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Mostrando articulos por etiqueta: extinción de la prestación

  Reciente Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de Febrero de 2016 por la que se rectifica la doctrina anterior respecto a la consideración de los Planes de pensiones como ingreso o incremento patrimonial equiparable a los rendimientos de trabajo, a tener en cuenta a la hora de percibir prestaciones por desempleo.

 

 

Exponemos a continuación un caso bastante frecuente durante la percepción de prestación de desempleo, por la que el Servicio Público De Empleo Estatal, procede a sancionar al percepctor con la extinción de la prestación, al entender que se ha producido durante la misma un incremento patrimonial no comunicado y por ende, infracción sancionable con la extinción del derecho y reclamación de lo percibido a tratarse de un cobro indebido .

 

El supuesto concreto versa sobre la percepción del subsidio para mayores de 52 años. Reconocido el derecho al subsidio, durante la percepción del mismo, el sujeto,  rescata un plan de pensiones por importe de 16.000 euros, el cual si declara tributariamente pero no se comunica al SEPE como incremento patrimonial.

Así, el Servicio de Empleo, incoa un procedimiento sancionador por el que finalmente resuelve extingir la percepción del subsidio reconocido, sin derecho a acceder  a ninguna prestación o subsidio por haber extinguido el derecho, y declarar la percepción indebida de prestaciones por desempleo, en base al art. 215 LGSS "al haber obtenido rentas, en cómputo mensual, superiores al 75% del salario mínimo interprofesional, excluida la parte proportcional de dos pagas extraordinarias, tras haber rescatado un plan de pensiones por un importe de 16.000 euros". Frente a esta resolución, se presentó reclamación administrativa previa que fue desestimada.

La persona afectada por la extinción del subsidio interpuso demanda frente al Servicio Público de Empleo Estatal solicitando el reconocimiento  de derecho a la percepción del subsidio, declarando no ajustadas a Derecho las resoluciones del SEPE que le sancionan con la extinción.

 

La sentencia de primera instancia estima parcialmente la demanda del perjudicado, reconociendo el derecho a percibir la prestación extinguida, al no ser ajustadas a derecho las resoluciones sancionadoras, pero procede a la suspensión del subsidio durante el período durante el cual se rescató el fondo de pensiones con obligación de devolver lo percibido. Recurre en suplicación el SEPE, siendo desestimado por el Tribunal Superior de Justicia.

 

Se interpuso recurso de casación para la unificación de la doctrina por el Servicio de Empleo, al entender que la sanción a imponer sería la extinción de la prestación y no la suspensión.

De este punto parte la Sala de Social del Tribunal Supremo, ante la disparidad de las resoluciones dictadas en casos de misma identidad. Así, se trata de trabajadores que perciben el subisidio por desempleo para mayores de 52 años, y durante la percepción, rescatan un plan de pensiones sin comunicación a la Entidad Gestora, si bien por Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña  de fecha 14 de abril de 2008, se determinó que la sanción aplicable era la extinción de la prestación, al haber incurrido en la infracción contenida en el art.25 del RD Legislativo 5/2000, no haber comunicado al SEPE la pérdida de los requisitos para causar derecho al subsidio de desempleo, al tener rentas superiores al 75% del SMI en cómputo anual.

Sin embargo, dicha Sentencia se contradice con la dictada por el Tribunal Supremo en fecha 28 de mayo de 2013, en la que entendió que procedía la suspensión y no la extinción del subisidio ya que la imputación de ingresos obtenidos por la liquidación del plan de pensiones debe imputarse sólo al mes en que se produce, es decir, a un período concreto, y no a todo el período reconocido, con independencia de que se haya comunicado o no al SEPE.

 

En definitiva, el tribunal concluye estableciendo que:

 

<<Las únicas rentas o ingresos computables de la actora son los rendimientos, plusvalías o beneficios que le haya podido generar el plan de pensiones durante el tiempo en que el mismo subsistió, sin que quepa imputar como renta o ingreso el importe total del rescate del mismo, es decir, 16.000 euros. Y al no constar si han existido tales beneficios, plusvalías o rentas, ni el importe de los mismos, la parte actora no ha cometido la infracción que el SEPE le imputa, a saber, no comunicar la obtención de las rentas y percibir la prestación por desempleo indebidamente."

 

 

Por Alexandra Roncero

Abogado Experto en Procesos Laborales

91.530.96.95

 

 


902 55 96 22  


 

 

 


 

 


 

Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de febrero de 2016

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Doctrina del Tribunal Supremo, Sala de lo Social: Ausencia del territorio nacional de los beneficiarios de prestaciones por desempleo.

Exponemos en el siguiente artículo, la doctrina sentada por el Tribunal Supremo, apartándose de su anterior línea, sobre los supuestos en que un beneficiario de prestaciones por desempleo, abandona territorio nacional durante un período de tiempo y supuestos en que supone la extinción o suspensión de la prestación que venía percibiendo.

Antecendentes:

El beneficiario de una prestación por desempleo se ausentó de España durante 15 días, para visitar a un familiar hospitalizado en su país de origen (Ucrania), no habiendo comunicado su salida al extranjero al Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE).

Se inicio un procedimiento sancionador por no comunicar la pérdida de los requisitos para su percepción, habiendo generado un cobro indebido en cuantía de x euros y procediendo la extinción de la prestación.


Ánalisis detallado de nueva Doctrina del Tribunal Supremo: Establece la Sentencia que la relevancia jurídica radica en determinar una serie de factores principales. Primero, la duración de la ausencia del territorio español; y Segundo, la comunicación o no de la misma a la entidad gestora de la protección por desempleo.

