenga por conveniente y proponer o aportar las pruebas que estime oportunas.

Art. 81.5. Si el denunciado no formula alegaciones ni abona el importe de la multa en el plazo de quince días naturales siguientes al de la notificación de la denuncia, ésta surtirá el efecto de acto resolutorio del procedimiento sancionador. En este supuesto, la sanción podrá ejecutarse transcurridos treinta días naturales desde
la notificación de la denuncia.

Lo dispuesto anteriormente será de aplicación únicamente cuando se trate de:

a) Infracciones leves.

b) Infracciones graves que no detraigan puntos.

c) Infracciones graves y muy graves cuya notificación se efectuase en el acto de la denuncia.

La terminación del procedimiento pone fin a la vía administrativa y la sanción se podrá ejecutar desde el día siguiente al transcurso de los treinta días antes indicados.

 

 

 

«Artículo 81.1: Notificada la denuncia, el interesado dispondrá de un plazo de veinte días naturales para formular las alegaciones que tenga por conveniente y proponer o aportar las pruebas que estime oportunas.

Artículo 81.5: Si el denunciado no formula alegaciones ni abona el importe de la multa en el plazo de veinte días naturales siguientes al de la notificación de la denuncia, ésta surtirá el efecto de acto resolutorio del procedimiento sancionador. En este supuesto, la sanción podrá ejecutarse transcurridos treinta días naturales desde la notificación de la denuncia.

Lo dispuesto anteriormente será de aplicación únicamente cuando se trate de:

a) Infracciones leves.

b) Infracciones graves que no detraigan puntos.

c) Infracciones graves y muy graves cuya notificación se efectuase en el acto de la denuncia.

La terminación del procedimiento pone fin a la vía administrativa y la sanción se podrá ejecutar desde el día siguiente al transcurso de los treinta días antes indicados.»



Texto Anterior oooooo Redacción de la Ley 6/2014
Artículo 84.1, párrafo a), y c) y se incorpora el párrafo k), y se modifica el apartado 4.

a) El vehículo carezca de autorización administrativa para circular, bien por no haberla obtenido o porque haya sido objeto de anulación, declarada su pérdida de vigencia.

c) El conductor o el pasajero no hagan uso del casco de protección, en los casos en que fuera obligatorio.

4.  Los gastos que se originen como consecuencia de la inmovilización del vehículo serán por cuenta del conductor que cometió la infracción. En su defecto, serán por cuenta del conductor habitual o del arrendatario y, a falta de éstos, del titular. Los gastos deberán ser abonados como requisito previo a levantar la medida de inmovilización, sin perjuicio del correspondiente derecho de defensa y de la posibilidad de repercutirlos sobre la persona responsable que haya dado lugar a que la Administración adopte dicha medida.

En los supuestos previstos en el apartado 1, párrafos h), i) y j), los gastos de la inspección correrán de cuenta del denunciado, si se acredita la infracción.

 

 

«Artículo 84.1, párrafo a): El vehículo carezca de autorización administrativa para circular, bien por no haberla obtenido, porque haya sido objeto de anulación o declarada su pérdida de vigencia, o se incumplan las condiciones de la autorización que habilita su circulación.

párrafo c): El conductor o el pasajero no hagan uso del casco de protección o de los dispositivos de retención infantil, en los casos que fuera obligatorio. Esta medida no se aplicará a los ciclistas.

 

párrafo k): Se conduzca un vehículo para el que se exige permiso de la clase C o D, careciendo de la autorización administrativa correspondiente.

Apartado 4: Los gastos que se originen como consecuencia de la inmovilización del vehículo serán por cuenta del conductor que cometió la infracción. En su defecto, serán por cuenta del conductor habitual o del arrendatario y, a falta de éstos, del titular. Los gastos deberán ser abonados como requisito previo a levantar la medida de inmovilización, sin perjuicio del correspondiente derecho de defensa y de la posibilidad de repercutirlos sobre la persona responsable que haya dado lugar a que la Administración adopte dicha medida. Los agentes podrán retirar el permiso de circulación del vehículo hasta que se haya acreditado el abono de los gastos referidos.

En los supuestos previstos en el apartado 1, párrafos h), i) y j), los gastos de la inspección correrán de cuenta del denunciado, si se acredita la infracción

 

 

Texto Anterior oooooo Redacción de la Ley 6/2014
Artículo 85, apartado 2.

Salvo en los casos de sustracción u otras formas de utilización del vehículo en contra de la voluntad de su titular, debidamente justificadas, los gastos que se originen como consecuencia de la retirada a la que se refiere el apartado anterior, serán por cuenta del titular, del arrendatario o del conductor habitual, según el caso, que deberá abonarlos como requisito previo a la devolución del vehículo, sin perjuicio del derecho de recurso que le asiste y de la posibilidad de repercutirlos sobre el responsable del accidente, del abandono del vehículo o de la infracción que haya dado lugar a la retirada.

