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 Real Decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. - Actualizado Julio 2012

Mostrando articulos por etiqueta: Negligencias medicas
Hasta ahora la Responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas estaba regulada en los artículos 139 a 146 de la Ley 30/92 y en el Reglamento de los procedimientos aprobado por R.D 429/93.

Con la entrada en vigor de las Leyes 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas y 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público quedarán modificados principios y régimen jurídico, así como las especialidades procedimentales. Con la consideración de “especialidades” las mismas adquieren rango legal tal y como lo indica la Exposición de motivos de la Ley 39/2015, “los procedimientos se ha integrado en el común”.

En cuanto a las especialidades:

El procedimiento de responsabilidad patrimonial se puede iniciar de oficio, por petición razonada de otros órganos o a instancia de parte de los particulares.
Cuando sea la Administración la que haya iniciado el procedimiento de oficio, debe hacerlo antes de que prescriba el derecho a la reclamación por parte del particular. El plazo sigue siendo el de 1 año, desde que se produjo el hecho o acto lesivo, o desde la curación o desde que las secuelas quedan determinadas en los casos de daños físicos o psíquicos.

El artículo 81 de la Ley 39/2015 regula lo referente a solicitud de informes y dictámenes, indicando los 3 tipos:
- Informe del Servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión indemnizable. Este informe debe emitirse en 10 días.
- El Dictamen del Consejo de Estado, u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma, cuando la indemnización sea superior a la cantidad que fije la norma. Se emitirá en el plazo de 2 meses.
- El Informe del Consejo General del Poder Judicial, cuando sean reclamaciones al Estado por el funcionamiento anormal de la Justicia. Será emitido en el plazo máximo de 2 meses.


En cuanto a la terminación convencional, deriva del artículo 86.5 de la Ley 39/2015 que establece que el acuerdo alcanzado entre las partes deberá fijar la cuantía y modo de indemnización, de conformidad a los criterios del art. 34 de la Ley 40/2015 previsto para su cálculo y abono.

 

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Vicente J Saiz Marco Abogado de Incapacidades
Por Vicente J. Saiz Marco - Abogado

 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 
 


¿Cabe la indemnización por falta de información o consentimiento, aunque la actuación sanitaria hubiera sido correcta?

 

Una de las vertientes más actuales y controvertidas de la responsabilidad patrimonial sanitaria pretende dar respuesta al siguiente interrogante: ¿Cabe la indemnización por falta de información o consentimiento, aunque la actuación sanitaria hubiera sido correcta?

La idea de partida se recoge en el artículo 24 del Convenio de Oviedo, según el cual, la persona que haya sufrido un daño injustificado como resultado de una intervención tendrá derecho a una reparación equitativa en las condiciones y modalidades previstas en la ley.

Por su parte, la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Básica reguladora de la Autonomía del Paciente y de los Derechos y Obligaciones en materia de Información y Documentación Clínica, resulta clara al situar los deberes relativos a la información y documentación clínica al mismo nivel que el deber de prestar una asistencia sanitaria correcta cuando dispone que:

Todo profesional que interviene en la actividad asistencial está obligado no sólo a la correcta prestación de sus técnicas, sino al cumplimiento de los deberes de información y de documentación clínica, y al respeto de las decisiones adoptadas libre y voluntariamente por el paciente (art. 2.6)

 

La lectura de estos dos artículos nos lleva a las siguientes cuestiones:

1. ¿La ausencia de consentimiento informado da derecho a indemnización?

En caso afirmativo;

2. ¿En que debe consentir el resarcimiento?

Ya de entrada conviene señalar que no toda quiebra de las reglas reguladoras del consentimiento informado tiene que traducirse en un resarcimiento económico.

La STS de 27 de septiembre de 2001 señaló que la falta de información no es per se una causa de resarcimiento pecuniario (no da lugar a una indemnización si no hay un daño derivado, evitable).

Esta doctrina, no obstante, no es unánime y en la actualidad venimos encontrando sentencias de signo contrario que integran la exigencia de información dentro de las obligaciones profesionales que son exigibles a los médicos (lex artis). A esto ayuda la redacción del artículo 2.6 de la Ley 41/2002.

Para responder a estas cuestiones es preciso analizar separadamente una serie de supuestos:

 

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Vicente J Saiz Marco Abogado de Incapacidades
Por Vicente J. Saiz Marco - Abogado

 

 
A)Inexistencia de lesión física. La actuación médica es correcta y positiva para el paciente pero no se ha informado o la información ha sido defectuosa.

Desde un punto de vista teórico cabría sostener que la infracción de las reglas del CI podría dar lugar a responsabilidad patrimonial (por lesionar la autonomía de la persona, el respeto a su dignidad, valores morales o espirituales), si bien la experiencia demuestra que no es así.

El tribunal Supremo se ha pronunciado en numerosas ocasiones con referencia a la quiebra autónoma de la lex artis, por falta de consentimiento informado, si bien en todos los casos se había producido un daño físico.

En consecuencia, la falta de consentimiento informado no tiene relevancia a efectos de resarcimiento salvo que se asocie a una secuela o resultado gravoso relacionado con la actuación medica.

 

B)Actuación conforme a la lex artis, si bien se produce un daño típico y previsto.

La ausencia de CI supondría que se traslada la responsabilidad por el resultado dañoso del paciente –que no ha consentido, después de ser informado- al médico, lo que motiva que la lesión causada por un riesgo inherente a la intervención pasase de no ser antijurídica (riesgo que el paciente ha de soportar) a serlo, precisamente por no haber mediado esa información.

En esos casos la jurisprudencia contencioso – administrativa declara a efectos de resarcimiento el valor autónomo del CI como bien moral cuya infracción es de suyo resarcible.

Caso a caso habrá que ver en qué ha consistido esa infracción, si se trata de un supuesto de absoluta carencia de información y de consentimiento, o si lo omitido es la información sobre los riesgos previsibles, o la información sobre posibles alternativas.

