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Mostrando articulos por etiqueta: Violencia de Género

Caso real: Sentencia absolutoria de un delito de lesiones en el ámbito familiar

 

 

Adjuntamos reciente Sentencia absolutoria a favor de nuestro cliente acusado de un delito de lesiones en el ámbito familiar.  

 

En el presente caso, el cliente venía acusado de la comisión de un delito tipificado en el artículo 153.1 y 3 del Código Penal, como autor de un delito de lesiones en el ámbito familiar hacia su pareja sentimental, la cual también se encontraba acusada por un delito  de lesiones en el ámbito familiar tipificado en el art. 153.2 y 3 CP.
Las penas solicitadas por el Ministerio Público para la pareja sentimental acusadas de agredirse mutuamente era un año de prisión, privación de tenencia y porte de armas por plazo de tres años y la prohibición de aproximarse a menos de 500 metros de su pareja sentimental o de comunicar con ella por el plazo de tres años más el abono de las costas procesales.
 
 
En el acto del juicio ambos acusados se acogieron a su derecho a no declarar, contando la acusación únicamente con las testificales de los agentes de policía intervinientes en la detención de ambos acusados, pero que en ningún caso presenciaron directamente los hechos denunciados.
 
 
El Juzgado de lo Penal acaba dictando Sentencia absolutoria para ambos acusados en tanto que no ha quedado acreditado que se produjera una agresión mutua o de un sujeto hacia el otro, primando el principio de presunción de inocencia ante la carencia de prueba clara y suficiente que induzca a la conclusión razonable de la autoría del delito del que venían acusados, no siendo suficiente para quebrar el principio mencionado con la sóla declaración de los agentes, los cuales fueron testigos de referencia y nunca directos de los hechos. 
 
 
 
 
 
 Este proceso judicial ha sido defendido por la Letrada Alexandra Roncero Facal. 
 

Por Alexandra Roncero

 Abogada Penalista en Madrid

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91 530 96 95

   


 

Derecho Penal

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 Sentencia absolutoria por delito de lesiones en el ámibito familiar

 

 

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Custodia Compartida y Violencia de Género. Una cosa es la logica conflictividad que pueda existir entre los progenitores como consecuencia de la ruptura, y otra distinta que ese marco de relaciones se vea tachado por una condena por violencia de género, que aparta al padre del entorno familiar, y de la comunicación con la madre, lo que va a imposibilitar el ejercicio compartido de la función parental adecuada al interés de los hijos.

 

El presente supuesto parte de los siguientes antecedentes. En un procedimiento de guarda y custodia de pareja de hecho, la madre solicita la custodia exclusiva de dos menores de edad, así como el resto de medidas habituales en este tipo de procedimientos. El padre contesta a la demanda interesando la custodia compartida de los menores.

 

El Juzgado de 1ª Instancia (Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de Guernika) dicta Sentencia por la que se atribuye la custodia de los menores a favor de la madre, fijándose el resto de medidas comunes.

 

El padre recurre en apelación, siendo estimada la misma por la Audiencia Provincial (Sección 4ª de la Audiencia de Vizcaya), que revoca la Sentencia de instancia, en el sentido de acordar que la guarda y custodia de los menores sea compartida por semanas alternas. Se establece asimismo que los gastos ordinarios básicos de los menores serán de cuenta del progenitor con quien se hallen en cada momento y que los padres deberán ingresar cada uno la cantidad de 200 €/mes, actualizables según IPC, en una cuenta bancaria en la que se domiciliarán los gastos fijos de los menores, así como el reparto al 50% de los gastos extraordinarios.

 

La madre interpone Recurso de casación contra la Sentencia de la Audiencia, alegando en esencia infracción del artículo 92.5, 6 y 8 del Código Civil, así como existencia de interés casacional por oposición a jurisprudencia del Tribunal Supremo, todas ellas relativas a la guarda y custodia compartida y en especial la necesidad de tener en cuenta el interés de los menores para su adopción (Ver artículo recientemente publicado en esta sección al respecto del interés del menor a la hora de adoptar el régimen de custodia compartida).