 

 

 «Artículo 85, párrafo 2.

Salvo en los casos de sustracción u otras formas de utilización del vehículo en contra de la voluntad de su titular, debidamente justificadas, los gastos que se originen como consecuencia de la retirada a la que se refiere el apartado anterior, serán por cuenta del titular, del arrendatario o del conductor habitual, según el caso, que deberá abonarlos como requisito previo a la devolución del vehículo, sin perjuicio del derecho de recurso que le asiste y de la posibilidad de repercutirlos sobre el responsable del accidente, del abandono del vehículo o de la infracción que haya dado lugar a la retirada. El agente de la autoridad podrá retirar el permiso de circulación del vehículo hasta que se haya acreditado el abono de los gastos referidos.

 



Texto Anterior oooooo Redacción de la Ley 6/2014

 Se modifica el Título VI. Del Registro Estatal de Víctimas y Accidentes de Tráfico.

 

 

«Título VI. Del Registro Nacional de Víctimas de Accidentes de Tráfico

 

 

 

Texto Anterior oooooo Redacción de la Ley 6/2014

  Artículo 94. El Registro Estatal de Víctimas y Accidentes de Tráfico.

Se crea el Registro Estatal de Víctimas de Accidentes de Tráfico.

 

«Artículo 94. Título VI. El Registro Nacional de Víctimas de Accidentes de Tráfico.

Se crea el Registro Nacional de Víctimas de Accidentes de Tráfico..»




Texto Anterior oooooo Redacción de la Ley 6/2014

 Artículo 95.1

En el Registro Estatal de Víctimas y Accidentes de Tráfico figurarán
únicamente aquellos datos que sean relevantes y que permitan disponer de la información necesaria para determinar las causas y circunstancias en que se han producido los accidentes de tráfico y sus consecuencias.

 

«Artículo 95.1

En el Registro Nacional de Víctimas de Accidentes de Tráfico figurarán únicamente aquellos datos que sean relevantes y que permitan disponer de la información necesaria para determinar las causas y circunstancias en que se han producido los accidentes de tráfico y sus consecuencias



Texto Anterior oooooo Redacción de la Ley 6/2014
 

Disposición adicional novena.

En accidentes de tráfico ocasionados por atropello de especies cinegéticas será responsable el conductor del vehículo cuando se le pueda imputar incumplimiento de las normas de circulación.

Los daños personales y patrimoniales en estos siniestros, sólo serán exigibles a los titulares de aprovechamientos cinegéticos o, en su defecto, a los propietarios de los terrenos, cuando el accidente sea consecuencia directa de la acción de cazar o de una falta de diligencia en la conservación del terreno acotado.

También podrá ser responsable el titular de la vía pública en la que se produce el accidente como consecuencia de su responsabilidad en el estado de conservación de la misma y en su señalización.

 

«Disposición adicional novena. 

En accidentes de tráfico ocasionados por atropello de especies cinegéticas en las vías públicas será responsable de los daños a personas o bienes el conductor del vehículo, sin que pueda reclamarse por el valor de los animales que irrumpan en aquéllas.

No obstante, será responsable de los daños a personas o bienes el titular del aprovechamiento cinegético o, en su defecto, el propietario del terreno, cuando el accidente de tráfico sea consecuencia directa de una acción de caza colectiva de una especie de caza mayor llevada a cabo el mismo día o que haya concluido doce horas antes de aquél.

También podrá ser responsable el titular de la vía pública en la que se produzca el accidente como consecuencia de no haber reparado la valla de cerramiento en plazo, en su caso, o por no disponer de la señalización específica de animales sueltos en tramos con alta accidentalidad por colisión de vehículos con los mismos



Texto Anterior oooooo Redacción de la Ley 6/2014

 Se añade una Disposición adicional decimooctava

 

 

« Disp. Adic. Decimoctava. Baja definitiva por traslado del vehículo a otro país Se prohíbe dar de baja definitiva por traslado a otro país, a vehículos que no cumplan los requisitos de seguridad y medioambientales que se establezcan reglamentariamente.»



Texto Anterior oooooo Redacción de la Ley 6/2014

 Se añade una Disposición adicional decimonovena

 

 

« Disp. Adic. Decimonovena. Referencias al Consejo Superior de Seguridad Vial y al Registro Estatal de Víctimas de Accidentes de Tráfico Las referencias contenidas en la normativa vigente al Consejo Superior de Seguridad Vial y al Registro Estatal de Víctimas de Accidentes de Tráfico se entenderán hechas, respectivamente, al Consejo Superior de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible y al Registro Nacional de Víctimas de Accidentes de Tráfico

 



Texto Anterior oooooo Redacción de la Ley 6/2014

Disposición transitoria.

Hasta que entren en vigor las disposiciones necesarias para el desarrollo de esta Ley, se aplicarán como Reglamentos de la misma el Código de la Circulación aprobado por Decreto de 25 de septiembre de 1934, y disposiciones complementarias, en la medida en que no se opongan a lo que en ella se establece.