 

C)Actuación conforme a la lex artis, si bien se produce un daño atípico o imprevisible o ha concurrido fuerza mayor.

La fuerza mayor rompe el nexo de causalidad entre la prestación del servicio y el resultado dañoso, pues la causa está fuera del servicio, luego no es imputable a la administración.

En estos casos la reparación ligada a la infracción de las reglas del CI se asemejaría al primero de los supuestos y se basaría en una objetivación máxima de la contemplación del valor jurídico de la autonomía del paciente y de su dignidad.

En efecto, se ha enmarcado la información que precede al consentimiento a una intervención bajo los estándares de razonabilidad y, por tanto, no cabe desde esa premisa exigir una información que abarque hipótesis no ligadas necesariamente al propio acto médico.

La STS, Sala Primera, de 21 de diciembre de 1998 declaró que debían quedar fuera del resarcimiento los casos de riesgos atípicos, imprevisibles o infrecuentes, pues aún con un estricto respeto a las reglas del CI, no se habría podido informar sobre todos los extremos.

D)Actuación contraria a la lex artis además de la falta de información o consentimiento.

Aquí concurren dos tipos de quiebra: la estrictamente médica o técnica, y la ligada al régimen del consentimiento informado.

En estos casos, la infracción de la lex artis ligada al CI sería a más, es decir, a los efectos de la indemnización, lo propio sería estar a la lesión física, de forma que el dato de la lesión de la autonomía de la persona y su dignidad actuaría como elemento de la cuantía de la indemnización.

 

CONCLUSIONES:

Solo puede dar lugar a responsabilidad de la Administración aquellos supuestos en los que el daño por el que se reclama no solo sea antijurídico, sino que, además, debe proceder de una actuación de la Administración y que esta sea contraria a la lex artis.

 
Si bien la responsabilidad patrimonial es objetiva o por el resultado, en materia sanitaria se hace necesario establecer algunos límites, tanto en relación al criterio puramente objetivista del nexo, como en relación al de la quiebra de la lex artis para considerar antijurídico el daño.

 

1. ¿QUE ES LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL SANITARIA?

Se denomina responsabilidad patrimonial de la Administración Sanitaria a la obligación de resarcir económicamente los daños y perjuicios sufridos por un paciente como consecuencia directa de la asistencia sanitaria recibida en un centro dependiente del Sistema Nacional de Salud (SNS).

 

2. ¿ DONDE VIENE RECOGIDO EL DERECHO A SER INDEMNIZADO?

Art. 106.2 de la Constitución española: “Los particulares, en los términos establecidos por la Ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos”.

Art. 139 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común desarrolla este planteamiento y dispone que: “Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos”

 

3. ¿A QUIEN DEBEMOS DIRIGIR LA RECLAMACIÓN?

La primera característica relevante de la responsabilidad patrimonial sanitaria es que se dirige frente a la Administración titular del servicio o centro donde se produce la asistencia, y no frente a los profesionales que la han prestado.

 

4. ¿ES NECESARIO PROBAR LA CULAPABILIDAD DE LA ACTUACIÓN?

Cuando la asistencia se desarrolla en el ámbito del SNS no es necesario demostrar la culpabilidad de la actuación, y basta con establecer una relación de causa-efecto entre la lesión producida y la actuación sanitaria para que los tribunales declaren el derecho a la indemnización.

Se trata de una responsabilidad objetiva, es decir, independiente de la existencia o no de culpa o negligencia por parte de quien presta la asistencia

Este planteamiento genérico, sin embargo, viene siendo matizado por los tribunales, que no olvidan, por lo general, que para que surja responsabilidad y por ende reparación, la lesión debe ser antijurídica, es decir que el perjudicado no tenga el deber jurídico de soportarla.

 

5. ¿CUANDO EL PERJUDICADO TIENE EL DEBER DE SOPORTAR EL DAÑO?

Cuando la actuación sanitaria ha sido correcta, es decir, conforme a los parámetros de la lex artis ad hoc (reglas de la buena práctica clínica aplicadas al caso), ya que por lo general se entiende que la actividad sanitaria no tiene porqué garantizar un resultado, sino un empleo correcto de la ciencia y de la técnica médica en atención a las circunstancias del caso. (Sentencias del Tribunal Supremo de 11 de mayo de 1999 y de 9 de diciembre de 1998, entre otras)

 

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Vicente J Saiz Marco Abogado de Incapacidades
Por Vicente J. Saiz Marco - Abogado

 

 

6. ¿CUALES SON LOS REQUISITOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACIÓN SANITARIA.

a) Existencia de una lesión o daño antijurídico que el paciente no tenga el deber de soportar.

b) El daño debe ser efectivo (nunca potencial o futuro), evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas.

c) Que el daño sea imputable a la Administración y se produzca como consecuencia del funcionamiento normal o anormal del servicio sanitario, en una relación de causa a efecto entre aquel funcionamiento y la lesión, sin que sea debida a casos de fuerza mayor.

d) Que la acción de responsabilidad patrimonial sea ejercitada dentro del plazo de un año desde que se produjo el daño o se manifestaron sus efectos lesivos.

 

7. EL CRITERIO DE LA LEX ARTIS

Ni los pacientes pueden pretender ni la Administración garantizar que la asistencia sanitaria vaya a tener siempre un resultado favorable. Es perfectamente posible, aún dentro de criterios de normalidad, que la prestación asistencial no concluya con la curación o mejoría deseadas por el enfermo.

Por ello, los tribunales vienen poniendo límites al carácter objetivo de la responsabilidad en el ámbito sanitario. Con ello se contribuye a frenar el incremento de las reclamaciones patrimoniales sanitarias, de modo que se concedan indemnizaciones sólo en aquellos casos en los que verdaderamente sea procedente y esté justificado.

