urgencias-abogados

telefonos-de-abogados

presupuesto-de-abogado

alta-de-abogados-en-quieroabogado-2014Quiero Abogado

Quiero Abogado

Abogados-Consultas-Gratuita

hablar-reunir-con-abogado

Mostrando articulos por etiqueta: Nombramiento de Tutor

 

Reciente Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal,121/2014, delito de apropiación indebidida e incumplimiento de los deberes inherentes al cargo de tutor.

 

En este supuesto, el Tribunal Supremo confirma la condena por un delito de apropiación indebida y de incumplimiento de deberes realizado por la tutora legal de una persona incapacitada judicialmente, siendo éste su marido, quien sufrió un accidente de tráfico. Queremos destacar el hecho de que al margen del examen penal del caso, y que analizaremos más adelante, una simple situación de la vida cotidiana tiene  relevancia jurídica. Así, en este supuesto, alcanza hasta 5 procedimientos distintos, y que son recogidos en la sentencia del Tribunal Supremo para fundamentar la resolución condenatoria contra la acusada, siendo los siguientes:

Antecedentes del supuesto:

- Accidente de tráfico. Reclamación de la indemnización por las lesiones y secuelas derivadas del siniestro. Abono de una cuantiosa suma dineraria.

- Reconocimiento por parte del INSS de la incapacidad permanente absoluta en grado de gran invalidez que le imposibilita para trabajar derivado del accidente de tráfico.

- Declaración por Juez de la incapacidad para gobernarse asi mismo, nombramiento de tutor. Recayendo el nombramiento en su esposa.

- Indicios previos al accidentede tráfico de la intencionalidad del perjudiciado de presentar el divorcio. Indicios posteriores al accidente, nueva relación sentimental de la esposa del perjudicado.

- Abandono del incapaz por parte del tutor, apropiación de los bienes y dinero para su propio beneficio.

 

Se alza en casación la defensa de la acusada por considerar que no ha quedado acreditado que la tutora legal se apropiara de bienes de su marido incapacitado judicialmente, ni incumpliera las obligaciones legales inherentes al ejercicio adecuado de la tutela. Señala el Tribunal Supremo la doctrina dictada por la sala para entender que concurre el delito de apropiación indebida.

F.J,3º:" Se declara probado, entre otros extremos, que la acusada, ya en su condición de guardadora de hecho ya en su posterior condición de tutora, dispuso, invirtiendo parte importante en su propio nombre, de un total de 787.084,20 euros, sin que destinara cantidad alguna de esa suma a la atención y asistencia de Marco Antonio cuando constituía la indemnización que se había fijado judicialmente para resarcirle de las gravísimas secuelas- 95% de minusvalía- causadas en un accidente de tráfico, indemnización que con arreglo a lo que se dispone en el apartado 6º del artículo 1346 del Código Civil , constituye un bien privativo de la víctima ( Sentencia 520/2001, de 29 mayo, de la Sala Civil del Tribunal Supremo).
Tiene declarado esta Sala, como es exponente, la Sentencia 997/2007, de 21 de noviembre , que en el delito de apropiación indebida pueden distinguirse dos etapas diferenciadas. La primera se concreta en
una situación inicial lícita, generalmente contractual, en la que el sujeto activo recibe en calidad de depósito, comisión, administración o por cualquier otro título que produzca obligación de entregarlos o devolverlos dinero, efectos, valores o cualquier otra cosa mueble o activo patrimonial, recepción presidida por la existencia de una convenida finalidad específica de devolución o bien de empleo en un destino determinado, es decir, de entrega a un tercero o terceros para cumplir la finalidad pactada. En la segunda etapa el agente transmuta esta posesión legítima (o propiedad afectada a un destino, en el caso de bienes fungibles) en disposición ilegítima y abusando de la tenencia material de los bienes y de la confianza recibida, dispone de ellos, los distrae de un destino o niega haberlos recibido, es decir, se los apropia indebidamente en perjuicio del depositante, comitente, dueño o persona que debiera percibir los bienes u obtener la contrapartida derivada de su destino pactado."

"En palabras de la STS 1261/2006, 20 de diciembre , en el ámbito jurídico-penal apropiarse indebidamente de un bien no equivale necesariamente a convertirse ilícitamente en su dueño, sino a actuar ilícitamente sobre el bien, disponiendo del nuevo como si fuera su dueño, prescindiendo con ello de las limitaciones ínsitas en el título de recepción, establecidas con garantía de los legítimos intereses de quienes lo entregaron ( SSTS 1566/2001, 4 de septiembre , 2339/2001, 7 de diciembre , 477/2003, 5 de abril )."