 

 

  «Disposición Transitoria. Matriculación definitiva de vehículos en España.

Lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 62.1 en cuanto a la matriculación definitiva en España de vehículos no será efectivo hasta que se proceda a regular reglamentariamente aquellos aspectos que permitan su aplicación.»

 

 

Texto Anterior oooooo Redacción de la Ley 6/2014

 Se añade una Disposición Final tercera

 

« Disposición final tercera. Título competencial. 

Esta ley se dicta al amparo de la competencia exclusiva atribuida al Estado sobre

tráfico y circulación de vehículos a motor por el artículo 149.1.21.ª de la Constitución.»

 

 

Texto Anterior oooooo Redacción de la Ley 6/2014
 Anexo II

2. Conducir bajo los efectos de estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes y otras sustancias de efectos análogos (6 puntos)

3. Incumplir la obligación de someterse a las pruebas de detección del grado de alcoholemia, de estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes y otras sustancias de efectos análogos (6 puntos)

5. Conducir vehículos que tengan instalados mecanismos o sistemas
encaminados a inhibir la vigilancia del tráfico, o que lleven instrumentos con la misma intención, así como de inhibición de sistemas de detección de radar (6 puntos)

 

 

«Anexo II.

2. Conducir con presencia de drogas en el organismo (6 puntos)

3. Incumplir la obligación de someterse a las pruebas de detección de alcohol o de la presencia de drogas en el organismo (6 puntos)

5. Conducir vehículos que tengan instalados inhibidores de radares o cinemómetros o cualesquiera otros mecanismos encaminados a interferir en el correcto funcionamiento de los sistemas de vigilancia del tráfico (6 puntos)

20. Conducir vehículos utilizando mecanismos de detección de radares o cinemómetros (3 puntos)

 

 

 

Reciente Sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos nº 173/2014, por la que reitera la Doctrina del Tribunal Supremo para la diferenciación entre imprudencia o negligencia constitutiva de infracción civil de la constitutiva de una infracción penal. 

 

Queremos destacar el presente caso, en relación a que se absuelve al denunciado como autor de una falta de lesiones imprudentes derivado de accidente de tráfico, dejando abierta al denunciante la vía de la reclamación civil, en tanto que los hechos enjuiciados no son constitutivos de infracción penal dada la impericia del denunciante en la conducción. Aplicación de la Doctrina sentada por el Tribunal Supremo de delimitación de la imprudencia contemplada en elCódigo Penal como leve, a diferencia de la reclamable por la vía civil.  Igualmente determina concurrencia de culpas y su relevancia en el ámbito penal para apreciar la comisión de una imprudencia de carácter leve.

 

El problema radica principalmente en determinar cuando una conducta imprudente da lugar a una infracción civil por culpa extracontractual o a una infracción penal de carácter leve. Establece la Sentencia en su FJ2º del análisis efectuado por la doctrina que: "sin la existencia de un daño resarcible o reparable, de entrada la negligencia civil debe rechazarse (...); por el contrario, existiendo un daño reparable el campo de la culpa civil es amplísimo y residual, como pone de manifiesto la propia redacción del artículo 1902 del Código Civil al decir "interviniendo culpa o negligencia". Por el contrario, para configurar la imprudencia penal, aparte de los elementos comunes a ambas, acción u omisión voluntaria pero no dolosa, ni directa ni indirectamente; daño nexo causal y falta de previsión debida, factor psicológico o subjetivio y eje de conducta imprudente,  (...) es imprescindible la concurrecnia de un factor normativo o externo, representado por la infracción del deber objetivo de cuidado, ya traducido en normas convivenciales o experienciales, tácitamente aconsejadas y observadas en la vida social en evitación de perjuicios a terceros, ya en normas específicas reguladoras de determinadas actividades."

 

"En este mismo sentido la sentencia del Tribunal Supremo de 29 de Febrero de 1.992 viene a precisar que, partiendo de la distinción que de la culpa hace la doctrina científica en grave, leve y levísima, con operatividad ésta última en el área civil y de las dos primeras en el campo penal, nuestra legislación positiva de carácter sancionador, bajo la óptica de la unicidad e igual naturaleza de todas y cada una de las clases o grados de la "imprudencia punible", abarca dentro de la misma la "culpa lata" o temeraria, hoy grave, la de grado medio o simple antirreglamentaria y la simple o ínfima, hoy las dos últimas agrupadas bajo el nombre de culpa leve."

 

 "El Tribunal Supremo tiene establecido con uniformidad y reiteración que las infracciones culposas no se distinguen entre sí, a diferencia de lo que ocurre con las dolosas, por su naturaleza específica sino por la intensidad y  relevancia de la previsión y diligencias dejadas de observar, bajo cuyo criterio el Código Penal tipifica y sanciona dos modalidades, la grave o temeraria y la leve o constitutiva de simple falta, suponiendo ésta última una conducta ligera y de imprevisión venial, por falta de atención bastante, referida a un deber que cumplir, originándose el mal sobrevenido por el negligente descuido del agente en su quehacer lícito, situándose la diferenciación entre distintas clases de imprudencias punibles en un terreno de circunstancialidad y relativismo ante el caso concreto debatido."

