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CASO REAL: Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia de Madrid, desestimando la demanda presentada por el Misniterio Fiscal, por la que se pretendía se declarase la incapacidad de la persona demandada y su internamiento en un centro de salud mental.

 

 

El cliente acude al despacho tras recibir citación y emplazamiento del Juzgado de Primera Instancia de Madrid, competente para resolver sobre la capacidad de las personas, en base a la demanda presentada por Fiscalía, derivado de un informe emitido por el Servicio Público de Salud, alegando la enfermedad como motivo incapacitante de su persona y que además requiere de un internamiento involuntario en un Centro de Salud Mental para su tratamiento y cuidado, con nombramiento de la Agencia de Tutela de Adultos como tutor legal de dicha persona.

 

Ante la mencionada demanda se realizó la oportuna contestación de contrario y las partes fueron citadas a Juicio Oral, previo examen del presunto incapaz y sus familiares más próximos. A pesar del informe del Servicio Público de Salud, se ha determinado en el procedimiento judicial, tras el examen realizado por el médico forense así como con la aportación de otros informes médicos que, esta persona conserva plenamente sus facultades mentales, y el hecho de padecer una enfermedad de la cual se encuentra en tratamiento no supone la limitación de su capacidad de obrar.

 

Recoge la Sentencia "NO PADECE EN EL MOMENTO ACTUAL LIMITACION EN SU CAPACIDAD DE OBRAR, la exploración de la memoria, orientación, atención y concentración, DESCARTAN con claridad la existencia de deterioro congnitivo alguno, Es una persona orientada termporo-espacialmente, con pensamiento abstracto, capacidad de cálculo y funciones ejecutivas superiores preservadas. (...) Desestimo la demanda formulada por el Ministerio Fiscal y declaro no haber lugar a modificar la capacidad".

 

En definitiva, y aunque parezca fuera de lo común, cualquier persona que padezca una enfermedad mental ya sea de manera transitoria o permanente, puede ser demandada al objeto de determinar si conserva su capacidad de obrar o si por el contrario y como consecuencia de dicha patología o enfermedad, le supone una limitación en sus capacidades cognitivas, que le impidan desarrollarse en el tráfico jurídico con normalidad, de ahí la importancia de contar con un asesoramiento experto en la materia y que de acuerdo a sus circunstancias personales le aconseje y defienda en juicio, pues de lo contrario podría verse gravemente afectado o limitado en sus que haceres y en  la gestión de su patrimonio.

 

 Puede obtener más información sobre el procedimiento de limitación de la capacidad de las personas haciendo clic aquí.

 

Asunto defendido por el abogado Alexandra Roncero. 

 


 

Sentencia del Juzgado de Primera Instancia de Madrid

 

 Descargar Documento Completo en PDF.


 

La trabajadora está en tratamiento por las patologías que padece desde los 17 años de edad. Presenta antecedentes de ingreso psiquiátrico por autoagresividad en el año 2002. A pesar de los distintos tratamientos a los que ha estado sometida, actualmente persisten importante malestar y repercusión en su actividad.

 

Los informes de salud mental público subrayan la presencia de descompensación con elevada ansiedad, reacciones impulsivas frecuentes con posteriores sentimientos de culpa, ánimo bajo, apatía, creciente tendencia al aislamiento, además de ideación de muerte sin planes autolíticos concretos.

 

Además, la demandante tiene reconocido un grado de discapacidad del 66%.

 

A mayor abundamiento, el Equipo de Valoración de Incapacidades emite Dictamen en el que refleja que la trabajadora está limitada para actividades que la obliguen a mantener la concentración, ritmo y ejecución de tareas con regularidad.

 

La demandante presenta solicitud de Incapacidad permanente, siendo la misma denegada. Al no estar de acuerdo con la resolución desestimatoria, presenta escrito de Reclamación previa instando a que se le reconozca el derecho a percibir las prestaciones arriba indicadas. En vía administrativa el INSS resuelve denegar la petición. La trabajadora inicia los trámites judiciales interponiendo demanda.

 

Reiterada jurisprudencia considera que para la calificación de Incapacidad Permanente Absoluta se debe haber probado que las lesiones que padece el demandante le inhabilitan por completo para el ejercicio de cualquier profesión u oficio, teniendo en cuenta que tal definición, en su literalidad debe someterse a una interpretación racional y adecuada en el sentido de que poder realizar alguna actividad sencilla y sedentaria no desvirtúa el grado de absoluto de la invalidez; también, es cierto que debe concurrir una situación claramente incompatible con la ejecución de trabajos tanto por cuenta ajena como propia, y que responde a unas limitaciones anatómico- funcionales- orgánicas que revistan gravedad, de entidad e intensidad suficiente para impedir la dedicación de toda actividad.

 

La profesión habitual de la trabajadora es la de Celadora. En este procedimiento, el Juzgado de lo Social ha tenido en cuenta la cronicidad de la enfermedad padecida por la demandante, así como que los tratamientos aplicados son meramente paliativos y sin una evolución que permita trabajar de forma eficiente. Los informes Médicos de Salud mental pública confirman que la demandante durante largos periodos de tiempo no está capacitada para su incorporación laboral.

