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Mostrando articulos por etiqueta: Asistencia a Detenidos

Para que veáis en qué consiste la  asistencia a un detenido extranjero por un Expediente de Expulsión con petición de Internamiento en el C.I.E.


En el presente caso ya había sido dictada por la Delegación de Gobierno la resolución por la que se acordaba la expulsión por un plazo de 5 años.

 

Consecuentemente la Policía Nacional pide al Juez que acuerde su internamiento en el C.I.E. Indicaros que la solicitud en muchos casos se pide sin ni siquirera existir resolución de expulsión, es decir, con el simple inicio del expediente ya se puede interesar el ingreso.

 

Esta petición se hace cuando Policía no puede materialiar la expulsión en 72 horas desde la detención y puede durar hasta 60 días.

 

En este caso se optó por negar que el ciudadano extranjero hubiese recibido la resolución que acordaba su expulsión, puesto que en la documentación remitida por la Policía no constaba la cumplimentación de dicho requisito, necesario si se pretende materializar el internamiento y proceder a la expulsión.

 

Finalmente el Juez, tras la preceptiva comparecencia, acordó no haber lugar al internamiento propuesto, dejando inmediatamente en libertad al ciudadano extranjero.

 

Este asunto fue defendido por el Letrado José Valero Alarcón

 

Solicitud Policial de Internamiento a la que se adjunta la resolución de expulsión por 5 años.


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Declaración del Extranjero expedientado y detenido ante el Juzgado de Guardia que debe decidir sobre el Internamiento en CIE solicitado.



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Como dispone el Art. 62.1 de la L.O. 4/2000, el Juez, previa audiencia del interesado y del Ministerio Fiscal, resolverá mediante auto motivado, en el que, de acuerdo con el principio de proporcionalidad, tomará en consideración las circunstancias concurrentes y, en especial, el riesgo de incomparecencia por carecer de domicilio o documentación identificativa, las actuaciones del extranjero tendentes a dificultar o evitar la expulsión, así como la existencia de condena o sanciones administrativas previas y de otros procesos penales o procedimientos administrativos sancionadores pendientes. Asimismo, en caso de enfermedad grave del extranjero, el juez valorará el riesgo de internamiento opara la salud pública o la salud del propio extranjero.

 

En el presente caso el Juez desestimó la petición policial del internamiento, pues ni siquiera quedó acreditada la notificación de la resolución al extranjero por la que se acordada su expulsión.

 

Auto por el que el Juez de Guardia desestima la petición de Internamiento en CIE efectuada por la Policía.



Si no se visualiza el Documento, pulsar aquí.

 

 

AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº _ DE __________

 

DON JOSE VALERO ALARCON, Abogado, Colegiado 59____, con despacho profesional en Madrid, calle Embajadores nº 206 duplicado 1º B, con Telf. 91 530 96 98 y Fax 91 530 15 43, designado para la defensa de DON MIGUEL _______________, conforme consta acreditado en las actuaciones de referencia, ante el Juzgado comparezco y como más procedente sea en Derecho, DIGO:

 

Que por medio del presente escrito al amparo de lo dispuesto en el artículo 539 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, vengo a interesar sea acordada la LIBERTAD PROVISIONAL CON FIANZA de Miguel ______________, petición que se sustenta en los siguientes

 

MOTIVOS

 

PRIMERO.- Son ya dos meses y medio los que permanece mi patrocinado en prisión provisional, periodo que en principio pudiera parecer exiguo, pero que atendidas las circunstancias no lo es, máxime cuando estamos hablando de una persona de apenas 18 años de edad y sin antecedentes penales.

 

Dando por ciertos, a meros efectos dialécticos, los hechos relatados en la declaración del menor perjudicado practicada en fase instructora, no se desprenden a priori datos o circunstancias que hicieran imposible o inviable, para el caso de ser condenado por los hechos imputados, la aplicación del apartado tercero del artículo 242 del Código Penal, es decir, considerar el robo como de menor entidad, aún mediando la exhibición de una navaja. Esta posibilidad es cierta, pues así los han declarado numerosos Juzgados y Tribunales.