La forma correcta de delimitar los supuestos de verdadera responsabilidad consiste en añadir un plus a la exigencia del daño y la relación de causalidad entre éste y la asistencia, de modo que no baste sólo con exigir la relación de causa-efecto, sino que se debe exigir que la prestación sanitaria se haya producido con infracción del criterio de la lex arti (reglas de la buena práctica clínica aplicadas al caso)

 

8. EL DAÑO ANTIJURIDICO

Si la actuación del servicio sanitario ha sido correcta o incorrecta permite determinar, en primer lugar y con alto grado de certeza, la relación de causalidad y, en segundo lugar, concluir si el perjuicio sufrido por el paciente es o no antijurídico.

El empleo por parte del servicio sanitario de una técnica correcta es un dato de gran relevancia, de modo que aun aceptando que las secuelas padecidas tuviesen causa en una intervención quirúrgica, si ésta se realizó correctamente y de acuerdo con el estado del saber, estamos ante una lesión que no constituye un daño antijurídico.

La antijuridicidad de la lesión no concurre cuando el daño no se hubiese podido prever o evitar según el estado del conocimiento de la ciencia o de la técnica existentes en el momento.

 

9. RELACION CAUSA EFECTO.

Resulta esencial para que se estime la responsabilidad patrimonial sanitaria la existencia de un nexo causal directo e inmediato entre la asistencia y la lesión.

Los tribunales vienen considerando que la Administración sanitaria no es responsable de cualquier resultado dañoso o lesivo que se origine durante el transcurso de la actividad de un servicio, sino sólo de aquellos que sean consecuencia del funcionamiento normal o anormal de dicho servicio.

 

Si considera que se han vulnerado sus derechos no dude en contactar con nosotros en el 91 530 96 95.

 Las Administraciones publicas, como cualquier empresa o particular, deben responder por los daños y perjuicios que pudiesen ocasionar por el funcionamiento de los servicios públicos.

 

La Constitución Española de 27 de Diciembre de 1978 reconoce a los ciudadanos en su artículo 106.2 el derecho a ser indemnizados de toda lesión que sufran en sus bienes o derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, como consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.

 

La obligación de indemnizar recae sobre  cualquier tipo de administración pública: Administración General del Estado, Comunidades Autónomas, Diputaciones Provinciales, Ayuntamientos y demás Entidades de Derecho Publico, con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes a otras Administraciones Publicas.

 

La obtención de una indemnización por parte  de las administraciones publicas no siempre es fácil, de hecho en la gran mayoría de los casos será necesario reclamar la indemnización ante los tribunales de lo contencioso administrativo mediante la interposición del correspondiente recurso contencioso administrativo.

 

¿EN QUE CASOS PODEMOS RECLAMAR UNA INDEMNIZACION A LA ADMINISTRACION PUBLICA?

 

La casuística puede ser infinita, no existiendo un catalogo de daños cerrado. Dentro de los supuestos que dan derecho a indemnización se incluye cualquier acción o inactividad de las administraciones publicas que afecten tanto  a bienes materiales como a la integridad física de las persona y  que sean consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.

 

Son muchos y variados los supuestos en los que una administración puede causar un perjuicio y por tanto estar obligado a repararlo, dentro de los cuales podemos destacar los siguientes:

 

  • Reclamación de indemnización derivada de un accidente ocurrido en la vía publica como consecuencia de su mala conservación.
  • Reclamación de indemnización derivada de un error medico producido en alguno de los centros pertenecientes al sistema nacional de salud.
  • Reclamación de indemnización por las lesiones ocasionadas en edificios públicos como consecuencia de su mal estado de conservación.
  • Reclamación de indemnización derivada de daños ocasionados a establecimientos abiertos al publico como consecuencia de la ejecución de obras publicas.

 

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Vicente J Saiz Marco Abogado de Incapacidades
Por Vicente J. Saiz Marco - Abogado

 

 

 

¿ QUE REQUISITOS SON NECESARIOS PARA  QUE LA ADMINISTRACION TENGA LA OBLIGACION DE INDEMNIZAR?

 

 1. Daño o lesión resarcible: Para que exista responsabilidad patrimonial de la administración,  debe haberse producido un daño o lesión en cualquiera de los bienes o derechos del administrado.

 

El daño ha de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado en una persona o grupo de personas.

 

A. Efectivo, es decir, que realmente se produzca  en el patrimonio, derechos o integridad física del administrado, incluyendo los daños morales.

 

No cabe alegar daños potenciales, posibles o futuros, ni tampoco es indemnizable la mera frustración de expectativas. Ej. Suspensión de una convocatoria de oposiciones.

 

 B. Evaluable económicamente: Es necesario que se pueda valorar y cuantificar económicamente la lesión  para poder indemnizar al afectado.

 

C. Individualizado respecto de una persona o grupo de personas. La garantía patrimonial no podría nunca afectar a toda la colectividad.

 

2. El daño o lesión ha de poder ser atribuible a una administración publica. Para ello habremos de identificar el organismo al que creemos que corresponde la reparación. Ejemplo: En el caso de una negligencia medica en un hospital publico de la Comunidad de Madrid, el daño o lesión debe ser atribuible a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.

 

3.  Relación de causalidad entre la conducta de la administración  y el daño o lesión objeto de indemnización.  En todo caso, para tener derecho a una indemnización, tendremos que probar la relación de causalidad entre el daño y la actividad  o inactividad de la administración publica.

 

Por ejemplo, si me he roto un brazo en una zanja indebidamente señalizada , o sufro un accidente provocado por la avería de un semáforo, tendré que presentar partes médicos, fotografías, testigos y todas las pruebas que estén a mi alcance que puedan probar la conexión entre el daño o lesión ocasionado y el funcionamiento de la administración.

 

 

¿QUE TENGO QUE HACER PARA RECLAMAR MI DERECHO A INDEMNIZACION?

 

Lo primero que tenemos que tener muy claro antes de reclamar una indemnización a la administración publica es que no podemos acudir directamente a los tribunales de lo contencioso administrativo.

