urgencias-abogados

telefonos-de-abogados

presupuesto-de-abogado

alta-de-abogados-en-quieroabogado-2014Quiero Abogado

Quiero Abogado

Abogados-Consultas-Gratuita

hablar-reunir-con-abogado

Mostrando articulos por etiqueta: Abogado César Sánchez

 

Prohibición  de salida de España de menor de edad, acordada en previo procedimiento de familia. Modelo de solicitud de autorización de viaje al extranjero, y Auto autorizando tal viaje.

 

Se plantea en el comentario de hoy un supuesto muy habitual teniendo en cuanta las fechas vacacionales en las que nos encontramos. 

 

Se tramitó en su día un procedimiento de guarda y custodia de pareja de hecho en el que se regularon las cuestiones habituales (guarda y custodia, visitas, alimentos, etc…) si bien en la Sentencia de instancia se estableció la prohibición de salida del menor de España, por lo que se señalaba en la misma que, si cualquiera de los padres pretendía realizar un viaje al extranjero en compañía del menor, debería recabar previamente autorización del Juzgado.

 

Este tipo de solicitudes, que como sabemos actualmente se tramitan de conformidad con la nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria (Ley 15/15 de 2 de julio), como decía, son sumamente frecuentes en estas fechas en que, acercándose el momento de disfrute de periodo vacacional, por parte de uno de los progenitores, “recuerdan” en ese momento la existencia previa de esta prohibición de salida del menor de territorio nacional, lo cual obliga a instar con celeridad este tipo de solicitudes judiciales de autorización, ya que en caso contrario el viaje no podría llevarse a cabo, con los trastornos, molestias, y gastos que todo ello supone.

 

En este caso adjuntamos copia de la demanda planteada en solicitud de autorización de viaje al extranjero de menor de edad, y copia del Auto autorizando este viaje, queriendo resaltar la celeridad y eficacia en la rápida resolución de la cuestión por parte del Juzgado, ya que habiéndose formulado la demanda con fecha 11 de julio, apenas 10 días después (21 de julio), el Juzgado dicta Auto autorizando esta salida.

 

Espero que pueda ser de utilidad ya que este tipo de cuestiones y problemáticas se multiplican en las fechas veraniegas.

 

Modelo solicitud autorizacion de viaje y Auto  

 

 Si no se visualiza el Documento, pulsar aqui.

Nulidad de Testamento por falta de capacidad mental del testador. Es necesario probar concluyentemente dicha falta de capacidad en el momento del otorgamiento. Presunción de capacidad y "favor testamenti".

 

El presente caso plantea como cuestión de fondo, la nulidad de un testamento por presunta falta de capacidad mental del testador, derivada de su deterioro cognitivo y de un cierto grado de demencia senil. Se insta acción de nulidad de testamento abierto, en el que el Notario autorizante realizó el juicio de capacidad para tal otorgamiento.

 

Se nos recuerda por el Tribunal Supremo que la carencia de capacidad mental ha de resultar acreditada de una manera indudable al tiempo de otorgar el testamento, prevaleciendo caso contrario la presunción “iuris tantum” de capacidad en virtud de la intervención notarial y su juicio de capacidad.

 

Nuestra jurisprudencia ha señalado que toda persona debe reputarse en su cabal juicio como atributo normal de su ser, de manera que la prueba en contra no debe dejar margen de duda. Por otro lado se ha señalado (STS de 14-4-87)  que la aseveración notarial respecto de la capacidad del otorgante, adquiere, dada la seriedad y prestigio de la institución notarial, una especial relevancia de certidumbre, constituyendo una enérgica presunción “iuris tantum” de aptitud. 

 

La reciente Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de abril de 2.016, (Ponente Sr. Orduña Moreno), recuerda que para determinar la nulidad del testamento por falta de capacidad mental del testador, hay que probar, de modo concluyente (STS de 26-4-08), la falta o ausencia de dicha capacidad en el momento del otorgamiento del testamento objeto de impugnación, sin que la declaración judicial de incapacidad del testador, posterior al otorgamiento del testamento, sea prueba determinante por sí sola, de la falta de capacidad para testar cuando fue otorgado el testamento, dado el carácter constitutivo y sin efectos “ex tunc” de la sentencia de incapacitación. Ante la ausencia de una prueba concluyente de la incapacidad del testador al tiempo de otorgar testamento, la Sentencia de instancia aplica correctamente el principio del “favor testamenti” y su conexión con la presunción de capacidad del testador en orden a la validez y eficacia del testamento otorgado (SSTS 26-4-08, 30-10-12, 15-1-13 y 19-5-15). 

 

Sentencia Tribunal Supremo Nulidad de Testamento  

 

 Si no se visualiza el Documento, pulsar aqui.

Recurso de Casación contra Sentencias dictadas en apelación, y contra Sentencias en segunda instancia por delitos leves. Acuerdo no jurisdiccional del Tribunal Supremo de 9 de junio de 2.016.

 


La Ley 41/15, de 5 de octubre de modificación de la LECr para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales, supuso entre otras modificaciones relevantes, la instauración general de la segunda instancia, y la ampliación del recurso de casación.

 

En este sentido el actual Artículo 847 LECr establece que:

 

1. Procede recurso de casación:

 

a). Por infracción de ley y por quebrantamiento de forma contra:

 

1º. Las sentencias dictadas en única instancia o en apelación por la Sala de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia.

 

2º. Las sentencias dictadas por la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional.

 

b). Por infracción del ley del motivo previsto en el número 1º del artículo 849 contra las sentencias dictadas en apelación por las Audiencias Provinciales y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

 

2. Quedan exceptuadas aquellas que se limiten a declarar la nulidad de las sentencias recaídas en primera instancia.

 

Por su parte, recordemos que el artículo 849.1º de la LECr señala que:

 

Se entenderá que ha sido infringida la ley para el efecto de que pueda interponerse recurso de casación: cuando, dados los hechos que se declaren probados en las resoluciones comprendidas en los dos artículos anteriores, se hubiere infringido un precepto penal de carácter sustantivo u otra norma jurídica del mismo carácter que deba ser observada en la aplicación de la ley penal.

 

Por tanto la reforma de la LECr establece por primera vez la posibilidad de interponer recurso de casación contra las Sentencias dictadas en apelación tanto por la Audiencia Provincial, como por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, opción esta que antes de la reforma, era procesalmente inviable ya que estos pronunciamientos jurisdiccionales de segunda instancia, no tenían ya acceso al Tribunal Supremo.

 

Con respecto a la interpretación del alcance que deba tener esta importante reforma, el Pleno no jurisdiccional del Tribunal Supremo ha adoptado un acuerdo de 9 de junio de 2.016 del que destacamos los siguientes extremos en relación a la posibilidad de interponer recurso de casación contra sentencias de las Audiencias Provinciales (y de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional).

 

Los puntos básicos que derivan del acuerdo, son:

 

  • Las Sentencias dictadas en apelación, solo podrán ser recurridas en casación por el motivo de infracción de ley del 849.1º de la LECr. Serán inadmitidos los recursos que se formulen por los artículos 849.2º, 850, 851 y 852 de la LECr.

 

  • Los recursos deberán fundarse necesariamente en la infracción de un precepto penal de carácter sustantivo. Seráninadmitidos los recursos de casación que aleguen infracciones procesales o constitucionales.

 

  • Los recursos deberán respetar los hechos probados. Serán inadmitidos los que no los respeten.

 

  • Los recursos deben tener interés casacional. Serán inadmitidos los que carezcan de dicho interés.

 

  • La providencia de inadmisión es irrecurrible.

 

  • Con respecto a la posibilidad de recurso de casación contra sentencias de segunda instancia, recaídas en procesos por delitos leves se acuerda que el recurso de casación no se extiende a las sentencias de apelación dictadas en procedimiento por delitos leves.

 

Por su relevancia reproducimos literalmente el Acuerdo de 9 de junio de 2.016 del Pleno no jurisdiccional del Tribunal Supremo, por el que se establece: 

 

1º. Respecto de la interpretación del artículo 847.1º, b de la LECr, se acuerda:

 

A). El artículo 847.1º, letra b) de la LECr, debe ser interpretado en sus propios términos. Las Sentencias dictadas en apelación por las Audiencias Provinciales y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, solo podrán ser recurridas en casación por el motivo de infracción de ley previsto en el número primero del artículo 849 de la LECr, debiendo ser inadmitidos los recursos de casación que se formulen por los artículos 849.2º, 850, 851 y 852.

 

B). Los recursos articulados por el artículo 849.1º deberán fundarse necesariamente en la infracción de un precepto penal de carácter sustantivo u otra norma jurídica del mismo carácter (sustantivo) que deba ser observada en la aplicación de la Ley Penal (normas determinantes de la subsunción), debiendo ser inadmitidos los recursos de casación que aleguen infracciones procesales o constitucionales. Sin perjuicio de ello, podrán invocarse normas constitucionales para reforzar la alegación de infracción de una norma penal sustantiva.

 

C). Los recursos deberán respetar los hechos probados, debiendo ser inadmitidos los que no los respeten, o efectúen alegaciones en notoria contradicción con ellos pretendiendo reproducir el debate probatorio (art. 884 LECr).

 

D). Los recursos deben tener interés casacional. Deberán ser inadmitidos los que carezcan de dicho interés (art. 889.2º), entendiéndose que el recurso tiene interés casacional, conforme a la exposición de motivos: a) si la sentencia recurrida se opone abiertamente a la doctrina jurisprudencial emanada del Tribunal Supremo, b). si resuelve cuestiones sobre las que exista jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales, c) si aplica normas que no lleven más de cinco años en vigor, siempre que, en este último caso, no existiere una doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo ya consolidada relativa a normas anteriores de igual o similar contenido.

 

E). La providencia de inadmisión es irrecurrible (art. 892 LECr).

 

2º. Respecto a la posibilidad de recurso de casación contra sentencias recaídas en procesos por delitos leves se acuerda:

 

El artículo 847 b) LECr debe ser interpretado en relación con los artículos 792. 4º y 977, que establecen respectivamente los recursos prevenidos para las sentencias dictadas en apelación respecto de delitos menos graves y respecto de los delitos leves (antiguas faltas). Mientras el artículo 792 establece que contra la sentencia de apelación corresponde recurso de casación previsto en el artículo 847, en el artículo 977 se establece taxativamente que contra la sentencia de segunda instancia no procede recurso alguno.

 

En consecuencia el recurso de casación no se extiende a las sentencias de apelación dictadas en procedimiento por delitos leves.

 

Violencia de Género. Criterio de la Fiscalía: el ejercicio de la acusación particular por la víctima, durante toda la instrucción del procedimiento hasta el mismo momento de la celebración del Juicio Oral, en que retira la acusación, implica que no sea procedente otorgarle la dispensa del artículo 416 de la LECr.

 

En procedimiento tramitado por la comisión de un presunto delito de violencia de género, la perjudicada prestó inicialmente declaración y se personó formulando acusación particular, si bien, al inicio de las sesiones del juicio oral, retiró la acusación y derivado de ello se le concedió la dispensa prevista en el artículo 416 de la LECr, en atención a la relación sentimental que mantenía con el acusado.

 

El Juzgado de lo Penal dicta Sentencia absolutoria, y el Ministerio Fiscal presenta recurso de apelación.

 

Mantiene el Ministerio Fiscal que la Ley impone al testigo, como principio general, la obligación de comparecer al llamamiento judicial, y de declarar.

 

Alega que en este caso la perjudicada estuvo personada durante toda la instrucción hasta el mismo día de la celebración del juicio oral, en que renunció al ejercicio de la acción penal y civil contra su marido.

 

En este escenario, se sostiene por el Ministerio Fiscal que, en la medida que la víctima ejerció la acusación particular durante todo el periodo de instrucción, hasta el acto del Juicio Oral, tal ejercicio indiscutido de la acusación particular contra quien fue su marido en el momento de la ocurrencia de los hechos denunciados, la convierte en exenta de la obligación de ser informada de su derecho a no declarar. Así, en la medida que con anterioridad había ejercido la acusación particular, ya no era obligatorio instruirla de tal derecho a no declarar, que había decaído definitivamente con el ejercicio de la acusación particular. Caso contrario y a voluntad de la persona concernida, se estaría aceptando que sucesivamente y de forma indefinida, la posibilidad de que una misma persona, pudiera tener uno u otro status, a expensas de su voluntad, lo que en modo alguno puede ser admisible.

 

Concluye el Ministerio Fiscal que el ejercicio de la acusación particular por parte de la víctima, durante toda la instrucción del procedimiento y fase intermedia, hasta el mismo momento de la celebración del juicio oral, le novó su status al de testigo ordinario, por lo que el ofrecimiento de la dispensa conforme al artículo 416 de la LECr no resultaba procedente en el acto del Juicio Oral.

 

Plantea pues el Ministerio Fiscal recurso de apelación contra la Sentencia absolutoria dictada por el Juzgado de lo penal, solicitando se acuerde la nulidad del juicio retrotrayendo las actuaciones al momento anterior a su celebración, el cual deberá convocarse nuevamente, y ello sobre la base de que lo anteriormente expuesto privó a la acusación del derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para acreditar los hechos por los que acusaba, lo que implica indefensión con obvia infracción del artículo 24 de la Constitución.


Modelo de Convenio regulador de relaciones paternofiliales.

 

Adjuntamos hoy un modelo de convenio regulador de relaciones paternofiliales (pareja de hecho), que sistematiza con bastante detalle las cuestiones habituales en este tipo de situaciones: guarda y custodia, patria potestad, visitas, uso y disfrure del domicilio y alimentos.

 

Esperamos que pueda ser de utilidad.

 

Modelo Convenio regulador de relaciones paternofiliales  

 

 Si no se visualiza el Documento, pulsar aqui.

Modelo de solicitud de Indulto Total. Caso real.

 

Adjuntamos hoy un modelo de solicitud de indulto total, que basamos tanto en la lejanía en el tiempo de los hecho que fueron objeto de condena, como en la acreditada situación de reinserción total del condenado (trabajo estable, familia dependiente...) en la fecha en que se presenta la solicitud. Corresponde a un caso real, y esperamos que pueda ser de utilidad.

 

Modelo solicitud de Indulto Total  

 

 Si no se visualiza el Documento, pulsar aqui.

Custodia Compartida. Modelo de Oposición a Recurso de Apelación planteada por el padre, frente a Sentencia de Instancia que la deniega la Custodia Compartida. 

 

FALTA DE CONCRECCION DEL PADRE EN CUANTO AL PROYECTO DEFINIDO DE CUSTODIA CON LOS HIJOS. NECESIDAD DE UN PLAN CONTRADICTORIO.

 

El presente supuesto parte de los siguientes antecedentes. En un previo procedimiento de divorcio, se atribuyó a la madre la guarda y custodia de los dos hijos menores de edad, fijándose un determinado régimen de visitas a favor del padre. El uso y disfrute del domicilio familiar se otorgó a la madre y a los menores  y se fijaron alimentos a favor de los mismos.

 

Años después, el padre insta modificación de medidas, en la que con  carácter principal solicita la custodia compartida de ambos menores, por semanas alternas, atribuyéndose el uso del domicilio a ambos progenitores, también de forma alterna, sin fijarse pensión de alimentos ordinaria, debiendo abonar los padres al 50% los gastos generales de escolaridad (libros, matrícula, material escolar, ropa, comedor y asimilados).

 

En el referido procedimiento ostentábamos la defensa de la madre, presentando contestación a la demanda en su nombre, con oposición a esta modificación de medidas instada por el padre, al entender que el cambio de custodia exclusiva de la madre, a custodia compartida, no protegía el superior interés de ambos menores.

 

Tramitado el juicio conforme a sus prescripciones legales, se ha dictado Sentencia por la que se desestima la demanda interpuesta por la representación procesal del padre, manteniendo íntegramente las aprobadas por Sentencia de divorcio, (con una ligera mejora en el régimen de visitas establecido inicialmente a favor del padre, que no es objeto de comentario).

 

Incide especialmente el Juzgado de instancia en que no existe ninguna concreción del padre en cuanto al proyecto con los hijos, concluyendo que el cambio de custodia no se acredita que sea beneficioso para los menores.

 

Frente a la referida Sentencia de contrario se ha interpuesto Recurso de Apelación, a cuya estimación nos hemos opuesto, adjuntando hoy copia íntegra de la oposición a tal recurso de apelación.

 

Para desestimar la pretensión inicial del padre, el Juzgado se apoya especialmente en las conclusiones del Informe Pericial Psicosocial elaborado en autos, que, entre otras circunstancias, concluye que el padre no concreta un proyecto definido de custodia, ni el establecimiento de rutinas, ni el reparto de tareas. Así, se dice que el informe que el proyecto del padre no presenta una planificación consolidada y estructurada de la organización cotidiana de la vida diaria de los menores y no presenta asunción de sus obligaciones parentales. El proyecto del padre se basa en el deseo de permanecer más tiempo con los hijos, no en sus capacidades y habilidades parentales.

 

El informe añade que los menores se encuentran básicamente adaptados a su situación actual, tanto en su esfera personal, como escolar y social, y no manifiestan deseos de modificar su organización cotidiana.

 

Lo relevante por tanto es que el padre, ni tiene un proyecto ni ofrece un plan contradictorio de cómo se desarrollaría esa custodia compartida que pretende.

 

Se cita la reciente Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de marzo de 2.016, (Ponente Sr. Seijas Quintana), objeto de reciente comentario en esta sección que establece que “obligación de los padres es, no solo interesar esté sistema de guarda, sino concretar una forma y contenido de su ejercicio a través de un plan contradictorio ajustado a las necesidades y disponibilidad de las partes implicadas, que integre, con hechos y pruebas, los distintos criterios y las ventajas que va a tener para los hijos, lo que no tiene que ver únicamente con la permanencia o no de los hijos en un domicilio estable, sino con otros aspectos referidos a la toma de decisiones sobre su educación, salud y cuidados, deberes referentes a la guarda y custodia, periodos de convivencia con cada progenitor, relación y comunicación con ellos, régimen de relación con sus hermanos, abuelos, parientes y otras personas allegadas”.

 

Adjuntamos copia de la oposición planteada en nombre de la madre, contra el recurso de apelación planteado de contrario, esperando que pueda ser de utilidad.

 

Modelo Oposición Recurso Apelación  

 

 Si no se visualiza el Documento, pulsar aqui.

Sentencia de procedimiento contencioso administrativo tramitado en reclamación de responsabilidad patrimonial de la administración, como consecuencia de caída en el interior de una alcantarilla sin tapa de registro. Estimación de la demanda.

 


En fechas recientes se publicó un modelo de demanda contencioso administrativa en reclamación de responsabilidad patrimonial de la administración, por caída sufrida en el interior de una alcantarilla que carecía de tapa de registro.

 

Se sostenía en la demanda, en términos generales, que la tapa de alcantarillado, se trata de un elemento ubicado en la vía pública, por lo que la responsabilidad del mantenimiento y vigilancia de las vías públicas, correspondería con carácter principal al Ayuntamiento. La causa del siniestro fue la inexistencia de tapa de la alcantarilla situada en la vía pública, y no su mal estado de conservación. Es el Ayuntamiento el responsable de que todos los elementos que se encuentren en los espacios municipales estén en las debidas condiciones, teniendo competencia en materia de mantenimiento y seguridad de las vías públicas urbanas.

 

Adjuntamos hoy copia de la Sentencia que resuelve el mencionado procedimiento, por la cual se estima el recurso contencioso administrativo y se reconoce el derecho de nuestra cliente recurrente a percibir la cantidad que fue objeto de reclamación en la vía previa inicial, y todo ello con expresa condena en costas al Ayuntamiento.

 

La Sentencia, tras un profundo análisis doctrinal y jurisprudencial de la cuestión debatida, concluye que en el procedimiento se ha probado la relación de causalidad, y que la misma conduce directamente al Ayuntamiento, ya que es el titular de la vía y su conservación, sin que la presencia en la zona de conducciones de la otra codemandada se pueda considerar como un elemento exonerante de responsabilidad, y sin perjuicio de las relaciones que, en otra vía, puedan tener entre si ambas entidades codemandadas.


Sentencia caía en alcantarilla sin tapa  

 

 Si no se visualiza el Documento, pulsar aqui.

Modelo de Recurso de Casación en procedimiento seguido por delito de blanqueo de capitales.

 

Adjuntamos hoy un modelo de Recurso de Casación en procedimiento seguido por delito de blanqueo de capitales.

 

Se plantea Recurso de Casación contra Sentencia de la Audiencia Provincial de origen, por la que se condena a nuestro cliente a la pena de 7 meses de prisión y multa, como autor de un delito de blanqueo de capitales, y se fundamenta el mismo en 3 motivos: el primero al amparo del artículo 5.4 de la LOPJ por violación del artículo 24.2 de la Constitución Española, en concreto del derecho a la presunción de inocencia, ya que no se ha practicado prueba de cargo de suficiente entidad en el acto del juicio que avale la autoría del acusado, con respecto al delito de blanqueo de capitales. El segundo por infracción de Ley del art. 849.1 en relación a la indebida aplicación al supuesto que nos ocupa del artículo 301.1 y 2 del CP, y el tercero por  infracción de Ley del art. 849.1, por infracción del principio de proporcionalidad de penas vulnerándose, por falta de motivación, lo dispuesto en el artículo 301.1 del Código Penal en relación con el artículo 66.1.1ª del CP.

 

En cuanto a la vulneración del principio de presunción de inocencia se mantiene en el recurso que no se ha practicado prueba de cargo que avale que, en las dos simples operaciones llevadas a cabo por el acusado (que se desglosan en el recurso al que nos remitimos), se llegaran a utilizar beneficios económicos obtenidos de la comisión de distintos delitos anteriores, con la intención de ocultar el origen de tales fondos y de integrarlos en el circuito legal del dinero. Se asume que en este tipo de delito haya de acudirse a la prueba indiciaria, pero se sostiene que, en este caso concreto, difícilmente se puede entender que se haya producido un incremento inusual del patrimonio, o un manejo de cantidades de dinero, que por su elevada cantidad, o dinámica de las transmisiones, pongan de manifiesto operaciones extrañas a las prácticas comerciales ordinarias.

 

Es evidente que como indica la jurisprudencia, uno de los indicios más habituales de este tipo de delito, es la importancia de la cantidad de dinero blanqueado, y en este caso la cantidad no alcanza ni los 17.000 €, por lo que no puede calificarse de “inusual o desproporcionado incremento patrimonial de sujeto”.

 

Por otro lado la naturaleza y características de las operaciones, no pueden entenderse como complejas, ni realizadas a través de “sociedades pantalla” o entramados financieros, ya que nos encontramos ante dos operaciones simplísimas en su desarrollo y ejecución.

 

Finalmente se sostiene en el recurso que no nos encontramos ante una persona que carezca de rastro de actividad laboral y empresarial que no le permitiera disponer de fondos “lícitos” para las operaciones que llevó a cabo.

 

Se articulan otros dos motivos en el Recurso que acompañamos, a cuyo modelo nos remitimos, esperando que pueda ser de utilidad.

 

 

Modelo Recurso de Casación en delito de blanqueo de capitales  

 

 Si no se visualiza el Documento, pulsar aqui.

 

 

MODELO DE RECURSO DE CASACION EN PROCEDIMIENTO SEGUIDO POR DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES.

 

Adjuntamos hoy un modelo de Recurso de Casación en procedimiento seguido por delito de blanqueo de capitales.

 

Se plantea Recurso de Casación contra Sentencia de la Audiencia Provincial de origen, por la que se condena a nuestro cliente a la pena de 7 meses de prisión y multa, como autor de un delito de blanqueo de capitales, y se fundamenta el mismo en 3 motivos: el primero al amparo del artículo 5.4 de la LOPJ por violación del artículo 24.2 de la Constitución Española, en concreto del derecho a la presunción de inocencia, ya que no se ha practicado prueba de cargo de suficiente entidad en el acto del juicio que avale la autoría del acusado, con respecto al delito de blanqueo de capitales. El segundo por infracción de Ley del art. 849.1 en relación a la indebida aplicación al supuesto que nos ocupa del artículo 301.1 y 2 del CP, y el tercero por  infracción de Ley del art. 849.1, por infracción del principio de proporcionalidad de penas vulnerándose, por falta de motivación, lo dispuesto en el artículo 301.1 del Código Penal en relación con el artículo 66.1.1ª del CP.

 

En cuanto a la vulneración del principio de presunción de inocencia se mantiene en el recurso que no se ha practicado prueba de cargo que avale que, en las dos simples operaciones llevadas a cabo por el acusado (que se desglosan en el recurso al que nos remitimos), se llegaran a utilizar beneficios económicos obtenidos de la comisión de distintos delitos anteriores, con la intención de ocultar el origen de tales fondos y de integrarlos en el circuito legal del dinero. Se asume que en este tipo de delito haya de acudirse a la prueba indiciaria, pero se sostiene que, en este caso concreto, difícilmente se puede entender que se haya producido un incremento inusual del patrimonio, o un manejo de cantidades de dinero, que por su elevada cantidad, o dinámica de las transmisiones, pongan de manifiesto operaciones extrañas a las prácticas comerciales ordinarias.

 

Es evidente que como indica la jurisprudencia, uno de los indicios más habituales de este tipo de delito, es la importancia de la cantidad de dinero blanqueado, y en este caso la cantidad no alcanza ni los 17.000 €, por lo que no puede calificarse de “inusual o desproporcionado incremento patrimonial de sujeto”.

 

Por otro lado la naturaleza y características de las operaciones, no pueden entenderse como complejas, ni realizadas a través de “sociedades pantalla” o entramados financieros, ya que nos encontramos ante dos operaciones simplísimas en su desarrollo y ejecución.

 

Finalmente se sostiene en el recurso que no nos encontramos ante una persona que carezca de rastro de actividad laboral y empresarial que no le permitiera disponer de fondos “lícitos” para las operaciones que llevó a cabo.

 

Se articulan otros dos motivos en el Recurso que acompañamos, a cuyo modelo nos remitimos, esperando que pueda ser de utilidad.

 

 

 

 

 

 

Custodia Compartida. Para establecerla, la opinión del menor debe ser tenida muy en cuenta en supuestos en que concurra suficiente edad y madurez. Interés del menor


CUSTODIA COMPARTIDA. PARA ESTABLECERLA, LA OPINION DEL MENOR DEBE SER TENIDA MUY EN CUENTA, EN SUPUESTOS EN QUE CONCURRA SUFICIENTE EDAD Y MADUREZ. AUNQUE NO SE TRATE DE UN CRITERIO QUE PREDETERMINE LA RESOLUCION JUDICIAL, SI HA DE CONCEDERSELE ESPECIAL RELEVANCIA CUANDO NO CONCURREN OTROS DATOS QUE HAGAN PENSAR QUE LA COMPARTIDA LLEVARÁ CONSIGO ALGUN EFECTO NEGATIVO PARA DICHO MENOR. INTERES DEL MENOR Y REITERACION DE DOCTRINA JURISPRUDENCIAL

 

El presente supuesto parte de los siguientes antecedentes. En un procedimiento de divorcio el padre solicita la guarda y custodia de los hijos menores de edad, y subsidiariamente la custodia compartida. Interesa pensión de alimentos con cargo a la madre, y para el caso de que se acordara la custodia compartida solicita que cada progenitor abone los gastos que se produzcan en la vida ordinaria de los menores durante el tiempo que pasen con cada uno de ellos, y el resto de los gastos de educación, extraescolares y demás extraordinarios, se abonen por mitad y a partes iguales.

 

La madre solicita la custodia exclusiva del menor de edad, así como el resto de medidas habituales en este tipo de procedimientos. Señalar que en el trámite de contestación a la demanda uno de los hijo (concretamente la hija) alcanzó la mayoría de edad, si bien continuaba siendo dependiente económicamente de los padres.

 

El Juzgado de 1ª Instancia (Juzgado de 1ª Instancia nº 1 de Almendralejo), dicta Sentencia por la que se acuerda el régimen de custodia compartida del menor de edad. El reparto del tiempo de custodia será semanal. Cada progenitor satisfará directamente los alimentos del menor en su propio domicilio, y el resto de los gastos de educación, extraescolares y demás extraordinarios, se abonarán por mitad y a partes iguales. Puesto que la hija mayor de edad ha decidido residir en compañía del padre, y la misma es económicamente dependiente, se fija una determinada pensión de alimentos en su favor, con cargo a la madre.

 

La madre recurre en apelación, siendo estimada la misma por la Audiencia Provincial (Sección 3ª de la Audiencia de Badajoz), estableciendo la atribución en exclusiva la guarda y custodia del menor a favor de la madre, tal cual se había ya establecido en un previo procedimiento de separación seguido entre los padres.

 

El padre interpone Recurso de casación contra la Sentencia de la Audiencia, alegando en esencia infracción del artículo 92.6 y 8 del Código Civil, así como existencia de interés casacional por oposición a jurisprudencia del Tribunal Supremo, todas ellas relativas a la guarda y custodia compartida, y a los criterios a tener en cuenta para su establecimiento. Se denuncia infracción de la jurisprudencia sobre la prevalencia del interés del menor como principio inspirador para el acuerdo de custodia compartida.