 

En este sentido existen diversos pronunciamientos que afirman que no se puede penar de igual forma los hechos acaecidos entre jóvenes, que, a título de ejemplo, un robo con uso de arma en entidad bancaria, así el Tribunal Supremo en Sentencia de fecha 17 de mayo de 2.001 EDJ 2001/9434 vino a declarar: "Tras alguna vacilación (V.Sª de 15 de noviembre de 1.997), esta Sala se ha pronunciado en sentido afirmativo sobre la posibilidad de aplicar el apartado tercero del artículo 242 a los supuestos previstos en el apartado segundo del mismo artículo -bien que con carácter excepcional- siempre que se aprecie una disminución del contenido del injusto del delito, tanto en lo que se refiere a la ínfima cuantía de lo sustraído como a la menor entidad de la intimidación, pese al uso del arma (mera exhibición de instrumentos de no acentuada peligrosidad"), por considerarse desproporcionada la penalidad derivada de la necesaria aplicación a tales supuestos de la previsión penológica del apartado segundo del referido artículo, con una pena mínima de tres años y seis meses de prisión; habiéndose precisado también que, caso de aplicación del apartado 3, en estos casos, la pena básica del apartado 1 del artículo 242 deberá rebajarse en un grado por aplicación de la regla 3ª y luego imponerse la pena resultante en su mitad superior por el juego de la regla del apartado 2. (Sentencias del Tribunal Supremo de 21 de noviembre de 1.997 EDJ 1997/10011 ; 9 de marzo de 1.998 EDJ 1998/1288 ; 13 de octubre de 1.998 EDJ 1998/26882 y 5 de marzo de 1.999 EDJ 1999/1701 ).

 

En la referida sentencia de 13 de octubre de 1.998 EDJ 1998/26882, se pone de manifiesto que, en los sucesos lamentablemente frecuentes entre jóvenes en los que ya desde el propio planteamiento de la acción, ésta persigue únicamente una sustracción de escasa entidad (una cazadora, un reloj o una pequeña cantidad de dinero), dar a tales supuestos el mismo tratamiento penal que a un atraco bancario a mano armada (artículo 242.2), por el hecho de que ocasionalmente se exhiba un palo o una navaja, implica tratar igualitariamente conductas con un disvalor jurídico muy distinto, vulnerando el principio de proporcionalidad, razón por la cual el legislador, muy razonablemente, palia la notable dureza del tratamiento punitivo de este tipo delictivo, y evita la desproporcionalidad de las penas, atribuyendo al Tribunal la facultad de reducir la penalidad en los supuestos de menor entidad, facultad reconocida por el apartado 3 del artículo 242 para todos los supuestos de robo con violencia e intimidación en que el Tribunal aprecie la concurrencia de esta “menor entidad”, valorando las circunstancias que la norma señala, sin que queden “a priori” excluidos los supuestos en que es de aplicación el apartado 2, aunque ordinariamente no concurrirá en ellos esa menor entidad.

 

Por otro lado, según Acuerdo del Pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 27 de febrero de 1.998 , se llegó a la conclusión de que lamenor entidad de la violencia o intimidación, en atención a cada caso concreto, podía también apreciarse cuando el agente hubiera hecho uso de armas cuando ésas no fueran excesivamente peligrosas y no se hubiera puesto en riesgo la vida o la integridad física de las personas, es decir, cuando laintimidación ejercida sea de escasa entidad y, sin embargo, la pena resultante sea desproporcionada.

 

De igual modo la Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de abril de 2.001 EDJ 2001/8257 establece: "Siguiendo la sentencia de esta Sala de 18 de abril de 2.000 EDJ 2000/6029 , podemos decir que esta norma constituye una interesante novedad del Código Penal EDL 1995/16398de 1.995 que viene a permitir unas mejores posibilidades de adaptación de la pena a las circunstancias concretas del caso, una más adecuada proporcionalidad en definitiva, a fin de solucionar aquellos supuestos que, mereciendo la cualificación de robos, y no de hurtos, por existir realmente una violencia o intimidación, sin embargo, por la poca importancia del elemento coaccionante contra la víctima, resultaban con una pena desproporcionada. Como ya ha dicho esta Sala, tales robos con violencias o intimidaciones de orden menor no deberían estar sancionados con la misma pena que los atracos hechos con armas de fuego, por ejemplo".