En definitiva, apropiarse significa incorporar al propio patrimonio la cosa que se recibió en posesión con la obligación de entregarla o devolverla.

" Por ello, cuando se trata de dinero u otras cosas fungibles, el delito de apropiación indebida requiere como elementos de tipo objetivo: a) que el autor lo reciba en virtud de depósito, comisión, administración o cualquier otro título que contenga una precisión de la finalidad con que se entrega y que produzca consiguientemente la obligación de entregar o devolver otro tanto de la misma especie y calidad; b) que el autor ejecute un acto de disposición sobre el objeto o el dinero recibidos que resulta ilegítimo en cuanto que excede de las facultades conferidas por el título de recepción, dándole en su virtud un destino definitivo distinto del acordado, impuesto o autorizado; c) que como consecuencia de ese acto se cause un perjuicio en el sujeto pasivo, lo cual ordinariamente supondrá una imposibilidad, al menos transitoria, de
recuperación. Y, como elementos de tipo subjetivo, que el sujeto conozca que excede sus facultades al actuar como lo hace y que con ello suprime las legítimas facultades de titular sobre el dinero o la cosa entregada". Y se añade que la modalidad de apropiación indebida objeto de condena en la sentencia impugnada, que es la distracción de fondos percibidos por el autor por cualquier título que produzca la obligación de entregarlos o devolverlos, considera que constituye una modalidad típica, prevista en el art. 252 del Código Penal , que tiene como presupuesto la traslación legítima de dinero, u otra cosa fungible que comporte para el receptor la adquisición de su propiedad, aunque con la obligación de darle un determinado destino, conforme a los términos, explícitos o implícitos, de la relación contractual asumida. Cuando, como sucede en el presente recurso, se trata de dinero, y dada su acusada fungibilidad, la acción típica no consiste tanto en incorporar el dinero recibido al patrimonio propio, -puesto que esta incorporación, aunque condicionada, se produce por el hecho de haberlo recibido legítimamente-, sino en darle un destino diferente al pactado, irrogando un perjuicio a quien hizo la entrega.

Efectivamente, como antes se ha dejado expresado, la acusada, como guardadora de hecho y posteriormente tutor de la víctima, no destinó la cantidad recibida, de la que era administradora, al destino
judicialmente señalado de indemnizar a Marco Antonio de las lesiones y gravísimas secuelas padecidas en un accidente de tráfico, disponiendo del dinero para otros fines bien distintos."

En cuanto a la aplicación de la agravante de abuso de relaciones especiales del art.250.1.6º del Códido Penal, señala el Tribunal la doctrina dictada al efecto, la Sentencia 931/2009, de 20 de septiembre , la necesidad de ponderar cuidadosamente la aplicación de esta agravación, en la medida en que en la mayor parte de los casos, tanto el engaño que define el delito de estafa como el quebrantamiento de confianza que es propio de la apropiación indebida, presentan significativos puntos de coincidencia con la descripción del tipo agravado. La STS 383/2004, 24 de marzo , señaló -con cita de las SSTS, 1753/2000, 8 de noviembre , 2549/2001, 4 de enero 2002 , 626/2002, 11 de abril y 890/2003 -, que la aplicación del subtipo agravado por el abuso de relaciones personales del núm. 7 del artículo 250 del Código Penal , quedaba reservada para aquellos supuestos en los que además de quebrantar una confianza genérica, subyacente en todo hecho típico de esta naturaleza, se realice la acción típica desde una situación de mayor confianza o de mayor credibilidad que caracteriza determinadas relaciones previas y ajenas a la relación subyacente, en definitiva un plus que hace de mayor gravedad el quebrantamiento de confianza implícito en delitos de este tipo, pues en caso contrario, tal quebrantamiento se encuentra ordinariamente inserto en todo comportamiento delictivo calificable como estafa o apropiación indebida.