 

El Ministerio Fiscal presenta escrito solicitando la estimación del recurso, y la fijación de un régimen de custodia compartida.

 

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo en Sentencia de 11 de febrero de 2.016, (Ponente Sr. Salas Carceller), resuelve la cuestión, y así el motivo se estima.

 

Señala el Tribunal Supremo que el Juzgado de 1ª Instancia razonó que para establecer un régimen de guarda, la opinión del menor debe ser tenida muy en cuenta, no solo por su edad (en aquel entonces 14 años), sino por su madurez y lo expresado por el mismo en la exploración judicial, en la que manifestó de forma clara y sin ambages su voluntad de vivir más tiempo con su padre, e incluso de vivir con él, lo que le permitiría estar más tiempo con su hermana, mayor de edad, que ya vivía con el padre. El Juzgado añade que además no existe mala relación entre los padres, y no hay nada que indique que el padre no está capacitado para el cuidado del menor, por lo que se adopta el régimen de custodia compartida.

 

La Audiencia Provincial revocó la Sentencia de instancia, estableciendo la custodia del menor a favor de la madre (tal cual se había establecido en un previo procedimiento de separación entre las partes), indicando que aunque el menor había manifestado que prefería vivir con su padre, ello está más bien relacionado con la comodidad que le supone la circunstancia de que el domicilio en que reside el padre está situado en el centro de la ciudad, lo que le daría más facilidades de estudio y de ocio, a lo que se añade que los padres no mantienen buena relación, sino que se limitan a la mínima e indispensable comunicación para que lo dispuesto en la previa sentencia de separación, se lleve a cabo sin demasiados conflictos.

 

El padre alega en su recurso que el menor ha expresado de forma clara su interés de vivir con él, a lo que se añade que el padre reside en el casco urbano de Almendralejo, mientras que la madre reside a unos kilómetros de la ciudad, dándose la circunstancia de que el menor acude todos los días a un centro educativo que se encuentra justo enfrente del domicilio del padre, y de ahí que la madre tenga que recogerlo todos los días cuando termina la clase, y cuando acude al centro de la ciudad para salir con sus amigos. Añade el padre que ya es suficiente alteración el que la sentencia de separación inicial se dictara en el año 2.006, y la custodia compartida de solicite en el 2.013, puesto que cabe entender que el interés del menor ya no es el mismo.

 

El Tribunal Supremo vuelve a invocar la Sentencia de 29 de abril de 2.013, (reiterada por las posteriores Sentencias de 19 de julio de 2.013, 25 de noviembre de 2.013, 25 de abril de 2.014 y 20 de enero de 2.016), en el sentido de que “la interpretación de los artículos 92, 5 , 6 y 7 CC debe estar fundada en el interés de los menores que van a quedar afectados por la medida que se deba tomar, que se acordará cuando concurran criterios tales como la práctica anterior de los progenitores en sus relaciones con el menor y sus aptitudes personales; los deseos manifestados por los menores competentes; el número de hijos; el cumplimiento por parte de los progenitores de sus deberes en relación con los hijos y el respeto mutuo en sus relaciones personales; el resultado de los informes exigidos legalmente, y, en definitiva, cualquier otro que permita a los menores una vida adecuada, aunque en la práctica pueda ser más compleja que la que se lleva a cabo cuando los progenitores conviven. Señalando que la redacción del artículo 92 no permite concluir que se trate de una medida excepcional, sino que al contrario, habrá de considerarse normal e incluso deseable, porque permite que sea efectivo el derecho que los hijos tienen a relacionarse con ambos progenitores, aun en situaciones de crisis, siempre que ello sea posible y en tanto en cuanto lo sea”.

 

Se recuerda asimismo que ya la Sentencia de 19 de julio de 2.013, señalaba que se prima el interés del menor, y ese interés (que ni el artículo 92 del CC, ni el artículo 9 de la LO 1/96, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, definen ni determinan), “exige sin duda un compromiso mayor y una colaboración de sus progenitores tendente a que este tipo de situaciones se resuelvan en un marco de normalidad familiar que saque de la rutina una relación simplemente protocolaria del padre no custodio con sus hijos que, sin la expresa colaboración del otro, termine por desincentivarla tanto desde la relación del no custodio con sus hijos, como de estos con aquel”. (SSTS 19-7-13, 2-7-14, 9-9-15).

 

A la vista de esta doctrina jurisprudencial, se concluye que es claro el interés del menor en el sentido de que se adopte el sistema de custodia compartida, pues así le conviene por razones de localización, lo que hay que tener en cuenta pues aunque no se trate de un criterio que predetermine la resolución judicial, si ha de concedérsele especial relevancia cuando no concurren otros datos que hagan pensar que la custodia compartida llevará consigo algún efecto negativo para dicho menor.

 

En consecuencia se estima el Recurso de Casación, se casa la Sentencia de la Audiencia, se acuerda el sistema de guarda y custodia compartida tal cual lo fijó el Juzgado de 1ª Instancia, y se reitera la doctrina jurisprudencial citada anteriormente.



Sentencia Tribunal Supremo sobre la opinión del menor  

 

 Si no se visualiza el Documento, pulsar aqui.

Sentencia absolutoria en delito de conducción sin carnet, por perdida total de puntos.

 

ES NECESARIO QUE SE ACREDITE POR LA ACUSACION QUE EL CONDUCTOR CONOCIA QUE CONDUCIA HABIENDO SIDO PRIVADO DE LA TOTALIDAD DE LOS PUNTOS DEL CARNET. CONDUCTA IMPUNE DEL ACUSADO EN CASO CONTRARIO.

 

Adjuntamos hoy reciente sentencia absolutoria, en procedimiento seguido por un presunto delito contra la seguridad vial, en su vertiente de conducción habiendo sido privado de la totalidad de los puntos.

 

El Ministerio Fiscal solicita la condena del acusado, y nosotros el dictado de Sentencia absolutoria.

 

El Juzgado declara probado que efectivamente el acusado conducía un vehículo a motor, habiendo perdido la vigencia del permiso de conducir por pérdida total de los puntos asignados legalmente, si bien se declara que no ha quedado probado que el mismo realmente conociera que carecía de tales puntos, ya que no se ha probado la existencia de ningún tipo de notificación en este sentido.

 

El acusado declaró en el acto del juicio en el sentido de que no conocía esta circunstancia, puesto que nada se le notificó. Los Guardias Civiles que comparecieron como testigos confirmaron que, al informar al acusado que carecía de puntos el día de los hechos, el mismo les manifestó expresamente que desconocía que le habían retirado los puntos.

 

El Juzgado, acogiendo la tesis de la defensa, señala que existe un error de tipo en el acusado, como es el hecho de haber creído que conducía debidamente, lo cual se erige en base adecuada del error de prohibición que regula el artículo 14 del CP. No nos encontramos en este caso ante una infracción elemental, cuya ilicitud resulta notoriamente evidente y de comprensión y constancia generalizada (que no permitiría por tanto alegar el error), sino ante un delito formal, y de construcción jurídica artificial. En este caso concreto ha quedado demostrado que la notificación de la pérdida del carnet no se hizo personalmente al acusado, ni en su domicilio. Por todo ello es admisible pensar que el acusado actuaba guiado en la creencia de que no existía prohibición.

 

De conformidad con el artículo 14.1 del CP, el error sobre un hecho constitutivo de la infracción penal excluye la responsabilidad criminal, si fuera invencible, y en caso de ser vencible daría lugar a que la infracción fuera castigada como imprudente. En este caso nos encontramos ante un delito que no tiene prevista modalidad imprudente, por lo que la conducta del acusado ha de reconocerse como impune, tanto si se estima que el error en que incurrió era vencible, como si se entiende que era invencible.

 

En consecuencia, se absuelve al acusado del delito que se le imputaba.



Sentencia absolutoria conducción sin puntos  

 

 Si no se visualiza el Documento, pulsar aqui.

 

Modelos de Vía Previa Administrativa en reclamación de responsabilidad patrimonial al Ayuntamiento por caída en el interior de una alcantarilla sin tapa de registro (Caso Real).

 

Recientemente se publicó en nuestra página un modelo de demanda contencioso administrativa en reclamación de responsabilidad patrimonial de la administración, por caída sufrida en el interior de una alcantarilla que carecía de tapa de registro.

 

Adjuntamos hoy unos modelos de vía previa administrativa en asunto idéntico, si bien referido a persona diferente.

 

Acompañamos dos modelos: el primero de ello es la reclamación inicial, en la que se exponen sin más los hechos, lugar, fecha, ubicación, y lesiones padecidas, y se solicita, sin llegar a cuantificarla, la indemnización por los daños y perjuicios sufridos. El segundo escrito se formula, en el mismo procedimiento, como consecuencia de un previo requerimiento por parte del Ayuntamiento para justificar determinados extremos, proponer medios de prueba y cuantificar ya la cantidad en la que se valora el daño y perjuicio sufrido. A la vista de la Resolución que pueda dictarse, y de su concreta motivación, se valorará, en defensa de los intereses de la reclamante, la viabilidad de un posterior procedimiento contencioso administrativo, ya que los modelos que adjuntamos se refieren a procedimientos actualmente pendientes de resolución en tal vía administrativa.

 

La presente vía previa se dirige contra el Ayuntamiento, ya que al igual que sucedía en el caso del modelo de demanda contencioso administrativa que adjuntamos hace breves fechas, se mantiene que la tapa de alcantarillado, es un elemento ubicado en la vía pública, por lo que la responsabilidad del mantenimiento y vigilancia de las vías públicas, correspondería con carácter principal al Ayuntamiento. La causa del siniestro también en este caso fue la inexistencia de tapa de la alcantarilla situada en la vía pública, y no su mal estado de conservación. Es el Ayuntamiento el responsable de que todos los elementos que se encuentren en los espacios municipales estén en las debidas condiciones, teniendo competencia en materia de mantenimiento y seguridad de las vías públicas urbanas.

 

Modelos Via Previa Administrativa en reclamación de responsabilidad patrimonial al Ayuntamiento:  

 

 Si no se visualiza el Documento, pulsar aqui.

Modelo de Demanda Contencioso Administrativa en reclamación de Responsabilidad Patrimonial de la Administración, como consecuencia de caída en el interior de una alcantarilla sin tapa de registro.

 
Adjuntamos hoy un modelo de demanda contencioso administrativa en reclamación de responsabilidad patrimonial de la administración, por caída sufrida en el interior de una alcantarilla que carecía de tapa de registro. Si estáis interesados en la vía previa, click aquí

 

Se sostiene en la demanda que la tapa de alcantarillado, se trata de un elemento ubicado en la vía pública, por lo que la responsabilidad del mantenimiento y vigilancia de las vías públicas, correspondería con carácter principal al Ayuntamiento. La causa del siniestro fue la inexistencia de tapa de la alcantarilla situada en la vía pública, y no su mal estado de conservación. Es el Ayuntamiento el responsable de que todos los elementos que se encuentren en los espacios municipales estén en las debidas condiciones, teniendo competencia en materia de mantenimiento y seguridad de las vías públicas urbanas.


Modelo demanda reclamación responsabilidad patrimonial por caída en alcantarilla  

 

 Si no se visualiza el Documento, pulsar aqui.

Custodia Compartida. ¿que pasa cuando las residencias de los padres están alejadas entre si?

 

CUSTODIA COMPARTIDA.  SE DENIEGA CUANDO LAS RESIDENCIAS DE LOS PADRES ESTAN ALEJADAS ENTRE SI. LA DISTANCIA, NO SOLO DIFICULTA, SINO QUE HACE INVIABLE EL SISTEMA DE CUSTODIA COMPARTIDA, DADA LA DISTORSIÓN QUE ELLO PUEDE PROVOCAR Y LAS ALTERACIONES EN EL RÉGIMEN DE VIDA DE LOS MENORES. PROVINCIAS NO LIMITROFES. INTERES DEL MENOR.

 

El presente supuesto parte de los siguientes antecedentes. En un procedimiento de medidas paternofiliales, el padre solicita la custodia compartida del hijo menor de edad por semanas alternas. Interesa asimismo que cada progenitor abone los gastos que se produzcan en la vida ordinaria del menor durante el tiempo que pase con cada uno de ellos, y el resto de los gastos de educación, extraescolares y demás extraordinarios, se abonen por mitad y a partes iguales. La madre solicita la custodia exclusiva del menor de edad, así como el resto de medidas habituales en este tipo de procedimientos.

 

Lo relevante del supuesto es que la madre y el menor residen en Granada, y el padre en Cádiz. Por tanto las residencias de ambos progenitores se encuentran en provincias no limítrofes.

 

El Juzgado de 1ª Instancia (Juzgado de 1ª Instancia nº 16 de Granada), dicta Sentencia por la que se atribuye la custodia de la menor a favor de la madre.

 

El padre recurre en apelación, siendo desestimada la misma por la Audiencia Provincial (Sección 5ª de la Audiencia de Granada), que confirma la atribución en exclusiva la guarda y custodia del menor a favor de la madre.

 

El padre interpone Recurso de casación contra la Sentencia de la Audiencia, alegando en esencia infracción del artículo 92 del Código Civil, así como existencia de interés casacional por oposición a jurisprudencia del Tribunal Supremo, todas ellas relativas a la guarda y custodia compartida, y a los criterios a tener en cuenta para su establecimiento.

 

La madre impugna el recurso y el Ministerio Fiscal presenta escrito solicitando la estimación del mismo, y la fijación de un régimen de custodia compartida.

 

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo en Sentencia de 1 de marzo de 2.016, (Ponente Sr. Arroyo Fiestas), resuelve la cuestión, y así el motivo se desestima.

 

El padre entiende que se vulnera el prevalente interés del menor al no acordar la custodia compartida basándose en criterios tan dispares y cuestionables como son la corta edad del menor (tenía 10 meses cuando se interpone la demanda, y a la fecha de la Sentencia del TS ya tiene 3 años), o la distancia geográfica entre ambos progenitores (recordemos que la madre reside en Granada y el padre en Cádiz), sobre todo teniendo en cuenta que el padre ya ha manifestado que cambiaría de domicilio una vez que le fuera concedida la custodia compartida.

 

El Tribunal Supremo vuelve a invocar tanto la Sentencia de 29 de abril de 2.013, en el sentido de que “la redacción del artículo 92 no permite concluir que se trate de una medida excepcional, sino que al contrario, habrá de considerarse normal e incluso deseable, porque permite que sea efectivo el derecho que los hijos tienen a relacionarse con ambos progenitores, aun en situaciones de crisis, siempre que ello sea posible y en tanto en cuanto lo sea”, como la Sentencia de 19 de julio de 2.013, en el sentido de que se prima el interés del menor, y ese interés (que ni el artículo 92 del CC, ni el artículo 9 de la LO 1/96, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, definen ni determinan), “exige sin duda un compromiso mayor y una colaboración de sus progenitores tendente a que este tipo de situaciones se resuelvan en un marco de normalidad familiar que saque de la rutina una relación simplemente protocolaria del padre no custodio con sus hijos que, sin la expresa colaboración del otro, termine por desincentivarla tanto desde la relación del no custodio con sus hijos, como de estos con aquel”. (SSTS 19-7-13, 2-7-14, 9-9-15).

 

A la vista de esta doctrina jurisprudencial, se concluye que la resolución recurrida ha respetado escrupulosamente el interés del menor, eje que debe guiar las resoluciones judiciales, y ello porque en la resolución objeto de recurso, no solo se tiene en cuenta la corta edad del menor, sino el trascendental dato de la distancia geográfica del domicilio de los progenitores (Cádiz-Granada).

 

La distancia no solo dificulta, sino que hace inviable la adopción del sistema de custodia compartida con estancias semanales, dada la distorsión que ello puede provocar y las alteraciones en el régimen de vida del menor.

 

Ciertamente el recurrente se comprometió a trasladar su domicilio, pero alabando la buena voluntad del mismo, ello no depende solo de su propio impulso, sino que requiere la consolidación del cambio residencial, pues no se aprecia una clara posibilidad de obtención de un trabajo en Granada, por lo que estaríamos ante una mera expectativa, cuando menos, incierta.

 

En consecuencia se desestima el Recurso de Casación, y se mantiene el sistema de guarda y custodia exclusiva a favor de la madre.



Sentencia Tribunal Supremo Custodia Compartida y distancia entre el domicilio de los padres.  

 

 Si no se visualiza el Documento, pulsar aqui.

Modelo de Demanda de Ejecución de Sentencia dictada en previo procedimiento de disión de cosa común.

 


Adjuntamos hoy un modelo de Demanda de Ejecución de Sentencia dictada en un previo procedimiento de división de cosa común. 

 

 

Modelo Demanda de Ejecución tras previo procedimiento de división de cosa común:  

 

 Si no se visualiza el Documento, pulsar aqui.

Procedimiento de Familia. En los procedimientos matrimoniales seguidos sin consenso entre los cónyuges, no pueden atribuirse viviendas distintas de aquella que constituye la vivienda familiar.

 


El presente supuesto parte de los siguientes antecedentes. En un procedimiento de divorcio, el padre solicita que la guarda y custodia del hijo menor se atribuya a la madre, patria potestad compartida, visitas, uso del domicilio a favor de la madre y del hijo, y que se fije una determinada cantidad en concepto de alimentos. La especialidad del presente caso radica en que el padre solicita se atribuya en su favor el uso de una segunda vivienda, propiedad del matrimonio, y todo ello una vez finalice el contrato de arrendamiento suscrito sobre tal segunda vivienda. La madre contesta a la demanda interesando las medidas que entiende oportunas.

 

El Juzgado de 1ª Instancia (Juzgado de 1ª Instancia nº 6 de Albacete) dicta Sentencia por la que, en lo que al presente caso interesa, atribuye al padre el uso y disfrute de esa segunda vivienda.

 

La madre recurre en apelación, siendo desestimada la misma por la Audiencia Provincial (Sección 1ª de la Audiencia de Albacete).

 

La madre interpone Recurso de casación contra la Sentencia de la Audiencia, alegando en esencia infracción del artículo 91 y 93 del Código Civil, así como existencia de interés casacional por oposición a jurisprudencia del Tribunal Supremo.

 

El Ministerio Fiscal presenta escrito solicitando la confirmación de la Sentencia recurrida.

 

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo en Sentencia de 3 de marzo de 2.016, (Ponente Sr. Seijas Quintana), resuelve la cuestión, y así el motivo se estima.

 

El recurso se formula esencialmente contra el pronunciamiento de la Sentencia que atribuye al esposo el uso y disfrute de una vivienda que no constituye domicilio familiar.

 

Señala el TS que desde la modificación legislativa que introdujo el divorcio como forma de disolución del matrimonio, se ha discutido acerca de la posibilidad de atribuir las denominadas segundas residencias, en el curso de un procedimiento matrimonial. El artículo 91 del CC solo permite al Juez, en defecto de acuerdo, o de no aprobación del acuerdo presentado, atribuir el uso de la vivienda familiar. El artículo 774.4 de la LEC repite esa misma regla. De esta regulación se deduce que el uso de los segundos domicilios que no constituyan vivienda familiar, no puede ser efectuado por el Juez en el procedimiento matrimonial seguido con oposición de las partes o, lo que es lo mismo, sin acuerdo.

 

En consecuencia, el TS formula la siguiente doctrina a los efectos de unificar la de las Audiencias Provinciales en esta materia: en los procedimientos matrimoniales seguidos sin consenso entre los cónyuges, no pueden atribuirse viviendas distintas de aquella que constituye la vivienda familiar.

 

Se sigue en consecuencia el criterio ya mantenido en Sentencias anteriores, como las de 9-5-12 y 19-12-13.

 

En consecuencia se estima el Recurso de Casación, y se casa la Sentencia de la Audiencia en el único sentido de dejar sin efecto el uso a favor del esposo de la segunda vivienda.


PSentencia de la Sala Primera de 3 de marzo de 2016, sobre la no atribución de la Segunda Vivienda.  

 

 Si no se visualiza el Documento, pulsar aqui.

Modelo de convenio regulador de divorcio incluyendo liquidación de la sociedad de gananciales.

 

Adjuntamos hoy un modelo de propuesta de convenio regulador de divorcio.
 
Su especialidad radica no tanto en las cláusulas habituales que deben regularse en este tipo de situaciones (guarda y custodia, patria potestad, comunicaciones y visitas y alimentos), ya que en este caso concreto los hijos comunes ya son mayores de edad y económicamente independientes, sino en que las partes regulan a través del convenio la liquidación de su sociedad de gananciales, estableciendo el inventario de la misma (activo y pasivo), detallando los bienes que la componen, estableciendo su avalúo, y proceden a su liquidación y adjudicación. 
 

 

Convenio Divorcio con Liquidación de Gananciales  

 

 Si no se visualiza el Documento, pulsar aqui.

Custodia Compartida. Quien la solicita debe ofrecer un plan contradictorio sobre los pormenores en que va a consistir la compartida, y debe concretar una forma y contenido de su ejercicio. Interés del menor.

 

El presente supuesto parte de los siguientes antecedentes. En un procedimiento de divorcio, la madre solicita la custodia exclusiva de la menor de edad, así como el resto de medidas habituales en este tipo de procedimientos. El padre contesta a la demanda interesando la custodia compartida de la misma. En este sentido solicita que en caso de custodia compartida cada padre abonará los gastos de alimentación de la menor durante los periodos de tiempo que permanezca con cada uno de ellos, y el resto de los gastos de colegio, comedor, uniforme, ropa, seguro médico, etc, se abonarían por mitad y a partes iguales.
 
 
El Juzgado de 1ª Instancia (Juzgado de 1ª Instancia nº 20 de Palma de Mallorca), en resolución ciertamente original e innovadora, dicta Sentencia por la que se atribuye la custodia de la menor a favor de la madre, si bien exclusivamente hasta el momento en que tal menor cumpla los 18 meses de edad, en que el régimen pasará a ser de custodia compartida por semanas alternas. A partir del establecimiento de esta custodia compartida, cada uno de los progenitores se hará cargo de sus necesidades ordinarias (ropa, calzado, higiene, transporte, alimentación, ocio, etc…) durante sus periodos de convivencia, debiéndose abonar por mitad los gastos médicos y farmacéuticos no cubiertos por la Seguridad Social o seguro privado, los gastos derivados de la educación de la hija de carácter obligatorio, y los extraordinarios.
 
 
El Juzgado de instancia fija este sistema de compartida a partir de los 18 meses sobre la base de que, llegada a esa edad, la lactancia de la menor dejaría de ser un argumento excluyente de la custodia paterna, a lo que se añade el deseo del padre de involucrarse plenamente en los cuidados de su hija.
 
 
La madre recurre en apelación, siendo estimada la misma por la Audiencia Provincial (Sección 4ª de la Audiencia de Palma de Mallorca), que revoca la Sentencia de instancia, atribuyendo en exclusiva la guarda y custodia de la menor a favor de la madre.
 
 
El padre interpone Recurso de casación contra la Sentencia de la Audiencia, alegando en esencia infracción del artículo 92 del Código Civil, así como existencia de interés casacional por oposición a jurisprudencia del Tribunal Supremo, todas ellas relativas a la guarda y custodia compartida, y a los criterios a tener en cuenta para su establecimiento (Sentencias de 29-4-13, 19-7-13, 25-4-14, 2-7-14).
 
 
La madre impugna el recurso y el Ministerio Fiscal presenta escrito solicitando la estimación del mismo, y la fijación de un régimen de custodia compartida. 
 
 
La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo en Sentencia de 3 de marzo de 2.016, (Ponente Sr. Seijas Quintana), resuelve la cuestión, y así el motivo se desestima.
 
 
La Audiencia Provincial deniega el sistema de custodia compartida sobre la base de entender que las circunstancias tenidas en cuenta por el Juzgado de Instancia, no son suficientes para establecer dicho régimen en beneficio e interés de la menor. 
 
 
El Tribunal Supremo vuelve a invocar la Sentencia de 19 de julio de 2.013, en el sentido de que se prima el interés del menor, y ese interés (que ni el artículo 92 del CC, ni el artículo 9 de la LO 1/96, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, definen ni determinan), exige sin duda un compromiso mayor y una colaboración de sus progenitores tendente a que este tipo de situaciones se resuelvan en un marco de normalidad familiar que saque de la rutina una relación simplemente protocolaria del padre no custodio con sus hijos que, sin la expresa colaboración del otro, termine por desincentivarla tanto desde la relación del no custodio con sus hijos, como de estos con aquel. (SSTS 19-7-13, 2-7-14, 9-9-15).
 
 
Sentado lo anterior se señala que los hechos que tiene en cuenta la Sentencia, no permiten establecer este régimen (en este caso concreto) en interés de la menor. Se indica que obligación de los padres es, no solo interesar esté sistema de guarda, sino concretar una forma y contenido de su ejercicio a través de un plan contradictorio ajustado a las necesidades y disponibilidad de las partes implicadas, que integre, con hechos y pruebas, los distintos criterios y las ventajas que va a tener para los hijos, lo que no tiene que ver únicamente con la permanencia o no de los hijos en un domicilio estable, sino con otros aspectos referidos a la toma de decisiones sobre su educación, salud y cuidados, deberes referentes a la guarda y custodia, periodos de convivencia con cada progenitor, relación y comunicación con ellos, régimen de relación con sus hermanos, abuelos, parientes y otras personas allegadas.
 
 
En este caso concreto no se accede a la custodia compartida teniendo en cuenta que ha sido la madre la que se ha dedicado prácticamente en exclusiva al cuidado de la niña desde su nacimiento hasta el momento actual, a lo que se añade que el padre, bombero de profesión, tiene un trabajo por sistema de turnos, realizando guardias de 24 horas, y reside a bastante distancia del domicilio de la menor. Se concluye que el padre no ha ofrecido ningún plan contradictorio sobre los pormenores en que va a consistir la custodia compartida, lo cual genera verdadera incertidumbre sobre su cuidado y educación.
 
 
En consecuencia se desestima el Recurso de Casación, y se mantiene el sistema de guarda y custodia exclusiva a favor de la madre, establecido por la Audiencia Provincial.
 
 

Sentencia Custodia Compartida y Plan Contradictorio necesario:  

 

 Si no se visualiza el Documento, pulsar aqui.

Incidente de Nulidad de Actuaciones previo a escrito de defensa, al no haberse notificado personalmente al investigado el Auto de transformación de Procedimiento Abreviado.

 

En el procedimiento que hoy comentamos, se da traslado de las actuaciones a la defensa, a fin de formular escrito de calificación frente a la acusación expuesta por el Ministerio Fiscal. A la vista del procedimiento, se constata que el Auto mandando seguir las actuaciones por los trámites del procedimiento abreviado no ha sido notificado personalmente al investigado, al que tampoco consta se haya notificado personalmente el Auto de Apertura de Juicio Oral ni el escrito de calificación del fiscal, por lo que se promueve INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES.

 

Se alega en el escrito presentado que sobre esta materia se ha pronunciado de forma reiterada y unánime tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional sosteniendo la necesariedad de que dicho Auto de transformación de procedimiento abreviado se notifique al acusado, pues lo contrario supondría una vulneración al principio constitucional de contradicción y una desigualdad entre las partes.

 

Se invoca expresamente la Sentencia del Tribunal Constitucional 186/90 de 15 de noviembre, que tuvo ocasión de pronunciarse sobre la constitucionalidad del (antiguo) artículo 790.1 de la LECr, y en la que se dictaminó que:

 

“(…) de conformidad con lo establecido en el artículo 270 de la LOPJ, la resolución por la que se ordena la continuación del proceso habrá de notificarse a los que sean parte en el procedimiento, bien entendido que por “partes” aquí, y en todo lo referente a la comunicación de dicha resolución al sujeto pasivo de la instrucción, hay que entender no solo a las partes formales, sino también al propio imputado en tanto que parte material (es decir, esté o no personado en las actuaciones), pues el segundo apartado del artículo 2 de la LECr obliga al Juez de Instrucción a efectuar dicha puesta en conocimiento, con ilustración expresa de los recursos que puede ejercitar contra la misma, razón por la cual queda garantizada a través de esa posibilidad de ejercicio de los recursos, la vigencia del principio Constitucional de contradicción.”

 

La jurisprudencia es unánime sobre el momento en que debe denunciarse esta omisión de notificación del Auto: en el primer momento en que se tuvo conocimiento de ella, por lo que habiéndose tenido conocimiento de esta omisión de la notificación en el momento del traslado de la causa para calificar, se advierte el error en tiempo y forma hábil, y en consecuencia el incidente se encuentra planteado en tiempo y forma.

 

Se alega en el incidente que la omisión de la notificación personal al justiciable produce una vulneración del principio de contradicción y de la tutela judicial efectiva, ocasiona indefensión y lesiona directamente el derecho de defensa del mismo, por lo que se solicita que las actuaciones se retrotraigan al momento procesal en donde se produjo la primera vulneración del derecho de defensa, es decir, a la fecha en que se dictó tal Auto de continuación de procedimiento abreviado inclusive, que se solicita se notifique personalmente al investigado (junto con el posterior de Apertura de Juicio Oral).