 

Manteniendo el criterio antedicho, entre otras las Sentencias de la Audiencia Provincial de las Palmas, Sección 2ª, de 27 de Mayo de 2005; las de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada, de 11 de Noviembre y 12 de Junio de 2003, o la de la Sección 16ª de la Audiencia Provincial de Madrid, de 18 de febrero de 2002 (El Derecho Jurisprudencia 2002/11631), de la que se extrae, para mostrar su similitud con el presente caso, el hecho probado único y la fundamentación jurídica que aplica el subtipo atenuado, siendo del siguiente tenor:

 

“HECHO PROBADO. UNICO El acusado Juan Carlos, mayor de edad, con antecedentes penales no computables, en prisión provisional por esta causa desde el día 23-5-2.001, sobre las 7 horas del día 5 de mayo de 2.001, de común acuerdo y en compañía de otra persona hasta el momento no identificada, abordaron por la espalda a Moisés y Carlos cuando caminaban por la Calle ... de Alcorcón y tras esgrimir una navaja cada uno, les dijeron que les entregaran todo lo que llevaban o les pinchaban registrándoles a continuación y apoderándose de un cordón de oro y un teléfono móvil marca ... propiedad de Moisés, cuyo valor ha sido tasado en 48.000 y 13.500 ptas. respectivamente, el cual no reclama indemnización alguna.

“A la vista de todo ello procede aplicar el párrafo 3° del artículo 242 del Código Penal EDL 1995/16398 y la pena inferior en grado a la prevista en el párrafo 1 del 242 por del mismo artículo EDL 1995/16398 , considerando no obstante que dentro del límite de la pena de un año a dos años de prisión debe tener una cierta consideración la utilización de la navaja, arma blanca, considerado elemento peligroso de cierta importancia, y establecerse una pena discriminada de la que correspondería a un supuesto delito de robo con violencia o intimidación, que aunque de menor entidad, no utilizara dicho medio peligroso, por lo que debemos imponer la pena en su mitad superior: un año y seis meses de prisión.”

 

De lo antedicho se constata que no son ilusorias las posibilidades, es caso de ser ciertos y probados los hechos, pueda ser impuesta la pena inferior en grado en su mitad superior, establecida en el apartado 1 del artículo 242 del Código Penal, conforme autoriza el apartado 3, lo que implica que realmente la entrada en prisión no será el desencadenante necesario de la conducta de que se le acusa. Estaríamos ante una pena de prisión que pudiera oscilar entre el año y medio y dos años, y por tanto con posibilidades de ser sustituida o suspendida, a tenor de lo establecido en los artículos 80 y siguientes y 88 del Código Penal, pudiendo acceder a cualquiera de los beneficios, pues mi cliente no es reincidente, careciendo de cualquier antecedente delictivo.

 

Ya ha apuntado el propio perjudicado en su declaración prestada ante el Juzgado de Instrucción nº _ de __________, que no les amenazó con la navaja y que tan sólo la esgrimió para intimidarles, sin que conste hasta la fecha tasación de los efectos que se dicen sustraídos, pero que se infiere no será de notorio valor.

 

Como se expresaba al inicio del presente escrito, atendidas las circunstancias del caso, un periodo de dos meses y medio en presidio puede resultar catastrófico para un chaval de apenas 18 años de edad, durante este tiempo le ha quedado claro que no es un niño, que su comportamiento tienen evidentes consecuencias de las que el ya es directamente responsable. Ha conocido la realidad carcelaria, ha compartido tiempo y espacio con delincuentes habituales, situación que si duda no será beneficiosa para un niño, pues aunque haya alcanzado la mayoría de edad, no puede entenderse que goza de la madurez de un adulto.