 

En cuanto a la operabilidad de la estimación compensatoria de culpas en el área penal, la doctrina venía oponiéndose  a la misma en tanto que el ámbito del derecho punitivo busca la sanción de actos de signo antisocial mediante la imposicion de una pena, d etal modo que la conducta del perjudiciado, cualquiera que fuese su magnitud, no puede tener virtualidad para aminorar la justa reacción de la sociedad. Con posterioridad, se ha ido modificacando por los Tribunales la aplicación de la tesis de la culpa del perjudicado, siempre y cuando sea de tal grado que afecte a la producción del efecto dañoso.

Establece así el Tribunal Supremo y las Audiencias Provinciales que " la contribución de la conducta culposa de la víctima o perjudicado a la causación del evento dañoso influye sobre la calificación jurídica de los hechos de la siguiente manera:

a) Degradando la índole de la culpa en que "per se" incurrió el agente y haciéndola descender, al compás de la trascendencia de la culpa del ofendido, uno o más peldaños en la escala culposa.
b) Moderando el quantum de la indemnización que procedería señalar de no haber convergido con la culpa del agente la del sujeto pasivo, siendo dicha moderación o reducción más o menos intensa con arreglo
a la incidencia o influencia que en la causación o producción del daño una u otra.
c) Excepcionalmente, la culpa del sujeto pasivo puede ser de tal magnitud y de influencia tan decisiva en la producción del resultado que, no solo minimice la del enjuiciado, sino que la borre totalmente.

La doctrina abandona el término de "compensación de culpas" hasta entonces utilizado, y acuña el de "concurrencia de culpas", concurrencia que se da siempre que con la culpa del agente haya coexistido o
confluido la del ofendido o víctima contribuyendo de esta forma concausalmente y en mayor o menor medida a la producción de un mismo resultado lesivo."

Así mismo, diversas sentencia de las audiencias Provinciales han venio señalado lo siguiente; Sentencia de la A.P de Badajoz de 27 de abril de 1998: "no toda imprudencia o negligencia, cualquiera fuese el resultado lesivo, debe ser incardinada, sin más, en el ámbito criminal; solo la más grosera de las infracciones, la dejación de los más elementales deberes de cuidado o protección merecen la salvaguardia o protección de este orden jurisdiccional; no es posible implantar la responsabilidad masiva o en cascada y frente a cualesquiera que, en algún modo, aún mínimo, tuvieron alguna conexión con el hecho imprudente; el ordenamiento jurídico prevé otros remedios para proteger a la víctima frente a actos atentatorios que traigan causa en la denominada culpa extracontractual o aquiliana y en orden a conseguir para aquélla la más absoluta indemnidad; nos referimos a las disposiciones que al igual se contemplan en el orden civil, en sus artículos 1.902 y ss., y respecto a los cuales la jurisprudencia, con unanimidad,, viene, en favorecimiento de la víctima (lo que no es transmutable al orden penal), a promover "la inversión de la carga de la prueba", al entender que si el evento dañoso se produjo, esto denota o acredita "prima facie" que algo quedaba por prevenir o que no había sido agotada la diligencia, beneficiando de esta forma a la víctima, y en orden a conseguir su plena indemnidad que, no cabe duda, en estos supuestos se superpone a cualquier otra consideración".

En el presente caso, el Juzgado entiende que cuando se produce culpa de la víctima, procede la eliminación de responsabilidad criminal del acusado. Así deduce la inexistenica de una relación de causalidad directa y eficiente entre el primer accidente y la colisión de la motocicleta. La conducta del piloto de la motocicleta es imprudencite o negligente, y en todo caso,concurrente con la de los otros dos conductores implicados en los hechos, pero con una concurrente de tal magnitud que provoca la ruptura del nexo casal entre la imprudencia en la que hubieran podido incurrir los otros dos intervinientes y el accidente de la motocicleta que éste conducía. Ello provoca, como antes hemos indicado, no solo la degradación de la imprudencia de los otros dos conductores, sino su atipicidad penal con respecto al resultado lesivo y dañoso que Alejandro llega a sufrir.

Por lo anterior, resulta determinante la coducta del perjudicado a la hora de procducir el resultavo lesivo, pudiendo llegar incluso a la eliminación de toda responsabilidad derivada de la imrpudencia o negligencia del causante.

 

 

 Sentencia de fecha 21 de Abril de 2014, de la Audiencia Provincial nº 173/2014.