 

Sumamente relevante en este caso es que la madre aporta en el recurso de casación un dato nuevo, como es que con posterioridad al dictado de la Sentencia de la Audiencia Provincial, se dictó Sentencia por la que se condenó al padre por un delito de amenazas en el ámbito familiar a trabajos en beneficio de la comunidad, y prohibición de acercamiento, comunicación y tenencia y porte de armas.

 

La condena deriva de que en un intercambio de los menores, tras el desarrollo de unas visitas, el padre, con ánimo de causar a la madre un temor a sufrir un menoscabo a su integridad, le dijo: “como no me den la custodia compartida, te arranco la piel a tiras, como me quites la custodia compartida, aunque sea lo último que haga, te meto una hostia aquí mismo, mentirosa de la hostia, esto va a acabar mal para todos, perra de la hostia, te va a tocar la gorda, la gorda te va a tocar”.

 

La Sentencia penal se dicta por conformidad del acusado con la calificación del Ministerio Fiscal, dentro de un procedimiento seguido por los trámites de Juicio Rápido.

 

El padre impugna el recurso de casación y el Ministerio Fiscal presenta escrito solicitando la estimación del mismo.

 

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo en Sentencia de 4 de febrero de 2.016, (Ponente Sr. Seijas Quintana), resuelve la cuestión, y así el motivo se estima.

 

La Audiencia Provincial acuerda la custodia compartida tras haber analizado los dictámenes periciales emitidos por el Equipo Psicosocial y deduce de ellos que ambos progenitores están igualmente capacitados para sumir la custodia de sus hijos, y que es conveniente para los menores que los padres participen en la vida de sus hijos con estancias frecuentes y habituales.

 

Como muy bien dice el Tribunal Supremo, sin duda la Audiencia Provincial acierta en su respuesta a la pretensión del padre al respecto de la custodia compartida, ya que en definitiva está aplicando los criterios del propio TS sobre esta materia.

 

Nada habría que objetar por tanto a la decisión de la Audiencia, pero no puede olvidarse el posterior dictado, y aportación al Tribunal Supremo, de la ya mencionada Sentencia condenatoria contra el padre, por un delito de amenazas de género.

 

Indica el Tribunal que en este caso nos encontramos ante hechos indiscutidos de violencia en el ámbito familiar con evidente repercusión en los hijos, que viven en un entorno de violencia del que son también víctimas, directa o indirectamente, y a quienes el sistema de custodia compartida acordado por la Audiencia, les colocaría en una situación de riesgo por extensión al que sufre su madre, directamente amenazada.

 

Recuerda el Supremo que, es doctrina de esa Sala (STS 29-4-13, 16-2-15 y 21-10-15), que la custodia compartida conlleva como premisa la necesidad de que entre los padres exista una relación de mutuo respeto en sus relaciones personales, que permita la adopción de actitudes y conductas que beneficien al menor, que no perturben su desarrollo emocional, y que pese a la ruptura afectiva de los progenitores, se mantenga un marco familiar de referencia que sustente un crecimiento armónico de su personalidad.

 

Una cosa es la lógica conflictividad que pueda existir entre los progenitores, como consecuencia de la ruptura, y otra distinta que ese marco de relaciones se vea tachado por una injustificable condena por un delito de violencia de género, que aparta al padre del entorno familiar, y de la comunicación con la madre, lo que va a imposibilitar el ejercicio compartido de la función parental adecuada al interés de sus dos hijos.

 

En consecuencia se estima el Recurso de Casación, se casa la Sentencia de la Audiencia, y se mantiene la decisión inicial del Juzgado de 1ª Instancia que otorgó la custodia a la madre.