 

Diferente es sin duda el efecto que tiene la privación de libertad para una persona adulta y madura, que el impacto que causa a un joven que apenas hace unos meses alcanzó la mayoría de edad; distinto es el paso del tiempo para un niño que para un hombre y divergentes son los efectos causados por la carencia de libertad entre un delincuente primario y un reincidente o habitual, pues para el primero esta inicial advertencia en numerosísimas ocasiones le hace comprender la entidad y trascendencia de sus actos, mientras que para el segundo su situación suele ser una consecuencia lógica, previsible y asumida por su actuar ilícito.

 

SEGUNDO.- Miguel atisba la esperanza de no cumplir la pena que le pudiera llegar a ser impuesta, posibilidad que evidentemente quedaría anulada intimidando a los denunciantes en el presente procedimiento, pues dicho actuar lógicamente sería delictivo, pudiendo además ser puestas las correspondientes medidas cautelares que impidan el acercamiento de mi cliente a los menores denunciantes, al estar expresamente previsto en nuestro derecho, vía artículo 544 bis del Lecrim., con carácter preventivo imponer la medida de prohibición de aproximación a las víctimas, su domicilio o a cualquier otro lugar que sea frecuentado, como puede ser el instituto. No serían halagüeñas las esperanzas que acarrearía el incumplimiento de esta medida cautelar, y lo que en principio son expectativas de mantener una vida normal en libertad, se tornarían en una segura entrada en presidio, dado que el vigente artículo 468, en su apartado segundo, posibilita la imposición de la pena de prisión de tres meses a un año, además de multa a quienes quebrantaren las prohibiciones reseñadas en el apartado 2 del artículo 57.

 

Pueden por tanto los riegos que pudieren existir ser evitados con la adopción de medidas menos restrictivas para la libertad de mi cliente.

 

Con una prohibición de aproximación se evitaría que Miguel se acercara a las víctimas, conducta que en modo se pasa por la cabeza de mi patrocinado, pero que sin duda implicaría que en caso de coincidencia casual inmediatamente se alejase de estas personas.

 

El riesgo de incomparecencia a los llamamientos judiciales, podría implicar la pérdida de la fianza que por medio de este escrito ofrecemos, así como la posibilidad de que fuere celebrado el juicio en su ausencia, de entenderse también por el Ministerio Público que los hechos son de menor entidad y por tanto con una pena imponible por debajo de los dos años. La presentación periódica ayudaría igualmente a mantenerle localizado y a disposición del Juzgado.

 

Sin duda no serían esperanzadoras las consecuencias de su fuga, estamos ante un chico sin formación, incapaz de procurarse un trabajo alejado de su círculo familiar y, además con apenas 18 años sería prácticamente imposible que el resto de su vida pudiera mantenerse oculto.

 

TERCERO.- Miguel procede de una familia humilde de etnia gitana, con escasas posibilidades económicas. Sus progenitores pese a su mínima solvencia han estado estos últimos días buscando las formas para obtener algo de dinero que ofrecer como fianza, habiendo conseguido el compromiso de una entidad de crédito de prestarles 2.000 euros, máximo importe que pueden aportar para responder de la comparecencia de su hijo a los llamamientos Judiciales.

 

La Prisión Provisional siendo medida excepcional, subsidiaria, provisional y proporcionada ha de ser adoptada como último remedio. Si de por sí debe ser excepcional la medida cautelar por supuestos delitos castigados con pena superior a dos años de prisión, doble excepcionalidad debe tener dicha medida para casos como el enjuiciado en que la pena podría situarse por debajo de dicho límite.

 

En su virtud,

 

SUPLICO AL JUZGADO que teniendo por presentado el presente escrito, se sirva admitirlo y conforme a lo interesado, se acuerde la libertad provisional previo el afianzamiento con la suma de 2.000 euros, que responderán de la comparecencia del imputado a los llamamientos judiciales, así como la adopción de la medida cautelar de prohibición de aproximación y comunicación a los menores David ____________ como Iván ____________ mientras se tramite el presente procedimiento, todo ello con la comparecencia apud acta de Miguel ________________ ante el Juzgado los días 1 y 15 de cada mes.