  

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La pensión de viudedad está destinada para aquellas personas, que tras el fallecimiento de su cónyuge, ex cónyuge o pareja de hecho, sufren al margen de la pérdida personal, una situación de desequilibrio económico, ya que en la mayoría de los casos, el fallecido es el único miembro de la familia con capacidad económica, bien como fruto de su salario, bien porque perciba algún tipo de pensión, que sustenta el hogar familiar. Por lo tanto el objetivo de esta pensión, es cubrir como mínimo las necesidades económicas que pudieran surgir a los beneficiarios tras el fallecimiento de su cónyuge o asimilado.

 

Como ya hemos mencionado, se trata de una pensión contributiva, es decir, se exige que el causante del derecho a la pensión, cumpla una serie de requisitos indispensables. Señalamos a continuación que requisitos son:

 

 

REQUISITOS DEL FALLECIDO:

Aspecto fundamental es la situación en la que se encontraba el causante en el momento del fallecimiento. Estas situaciones pueden ser:

1. Se encontraba de ALTA.

- Fallecimiento debido a enfermedad común, se exige que el causante haya cotizado como mínimo 500 días dentro de un período ininterrumpido de 5 años inmediatamente anteriores al fallecimiento o al cese de la obligación de cotizar. En el caso de que el contrato que tenía el causante fuese parcial, para el cómputo de estas cantidades se va a tener en cuenta el número de horas efectivamente trabajadas.

- Fallecimiento debido a enfermedad profesional o accidente de trabajo, desaparece la obligación de tener cotizado un período mínimo.

2. No se encontraba de ALTA.

- Requisito necesario que el fallecido tenga cotizados un mínimo de 15 años.

- Nunca generará derecho a cobro los ejercicios anteriores al 1-1-99.

3. Perceptor de subsidio de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, maternidad, paternidad, etc… cuando cumplan el período de cotización establecido en su caso.

4. Perceptores de jubilación en modalidad contributiva.

5. Pensionista de incapacidad permanente o aquellos trabajadores que tengan derecho a esta pensión de incapacidad y optasen por percibir una indemnización.

6. Los que hubieran dejado de trabajar con derecho a pensión de jubilación, pero que hubieran fallecido con anterioridad a solicitarla.

 

 REQUISITOS DEL BENEFICIARIO:

Pueden ser beneficiarios de la pensión de viudedad el cónyuge del fallecido, los separados, divorciados, o matrimonios nulos, y la pareja de hecho, siempre y cuando reúnan una serie de requisitos.

 

1.- El cónyuge superviviente, en el supuesto de fallecimiento derivado de enfermedad común anterior al matrimonio, deberá acreditar uno de los siguientes requisitos:

  • Que existan hijos comunes.
  • Que el matrimonio se hubiera celebrado con un año de antelación al fallecimiento. No se exigirá dicha duración del vínculo matrimonial, cuando en la fecha de celebración del mismo se acreditara un periodo de convivencia con el causante como pareja de hecho que, sumado al de duración del matrimonio, hubiera superado los dos años.

Cuando el cónyuge no acredite uno de estos requisitos, podrá acceder a una prestación temporal de viudedad, siempre que reúna el resto de los requisitos exigidos. 

 

2.- Los separados judicialmente o divorciados, siempre que en este último caso no hubieran contraído nuevo matrimonio o constituido una pareja de hecho, cuando sean acreedores de la pensión compensatoria a la que se refiere el art. 97 del Código Civil y ésta quedara extinguida por el fallecimiento del causante.

A partir de 01-01-2010, en el supuesto de que la cuantía de la pensión de viudedad fuera superior a la pensión compensatoria, aquélla se disminuirá hasta alcanzar la cuantía de esta última.

En todo caso, tendrán derecho a pensión de viudedad, aún no siendo acreedoras de la pensión compensatoria, las mujeres que pudieran acreditar que eran víctimas de la violencia de género en el momento de la separación judicial o el divorcio mediante sentencia firme, o archivo de la causa por extinción de la responsabilidad penal por fallecimiento; en defecto de sentencia, a través de la orden de protección dictada a su favor o informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de violencia de género, así como cualquier otro medio de prueba admitido en Derecho (aplicable a fallecimientos producidos a partir de 01-01-08).

Cuando la separación judicial o divorcio sea anterior a 01-01-2008, el reconocimiento del derecho a la pensión no quedará condicionado a que la persona divorciada o separada judicialmente sea acreedora de pensión compensatoria siempre que:

  • Entre la fecha del divorcio o separación judicial y la fecha del fallecimiento del causante, no hayan transcurrido más de 10 años.
  • El vínculo matrimonial haya tenido una duración mínima de 10 años.
  • Además, se cumpla alguna de las condiciones siguientes: o la existencia de hijos comunes del matrimonio; o que el beneficiario tenga una edad superior a los 50 años en la fecha del fallecimiento del causante.

La cuantía de la pensión resultante se calculará de acuerdo con la normativa vigente con anterioridad 01-01-2008 (entrada en vigor de la Ley 40/2007, de 4 de diciembre). 