" En el presente caso, el Tribunal de instancia razona la concurrencia de la agravación del artículo 250.1.7 del Código Penal señalando literalmente que el hecho se cometió no solamente abusando de la relación tutorincapaz, lo cual, en si mismo, llena el quebrantamiento de confianza que es propio del hecho básico delictivo de la apropiación indebida, sino también abusando de la relación matrimonial con aprovechamiento de la situación en la que había quedado Marco Antonio , lo cual determina un quebrantamiento de mayor gravedad puesto que la confianza es doble, excediendo así el quebrantamiento de confianza propio del hecho básico, máxime cuando en casos como el presente no se aplica la circunstancia genérica agravante de parentesco del art. 23 Cp. Lo cierto es que fue esa formal existencia de matrimonio lo que determinó que la acusada actuara como guardadora de hecho y posteriormente como tutora, aunque la realidad, acorde con las pruebas practicadas y como se recoge en el relato fáctico, es que actuó como si ese matrimonio no existiera.Es decir, que no puede afirmarse un doble quebrantamiento del deber de confianza ni la presencia de plus que exige esa agravación, ya que si no hubiera mediado matrimonio no hubiera actuado como guardadora de hecho ni designada tutora y no se le hubiera confiado la administración de esa indemnización fijada a favor de Marco Antonio y difícilmente puede hablarse de relaciones personales cuando éstas no existían.Así las cosas, procede estimar este extremo del motivo dejándose sin efecto la agravante de abuso de relaciones personales."

 Respecto del delito de abandono de incapaces, señala la Sala los elementos del delito. Señala el artículo 226.1 que el dejare de cumplir los deberes legales de asistencia inherentes a la patria potestad, tutela, guarda o acogimiento familiar o de prestar la asistencia necesaria legalmente establecida para el sustento de sus descendientes, ascendientes o cónyuge, que se hallen necesitados.

Se trata básicamente de un delito de omisión, por incumplimiento injustificado de los deberes de asistencia inherentes a la tutela y se requiere la capacidad para realizar la acción debida. El tipo subjetivo exige conocer las circunstancias fácticas que generan el deber de asistencia Los deberes cuyo incumplimiento está penalmente sancionado no se circunscriben a la asistencia de índole puramente económica correspondiente a una pensión alimenticia sino que abarca el conjunto de deberes relativos a la atención y cuidado que corresponde, en este caso, al tutor respecto al incapaz. Y participa de la naturaleza de los denominados tipos penales en blanco siendo preciso acudir a la legislación civil para fijar su contenido en la medida que es ésta la que define los deberes legales de asistencia, en concreto los artículos 269 y siguientes del Código Civil en relación al ejercicio de la tutela y artículos 172 y siguientes en relación a la guarda.

Se afirma el incumplimiento total de cada uno de los deberes del tutor dispuestos en el artículo 269 del Código Civil y los que correspondía, antes de ser nombrada tutora, como guardadora de hecho, y se refiere a la ilícita administración, a la falta de información al Juzgado, la no promoción de la recuperación de la capacidad del tutelado y su inserción en la sociedad, como resulta del traslado a una residencia para ancianos a cientos de kilómetros, y que hubo un periodo de hasta quince meses con incumplimiento del resto de los deberes, incluso de lo necesario para su aseo personal y de abonar las cuotas de la residencia, no apareciendo por allí e poniéndose en situación en la que prácticamente era imposible contactar con ella como tutora.
Ciertamente, como se razona por el Tribunal de instancia y recoge en los hechos que se declaran probados, ha existido un incumplimiento casi absoluto de los deberes de asistencia, tanto materiales como
morales, a que venía obligada en su funciones de tutora, tutoría que había reclamado al Juzgado para poder disponer de la indemnización a su antojo y desatender las obligaciones, de toda índole, que exigía la asistencia del incapaz. Estas obligaciones vienen recogidas en el artículo 269 del Código Civil.

  

Sentencia del Tribunal Supremo 121/2014: Delito de apropieación indebida e incumplimiento de las obligaciones inherentes a la tutela.  

 

 Descargar Documento en PDF. 


 

 

residencia-menores-extranjero-divorcios-rupturas 

 

Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo, número 504/2012, de 17 de julio, en la que se analiza la capacidad que tiene el Juez para prescindir del nombramiento como tutor de la persona designada en documento público por el propio incapaz.

 

 

 

Considera el Alto Tribunal que prima la efectiva protección del incapaz por encima de la elección que hubiese plasmado ante Notario, en tal sentido fundamenta la decisión en el quinto de los fundamentos legales, expresando que:


"QUINTO. La autotutela.