 

Es Justicia que respetuosamente se solicita en Madrid a dieciséis de Julio de dos mil ________.

 

Fdo. José Valero Alarcón

Abogado, Col. 59

 

AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NUMERO 3 DE SANTA LUCIA DE TIRAJANA


Don Christian Gefke, Abogado de Don Ricardo RS, privado de libertad en la Comisaria sur de Santa Lucia de Tirajana(bajo la custodia de la Policía Nacional), ante el Juzgado comparezco y como más procedente sea en Derecho, Digo:

 

Que conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 6/1984, de 24 de Mayo, insto el presente Habeas Corpus, por la detención prolongada e indebida de Don Ricardo RS al objeto de proteger la libertad deambulatoria reconocida y prevista por nuestra Constitucion, concretamente en su artículo 17

 

Mi patrocinador se encuentra privado ilegalmente de libertad desde el día 24 de noviembre de 2015, dia en que fue detenido por la Policia Nacional por la presunta comisión de un delito de lesiones, trafico de drogas y blanqueo de dinero.

 

Consideramos que no concurren los presupuestos legales para mantener la privación de libertad dado que:

 

       Ha transcurrido el periodo máximo de detención de 72 horas sin que haya sido puesto en Libertad o a disposición Judicial y sin que se haya solicitado la prorroga antes el organo judicial competente, dentro del plazo improrrogable de las 48 horas desde el momento de la detencion. De hecho, a dia de hoy, el dia 30 de noviembre de 2015 sigue bajo la custodia de la Policia Nacional en la Comisaria del sur de Santa Lucia de Tirana, habiendo pasado 72 horas desde el momento en que tenia que haber sido puesto en libertad o bajo disposicion judicial, en funcion del art. 520 y 520.bis 1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 5 de octubre del 2015.

 

Tiene competencia para conocer de la presente petición este Juzgado de Instrucción por encontrarse en su demarcación la persona privada de libertad.

 

SUPLICO AL JUZGADO: Que teniendo por presentado el presente escrito, se sirva admitirlo y por instada petición de Habeas Corpues respecto de Don Ricardo RS y, previo traslado al Ministerio Fiscal, sea dictada resolución por la que se incoe el oportuno procedimiento, acordando la puesta a su disposición del privado de libertad y previa la tramitación legal pertinente acuerde su puesta en libertad.

 

Es Justicia que respetuosamente se solicita en Las Palmas de Gran Canaria el 30 de noviembre del 2015.

 

Fdo. _____________                                                          Fdo. Christian Gefke

                                                                                                            Abogado Penalista

 

 

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  •  DESARROLLO DE LA INTERVENCIÓN DEL LETRADO

La Asistencia a la Persona Detenida por uno de nuestros Letrados Penallistas,  se concreta en los siguientes cometidos:

 

  • Entrevista con la persona que efectúa en el encargo, para conocer las circunstancias personales, familiares y posibles antecedentes del detenido, que pudieran ser relevantes para ejercitar una defensa con las debidas garantías.

 

  • Asistencia en el Centro de Detención y entrevista reservada con la persona detenida.

 

  • Información detallada a los familiares de los motivos de la detención y del desenlace previsible del caso.

 

  • Si el privado de libertad pasase a disposición judicial, el Letrado tomaría conocimiento de las actuaciones con carácter previo a la declaración ante el Juez, manteniendo una nueva entrevista con el imputado para informarle del contenido del atestado policial y actuaciones judiciales desarrolladas, concretando la línea defensiva a seguir y el coste estimado de la defensa en el proceso.

 

  • Asistencia en la Declaración, así como en comparecencias de medidas cautelares que pudieren celebrarse (Orden de Protección, Petición de Prisión Provisional...).

 

  • Información a Familiares o allegados del resultado de la comparecencia ante el Juez.