 

Subsidiariamente, y por simple cautela, se deja formulado escrito de defensa, si bien, el Juzgado accede a declarar la nulidad de actuaciones interesada sobre la base de los mismos argumentos invocados, considerándose por el órgano judicial que debe acordarse tal nulidad toda vez que no consta notificado personalmente al imputado el Auto de transformación de Diligencias Previas a Procedimiento Abreviado, encontrándonos ante una resolución que exige la notificación personal al investigado.

 

Adjuntamos copia del escrito instando la nulidad de actuaciones, y del Auto en que así se acuerda.

 

 

Incidente nulidad actuaciones y Auto acordando la nulidad  

 

 Si no se visualiza el Documento, pulsar aqui.

Custodia Compartida. Atribución del uso y disfrute de la vivienda familiar de forma temporal a uno de los progenitores. 

 

NO IMPOSIBILITA ADOPTAR EL REGIMEN DE CUSTODIA COMPARTIDA El hecho de que los progenitores no se encuentren en buena armonía YA QUE ELLO ES una consecuencia lógica tras una decisión de ruptura conyugal, pues lo insólito sería una situación de entrañable convivencia.

 

El presente supuesto parte de los siguientes antecedentes. En un procedimiento de divorcio, ambos padres solicitan la custodia exclusiva de los dos hijos menores de edad, así como el resto de medidas habituales en este tipo de situaciones.

 

El Juzgado de 1ª Instancia (Juzgado de 1ª Instancia nº 3 de Ávila) dicta Sentencia por la que establece el régimen de guarda y custodia compartida, por meses alternos. Se establece que la totalidad de gastos del hogar familiar serían satisfechos al 50% por ambas partes, y asimismo que cada progenitor sufragará la mitad de los gastos ordinarios y extraordinarios de los menores. Finalmente se atribuye el uso y disfrute de la vivienda familiar a favor de los hijos menores, en compañía del progenitor con el cual convivan ese mes.

 

La madre recurre en apelación, siendo estimada parcialmente la misma por la Audiencia Provincial (Sección 1ª de la Audiencia de Ávila), que revoca la Sentencia de instancia, otorgando la custodia exclusiva de los menores a favor de la madre, alimentos, visitas, y uso y disfrute de la vivienda a favor de los hijos menores y la madre.

 

El padre interpone Recurso de casación contra la Sentencia de la Audiencia, alegando en esencia infracción del artículo 92.5, 6 y 7 del Código Civil, así como existencia de interés casacional por oposición a jurisprudencia del Tribunal Supremo, todas ellas relativas a la guarda y custodia compartida, y a la aplicación del principio de protección del interés de los menores (Sentencias de 7-6-13, 25-11-13, 29-11-13, 17-12-13 y 25-4-14).

 

La madre impugna el recurso y el Ministerio Fiscal presenta escrito solicitando la estimación del mismo.

 

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo en Sentencia de 11 de febrero de 2.016, (Ponente Sr. Arroyo Fiestas), resuelve la cuestión, y así el motivo se estima.

 

La Audiencia Provincial concede la custodia a la madre, atendiendo a la inexistencia de buenas relaciones entre los padres, y sobre la base de que la existencia de las mismas es y constituye un requisito de ineludible observancia, requerido para la adopción del régimen de custodia compartida. En definitiva, la Audiencia parte de esa situación de mala relación entre los progenitores, de modo que concluye que, sin la existencia de una buena relación entre ambos, no sería nunca posible la custodia compartida. El recurrente por su parte sostiene que este argumento choca frontalmente con la doctrina establecida por las Sentencias del Tribunal Supremo.

 

El Informe Psicosocial elaborado en autos constata la conflictividad en ascenso de los progenitores, si bien los menores tienen una vinculación positiva con ambos y asimismo ambos padres cuentan con buenas competencias parentales. No obstante opta el Informe por aconsejar la custodia a favor de la madre y propone a favor del padre el habitual régimen de visitas.

 

Se cita una vez más la Sentencia de 19 de julio de 2.013, en el sentido de que se prima el interés del menor, y ese interés (que ni el artículo 92 del CC, ni el artículo 9 de la LO 1/96, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, definen ni determinan), exige sin duda un compromiso mayor y una colaboración de sus progenitores tendente a que este tipo de situaciones se resuelvan en un marco de normalidad familiar que saque de la rutina una relación simplemente protocolaria del padre no custodio con sus hijos que, sin la expresa colaboración del otro, termine por desincentivarla tanto desde la relación del no custodio con sus hijos, como de estos con aquel. (SSTS 19-7-13, 2-7-14, 9-9-15).

 

Se señala que para la adopción de la custodia compartida no se exige un acuerdo sin fisuras, sino una actitud razonable y eficiente en orden al desarrollo del menor, así como unas habilidades para el diálogo que se han de suponer existentes entre los litigantes, al no constar lo contrario.

 

Indica el Supremo que la Sentencia de la Audiencia recurrida considera a la custodia compartida, de facto, como un sistema excepcional que exige una acreditación especial, cuando la doctrina jurisprudencial lo viene considerando como el sistema deseable cuando ello sea posible.

 

El hecho de que los progenitores no se encuentren en buena armonía es una consecuencia lógica tras una decisión de ruptura conyugal, pues lo insólito sería una situación de entrañable convivencia. La Sala considera que no se aprecian factores que permitan entender que los progenitores no podrán articular medidas adecuadas a favor de sus hijos, sobre los que ya han sabido tomar acuerdos consensuados.

 

Con el sistema de custodia compartida, tal y como dicen las Sentencias TS de 25-11-13, 9-9-15 y 17-11-15:

 

a). Se fomenta la integración de los menores con ambos padres, evitando desequilibrios en los tiempos de presencia.

 

b). Se evita el sentimiento de pérdida.

 

c). No se cuestiona la idoneidad de los progenitores.

 

d). Se estimula la cooperación de los padres en beneficio de los menores, que ya se ha venido desarrollando con eficiencia.

 

En consecuencia se estima el Recurso de Casación, se casa la Sentencia de la Audiencia, y se acuerda el sistema de guarda y custodia compartida, por semanas alternas.

 

Pero lo relevante de esta Sentencia que comentamos, además de lo anterior, es la cuestión relativa al tema de la atribución temporal del uso y disfrute del domicilio familiar a favor de la madre.

 

Se señala que la Sala, al acordar la custodia compartida, está estableciendo que los menores ya no residirán habitualmente en el domicilio de la madre, sino que con periodicidad semanal habitarán en el domicilio de cada uno de los progenitores, no existiendo ya una residencia familiar, sino dos. De acuerdo con el artículo 96.2 del CC, aplicado analógicamente, se determina que la madre podrá mantenerse en la vivienda que fue familiar durante un año a contar desde la fecha de la sentencia, con el fin de facilitar a ella y a los menores (interés más necesitado de protección), la transición a una nueva residencia. Trascurrido tal plazo, la vivienda quedará supeditada al proceso de liquidación de la sociedad de gananciales.

 

En consecuencia, la peculiaridad del asunto radica en que, habiéndose acordado la guarda y custodia compartida, se otorga de forma exclusiva el uso y disfrute del domicilio familiar a uno de los cónyuges, de forma temporal. Para otorgar a la madre el uso de la vivienda familiar, la Sala parte de que el interés más necesitado de protección en este momento, es el de la esposa.

 

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo en Sentencia de 24 de octubre de 2.014, (Ponente Sr. Seijas Quintana), ya se pronunció también sobre este tema (ver comentario a la misma en esta misma sección).

 

Se señalaba en tal Sentencia del año 2.014, que el artículo 96 establece, como criterio prioritario, y a falta del acuerdo de los cónyuges, que el uso de la vivienda familiar corresponde al hijo, y al cónyuge en cuya compañía queden, lo que no sucede en el caso de la custodia compartida, al no encontrarse los hijos en compañía de uno solo de los progenitores, sino de los dos. En este supuesto, la norma que debe aplicarse analógicamente es la del párrafo 2º, que regula el supuesto en el que existiendo varios hijos, unos quedan bajo la custodia de un progenitor, y otros bajo la del otro, y permite al juez resolver “lo procedente”. Ello obliga a una labor de ponderación de las circunstancias concurrentes en cada caso, con especial atención a dos factores: en primer lugar al interés familiar más necesitado de protección, y en segundo lugar a si la vivienda que constituye el domicilio familiar es privativa de uno de los cónyuges, de ambos, o pertenece a un tercero. Y en ambos casos con la posibilidad de imponer una limitación temporal en la atribución del uso, similar a la que se establece en el párrafo 3º para los matrimonios sin hijos, y que no sería posible en el supuesto del párrafo 1º, recordando a este respecto la doctrina jurisprudencial establecida entre otras por Sentencia del TS de 3 de abril de 2.014 (también objeto de comentario en esta web), en el sentido de que “la atribución del uso de la vivienda familiar a los hijos menores de edad es una manifestación del principio del interés del menor, que no puede ser limitada por el juez, salvo lo establecido en el artículo 96 CC”.

 

Se parte de que el interés más necesitado de protección (la madre), ya ha sido valorado en la Sentencia, por lo que restaría por analizar es si se debe imponer o no una limitación en tal derecho de uso. Se señala por la Sala que es cierto que la situación económica de uno de los progenitores, puede dificultar en algunos casos la adopción del régimen de custodia compartida, sin perjuicio de lo cual, y en este caso concreto, en el momento actual es posible extender el uso hasta los dos años contados desde la fecha de la Sentencia (desde el pronunciamiento del Supremo), puesto que se trata de un tiempo suficiente que va a permitir a la esposa rehacer su situación económica mediante el acceso a un trabajo que incremente los ingresos que recibe, y le permita como consecuencia acceder a una vivienda digna para atender a las necesidades del hijo durante los periodos de efectiva guarda.

 

Esta segunda Sentencia que traemos a colación fijó un límite temporal de 2 años del uso de la vivienda familiar concedida a la madre, desde la Sentencia del TS.

 

 

 

Custodia Compartida y uso y disfrute temporal de la vivienda familiar a uno de los progenitores  

 

 Si no se visualiza el Documento, pulsar aqui.

LA CUSTODIA COMPARTIDA NO EXIME DEL PAGO DE ALIMENTOS CUANDO EXISTA DESPROPORCION ENTRE LOS INGRESOS DE AMBOS PROGENITORES.

 

LA CUSTODIA COMPARTIDA no exime del pago de alimentos cuando exista desproporción entre los ingresos de ambos progenitores, o CUANDO UNO DE ELLOS NO percibA salario o rendimiento alguno. LA limitación temporal DE LA PENSION, puede tener sentido en una compensatoria, como estímulo en la búsqueda de ocupación laboral, pero no tiene cabida en los alimentos a los hijos, al proscribirlo el artículo 152 del CC.

 

El presente supuesto parte de los siguientes antecedentes. En un procedimiento de divorcio, el padre solicita la custodia compartida de dos hijos menores de edad, sin que deba establecerse pensión de alimentos, de forma que cada padre abonará los gastos de alimentación de los menores durante los periodos de tiempo que permanezcan con cada uno de ellos. La madre contesta a la demanda interesando la atribución en exclusiva de la custodia de los menores, alimentos, y pensión compensatoria.

 

El Juzgado de 1ª Instancia (Juzgado de 1ª Instancia nº 7 de Sevilla) dicta Sentencia por la que se atribuye la guarda y custodia compartida a ambos progenitores, por semanas alternas, y fija en 350 €/mes la cantidad a abonar por el padre en concepto de alimentos, si bien durante el plazo de 2 años desde la fecha de la sentencia, plazo este que el Juzgado estima prudencial para que la madre acceda al mercado laboral. A partir de ese momento cada progenitor se haría cargo de los alimentos de los hijos en los periodos en que estén a su cargo. Se establece asimismo pensión compensatoria a favor de la esposa durante 2 años.

 

Tanto el padre como la madre recurren en apelación, siendo desestimada la apelación del padre, y estimada parcialmente la de la madre por la Audiencia Provincial (Sección 2ª de la Audiencia de Sevilla), que revoca la Sentencia de instancia, otorgando la custodia exclusiva de los menores a favor de la madre, manteniendo la pensión de alimentos, sin limitación temporal alguna, y manteniendo asimismo la compensatoria, si bien durante el plazo de 3 años.

 

El padre interpone Recurso de casación contra la Sentencia de la Audiencia, alegando en esencia infracción del artículo 92.8 del Código Civil, así como existencia de interés casacional por oposición a jurisprudencia del Tribunal Supremo, todas ellas relativas a la guarda y custodia compartida, y a la aplicación del principio de protección del interés de los menores (Sentencias de 29-4-13, 19-7-13, 25-11-13, 29-11-13, 12-12-13 y 17-12-13).

 

Se recurre también la concesión de la pensión compensatoria, si bien, esta cuestión no será objeto de comentario en el presente artículo.

 

La madre impugna el recurso y el Ministerio Fiscal presenta escrito solicitando la estimación del mismo.

 

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo en Sentencia de 11 de febrero de 2.016, (Ponente Sr. Arroyo Fiestas), resuelve la cuestión, y así el motivo se estima.

 

La Audiencia Provincial concede la custodia a la madre, atendiendo a circunstancias tales como que los menores llevan de hecho conviviendo con la madre sin que se haya producido ningún hecho significativo en el desarrollo de la guarda y custodia que sea perjudicial para los menores, por lo que la custodia atribuida a la madre mantiene esa situación, y beneficia la estabilidad de los menores.

 

Señala el Supremo que la Sentencia de la Audiencia infringe la jurisprudencia de la Sala y literalmente “entroniza la rutina como causa de denegación de la custodia compartida”.

 

Se señala que para la adopción de la custodia compartida no se exige un acuerdo sin fisuras, sino una actitud razonable y eficiente en orden al desarrollo del menor, así como unas habilidades para el diálogo que se han de suponer existentes entre los litigantes, al no constar lo contrario.

 

Con el sistema de custodia compartida, tal y como dicen las Sentencias TS de 25-11-13, 9-9-15 y 17-11-15:

 

a). Se fomenta la integración de los menores con ambos padres, evitando desequilibrios en los tiempos de presencia.

 

b). Se evita el sentimiento de pérdida.

 

c). No se cuestiona la idoneidad de los progenitores.

 

d). Se estimula la cooperación de los padres en beneficio de los menores, que ya se ha venido desarrollando con eficiencia.

 

Se cita una vez más la Sentencia de 19 de julio de 2.013, en el sentido de que se prima el interés del menor, y ese interés (que ni el artículo 92 del CC, ni el artículo 9 de la LO 1/96, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, definen ni determinan), exige sin duda un compromiso mayor y una colaboración de sus progenitores tendente a que este tipo de situaciones se resuelvan en un marco de normalidad familiar que saque de la rutina una relación simplemente protocolaria del padre no custodio con sus hijos que, sin la expresa colaboración del otro, termine por desincentivarla tanto desde la relación del no custodio con sus hijos, como de estos con aquel. (SSTS 19-7-13, 2-7-14, 9-9-15).

 

En consecuencia se estima el Recurso de Casación, se casa la Sentencia de la Audiencia, y se acuerda el sistema de guarda y custodia compartida.

 

Pero lo relevante de esta Sentencia que comentamos, además de lo anterior, es la cuestión relativa al tema de los alimentos, ya que el padre recurrente estima que al adoptarse la custodia compartida, no sería necesario el pago de alimentos, puesto que cada progenitor se haría cargo de los mismos durante el tiempo que tenga la custodia de los menores.

 

La Sala declara que la custodia compartida no exime del pago de alimentos cuando exista desproporción entre los ingresos de ambos cónyuges, o como en este caso, cuando la progenitora no percibe salario o rendimiento alguno, ya que la cuantía de los alimentos será proporcional a las necesidades del que los recibe, pero también al caudal o medios de quien los da.

 

La decisión del Juzgado de limitar los alimentos a 2 años, plazo que el Juzgado estimó prudencial para que la madre accediera al mercado laboral, fue corregida por la Audiencia correctamente, ya que los menores no pueden quedar al socaire de que la madre pueda o no encontrar trabajo. Esta limitación temporal, puede tener sentido en una pensión compensatoria, como estímulo en la búsqueda de ocupación laboral, pero no tiene cabida en los alimentos a los hijos, al proscribirlo el artículo 152 del CC.

 

Se mantiene por tanto el pronunciamiento de la Audiencia en relación a los alimentos al mantenerlos sin limitación temporal, y todo ello sin perjuicio de una ulterior modificación, en caso de que variaran las circunstancias sustancialmente.

 

 

Sentencia Tribunal Supremo Custodia Compartida no exime del pago de Alimentos  

 

 

 Si no se visualiza el Documento, pulsar aqui.

Custodia Compartida y Violencia de Género. Una cosa es la logica conflictividad que pueda existir entre los progenitores como consecuencia de la ruptura, y otra distinta que ese marco de relaciones se vea tachado por una condena por violencia de género, que aparta al padre del entorno familiar, y de la comunicación con la madre, lo que va a imposibilitar el ejercicio compartido de la función parental adecuada al interés de los hijos.

 

El presente supuesto parte de los siguientes antecedentes. En un procedimiento de guarda y custodia de pareja de hecho, la madre solicita la custodia exclusiva de dos menores de edad, así como el resto de medidas habituales en este tipo de procedimientos. El padre contesta a la demanda interesando la custodia compartida de los menores.

 

El Juzgado de 1ª Instancia (Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de Guernika) dicta Sentencia por la que se atribuye la custodia de los menores a favor de la madre, fijándose el resto de medidas comunes.

 

El padre recurre en apelación, siendo estimada la misma por la Audiencia Provincial (Sección 4ª de la Audiencia de Vizcaya), que revoca la Sentencia de instancia, en el sentido de acordar que la guarda y custodia de los menores sea compartida por semanas alternas. Se establece asimismo que los gastos ordinarios básicos de los menores serán de cuenta del progenitor con quien se hallen en cada momento y que los padres deberán ingresar cada uno la cantidad de 200 €/mes, actualizables según IPC, en una cuenta bancaria en la que se domiciliarán los gastos fijos de los menores, así como el reparto al 50% de los gastos extraordinarios.

 

La madre interpone Recurso de casación contra la Sentencia de la Audiencia, alegando en esencia infracción del artículo 92.5, 6 y 8 del Código Civil, así como existencia de interés casacional por oposición a jurisprudencia del Tribunal Supremo, todas ellas relativas a la guarda y custodia compartida y en especial la necesidad de tener en cuenta el interés de los menores para su adopción (Ver artículo recientemente publicado en esta sección al respecto del interés del menor a la hora de adoptar el régimen de custodia compartida).

 

Sumamente relevante en este caso es que la madre aporta en el recurso de casación un dato nuevo, como es que con posterioridad al dictado de la Sentencia de la Audiencia Provincial, se dictó Sentencia por la que se condenó al padre por un delito de amenazas en el ámbito familiar a trabajos en beneficio de la comunidad, y prohibición de acercamiento, comunicación y tenencia y porte de armas.

 

La condena deriva de que en un intercambio de los menores, tras el desarrollo de unas visitas, el padre, con ánimo de causar a la madre un temor a sufrir un menoscabo a su integridad, le dijo: “como no me den la custodia compartida, te arranco la piel a tiras, como me quites la custodia compartida, aunque sea lo último que haga, te meto una hostia aquí mismo, mentirosa de la hostia, esto va a acabar mal para todos, perra de la hostia, te va a tocar la gorda, la gorda te va a tocar”.

 

La Sentencia penal se dicta por conformidad del acusado con la calificación del Ministerio Fiscal, dentro de un procedimiento seguido por los trámites de Juicio Rápido.

 

El padre impugna el recurso de casación y el Ministerio Fiscal presenta escrito solicitando la estimación del mismo.

 

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo en Sentencia de 4 de febrero de 2.016, (Ponente Sr. Seijas Quintana), resuelve la cuestión, y así el motivo se estima.

 

La Audiencia Provincial acuerda la custodia compartida tras haber analizado los dictámenes periciales emitidos por el Equipo Psicosocial y deduce de ellos que ambos progenitores están igualmente capacitados para sumir la custodia de sus hijos, y que es conveniente para los menores que los padres participen en la vida de sus hijos con estancias frecuentes y habituales.

 

Como muy bien dice el Tribunal Supremo, sin duda la Audiencia Provincial acierta en su respuesta a la pretensión del padre al respecto de la custodia compartida, ya que en definitiva está aplicando los criterios del propio TS sobre esta materia.

 

Nada habría que objetar por tanto a la decisión de la Audiencia, pero no puede olvidarse el posterior dictado, y aportación al Tribunal Supremo, de la ya mencionada Sentencia condenatoria contra el padre, por un delito de amenazas de género.

 

Indica el Tribunal que en este caso nos encontramos ante hechos indiscutidos de violencia en el ámbito familiar con evidente repercusión en los hijos, que viven en un entorno de violencia del que son también víctimas, directa o indirectamente, y a quienes el sistema de custodia compartida acordado por la Audiencia, les colocaría en una situación de riesgo por extensión al que sufre su madre, directamente amenazada.

 

Recuerda el Supremo que, es doctrina de esa Sala (STS 29-4-13, 16-2-15 y 21-10-15), que la custodia compartida conlleva como premisa la necesidad de que entre los padres exista una relación de mutuo respeto en sus relaciones personales, que permita la adopción de actitudes y conductas que beneficien al menor, que no perturben su desarrollo emocional, y que pese a la ruptura afectiva de los progenitores, se mantenga un marco familiar de referencia que sustente un crecimiento armónico de su personalidad.

 

Una cosa es la lógica conflictividad que pueda existir entre los progenitores, como consecuencia de la ruptura, y otra distinta que ese marco de relaciones se vea tachado por una injustificable condena por un delito de violencia de género, que aparta al padre del entorno familiar, y de la comunicación con la madre, lo que va a imposibilitar el ejercicio compartido de la función parental adecuada al interés de sus dos hijos.

 

En consecuencia se estima el Recurso de Casación, se casa la Sentencia de la Audiencia, y se mantiene la decisión inicial del Juzgado de 1ª Instancia que otorgó la custodia a la madre.

 

Sentencia Tribunal Supremo Custodia Compartida y Violencia de Género:  

 

 Si no se visualiza el Documento, pulsar aqui.

Custodia Compartida. Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de febrero de 2.016. El pronunciamiento judicial debe fundarse en el interés de los menores. Se exige un compromiso y colaboración de los progenitores, tendente a que este tipo de situaciones se resuelvan en un marco de normalidad familiar.

 

El presente supuesto parte de los siguientes antecedentes. En un procedimiento de divorcio, la madre solicita la custodia exclusiva de la menor de edad, así como el resto de medidas habituales en este tipo de procedimientos. El padre contesta a la demanda interesando la atribución en exclusiva de la custodia de la menor, y en su defecto la custodia compartida de la misma. En este sentido solicita que en caso de custodia compartida cada padre abonará los gastos de alimentación de la menor durante los periodos de tiempo que permanezca con cada uno de ellos y el resto de los gastos de colegio, comedor, uniforme, ropa, seguro médico, etc, se abonarían por mitad y a partes iguales.

 

El Juzgado de 1ª Instancia (Juzgado de 1ª Instancia nº 7 de Majadahonda) dicta Sentencia por la que se atribuye la custodia de la menor a favor de la madre, fijándose el resto de medidas habituales.

 

El padre recurre en apelación, siendo estimada parcialmente la misma por la Audiencia Provincial (Sección 24ª de la Audiencia de Madrid), que revoca la Sentencia de instancia, si bien tan solo en el sentido de que el régimen de visitas a favor de la menor, se extendería hasta la mañana del lunes (en lugar de hasta las 20:00 horas del domingo), en que el padre reintegraría a la hija en el Colegio.

 

El padre interpone Recurso de casación contra la Sentencia de la Audiencia, alegando en esencia infracción del artículo 92.8 del Código Civil, así como existencia de interés casacional por oposición a jurisprudencia del Tribunal Supremo, todas ellas relativas a la guarda y custodia compartida (Sentencias de 29-4-13, 19-7-13, 25-11-13, 29-11-13, 12-12-13 y 17-12-13).

 

La madre impugna el recurso y el Ministerio Fiscal presenta escrito solicitando la estimación del mismo, y la fijación de un régimen de custodia compartida.

 

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo en Sentencia de 4 de febrero de 2.016, (Ponente Sr. Seijas Quintana), resuelve la cuestión, y así el motivo se estima.

 

La Audiencia Provincial deniega el sistema de custodia compartida sobre la base de que no ha existido consecuencia negativa alguna para la hija desde que permanece bajo la custodia de la madre.

 

Señala el Supremo que la Sentencia “petrifica” la situación de la menor, en razón a la estabilidad que tiene en estos momentos bajo la custodia exclusiva de la madre, pese a lo cual, amplia el régimen de visitas a favor del padre, impidiendo en última instancia la normalización de las relaciones con ambos progenitores.

 

Lo que se pretende es aproximar este régimen al modelo de convivencia existente antes de la ruptura matrimonial, y garantizar al tiempo a sus padres la posibilidad de seguir ejerciendo los derechos y obligaciones inherentes a la potestad o responsabilidad parental y de participar en igualdad de condiciones en el desarrollo y crecimiento de los hijos, lo que parece también lo más beneficioso para ellos (SSTS 19-7-13, 2-7-14, 9-9-15).

 

Asimismo se cita la Sentencia de 19 de julio de 2.013, en el sentido de que se prima el interés del menor, y ese interés (que ni el artículo 92 del CC, ni el artículo 9 de la LO 1/96, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, definen ni determinan), exige sin duda un compromiso mayor y una colaboración de sus progenitores tendente a que este tipo de situaciones se resuelvan en un marco de normalidad familiar que saque de la rutina una relación simplemente protocolaria del padre no custodio con sus hijos que, sin la expresa colaboración del otro, termine por desincentivarla tanto desde la relación del no custodio con sus hijos, como de estos con aquel. (SSTS 19-7-13, 2-7-14, 9-9-15).

 

Con el sistema de custodia compartida, tal y como dicen las Sentencias TS de 25-11-13, 9-9-15 y 17-11-15:

 

a). Se fomenta la integración de los menores con ambos padres, evitando desequilibrios en los tiempos de presencia.

 

b). Se evita el sentimiento de pérdida.

 

c). No se cuestiona la idoneidad de los progenitores.

 

d). Se estimula la cooperación de los padres en beneficio de los menores, que ya se ha venido desarrollando con eficiencia.

 

Concluye el Supremo que la Sentencia de instancia y la posterior de la Audiencia, infringen el artículo 92 del CC y la jurisprudencia que lo desarrolla, puesto que el interés de la menor no ha quedado adecuadamente salvaguardado, por lo que se establece la guarda y custodia compartida, por periodos de quince días, desde el lunes a la salida del colegio. Se establece asimismo que cada progenitor afrontará los alimentos en los periodos en los que tenga la custodia de la menor, con excepción de los de inicio del curso escolar (libros, material escolar, chándal y uniforme), que deberán compartirse, pese a la consideración de gastos ordinarios que tienen (ver artículo publicado en esta misma página en relación a los gastos ordinarios y extraordinarios).

 

Finalmente se reitera como doctrina jurisprudencial la ya sentada desde la Sentencia de 29 de abril de 2.013, según la cual “la interpretación de los artículos 92, 5 , 6 y 7 CC debe estar fundada en el interés de los menores que van a quedar afectados por la medida que se deba tomar, que se acordará cuando concurran criterios tales como la práctica anterior de los progenitores en sus relaciones con el menor y sus aptitudes personales; los deseos manifestados por los menores competentes; el número de hijos; el cumplimiento por parte de los progenitores de sus deberes en relación con los hijos y el respeto mutuo en sus relaciones personales; el resultado de los informes exigidos legalmente, y, en definitiva, cualquier otro que permita a los menores una vida adecuada, aunque en la práctica pueda ser más compleja que la que se lleva a cabo cuando los progenitores conviven. Señalando que la redacción del artículo 92 no permite concluir que se trate de una medida excepcional, sino que al contrario, habrá de considerarse normal e incluso deseable, porque permite que sea efectivo el derecho que los hijos tienen a relacionarse con ambos progenitores, aun en situaciones de crisis, siempre que ello sea posible y en tanto en cuanto lo sea”.

 

En consecuencia se estima el Recurso de Casación, se casa la Sentencia de la Audiencia, y se acuerda el sistema de guarda y custodia compartida.

 

Sentencia Tribunal Supremo 4-2-16. Custodia Compartida e interés del menor. Compromiso y colaboración de los progenitores

 

 Si no se visualiza el Documento, pulsar aqui.

MODELO DEMANDA DE GUARDA Y CUSTODIA EN PAREJA DE HECHO.

 

 

Aportamos hoy un modelo de demanda en solicitud de guarda y custodia, alimentos y régimen de visitas en relación a una menor de edad, en pareja de hecho.