El segundo motivo denuncia la infracción, por no aplicación e interpretación, de lo dispuesto en el párrafo segundo del Art. 223 CC y el Art. 234.1 CC , en relación con los Arts. 10, 14, y 20.1 a) y los Arts. 1, 5 y  2 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La tesis de la sentencia recurrida que no acepta el nombramiento de la persona designada como tutora por el sometido a tutela, se opone a la debida aplicación de los artículos que se denuncian como infringidos. Debe desterrarse la regla, de acuerdo con la cual la incapacitación priva al declarado incapaz de ejercer todos o parte de sus derechos y de obrar conforme a sus preferencias, puesto que a la vista de la Convención, dicha declaración vulnera la dignidad de la persona. Según la Convención, debería haberse sometido a curatela y en cualquier caso, debe ser respetada su voluntad y preferencia puestas de manifiesto en la escritura pública otorgada en la que designaba su tutor.


El motivo se desestima.


En dicho motivo se mezclan diversas cuestiones, que se van a examinar independientemente.


1ª Con referencia al concepto de la pretendida vulneración de la dignidad de la persona por no aplicación de la Convención de Nueva York, de 2006, la STS 282/2009 ya declaró que la incapacitación es solo una forma de protección de los discapaces y que por ello mismo no es una medida discriminatoria, sino defensora y no vulnera la dignidad de la persona.


2ª La previsión de designación de tutor por parte del mismo interesado para el caso de que el interesado debiera ser sometido a un procedimiento de protección de este tipo, no aparece establecido en la Convención de Nueva York de 2006.


3ª En la llamada "autotutela", el Art. 223.2 CC establece que cualquier persona con capacidad de obrar suficiente, "en previsión de ser incapacitada judicialmente en el futuro, podrá en documento público
notarial adoptar cualquier disposición relativa a su propia persona o bienes, incluida la designación de tutor"; consecuencia de ello, el Art. 234. 1 CC establece un orden de prelación en el que en primer lugar resulta preferido para el nombramiento de tutor, el designado por el propio tutelado, de acuerdo con el Art. 223.2 CC . Se acepta así la figura de la denominada autotutela, que concuerda con el Art. 222-4 del Código civil de Cataluña .


4ª Sin embargo, el propio Art. 234.2 CC establece que "excepcionalmente, el Juez, en resolución motivada, podrá alterar el orden del párrafo anterior o prescindir de todas las personas en él mencionadas, si el beneficio [...] del incapacitado así lo exigiere". También en el Art. 222-9 CCC se da preferencia a la persona designada por el incapacitado en el acto de delación voluntaria. Sin embargo, en el propio art. 222-9.2 CCC se permite al juez prescindir de esta persona, según las circunstancias del caso, si se ha producido un cambio sobrevenido de las circunstancias que se tuvieron en cuenta al efectuar dicha delación voluntaria, o bien si se efectuó en el curso del año anterior a la declaración de incapacidad y en este caso, el art 222-10 CCC establece que la designación del tutor corresponde al juez cuando no hay persona designada o su nombramiento no es adecuado (si no escau el seu nomenament) y ello siempre que sea conveniente para los intereses de la persona menor o incapacitada (Art. 222-10.3 CCC).


De todo ello se concluye que en los ordenamientos que han previsto la derlación voluntaria de la tutela, el juez no está vinculado por ella cuando no sea conveniente para la persona con capacidad restringida, teniendo en cuenta la protección del interés de la persona sometida a este tipo de protección. En cualquier caso, la alteración del orden establecido en el Art. 234.1 CC debe efectuarse en resolución motivada.


Esta circunstancia concurre en el presente procedimiento: ya se ha dicho en el FJ segundo, que la sentencia no adolece de falta de motivación en lo relativo al razonamiento que excluye nombrar tutor a la persona designada por el sometido a protección. Las mismas razones allí expuestas deben entenderse reproducidas aquí, con la finalidad de justificar la exigencia de "resolución motivada", contenida en el Art. 234.1 CC para dicha exclusión."

 

Acceso al texto íntegro de la Sentencia 504/2012 dictada por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo el día 17 de Julio, relativa a la Autotutela.

 

Descargar Documento en PDF.

 

tutela-autotutela 


Estás Aquí: Mostrando articulos por etiqueta: Nombramiento de Tutor

 

           QuieroAbogado en

             Redes Sociales

 Google +

Google+

  

Twitter

Twitter

   

Facebook

Facebook

   

alta-de-abogados-en-quieroabogado

Más de 200 Abogados Colaboradores

                ¡Síguenos!                      Altas limitadas a 500 letrados