Lo dispuesto anteriormente se aplica también a los fallecimientos producidos entre 01-01-2008 y el 31-12-2009, siempre que el divorcio o separación judicial se haya producido antes de 01-01-2008. 

La persona divorciada o separada judicialmente que hubiera sido deudora de la pensión compensatoria no tendrá derecho a pensión de viudedad.

A partir de 1-1-2013, también tendrán derecho a la pensión las personas divorciadas o separadas judicialmente antes del 1-1-2008, que no fueran acreedoras de la pensión compensatoria, aunque no reúnan los demás requisitos exigidos en la disposición transitoria 18ª (que entre la fecha del divorcio o separación y el fallecimiento de causante no hayan transcurrido más de 10 años; que el matrimonio haya durado al menos 10 años, que tuvieran hijos comunes) siempre que:

 

  • Tengan 65 o más años,
  • No tengan derecho a otra pensión pública y
  • La duración del matrimonio con el causante de la pensión no haya sido inferior a 15 años.

 

 

3.- El superviviente cuyo matrimonio hubiera sido declarado nulo, al que se le haya reconocido el derecho a la indemnización prevista en el art.  98 del Código Civil, siempre que no hubiera contraído nuevas nupcias o constituido una pareja de hecho debidamente acreditada. 

 

4.- El sobreviviente de la pareja de hecho, siempre que acredite: 

  1. Que el fallecimiento es posterior a 01-01-08.
  2. La inscripción de la pareja de hecho en alguno de los registros específicos existentes en las Comunidades Autónomas (CCAA) o Ayuntamientos del lugar de residencia o la formalización de documento público en el que conste la constitución de dicha pareja, en ambos casos, con una antelación mínima de 2 años con respecto a la fecha del fallecimiento del causante.
  3. Convivencia estable y notoria con carácter inmediato al fallecimiento del causante, con una duración ininterrumpida no inferior a 5 años.
  4. Que, durante el período de convivencia, ningún componente de la pareja estaba impedido para contraer matrimonio ni tenía vínculo matrimonial con otra persona.
  5. Que sus ingresos: 
  • Durante el año natural anterior al fallecimiento, no alcanzaron el 50% de la suma de los propios más los del causante habidos en el mismo período, o el 25%  en el caso de inexistencia de hijos comunes con derecho a pensión de orfandad.
  • O alternativamente que son inferiores a 1,5 veces el importe del SMI  vigente en el momento del fallecimiento, requisito que deberá concurrir tanto en el momento del hecho causante como durante su percepción. El límite indicado se incrementará en 0,5 veces la cuantía del SMI vigente por cada hijo común con derecho a la pensión de orfandad que conviva con el sobreviviente. Se consideran como ingresos los rendimientos de trabajo y de capital así como los de carácter patrimonial, en los términos en que son computados para el reconocimiento de los complementos para mínimos de pensiones.

 

CUANTÍA DE LA PENSIÓN

La cuantía va a depender de las aportaciones a la seguridad social del sujeto causante a lo largo de toda su vida laboral. Además habrías que destacar que es un tipo de pensión vitalicia, es decir, que el beneficiario va a tener derecho a recibir la misma toda su vida siempre y cuando no incurra en situaciones que provoquen su retirada.

 

-¿Qué porcentaje se abona?:

Con carácter general, se abonará el 52% de la base reguladora. Sin embargo, se abonará el 70% de la base reguladora correspondiente siempre que, durante todo el período de percepción de la pensión, se cumplan los siguientes requisitos:

1. Que el pensionista tenga cargas familiares. Se entiende que existen cargas familiares cuando:

    • Conviva con hijos menores de 26 años o mayores incapacitados, o menores acogidos. A estos efectos, se considera que existe incapacidad cuando acredite una discapacidad igual o superior al 33%.
    • Los rendimientos de la unidad familiar, incluido el propio pensionista, divididos entre el número de miembros que la componen, no superen, en cómputo anual, el 75% del salario mínimo interprofesional vigente en cada momento, excluida la parte proporcional de las dos pagas extraordinarias.

2. Que la pensión de viudedad constituya la principal o única fuente de ingresos, entendiendo que se cumple este requisito cuando el importe anual de la pensión sea superior al 50% del total de los ingresos del pensionista.

3. Que los rendimientos anuales del pensionista por todos los conceptos no superen la cuantía resultante de sumar al límite que, en cada ejercicio económico, esté previsto para el reconocimiento de los complementos por mínimos de las pensiones contributivas, el importe anual que, en cada ejercicio económico, corresponda a la pensión mínima de viudedad con cargas familiares. A partir de 01-01-2014, el límite de ingresos es de 17.327,33 € anuales (7.080,73 + 10.246,60).

La pensión de viudedad, en cómputo anual, más los rendimientos anuales del pensionista, no pueden exceder el límite de ingresos del párrafo anterior. En caso contrario, se reducirá la cuantía de la pensión de viudedad a fin de no superar dicho límite.