1.- Establece el art. 213 g) de la LGSS como causa de extinción de la prestación por desempleo " el traslado de residencia al extranjero, salvo en los casos que reglamentariamente se determinen". Así mismo, el art. 231.1 establece como obligaciones de los trabajadores y de los solicitantes y beneficiarios de prestaciones por desempleo: ... b) proporcionar la documentación e información que reglamentariamente se determinen a efectos del reconocimiento, suspensión, extinción o reanudación del derecho a las prestaciones; ... e) solicitar la baja en las situaciones de desempleo cuando se produzcan situaciones de suspensión o extinción del derecho o se dejen de reunir los requisitos exigidos para su percepción, en el momento de la producción de dichas situaciones".

El Real Decreto 625/1985,contiene el Reglamento de la Protección por Desempleo, al que remite la LGSS en su artículo 6.3 (redacción RD 200/2006 ) prevé una de las excepciones reglamentarias a la regla de extinción de la prestación de desempleo por traslado de residencia al extranjero (" búsqueda o realización de trabajo " o " perfeccionamiento profesional " por tiempo inferior a " doce meses" ). A continuación recuerda que, con la salvedad anterior, el traslado de residencia es " causa de extinción " de la prestación reconocida. Puntualiza después como supuesto excepcional que " la salida al extranjero por tiempo no superior a quince días naturales por una sola vez cada año" no es causa de extinción de la prestación de desempleo. Y concluye, en fin, que esta ausencia del territorio nacional, en cuanto que pueda tener repercusión sobre la dinámica de la prestación de desempleo, desencadena las obligaciones de información o comunicación previstas en el artículo 231.1 LGSS (" sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones establecidas" en dicho precepto legal).

Según el artículo 231.1 LGSS , el desplazamiento o salida al extranjero del beneficiario de prestaciones de desempleo que pueda afectar a su disponibilidad efectiva para actividades formativas o para ocupaciones en el mercado de trabajo español, ha de ser comunicado a la entidad gestora o a los servicios de empleo antes de realizar el viaje. De no comunicarse con antelación por causa de imposibilidad o excesiva onerosidad, la información sobre la circunstancia del desplazamiento se ha de producir desde el lugar de destino a la mayor brevedad posible. Por razones obvias, este deber de comunicación previa rige también para la estancia con un máximo de quince días de duración al año prevista en el artículo 6.3 del RD 625/1985 . Si no hay comunicación por anticipado (o comunicación inmediata en caso de que la información previa hubiera sido imposible o excesivamente onerosa), no hay modo de controlar el cumplimiento de los requisitos del derecho a la prestación; entre ellos, la voluntad de aceptar una oferta adecuada de trabajo o de formación en el territorio español, que en principio es el que delimita y al que se extiende la actuación de los servicios de empleo.

Para las circunstancias sobrevenidas de cualquier clase (personales, familiares, de incidencias en los medios de transporte, etcétera) que puedan determinar o justificar una prolongación de la estancia en el extranjero más allá de lo inicialmente previsto deben también ser comunicadas de manera inmediata a la entidad gestora. 

El incumplimiento de las obligaciones de comunicar ex ante (para la salida programada) o inmediatamente ex post (para una eventual circunstancia sobrevenida) genera automáticamente la suspensión o pérdida temporal ("baja") de la prestación de desempleo que corresponde a los días de estancia en el extranjero no comunicada: todos los días de estancia no comunicada si el incumplimiento ha sido total; o el exceso de días de estancia no comunicada, o no debidamente justificada, si el incumplimiento se refiere a una vuelta tardía.

 Así las cosas, el Tribunal distingue tres grupos de situaciones de la protección del desempleo:

a) una prestación "mantenida" en los supuestos de salida al extranjero por tiempo no superior a quince días naturales al año, por una sola vez, siempre que el desplazamiento se haya comunicado a la Administración española en tiempo oportuno;
b) una prestación "extinguida", con la salvedad que se indica a continuación, en los supuestos de prolongación del desplazamiento al extranjero que comporte "traslado de residencia", es decir por más de los noventa días que determinan en la legislación de extranjería el paso de la estancia a la residencia temporal;
c) una prestación "suspendida" en el supuesto particular del artículo 6.3 del RD 625/1985 (redacción RD 200/2006) de " búsqueda o realización de trabajo " o " perfeccionamiento profesional " en el extranjero por tiempo inferior a " doce meses" ;
d) una prestación "suspendida", en todos los demás supuestos en que se haya producido el desplazamiento al extranjero por tiempo inferior a noventa días, con la consiguiente ausencia del mercado de trabajo español del beneficiario de la prestación de desempleo;


La aplicación de la doctrina general establecida en esta sentencia al caso controvertido conduce a la conclusión de que nos encontramos ante un supuesto de prestación "suspendida" y no de prestación "extinguida", como pretende la entidad gestora y ha resuelto la sentencia recurrida.
Es cierto que la persona beneficiaria de la prestación de desempleo se desplazó a Ukrania, ausentándose del mercado de trabajo español, por razones familiares en principio atendibles. Pero no es menos verdad que este desplazamiento, respecto del cual no se cumplieron las previsiones de la libranza de 15 días como máximo establecida en el artículo 6.3 RD 625/1985 , se llevó a cabo tanto sin comunicación en tiempo oportuno a la entidad gestora. Ahora bien, la estancia en el extranjero fue breve, con regreso a España el 25 de agosto de 2008, a las tres semanas de haberse ausentado, por lo que no concurre en el caso la circunstancia de traslado de residencia, generadora de extinción de la prestación, a que se refiere el artículo 213.g) LGSS , en los términos en que ha sido definida en el fundamento jurídico cuarto.

 

Sentencia del Tribunal Supremo , Sala de lo Social, nº 4325/2011, de fecha 18 de octubre de 2012.

 

 Descargar Sentenca en PDF.

 

 

 


  

    
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