 

Se trata de una demanda interpuesta por el padre, en la que no se solicita la custodia de la menor, aunque si un amplio régimen de visitas y se argumenta con detalle la cuantificación de la cantidad que se ofrece en concepto de alimentos en favor de la menor. Asimismo, y por razones de urgencia, se solicita al Juzgado la adopción de Medidas Provisionales.

 

Esperamos que pueda ser de utilidad.

 

Modelo demanda Guarda y Custodia en Pareja de Hecho:  

 

 Si no se visualiza el Documento, pulsar aqui.

 

GASTOS EXTRAORDINARIOS EN RELACION A LOS HIJOS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE FAMILIA. CASO REAL. INCIDENTE DE DECLARACION DE GASTOS EXTRAORDINARIOS

 

Abundando en el contenido del artículo publicado en fechas recientes sobre el tema de los gastos extraordinarios en los procedimientos de familia, aportamos hoy copia de Auto que resuelve un caso real en un incidente de declaración de gastos extraordinarios del artículo 776.4ª de la LEC.

 

Hemos de recordar que, en el supuesto de que exista controversia entre los padres sobre el carácter de extraordinario o no de un determinado gasto, tanto el reconocimiento del deber de pago, como su cuantificación, si no hay acuerdo entre ellos, debe ser determinado por el Juez en un procedimiento previo a la ejecución (establecido en el art 776.4ª LEC que regula el llamado “Incidente de Declaración de Gasto Extraordinario”).

 

En el supuesto concreto que hoy comentamos, la parte contraria (la madre), insta demanda ejecutiva reclamando determinadas cuantías en concepto de gastos extraordinarios, concretamente gastos de academia (clases de apoyo) y gastos de tratamiento de ortodoncia. Nuestro cliente (el padre) se opone a que tales gastos tengan el carácter de extraordinarios, y en consecuencia que deban ser abonados por las partes al 50%.

 

En cuanto a los gastos extraordinarios, la Sentencia inicial que la madre trata de ejecutar establecía tan solo que “los gastos extraordinarios serían abonados por mitad, previa justificación, no estando incluidos ni los libros, ni la matrícula, ni el uniforme escolar”. Ciertamente escueta la referencia concreta de la Sentencia de instancia en relación a este tema.

 

En cuanto a las clases de apoyo la madre comunicó al padre su decisión de apuntar a la hija a las mismas, si bien el padre no prestó su consentimiento. El Juzgado entiende que, en este caso concreto, las clases de apoyo no tienen el carácter de gasto extraordinario cuando no se acredita por la parte que ejecuta que sean imprescindibles. Recordar en este sentido, que las clases de repaso o apoyo si podrían tener en carácter de gasto extraordinario, en el caso en que existiera necesidad y conveniencia de las mismas a la vista del expediente académico del hijo, circunstancia esta que en el supuesto concreto resuelto por el Juzgado de Navalcarnero, no concurría.

 

En cuanto al tratamiento de ortodoncia, ni consta la previa comunicación al padre, ni por lógica el consentimiento del mismo. En el procedimiento el ejecutado acredita que las hijas son beneficiarias de determinado seguro sanitario dental, por lo que el gasto efectuado por la madre se encuentra cubierto por un sistema sanitario del que son beneficiarias las hijas. Por tanto el Juzgado entiende que este gasto tampoco puede ser calificado como extraordinario. Hay que señalar que los gastos producidos por el cuidado de la salud bucal, e higiene bucal y ortodoncia tendrían siempre el carácter de extraordinarios en los casos en que fueran gastos urgentes (lo cual permitiría una decisión unilateral del progenitor custodio), o en los casos en que tales gastos no estuvieran cubiertos por un seguro médico privado.

 

Recuerda el Juzgado que en relación al concepto de gastos extraordinarios, la jurisprudencia viene definiéndolos, con carácter general, como aquellos gastos que no tienen periodicidad prefijada, en cuanto dimanantes de sucesos de difícil o imposible previsión apriorística, de tal modo que los mismos pueden surgir o no, debiendo de estar vinculados a necesidades que han de cubrirse económicamente de modo ineludible, en orden al cuidado, desarrollo y formación en todos los órdenes del alimentista, y ello en contraposición al concepto de lo superfluo o secundario, de lo que obviamente puede prescindirse, sin menoscabo para el alimentista.

 

Partiendo de esta definición, en principio y como regla general se exige la comunicación de la necesidad o conveniencia de efectuar el gasto, por el progenitor que así lo considere, al otro progenitor que habrá de otorgar su consentimiento, salvo aquellos que sean indispensables y urgentes, y obviamente sin perjuicio de que en caso de discrepancia entre los padres, se acuda al procedimiento de autorización judicial que mencionamos.

 

Señalar que la reciente resolución que acompañamos, de fecha 10-2-16, no es firme a la fecha de publicación del presente artículo, y recordar que la cuestión de gastos ordinarios y extraordinarios se encuentra permanentemente sujeta al casuismo concreto por parte de nuestros Juzgados y Tribunales, y siempre habrá que atender a las peculiaridades concretas de cada situación

 

 

Auto resolviendo incidente de delcracion de gastos extraordinarios  

 

 Si no se visualiza el Documento, pulsar aqui.

 

 

 

GASTOS EXTRAORDINARIOS EN RELACION A LOS HIJOS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE FAMILIA.

 

 

Los gastos extraordinarios en relación a los hijos, generadores de no poca controversia tanto extrajudicial como judicialmente entre los padres, serían, como regla general, aquellos que son imprevisibles o inhabituales. La jurisprudencia viene considerando las notas de imprevisibilidad y de falta de periodicidad como definitorias para poder catalogar un gasto como extraordinario. A sensu contrario por tanto gastos ordinarios serían los que, siendo necesarios, son previsibles y periódicos y se cubren con el importe total establecido en concepto de pensión de alimentos, abarcando aquellos imprescindibles para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica, educación y formación.

 

Los extraordinarios serían aquellos que, siendo también necesarios o imprescindibles (dato muy relevante), son imprevisibles y no periódicos, pero en todo caso, en el supuesto de que exista controversia entre los padres, tanto el reconocimiento del deber de pago, como su cuantificación, si no hay acuerdo entre ellos, debe ser determinado por el Juez en un procedimiento previo a la ejecución (establecido en el art 776.4ª LEC que regula el llamado “Incidente de Declaración de Gasto Extraordinario”).

 

En relación al concepto de gastos extraordinarios, la jurisprudencia viene definiéndolos, con carácter general, como aquellos gastos que no tienen periodicidad prefijada, en cuanto dimanantes de sucesos de difícil o imposible previsión apriorística, de tal modo que los mismos pueden surgir o no, debiendo de estar vinculados a necesidades que han de cubrirse económicamente de modo ineludible, en orden al cuidado, desarrollo y formación en todos los órdenes del alimentista, y ello en contraposición al concepto de lo superfluo o secundario, de lo que obviamente puede prescindirse, sin menoscabo para el alimentista.

 

Partiendo de esta definición, en principio y como regla general se exige la comunicación de la necesidad o conveniencia de efectuar el gasto, por el progenitor que así lo considere, al otro progenitor que habrá de otorgar su consentimiento, salvo aquellos que sean indispensables y urgentes, y obviamente sin perjuicio de que en caso de discrepancia entre los padres, se acuda al procedimiento de autorización judicial que anteriormente se ha mencionado.

 

Es obvio que en la práctica del día a día existen una enorme variedad de gastos, de todo tipo y condición, y su calificación como ordinarios o extraordinarios, no resulta ni sencilla ni automática en no pocas ocasiones.

 

No obstante, de la interpretación jurisdiccional de esta materia, podemos extraer una serie de conclusiones a la hora de diferenciar unos gastos de otros.

 

 

Así, tendrían el carácter de Gastos Ordinarios, entre otros, los siguientes:

 

  • Gastos de enseñanza obligatoria, primaria y secundaria, cuotas del colegio y matrícula y material escolar (todos ellos son previsibles y periódicos).

 

  • Gastos de guardería.

 

  • Cuotas de Asociación de Padres, vestuario y uniforme y ropa deportiva para actividades deportivas dentro de la enseñanza reglada.

 

  • La formación profesional del hijo, libros y material escolar.

 

  • Los cursos de idiomas o clases particulares previsibles y periódicas.

 

  • Gastos por transporte y comedor escolar.

 

  • Las actividades extraescolares si ya existían cuando se estableció la pensión, o en tal momento era previsible su devengo.

 

  • Según las circunstancias de cada caso, serían ordinarios también los gastos de matrícula y formación universitaria, incluyendo los libros.

 

  • También según las circunstancias de cada caso, serían ordinarios los cursos en el extranjero, oposiciones, masters en el extranjero, doctorados y similares.

 

 

Por su parte, tendrían el carácter de Gastos EXTRAOrdinarios, entre otros, los siguientes:

 

  • Inscripción en un Colegio Privado por uno solo de los padres, cuando el otro no expresa su oposición.

 

  • Clases de repaso o apoyo si existe necesidad y conveniencia de las mismas a la vista del expediente académico del hijo.

 

  • Las actividades extraescolares si son necesarias o indispensables para el desarrollo integral del hijo. Si ya existían cuando se estableció la pensión, o en tal momento era previsible su devengo, tendrían el carácter de gasto ordinario.

 

  • Gastos médicos, terapéuticos y farmacéuticos no cubiertos por la Seguridad Social o por un seguro médico privado.

 

  • Gastos producidos por el cuidado de la salud bucal, e higiene bucal y ortodoncia no cubiertos por un seguro médico privado.

 

  • La adquisición de gafas y los gastos oftalmológicos (salvo que estuvieran cubiertos por la Seguridad Social o por un seguro médico privado).

 

  • Los viajes de estudios en los casos en que se estimen, no ya aconsejables, sino necesarios.

 

  • Los gastos para la obtención del carnet de conducir.

 

 

No obstante esta cuestión se encuentra permanentemente sujeta al casuismo concreto por parte de nuestros Juzgados y Tribunales, y es complejo el dar un listado cerrado más exhaustivo, ya que siempre habrá que atender a las peculiaridades concretas de cada situación.  

 

 

 

 

 

 

MODELOS NORMALIZADOS A DISPOSICION DE LOS CIUDADANOS EN PROCEDIMIENTOS EN QUE NO ES PRECEPTIVA LA INTERVENCION DE ABOGADO Y PROCURADOR.

 

Por Acuerdo de 22 de diciembre de 2.015 (BOE de 28 de enero de 2.016) de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, se aprueban los modelos normalizados previstos en la Ley 41/15, de 5 de octubre, de modificación de la LEC y en Ley 15/15, de 2 de julio, de Jurisdicción Voluntaria.

 

Se trata de una serie de modelos normalizados a disposición de los ciudadanos, en los supuestos en que  no es preceptiva la intervención de abogado y procurador.

 

Los modelos concretamente son los siguientes:

 

  • Modelo de solicitud de conciliación. (Art 14.1 Ley de Jurisdicción Voluntaria).

 

  • Modelo de expediente de jurisdicción voluntaria. (Art 14.3 Ley de Jurisdicción Voluntaria).

 

  • Modelo de demanda de juicio verbal.

 

  • Modelo de contestación a demanda de juicio verbal.

 

  • Modelo de proceso monitorio normal.

 

  • Modelo de proceso monitorio (reclamación de gastos comunes de Comunidades de Propietarios).

 

 

Estos modelos se facilitarán en los Decanatos, Servicios Comunes y a través de los órganos jurisdiccionales, pudiendo disponer los ciudadanos de ellos a título totalmente gratuito.

 

Se adjunta el Acuerdo de la Comisión donde figuran los referidos modelos.

 

 

MODELOS NORMALIZADOS  

 

 Si no se visualiza el Documento, pulsar aqui.

 

REFORMA DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL. EL NUEVO PROCESO POR ACEPTACION DE DECRETO 

 

La Ley 41/15, de 5 de octubre, de modificación de la LECr para la agilización de la justicia penal y fortalecimiento de las garantías procesales, ha introducido una importante novedad en la LECr, (nuevo artículo 803 bis a, b, c, d, e, f, g, h, i, j), concretamente el denominado PROCESO POR ACEPTACION DE DECRETO, novedad prevista para delitos de escasa gravedad, siendo aplicable el mismo a instancias del Ministerio Fiscal, y siempre antes de que concluya la fase de instrucción.

 

Esta reforma entró en vigor, como sabemos, el 6 de diciembre de 2.015.

 

En este proceso el denominado “Decreto de Propuesta de Imposición de Pena” es dictado directamente por el Ministerio Fiscal y tiene por finalidad, como veremos, una acción penal ejercitada para la imposición de una pena de multa, o de trabajos en beneficio de la comunidad, y en su caso de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores. Obviamente también puede incluir la acción civil dirigida a obtener la restitución de la cosa y la indemnización del perjuicio.

 

El procedimiento tenderá a que el encausado, debidamente asistido de letrado, acepte o no tal propuesta.

 

En definitiva se generará con este nuevo procedimiento, una situación similar a la actualmente existente con los Juicios Rápidos, en los que la conformidad del acusado con la calificación del Ministerio Fiscal, supone el dictado de Sentencia por parte del Juzgado de Instrucción, reduciendo la misma en un tercio. Este nuevo sistema es una forma de llegar al mismo resultado, en aquellos casos que los atestados no van a parar inicialmente al Juzgado de guardia como procedimiento a tramitar como juicios rápidos sino que se turnan como Diligencias Previas. Con todo ello, y con la obvia finalidad de agilizar los trámites de la justicia penal, se crea este nuevo procedimiento.

 

Para que se pueda seguir este proceso se requiere que se encuentre incoado un procedimiento penal, y que antes de la finalización de la fase de instrucción, se cumplan, cumulativamente, los siguientes requisitos:

 

1º. Delito castigado con las siguientes penas:

 

a). Pena de multa.

 

b). Pena de trabajos en beneficio de la comunidad.

 

c). Pena de prisión que no exceda de 1 año (y que pueda ser suspendida conforme a lo establecido en el artículo 80 del CP).

 

Es indiferente que exista o no pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores, siendo aplicable también este proceso en estos casos, ya que obviamente uno de los delitos a los que más probablemente se referirá el casuismo de este nuevo procedimiento, serán los relacionados con la seguridad vial, aunque es obvio que la reforma no limita en absoluto su alcance a estos tipos penales.

 

2º. Que el Ministerio Fiscal entienda que la pena en concreto aplicable es la de multa o trabajos, y en su caso la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores.

 

3º. Que no esté personada en la causa acusación popular o particular.

 

Como decimos, cumplidos los anteriores requisitos, en este caso la resolución que emite el Ministerio Fiscal es un DECRETO DE PROPUESTA DE IMPOSICION DE PENA, identificándose al investigado, describiendo el hecho punible, indicando el presunto delito cometido y la prueba existente, exponiendo los motivos por los que en su caso se entiende que la pena de prisión debe ser sustituida y proponiendo en todo caso la imposición de una pena concreta (multa o trabajos, y en su caso la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores), reducida hasta en un tercio, al igual que sucede en las conformidades de los Juicios Rápidos. La Propuesta también propondrá, de ser necesario, la petición de restitución o de indemnización.

 

Este Decreto de Propuesta de Imposición de Pena, se remite al Juzgado de Instruccion para que sea autorizado por el mismo y notificado al investigado.

 

Si el Juzgado no autoriza el Decreto, quedará este sin efecto.

 

En caso contrario, y siempre que se cumplan los requisitos cumulativos anteriormente mencionados, el Juzgado dictará Auto de Autorización del Decreto, y lo notificará, junto con el propio Decreto al encausado, a quien citará para que comparezca ante el Tribunal.

 

En tal citación se debe informar al encausado de la finalidad de la comparecencia, de la preceptiva asistencia de letrado, de los efectos de su incomparecencia, y de su derecho a aceptar o rechazar la propuesta de pena contenida en el Decreto. El encausado podrá obviamente asistir a la comparecencia con letrado de su confianza, o en su caso podrá solicitar letrado de oficio, petición que debe realizar en el término de 5 días hábiles antes de la fecha de la comparecencia.

 

Llegada la fecha de la comparecencia, si el encausado no comparece, o rechaza en la misma la propuesta del Fiscal (total o parcialmente), quedará tal propuesta sin efecto. En este caso si el Decreto deviene ineficaz, por no ser autorizado por el Juzgado (en caso que no se cumplan los requisitos cumulativos), por incomparecencia del encausado, o por no aceptación por parte del mismo de la propuesta, expresamente se señala que el Ministerio Fiscal no se encontrará vinculado por su contenido, y el procedimiento continuará por los cauces procesales que correspondan.

 

La aceptación de la propuesta requerirá que el encausado comparezca en el día y hora señalados, asistido de letrado. De comparecer sin asistencia letrada, el Juzgado suspenderá la comparecencia, señalándose nuevo día y hora.

 

En caso de aceptación, el Juzgado deberá asegurarse de que el encausado comprende el significado del Decreto de propuesta de imposición de pena, y los efectos de su aceptación.

 

Aceptada en la comparecencia la propuesta de pena por el encausado, en todos sus términos, el Juzgado atribuirá a tal comparecencia de aceptación el carácter de resolución judicial firme, que documentará en la forma y con todos los efectos de Sentencia condenatoria, contra la que no cabe recurso alguno.

 

Será el tiempo, y la práctica del día a día, la que nos irá indicando si esta reforma, que requiere necesariamente un comportamiento sumamente activo  por parte del Ministerio Fiscal, produce o no la necesaria agilización que tanto precisa la justicia penal de nuestro país. La reforma es sin duda bienintencionada, pero sin un cambio de actitudes, sumamente mecanicistas en muchas ocasiones, por parte del Ministerio Público, y por parte del resto de los operadores jurídicos, puede quedar en mero papel mojado. Confiemos en que no sea así.

           

 

 

LEGITIMACION DE LOS PADRES PARA RECLAMAR ALIMENTOS EN NOMBRE DE LOS HIJOS MAYORES DE EDAD QUE CONVIVAN CON ELLOS, SIN NECESIDAD DE QUE SEAN LOS HIJOS LOS QUE ACUDAN A OTRO PROCESO. DOCTRINA JURISPRUDENCIAL DEL TRIBUNAL SUPREMO.

 

El presente supuesto parte de los siguientes antecedentes: esposa que insta procedimiento de divorcio solicitando el uso y disfrute del domicilio conyugal, alimentos a favor de una hija mayor de edad que convive con ella, y pensión compensatoria. El esposo contesta a la demanda, solicitando la atribución en su favor del uso y disfrute del domicilio, y se opone tanto a la pensión compensatoria como a que se fijen alimentos a favor de la mayor de edad. El Juzgado de 1ª Instancia decreta el divorcio, atribuye el uso y disfrute del domicilio a favor de la demandante, y establece una determinada cantidad en concepto de alimentos y de pensión compensatoria. El marido interpone recurso de apelación y la Audiencia Provincial revoca la sentencia de instancia, dando por extinguida la pensión de alimentos a favor de la hija, declarando igualmente no haber lugar a establecer pensión compensatoria.

 

Prescindiendo del tema de la pensión compensatoria, la cuestión de fondo relevante que plantea el presente caso deriva de discutirse en procedimiento de divorcio el establecimiento o no de una pensión de alimentos a favor de una hija mayor de edad, que convive con la madre, que es quien la reclama. En este sentido, la hija cuenta con estudios superiores, si bien, no tenía trabajo en el momento de la tramitación del procedimiento civil.

 

El Juzgado de 1ª Instancia fija una determinada cantidad en concepto de alimentos y posteriormente la Audiencia revoca la misma sobre la base de dos argumentos: la falta de legitimación activa de la madre para reclamarlos dentro del procedimiento de familia (entendiendo que debió pedirlos la hija fuera de ese procedimiento de divorcio), y la titulación académica que posee la hija, lo cual le ofrece la posibilidad concreta de trabajar y percibir ingresos.

 

La demandante interpone Recurso de Casación por infracción de los artículos 97 y 93 del CC.

 

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo en Sentencia de 12 de julio de 2.014, (Ponente Sr. Arroyo Fiestas), resuelve la cuestión, y así el motivo se estima.

 

Recuerda el Tribunal Supremo, en cuanto a la legitimación activa, que la Sala ya se ha venido pronunciando (entre otras en Sentencias de 24 de abril y 30 de diciembre de 2.000) en interpretación del artículo 93.2 del CC declarando que los padres pueden pedir alimentos para los hijos que convivan con ellos, pese a su mayoría de edad, si los precisan, sin necesidad de que sean los hijos los que acudan a otro proceso declarativo independiente. Por otro lado, y en lo que se refiere a la titulación profesional de la hija, en el procedimiento no se acredita la percepción de ingresos por su parte, ni que carezca de la necesaria diligencia en el desarrollo de su carrera profesional. En consecuencia, procede la percepción de alimentos en la cuantía fijada por el Juzgado de 1ª Instancia, pues la hija convive con la madre en su domicilio y carece de ingresos suficientes.

 

Se ratifica pues como doctrina jurisprudencial la acordada en Sentencias anteriores en el sentido de reconocer la legitimación de los padres para solicitar, dentro de los procesos matrimoniales, alimentos para los hijos mayores de edad, que los precisen y que convivan con ellos, con los límites fijados por el artículo 93.2 del CC.

 

En consecuencia se estima el Recurso de Casación formulado contra la sentencia de la Audiencia, que se casa y anula manteniendo íntegramente lo acordado por el Juzgado de 1ª Instancia.

 

 

 


Sentencia Tribunal Supremo. Legitimacion de los padres para reclamar alimentos para hijos mayores de edad

 

 Si no se visualiza el Documento, pulsar aqui.


 

 

DOS MODELOS DE DEMANDAS SOLICITANDO REGIMEN DE VISITAS DE LOS ABUELOS.

 

 

Tras el análisis introductorio colgado recientemente en nuestra página sobre las preguntas y respuestas básicas en relación al Régimen de Visitas de los Abuelos, adjuntamos hoy dos modelos de demandas sobre esta cuestón.

 

 


Modelo Demanda solicitando régimen de visitas de los Abuelos

 

 Si no se visualiza el Documento, pulsar aqui.


 

 Otro Modelo de Demanda solicitando visitas de los abuelos

 

 Si no se visualiza el Documento, pulsar aqui.

 

 

REGIMEN DE VISITAS DE LOS ABUELOS

 

 

¿PORQUE SE REGULA LA FIGURA DEL REGIMEN DE VISITAS A FAVOR DE LOS ABUELOS?

 

Tal y como se deriva de la Exposición de Motivos de la Ley 42/2.003, de 21 de noviembre, por la que se introduce esta figura en el Código Civil, la reforma de la Ley parte de considerar que los abuelos desempeñan un papel fundamental de cohesión y transmisión de valores en la familia, que es el agente de solidaridad por excelencia de la sociedad civil. En este ámbito, la intervención de los poderes públicos debe tender a asegurar el mantenimiento de un espacio de socialización adecuado que favorezca la estabilidad afectiva y personal del menor. En este sentido, las normas vigentes del Código Civil dispensaban un tratamiento minúsculo a un elemento de significativa importancia en el desarrollo personal de los menores, esto es, las relaciones de los nietos con sus abuelos. En efecto, cabe entender que los abuelos, ordinariamente ajenos a las situaciones de ruptura matrimonial, pueden desempeñar un papel crucial para la estabilidad del menor. Esta situación privilegiada, junto con la proximidad en el parentesco y su experiencia, distingue a los abuelos de otros parientes y allegados, que también pueden colaborar al mismo fin.

 

La modificación legislativa persigue en consecuencia regular, de forma más explícita y reforzada  el régimen de relaciones entre los abuelos y los nietos.

 

 

¿QUE ES EL REGIMEN DE VISITAS DE ABUELOS Y ALLEGADOS?

 

El artículo 160 del Código Civil, establece que los progenitores, aunque no ejerzan la patria potestad, tienen el derecho de relacionarse con sus hijos menores, excepto con los adoptados por otro o conforme a lo dispuesto en resolución judicial.

 

La patria potestad de los padres sobre sus hijos, no es tan absoluta que excluya el reconocimiento de los derechos de los menores e impida la relación de estos con otros parientes, siendo los abuelos los más destacados y próximos

 

Tras este criterio general de relación de los padres con sus hijos, se establece por nuestra legislación que no podrán impedirse, sin justa causa, las relaciones personales del hijo con sus abuelos y otros parientes y allegados.

 

El derecho de los abuelos y otros parientes y allegados a mantener relaciones personales con los menores, que reconoce el párrafo 2º del art. 160 del Código Civil, es un concepto abierto e indeterminado que abarca toda forma de comunicación o trato, incluidas las estancias temporales en el domicilio del pariente, cuya concreción en cada supuesto específico dependerá de la condición de las personas implicadas y de las circunstancias concurrentes, siendo el criterio rector a la hora de precisar su contenido el interés y beneficio del menor.

 

Por tanto, como criterio general no cabe denegar estas visitas salvo que exista alguna razón justificada para ello. En caso de oposición a estas visitas (habitualmente por parte de los padres del menor que pretenden visitar los abuelos), el juez, a petición del menor, abuelos, parientes o allegados, resolverá atendidas las circunstancias.

 

Hay que tener en cuenta que a la hora de establecer un régimen de visitas a favor de abuelos y allegados, el Juez especialmente deberá asegurar que las medidas que se puedan fijar para favorecer las relaciones entre abuelos y nietos, no faculten la infracción de las resoluciones judiciales que restrinjan o suspendan las relaciones de los menores con alguno de sus progenitores. El ejemplo típico sería el supuesto en que los abuelos, cuando ejerzan derecho de visitas sobre los nietos, faciliten al padre quien tiene una medida de alejamiento respecto a los menores, que vea a los mismos

 

En consecuencia existe un límite genérico al derecho de visitas de los abuelos, como es que el que pueda establecerse en cada caso concreto, no restrinja la prioritaria relación y comunicación entre padres e hijos. Las visitas de los abuelos, en consecuencia, siempre estarán subordinadas a las visitas entre hijos y padres, al menos como criterio general.

 

En todo caso la relación prioritaria es la paternofilial, pero debe prestarse especial atención a la relación abuelos-nietos, en interés de los propios menores.

 

 

¿EL REGIMEN DE VISITAS DE LOS ABUELOS SE ESTABLECE SOLO EN LOS CASOS DE RUPTURAS MATRIMONIALES O DE PAREJA DE LOS PADRES DE LOS MENORES, O SE PUEDE APLICAR EN OTROS SUPUESTOS?

 

Hay que tener presente que este sistema de visitas de los abuelos no sólo se circunscribe al caso de las rupturas matrimoniales o de pareja, y pretende articular una salvaguarda frente a otras situaciones que de hecho se pueden dar en la práctica, como pueden ser el mero desinterés de los padres en que sus hijos se relacionen con los abuelos (de cualquiera de las dos ramas, o de ambas), o la ausencia de uno de los padres que en tales circunstancias perjudicase las relaciones de los nietos con los abuelos de la rama del progenitor ausente. El supuesto típico en este caso se daría por ejemplo en el caso de padre fallecido y oposición de la madre a que los hijos comunes mantengan contacto con los abuelos de la rama paterna (el ejemplo evidentemente es igualmente aplicable a la inversa y no debe entenderse bajo ningún supuesto como una cuestión de género)

 

 

REGIMEN DE VISITAS DE LOS ABUELOS EN CASO DE QUE UNO DE LOS PROGENITORES HUBIERA FALLECIDO. ES NECESARIA LA EXISTENCIA DE UNA RELACION ANTERIOR ENTRE EL MENOR Y LOS ABUELOS

 

Jurisprudencialmente se viene entendiendo que si los abuelos tienen derecho a visitar a sus nietos en los supuestos en los que exista una pareja estable, o si los padres se han separado, mayor justificación existe si uno de los progenitores ha fallecido, y máxime si se considera que de la prueba obrante en autos se constata la existencia de una relación previa que unía al niño y al abuelos en épocas anteriores. Se invoca de manera habitual en estos supuestos la importancia a nivel personal y familiar que tiene para el menor conservar la relación afectiva y material con los abuelos

 

 

¿QUE ES LA “JUSTA CAUSA”, COMO RAZON PARA IMPEDIR LAS VISITAS DE NIETOS Y ABUELOS?

 

Se establece por nuestra legislación que no podrán impedirse, sin justa causa, las relaciones personales del hijo con sus abuelos y otros parientes y allegados

 

En consecuencia son los Tribunales los que deben valorar si existe o no “justa causa” para impedir la comunicación de los nietos con los abuelos.