 

Sentencia Tribunal Supremo Custodia Compartida y Violencia de Género:  

 

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DELITO DE VIOLENCIA DE GÉNERO. ENTRE ACUSADO Y PERJUDICADA NO EXISTÍAN MÁS QUE MERAS RELACIONES SEXUALES ESPORÁDICAS, SIN QUE EXISTIERA NINGUNA VOCACIÓN DE ESTABILIDAD DE LA RELACIÓN, POR LO QUE LOS HECHOS SE CALIFICAN COMO SENDAS FALTAS DE LESIONES DEL ARTÍCULO 617.1 DEL CP. ES UNA CUESTIÓN DE HECHO, SUJETA A LA NECESARIA ACREDITACIÓN DENTRO DEL PROCESO PENAL, LA DE DETERMINAR EN QUÉ SUPUESTOS LA RELACIÓN PUEDE OBTENER LA CALIFICACIÓN DE “RELACION ANALOGA A LA CONYUGAL”, QUE PERMITA ADVERTIR ESE PLUS QUE ACREDITA LA SERIEDAD, ESTABILIDAD Y VOCACIÓN DE PERMANENCIA DE LA RELACIÓN.

 

 


Se tramita procedimiento penal por la comisión de dos presuntos delitos de violencia de género en los que tanto el Ministerio Fiscal como la Acusación Particular califican los hechos como constitutivos de dos delitos de maltrato del artículo 153.1 del CP, por los que solicitan, por cada uno de ellos la pena de 1 año de prisión, privación del derecho a la tenencia y porte de armas por 3 años, prohibición de aproximación y comunicación con la perjudicada por plazo también de 3 años, accesorias y costas.

 

 

La peculiaridad del tema radica en que el acusado, negó desde el inicio de la tramitación del procedimiento el que mantuviera con la víctima relación análoga a la matrimonial, o relación estable de noviazgo. Por el mismo se mantiene que la relación con la víctima es solo de amistad, si bien de forma esporádica mantienen relaciones sexuales, negando en consecuencia que mantengan relación sentimental de tipo alguno.

 

 

El Juzgado llega a la conclusión de considerar probados los hechos objeto de imputación, consistentes en dos agresiones acaecidas en dos días consecutivos, si bien entiende que los hechos no resultan incardinables en el artículo 153.1 del CP.

 

 

Se señala que no ha quedado acreditado que entre el acusado y la perjudicada existiera una relación sentimental.

 

 

El artículo 153 del CP protege aquellas situaciones fácticas en las que existe una especial vinculación de pareja, de fidelidad, de unidad, y de futuro, situaciones tutelables por existir esa especial relación que trasciende lo personal, pasando por lo familiar y llegando al ámbito social, en el que la sociedad, en general, entiende que la relación creada por el noviazgo trasciende a los lazos de la amistad, del afecto, de la confianza, para crear un vínculo de complicidad estable, duradero, y con vocación de futuro, mucho más estrecho e intimo, del que se generan obligaciones y derechos (incluso morales), para los interesados, reconocidas y respetadas por los integrantes del ámbito social en el que se mueven.

 

 

No toda relación afectiva puede ser calificada como análoga a la conyugal, advirtiéndose coincidencia en los pronunciamientos judiciales al entender que determinadas relaciones de noviazgo, sin que medie convivencia entre los novios, deben quedar amparadas en el ámbito de protección penal y procesal de la violencia de género.

 

 

Pero es una cuestión de hecho, sujeta a la necesaria acreditación dentro del proceso penal, la de determinar en qué supuestos la relación puede obtener tal calificación, por su intensidad, grado de compromiso, estabilidad, duración, hijos comunes, o, incluso, la existencia de determinadas obligaciones de carácter pecuniario (por ejemplo, la adquisición conjunta de una vivienda), que permitan advertir ese plus que acredita la seriedad, estabilidad y vocación de permanencia de la relación.

 

 

Se concluye que entre acusado y perjudicada no existían más que meras relaciones sexuales esporádicas, sin que existiera ninguna vocación de estabilidad de la relación, por lo que los hechos se califican como sendas faltas de lesiones del artículo 617.1 del CP, por las que finalmente se condena al acusado.