 

Qué actuaciones no están incluídas:

 

  • Recursos frente a Resoluciones Interlocutorias que impongan una medida restrictiva de los derechos del Imputado.

 

  • Defensa en el Procedimiento Judicial, siempre será necesario la aceptación de un presupuesto si tras la asistencia prestada el imputado, está conforme con nuestra intervención.

 

Si el procedimiento se tramitase por Juicio Rápido y en la comparecencia judicial fuera alcanzado un acuerdo con el Ministerio Fiscal y dictada Sentencia en Conformidad, nuestros honorarios serían de 500 euros (IVA Excluido).

 

Si no se reconociesen los hechos o fuere preciso la práctica de ulteriores diligencias, será necesaria la aceptación de un presupuesto específico para el asunto.

 

Servicio prestado en toda la Comunidad de Madrid. Para otras provincias consultar disponibilidad y honorarios.  

  


 

Información de los costes de Asistencia a Mayores Asistencia de Abogados Penalistas

Un procedimiento penal por la comisión de un delito frente a una persona mayor de edad puede ser tramitado por diversos cauces, que variarán en función de la gravedad y complejidad del hecho, siendo por ello también diferentes los costes.


Los procesos más habituales son:

 

 

  • 1.- JUICIOS RÁPIDOS. Delitos de hasta 5 años de prisión y de investigación sencilla.

Suelen llevarse por este cauce:

- Delitos contra la seguridad vial.

  • Alcoholemias
  • Conducción sin carnet
  • Con exceso notorio de velocidad.

 

- Delitos de violencia de género y doméstica.
  • Agresiones
  • Amenzas
 
- Delitos contra el patrimonio.
  • Hurtos de bienes superiores a 400 euros. 
  • Robos con fuerza

 

- Delitos de Daños.
 
 
- Otros delitos sencillos de investigar     

COSTE DE LA ASISTENCIA ALCANZANDO UN ACUERDO CON LA ACUSACIÓN EN EL JUZGADO DE GUARDIA.


PRECIO CERRADO TOTAL DE 500 € (*)

 

La particularidad de este proceso radica en la posibilidad de que el acusado reconozca los hechos que se le imputan y se conforme con la pena que se le pida.


Ello propiciará que en determinados casos las penas puedan reducirse en un tercio.


En estos casos, es decir, en caso de ser alcanzado un acuerdo en el Juzgado de Guardia que conozca del asunto, por nuestra intervención se cobraría un importe total de 500 euros, en los que estarían incluidos los 200 € de asistencia en comisaría.


 CASOS REALES:

COSTE DE LA ASISTENCIA CUANDO NO SE ALCANZA UN ACUERDO.

 

A PARTIR DE 800 € 

 

(*) - PREVIO PRESUPUESTO

Petición de Presupuesto

Solicitar presupuesto personalizado

En ocasiones por decisión de acusado o por causas ajenas es imposible alcanzar un acuerdo, en esos casos se dará un presupuesto específico atendiendo a la dificultad del asunto y su desarrollo previsible. 


OBSERVACIONES:

Hay que tener en cuenta que si no se designa abogado particular asistirá un letrado de oficio y, en caso de ser denegada la asistencia jurídica gratuita, podrá solicitar del cliente designado de oficio el pago de sus honorarios, cuyo importe no suele bajar de los 800 euros.



  • 2.- PROCEDIMIENTO ABREVIADO. Delitos penados con hasta 9 años de prisión.

Se deben tramitar por este cauce:

La Generalidad de los Delitos suelen seguir este procedimiento, pues entran dentro los que tengan señalada pena de prisión de hasta 9 años u otras penas, cualqueira que fuere su extensión o cuantía. 


 En estos casos hay diferenciadas tres grandes fases:

 

- La Instrucción: Un Juez realiza una serie de diligencias para saber si posiblemente exista un hecho delictivo y determinar las personas que han participado en su comisión.

 

- Una fase intermedia, en la que se pide la condena o archivo.