 

El alcance de tal expresión ha ido siendo determinado por los Juzgados y Tribunales interpretando lo que no deja de ser un concepto bastante indeterminado. Como es habitual en estos supuestos, este concepto de “justa causa” se interpreta siempre tomando como punto de referencia esencial el interés del menor (no el de los padres o el de los abuelos), no entendiéndose como justa causa para impedir la comunicación entre nietos y abuelos que puedan existir relaciones tensas o conflictivas entre padres y abuelos. Se debe facilitar la relación entre nietos y abuelos siempre que la misma revista un carácter de normalidad y siempre y cuando no “respondan a patologías o ejemplos corruptores”  (por ejemplo intentado los abuelos conseguir con el uso de la fuerza estar con su nieto, supuesto en el que se deniega la posibilidad de establecer ningún régimen de visitas, o en los casos es que sea más beneficioso para el menor fomentar el contacto con familiares más cercanos distintos a los abuelos)

 

 

¿EN QUE SUPUESTOS PUEDE DENEGARSE O LIMITARSE EL DERECHO DE VISITAS A LOS ABUELOS? SUPUESTOS DE PELIGROS CONCRETOS Y REALES PARA LA SALUD FISICA, PSIQUICA O MORAL DE LOS MENORES

 

Siempre habrá de estarse al caso concreto, pero como criterio general habrá que tener presente que el art. 160 del Código Civil instituye un derecho a relacionarse cuya atribución solamente puede de ser denegada o restringida si se acredita la causación de un perjuicio para el menor, cuyo beneficio es de interés superior, pues sin duda el derecho de visitas ha de ceder ante los supuestos que presenten peligro concreto y real para la salud física, psíquica o moral de los menores

 

 

¿PUEDEN SOLICITAR LOS ABUELOS LA GUARDA Y CUSTODIA DE LOS MENORES EN CASO DE IMPOSIBILIDAD DE EJERCERSE LA MISMA POR LOS PADRES?

 

La jurisprudencia ha considerado que los abuelos eran las personas idóneas para ostentar la guardia y custodia de los menores en caso de imposibilidad de los padres. Al respecto citamos la STS de 29 marzo de 2.001, en la que, en un supuesto en el que madre y abuela litigan por la custodia del menor, como medida de carácter temporal, en atención a las circunstancias de inestabilidad por la que pasaba la madre del menor, se mantiene la patria potestad de la madre y la custodia de la menor a los abuelos maternos.

 

 

¿SE PUEDE ESTABLECER UN REGIMEN DE VISITAS A FAVOR DE LOS ABUELOS EN EL CONVENIO REGULADOR DE LA SEPARACION Y/O DIVORCIO DE LOS PADRES DE LOS MENORES?. NECESIDAD EN ESTE CASO DE CONSENTIMIENTO DE LOS ABUELOS

 

El art. 90 b del Código Civil establece que en el convenio regulador (de separación y/o divorcio), se podrá establecer, si se considera necesario, el régimen de visitas y comunicación de los nietos con sus abuelos, teniendo en cuenta, siempre, el interés de aquellos

 

Este artículo prevé la posibilidad de que se regule la relación que han de mantener nietos y abuelos en el supuesto de crisis entre los progenitores; Por tanto (aunque no es habitual), así en el convenio regulador que elaboren los padres al objeto de presentarlo ante el Juez, los cónyuges pueden establecer una propuesta para que los nietos se comuniquen con sus abuelos o se establezca un régimen de visitas entre ambos.

 

El antepenúltimo párrafo del art. 90 del Código Civil señala que “Los acuerdos de los cónyuges, adoptados para regular las consecuencias de la nulidad, separación o divorcio serán aprobados por el juez, salvo si son dañosos para los hijos o gravemente perjudiciales para uno de los cónyuges. Si las partes proponen un régimen de visitas y comunicación de los nietos con los abuelos, el juez podrá aprobarlo previa audiencia de los abuelos en la que éstos presten su consentimiento. La denegación de los acuerdos habrá de hacerse mediante resolución motivada y en este caso los cónyuges deben someter a la consideración del juez nueva propuesta para su aprobación, si procede. Desde la aprobación judicial, podrán hacerse efectivos por la vía de apremio.”

 

La necesidad en estos casos de que los abuelos presten su consentimiento deriva de que las visitas no solo van a ser un derecho, sino que también se convierten en una obligación establecida en la Sentencia de separación y/o divorcio que apruebe el convenio regulador que las establezca.

 

 

¿CUAL ES EL CAUCE PROCESAL OPORTUNO PARA QUE LOS ABUELOS RECLAMEN VISITAS SOBRE SUS NIETOS?

 

Se establece en la Ley de Enjuiciamiento Civil que se deciirán por los trámites del Juicio Verbal, las demandas que pretendan la efectividad de los derechos reconocidos en el art. 160 CC.

 

Se establece en consecuencia que para que los abuelos reclamen un régimen de visitas, al margen de un procedimiento de familia, han de acudir al cauce establecido para el juicio verbal según lo dispuesto en el art. 250.1.13º LEC .

 

 

¿ES NECESARIO QUE LOS ABUELOS DEMANDEN A AMBOS PADRES, AUNQUE ALGUNO DE ELLOS NO SE OPONGA A QUE LOS HIJOS VEAN A LOS ABUELOS?

 

Los abuelos serán los que tengan que plantear una demanda y los demandados habrán de ser los dos padres.

 

La postura de hacer intervenir en el proceso a un hijo/ hija o yerno/nuera que no se opone en absoluto a que los hijos vean a los abuelos, es en buena medida contraria a la lógica, sin embargo será imprescindible para la correcta constitución de la relación procesal, sin perjuicio de un posterior allanamiento o citación como testigo en apoyo de las peticiones que el abuelo o abuela realiza.

 

 

¿EL REGIMEN DE VISITAS DE LOS ABUELOS ES INDEPENDIENTE DEL DE LOS PADRES?

 

Según ha establecido la Jurisprudencia, el régimen de visitas de los abuelos es independiente del de los padres y no puede tener el mismo contenido; es decir, no se está pensando en conceder la posibilidad al abuelo para que vea a sus nietos en el tiempo en el que un padre tiene concedida la posibilidad de estar con su hijo, sino que se trata de visitas autónomas

 

 

¿QUE SUCEDE EN CASO DE CONFLICTOS FAMILIARES ENTRE LOS PADRES Y LOS ABUELOS?

 

En el caso de conflictos familiares entre los progenitores y los abuelos que reclaman visitas, evidentemente siempre habrá e estarse al supuesto concreto. No obstante el criterio judicial tiende a establecer que las partes han de hacer lo posible por no trasladar a los menores los conflictos que pudieran existir entre ellos como adultos y que pudieran afectar la relación con los niños: “siendo necesario recordar a todos los adultos afectados en esta situación el deber que tiene de apartar de tal desencuentro personal a dichos menores, en razón del beneficio que supone para los mismos crecer en un ambiente de sosiego y equilibrio familiar y afectivo, que tanto los progenitores como los abuelos maternos deben propiciar en todo momento”.

 

Alegar conflictos familiares entre los progenitores y los abuelos, como única causa para que no se fije régimen de visitas a favor de los abuelos en general se interpreta por los Juzgados como argumentos que carecen de solidez, y parten de una postura negativa e inflexible que proyecta sobre los menores el deterioro de la relación entre sus padres y sus abuelos, al que los menores son ajenos. En definitiva es responsabilidad de padres y abuelos esforzarse por mantener una relación de cordialidad y acercamiento, propicia para el desarrollo de una adecuada afectividad en las menores.

 

No puede configurarse como justa causa la mala relación entre los padres y los abuelos porque, lógicamente, ésta suele ser la base de la situación que determina la intervención judicial.

 

 

¿ES POSIBLE IMPEDIR EL DERECHO DE LOS NIETOS AL CONTACTO CON LOS ABUELOS SOLO EN LA FALTA DE ENTENDIMIENTO DE ÉSTOS CON LOS PROGENITORES? PRIMA EL SUPERIOR INTERES DEL MENOR

 

Siempre habrá de estarse al supuesto concreto, pero como criterio general, no es posible tratar de impedir el derecho que los nietos tienen a contactar con sus abuelos, de forma exclusiva en la circunstancia de la falta de entendimiento entre tales abuelos y los padres de los menores afectados

 

Existen pronunciamientos judiciales, actualmente superados, o al menos sumamente matizados, en los que el distanciamiento y las malas relaciones que pudieran existir entre los progenitores y los abuelos han determinado la improcedencia de establecer un régimen de visitas a favor de los abuelos, si bien estas Sentencias tendían a establecer esa improcedencia tan solo en aquél instante, lo cual no impedía el poder volver a solicitar tal régimen en caso de que variaran las circunstancias posteriormente

 

La Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de mayo de 2.013, señala al respecto que la complejidad de las relaciones entre familiares, se evidencia precisamente en los asuntos referidos a las relaciones entre parientes más alejados que los progenitores, que pueden verse impedidos de una normal relación con sus descendientes o ascendientes. La Sala en su jurisprudencia ha tenido que manifestarse a favor de estas relaciones en la que se pone de relieve la necesidad de que se produzca este tipo de contactos partiendo de la regla de que no es posible impedir el derecho de los nietos al contacto con sus abuelos, únicamente por la falta de entendimiento de éstos con los progenitores. Rige en la materia un criterio de evidente flexibilidad en orden a que el Juez pueda emitir un juicio prudente y ponderado, en atención a las particularidades del caso, el cual deberá tener siempre como guía fundamental el interés superior del menor.

 

A este respecto, señala el Auto del Tribunal Supremo de 18 de febrero de 2.014 que “La falta de relación de los abuelos con su nieta no obedece, en forma alguna, a una inaptitud de los mismos para relacionarse con su nieta, sino que vino determinada por las malas relaciones entre el hijo y el padre, por lo que no se aprecia motivo alguno para que no pueda llevarse a cabo un régimen de visitas a favor de los abuelos (pues aunque el abuelo tiene enfermedades, son achaques propios de la edad, y lleva una vida normal, y la abuela, padece un episodio de tristeza, que en modo alguno la inhabilita para el cuidado de su nieta, y respecto de la enfermedad de la menor, ésta lleva una vida practicamente normal, y acude al colegio con mormalidad), determinando la Sala a quo que el contacto con la menor deberá de realizarse cuendo se reduzca la tensión entre los adultos, de una y otra parte, y en el contexto controlado de un Punto de Encuentro Familiar, que prepare las relaciones de los actores con su nieta 

 

En consecuencia, solo cabría denegar el régimen de visitas a favor de los abuelos, si se argumenta sobre cómo y porqué esas malas relaciones pueden influir negativamente sobre los nietos. Lo que no cabe es negar el régimen de visitas de forma puramente especulativa o mecanicista

 

 

¿SE PUEDE ESTABLECER REGIMEN DE VISITAS A FAVOR DE LOS ABUELOS, EN LOS CASOS EN QUE UNO DE LOS PADRES CUMPLE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD, Y EL OTRO PROGENITOR SE OPONE A QUE LOS MENORES MANTENGAN CONTACTO CON LOS ABUELOS DE QUIEN CUMPLE CONDENA?

 

A este respecto la reciente Sentencia de 31 de enero de 2.014 de la Sección 24ª de Madrid, confirma la dictada por el Juzgado de Instancia y fija régimen de visitas a favor de la abuela. La especialidad en este caso radica en que el padre se encontraba cumpliendo condena en Centro Penitenciario. En este sentido, expresamente se prohíbe a la abuela que acuda acompañada del menor al Centro Penitenciario en que se encuentra ingresado el padre del menor, advirtiéndola que en caso de incumplirse dicha prohibición, podría ser privada del derecho de visitas concedido. Señala la Audiencia queno había ninguna justa causa para impedir el contacto entre nieto y abuela, y la relación o enfrentamiento entre padre y madre son ajenos los abuelos a esta situación. Se carece de toda prueba que acredite que la abuela sea una mala influencia sobre el niño y que le hable mal y no es suficiente el hecho de que la abuela pueda facilitar la comunicación con el padre, que se encuentra en situación de prisión provisional, puesto que se ha fijado la prohibición de acudir la abuela del menor a prisión siendo ello pernicioso para el mismo. La comunicación con la abuela o su familia extensa solo pueden beneficiar al menor, y todas las cuestiones que se manifiestan de oposición a que se produzcan estas relaciones son solamente una cuestión puramente personal, pero que nada incide en lo que constituye el beneficio del menor y relación con su familia amplia a la que tiene derecho.

 

 

¿EN EL CASO DE VISITAS DE LOS ABUELOS, SIEMPRE SE ESTABLECE COMO CRITERIO GENERAL la existencia de periodos de PERNOCTA DE LOS MISMOS CON LOS ABUELOS?

 

Con respecto a esta cuestión se habrá de tener en cuenta el interés del menor y la potenciación de las relaciones familiares. Los abuelos ocupan una situación respecto de los nietos de carácter singular, sin que nada obste a la pernocta una vez atendidas las circunstancias de cada caso (STS 27-7-2.009). El Tribunal Supremo tiene establecido que nada obsta a la pernocta de un menor de siete años, pero impide al mismo tiempo la de un menor de 14 meses (STS 28-6-2.004).

 

En consecuencia, la práctica de los Tribunales parte de que no se impide la pernocta, pero tampoco se generaliza como mero automatismo, pues habrá que estar a las circunstancias del caso. La pernocta no puede acordarse con carácter general pero tampoco puede impedirse indiscriminadamente, puesto que ello dependerá del superior interés del menor.

 

 

¿QUE ES EL “INTERES DEL MENOR”?

 

Lo determinante para acordar régimen de visitas a favor de los abuelos será que la resolución judicial que las establezca se funde en el interés del menor que va a quedar afectado por la medida que se deba tomar. Por tanto lo que prima siempre es el interés del menor y no el de los progenitores, o el de los abuelos, subordinados ambos siempre al primero.

 

Legalmente, ni en el Código Civil, ni la Ley de protección Jurídica del Menor, definen ni determinan exactamente que deba entenderse por “interés del menor”

 

El interés del menor implica que la decisión que se adopte, debe asegurar el adecuado desarrollo evolutivo, estabilidad emocional y formación integral de los menores.

 

El interés del menor constituye una cuestión de orden público (SSTS de 11 febrero y 25 de abril de 2011 y 31 de enero de 2013). Se trata de procurar que los derechos fundamentales del niño resulten protegidos y que ello suceda de forma prioritaria y preferente a los de los demás implicados, debido a la falta de capacidad del menor para actuar defendiendo sus propios intereses.

 

Por otra parte, es resaltable que la doctrina legal anterior y posterior a la reforma introducida por Ley 42/2003, de 21 de noviembre, de modificación del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de relaciones familiares de los nietos con losabuelos, es constante en precisar que el interés superior del menor como principio inspirador de todo lo relacionado con él vincula al Juzgador, a todos los poderes públicos e incluso a los padres y familiares "...con reconocimiento pleno de la titularidad de derechos en los menores de edad y de una capacidad progresiva para ejercerlos, de manera que han de adoptarse aquellas medidas que sean más adecuadas a la edad del sujeto, para ir construyendo progresivamente el control acerca de su situación personal y proyección de futuro, evitando siempre que el menor pueda ser manipulado, buscando, por el contrario, su formación integral y su integración familiar y social, de manera que las medidas que los jueces pueden adoptar (...) se amplían a todo tipo de situaciones, incluso aunque excedan de las meramente paterno-filiales, con posibilidad de que las adopten al inicio, en el curso o después de cualquier procedimiento conforme las circunstancias cambien" (STS de 17 de septiembre de 1996), y reiterada doctrina del Tribunal Supremo en punto al derecho de losabuelosa relacionarse con sus nietos (SSTS de 7 de abril de 1994, 11 de junio de 1996, 17 de septiembre de 1996 y 11 de junio de 1998) mantiene que este tipo de relaciones que insertan beneficiosamente al menor en su entorno familiar completo, resultan más necesarias cuando de los ascendientes se trata, por su privilegiado grado de parentesco, dado que la personalidad se forja también entre las contradicciones que emanan a veces de los planteamientos y opiniones de los parientes, siempre que revistan un carácter de normalidad, o sea, no respondan a patologías o ejemplos corruptores (STS de 23 de noviembre de 1999), indicando las SSTS de 20 de septiembre de 2002 y 11 de noviembre de 2005, por el carácter siempre enriquecedor de las relaciones entreabuelosy nietos, no pueden ni deben limitarse a los pertenecientes a una sola línea, pues, como recuerda la STS de 27 de julio de 2009, losabuelosocupan una situación respecto de los nietos de carácter singular, y rige en la materia un criterio de evidente flexibilidad en orden a que el Juez pueda emitir un juicio prudente y ponderado, en atención a las particularidades del caso, el cual deberá tener siempre como guía fundamental el interés superior del menor.

 

 

 

 

DELITO DE VIOLENCIA DE GÉNERO. ENTRE ACUSADO Y PERJUDICADA NO EXISTÍAN MÁS QUE MERAS RELACIONES SEXUALES ESPORÁDICAS, SIN QUE EXISTIERA NINGUNA VOCACIÓN DE ESTABILIDAD DE LA RELACIÓN, POR LO QUE LOS HECHOS SE CALIFICAN COMO SENDAS FALTAS DE LESIONES DEL ARTÍCULO 617.1 DEL CP. ES UNA CUESTIÓN DE HECHO, SUJETA A LA NECESARIA ACREDITACIÓN DENTRO DEL PROCESO PENAL, LA DE DETERMINAR EN QUÉ SUPUESTOS LA RELACIÓN PUEDE OBTENER LA CALIFICACIÓN DE “RELACION ANALOGA A LA CONYUGAL”, QUE PERMITA ADVERTIR ESE PLUS QUE ACREDITA LA SERIEDAD, ESTABILIDAD Y VOCACIÓN DE PERMANENCIA DE LA RELACIÓN.

 

 


Se tramita procedimiento penal por la comisión de dos presuntos delitos de violencia de género en los que tanto el Ministerio Fiscal como la Acusación Particular califican los hechos como constitutivos de dos delitos de maltrato del artículo 153.1 del CP, por los que solicitan, por cada uno de ellos la pena de 1 año de prisión, privación del derecho a la tenencia y porte de armas por 3 años, prohibición de aproximación y comunicación con la perjudicada por plazo también de 3 años, accesorias y costas.

 

 

La peculiaridad del tema radica en que el acusado, negó desde el inicio de la tramitación del procedimiento el que mantuviera con la víctima relación análoga a la matrimonial, o relación estable de noviazgo. Por el mismo se mantiene que la relación con la víctima es solo de amistad, si bien de forma esporádica mantienen relaciones sexuales, negando en consecuencia que mantengan relación sentimental de tipo alguno.

 

 

El Juzgado llega a la conclusión de considerar probados los hechos objeto de imputación, consistentes en dos agresiones acaecidas en dos días consecutivos, si bien entiende que los hechos no resultan incardinables en el artículo 153.1 del CP.

 

 

Se señala que no ha quedado acreditado que entre el acusado y la perjudicada existiera una relación sentimental.

 

 

El artículo 153 del CP protege aquellas situaciones fácticas en las que existe una especial vinculación de pareja, de fidelidad, de unidad, y de futuro, situaciones tutelables por existir esa especial relación que trasciende lo personal, pasando por lo familiar y llegando al ámbito social, en el que la sociedad, en general, entiende que la relación creada por el noviazgo trasciende a los lazos de la amistad, del afecto, de la confianza, para crear un vínculo de complicidad estable, duradero, y con vocación de futuro, mucho más estrecho e intimo, del que se generan obligaciones y derechos (incluso morales), para los interesados, reconocidas y respetadas por los integrantes del ámbito social en el que se mueven.

 

 

No toda relación afectiva puede ser calificada como análoga a la conyugal, advirtiéndose coincidencia en los pronunciamientos judiciales al entender que determinadas relaciones de noviazgo, sin que medie convivencia entre los novios, deben quedar amparadas en el ámbito de protección penal y procesal de la violencia de género.

 

 

Pero es una cuestión de hecho, sujeta a la necesaria acreditación dentro del proceso penal, la de determinar en qué supuestos la relación puede obtener tal calificación, por su intensidad, grado de compromiso, estabilidad, duración, hijos comunes, o, incluso, la existencia de determinadas obligaciones de carácter pecuniario (por ejemplo, la adquisición conjunta de una vivienda), que permitan advertir ese plus que acredita la seriedad, estabilidad y vocación de permanencia de la relación.

 

 

Se concluye que entre acusado y perjudicada no existían más que meras relaciones sexuales esporádicas, sin que existiera ninguna vocación de estabilidad de la relación, por lo que los hechos se califican como sendas faltas de lesiones del artículo 617.1 del CP, por las que finalmente se condena al acusado.

 

 

Adjuntamos al presente comentario copia de la Sentencia del Juzgado de lo Penal, señalando que a la fecha presente la misma no es firme.

 


Sentencia Juzgado de lo Penal: las meras relaciones sexuales esporádicas no presuponen la existencia de una relación sentimental estable análoya a la conyugal

 

 Si no se visualiza el Documento, pulsar aqui.


 

 

 

Atribucióm del Uso y Disfrute de la Vivienda Familiar. No puede limitarse el derecho de uso al tiempo durante el cual los progenitores ostente la titularidad sobre dicho bien. La norma no permite establecer ninguna limitación a la atribución del uso de la vivienda a los menores mientras sigan siéndolo.

 

El presente supuesto parte de los siguientes antecedentes: En un procedimiento de divorcio se dicta Sentencia en primera instancia que atribuye el derecho de uso de la vivienda familiar a favor de la hija menor y de la madre, como máximo hasta la mayoría de edad de la hija común.

 

Tramitado recurso de Apelación, interpuesto por el padre, la Audiencia Provincial estima parcialmente el mismo en el sentido de establecer que el derecho de uso y disfrute de la vivienda será hasta el momento en que se produzca la liquidación de la sociedad de gananciales.

 

Por la esposa se interpone Recurso de Casación por infracción de los artículos 90, 91, 96, 142 y 154 CC, y por oposición de la Sentencia a doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo. El Ministerio Fiscal interesa la estimación del recurso.

 

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo en Sentencia de 3 de abril de 2.014, (Ponente Sr. Seijas Quintana), resuelve la cuestión, y así el motivo se estima.

 

Se indica que, sin duda, el interés prevalente del menor, no pasa necesariamente por la liberalización de la medida de uso, ya que tal argumento es simplemente especulativo, y tendrá su razón de ser en algunos casos, pero no en todos.

 

Se recuerda que el artículo 96 del CC establece que en defecto de acuerdo, el uso de la vivienda familiar corresponde a los hijos y al cónyuge en cuya compañía queden, y esta es una regla taxativa, que no permite interpretaciones temporales limitadoras ya que incluso el pacto de los progenitores deberá ser examinado por el Juez, para evitar que se pueda producir ese perjuicio. La atribución del uso de la vivienda familiar, es una forma de protección que se aplica con independencia del régimen de bienes del matrimonio o de la forma de titularidad acordada entre quienes son sus propietarios, por lo que no puede limitarse el derecho de uso al tiempo durante el cual los progenitores ostenten la titularidad sobre dicho bien. En consecuencia se concluye que la interpretación que se efectúa en la Sentencia de la Audiencia, se opone a lo establecido en el artículo 96.1 CC.

 

La norma no permite establecer ninguna limitación a la atribución del uso de la vivienda a los menores mientras sigan siéndolo, porque el interés que se protege en ella no es la propiedad de los bienes, sino los derechos que tiene el menor en una situación de crisis de pareja, salvo pacto de los progenitores, que deberá a su vez ser controlado por el Juez. Permitir la atribución por tiempo limitado de la vivienda habitual, implicaría la vulneración de los derechos de los hijos menores.

 

En consecuencia se declara haber lugar al recurso de casación formalizado contra la sentencia de la Audiencia, que se casa y anula, reponiendo la Sentencia del Juzgado de Instancia en el sentido de atribuir el uso del domicilio familiar a la menor y a la esposa, sin otra limitación temporal que la mayoría de edad de la hija, y se reitera como doctrina jurisprudencial que “la atribución del uso de la vivienda familiar a los hijos menores de edad es una manifestación del principio del interés del menor, que no puede ser limitada por el juez, salvo lo establecido en el artículo 96 CC”. 


Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 3 de abril de 2014 por la que se impide poner límite temporal al uso de la vivienda familiar mientras qeu los hijos sean menores  

 

 Si no se visualiza el Documento, pulsar aqui.


 

 

abogados-casa-inmobiliario-desahucios

DELITO DE VIOLENCIA PSIQUICA HABITUAL. INDEMNIZACION DE DAÑOS MORALES POR “PERDIDA DEL BIENESTAR MÍNIMO PARA DISFRUTAR DE UNA VIDA SATISFACTORIA”. DAÑO DE SEGUNDO GRADO (SENTENCIA JUZGADO DE LO PENAL Nº 3 DE CARTAGENA DE 27 DE FEBRERO DE 2.014)

 

Se tramita procedimiento penal por la comisión de presuntos delitos tanto de violencia psíquica habitual como de violencia de género.

 

Por el Juzgado de lo Penal, en elaborada y profusamente argumentada Sentencia, se declara probado que el acusado, desde el comienzo de la relación venía sometiendo a su mujer, en el domicilio común, a reiterados episodios de insultos, menosprecios y amenazas, hasta generar una situación de dominación y sumisión de aquella. Las expresiones despectivas se repetían en el domicilio familiar durante años y en presencia de los hijos, siendo acompañadas en ocasiones por actos determinados de violencia física. Se declara expresamente probado que como consecuencia de estos hechos, la perjudicada ha estado privada del bienestar mínimo imprescindible, habiendo sufrido un miedo continuado durante años, y estando sometida a constante presión que la bloqueaba como mujer.        

Señala el Juzgado, después de calificar el testimonio del acusado como inverosímil, infundado y relativamente insultante hacia su mujer, que valorando la prueba practicada se alcanza la convicción de que el acusado, motivado por un comportamiento altamente egoísta, egocéntrico y narcisista, ha venido sometiendo a su mujer a una situación de dominación, control y terror de considerables dimensiones, tanto en el aspecto psicológico como en el físico, por lo que entiende que los hechos son constitutivos de un delito de violencia psíquica habitual del artículo 173.2 del CP. Cita la Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de enero de 2011, según la cual "lajurisprudencia, ha venido señalando que la integridad moral se identificacon las nociones de dignidad e inviolabilidad de la persona y que, exigiendo el tipo que el autorinfrinja a otro un trato degradante, por éste habrá de entenderse, , aquel que pueda crear en las víctimas sentimientos de terror, de angustia y de inferioridadsusceptibles de humillarles, de envilecerles y de quebrantar, en su caso su resistencia física o moral.Como elementos de este delito se han señalado a) un acto de claro e inequívoco contenido vejatorio para el sujeto pasivodel delito; b) un padecimiento, físico o psíquico, en dicho sujeto; y, c) un comportamiento que seadegradante o humillante e incida en el concepto de dignidad de la persona afectada por el delito”.

 

El artículo 173.2 del CP se consuma cuando la actuación se manifiesta de manera habitual y determina una convivencia insoportable para la víctima, la cual ha vivido en una situación de miedo, depresión y ansiedad, temiendo incluso por su vida, todo lo cual implica un claro desconocimiento, por parte del acusado, de la dignidad personal de la mujer.

 

 César Sánchez Sánchez

Abogado Multidisciplinar en Madrid

Abogado desde 1993

Experto en Derecho Civil y Penal

649.260.997


custodia-compartida-abogado 

Información sobre Custodia Compartida >>>

 902 55 96 22  


Consulta Legal

Consulta Legal Gratuita

Derivado de ello se condena al acusado como autor de un delito del artículo 173.2 del CP, a la pena de 2 años de prisión, y otro del 153.1 y 3 del CP a la pena de 70 días de trabajos en beneficio de la comunidad. Se impone asimismo por cada uno de los delitos la pena de alejamiento y prohibición de comunicación por tiempo de 5 años en cada caso.

 

En cuanto a la responsabilidad civil, se parte de que en el presente supuesto se trata de fijar una indemnización por daños morales. Señala el Juzgado que no cabe ocultar las intrínsecas dificultades que concurren en tal labor, sobre todo a la hora de precisar las razones por las que se determina un montante indemnizatorio por daño moral, pues la identificación del mismo no se encuentra sometido a normas preestablecidas.

 

Es evidente que el daño moral, en algunos delitos, adquiere una cierta relevancia descriptiva autoevidente. No puede negarse que de la misma narración de la acción típica cabe estimar suficientemente acreditado que la persona que la sufre se ha visto afectada en sus sentimientos de dignidad, libertad y autoestima que resultan intereses de máxima relevancia constitucional cuya lesión puede y debe ser resarcida. Por ello, el hecho probado debe contener referencias precisas a las circunstancias personales de la víctima -a su edad, al grado emocional de alteración, a las consecuencias que sobre su vida privada y familiar se han derivado de los hechos justiciables, en particular sobre sus niveles de autonomía o de tranquilidad-. El miedo, la repugnancia, el dolor, la angustia, el sentimiento de cosificación que ocasiona a la víctima la producción del delito, sobre todo cuando éste afecta a los planos más íntimos, a los bienes jurídicos de naturaleza más personal, son también objetivos de la narración judicial, tanto la que debe ocupar un espacio en el relato de hechos probados como la que sirve como discurso de justificación de las consecuencias normativas. Y ello, en esencia, porque es lo que permitirá mesurar la racionalidad de aquéllas, tanto las penales como, también, las resarcitorias.

