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Procedimiento de internamiento no voluntario. Limitación del derecho a la libertad, art. 17 CE.

 

 

Exponemos a continuación el procedimiento previsto y regulado en el artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para la adopción de un internamiento involuntario de una persona con trastornos psíquicos. 

 

 
 
El procedimiento para el internamiento involuntario de una persona con trastornos psíquicos viene regulado en el artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Si bien, hay que distinguir dos trámites diferenciados, si se trata de un internamiento urgente o bien sigue el curso ordinario. En ambos caso, el internamiento siempre debe ser autorizado por la autoridad judicial competente y debe cumplirse en el sujeto afectado una condición indispensable “que por razón de trastorno psíquico, no esté en condiciones de decidir por si mismo”
 

Nota.- El apartado 1 y 2 del art. 763, fue declarado inconstitucional por STC 132/2010, de 2 de diciembre; si bien, y como sostiene la Fiscalía del Tribunal Constitucional, no supone su expulsión del ordenamiento jurídico, sino que continuará desplegando sus efectos mientras el legislador no regule el procedimiento de internamiento no voluntario mediante una Ley Orgánica.
 

1.- Procedimiento de URGENCIA: Se acuerda el internamiento de una persona con trastorno psíquico por un facultativo especializado, previo a la autorización judicial.
 

Este internamiento debe motivarse en razones de urgencia, atendiendo a las circunstancias del paciente y su estado mental.
En responsable del centro donde se produzca el internamiento, dispone del plazo máximo de 24 horas para comunicar al Juzgado del lugar donde radique el centro, que se ha realizado un internamiento urgente.
 
Tras la comunicación al tribunal competente, el Juez dispone del plazo de 72 horas para ratificar el internamiento o decretar la libertad del paciente.

 
2.- Procedimiento ordinario de internamiento no voluntario: Requiere de autorización judicial previa.
 
La solicitud debe realizarse ante el Juzgado de Primera Instancia del lugar donde resida la persona afectada, pudiendo comparecer asistido de Letrado y representado de Procurador, o en su caso, sería defendido por el Ministerio Fiscal si no ha sido el iniciador del procedimiento, o si fuera así, se le nombraría un defensor judicial.
 
 

Aspectos comunes entre ambos procedimientos: Tanto en el procedimiento ordinario, como en el urgente, la persona afectada será examinado por el médico forense del Juzgado, el cual emitirá un informe y entrevistado por el Juez que ha de resolver sobre su internamiento.
 
De igual manera, puede oírse a otras personas que se consideren convenientes, al Ministerio Fiscal, a los propuestos por la persona afectada.
Si se acordara el internamiento, o se ratificara el realizado de manera urgente, deberá remitirse informes periódicos sobre el estado y la necesidad de continuar con la medida adoptada, en un plazo máximo de 6 meses. No obstante, si se produjera una mejoría de la persona afectada y los médicos le dieran el alta, deberá ponerse en conocimiento inmediato del Juez competente.
 
 
La resolución dictada por el tribunal, será susceptible de recurso de apelación.
 
 
 

Por Alexandra Roncero

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Título Sentencia de Tribunal Supremo de 5 de mayo de 2014, por la que resuelve y unifica la doctrina en relación a la percepción de prestaciones contributivas se puede considerar situación asimilada al alta en la Seguridad Social.

 

En el presente caso, se ha estimado la demanda presentada por el solicitante de la pensión de viudedad en base a que el fallecido cumplía todos los requsitos legalmente establecidos para su reconcimiento.

El Instituto Nacional de la Seguridad había desestimado la solicitud presentada por la viuda para la percepción de la pensión de viudedad por considerar que el causante no reunia los requistos establecidos en la Ley General de la Seguridad Social siendo estos el no encontrarse a fecha del fallecimiento en alta o situación asimilada al alta, y no haber completado el período mínimo de cotización.

Establece el art. Artículo 174 de la Ley General de la Seguridad Social que;  "Pensión de viudedad: 1. Tendrá derecho a la pensión de viudedad, con carácter vitalicio, salvo que se produzca alguna de las causas de extinción que legal o reglamentariamente se establezcan, el cónyuge superviviente cuando, al fallecimiento de su cónyuge, éste, si al fallecer se encontrase en alta o en situación asimilada a la de alta, hubiera completado un período de cotización de quinientos días, dentro de un período ininterrumpido de cinco años inmediatamente anteriores a la fecha del hecho causante de la pensión. En los supuestos en que se cause aquélla desde una situación de alta o de asimilada al alta, sin obligación de cotizar, el período de cotización de quinientos días deberá estar comprendido dentro de un período ininterrumpido de cinco años inmediatamente anteriores a la fecha en que cesó la obligación de cotizar. En cualquier caso, si la causa de la muerte fuera un accidente, sea o no de trabajo, o una enfermedad profesional, no se exigirá ningún período previo de cotización."