 

- Y el Juicio, que en caso de ser delito con pena de prisión de menos de 5 años, se celebrará ante un Juzgado de lo Penal y si fuere superior ante la Audiencia Provincial. 

ES IMPOSIBLE OFRECER UN PRECIO CERRADO PUES DEPENDERÁ DE MÚLTIPLES FACTORES. A PARTIR DE 1.000 € (*)

 


 CASOS REALES:

Petición de Presupuesto

Solicitar presupuesto personalizado


 OBSERVACIONES:

Hay que tener en cuenta que si no se designa abogado particular asistirá un letrado de oficio y, en caso de ser denegada la asistencia jurídica gratuita, podrá solicitar del cliente designado el pago de sus honorarios, cuyo importe no suele bajar de los 800 euros.


 






  • 3.- SUMARIO o PROCEDIMIENTO ORDINARIO. Delitos más graves penados con más de 9 años de prisión.

Se tramitará por este cauce:

Es el proceso reservado para los asuntos más graves, para los que el código establece una pena de prisión de la menos 9 años de prisión.


 

Tiene las mismas tres grandes fases que el procedimiento abreviado, expresado en el párrafo anterior, si bien hay bastantes particularidades y requisitos específicos para este tipo de procesos.


La duración de este tipo de procedimeintos es variable, siendo lo habitual que hasta que sea dictada sentencia pasen varios años. 

ES IMPOSIBLE OFRECER UN PRECIO CERRADO PUES DEPENDERÁ DE MÚLTIPLES FACTORES. A PARTIR DE 2.000 € (*)

 


 CASOS REALES:

Petición de Presupuesto

Solicitar presupuesto personalizado


 OBSERVACIONES:

Hay que tener en cuenta que si no se designa abogado particular asistirá un letrado de oficio y, en caso de ser denegada la asistencia jurídica gratuita, podrá solicitar del cliente designado el pago de sus honorarios, cuyo importe no suele bajar de los 800 euros.





 


 

Abogados para Asistencia a Menores Abogado Penalista de Menores

La Ley 5/2000, Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores de Edad, se aplica a los mayores de 14 años y menores de 18 que estén implicados en la comisión de un hecho delictivo.

 

Estamos ante un procedimiento muy versátil que podrá finalizar diferentes formas:

  • Sobreseimiento.
  • Desistimiento del Ministerio Fiscal.
  • Sobreseimiento por conciliación o reparación.
  • Conformidad.
  • Sentencia tras la celebración del juicio.

En este tipo de procesos a diferencia de los expresados para mayores de edad, es el Ministerio Fiscal el que realiza la investigación preliminar y, en sus manos queda en muchas ocasiones, decidir si el expediente continua o se archiva, aún estando ante hechos delictivos.


Habitualmente tras la asistencia del Abogado en Comisaría y/o Fiscalía el menor queda en libertad, por lo que en estos casos, salvo asuntos graves, no suelen adoptarse medidas cautelares.

EL PRECIO DE LA DEFENSA EN UN ASUNTO DE MENORES ES VARIABLE, PUES DEPENDERÁ DE LA GRAVEDAD DE LOS HECHOS Y DEL MODO DE FINALIZACIÓN DEL MISMO.


A PARTIR DE 800 € (*) 


 CASOS REALES:


Petición de Presupuesto

Solicitar presupuesto personalizado


 OBSERVACIONES:

Hay que tener en cuenta que si no se designa abogado particular asistirá un letrado de oficio y, en caso de ser denegada la asistencia jurídica gratuita, podrá solicitar del cliente designado el pago de sus honorarios, cuyo importe no suele bajar de los 800 a 1.000 euros.


 

 


 

Precio de la asistencia a extranjeros por expedientes de expulsión Expedientes de Expulsión de Extranjeros 

 

 

 

 

 


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Cuantos más detalles nos suministres más fácil nos resultaré remitirle la información que nos pides.

 

Si tu asunto es Urgente, no dudes en contactar con el Abogado más próximo a tu localidad, puedes ver el listado, pulsando sobre la provincia en la que te encuentras.