 

El juzgado tiene en cuenta la cronicidad del diagnostico de Trastorno depresivo distímico y trastorno de personalidad no especificado y una vez determinado que el tratamiento es solo paliativo, con importantes efectos secundarios, considera que tales secuelas afectan de modo fundamental al desarrollo de su profesión, por lo que, estima la pretensión de la trabajadora reconociendo que esta afecta de Incapacidad Permanente Absoluta.



Este proceso judicial ha sido defendido por el Letrado Vicente Javier Saiz Marco http://www.abogadoincapacidadpermanente.com/

 

Para acceder al texto de la Sentencia pinche aquí

 

                                   <<Caso Real nº 13                           Caso Real nº 15>>

La paciente, administrativa de profesión, de 53 años, presenta un cuadro clínico respaldado por múltiples informes médicos que reflejan la gravedad de sus lesiones. Padece de Esclerosis múltiple cursando con recaidas y remisiones, SD ansioso depresivo, Poliartralgias, Dolor neuropático, Fibromialgia, SD de Fatiga crónica y Epicodilitis izquierda, que le suponen una evolución muy dificultosa es su patología ansioso- depresiva de carácter grave, anhedonia, que la limita seriamente la vida personal diaria.

 

 

Tras estar incursa en un procedimiento de incapacidad temporal, se incoa expediente de incapacidad permanente. Después del examen del equipo de valoración de incapacidades, se emite Dictamen Propuesta y el INSS determina denegar la prestación por incapacidad permanente de la actora por no alcanzar las lesiones que padece un grado suficiente de disminución de su capacidad laboral para ser constitutivos de una incapacidad permanente.

 

 

La demandante inicia los trámites judiciales pertinentes y el Juzgado de lo Social de Madrid estima su pretensión, reconociendo a la autora el derecho de ser beneficiaria de las prestaciones por Incapacidad Permanente Absoluta.

 

 

Dicha sentencia es recurrida en suplicación por el INSS. El TSJM desestima el recurso y reafirma la sentencia del Juzgado de lo Social de Madrid, basándose en los siguientes motivos ”Establece el art. 136.1 de la Ley General de Seguridad Social que es Incapacidad permanente la situación del trabajador que, después de haber estado sometido a tratamiento prescrito, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas, que disminuyan o anulen su capacidad laboral y en el artículo 137.5 la misma ley, considera que uno de los grados de invalidez permanente, cualquiera que sea su causa determinante, es la incapacidad permanente absoluta para todo trabajo, entendiendo como tal la que inhabilite por completo al trabajador para todo trabajo, entiendo como tal la que inhabilite por completo al trabajador para toda profesión u oficio. En consecuencia la calificación en derecho de la invalidez laboral debe hacerse “valorando primordialmente la capacidad de trabajo residual que el enfermo conserva ”tal y como ha reiterado el Tribunal Supremo, resultando en el presente caso que la actora, tal y como consta en el inatacado relato de probados y como pone de manifiesto la juzgadora quo, faltan las condiciones mínimas de profesionalidad exigibles en cualquier trabajo por liviano o sedentario que sea y así lo pone de manifiesto el informe médico de síntesis de 16 de agosto de 2012, al padecer la trabajadora, además de la esclerosis múltiple y el síndrome de fatiga crónica y fibromialgia, una patología ansiosa depresiva grave de evolución muy dificultosa con anhedonia que le limita gravemente incluso para el desarrollo de su vida personal, con deterioro cognitivo significativo y pérdidas de sus habilidades profesionales, por lo que no puede desempeñar actividades profesionales con un mínimo de rendimiento, y en consecuencia, procede la desestimación del recurso. ”



Este proceso judicial ha sido defendido por el Letrado Vicente Javier Saiz Marco http://www.abogadoincapacidadpermanente.com/

 

Para acceder al texto de la Sentencia pinche aquí

 

                                      <<Caso Real nº 19                         Caso Real nº 21>>

La afectada presenta, de conformidad con el antecedente de hecho  segundo apartado 5º de la sentencia de suplicación, un cuadro de pluripatologías que se reflejan a continuación: IQ de hallux valgus bilateral; sudek de pie derecho; infarto de miocardio no Q en 2005; dilatación leve de aorta descendente ascendente; insuficiencia mitral y aórtica leve; patrón de relajación prolongada del ventrículo izquierdo; extrasistolia ventricular; leucopenia leve en estudio; pequeña HD foraminal izquierda C5- C6; IQ de descomprensión del facial; hipoacusia sensorial leve OD y moderado en OI, IQ vejiga intervenida por incontinencia de esfuerzo en 2007; y fibromialgia.

 

 

Tal y como reflejan los informes de los facultativos, la compareciente se halla limitada para realizar trabajos que impliquen tareas de esfuerzos, bipedestación/deambulación mantenidas; permanencias en ambientes ruidosos, sobrecargas posturales, posturas forzadas y prolongadas, flexoextensiones reiteradas en columna cervical.