 

Antes será necesario presentar una reclamación de responsabilidad patrimonial ante el organismo administrativo que creamos responsable del daño y solo cuando este nos deniegue la indemnización, podremos solicitarla ante los juzgados y tribunales de la jurisdicción contenciosa administrativa.

 

La reclamación deberá identificar con claridad a la persona que sufrió la lesión, debiendo especificar claramente el daño o lesión objeto de indemnización, la relación de causalidad entre el daño o lesión ocasionado  y el funcionamiento del servicio publico así como la cuantificación económica de los daños y perjuicios causados.

 

Junto a la reclamación debemos adjuntar todas las pruebas de las que dispongamos.

 

Por ejemplo, si el daño se ha producido por un mal estado de la carretera por la que circulaba, serán de gran utilidad:

 

  • Fotografías
  • Atestado de la policía
  • Parte medico de urgencias
  • Testigos presenciales
  • Documentos que prueben el mal estado del pavimento.

 

La reclamación de responsabilidad patrimonial deberá presentarse ante el Organismo que deba responder de los daños  y perjuicios causados.

 

La presentación de la reclamación en el registro de la administración  dará inicio al procedimiento administrativo.

 

 

¿QUE PLAZO TENGO PARA PRESENTAR LA RECLAMACION DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL?

 

El plazo para el ejercicio de la acción de responsabilidad es de 1 AÑO desde que se hubiera producido el hecho o desde que se manifieste su efecto lesivo.

 

No obstante lo anterior, en caso de daños de carácter físico o psíquico  a las personas, el plazo empezara a computarse desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas.

 

 

¿QUE PLAZO TIENE LA ADMINISTRACION PARA RESOLVER LA RECLAMACION DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL?

 

La administración deberá resolver el expediente en el plazo máximo de 6 meses desde que tiene entrada en el registro de la administración el escrito de reclamación.

 

Es muy importante tener en cuenta que si la administración no resuelve el expediente en el plazo de seis meses, debemos entender que la reclamación ha sido desestimada por silencio administrativo.

 

 

 ¿QUÉ PUEDO HACER SI LA ADMINISTRACION ME DENIEGA LA INDEMNIZACION?

 

En caso de que la administración publica no me reconozca mi derecho a ser indemnizado podre optar entre:

 

  1. Interponer recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano administrativo que dicto la resolución.

 

El plazo para interponer el recurso será de un mes a contar  desde la notificación de la resolución.

 

  1. Interponer recurso contencioso administrativo ante los juzgados y tribunales de la jurisdicción contencioso administrativa. La interposición de este recurso requiere que el interesado este representado y asistido técnicamente por un abogado.

 

El plazo para su interposición será de dos meses desde la notificación de la resolución

 

Normativa básica de aplicación:

 

  • Articulo 106.2 de la Constitución Española de 27 de Diciembre de 1978.
  • Artículos 139 y siguientes de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y Procedimiento Administrativo Común.
  • Real Decreto 429/1993, de 26 de Marzo por el que se regula el procedimiento de responsabilidad patrimonial de la administración publica

 

Si se encuentra en alguna de estas situaciones y necesita asesoramiento legal, no dude en contactar con nosotros.

 

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Durante dos días estuvo la paciente con una pinza quirúrgica en su abdomen. Los médicos advirtieron de que algo no iba bien y tras una radiografía hallaron la respuesta. En el trascurso de una intervención quirúrgica en la zona abdominal, el equipo médico olvidó el instrumento en el interior del cuerpo de la paciente.

 

 

 

El caso es un ejemplo muy ilustrativo del drama cotidiano de las Negligencias Médicas que, según la Asociación del Paciente, la más importante a nivel nacional a la hora de cuantificar los casos y dar asesoramiento a las víctimas de error médico, han crecido de forma notable a causa de los recortes en materia sanitaria y la crisis. Según datos que manejan, en 2014 las denuncias por Negligencias Médicas crecieron un 3%.

 

Las cifras son trepidantes y mas cuando AOK, una aseguradora alemana, estimó que unas 19.000 personas mueren cada año en España a causa de errores médicos y que otras 190.000 sufren consecuencias graves durante las intervenciones quirúrgicas.

 

La principal razón de denuncia por Negligencias Medicas se debe al error de diagnóstico y a la pérdida de oportunidad terapeútica como consecuencia de la falta de medios que viene producida por los recortes en materia sanitaria. Un total de estos casi 300 casos se refieren a intervenciones de cirugía plástica, otros 88 a presuntos afectados por la depilación laser y 137 bebes que nacieron con algún tipo de discapacidad provocada, presuntamente, por algún error médico.

En cuanto a las casi 850 denuncias que se producen por Negligencia Médica con resultado de muerte, los casos más habituales se dan por Mala Praxis, es decir, intervenciones quirúrgicas mal realizadas, altas precipitadas, atencion deficiente, infecciones hospitalarias, retrasos en ambulancias....

 

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Vicente J Saiz Marco Abogado de Incapacidades
Por Vicente J. Saiz Marco - Abogado

 

 

Las listas de espera es uno de los temas que mas controversia produce y uno de los servicios que mas quejas genera. Cirugía General, Traumatología y Urgencias fueron los servicios mas denunciados y lo llevan siendo desde 2010.

 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

La protagonista de esta noticia vivió durante dos años y medio con la absoluta tranquilidad de que estaba sana; de que el bulto que tenía en su pecho era benigno, puesto que así se lo habían confirmado hasta en cuatro ocasiones.

En 2008, la paciente acude al Hospital de Cartagena para que le examinen dicho bulto. Tras la exploración, le indican que es benigno, pero, en 2011, tras una intervención quirúrgica, le comunican que su tumor es maligno y que es necesario realizar una Mastectomía, amputación del pecho.