 

 

Adjuntamos al presente comentario copia de la Sentencia del Juzgado de lo Penal, señalando que a la fecha presente la misma no es firme.

 


Sentencia Juzgado de lo Penal: las meras relaciones sexuales esporádicas no presuponen la existencia de una relación sentimental estable análoya a la conyugal

 

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En la actualidad, cualquier tipo de agresión o maltrato de obra, por menor que pueda ser su gravedad, en los supuestos en que el sujeto activo del delito sea un varón, y la víctima mujer, puede suponer  la comisión de un delito de violencia de género.

 

Esta concreta regulación, en los supuestos es que la simple declaración de la víctima se vea corroborada por algún dato objetivo del hecho denunciado (como puede ser la existencia de testigos) puede dejar poco margen de defensa en este tipo de procesos, por lo que es conveniente plantearse el reconocer los hechos y con ello obtener una minoración importante de las penas que se han de imponer.

 

El artículo 153 del Código Penal dispone:

 

1. El que por cualquier medio o procedimiento causare a otro menoscabo psíquico o una lesión no definidos como delito en este Código, o golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle lesión, cuando la ofendida sea o haya sido esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él, por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, o persona especialmente vulnerable que conviva con el autor, será castigado con la pena de prisión de 6 meses a un  año o de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días y, en todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un día a tres años, así como, cuando el Juez o Tribunal lo estime adecuado al interés del menor o incapaz, inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento hasta cinco años


2. (...) 


3. Las penas previstas en los apartados 1 y 2 se impondrán en su mitad superior cuando el delito se perpetre en pressencia de menores, o utilizando armas, o tenga lugar en el domicilio común o en el domicilio de la víctima, o se realice quebrantando una pena de las contempladas en el artículo 48 de este Código o una medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza


4. (...)

 

Por su parte, el artículo 57 establece que en este tipo de delitos se acordará en todo caso la aplicación de la pena prevista en el apartado 2 del artículo 48, es decir, la prohibición de aproximarse a la víctima, o a aquellos de sus familiares u otras personas que determine el Juez o Tribunal, lo cual impide al penado acercarse a ellos, en cualquier lugar donde se encuentren, así como acercarse a su domicilio, a sus lugares de trabajo y a cualquier otro que sea frecuentado por ellos.

 

La duración de esta prohibición de aproximación será, como mínimo de un año más de la duración de la concreta pena de prisión impuesta

 

Al tramitarse el asunto por Juicio Rápido las penas que se solicitaren por el Fiscal, si el acusado reconociese los hechos se verían reducidas en un tercio, lo que evidentemente supone un claro beneficio, sobre todo en asuntos en los que no se vislumbra defensa alguna en el proceso.

 

Vamos a analizar, a título de simple ejemplo, un supuesto de maltrado de obra en el que el varón agrede a su pareja (mujer), en la vía pública, existiendo testigos de estos hechos (viandantes o policía en su caso). En este supuesto, sería conveniente plantearse un acuerdo con la fiscalía pues ello podría llegar a suponer la imposición de penas que en modo alguno se lograrían si llegase a celebrarse un juicio.

 


 

Penas mínimas por Delito del art. 153.1 del C.P.

Asunto en el que se Celebre un Juicio por el Cauce Común

 

 

Si el asunto se tramitase por Juicio Rápido y

el Acusado reconociese los hechos y se alcanzase un

acuerdo con el Ministerio Fiscal

las penas mínimas que podrían llegar a imponerse:

 

En todo caso:

  • Alejamiento por 1 año y 6 meses
  • Privación de tenencia y porte de armas por 1 año y 1 día

 

 

 

En todo caso:

  • Alejamiento por 1 año y 4 meses
  • Privación de tenencia y porte de armas por 8 meses y 1 día

Y además una de las siguientes penas:

  • Prisión de 6 meses, o
  • 31 jornadas de trabajo

 

 

Y además una de las siguientes penas:

  • Prisión de 4 meses , o
  • 22 jornadas de trabajo 

 


 

Como podéis comprobar la mejora es evidente. En el caso que os traemos de ejemplo se ha logrado rebajar las penas a las mínimas posibles.