 

Se señala que es cierto, no obstante, que dicho juicio no puede confeccionarse atendiendo, en exclusiva, a las preferencias personales de la víctima individual para una vida significativa. De ahí, que tanto en la doctrina norteamericana como alemana se hayan realizado esfuerzos en orden a categorizar los recursos que influyen en la calidad de la vida para lo cual resulta imprescindible realizar juicios normativos acerca de qué valores, intereses y bienes son significativos.

 

Así, se identifican cuatro niveles de calidad de vida: mera subsistencia, bienestar mínimo, bienestar adecuado y, finalmente, bienestar intensificado. Dicha clasificación sirve para graduar los diferentes impactos sobre la calidad de vida que se derivan del daño producido por el delito.

 

El daño a la condición de mera subsistencia será el daño más grave (daño de primer grado); el delito que supone la pérdida de capacidades para un bienestar mínimo sería un daño de segundo grado; el delito que arrastra consecuencias para el adecuado bienestar constituye un daño intermedio (daño de tercer grado); el daño bajo-intermedio sería el resultado de la conducta que afecte al bienestar intensificado (daño de cuarto grado).

 

Indica el Juzgado que en el caso que nos ocupa, debemos partir, por un lado, del elemento cuantitativo y temporal de la conducta de violencia continuada que se ha prolongado, durante muchos años. Por otro, de las consecuencias sobre la víctima. Es cierto que no se han identificado resultados graves de lesión psicopatológica pero sí que la denunciante se ha visto profundamente cosificada, angustiada, entristecida, privada de espacios de autonomía personal básicos para el desarrollo de una vida digna en libertad y que a consecuencia de la conducta del acusado se ha visto obligada a pedir alimentos sin poder pagarlos así como a tolerar que sus hijos presenciaran su sufrimiento. Además, ha sufrido un marco post delictual de acoso difuso por parte del acusado -quien se ha personado en varias ocasiones en su lugar de trabajo-. Sin poder obviar, tampoco, los marcadores de profunda vulnerabilidad personal y social en la que se encontraba la víctima, sin estudios secundarios y con una edad madura que enmarcan, en buena medida, la propia conducta desarrollada, objeto de enjuiciamiento.

 

Es por todo ello que se estima adecuado, visto el amplio espectro cuantitativo que ofrece la Jurisprudencia al respecto así como las concretas circunstancias concurrentes en ambos implicados, considerar a la víctima en un daño de segundo grado, al perder el bienestar mínimo para disfrutar de una vida satisfactoria.

 

Ello se traduce en el derecho a percibir una indemnización de 10.000 euros por daños morales.

 

La Sentencia no es firme. 


 

Información sobre Custodia Compartida >>>>>>>>>>>>>>>>

                      

 

 

DOCTRINA JURISPRUDENCIAL DEL TRIBUNAL SUPREMO. EL HECHO DE RECIBIR UNA HERENCIA ES UNA CIRCUNSTANCIA SUSCEPTIBLE DE INCIDIR FAVORABLEMENTE EN LA SITUACIÓN ECONÓMICA DEL BENEFICIARIO O ACREEDOR DE LA PENSIÓN COMPENSATORIA, Y COMO TAL DETERMINANTE DE SU MODIFICACIÓN O EXTINCIÓN.

 

El presente supuesto parte de los siguientes antecedentes: esposo que insta procedimiento de modificación de medidas solicitando la reducción de pensión compensatoria establecida en un previo procedimiento de divorcio. El Juzgado de 1ª Instancia desestima la demanda. El marido interpone recurso de apelación y la Audiencia Provincial confirma la sentencia de instancia.

 

La cuestión de fondo que plantea el presente caso deriva de discutirse en procedimiento de modificación de medidas la influencia que haya podido tener la herencia recibida por la esposa al fallecimiento de su madre, y si la percepción de la misma implica entender superado el desequilibrio económico que determinó la pensión compensatoria establecida con cargo al marido.

 

La demanda se desestima al considerarse que no ha existido un cambio sustancial de las circunstancias, y faltan por saber los detalles de la herencia recibida, de cuantos herederos o legitimarios se trata, si se aceptó o no a beneficio de inventario, si hay más deudas y obligaciones que derechos. En definitiva falta la certeza de qué enriquecimiento efectivo habría recibido la esposa.

 

El demandante interpone Recurso Extraordinario por Infracción Procesal, alegando infracción de las normas que rigen la carga de la prueba, y Recurso de Casación por infracción del artículo 101 CC.

 

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo en Sentencia de 17 de marzo de 2.014, (Ponente Sr. Seijas Quintana), resuelve la cuestión, y así el motivo se estima.

 

Establece el Supremo, estimando el Recurso Extraordinario por Infracción Procesal, que la demanda de modificación de medidas se basa en la existencia de una herencia recibida por la esposa, por lo que la carga de la prueba concerniente a la parte actora para hacer efectivo su derecho era acreditar la existencia de esta herencia adquirida por su esposa, (lo que no se niega por esta), mientras que la prueba de los pormenores y detalles de la herencia, obstativos al éxito de la acción entablada, correspondía a la demandada al tratarse de hechos que impedirían la eficacia jurídica de los hechos constitutivos de la acción, de tal forma que la falta de prueba (o insuficiencia de prueba) acerca de un hecho necesitado de ella, como son los extremos relativos a esta herencia, no cabe que opere en perjuicio de aquel a quien no incumbía la probanza, según el artículo 217 LEC, conforme, además, a la mejor posición probatoria que en este orden ocupa la demandada, en base a los principios de disponibilidad y facilidad probatoria que establece la norma.

 

 

 César Sánchez Sánchez

Abogado Multidisciplinar en Madrid

Abogado desde 1993

Experto en Derecho Civil y Penal

649.260.997


custodia-compartida-abogado 

Información sobre Custodia Compartida >>>

 902 55 96 22  


Consulta Legal

Consulta Legal Gratuita

En cuanto al Recurso de Casación establece la Sentencia que la Sala ya ha tenido ocasión de pronunciarse (STS de 3 de octubre de 2.011) sobre la posible incidencia de la herencia recibida por el cónyuge perceptor de la pensión, en orden a apreciar la concurrencia de la alteración sustancial a que se refiere el artículo 100 CC o, la desaparición del desequilibrio determinante del reconocimiento del derecho a pensión, a que se refiere como causa de extinción de la misma el artículo 101 CC. Se dijo que "En teoría, es razonable valorar el hecho de recibir una herencia como una circunstancia no previsible y, por ende, que no procedía tomar en cuenta cuando se fijó la pensión compensatoria. Entendida pues como una circunstancia sobrevenida, de imposible o difícil valoración a priori, susceptible de incidir favorablemente en la situación económica del beneficiario o acreedor de la pensión, la percepción de la herencia tendría cabida en el concepto de alteración sustancial de aquellas iniciales circunstancias, que es el presupuesto contemplado en el artículo 100 CC para que pueda estimarse la pretensión de modificar la cuantía de la pensión reconocida. Sin embargo, que en la práctica tal alteración tenga efectivamente lugar con ese carácter de sustancial o esencial a consecuencia de la herencia aceptada es algo que no puede afirmarse sino tras examinar las circunstancias del caso concreto, y en particular, después de valorar su entidad en el plano económico, la disponibilidad que al acreedor corresponde sobre los bienes que la integran, y, en suma, la posibilidad efectiva de rentabilizarlos económicamente (pues sin esta entabilización, la mera aceptación de la herencia no se va a traducir en una mejora de la situación económica)".

 

Se establece que la herencia si puede tenerse en cuenta a la hora de juzgar sobre la existencia o inexistencia de desequilibrio actual, puesto que conforme a los hechos probados se evidencia la superación de tal desequilibrio.

 

Desaparecido el equilibrio, desaparece también la razón de ser de la pensión. Se sienta como doctrina jurisprudencial en la interpretación de los artículos 100 y 101 del CC, que el hecho de recibir una herencia es una circunstancia en principio no previsible, sino sobrevenida, susceptible de incidir favorablemente en la situación económica del beneficiario o acreedor de la pensión, y como tal determinante de su modificación o extinción.

 

En consecuencia se declara haber lugar a los recursos formulados contra la sentencia de la Audiencia, que se casa y anula en lo que se refiere a la pensión compensatoria que percibe la demandada, estableciendo la anteriormente citada doctrina jurisprudencial.


Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, de 17 de marzo de 2014 por la que se fija nueva doctrina sobre la incidencia en la Pensión compensatoria que puede implicar la percepción de una herencia.

 

 Descargar Sentencia en PDF


 

 


 

Información sobre Custodia Compartida >>>>>>>>>>>>>>>>

                      

 

JURISPRUDENCIA RECIENTE DE LAS AUDIENCIAS PROVINCIALES QUE APLICAN LA DOCTRINA DEL TRIBUNAL SUPREMO Y OTORGAN LA GUARDA Y CUSTODIA COMPARTIDA

 


Audiencia Provincial de Zaragoza, Sec. 2ª, Sentencia de 14-1-2014, (Pte: Sr. Arqué Bescós).


Supuesto: Juzgado de 1ª Instancia decreta el divorcio y acuerda la custodia compartida de la hija menor de edad, por semanas alternas. La madre presenta recurso de apelación. La Audiencia confirma la Sentencia.


Señala la Audiencia que la custodia compartida por parte de ambos progenitores es el régimen preferente y predeterminado por el legislador, en busca de ese interés del menor, en orden al pleno desarrollo de su personalidad, de modo que se aplicará esta forma de custodia siempre que el padre y la madre estén capacitados para el ejercicio de las facultades necesarias a tal fin.


Del informe psicológico procede indicarse que, las referencias de la menor denotan que ambos progenitores cubren sus necesidades afectivas y sociales. No se detectan signos de desajuste psicológico ni alteraciones emocionales. La menor se encuentra adaptada a sus circunstancias familiares. Mantiene un estrecho vínculo con dada uno de sus padres, como principales figuras de apego y encargados de sus atenciones. Conserva una imagen positiva de sus progenitores y la interacción con ellos le resulta gratificante, sin apreciarse vivencias de situaciones negativas asociadas a ninguna figura parental. Igualmente, se relaciona de forma adecuada con las personas de ambos entornos, tanto del materno como del paterno. En ninguno de los progenitores se ha detectado indicios de desajuste emocional que pudiera condicionar la capacidad de proporcionar a su hija las atenciones adecuadas para su desarrollo. Hasta el momento, la conflictividad entre los padres no ha afectado a la relación que la menor mantiene con cada uno de ellos ni ha tenido repercusiones significativas en su estado anímico, mostrando una vinculación adecuada con ambos y poniéndose de manifiesto su buena capacidad adaptativa. La situación familiar ha logrado estabilizarse a lo largo de los últimos meses, cumpliéndose el sistema judicial sin dificultades. En la actualidad ambos progenitores se encuentran bien implicados y centrados en el cuidado y atención de su hija. Finalmente recomienda que permanezca con cada uno de sus progenitores en semanas alternas, de viernes a viernes, realizándose el cambio de custodia a la salida del colegio. Asimismo se aconseja que se relacione con el progenitor con quien no conviva una tarde entre semana desde la salida del colegio hasta el día siguiente a la entrada del mismo. Mitad de las vacaciones escolares.

 

Del informe social conviene destacar, que la menor se encuentra bien adaptada a ambos entornos, y tiene adecuadamente satisfecha sus necesidades. Está adaptada a su entorno escolar y se relaciona de forma satisfactoria entre sus iguales. Ambos progenitores tienen en la actualidad un nivel de ingresos similar, además de vivir en viviendas compartidas y contar cada uno de ellos con su respectiva red de apoyo. Asimismo tanto el Sr. XXXX como la Sra. XXXX han estado llevando a cabo una guarda y custodia de forma compartida, que se ha ido cumpliendo con regularidad. Se considera que la menor está bien atendida por ambos progenitores y que se encuentra bien adaptada a ambos entornos. Finalmente recomienda que, teniendo en cuenta que la menor tiene vínculos afectivos con ambos progenitores y con el fin de favorecer la relación de la niña con sus padres, sería conveniente una guarda y custodia compartida como lo están llevando actualmente por semanas alternas. Asimismo, se puede relacionar una tarde entre semana con pernocta con el progenitor no custodio en ese momento.


El recurrente viene a aludir en su recurso únicamente a la fuerte conflictividad existente entre las partes, no obstante, no toda conflictividad puede ser causa de exclusión de la custodia compartida , es cierto que es necesario un cierto grado de entendimiento o consenso entre los progenitores para poder realizar de manera adecuada la corresponsabilidad parental después de un ruptura, más también lo es que toda crisis matrimonial o de pareja lleva consigo una cierta falta de entendimiento y desencuentro, debiendo en todo caso cuando menos exigirse un cierto grado de conflictividad y hostilidad para que pueda dejarse sin efecto los beneficios que para el menor puede conllevar en su caso la implantación de la guarda y custodia compartida , como recomienda el informe psico-social, por lo expuesto procede mantener la guarda y custodia compartida , tal como fija la Sentencia apelada.

 

 César Sánchez Sánchez

Abogado Multidisciplinar en Madrid

Abogado desde 1993

Experto en Derecho Civil y Penal

649.260.997


custodia-compartida-abogado 

Información sobre Custodia Compartida >>>

 902 55 96 22  


Consulta Legal

Consulta Legal Gratuita

 

 

Audiencia Provincial de Cádiz, Sec. 5ª, Sentencia de 30-12-2013, (Pte: Sr. Ercilla Labarta)


Supuesto: Juzgado de 1ª Instancia decreta el divorcio y acuerda la custodia compartida de la hija menor de edad, por semanas alternas. La madre presenta recurso de apelación. La Audiencia confirma la Sentencia.


Señala la Audiencia que se plantea esencialmente en esta apelación la cuestión relativa a la custodia compartida señalada como sistema de aguarda y custodia en la sentencia recurrida. El artículo 92 CC establece dos posibilidades para que pueda acordarse la guarda y custodia compartida : la primera cuando se de la petición conjunta por ambos progenitores y la segunda (art 92,8 Código Civil), que permite excepcionalmente y aun cuando no se den los supuestos del apartado cinco, acordar este tipo de guarda a instancia de una de las partes.


Tras una serie de vacilaciones iniciales en orden a la interpretación de dicho precepto, en el cual ya se ha prescindido del concepto de excepcionalidad sustituyéndolo por el de normalidad, así como la declaración de inconstitucionalidad relativa al informe favorable del Ministerio Fiscal (STC 17-10-2012) para poder acordar dicho sistema de guarda y custodia compartida , en la actualidad, el sistema puede sintetizarse en distintos pronunciamientos jurisprudenciales, así la STS Sala 1ª de 10 diciembre 2012 se indica que "La guarda y custodia compartida , como reitera la jurisprudencia de esta Sala, se concibe. como una forma de protección del interés de los menores cuando sus progenitores no conviven, no como un sistema de premio o castigo al cónyuge por su actitud en el ejercicio de la guarda (SSTS 496/2011, de 7 julio; 84/2011, de 21 febrero y 94/2010, de 11 marzo)", jurisprudencia que ha venido a plasmarse en la STS Sala 1ª de 29 abril 2013, que fija la doctrina jurisprudencial aplicable, la cual indica que "la potestad conjunta, resulta sin duda la mejor solución para el menor por cuanto le permite seguir relacionándose del modo más razonable con cada uno de sus progenitores, siempre que ello no sea perjudicial para el hijo, desde la idea de que no se trata de una medida excepcional, sino que al contrario, debe considerarse la más normal, porque permite que sea efectivo el derecho que los hijos tienen a mantener dicha relación.",


En el presente supuesto la situación de los padres en relación a la hija menor es de las mas idóneas para determinar este sistema, lo cual viene avalado por el informe del equipo psicosocial, quienes consideran como ideal para el desarrollo psicológico y afectivo de la menor la asunción y establecimiento del sistema de guarda y custodia compartida.


Audiencia Provincial de Barcelona, Sec. 12ª, Sentencia de 19-12-2013, (Pte: Sra. Sambola Cabrer)

Supuesto: Juzgado de 1ª Instancia dicta Sentencia de Modificación de Medidas de Divorcio, y acuerda la custodia compartida de los hijos menores de edad. La madre presenta recurso de apelación. La Audiencia confirma la Sentencia.


La Audiencia señala que el pronunciamiento se basa fundamentalmente en tres motivos: 1º.- El interés del menor, 2º.- La voluntad de los hijos y 3º.- La proximidad de los domicilios y la disponibilidad y habilidades parentales del padre.
Si bien no existe informe técnico al respecto, el tribunal estima que en este caso la emisión de un informe técnico sobre la concreta situación personal y familiar de los menores, y en cualquier caso no vinculantes para el juzgador, resultaba innecesario para resolver sobre el sistema de guarda.


En cuanto a la ubicación geográfica de los núcleos de convivencia paterno y materno, los domicilios de ambos progenitores están muy próximos entre sí. Sus viviendas se encuentran en la misma urbanización. Esta proximidad facilita el traslado y la logística de los hijos para procurar el cambio de guarda.


Como expresa la sentencia apelada los horarios laborales del Sr. XXXX le permiten contar con disponibilidad de tiempo para poder atender de forma razonablemente adecuada a los hijos comunes.


Audiencia Provincial de La Coruña, Sec. 5ª, Sentencia de 17-12-2013, (Pte: Sr. Tasende Calvo)

Supuesto: Juzgado de 1ª Instancia decreta el divorcio y acuerda la custodia exclusiva del hijo menor de edad a favor de la madre. El padre presenta recurso de apelación. La Audiencia revoca la Sentencia y acuerda la custodia compartida, por semanas alternas


Establece la Audiencia que en el presente caso y para una adecuada solución del conflicto planteado, debemos acudir, como prueba relevante, imparcial y cualificada, del informe psicosocial elaborado y ratificado en la vista del juicio, cuyo rigor, autoridad y profesionalidad no pueden ser puestos en duda arbitrariamente, con base en apreciaciones subjetivas e interesadas, carentes de fundamento objetivo, máxime cuando no se ha aportado ningún otro dictamen técnico o pericial que contradiga o desvirtúe sus conclusiones. Este informe acredita la idoneidad de los progenitores litigantes para el ejercicio de la patria potestad, teniendo ambos aptitud o capacidad para ocuparse de forma responsable del cuidado y educación de su hijo menor, sin que ninguno de ellos tenga problemas que puedan afectar negativamente al normal desempeño de la custodia y poner en peligro la persona o el desarrollo integral del menor, el cual mantiene un vínculo afectivo intenso con ambos padres, que es favorecido por la buena disposición actitud de éstos, por lo que la situación personal de los progenitores es similar o muy parecida ante la cuestión debatida, mientras que las dificultades que pudieran existir para estar en compañía de su hijo de forma prolongada durante la jornada laboral, que recíprocamente se achacan las partes, tienen su causa en circunstancias ordinarias y comunes a otras familias, como son las derivadas de la sujeción a determinados horarios por razones de trabajo que hacen complicado conciliar la vida laboral y la familiar, por lo que no debe ser un criterio relevante para determinar el régimen de custodia, aunque en este caso el informe destaca la relativa flexibilidad y posibilidad de adaptación de dichos horarios que ambos tienen para atender al menor de forma bastante personal.


El hecho de que se haya producido un mayor distanciamiento entre las partes a consecuencia de la relación sentimental y de convivencia en el hogar familiar que la actora mantiene con un tercero, situación que la misma resolución apelada considera ajena a este proceso en tanto no perjudique al menor, no debe constituir un obstáculo para la guarda conjunta, desde el momento en que, como constata el informe psicosocial, existe una coincidencia mayoritaria entre los padres en cuanto a valores, formas y estilos de crianza y educación del hijo común, sin que haya diferencias de criterio en lo fundamental, salvo las que han surgido por las posiciones enfrentadas que mantienen en el proceso y que son habituales en este tipo de contiendas.


Por todas estas consideraciones y de acuerdo con el dictamen psicosocial examinado, estimamos que, en la situación actual del menor y tras un prolongado período de custodia materna, más que suficiente para fomentar un mayor acercamiento entre la actora y su hijo aconsejado inicialmente, la custodia compartida es el régimen adecuado y más beneficioso para el interés del menor y para hacer efectivo su derecho a relacionarse con ambos progenitores en condiciones de igualdad.


Audiencia Provincial de Zaragoza, Sec. 2ª, Sentencia de 17-12-2013, (Pte: Sr. Gil Nogueiras)

Supuesto: Juzgado de 1ª Instancia en procedimiento de guarda y custodia de pareja de hecho acuerda la custodia compartida del hijo menor de edad, por semanas alternas. La madre presenta recurso de apelación. La Audiencia confirma la Sentencia.


Señala la Audiencia que cuestionándose el régimen de custodia compartida atribuida a ambos progenitores para el ejercicio de la patria potestad en los términos marcados por el artículo 92.5 del Código Civil, hay que atender a los correctos razonamientos que emplea la resolución de instancia, que por tanto debe confirmarse y que encuentran acomodo en la reciente resolución del TS de 19 de julio de 2013 que con base en la seminal sentencia de 29 de abril de 2013 declara como doctrina jurisprudencial la siguiente: "la interpretación de los artículos 92, 5, 6 y 7 CC debe estar fundada en el interés de los menores que van a quedar afectados por la medida que se deba tomar, que se acordará cuando concurran criterios tales como la práctica anterior de los progenitores en sus relaciones con el menor y sus aptitudes personales; los deseos manifestados por los menores competentes; el número de hijos; el cumplimiento por parte de los progenitores de sus deberes en relación con los hijos y el respeto mutuo en sus relaciones personales; el resultado de los informes exigidos legalmente, y, en definitiva, cualquier otro que permita a los menores una vida adecuada, aunque en la práctica pueda ser más compleja que la que se lleva a cabo cuando los progenitores conviven. Señalando que la redacción del artículo 92 no permite concluir que se trate de una medida excepcional, sino que al contrario, habrá de considerarse normal e incluso deseable, porque permite que sea efectivo el derecho que los hijos tienen a relacionarse con ambos progenitores, aun en situaciones de crisis, siempre que ello sea posible y en tanto en cuanto lo sea".


Con base por tanto en esta doctrina Jurisprudencial no puede sino confirmarse la resolución impugnada cuando ésta ha tenido en cuenta la prueba practicada, que ha resultado favorable a la medida ahora impugnada, cual es el informe favorable del Gabinete psicosocial afecto a los Juzgados según el cual es esta la alternativa (la custodia compartida ) que puede proporcionar al menor una mayor estabilidad y permitir todas las necesidades evolutivas del menor, estando ambos progenitores capacitados para afrontar el cuidado, cubrir sus necesidades afectivas y el desarrollo psicológico del menor.

Audiencia Provincial de Baleares, Sec. 4ª, Sentencia de 13-12-2013, (Pte: Sra. Fernández Alonso, Mª Pilar)


Supuesto: Juzgado de 1ª Instancia decreta el divorcio y acuerda la custodia exclusiva de los tres hijos menores de edad a favor de la madre. El padre presenta recurso de apelación. La Audiencia revoca la Sentencia y acuerda la custodia compartida de los menores de edad, por semanas alternas


Señala la Audiencia que los hoy litigantes, tras su separación de hecho, suscribieron una propuesta de convenio regulador en fecha XXXX, no presentado a la aprobación judicial, convenio en el que se acordó un sistema de custodia compartida por periodos semanales compartiendo el domicilio familiar los dos progenitores de forma rotatoria y visitas diarias para el progenitor al que no le correspondiera la semana de custodia. El anterior sistema estuvo vigente como decimos hasta el dictado de la sentencia apelada.


La aptitud para ocuparse y atender a la prole se presume a todo progenitor por el mero hecho de serlo, salvo que en autos se demuestre lo contrario.


Y en el caso que nos ocupa, los propios litigantes, buscando lo mejor para sus tres hijos, acordaron, que ambos reunía las mismas condiciones y aptitudes para hacerlo, pactando libremente un sistema de custodia compartida con alternancia semanal en el uso del domicilio, sistema que no consta acreditado, por medio objetivo alguno de prueba, que no sea beneficioso para los niños, cuyo superior interés debe ser el que presida la decisión de todos los temas y materias que les afecten como proclama el art 39.2 CE y declaración derechos del niño.


La prueba practicada, documental e interrogatorio de las partes, no permite a este Tribunal llegar al convencimiento de que el sistema de custodia materna sea más beneficioso para los tres hijos de los litigantes que el de custodia compartida, que libre y voluntariamente acordaron las partes en propuesta convenio regulador y, que se ha venido desarrollando desde entonces hasta la sentencia apelada.


En definitiva y al no constar probado que el sistema de custodia exclusiva materna dispuesto por la sentencia sea más beneficioso para los niños que el de guarda y custodia compartida voluntariamente pactado por los progenitores, consideramos, con el recurrente, que debe revocarse la sentencia, teniendo en cuenta, además, la doctrina fijada por la Sala Primera del Tribunal Supremo en sentencia 29 abril 2.013

 

 


Información sobre Custodia Compartida >>>>>>>>>>>>>>>>

                      

 

 

CUSTODIA COMPARTIDA. EN CUANTO A LAS APCTITUDES PERSONALES, NO SE REQUIEREN ESPECIALES APTITUDES PARA OCUPARSE DE UNOS MENORES QUE NO CUANTAN CON NECESIDADES ESPECIALES, SIN QUE LAS APTITUDES PERSONALES PARA EJERCER LA GUARDA Y CUSTODIA VAYAN UNIDAS A CUESTIONES DE GENERO O REPARTO DE ROLES EN UNA DETERMINADA FAMILIA.PADRES QUE DE COMÚN ACUERDO PACTAN DE HECHO UN REGIMEN DE CUSTODIA COMPARTIDA UNA VEZ PRODUCIDA LA RUPTURA DE LA PAREJA

 

El presente supuesto parte de los siguientes antecedentes: En un procedimiento de divorcio los progenitores discuten la custodia de los hijos comunes. La madre interesa la atribución en exclusiva de la misma, y el padre la guarda y custodia compartida 

El Juzgado de instancia, sobre la base de la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo ya comentada anteriormente (STS 29-4-13 y STS de 19-7-13) accede a esta petición de custodia compartida, sobre la base de la práctica de los progenitores durante la convivencia. El Juzgado entiende que ambos progenitores, en atención a sus respectivos horarios laborales, se ocupaban de atender las necesidades cotidianas de los menores. En otro orden de cosas, desde la separación de hecho de los padres, las partes establecieron de hecho un régimen de guarda y custodia compartida, por semanas, habiendo fijado de común acuerdo el régimen de visitas seguir durante las vacaciones, tanto estivales como de navidad.

 

En cuanto a las aptitudes personales, es evidente que no se requieren especiales aptitudes para ocuparse de unos menores que no cuentan con necesidades especiales, enfermedades físicas o psíquicas, trastornos diagnosticados, o cualquier otro problema, como falta de rendimiento escolar, sin que desde luego las aptitudes personales para ejercer la guarda y custodia vayan unidas a cuestiones de género, o reparto de roles en una determinada familia, en atención a circunstancias laborales durante la convivencia, circunstancias que evidentemente ya no concurren por cuanto ya no existe relación de convivencia.

 

No consta ni se alega la existencia de incidente alguno durante la convivencia entre el padre y los menores, del que pudiese derivarse que carece de aptitud para hacerse cargo de su cuidado.

 

En cuanto a los deseos de los menores, se desprende de su exploración que están plenamente satisfechos con la situación actual

 

 César Sánchez Sánchez

Abogado Multidisciplinar en Madrid

Abogado desde 1993

Experto en Derecho Civil y Penal

649.260.997


custodia-compartida-abogado 

Información sobre Custodia Compartida >>>

 902 55 96 22  


Consulta Legal

Consulta Legal Gratuita

 

Respecto al cumplimiento de las obligaciones personales y patrimoniales del padre, consta que ha compartido tiempo con sus hijos, antes y después de la ruptura, que se ocupa exactamente igual que la madre, de atender a sus necesidades cotidianas y permanece con ellos exactamente el mismo tiempo que la madre.

 

Los padres tienen una relación lo suficientemente buena para haber acordado, dada la evidente tensión familiar derivada de la ruptura de la relación de pareja, la organización de las relaciones paterno filiales, sin que pueda pretenderse que su relación sea de absoluta armonía y sin ningún tipo de conflicto, lo cual resulta imposible.

 

Es evidente que no existió razón alguna, más allá de la mera voluntad de ambos progenitores, de fijar un régimen que entendían que era el más beneficioso para los intereses de sus hijos, que en definitiva ha dado lugar al régimen establecido de facto, sin que exista ninguna razón para producir un nuevo cambio en la vida de los menores

 

Se establece en consecuencia la custodia compartida, con distribución de tiempos por semanas alternas.

 

Adjuntamos copia de demanda inicial presentada por el padre, y asimismo copia de la Sentencia de Instancia

 


Modelo de Demada interpuesta por el padre solicitando la Custodia compartida utilizado en este caso.