 

Desde 2008 hasta 2011, la paciente se sometió a cuatro revisiones en distintas fechas y en ninguna se varío el diagnóstico de Nódulo con características benignas de larga evolución. Durante todo este tiempo, a la paciente no le realizan ninguna biopsia ni prueba alguna que indicase lo contrario, pese a que el tumor denotaba síntomas de empeoramiento, como el aumento de tamaño.

 

El Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha condenado a la administración autonómica a indemnizarle con 150.000 euros. En su fallo la jueza refleja que hubo "mala Praxis Médica". El informe médico que refleja el fallo del Tribunal, indica que existió un error por parte del Servicio de Radiodiagnóstico y de la Unidad de la Mama, al no apreciar la existencia de un aumento en el tamaño del Nódulo, documentado en las radiografías previas.

 

Uno de los peritos, a los que cita la Magistrada en su fallo, declaró que la Mastectomía es totalmente atribuible a la falta de un diagnóstico precoz en la paciente.

 

Hoy por hoy, nuestra protagonista esta recuperada y es consciente de que ha ganado una ardua batalla en los tribunales con un caso que supone un éxito en las reclamaciones por Negligencias Médicas, debido a sus dificultad probatoria.

 

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Vicente J Saiz Marco Abogado de Incapacidades
Por Vicente J. Saiz Marco - Abogado

 

 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Sonia Sánchez vive un calvario desde que en 2010 se sometió a una intervención de hernia discal rutinaria. Una semana después, la operación volvió a repetirse ya que el cirujano había olvidado una gasa en el interior del cuerpo de la paciente. Ahí comenzaron todos los problemas.

 

Desde hace casi cuatro años, Sonia vive sujeta a una fuerte medicación que le palia, en cierto grado, los fuertes dolores de piernas y espalda que sufre, así como los espasmos musculares que sacuden todos sus miembros. Su autonomía es limitada y está sometida a un tratamiento psiquiátrico que le permite sobrellevar sus ataques de pánico y de ansiedad.

 

En un principio, el hospital Ramón y Cajal, argumentó que no se había cometido Negligencia Médica alguna y que todo se debía a complicaciones derivadas de la propia intervención. Meses después, la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria de la Comunidad de Madrid, estimó parcialmente la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por la paciente admitiendo que había habido mala praxis, fijando una indemnización de 3066 euros por los daños y perjuicios generados.

 

Sonia recurrió al TSJM, el cual, en su sentencia admite que hubo error médico pero considera que no queda del todo acreditada la relación entre los problemas que sufre la paciente y las actuaciones médicas llevadas a cabo con motivo de la pérdida de la gasa. Por ello da por buena la indemnización fijada por la Comunidad de Madrid y condena a la demandante al pago del importe de las costas que rondan unos 5000 euros.

 

La paciente reclamaba una compensación de 45.865 euros por las secuelas que le ocasionó la intervención quirúrgica. No está contenta con la defensa de su caso. Según argumenta Sonia, la abogada, de asistencia gratuita de su seguro de hogar, ni siquiera la vio así como tampoco demostró las numerosas secuelas tanto físicas como psíquicas que esta intervención le había generado.

 

La Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid le reconoció en 2011 un Grado de Discapacidad del 42% por "Limitación funcional de la Columna" y "Trastorno de la Afectividad".

 

Un Tribunal Médico del Ministerio de Empleo y Seguridad Social determinó en 2013 que la paciente padece un "Proceso Osteodegenerativo morfologicamente evolucionado" que le impiden realizar actividades de exigencia física con sobrecarga del esqueleto axial.

 

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Vicente J Saiz Marco Abogado de Incapacidades
Por Vicente J. Saiz Marco - Abogado

 

 

Sonia lleva una vida muy limitada. Entre sus mayores frustraciones cuenta la de no poder coger a su hijo en brazos.... Para ella no se ha hecho justicia.

 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

La paciente, mujer de 26 años, presentaba obesidad mórbida, por lo que, acudió al Hospital Universitario Madrid Montepríncipe en busca de soluciones a su problemas. En dicho centro le recomendaron cirugía de bypass gástrico ya que la intervención no presentaba mayor riesgo y que la permanencia post – operatorio sería como máximo de tres días.

En marzo de 2007 la paciente fue operada por laparoscopia sin ningún incidente durante la intervención. Sin embargo, los problemas surgieron tras varias horas de salir del quirófano. Sufrió peritonitis y volvió a ser intervenida. Tras varios días, la joven ingresó en la UCI y siguió en mal estado, con fiebres y otros dolores, llegando a sufrir parada cardiorespiratoria. Fue ingresada de nuevo y no le dieron el alta hasta octubre del 2007. Un mes tras el alta tuvo que volver a ser ingresada hasta que finalmente falleció.

 

Los padres de la joven denunciaron los hechos y la justicia les ha dado la razón. La Audiencia de Madrid dicta sentencia condenando tanto al facultativo como al centro donde trabaja a pagar una indemnización de casi 225.000 euros.

La Audiencia considera que la información proporcionada por el doctor sobre los riesgos de la intervención fue insuficiente. Además, el Juzgador estima que tras la operación el facultativo no adoptó los cuidados necesarios para evitar las complicaciones que sufrió y que acabaron desembocando en la muerte de la joven.

 

La sentencia subraya que el consentimiento que dieron la madre y la hija a la operación carecía de la necesaria información y que el doctor debería de haberles ofrecido información sobre otras alternativas, por ejemplo, de la posibilidad de seguir una dieta con suplementos vitamínicos.

 

El Juzgador considera acreditada la existencia de nexo causal entre la actuación médica y el resultado de muerte.

 

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Vicente J Saiz Marco Abogado de Incapacidades
Por Vicente J. Saiz Marco - Abogado

 

 


Fuente: El Pais 5/10/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

El derecho a la protección de la salud está reconocido en el artículo 43 de la Constitución y regulado por más normativa entre la que debemos destacar:

Ley General de Sanidad

Ley General de Salud pública

Ley Básica Reguladora de la Autonomía del paciente

Entre los derechos que asisten a los pacientes cabe destacar los siguientes:

  • Derecho a una atención sanitaria de calidad y gratuita

El artículo 43 de la Constitución española reconoce el derecho a la protección de la salud. Ello implica el derecho a recibir una atención sanitaria de calidad. Dicha protección ampara a todos los residentes en España.