 

Además al conseguirse estas penas, el tiempo para cancelar los antecedentes penales se reduce, logrando con ello un doble beneficio.

 

Es por tanto recomendable estar adecuadamente informado y asesorado para saber los supuestos en los que es recomendable alcanzar un acuerdo con la fiscalía y conformar la pena, para que el Juez rebaje la misma en un tercio. Debe tenerse en cuenta que nos estamos refieriendo a aquellos supuestos en los que no solo existe la declaración de la mujer agredida como prueba de los hechos, sino muy especialmente algún tipo de prueba que avale esa versión de la víctima, ya que en caso contrario, o en los supuestos en que la testifical de terceras personas no fuera concluyente, habría que plantearse otra estrategia defensiva diferente a la expuesta

 

Atestado de la Policía, en el que consta la denuncia de la víctima.

 

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Sentencia de conformidad en la que se impone una pena de XXXX.


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PROCEDIMIENTO REAL DE JUICIO RÁPIDO POR VIOLENCIA DE GÉNERO O DOMÉSTICA ANTE JUZGADO DE INSTRUCCIÓN DE ALCALÁ DE HENARES.


Os acompañamos un Caso Real en el que se producen malos tratos físicos en el ámbito familiar, fomulando denuncia la víctima, solicitando Orden de Protección.


El denunciado es detenido por los agentes actuantes y pasado a disposición judicial como supuesto autor de un delito de lesiones en el ámbito familiar contra la persona que  era su esposa, concurriendo la agravante de reincincia por haber sido condenado anteriormente por los mimos hechos.


Este asunto ha sido dirigido por el Letrado Don Vicente Javier Saiz Marco. 


1) Atestado Policial instruido por un supuesto Delito de malos tratos físicos en el ámbito familiar.

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2) Auto Orden de Protección.

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3) Acta guiada Juicio  Rápido.

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4) Escrito acusación fiscal.

 

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5) Sentencia con la Conformidad del Acusado, reducciendo en un tercio la pena solicitada por el Ministerio Fiscal. 

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En caso de Sentencia Absolutoria por delito de malos tratos sin que la misma contenga pronunciamiento expreso manteniendo durante el tiempo de sustanciacion de los recursos contra tal sentencia la vigencia de la orden de alejamiento dictada anteriormente, dicha medida ya no regiría, y en consecuencia cualquier comunicación posterior entre las partes es atípica.

 

El Tribunal Constitucional en Sentencia 16/2.012, de la Sala Primera, de 13 de febrero de 2.012, otorga el amparo solicitado por el recurrente y le reconoce el derecho a la presunción de inocencia (art 24.2 CE), en el siguiente supuesto

 

En un tema de violencia de género, un Juzgado de Instrucción dicta Auto imponiendo al imputado la prohibición de aproximarse y comunicarse con su pareja. Después de dictarse tal alejamiento, la denunciante acude al domicilio del acusado y consiente en estar en compañía del mismo. Celebrado juicio oral, el Juzgado de lo Penal dicta Sentencia absolutoria en tal procedimiento seguido por quebrantamiento de la medida cautelar, al entender que tales encuentros fueron consentidos, sin contener tal Sentencia absolutoria del Juzgado de lo Penal, pronunciamiento de tipo alguno sobre si permanece vigente o no la prohibición de aproximación y comunicación dictada anteriormente por el Juzgado de Instrucción

 

Dictada tal Sentencia absolutoria por parte del Juzgado de lo Penal, el acusado, sin esperar a la firmeza de la misma, se presenta en el lugar de trabajo de su excompañera, por lo que la misma presenta nueva denuncia por presunto delito de quebrantamiento de la medida cautelar.