Los tres requisitos exigidos deben concurrir simultáneamente. La pérdida de uno de ellos motivará la aplicación del porcentaje del 52% con efectos desde el día 1 del mes siguiente a aquél en que deje de concurrir dicho requisito.

 

En los casos de separación judicial o divorcio: Cuando exista un único beneficiario con derecho a pensión, el importe de la cuantía será íntegro.

Si mediando divorcio existe concurrencia de beneficiarios con derecho a pensión, ésta será reconocida en cuantía proporcional al tiempo vivido cada uno de ellos con el causante, garantizándose, en todo caso, el 40% a favor del cónyuge o superviviente de una pareja de hecho con derecho a pensión de viudedad.

Límite máximo: a partir de 01-01-2010, la cuantía de la pensión de viudedad no puede ser superior a la pensión compensatoria. Si fuera superior, aquélla se disminuirá hasta alcanzar la cuantía de ésta última.

Cuando se trate de separados o divorciados no acreedores de pensión compensatoria: la pensión será reconocida en cuantía proporcional al tiempo vivido con el causante fallecido, sin perjuicio de los límites (40%) que puedan resultar en favor del cónyuge o superviviente de la pareja de hecho en el supuesto de concurrencia de beneficiarios.

En los casos de nulidad matrimonial, la pensión será reconocida en cuantía proporcional al tiempo vivido con el fallecido, sin perjuicio de los límites (40%) que puedan resultar en favor del cónyuge o superviviente de la pareja de hecho en el supuesto de concurrencia de beneficiarios.

 

-¿Cuándo se abona la pensión?

La pensión se abona a los beneficiarios mensualmente, con dos pagas extraordinarias al año, que se hacen efectivas con las mensualidades de junio y noviembre, salvo en los casos de accidente de trabajo y enfermedad profesional, en que están prorrateadas dentro de las doce mensualidades ordinarias.

La pensión, incluido el importe de la pensión mínima, se revaloriza al comienzo de cada año, de acuerdo con el Índice de Precios al Consumo previsto para dicho año.

Se garantizan cuantías mínimas mensuales, según la edad y las cargas familiares del beneficiario:

  • Titular con cargas familiares.
  • Titular con 65 años o con discapacidad >= 65%.
  • Titular con edad entre 60 y 64 años.
  • Titular menor de 60 años.

La pensión está sujeta a tributación en los términos establecidos en las normas reguladoras del Impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) y sometida, en su caso, al sistema general de retenciones a cuenta del impuesto, con la siguiente excepción: estará exenta si deriva de actos de terrorismo.

 

-¿Dónde solicitar la pensión?

El organismo que se encarga de la gestión y concesión de la pensión de viudedad es el INSS, es decir, el Instituto Nacional de la Seguridad Social o la Mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales si la muerte del sujeto causante ha sido a causa de un accidente de trabajo o enfermedad profesional.

 

 

Reciente Sentencia dictada por la Audiencia Pronvincial de Soria, Sección 1ª. Los gastos derivados del accidente de tráfico y para la curación de las lesiones ocasionadas, deben ser resarcidas por la compañía aseguradora del vehículo causante.

 

Examinado el caso, se recurre en apelación por la seguradora contra la Sentencia dictada en el Juicio de Faltas, condenando al abono de la indemnización a favor de los perjudiciados así como a los gastos que constan acreditados documentalmente. La aseguradora impugna una serie de gastos, siendo unas gafas, productos de farmacia y la asistencia de una persona externa para el cuidado permanente de los lesionados y sesiones de rehabilitación.

 

1.- En relación con las gafas, alega la parte recurrente que no consta acreditado que dicha persona empleara o necesitara gafas graduadas en el momento del accidente ni que resultaran dañadas a consecuencia del mismo. 

Señala la Audiencia Provincial de Soria que " Desde luego no parece que la adquisición de unas gafas graduadas sea motivo de capricho. Evidentemente, si lo fueran de sol, o aquellas otras que cumplan una función estética para quien las porta, podría ser discutible la necesidad de pago de dicho concepto, pero evidentemente, si se trata de adquisición de gafas graduadas no responden a motivo alguno de capricho, sino a una necesidad, nacida de la presencia y exigibilidad de lentes correctoras para poder compensar, con ellas, una enfermedad de la vista. Siendo innecesario, por ello, que se tenga que justificar necesariamente que la persona en cuestión necesita dichas gafas. Es evidente que si las ha adquirido, no es por capricho, sino por necesidad, y siendo evidente que la rotura de dichas gafas ha de tener su origen en el accidente. Entre otras cosas, porque basta con ver los resultados acaecidos a resultas del mismo. Siendo más que obvio que las gafas, en buena lógica, habrían resultado dañadas o inutilizadas."

 

2.- Se indica que entre los productos de farmacia, nos encontramos con una crema anticelulítica que considera la aseguradora que no debería haberse abonado. Difiere la Audiencia Provincial en este punto con el apelante, en tanto que considera que ha quedado acreditado mediante los documentos aportados la compra de distintos medicamentos, destinados a paliar el dolor de las lesiones derivadas del accidente.