 

 Descargar Sentencia en PDF


 

 

 


Sentencia de Juzgado de 1ª Instancia de Coslada otorgando la custodia compartida de menores de edad

 

 Descargar Sentencia en PDF


 

 


Información sobre Custodia Compartida >>>>>>>>>>>>>>>>

                      

 

1.-

2.-

3.- 

CUSTODIA COMPARTIDA. LA FALTA DE COMUNICACIÓN ENTRE LOS PADRE NO IMPOSIBILITA SU ADOPCIÓN, NI RESULTA DETERMINANTE PARA EXCLUIR EL RÉGIMEN DE CUSTODIA. 

 

 

El presente supuesto parte de los siguientes antecedentes: En un procedimiento de divorcio los progenitores discuten la custodia de la hija común, interesando ambos la atribución en exclusiva de la misma.

 

En Medidas Provisionales se atribuye la custodia al padre. Posteriormente, en la pieza principal, el padre mantiene su petición de custodia exclusiva, mientras la madre solicita la compartida.

 

El Juzgado de instancia accede a esta petición de custodia compartida, sobre la base de ser este el mejor sistema de guarda y custodia, partiendo de que la relación de la menor con ambos padres es afectuosa y está bien asentada, y todo ello aun a pesar de la falta de comunicación actual que existe entre los padres.

 

Se señala que el buen entendimiento entre los progenitores es beneficioso y deseable no solo a la hora de adoptar una custodia compartida, sino en cualquier sistema de custodia. A pesar de que los padres no han alcanzado el deseable nivel de comunicación, esa situación no imposibilita la adopción de la custodia compartida ya que este modelo es el que facilita el óptimo desarrollo emocional de la menor. Así, el único elemento que se afirma como desestabilizador de la custodia compartida, es la falta de comunicación, pero dicho elemento solo es uno más a tener en cuenta según la jurisprudencia, no resultando determinante de la exclusión del régimen de custodia compartida, ya que si la comunicación entre los progenitores fuera de lo más fluida, estaríamos ante una situación idílica, que no suele acontecer en la realidad.

Se establece en consecuencia la custodia compartida, con distribución de tiempos cada dos semanas.

 

En definitiva la Sentencia de instancia no hace sino aplicar la doctrina derivada de la Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 29 de abril de 2.013, (objeto de reciente comentario en esta página), que señala que la custodia compartida no se trata de una medida excepcional, sino que al contrario, debe considerarse la más normal, porque permite que sea efectivo el derecho que los hijos tienen a mantener dicha relación, y sienta como doctrina jurisprudencial que la interpretación de los artículos 92, 5 , 6 y 7 CC debe estar fundada en el interés de los menores que van a quedar afectados por la medida que se deba tomar, que se acordará cuando concurran criterios tales como la práctica anterior de los progenitores en sus relaciones con el menor y sus aptitudes personales; los deseos manifestados por los menores competentes; el número de hijos; el cumplimiento por parte de los progenitores de sus deberes en relación con los hijos y el respeto mutuo en sus relaciones personales; el resultado de los informes exigidos legalmente, y, en definitiva, cualquier otro que permita a los menores una vida adecuada, aunque en la práctica pueda ser más compleja que la que se lleva a cabo cuando los progenitores conviven. Señalando que la redacción del artículo 92 no permite concluir que se trate de una medida excepcional, sino que al contrario, habrá de considerarse normal e incluso deseable, porque permite que sea efectivo el derecho que los hijos tienen a relacionarse con ambos progenitores, aun en situaciones de crisis, siempre que ello sea posible y en tanto en cuanto lo sea.

 

 César Sánchez Sánchez

Abogado Multidisciplinar en Madrid

Abogado desde 1993

Experto en Derecho Civil y Penal

649.260.997


custodia-compartida-abogado 

Información sobre Custodia Compartida >>>

 902 55 96 22  


Consulta Legal

Consulta Legal Gratuita

 

Destacar al respecto que en la actualidad, se tramita Recurso de Apelación planteado por el padre, por lo que la Sentencia de instancia no es firme. Adjuntamos copia de la Sentencia de Instancia y de la oposición presentada al recurso de apelación planteado por el padre.

 


Sentencia de Juzgado de Primera Instancia de Ibiza otorgando la custodia compartida de hija menor

 

 Descargar Sentencia en PDF


 

 


Escrito de Oposición presentado por la Madre frente al Recurso de Apelación deducido por el Padre de la menor

 

 Descargar Sentencia en PDF


 

 


 

Información sobre Custodia Compartida >>>>>>>>>>>>>>>>

                      

 

1.- 

2.-

3.- 

SENTENCIA DICTADA EN UNIFICACIÓN DE DOCTRINA. ABONO PENSION DE ALIMENTOS DESDE LA INTERPOSICIÓN DE LA DEMANDA. MOMENTO A TENER EN CUENTA PARA EL DEVENGO DE UNA PENSION FIJADA EN UN PROCESO DE DIVORCIO.


El presente supuesto parte de los siguientes antecedentes: En un procedimiento de divorcio se dicta Sentencia en primera instancia atribuyendo la guarda y custodia de las menores a favor de la madre, uso del domicilio conyugal a favor de la misma, se fija pensión de alimentos y compensatoria con cargo al padre, y el habitual régimen de visitas estándar. Tramitado recurso de Apelación, la Audiencia Provincial confirma la sentencia de instancia. 

La cuestión de fondo que plantea el presente caso, como consecuencia de un proceso de divorcio como causa de disolución del matrimonio, es la relativa al momento a tener en cuenta para el abono de la pensión por alimentos fijada por la sentencia, ya con relación a la presentación de la demanda, o bien desde la fecha de la sentencia recaída. La sentencia de Primera Instancia no determinó el día de inicio del devengo de la pensión. Por su parte, la sentencia de Apelación declaró dicho devengo desde la fecha de la sentencia, sin eficacia retroactiva al momento de presentación de la demanda.

 

Por el Ministerio Fiscal se interpone Recurso de Casación por infracción de los artículos 93 y 148.1 CC. En este sentido al establecer la sentencia recurrida que las pensiones alimenticias se devengarán desde la fecha de la sentencia, se infringe por inaplicación el artículo 148.1 del Código Civil que establece que se abonarán desde la fecha en que se interponga la demanda.

 

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo en Sentencia de 4 de diciembre de 2.013, (Ponente Sr. Orduña Moreno), resuelve la cuestión, y así el motivo se estima.

 

Se recuerda que ya la Sentencia de 14 de junio de 2.011 estableció la siguiente doctrina: "Debe aplicarse a la reclamación de alimentos por hijos menores de edad, situaciones de crisis de matrimonio o de la pareja no casada la regla contenida en el artículo 148.1 CC, de modo que, en caso de reclamación judicial, dichos alimentos deben prestarse por el progenitor deudor desde el momento de la interposición de la demanda".

 

 César Sánchez Sánchez

Abogado Multidisciplinar en Madrid

Abogado desde 1993

Experto en Derecho Civil y Penal

649.260.997


custodia-compartida-abogado 

Información sobre Custodia Compartida >>>

 902 55 96 22  


Consulta Legal

Consulta Legal Gratuita

En consecuencia se declara haber lugar al recurso de casación formalizado por el Ministerio Fiscal contra la sentencia de la Audiencia, que se casa y anula, señalando que la pensión de alimentos fijada en favor de los hijos comunes debe ser abonada desde el momento de la interposición de la demanda.


Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, de 4 de diciembre de 2013 que determina que el momento del inicio del devengo de la pensión de alimentos es la fecha de interposición de la demanda.

 

 Descargar Sentencia en PDF


 

 


 

Información sobre Custodia Compartida >>>>>>>>>>>>>>>>

                      

 

CUSTODIA COMPARTIDA. EL PRONUNCIAMIENTO JUDICIAL DEBE FUNDARSE EN EL INTERES DE LOS MENORES, QUE EXIGE SIN DUDA UN COMPROMISO MAYOR Y UNA COLABORACIÓN DE SUS PROGENITORES TENDENTE A QUE ESTE TIPO DE SITUACIONES SE RESUELVAN EN UN MARCO DE NORMALIDAD FAMILIAR QUE SAQUE DE LA RUTINA UNA RELACIÓN SIMPLEMENTE PROTOCOLARIA DEL PADRE NO CUSTODIO CON SUS HIJOS QUE, SIN LA EXPRESA COLABORACIÓN DEL OTRO, TERMINE POR DESINCENTIVARLA TANTO DESDE LA RELACIÓN DEL NO CUSTODIO CON SUS HIJOS, COMO DE ESTOS CON AQUEL (Abunda en el criterio ya sentado por Sentencias de 29 de abril y 19 de julio de 2.013). 

 

El presente supuesto parte de los siguientes antecedentes. En un procedimiento de modificación de medidas, el padre solicita la atribución conjunta y compartida de la guarda y custodia de dos menores de edad (de 14 años), oponiéndose la madre a tal petición.

 

El Ministerio Fiscal, en todo momento, informó a favor de la custodia compartida.

 

El Juzgado de 1ª Instancia dicta Sentencia acordando la custodia compartida, por periodos alternos de una semana con cada progenitor. Se establece que el intercambio de los menores se verificará los lunes, de modo que el que tenga a los menores los dejará en el centro escolar, y el otro los recogerá a la salida de clase ese día, y así sucesivamente. No se establece pensión alimenticia, de forma que cada progenitor se hace cargo de los menores en los periodos en que éstos estén bajo su cuidado, repartiendo al 50% los gastos extraordinarios.

 

La madre recurre en apelación, siendo estimada la misma por la Audiencia Provincial, que revoca la Sentencia de instancia sobre la base de que los menores tienen perfectamente cubiertas sus necesidades económicas y afectivas conviviendo con la madre, y la relación con su padre se desarrolla amplia y satisfactoriamente con generoso régimen de visitas.

 

Tanto el padre como el Ministerio Fiscal interponen Recurso de casación contra la Sentencia de la Audiencia, alegando en esencia infracción del artículo 92.7, 8 y 9 del Código Civil.

 

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo en Sentencia de 12 de diciembre de 2.013, (Ponente Sr. Seijas Quintana), resuelve la cuestión, y así el motivo se estima. Vuelve a recordar el Supremo la doctrina jurisprudencial sentada en la Sentencia de 29 de abril de 2.013, según la cual “la interpretación de los artículos 92, 5 , 6 y 7 CC debe estar fundada en el interés de los menores que van a quedar afectados por la medida que se deba tomar, que se acordará cuando concurran criterios tales como la práctica anterior de los progenitores en sus relaciones con el menor y sus aptitudes personales; los deseos manifestados por los menores competentes; el número de hijos; el cumplimiento por parte de los progenitores de sus deberes en relación con los hijos y el respeto mutuo en sus relaciones personales; el resultado de los informes exigidos legalmente, y, en definitiva, cualquier otro que permita a los menores una vida adecuada, aunque en la práctica pueda ser más compleja que la que se lleva a cabo cuando los progenitores conviven. Señalando que la redacción del artículo 92 no permite concluir que se trate de una medida excepcional, sino que al contrario, habrá de considerarse normal e incluso deseable, porque permite que sea efectivo el derecho que los hijos tienen a relacionarse con ambos progenitores, aun en situaciones de crisis, siempre que ello sea posible y en tanto en cuanto lo sea”, y asimismo se cita la Sentencia de 19 de julio de 2.013, en el sentido de que se prima el interés del menor, y ese interés (que ni el artículo 92 del CC, ni el artículo 9 de la LO 1/96, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, definen ni determinan), exige sin duda un compromiso mayor y una colaboración de sus progenitores tendente a que este tipo de situaciones se resuelvan en un marco de normalidad familiar que saque de la rutina una relación simplemente protocolaria del padre no custodio con sus hijos que, sin la expresa colaboración del otro, termine por desincentivarla tanto desde la relación del no custodio con sus hijos, como de estos con aquel.

 

 César Sánchez Sánchez

Abogado Multidisciplinar en Madrid

Abogado desde 1993

Experto en Derecho Civil y Penal

649.260.997


custodia-compartida-abogado 

Información sobre Custodia Compartida >>>

 902 55 96 22  


Consulta Legal

Consulta Legal Gratuita

Destaca el Supremo que además de ser cierto que los menores tienen perfectamente cubiertas sus necesidades económicas y afectivas conviviendo con la madre, y la relación con su padre se desarrolla amplia y satisfactoriamente con generoso régimen de visitas, no lo es menos también que existe entre los padres un vínculo afectivo normalizado y los hijos quieren compartir su vida con el padre y la madre, a lo que se añade que como consecuencia de la ejecución de la Sentencia de instancia, durante 17 meses se ha desarrollado sin problema alguno el régimen de guarda y custodia compartida.

 

La valoración del interés de los menores no ha quedado adecuadamente salvaguardado por la decisión de la Audiencia. La solución aplicada en la resolución recurrida no ha tenido en cuenta ninguno de los parámetros imprescindibles para determinar el régimen de custodia aplicable, que pueda asegurar el adecuado desarrollo evolutivo, estabilidad emocional y formación integral del menor y, en definitiva, para aproximarlo al modelo de convivencia existente antes de la ruptura matrimonial y garantizar al tiempo a sus padres la posibilidad de seguir ejerciendo los derechos y obligaciones inherentes a la potestad o responsabilidad parental y de participar en igualdad de condiciones en el desarrollo y crecimiento de sus hijos, lo que sin duda parece también lo más beneficioso para ellos.


Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, de 12 de diciembre de 2012 sobre la Custodia Compartida

 

 Descargar Sentencia en PDF


 

 


 

Información sobre Custodia Compartida >>>>>>>>>>>>>>>>

                      

 

CUSTODIA COMPARTIDA. EL PRONUNCIAMIENTO JUDICIAL DEBE FUNDARSE EN EL INTERES DE LOS MENORES. DEBE ASEGURARSE EL ADECUADO DESARROLLO EVOLUTIVO, ESTABILIDAD EMOCIONAL Y FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS MENORES Y APROXIMARLO AL MODELO DE CONVIVENCIA EXISTENTE ANTES DE LA RUPTURA MATRIMONIAL, GARANTIZANDO AL TIEMPO A SUS PADRES LA POSIBILIDAD DE SEGUIR EJERCIENDO LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES INHERENTES A LA RESPONSABILIDAD PARENTAL Y DE PARTICIPAR EN IGUALDAD DE CONDICIONES EN EL DESARROLLO Y CRECIMIENTO DE SUS HIJOS.


El presente supuesto parte de los siguientes antecedentes: El padre insta procedimiento de modificación de medidas solicitando la guarda y custodia compartida de los menores, por periodos alternos de 15 días con cada uno de ellos, y la supresión de la pensión de alimentos fijada a su cargo, Debiendo cada progenitor atender a las necesidades de los menores durante el tiempo que permanezcan con ellos.

 

El Juzgado de 1ª Instancia dicta Sentencia desestimando la demanda sobre la base de que no se había examinado a los menores (de 8 años), ni a la nueva mujer del padre, no siendo la relación entre ambos progenitores fluida, existiendo divergencias educativas entre ellos, y no apreciándose la necesidad de un cambio según el informe técnico.

 

El padre recurre en apelación, siendo desestimada la misma por la Audiencia Provincial, sobre la base de que los técnicos informantes concluyen que no se aprecia necesidad en el momento actual de introducir cambios en el modo de guarda y custodia, estando los menores perfectamente adaptados a la actual modalidad de custodia. La Sala indica que ello no supone afirmar que la guarda y custodia compartida suponga un retroceso en la evolución de los menores, sino que no se trata de experimentar nuevas situaciones cuando los menores se encuentran bien y estabilizados en su evolución.

 

A lo largo del procedimiento, el Ministerio Fiscal informó a favor de la custodia compartida.

 

El padre interpone Recurso de casación contra la Sentencia de la Audiencia, alegando la infracción del artículo 92.8 del Código Civil, y la doctrina de la Sala Primera del Tribunal Supremo sobre guarda y custodia compartida.

 

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo en Sentencia de 19 de julio de 2.013, (Ponente Sr. Seijas Quintana), resuelve la cuestión, y así el motivo se estima. 

Parte el Supremo de la doctrina jurisprudencial ya fijada por Sentencia de 29 de abril de 2.013, según la cual “la interpretación de los artículos 92, 5 , 6 y 7 CC debe estar fundada en el interés de los menores que van a quedar afectados por la medida que se deba tomar, que se acordará cuando concurran criterios tales como la práctica anterior de los progenitores en sus relaciones con el menor y sus aptitudes personales; los deseos manifestados por los menores competentes; el número de hijos; el cumplimiento por parte de los progenitores de sus deberes en relación con los hijos y el respeto mutuo en sus relaciones personales; el resultado de los informes exigidos legalmente, y, en definitiva, cualquier otro que permita a los menores una vida adecuada, aunque en la práctica pueda ser más compleja que la que se lleva a cabo cuando los progenitores conviven. Señalando que la redacción del artículo 92 no permite Concluir que se trate de una medida excepcional, sino que al contrario, habrá de considerarse normal e incluso deseable, porque permite que sea efectivo el derecho que los hijos tienen a relacionarse con ambos progenitores, aun en situaciones de crisis, siempre que ello sea posible y en tanto en cuanto lo sea”.

 

Recuerda la Sala que se prima el interés del menor, y ese interés (que ni el artículo 92 del CC, ni el artículo 9 de la LO 1/96, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, definen ni determinan), exige sin duda un compromiso mayor y una colaboración de sus progenitores tendente a que este tipo de situaciones se resuelvan en un marco de normalidad familiar que saque de la rutina una relación simplemente protocolaria del padre no custodio con sus hijos que, sin la expresa colaboración del otro, termine por desincentivarla tanto desde la relación del no custodio con sus hijos, como de estos con aquel.

 

 César Sánchez Sánchez

Abogado Multidisciplinar en Madrid

Abogado desde 1993

Experto en Derecho Civil y Penal

649.260.997


custodia-compartida-abogado 

Información sobre Custodia Compartida >>>

 902 55 96 22  


Consulta Legal

Consulta Legal Gratuita

La valoración del interés de los menores no ha quedado adecuadamente salvaguardado. La solución aplicada en la resolución recurrida ha tenido en cuenta un solo parámetro, y no otros que aparecen como hechos probados, imprescindibles para determinar el régimen de custodia aplicable, que pueda asegurar el adecuado desarrollo evolutivo, estabilidad emocional y formación integral del menor y, en definitiva, para aproximarlo al modelo de convivencia existente antes de la ruptura matrimonial y garantizar al tiempo a sus padres la posibilidad de seguir ejerciendo los derechos y obligaciones inherentes a la potestad o responsabilidad parental y de participar en igualdad de condiciones en el desarrollo y crecimiento de sus hijos, lo que sin duda parece también lo más beneficioso para ellos.

 

En consecuencia se estima el Recurso de Casación, se casa la Sentencia de la Audiencia, y con estimación de la demanda, se acuerda el sistema de guarda y custodia compartida por periodos de quince días.


Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, de 19 de julio de 2013 sobre la Custodia Compartida

 

 Descargar Sentencia en PDF


 

 


 

Información sobre Custodia Compartida >>>>>>>>>>>>>>>>

                      

 

Delito de Violencia de Género. Absolución por la Audiencia Provincial de Madrid. Un mero forcejeo, por si solo, carece de relevancia penal. El maltrato de obra típico requiere la presencia de un cierto acometimiento, de una agresión física que no se conforma con el mero contacto

 

Se tramita procedimiento penal por la comisión de presuntos delitos tanto de violencia de género y violencia doméstica. Por el Juzgado de lo Penal se declara probado que el acusado, en el domicilio común, en el que convive con su esposa y su hija, tiene un altercado con el novio de esta última. La mujer y su hija se interponen y el acusado zarandea a la primera, y propina un golpe en la cabeza a la segunda.

 

Derivado de ello se condena al acusado como autor de un delito de VIOLENCIA DE GENERO de los artículos 153.1, 3 y 4 del CP, a la pena de 4 meses y 16 días de prisión, privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante 9 meses y 1 día, y prohibición de aproximarse a menos de 500 metros a su esposa, a su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro frecuentado por ella durante 1 año, 4 meses y 16 días, sin considerar necesario la imposición de la pena de prohibición de comunicación.

 

Asimismo se le condena como autor de un delito de VIOLENCIA DOMESTICA de los artículos 153.2, 3 y 4 del CP, a la pena de 2 meses y 17 días de prisión, privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante 9 meses y 1 día, y prohibición de aproximarse a menos de 500 metros a su hija, a su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro frecuentado por ella durante 1 año, 2 meses y 17 días, sin considerar necesario tampoco la imposición de la pena de prohibición de comunicación.

 

Finalmente se le condena como autor de una falta de lesiones por las ocasionadas al novio de su hija.

 

Nótese que la Sentencia de instancia, aplica el tipo atenuado del 153.4 del CP

 

Interpuesto recurso de apelación contra la anterior Sentencia, en el que solo de discute la autoría de los dos primeros delitos, no así de la falta, sobre la base del error en la apreciación de la prueba y violación del artículo 24.2 de la Constitución Española, la Sentencia de 16 de enero de 2.014, de la Sección 27ª de la Audiencia Provincial de Madrid, (Ponente: Sra. Chacón Alonso), estima el mismo, absolviendo al acusado de ambos delitos.

 

Hemos de partir de que en el acto del juicio tanto el acusado, como su esposa e hija, se acogieron, el primero a su derecho a no declarar, y las demás a la dispensa del artículo 416 de la LECr, y en consecuencia tampoco prestaron declaración.

 

La Sentencia de instancia funda en consecuencia de forma exclusiva la condena sobre tres ejes concretos, como son, la declaración del testigo (novio de la hija), la declaración de los policías actuantes (meros testigos de referencia), y la existencia de los informes médicos obrantes en autos. Sobre este triple eje se entiende que se ha desvirtuado el principio de presunción de inocencia que ampara al acusado.

 

Señala la Sentencia de la Audiencia, revocando la de instancia, que no se ha practicado en el plenario una prueba de cargo que enerve la presunción de inocencia. Así, menciona que los policías nacionales intervinientes, al no presenciar los hechos, no son sino meros testigos de referencia. Así, pasar de lo declarado verazmente por el testigo de oídas, a tener por probado sin más lo afirmado por aquél a quien se oyó, equivaldría a atribuir a éste todo crédito probatorio, privilegiando una narración extraprocesal sustraída a la inmediación y a la contradicción.

 

 César Sánchez Sánchez

Abogado Multidisciplinar en Madrid

Abogado desde 1993

Experto en Derecho Civil y Penal

649.260.997


custodia-compartida-abogado 

Información sobre Custodia Compartida >>>

 902 55 96 22  


Consulta Legal

Consulta Legal Gratuita

 

Se considera que tampoco puede sustentarse el fallo condenatorio en la declaración testifical del novio de la hija presuntamente agredida, ya que el mismo en el plenario refirió que entre las partes (matrimonio e hija), “a lo mejor hubo un pequeño forcejeo”. Según el criterio de la Audiencia, este mero forcejeo, por sí solo, carecería de relevancia penal, puesto que es obvio que el tipo penal reclama que la acción patentice una intención de menoscabar, como núcleo de la conducta prohibida. El maltrato de obra típico requiere pues la presencia de un cierto acometimiento, de una suerte de agresión física que no se conforma con el mero contacto.

 

Los fines de protección de la norma aparecen como un elemento indispensable para abordar la interpretación de los tipos penales, y no es concebible que en un Estado democrático, que proclama la libertad como valor fundacional del sistema de convivencia, el legislador racional pueda anudar una pena de 6 meses de prisión, como mínimo, a episodios de extrema levedad, como sería el caso que nos ocupa.


 1. Sentencia del Juzgado de los Penal por la que el acusado es condenado por el Delito de Maltrato

 

 Descargar Sentencia en PDF 


 

 


 2.- Recurso de Apelación íntegro frente a la precedente Sentencia

 

 Descargar Sentencia en PDF 


 

 


 3. Sentencia Absolutoria de la Sección 27ª de la Audiencia Provincial de Madrid, de 16 de enero de 2014

 

 Descargar Sentencia en PDF 


 

 


 

Información sobre Custodia Compartida >>>>>>>>>>>>>>>>

                      

 

 

 

PROPUESTA DE  CONVENIO REGULADOR SOBRE DIVORCIO
QUE, AL AMPARO DEL ART. 90 DEL CODIGO CIVIL,
PRESENTAN PARA SU APROBACION JUDICIAL
LOS CONYUGES D. XXXX  Y  DÑA. XXXX

 

En XXX, a XXXX de 2.013.

 

REUNIDOS

 

De una parte, DON XXXX, con domicilio en XXXX y provisto de D.N.I. núm. XXXX.


Y de otra, DOÑA XXXX, con domicilio en XXXX, y provista de DNI núm. XXXX.

 

INTERVIENEN

Ambos en su propio nombre y derecho reconociéndose mutuamente la plena capacidad civil para obligarse y, en especial, para suscribir el presente CONVENIO REGULADOR de su divorcio, conforme al artículo 90 del Código Civil y en cumplimiento del artículo 777 de la LEC 1/2000, a fin de acompañarle para su aprobación judicial, reconduciendo a los trámites del Mutuo Acuerdo el procedimiento de Divorcio XXXX/11 que actualmente se sustancia ante el Juzgado de 1ª Instancia nº XXXX de XXXX, y, a tal efecto

 


MANIFIESTAN

 

I.- MATRIMONIO.

Los intervinientes contrajeron matrimonio XXXX el día XXXX, según consta inscrito en el Registro Civil de la localidad de XXXX al Tomo XXXX, Folio XXXX.

 

II.- DESCENDENCIA.

De esta unión nació y vive una única hija, XXXX, nacida en fecha XXXX, siendo inscrito el nacimiento en el Registro Civil de XXXX Tomo XXXX, Página XXXX.

 

III.- RÉGIMEN ECONÓMICO MATRIMONIAL.

Los cónyuges están casados en régimen de separación de bienes.

 

IV.- DIVORCIO.

Que por razones que no son del caso exponer y ante la situación de total quiebra de la convivencia conyugal, los esposos han decidido libre y voluntariamente solicitar el divorcio de mutuo acuerdo, y así, deseando regular cuantas cuestiones puedan quedar afectadas por el mismo, suscriben el presente convenio regulador y, asimismo se comprometen a presentar solicitud de que el procedimiento actualmente iniciado se reconduzca a los trámites del mutuo acuerdo a fin de regular en el futuro sus relaciones económico-familiares.

Consideran ambas partes que la relación matrimonial es totalmente irreversible desde su separación de hecho ocurrida el XXXX de 2.011, por lo que han llegado al convencimiento de que la única solución es el divorcio.

En atención a dichas circunstancias han decidido, de mutuo acuerdo, formalizar la disolución de su matrimonio y que las relaciones conyugales se rijan en lo sucesivo por las siguientes

 

ESTIPULACIONES

 

PRIMERA.- DIVORCIO.

Ambos cónyuges acuerdan regular a través del presente convenio los efectos personales y económicos de su divorcio, producida ya de hecho la ruptura de la convivencia con anterioridad, y en ese sentido se autorizan mutuamente a residir en distintos domicilios y se comprometen a no interferir en la vida y actividades del otro, comprometiéndose pues a respetar mutua y recíprocamente sus esferas de libertad individual, quedando revocados los consentimientos y poderes que mutuamente se hubiesen otorgado.

 

SEGUNDA.- DOMICILIO.

Desde su separación de hecho, ambos cónyuges pasaron a residir en domicilios separados. El domicilio en que reside cada cónyuge en la actualidad es el que consta en el encabezamiento del presente documento, siendo dicho domicilio el que cada cónyuge designa a efectos del cumplimiento del presente convenio.

Ambos cónyuges consideran como elemento esencial del presente acuerdo el establecimiento de sus respectivos domicilios en XXXX.

 

TERCERA.- RÉGIMEN ECONÓMICO MATRIMONIAL.

Puesto que los cónyuges están casados en régimen de separación de bienes cada uno mantendrá como propios los bienes y obligaciones de que actualmente sean propietarios o titulares.

 

CUARTA.- PATRIA POTESTAD.-

La patria potestad sobre la hija XXXX, será COMPARTIDA por ambos progenitores

Ambos progenitores deberán tomar de común acuerdo y en exclusivo beneficio de la menor, cuantas decisiones afecten de forma importante a la misma (educación, decisiones médicas, celebraciones litúrgicas, etc).

Para el supuesto de que los cónyuges no pudieran ponerse en contacto para la toma de una decisión de carácter urgente que exceda del ejercicio ordinario del progenitor en cuya compañía se encuentre la menor, dicha decisión será adoptada sin previo consentimiento y en beneficio de la misma debiendo ser comunicada al otro progenitor a la mayor brevedad posible.

 

QUINTA.- GUARDA Y CUSTODIA.