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(*) Condiciones para Asuntos en Madrid. 

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En estos difícilies momentos tanto los allegados como el detenido deben contar con el Asesoramiento y Asistencia de un Abogado Experto en Defensa a Detenidos.


Todos los privados de libertad, independientemente del motivo que lo haya propiciado, tienen unos derechos básicos que deben ser escrupolosamente respetados, concretamente son los contenidos en los artículos 17 de la Constitución y 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Siempre es obligatorio informar de dichos derechos, que se concretan en los siguientes:

 

  • No declarar si no quiere, no declarar contra sí mismo y no confesarse culpable, no contestar a alguna/s de las pregunas que se le formule o manifestar que sólo declarará ante el Juez.
  • Designar Abogado y solicitar que esté presente en su declaración e intervenga en todo reconocieitndo de identidad que se lefectúe. En otro caso se le designará de oficio.
  • Designar a la persona a la que desee poner en conocimiento el hecho de su detención y el lugar de custodia. De ser extranjero, tiene derecho a que esta comunicación se realice a la Oficina Consular y a ser asistido gratuitamente por un intérprete.
  • Ser reconocido pr el médico forense u otro de los facultativos que la ley establece.

 

De dicha información de derechos se deja constancia en una Diligencia escrita (Ver modelo) y se hace una nueva lectura de los mismos en presencia del abogado.

 

Pueden además en caso de considerar que su detención no está justificada interponer un Habeas Corpus, consiguiendo con ello que un Juez determine si dicha privación de libertad se ajusta a la legalidad vigente (Ley reguladora del Habeas Corpus).

 

Independientemente de la causa concreta siempre es necesario contar con una abogado experto en asistencia a personas detenidas, que tenga la capacidad, formación y experiencia precisas para saber desde un principio enfocar el problema y buscar la salida más beneficiosa para su cliente.

 

Si necesitáis ayuda no dudéis en contactar con nosotros, hemos asistido a más de 1.000 personas detenidas.  

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Telf. 902 55 96 22 -  URGENCIAS: 619.41.23.11 y 637.583.413

 

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La  Asistencia Letrada al Detenido es una de  Intervenciones más importantes del Letrado Defensor, pues del inicial enfoque que se sepa dar al  asunto dependerán en gran medida las posibilidades defensivas con las que contará la persona implicada en el delito.
 
De poco o nada valdrá estar asistido posteriormente por un Buen Abogado Penalista, si en la primera declaración prestada ante la Policía o Juez Instructor se reconocen los hechos o se exponen versiones exculparorias indefendibles.
 
Contar con el Asororamiento de un Letrado Experto en Derecho Penal supondrá que la Persona Privada de Libertad pueda hacer valer plenamente sus derechos, pues el consejo inicial partirá de un Abogado con una amplia experiencia que permitirá enfocar adecuadamente desde ese primer momento la estrategia defensiva a desplegar.
 
Somos un grupo de Abogados Penalistas con una experiencia que oscila entre los 12 y 16 años de ejercicio, que además de los cientos de asuntos en los que hemos intervenido como Letrados Defensores o Acusadores, impartimos cursos formativos a otros compañeros que inician su andadura en el difícil mundo del Derecho Penal, lo implica un profundo conocimiento de las Leyes Penales Procesales y Sustantivas.
 
Nuestro sistema de trabajo nos permite encontrar la mejor estratégia defensiva, ya que periódicamente analizamos conjúntamente los asuntos que nos son encomendados, pudiendo con ello  contar siempre con múltiples perpectivas, que una vez analizadas y sopesadas son expuestas al cliente con quien es tomada la decisión conjunta sobre la forma de afrontar su defensa.
 
No dudéis en contactar con nosotros, para asuntos en Madrid podéis llamar a los teléfonos 91 530 96 95 - 91 530 96 98, sin compormiso alguno os expondremos nuestra opinión sobre vuestro asunto.
 
Para asistencias a personas detenidas fuera de Madrid consultar con el letrado más próximo, para ello, pulsar aquí.

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