 

  • Derecho a un tiempo de espera menor de seis meses

Los pacientes que estén en lista de espera, pendientes de intervenciones quirúrgicas, tienen derecho a que la operación se realice en un plazo no superior a seis meses cuando se trate de los siguientes supuestos:

    • Operaciones de corazón
    • Operaciones de cataratas
    • Implantes de prótesis de cadera o de rodilla

 

  • Derecho a negarse a recibir tratamiento médico

Para recibir un tratamiento médico es preciso el consentimiento informado. Es decir, después de recibir la información adecuada sobre el tratamiento que se va a aplicar y sobre las opciones clínicas disponibles, el paciente deberá decidir de forma libre, voluntaria y consciente si quiere someterse y qué tratamiento elige. Para ello, los médicos tienen que informarle de las consecuencias relevantes que suponga la intervención, las contraindicaciones del tratamiento, otras alternativas terapéuticas, al igual que los posibles riesgos. El paciente tendrá a su disposición el tiempo suficiente para reflexionar sobre su decisión, excepto en los casos de urgencia vital.

Por regla general, el consentimiento será verbal. En los casos de intervención quirúrgica, procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasores, y aquellos procedimientos que impliquen riesgos y previsibles consecuencias negativas para la salud del paciente, el consentimiento ha de ser manifestado por escrito.

El paciente tiene derecho a rechazar cualquier tratamiento, lo que no implica el rechazo a la posibilidad de otras terapias o cuidados.

  • Derecho a la información sanitaria

El paciente tiene derecho a conocer, con motivo de cualquier actuación en el ámbito de su salud, toda la información disponible sobre la misma.

El médico responsable del paciente es el que le asegura el cumplimiento de este derecho a la información, si bien, el resto de profesionales que atienden al paciente durante el proceso asistencial o le aplican una técnica o un procedimiento concreto también serán responsables de informarle.

Las personas vinculadas al paciente, familiares o de hecho, también serán informadas en la medida en la que el paciente lo autorice expresa o tácitamente.

El derecho a la información sanitaria puede verse limitado cuando el médico no informe al paciente. Dicha situación puede ser justificada ante la existencia de un estado de necesidad acreditada.

Por otro lado, la Ley reguladora de la autonomía del paciente también prevé el derecho del paciente a no ser informado. En todo caso, esta renuncia a la información deberá estar documentada, debiendo recabarse en cualquier caso el consentimiento previo de la intervención.

 

  • Derecho a la intimidad

Toda persona tiene derecho a que se preserve su dignidad, intimidad y confidencialidad de los datos referentes a su salud.

Nadie puede acceder a los datos sanitarios del paciente sin autorización previa acorde a la Ley.

Para acceder a los datos contenidos en la historia clínica del paciente, este puede solicitarla en su Centro de Salud, al igual que podrán hacerlo sus familiares en los supuestos previstos por la Ley. El siguiente enlace contiene la información necesaria para solicitar la historia clínica de un paciente: http://www.quieroabogado.es/negligencias-medicas/icomo-puede-solicitar-un-paciente-su-historia-clinica-icomo-pueden-solicitarla-sus-familiares

 

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Vicente J Saiz Marco Abogado de Incapacidades
Por Vicente J. Saiz Marco - Abogado

 

 

  • Derecho a una asistencia sanitaria en toda España

Todos los residentes en España tienen derecho a recibir atención sanitaria aunque no se encuentren en la Comunidad autónoma que habitualmente residen.

La ley prevé que los centros de salud de las comunidades autónomas deben atender a los pacientes que tengan urgencia médica, con independencia de su lugar de origen o residencia.

 

  • Derecho a una segunda opinión médica

La segunda opinión médica tiene la finalidad de contrastar un primer diagnóstico o propuesta terapéutica con otro profesional sanitario. Así cuando el paciente pide una segunda valoración, un facultativo experto estudia la historia clínica y emite un informe con su diagnóstico. En algunos casos, el segundo especialista solicita la práctica de nuevas pruebas con la finalidad de esclarecer su valoración.

Este informe se envía directamente al paciente o al autorizado por el paciente. Podrán solicitarla los pacientes que padezcan enfermedades graves de pronóstico fatal, incurable o que compromete gravemente su calidad de vida, o bien cuando el tratamiento propuesto conlleva un elevado riesgo vital.

Si considera que se han vulnerado sus derechos no dude en contactar con nosotros en el 91 530 96 95.

 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 El número de denuncias por Negligencias crece por tercer año consecutivo según cifras de la Asociación de El Defensor del Paciente, que tramitó casi 3800 casos más en 2014.

 

 

Según Carmen Flores, presidenta de El Defensor del Paciente, las Negligencias Médicas son consecuencia directa de los recortes ya que los profesionales de la medicina se enfrentan a determinadas situaciones de sobrecarga de trabajo en las que se les somete a una gran prensión que afecta directamente a los pacientes.

 

Los servicios que más denuncias reunen son Cirugía General, Ginecología y Obstetricia, Traumatología, Ambulancias y Listas de Espera.

 

En el caso de los dos últimos, las demoras suponen en muchas ocasiones un empeoramiento en el estado clínico del paciente.

De hecho, un buen porcentaje de las reclamaciones llegan con respecto al servicio de Ambulancias, ya que centenares de pacientes sufren a diario demoras de hasta cuatro horas en sus tratamientos de quimio, dialisis o rehabilitación.

 

En cuanto a las Listas de Espera, que por segunda vez consecutiva es el servicio lider en denuncias, marcaron un nuevo record de pacientes que aguarda para ser operados. Hasta 105 días de media debe de esperar un paciente madrileño para someterse a una Cirugía, frente a los 96 días de media nacional.