 

La Sentencia que absolvía al acusado fue recurrida en apelación por la acusación particular

 

Como consecuencia de esta segunda denuncia, el Juzgado de lo Penal condena al recurrente como autor de un delito de quebrantamiento de medida cautelar del artículo 468.2 del CP a la pena de 6 meses de prisión, accesorias y costas, y todo ello sobre la base de entender que el acusado tenía que ser consciente, cuando se presentó en el lugar de trabajo de su excompañera, que la orden de alejamiento podía estar vigente. Interpuesto recurso de Apelación, la Audiencia Provincial lo desestima sobre la base de que la medida cautelar no había sido dejada sin efecto en tanto en cuanto la Sentencia absolutoria original no era firme

 

El condenado, y posterior recurrente en amparo, mantiene que las resoluciones impugnadas infringen lo previsto en el artículo 69 de la LO 1/ 2.004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género en cuanto determina que la Sentencia que se dicte habrá de hacer constar el mantenimiento o no de las medidas adoptadas durante el procedimiento. Se mantiene en consecuencia que la ausencia de todo pronunciamiento expreso en la Sentencia absolutoria del Juzgado de lo Penal, determina, por aplicación del tal artículo, el decaimiento de dicha medida y por tanto su pérdida total de eficacia, aunque la sentencia no fuera firme, o estuviera pendiente un recurso de apelación. El aunar la falta de firmeza de la sentencia absolutoria, con la vigencia o prórroga tácita de la medida cautelar, contradice abiertamente el contenido del artículo 69 de la LO 1 / 2.004

 

Sobre la base de lo expuesto, el Tribunal Constitucional concluye:

 

Las Sentencias impugnadas han considerado hecho probado que se encontraba todavía vigente la orden de alejamiento

 

No resulta razonable el “iter discursivo” que conduce a tal conclusión ya que el delito de quebrantamiento de medida cautelar se consuma cuando se realiza la actividad prohibida por la resolución judicial (en este caso acercamiento del imputado a su ex compañera), pero para ello es inexcusable que la orden que contiene tal prohibición se encuentre vigente

 

En esta línea, el artículo 69 de la LO 1/ 2.004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, determina que “las medidas de este capítulo pondrán mantenerse tras la sentencia definitiva y durante la tramitación de los eventuales recursos que correspondiesen. En este caso, deberán hacerse constar en la sentencia el mantenimiento de tales medidas”

 

La ausencia de mención expresa sobre el mantenimiento de la medida cautelar en la Sentencia absolutoria del Juzgado de lo Penal, conlleva la finalización de la vigencia de dicha medida en el momento en que tal sentencia fue dictada

 

En consecuencia, la falta de este pronunciamiento por parte del Juzgado determina el decaimiento de la referida medida de protección y por ello, su pérdida de eficacia, aunque la Sentencia dictada no fuera firme y estuviera pendiente de recurso o no hubiera transcurrido el plazo previsto para su interposición

 

El mantenimiento de la orden de protección en este supuesto de sentencia absolutoria se supedita por el legislador (art. 69), a que se haga constar expresamente en dicha resolución, lo que requerirá un plus de motivación al órgano judicial, desde el canon de la proporcionalidad, para justificar las razones por las que se acuerda en tales circunstancias, la prórroga de la medida

 

Se concluye que la condena al recurrente ha vulnerado su derecho a la presunción de inocencia (art 24.2 CE), pues el razonamiento que se ha formulado para entender probada la concurrencia de uno de los elementos del tipo penal ha sido irrazonable, contrario al tenor de las normas aplicadas y discrepante respecto a las pautas interpretativas al uso en la comunidad jurídica, por lo que se decreta la nulidad de las sentencias impugnadas sin retroacción de actuaciones

 

Texto íntegro de la Sentencia del Tribunal Constitucional, nº 16/2012, del 13 de febrero:

 

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