 

 A la vista de lo anterior, la solicitante de la pensión presentó demanda ante los Juzgados de lo Social contra el INSS y contra la Tesorería General de la seguridad, habiendose dictado Sentencia estimatoria de la demanda por el Juzgado de lo Social como por el Tribunal Superiro de Justicia, derivado del recurso de suplicaicón formulado por el INSS.

Examinado el caso por el Tribunal Supremo y ante la diversidad de resoluciones judiciales presentafa por el INSS apoyando su recurso, acuerda resover en el siguiente sentido:

En primer lugar, se ha acreditado por el causante de la prestación el requisito de haber cotizado por el período legalmente exigido. En segundo lugar y en cuanto a la percepción de la renta activa de inserción, determina en su F.J.2º, segundo párrafo que  " (...) aunque es cierto que la renta activa de inserción no es equiparable al subsidio por desempleo, cuyos beneficiarios, incluso se encuentran de alta en la Seguridad Social y cotizan a ella por la contingencia de jubilación, no es menos cierto que, desde la publicación del R.D.1369/2006, de 24 de diciembre, cuyo contenido en este particular ha conservado el art. 21 del R.D.L. 20/2012 ,se viene exigiendo, para ser beneficiario de la renta activa de inserción, figurar inscrito como demandante de empleo durante doce o más meses, esto es, ser un parado de larga duración, dato relevante, porque en nuestro sistema de seguridad social siempre se ha considerado en situación de alta al parado involuntario que continuaba desempleado tras agotar las prestaciones y subsidios por desempleo.

Conviene recordar que el artículo 29-2 del Decreto 3158/1966, de 23 de diciembre , a efectos de las prestaciones por muerte y supervivencia consideraba en situación asimilada en alta a quienes se encontraban en los supuestos del art. 28-2 del mismo precepto, cuyos apartados d) y e) consideraban en situación asimilada al alta la situación de desempleo total y subsidiado y la de paro involuntario que subsistiera después de agotar las prestaciones por desempleo. Estas disposiciones las reiteró el art. 2- 4 de la Orden de 13 de febrero de 1967. Y no han sido derogadas. Por ello, dadas las cotizaciones que el trabajador acredita, puede afirmarse que el actor en el presente caso agotó las prestaciones por desempleo y permaneció inscrito como demandante de empleo, al menos, los quince meses anteriores a su fallecimiento en abril de 2010, lo que permite afirmar que estuvo inscrito como demandante de empleo, prácticamente, desde que dejó de cotizar el 31 de octubre de 2008. Además, la situación asimilada al alta deriva de lo dispuesto en el art. 9 de la Orden de 31 de julio de 1972, dado que el causante era perceptor de la renta activa de inserción, auxilio económico que permite nuestra normativa y que tiene su encaje en el artículo 22 del Decreto 1646/1972, de 28 de julio, sin que la falta de desarrollo reglamentario del precepto que nos ocupa, dada la demora en que incurrió la entidad gestora al efecto, pueda servir para denegar la situación asimilada al alta de quien percibía auxilios económicos vinculados a su compromiso expreso de trabajar."

En conclusión, si el causante de la prestación ha sido perceptor de la renta activa de inserción, se entiende que cumple con el requisitos de situación asimilada al alta para poder general el reconocimiento del derecho al cónyuge o pareja de hecho supérstite.

 

Sentencia nº 2144/14 del Tribunal Supremo para unificación de la doctrina:  

 

 Si no se visualiza el Documento, pulsar aqui.

El Juzgado de lo Social de Madrid ha reconocido al trabajador la demanda presentada contra la empresa en reclamación de cantidad adeudada por los salarios no cobrados durante la relación laboral.

En el presente caso, el trabajador demanda a la empresa el pago de los salarios derivados por las horas extraordinarias, turno de noche, festivos trabajados y diferencias salariales del salario base que no le han sido abonados de acuerdo con el Convenio Colectivo de Hostelería y Actividades Turísticas de la Comunidad de Madrid.

Estima el Juzgado de lo Social la demanda en su totalidad, condenando a la empresa demandada a que abone al trabajador la cuantía que ha reclamado, ante la incomparecencia de la empresa a la celebración del juicio. 

 

Sentencia del Juzgado de lo Social de Madrid, estimando la reclamación de cantidad presentada por el trabajador frente a la empresa.

 

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