 

Un ejemplo de Negligencia Médica es la de Carlos Sanchez, niño de 12 años diagnosticado de un Quiste en el Calcáreo de un pie. La Cirugía se llevo a cabo en una clínica privada de la capital con anestesia general. Cuando el niño llegó a la habitación, los padres se dieron cuenta de que la intervención se había realizado en el otro pie. Al mes siguiente, y tras las consabidas disculpas, el director de la clínica les propuso una nueva cirugia, en el pie correcto, pero los padres de Carlos se negaron y prefirieron hacerlo en otro centro.

 

Para sorpresa de la familia, la clínica no ha vuelto a ponerse en contacto con ellos ni tan siquiera para facilitarles la información de los seguros que tiene contratados para estos casos.

 

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Vicente J Saiz Marco Abogado de Incapacidades
Por Vicente J. Saiz Marco - Abogado

 

 Ante la falta de sensibilidad a la hora de asumir su responsabilidad, se han visto obligados a iniciar un procedimieto penal contra la clínica privada.

 


 

 Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Madrid en la que se desestima el Recurso de Apelación presentado por la paciente al considerar que no existe nexo causal entre las faltas imputadas y el resultado de la operación de estética.

La paciente presenta una demanda en contra del facultativo y de la clínica reclamando una indemnización correspondiente a los daños que ha sufrido como consecuencia de la operación dual estética, Rinoplastia y Mamoplastia, a la que se sometió.

 

La demandante considera que existió un defecto en el trámite de consentimiento informado así como infracción en la Lex Artis. En la demanda se argumenta la ausencia de pruebas previas a la intervención, en especial el examen mediante rinoscopio de la zona nasal a intervenir, la realización de ambas intervenciones, Rinoplastia y Mamoplastia, la brevedad del tiempo de permanencia en la clínica tras las intervenciónes y la falta de un seguimiento postoporatorio correcto.

 

Los daños que se exponen consisten en desfiguración facial, disfunción respiratoria nasal, pequeños defectos mamarios y trastorno depresivo.

 

La Audiencia Provincial de Madrid desestima la demanda presentada por la paciente al considerar que no existe nexo causal entre las faltas imputadas y el resultado, reiterando que en materia de responsabilidad civil no basta el peligro o riesgo que se derive de una determinada actuación sino que se exige, en todo caso, un daño efectivo y cierto directamente relacionado con la acción u omisión.

 

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Sentencia de la Audiencia provincial de Madrid favorable al Médico

 

 

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Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona favorable a la paciente y condenando a la facultativa y a la compañía aseguradora a causa de las graves lesiones sufridas a raíz de una Histerectomía Laparoscópica para la extirpación del Utero.

La paciente se somete a una Histerectomía Laparoscópica para la extirpación del Utero.

 

El laser empleado en la Intervención produjo una Costra por Quemadura en el Ureter, que días después al desprenderse, produjo un derramamiento intraabdominal de la orina dando lugar a numerosas infecciones, Fístula ureto-vaginal y Extravasación y salida de orina por la Vejiga.

 

La demandante considera que existió Negligencia Médica por parte de la facultativa que realizó la Intervención, de las Compañías Asegurardoras que cubren la responsabilidad civil de la facultativa y de las Compañías Aseguradoras que cubren la responsabilidad civil de la clínica, de cuya plantilla, dicha facultativa forma parte.

 

La Audiencia Provincial de Barcelona estima la demanda planteada por la paciente al considerar que queda acreditado que la lesión fue consecuencia de la Intervención efectuada y no de causa alguna relacionada con la paciente. Del mismo modo, se considera que la profesional no actuó con la debida diligencia, sabidos los problemas que pueden surgir en la Histerectomía dada la proximidad entre Utero y Ureter.

 

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Vicente J Saiz Marco Abogado de Incapacidades
Por Vicente J. Saiz Marco - Abogado

 

 

Basándose en todas estas estas argumentaciones, la Audiencia Provincial de Barcelona estima que ha habido Negligencia Médica por parte de la facultativa.

 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona favorable a la paciente

 

 

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Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid favorable a la paciente y condenando a la Compañía Aseguradora al abono de una indemnización como consecuencia de la práctica de una Espleno-Duodenopancreatectomía de forma innecesaria, contraria a Lex Artis y sin el consentimiento informado necesario. 

 

En la Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia de Madrid, favorable a la paciente, se condena a la compañía aseguradora al abono de una indemnización por la prática de una Espleno-duodenopancreatectomía de forma innecesaria, contraria a Lex Artis y sin el válido consentimiento informado.

 

En el Informe Pericial queda acreditado que el cirujano no contaba ni con los conocimientos adecuados ni con la experiencia suficiente como para poder entrar a valorar patologías, y mucho menos, acometer intervenciones como las que aquejaban a la demandante. De igual modo, queda demostrado que, previamente y antes de someterse a la intervención, el cirujano no presentó el consetimiento válido e informado.

 

La paciente se somete a la Espleno-duodenopancreatectomía sin poseer la información real y completa, resultado de pruebas diagnósticas realizadas con antelación y con un diagnóstico erróneo, Cancer de Páncreas, cuándo la dolencia de la demandante era una Pancreatitis.

 

Todo este cúmulo de despropositos conducen a la paciente a someterse a una intervención muy radical, ya que toda solución posible derivaba en dicha intervención.

 

En este caso no se acredita la existencia de Negligencia Médica en la intervención. Si que se castiga el daño que resulta de haber sido omitida la información previa al consentimiento, lo que igualmente implica una mala praxis médica por impedir que la paciente pudiera ejercitar, con total conocimiento, el derecho a tomar la decisión mas conveniente a sus intereses.