 

Así sostiene que " dichos pagos de farmacia han sido efectuados. Pues aparecen documentados. Y evidentemente nadie, en su sano juicio, procede a adquirir medicamentos en farmacias, pagando cantidades por diversos conceptos, sino fuera estrictamente necesario, la adquisición de dichos productos. Y siendo necesarios para su propia curación. Máxime cuando, es evidente que en todo proceso judicial de reclamación de dichos gastos, la solución puede ser estimatoria o desestimatoria. Por lo que difícilmente podríamos entender que la adquisición de dichos productos farmacéuticos tuviera como objeto un "enriquecimiento injusto". Puesto que tratándose de productos de farmacia, no se adquieren por capricho y sí por necesidad. Si los adquirió, ex novo, tras el accidente, es porque la adquisición de dichos productos tiene su origen en las consecuencias derivadas del accidente. Y no otras. Y por tanto, han de ser indemnizados.

No existe, pues, enriquecimiento injusto, ni voluntad de enriquecerse, pues dichos pagos han sido realizados. Y evidentemente dichos gastos no han sido satisfechos por capricho, sino como consecuencia de una forma de disminuir el dolor derivado de las lesiones sufridas tras el accidente. De tal manera deben quedar incluidos todos aquellos gastos derivados de la dispensa de medicamentos, para combatir el dolor, y para tratar de restablecer la salud quebrantada. Debiendo añadirse que entre las secuelas padecidas por los perjudicados existen cicatrices, y la crema especialmente impugnada, Thiomucase, puede tener una eficacia variada, no estando acreditado que tenga una eficacia exclusivamente anticelulítico como señaló el recurrente." 

 

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3.- En cuanto al pago de una persona externa, señala la AP que " lo reclamado es exclusivamente cantidades correspondientes a los meses de julio, agosto y septiembre del 2009, es decir, tres meses en una evolución de las lesiones que tardaron más de tres años, entre la fecha en que se produjeron y la fecha de celebración del acto de juicio. No parece que exista una voluntad engañosa en reclamar más que tres meses en un periodo tan prolongado de tiempo. Máxime cuando de ser cierta la voluntad de obtener un resarcimiento injusto nada más fácil que haber reclamado las cantidades de dicha persona externa, durante todo el tiempo entre las lesiones y el acto de juicio. Es decir, solo se reclaman tres meses, los inmediatamente posteriores al accidente, donde los dolores y secuelas del accidente mismo eran más que evidentes, y donde el dolor era más intenso. Habiendo sido justificada dicha cantidad a través de los recibos. Y desde luego, teniendo en cuenta la entidad de las lesiones, tanto de la perjudicada, es más que evidente que sería necesaria la asistencia externa. Por lo que dichos gastos han de ser resarcidos."

 

4.- Rehabilitación y fisioterapia: Remite a lo expresado en el apartado de los medicamentos, en tanto que han sido acreditados los pagos de rehabilitación, y entiende que dichas sesiones son estrictamente necesarias para la curación.

Por lo anterior puede concluirse que el deber indemnizatorio debe extenderse a todos aquellos gatos que de manera razonablemente adecuada se deriven del hecho generador del daño, pues solo de este manera se puede obtener una recomposición de los intereses lesionados. La víctima del hecho criminalmente dañoso tiene derecho a que su situación patrimonial no sufra un menoscabo derivado del ilícito. La indemnización, en estos supuestos de daños patrimoniales, adquiere una clara función resarcitoria, buscando la equivalencia entre la situación previa al hecho dañoso y la posterior, generada por éste.

"De tal manera deben quedar incluidos todos aquellos gastos derivados de la dispensa de medicamentos, para combatir el dolor, y recuperar en algo la sanidad previa al accidente, y de las sesiones de rehabilitación llevadas a cabo por la perjudicada. Siendo claro que de la indiscutible realidad de las lesiones sufridas por la perjudicada, como de sus características, no puede discutirse la necesidad funcional tanto de la rehabilitación, como de la adquisición de analgésicos y derivados. Habiendo justificado documentalmente tanto unos como otros gastos."


 

Sentencia de la Audiencia Provincial de Soria, sección 1, nº 1/2014, de 7 de enero.

 

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¿Quién es ?

-        Alexandra Roncero Facal, Abogado en ejercicio, dado de alta en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.

-        Especialista en Derecho Penal, Asistencia al detenido, Accidentes de Tráfico, Juicios de Faltas, Juicios Rápidos, Incapacitaciones y Reclamaciones de deuda.

 

¿Qué Experiencia tiene? – Brevemente te indico que:

- Actualmente es miembro del despacho V. & S. Abogados.

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- Ha defendido con éxito numerosos procedimientos.

- Diplomado en Postgrado Formativo de Acceso a la Profesión de Abogado de la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid.

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