 

 

 

Con el cuadro clínico que presenta y las secuelas graves que padece, la demandante inició procedimiento administrativo, solicitando que se le reconociera como beneficiaria de la prestación por Incapacidad Permanente. El INSS resolvió denegar la petición y como respuesta, la compareciente  impugnó la resolución denegatoria interponiendo demanda judicial. El Juzgado de lo Social dicto sentencia desestimando la pretensión y absolviendo al INSS y a la Tesorería General de la Seguridad Social.

 

 

Frente a dicha sentencia se anunció recurso de suplicación por parte de la demandante, recurso que no fue objeto de impugnación por los demandados, y que prosperó favorablemente para la compareciente.

 

 

La sentencia estimatoria del recurso de suplicación refleja que se considera de aplicación el art. 137.5 de la Ley General de la Seguridad Social, y que el mismo no fue tenido en cuenta en el procedimiento que se impugna. Por tanto, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJ) entiende que el cuadro clínico que aqueja a la demandante le impide el ejercicio de cualquier profesión con la habitualidad, eficiencia y rendimiento exigidos y exigibles en el mercado laboral, por lo que su estado constituye la situación definida en el art. 137.5 ya mencionado, conclusión a la que se llega fijándose en aquellas dolencias en que hace hincapié la recurrente. En cuanto a la fibromialgia, se tienen en cuenta los 18 puntos de dolor, como recoge el médico evaluador. En relación con el Síndrome de Fatiga Crónica y trastorno ansioso, se considera probado lo contenido en los informes aportados.

 

 

El TSJ de Madrid hace la siguiente valoración de la sentencia impugnada del Juzgado de lo Social, y citamos textualmente, “erróneamente, el juzgador aunque no pone en duda su contenido no lo valora, según explica, por ser tal diagnóstico posterior al informe médico del EVI, cuando es doctrina jurisprudencial que el estado del trabajador ha de ser analizado al tiempo de celebración del juicio, sin que la mayor o menor rapidez de los procedimientos administrativo y judicial, pueda significar una traba cuando las afecciones puedan haber evolucionado o hayan sido detectadas, antes latentes, otras, no siendo así adecuado el obligarle a iniciar otro expediente por agravación, y, en fin, atendidos los déficits funcionales que tiene la demandante que son lo relevante en materia invalidante por el carácter profesional de ésta en nuestro ordenamiento jurídico merece nuestra atención […] la limitación para todo tipo de esfuerzos y, en nuestra opinión, comporta el grado de absoluta puesto que cualquier tarea para su ejercicio requiere- antes, durante o después- de aquellos por muy livianas que sean las labores a llevar a cabo.”

 

  

En definitiva, el TSJ estima que la demandante presenta una inhabilitación completa  para toda profesión u oficio, al no estar en condiciones de acometer ningún quehacer productivo, porque las aptitudes que le restan carecen de suficiente relevancia en el mundo económico para concertar alguna relación de trabajo retribuida ( STS de 18-1-1988 y de 25-1-1988), implicando no sólo la posibilidad de trasladarse al lugar de trabajo por sus propios medios y permanecer enél durante toda la jornada ( STS de 25-3-1988) y efectuar allícualquier tarea, sino la de llevarla a cabo con un mínimo de profesionalidad, rendimiento y eficacia, actuando de acuerdo con las exigencias, de todo orden, que comporta la integración en una empresa, en régimen de dependencia de un empresario, dentro de un orden preestablecido y en interrelación con los quehaceres de otros compañeros ( STS de 12-7-1986 y de 30-9-1986).



Este proceso judicial ha sido defendido por el Letrado Vicente Javier Saiz Marco http://www.abogadoincapacidadpermanente.com/

 

 

Se accede al texto de la sentencia pinchando aqui

 

                              <<Caso Real nº 22                             Caso Real nº 24>>

 

 Sentencia dictada por Juzgado de lo Social de Madrid estimando la demanda planteada por el trabajador, reconociendo prestaciones por Incapacidad Permanente Absoluta (IPA) cuando previamente el INSS solo había reconocido en vía administrativa prestaciones por Incapacidad Permanente Total para la profesión habitual de Operador de Telecomunicaciones presentando un cuadro severo de Aplasia Medular, tratada con transfusiones y posterior Hepatitis C postransfusional con carga viral severa sin posibilidad de tratamiento antiviral por afectación hematológica, Hipoplasia Hepática severa quedando como secuelas una importante astenia reconocida como severa y artralgias difusas.

 

Este proceso judicial ha sido defendido por el Letrado Vicente Javier Saiz Marco http://www.abogadoincapacidadpermanente.com/

 

Aportamos la sentencia a continuación

 


Sentencia de Juzgado de lo Social de Madrid estimando demanda en reclamación de prestaciones de incapacidad permanente absoluta.


 

 


 

 




 

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