 

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Vicente J Saiz Marco Abogado de Incapacidades
Por Vicente J. Saiz Marco - Abogado

 

 

De este modo, la Audiencia Provincial de Madrid desestima el recurso de apelación de la compañía aseguradora y confirma la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia de Madrid, en la que se indemniza a la demandante.

 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid favorable a la paciente

 

 

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Sentencia del Tribunal Supremo favorable a la paciente como consecuencia de una Hemorragia producida por restos placentarios tras el parto que le ocasionaron un cuadro de lesiones, resultado de tres Infartos Cerebrales que originan Secuelas Motoras asi como una Minusvalía del 79%.

 

La paciente acude a dar a luz tras un parto sin incidencias, pero, tras el parto, la demandante observa un sangrado continuo así como tensión alta.

Se le realiza una prueba diagnóstica donde se aprecia una imagen compatible con restos placentarios y, bajo criterio médico, se acuerda esperar unos días a la espera de que dichos residuos sean expulsados de un modo natural. Por supuesto, se le administra medicación para la hipertensión.

 

Las complicaciones se van multiplicando días después hasta que la hemorrragia contínua provoca a la paciente Anemia e Infarto Agudo Cortico-subcortical de orígen embólico.

 

Como consecuencia de este cuadro de lesiones, el INSS le reconoce a la demandante una Incapacidad Permanente Absoluta así como una Minusvalía del 79% tanto física (Monoparesia del miembro inferior izquierdo, Limitación Funcional del miembro superior derecho, enfermedad del Tracto Genitourinario) y Psíquica (Trastorno de Afectividad).

 

El Tribunal Supremo considera que se ha producido un daño desproporcionado y condena a uno de los médicos demandados al abono de una indemnización por Negligencia Médica argumentando que, existe una larga distancia entre tratar una Hipertensión y controlar una Hemorragia hasta quedar con una Hemiplejia en el lado izquierdo del cuerpo.

 

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Sentencia estimatoria del Tribunal Supremo

 

 

 .


 

Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona favorable a la paciente por Pérdida de Fertilidad como consecuencia de un error en el diagnóstico, que le hace someterse a una intervención quirurgica innecesaria.

 

La paciente reclama indemnización por Pérdida de Fertilidad a los 40 años de edad como consecuencia de una intervención quirúrgica.

La demandante considera que existe Negligencia Médica puesto que dicha intervención viene originada por un error en el diagnóstico que conllevaría a un error en el tratamiento aplicado.

 

El Juzgado de Primera Instancia desestima la demanda pero la Audiencia Provincial de Barcelona considera que la actuación no se adecuó a Lex Artis.

 

Se constata que no se realizaron pruebas para verificar la existencia de Embarazo Ectópico, comprobándose posteriormente en el informe anatomopatológico, que no existió dicho embarazo. El médico demandado optó por una intervención quirúrgica radical realizando una salpingectomía.

 

La no existencia de Embarazo Ectópico se verifica posteriormente en el análisis de la Trompa de Falopio, en cuyo resultado cabe destacar que, “no se aprecian anomalías significativas”.

 

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Sentencia estimatoria de la Audiencia provincial de Barcelona

 

 

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 HISTORIA CLINICA

 

La Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, define la historia clínica en su articulo 3 como el conjunto de documentos que contienen los datos, valoraciones e informaciones de cualquier índole sobre la situación y la evolución clínica de un paciente a lo largo del proceso asistencial.

 

El articulo 14 añade que la historia clínica debe identificar a los médicos y demás profesionales intervinientes, señalando que cada centro archivara las historias clínicas de sus pacientes, de manera que queden garantizadas su seguridad, su correcta conservación y la recuperación de la información.

 

Respecto al contenido de la historia clínica, el artículo 15 señala que contendrá la información que se considere trascendental para el conocimiento veraz y actualizado del estado de salud del paciente siendo su contenido mínimo el siguiente:

 

  1. La documentación relativa a la hoja clínico estadística
  2. La autorización de ingreso
  3. El informe de urgencia
  4. La anamnesis y la exploración física
  5. La evolución
  6. Las órdenes medicas
  7. La hoja de interconsulta
  8. Los informes de exploraciones complementarias
  9. El consentimiento informado
  10. El informe de anestesia
  11. El informe de quirófano o de registro del parto
  12. El informe de anatomía patológica
  13. La evolución y planificación de cuidados de enfermería
  14. La aplicación terapéutica de enfermería
  15. El gráfico de constantes
  16. El informe clínico de alta

 

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Vicente J Saiz Marco Abogado de Incapacidades
Por Vicente J. Saiz Marco - Abogado

 

 Los párrafos 2,3, 9, 10, 11, 12, 15 y 16, solo serán exigibles en la cumplimentación de la historia clínica cuando se trate de procesos de hospitalización o así se disponga.

 

HISTORIA CLÍNICA DIGITAL

También existe la opción de solicitar la Historia Clínica Digital a través de mediós informáticos. La Historia Clínica Digital es un servicio on – line disponible en el SISTEMA NACIONAL DE SALUD (HCDSNS)

 

Permite acceder al historial médico del paciente de forma digital, pudiendo imprimir todos los informes y documentos electrónicos incluidos en el expediente del paciente, siempre que estos hayan sido generados por los médicos previamente de forma digital.

 

Se puede acceder a la historia clínica de cualquier Centro de Salud que se encuentre integrado en este programa digital del Sistema Nacional de Salud.

 

Los requisitos para permitir este acceso son:

  • Disponer de certificado digital o DNI electrónico
  • Contar con la Tarjeta Sanitaria

 

Aportamos a continuación un modelo de solicitud de historia clínica adaptado al supuesto de ser solicitada por el propio paciente y otro modelo adaptado a ser solicitada por un familiar del paciente.

 

Para cualquier información adicional no dude en contactar con nosotros.

 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Solicitud de Historia Clínica realizada por el paciente

Solicitud de Historia Clínica realizada por familiares del paciente

 

 

 

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Información sobre los Procesos de Modificación de la Capacidad de Obrar

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