La guarda y custodia de la hija será, también, COMPARTIDA por ambos progenitores, estableciéndose como criterio general el de una completa paridad entre ambos cónyuges respecto a cualesquiera derechos y obligaciones derivados de la guarda y custodia.

A tal efecto, los padres se alternaran en la guarda y custodia de XXXX por periodos iguales de DOS SEMANAS NATURALES cada uno, en cuyo periodo la niña pernoctará en el domicilio del progenitor custodio debiendo el progenitor no custodio recogerla en el domicilio del progenitor custodio.

Tales recogidas de la menor se llevarán a cabo a las 19:00 horas de los domingos.

 

SEXTA.- REGIMEN DE COMUNICACIONES Y VISITAS.

Especialmente en cuanto al régimen de comunicaciones y visitas, los cónyuges se comprometen a interpretar este convenio tomando siempre en consideración el interés y protección de la menor y a evitar cualquier actitud que afecte al cariño y respeto de la hija hacia ambos padres

Como regla general se seguirá en todo caso el criterio de que el progenitor que le corresponde recoger y reintegrar a la niña, lo hace siempre en el domicilio del otro progenitor, o en el punto de encuentro próximo a éste que se fije de mutuo acuerdo.

Durante los periodos vacacionales, las visitas intersemanales que posteriormente se detallarán, quedarán suspendidas

El progenitor que se encuentre con la hija permitirá y facilitará en todo momento la comunicación telefónica, epistolar, electrónica o audiovisual con el otro, siempre que esta no se produzca de forma caprichosa, injustificada o fuera de los horarios normales para ello. Para el cumplimiento de este punto los padres, pondrán en conocimiento del otro el número de teléfono del domicilio y dirección del lugar donde permanezca la menor.

En atención al buen entendimiento que existe entre los progenitores, estos podrán relacionarse con su hija en la forma que consideren más conveniente, pudiendo el ambos visitar y tener en su compañía a su hija con la frecuencia necesaria para mantener la relación con aquella, previo acuerdo entre los mismos, en el nivel más parecido al de una familia bien avenida, participándose sus deseos y proyectos con razonable anticipación.

Si por cualquier circunstancia no se llegase al acuerdo deseado, y con carácter subsidiario, se estipula el siguiente sistema de régimen de visitas, comunicaciones y estancias, para que la hija pueda estar con ambos progenitores:

 


VISITAS DEL PROGENITOR NO CUSTODIO, DURANTE LOS PERIODOS NO VACACIONALES:

El progenitor no custodio, durante los periodos no vacacionales, tendrá derecho a visitar a la menor dos tardes entre semana, de 17 a 19 horas, tardes que fijarán de común acuerdo ambos cónyuges en atención al beneficio e interés de la menor.

En caso de desacuerdo las tardes serán las de los martes y jueves de 17 h. a 19 h., debiendo el progenitor visitante recogerla y reintegrarla al domicilio del progenitor custodio, y cuando asista al colegio, la recogida será en el centro escolar, reintegrándola luego en el domicilio del progenitor custodio.

 


VACACIONES ESCOLARES DE NAVIDAD Y REYES:

Las vacaciones de Navidad se repartirán por mitad. De esta forma, la hija pasará con cada uno de sus progenitores uno de los dos períodos que se establecen a continuación: el primero el que transcurre desde el inicio de vacaciones escolares hasta al día 30 de diciembre, y el segundo período desde el día 30 de diciembre hasta el día de comienzo de las clases escolares.

El primer periodo corresponderá en años pares al padre, y en impares a la madre, y el segundo periodo corresponderá en años pares a la madre, y en impares al padre

El progenitor en cuya compañía vayan a pasar los menores el primer período vacacional deberá recogerlos del colegio a la hora de la salida, debiendo una vez transcurra el mismo entregarlos en el domicilio del otro progenitor a las 19:00 horas del día 30 de diciembre. Transcurrido el segundo período el progenitor en cuya compañía se encuentren deberá llevarlos al colegio el día de inicio del curso escolar.

Las referencias que se establecen con respecto a las entregas y recogidas en el colegio solo serán aplicables a partir del momento en que la hija esté escolarizada. Hasta tanto en cuanto esto sea así, tales entregas y recogidas se efectuaran en el domicilio del progenitor custodio.

 


VACACIONES DE SEMANA SANTA:

Se repartirán por mitad. El primer periodo corresponderá en años pares al padre, y en impares a la madre, y el segundo periodo corresponderá en años pares a la madre, y en impares al padre

El progenitor en cuya compañía vayan a pasar los menores el primer período vacacional deberá recogerlos del colegio a la hora de la salida, debiendo una vez transcurra el mismo entregarlos en el domicilio del otro progenitor a las 12.00 horas del día intermedio de tales vacaciones escolares. Transcurrido el segundo período el progenitor en cuya compañía se encuentren deberá llevarlos al colegio el día de inicio del curso escolar.

Las referencias que se establecen con respecto a las entregas y recogidas en el colegio solo serán aplicables a partir del momento en que la hija esté escolarizada. Hasta tanto en cuanto esto sea así, tales entregas y recogidas se efectuaran en el domicilio del progenitor custodio

 

Las VACACIONES ESCOLARES DE VERANO:

Las vacaciones de verano comprenderán los meses de julio y agosto, y se distribuirán en cuatro quincenas de forma que el primer periodo de las mismas se corresponderá con la primera quincena de julio y la primera quincena de agosto, y el segundo periodo de tales vacaciones se corresponderá con la segunda quincena de julio y la segunda quincena de agosto

Las vacaciones de verano se repartirán por mitad. El primer periodo corresponderá en años pares al padre, y en impares a la madre, y el segundo periodo corresponderá en años pares a la madre, y en impares al padre

Durante el periodo de vacaciones de verano, las visitas intersemanales quedarán suspendidas

 

OTRAS CUESTIONES.

En caso de enfermedad de la menor, aquel de los progenitores en cuya compañía se encuentre, se lo comunicará inmediatamente al otro. Al igual que las visitas médicas urgentes que se notificarán en el momento y las previstas en cuanto se tenga la cita médica.

En el caso que la menor se encontrara enferma o accidentada sin poder salir del domicilio familiar, el progenitor que no tenga en ese momento a la menor viviendo con él, podrá visitarla en el domicilio donde se encuentre en días alternos, siempre en horario que no perjudique el debido descanso y recuperación de la misma, y que sea compatible con las obligaciones de los padres. Como regla general, los padres deberán ponerse de acuerdo con la antelación necesaria para fijar los horarios de tales visitas.

En todas las entregas y recogidas de la menor, y en caso de imposibilidad laboral y/o personal de los padres de desplazarse al domicilio donde se lleven a cabo las mismas, los padres podrán valerse de terceras personas, familiares y/o cuidadores, siempre poniendo este extremo en conocimiento de la otra parte con la debida antelación.

Ambos progenitores convienen en que no podrán viajar fuera del territorio nacional en compañía del menor sin consentimiento expreso del otro progenitor, o en su defecto, de autorización judicial. Quedan exceptuados los periodos vacacionales en que se podrá viajar fuera de territorio nacional en compañía de la menor, poniendo este extremo en conocimiento del otro, sin que en este caso sea necesario ningún tipo de consentimiento

Asimismo ambos progenitores convienen que no podrán viajar fuera de XXXX en compañía de la menor, sin poner este extremo en conocimiento del otro, sin que sea necesario en este caso ningún tipo de consentimiento

 

SEPTIMA.- CONTRIBUCIÓN A LAS CARGAS DEL MATRIMONIO Y ALIMENTOS.

Dado el especial régimen de guarda y custodia fijado en este caso, y puesto que ambos progenitores tienen autonomía económica, el progenitor custodio asumirá los gastos ordinarios derivados del vestido, cuidado y alimentación de la hija común durante el tiempo que asuma su custodia.

Todos los demás gastos, tanto ordinarios como extraordinarios de educación, serán asumidos por mitad entre ambos progenitores.

En el caso de gastos extraordinarios que pudieran producirse en la vida de la hija común, tales como intervenciones quirúrgicas no cubiertas por un seguro médico privado si estuviera vigente o por la seguridad social, ortodoncia, gastos farmacéuticos no ordinarios, campamentos, viajes escolares, excursiones, actividades extraescolares, ampliaciones de horario escolares que sean imprescindibles, formación complementaria que sea imprescindible, etc., ambos progenitores contribuirán por mitad, debiendo notificarse el hecho que motiva el gasto, y el importe del mismo para su aprobación. En caso de discrepancia se someterán a la decisión judicial.

 

OCTAVA.- PENSIÓN COMPENSATORIA.

La disolución matrimonial que se pretende no produce ningún desequilibrio económico en ninguno de los cónyuges, por lo que renuncian expresa y mutuamente a la pensión que con arreglo al art. 97 del CC. pudiera corresponderles.

 

NOVENA.- GASTOS DE REPRESENTACION Y DEFENSA.

Cada cónyuge asumirá los gastos de su representación procesal y defensa.


Leído este documento por los cónyuges intervinientes lo encuentran conforme a su voluntad y se comprometen a ratificarse a presencia judicial, firmándolo en OCHO HOJAS de papel común en el lugar y fecha que figura en el encabezamiento, siendo dicha fecha la de entrada en vigor del presente convenio.

 

 

XXXX                                                                                      XXXX

 

Os adjuntamnos dos casos reales en los que se opta por conceder el régimen de Custodia Compartida por entenderse como más favorable para el menor.

 

• JUZGADO 1ª INSTANCIA DE IBIZA. CUSTODIA COMPARTIDA. LA FALTA DE COMUNICACIÓN ENTRE LOS PADRES NO IMPOSIBILITA SU ADOPCION, NI RESULTA DETERMINANTE PARA EXCLUIR EL REGIMEN DE CUSTODIA COMPARTIDA

 

 


• JUZGADO 1ª INSTANCIA COSLADA. CUSTODIA COMPARTIDA. EN CUANTO A LAS APTITUDES PERSONALES, NO SE REQUIEREN ESPECIALES APTITUDES PARA OCUPARSE DE UNOS MENORES QUE NO CUENTAN CON NECESIDADES ESPECIALES, SIN QUE LAS APTITUDES PERSONALES PARA EJERCER LA GUARDA Y CUSTODIA VAYAN UNIDAS A CUESTIONES DE GÉNERO, O REPARTO DE ROLES EN UNA DETERMINADA FAMILIA. PADRES QUE DE COMÚN ACUERDO PACTAN DE HECHO UN RÉGIMEN DE CUSTODIA COMPARTIDA UNA VEZ PRODUCIDA LA RUPTURA DE PAREJA

 

 

SENTENCIAS DEL TRIBUNAL SUPREMO ESENCIALES SOBRE LA CUSTODIA COMPARTIDA.

 

• DOCTRINA JURISPRUDENCIAL SOBRE LA CUSTODIA COMPARTIDA. LA CUSTODIA COMPARTIDA NO SE TRATA DE UNA MEDIDA EXCEPCIONAL, SINO AL CONTRARIO, HA DE CONSIDERARSE NORMAL E INCLUSO DESEABLE. Acceder >>>

 

• EL PRONUNCIAMIENTO JUDICIAL DEBE FUNDARSE EN EL INTERES DE LOS MENORES. DEBE ASEGURARSE EL ADECUADO DESARROLLO EVOLUTIVO, ESTABILIDAD EMOCIONAL Y FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS MENORES Y APROXIMARLO AL MODELO DE CONVIVENCIA EXISTENTE ANTES DE LA RUPTURA MATRIMONIAL, GARANTIZANDO AL TIEMPO A SUS PADRES LA POSIBILIDAD DE SEGUIR EJERCIENDO LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES INHERENTES A LA RESPONSABILIDAD PARENTAL Y DE PARTICIPAR EN IGUALDAD DE CONDICIONES EN EL DESARROLLO Y CRECIMIENTO DE SUS HIJOS. Acceder >>>

 

• EL PRONUNCIAMIENTO JUDICIAL DEBE FUNDARSE EN EL INTERES DE LOS MENORES, QUE EXIGE SIN DUDA UN COMPROMISO MAYOR Y UNA COLABORACIÓN DE SUS PROGENITORES TENDENTE A QUE ESTE TIPO DE SITUACIONES SE RESUELVAN EN UN MARCO DE NORMALIDAD FAMILIAR QUE SAQUE DE LA RUTINA UNA RELACIÓN SIMPLEMENTE PROTOCOLARIA DEL PADRE NO CUSTODIO CON SUS HIJOS QUE, SIN LA EXPRESA COLABORACIÓN DEL OTRO, TERMINE POR DESINCENTIVARLA TANTO DESDE LA RELACIÓN DEL NO CUSTODIO CON SUS HIJOS, COMO DE ESTOS CON AQUEL. Acceder >>>

 

• NO PUEDE DENEGARSE LA CUSTODIA COMPARTIDA SOLO EN BASE A LA MALA RELACIÓN ENTRE LOS CÓNYUGES, CUANDO NO SE DEDUCE DE LOS HECHOS PROBADOS QUE ESA MALA RELACIÓN PERJUDIQUE EL INTERÉS DE LOS MENORES. EL INFORME PSICOSOCIAL, SIENDO RELEVANTE, NO ES DE INELUDIBLE CUMPLIMIENTO. Acceder >>>

  custodia-compartida-abogados-expertos 

 

 

 

 

¿QUE ES LA GUARDA Y CUSTODIA COMPARTIDA?

La guarda y custodia compartida, es la situación legal mediante la cual, en caso de separación, divorcio, o crisis familiar, ambos progenitores ejercen la custodia legal de sus hijos en igualdad de condiciones y derechos sobre los menores de edad. En definitiva es seguir ejerciendo como padre y madre en las mismas condiciones en que se hacía antes de la situación de crisis familiar.

Se contrapone a la tradicional figura de la custodia monoparental, que es la ejercida exclusivamente por uno solo de los progenitores (habitualmente la madre, en términos estrictamente estadísticos)

En el supuesto de custodia compartida, y con los matices que posteriormente se harán, lo normal será que ambos progenitores se hagan cargo al 50% en todos aquellos gastos que se refieran a los hijos

Corresponde exclusivamente al Juez o Tribunal verificar si concurren los requisitos para aplicar este régimen, siempre teniendo como punto de referencia el superior interés de los menores que van a resultar afectados por la misma


 

 

 

 

¿QUE REQUISITOS QUE SE TIENEN EN CUENTA PARA ADOPTARLA?

Como requisitos básicos a valorar por el Juzgado a la hora de decidir sobre la posibilidad de otorgar la guarda y custodia compartida, destacan, entre otros, los siguientes:

 

  • La vinculación afectiva entre los hijos y cada uno de los padres, así como con las restantes personas que convivan con ellos, en su caso 
  • Aptitud de los padres frente al cuidado de los hijos y sus posibilidades de procurarles un entorno adecuado 
  • Voluntad de los padres de cooperar e intentar educar a sus hijos de forma conjunta, garantizando estabilidad, una línea educacional común, y una adecuada relación y entendimiento entre ambos padres. 
  • No es causa para denegar la compartida el que exista una mala relación entre los padres, salvo supuestos de conflictividad extrema 
  • Práctica anterior de los progenitores en sus relaciones con los menores. Tiempo que cada padre ha dedicado a la atención de los hijos antes de la ruptura, y tareas que efectivamente realizaba en relación a los hijos 
  • Opinión de los hijos
  • Número de hijos
  • Cercanía de los domicilios de los padres y su adecuación a las necesidades de los menores
  • Horarios y actividades de los padres
  • Inexistencia de sentencias por actos de violencia de género, e inclusive la inexistencia de indicios fundados de haberse cometido
  • Será relevante, aunque no vinculante, el dictamen del Ministerio Fiscal y los informes periciales psicológicos
  • Es necesario que al menos lo pida alguno de los padres. En el sistema del Código Civil para acordar la custodia compartida debe concurrir esta petición de alguna de las partes del proceso (Sentencia TS 257/13 de 29 de abril)
  • Cumplimiento por parte de los padres de sus deberes en relación con los hijos.
  • En definitiva cualquier otro criterio que permita a los menores tener una vida adecuada, aunque en la práctica pueda ser más compleja que la que se llevaba a cabo cuando los padres convivían
  • En todo caso se atenderá al superior interés de los menores

 

 

 

 

 

¿ES UNA MEDIDA EXCEPCIONAL?

En absoluto es una media excepcional.

Como ha señalado el Tribunal Supremo recientemente (Sentencia del TS de 29 de abril de 2.013), la guarda y custodia compartida no debe tratarse de una medida excepcional, sino que al contrario, habrá de considerarse normal, e incluso deseable, porque permite que sea efectivo el derecho que los hijos tienen a relacionarse con ambos progenitores, aun en situaciones de crisis, siempre que ello sea posible, y en tanto en cuanto lo sea.

 

Se sienta por el Tribunal Supremo como doctrina jurisprudencial que la interpretación de los artículos 92, 5 , 6 y 7 CC debe estar fundada en el interés de los menores que van a quedar afectados por la medida que se deba tomar, que se acordará cuando concurran criterios tales como la práctica anterior de los progenitores en sus relaciones con el menor y sus aptitudes personales; los deseos manifestados por los menores competentes; el número de hijos; el cumplimiento por parte de los progenitores de sus deberes en relación con los hijos y el respeto mutuo en sus relaciones personales; el resultado de los informes exigidos legalmente, y, en definitiva, cualquier otro que permita a los menores una vida adecuada, aunque en la práctica pueda ser más compleja que la que se llevaba a cabo cuando los progenitores convivían.


 

   

 

 

¿ES OBLIGATORIO QUE EL FISCAL INFORME FAVORABLEMENTE PARA QUE PUEDA ACORDARSE LA CUSTODIA COMPARTIDA?

Los Jueces podrán decidir que la custodia sobre un menor sea compartida, a pesar de que no haya acuerdo al respecto de los padres, sin la obligada anterior condición de que el Fiscal informe favorablemente al respecto, según ha dictaminado el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, en Sentencia 185/12, de 17 de octubre, ha declarado inconstitucional el artículo del Código Civil que imponía la obligatoriedad del informe favorable del Ministerio Fiscal para que el Juez pudiera tomar esa decisión.

 

Por tanto, corresponde exclusivamente al Juez o Tribunal verificar si concurren los requisitos legales para aplicar este régimen


 

 

 

 

 

¿PARA ACORDAR LA CUSTODIA COMPARTIDA ES NECESARIO UN PERFECTO ENTENDIMIENTO ENTRE LOS PADRES?

Este criterio interpretativo, es una cuestión afortunadamente superada, o al menos, matizada.

 

En materia de custodia de menores, no es cierto que el régimen de la compartida exija un perfecto entendimiento entre los padres, que siempre sería deseable, pero en todo caso tal afirmación equivaldría a dejar al arbitrio de uno de los progenitores la efectividad de un derecho que corresponde a los menores, y del que se pueden ver privados sin justa causa.

 

Solamente en casos de grave conflictividad sería desaconsejable este sistema, según tiene establecido la Jurisprudencia. Por otro lado, sería necesario que la parte que se opone a la custodia compartida, acredite cumplidamente el perjuicio que para el menor supondría el ejercicio conjunto de la custodia.

 

Las relaciones entre los cónyuges, por si solas, no son relevantes ni irrelevantes para determinar la guarda y custodia compartida. Solo se convierten en relevantes cuando afecten, perjudicándolo, el interés del menor (STS 1-7-11 y 22-7-11)

 

Si la relación de los menores con los padres es afectuosa, y está bien asentada, la falta de comunicación entre los padres no es determinante para denegar la custodia compartida. El buen entendimiento entre los padres es beneficioso y deseable, no solo a la hora de adoptar la custodia compartida, sino en cualquier sistema de custodia. Si el único elemento que se afirma como desestabilizador de la custodia compartida, es la falta de comunicación, debe tenerse presente que dicho elemento solo es uno más a tener en cuenta según la jurisprudencia, no resultando determinante de la exclusión de este régimen, ya que si la comunicación entre los padres fuera de lo más fluida, estaríamos ante una situación idílica, que no suele acontecer en la realidad


 


 

 

 

¿QUE ES EL “INTERES DEL MENOR”?

Lo determinante para acordar la custodia compartida es que la misma se funde en “el interés del menor que va a quedar afectado por la medida que se deba tomar”. Por tanto lo que prima siempre es el interés del menor y no el de los progenitores, subordinado siempre al primero.

 

Legalmente, ni en el Código Civil, ni la Ley de protección Jurídica del Menor, definen ni determinan exactamente que deba entenderse por “interés del menor”

 

Lo esencial será en consecuencia, según criterio jurisprudencial reiterado, que se exige sin duda un compromiso mayor y una colaboración de sus progenitores tendente a que este tipo de situaciones se resuelvan en un marco de normalidad familiar que saque de la rutina una relación simplemente protocolaria del padre no custodio con sus hijos que, sin la expresa colaboración del otro, termine por desincentivarla tanto desde la relación del no custodio con sus hijos, como de estos con aquel.

 

El interés del menor implica que la custodia que se acuerde, debe asegurar el adecuado desarrollo evolutivo, estabilidad emocional y formación integral de los menores, para aproximarlo al modelo de convivencia existente antes de la ruptura matrimonial, y garantizar al tiempo a los padres la posibilidad de seguir ejerciendo los derechos y obligaciones inherentes a la responsabilidad parental, y de participar en igualdad de condiciones en el desarrollo y crecimiento de sus hijos. Sobre esta base gira el concepto del “superior interés del menor”, a la hora de acordar o no sobre la custodia compartida.

 

La decisión con respecto al régimen de custodia de los menores debe hacerse atendiendo al principio "favor filii", es decir al del interés y beneficio del menor al que queda subordinado el de sus progenitores, por legítimo que sea. Tal principio conforma, en definitiva, la guía que debe presidir la decisión judicial en casos como el que nos ocupa.

 

El interés del menor constituye una cuestión de orden público (SSTS de 11 febrero y 25 de abril de 2011 y 31 de enero de 2013). Se trata de procurar que los derechos fundamentales del niño resulten protegidos y que ello suceda de forma prioritaria y preferente a los de los demás implicados, debido a la falta de capacidad del menor para actuar defendiendo sus propios intereses.


 


 

 

 

¿EN CASO DE CUSTODIAS COMPARTIDAS, SE SUELE ESTABLECER PENSIÓN DE ALIMENTOS CON CARGO A ALGUNO DE LOS PROGENITORES?

 

Siempre habrá que atender a las circunstancias concretas, tanto personales como económicas del núcleo familiar, si bien, como criterio de general aplicación, se puede mantener que lo habitual sería el no establecer en estos casos pensión alimenticia, de forma que cada progenitor se hace cargo de los menores en los periodos en que éstos estén bajo su cuidado, repartiendo al 50 % los gastos extraordinarios que les afecten (entendiendo por tales los gastos médicos no cubiertos por la Seguridad Social, y cualquier otro imprevisible de naturaleza análoga, las intervenciones quirúrgicas, el ingreso en centros hospitalarios, los tratamientos de odontología, de psicología, siempre que haya continuidad, las gafas, el material de ortodoncia, las matrículas escolares y universitarias, las estancias a Colonias,...).

 

Se puede establecer, o solicitar al Juzgado que en los gastos extraordinarios no sea necesario el previo consentimiento del otro progenitor, sino que baste el conocimiento por comunicación posterior -y si en un determinado plazo (por ejemplo 15 días naturales) no consta oposición expresa, se considere por aceptado el gasto.

 

El que cada uno de los padres asuma los gastos de los hijos durante el tiempo que los tienen consigo, compartiendo al 50% los gastos extraordinarios, en todo caso lo sería en los supuestos en que exista una semejanza de ingresos entre los padres, en los cuales y por esa razón la forma de atender a los hijos sea semejante. No obstante, cuando existe una cierta diferencia entre estos ingresos, para intentar que los menores se encuentren de forma semejante con uno u otro de los progenitores, sin diferencias entre ambos, se viene adoptando en algunos casos la fijación de una pensión alimenticia en favor de los hijos y a cargo del progenitor cuyos ingresos son mayores, cuantía de la pensión que viene siendo reducida, ya que la estancia con uno u otro progenitor es al 50% habitualmente.

 

La jurisprudencia ha venido indicando que no es consustancial a la custodia compartida que los progenitores no deban contribuir a satisfacer una pensión alimenticia a uno de los cónyuges para el mantenimiento de los hijos comunes. Ello es así porque los hijos deben tener un nivel de vida similar cuando permanezcan con uno u otro de los padres aunque estos tengan diferentes ingresos. Como indica la jurisprudencia "la custodia compartida no exige una distribución igualitaria de las contribuciones económicas de los progenitores a los alimentos de los hijos, pudiendo contemplar las diferentes capacidades económicas de aquellos para fijar otras proporciones, ni existe ninguna norma que impida establecer proporciones diferentes para los gastos ordinarios”.

 

Otra alternativa que se da en la práctica es que cada uno de los progenitores habrá de satisfacer los gastos diarios de los menores cuando estén en su compañía, e ingresar mensualmente en una cuenta bancaria a nombre de los hijos una determinada cantidad, actualizable anualmente conforme al IPC, para atender los demás gastos ordinarios de los hijos.


 


 

 

 

¿ES LO MISMO LA GUARDA Y CUSTODIA QUE LA PATRIA POTESTAD?

 

En absoluto deben identificarse ambos conceptos.

 

Habitualmente la patria potestad, con independencia de a quien se otorgue la custodia de los menores, debe continuar ejerciéndose conjuntamente por ambos padres.

 

Esto supone que las decisiones importantes relativas a los menores, deben ser adoptadas por ambos progenitores de mutuo acuerdo, y en caso de discrepancia resolverá el Juzgado.

 

A título de ejemplo, son decisiones incluidas dentro del ámbito de la patria potestad, que no de la guarda y custodia, las siguientes cuestiones:

 

• Cambio de domicilio del menor fuera del municipio de residencia habitual y traslado al extranjero, salvo viajes vacacionales

• Elección inicial o cambio de centro escolar

• Determinación de las actividades extraescolares o complementarias

• Celebraciones sociales y religiosas de relevancia (bautismo, primera comunión y similares en otras religiones)

• Actos médicos no urgentes que supongan intervención quirúrgica o tratamiento médico de larga duración o psicológicos

• Decisiones relativas a la orientación educativa, religiosa o laica

 

En todo caso se debe reconocer al progenitor no custodio el derecho a obtener información sobre la marcha escolar de los menores y a participar en las actividades tutoriales del centro. Igualmente podrá recabar información médica sobre los tratamientos de sus hijos

 

Cabe la posibilidad de que, notificada fehacientemente al otro progenitor la decisión que uno de ellos pretenda adoptar en relación con los menores, recabando su consentimiento a la decisión proyectada, se entenderá tácitamente prestado el mismo si en el plazo que se señale (10 ó 15 días naturales por ejemplo), aquel no lo niega expresamente


 


 

 

 

¿ES UN OBSTÁCULO PARA DECRETAR LA CUSTODIA COMPARTIDA EL QUE ALGUNO DE LOS PADRES, POR CUESTIONES LABORALES O PERSONALES, PRECISE DE LA AYUDA PUNTUAL DE ALGUN FAMILIAR CERCANO (POR EJEMPLO LOS ABUELOS), PARA DESARROLLAR TAL CUSTODIA?

 

En absoluto sería un obstáculo en términos absolutos.

 

Se plantea el supuesto habitual en los casos en que por los horarios de trabajo, es necesario que los menores sean recogidos en los centros escolares por otro familiar directo, por ejemplo los abuelos, o atendidos por estos de forma puntual a lo largo de la jornada. Tal circunstancia no puede constituir obstáculo alguno, pues en una sociedad moderna, como la actual, la colaboración de los abuelos, no solo es importante, sino a veces imprescindible, y además conveniente para el desarrollo de los menores, pues ese contacto con los abuelos contribuye en una correcta evolución psicológica y afectiva de los menores. (Sentencia Audiencia Provincial de Cádiz de 30-12-13)

 

Las dificultades que pudieran existir para estar en compañía de los menores de forma prolongada durante la jornada laboral, tienen habitualmente su causa en circunstancias ordinarias y comunes a otras familias, como son las derivadas de la sujeción a determinados horarios por razones de trabajo que hacen complicado conciliar la vida laboral y la familiar, por lo que no debe ser un criterio relevante para determinar el régimen de custodia.

 

La necesidad de tener que recurrir, como la gran mayoría de padres trabajadores, a la ayuda de la propia familia o de terceros en el cumplimiento de sus funciones como progenitor, está plenamente justificada. Las funciones de un correcto ejercicio de la labores de guarda y custodia no exigen una presencia constante, continua y permanente de quien ejerce la custodia con sus hijos, aun cuando ello sería deseable.


 


 

 

 

¿EL CAMBIO JURISPRUDENCIAL EN EL SENTIDO DE ENTENDER QUE LA CUSTODIA COMPARTIDA NO ES UNA MEDIDA EXCEPCIONAL, O LOS MEROS CAMBIOS LEGISLATIVOS FAVORECEDORES DE LA CUSTODIA COMPARTIDA, PERMITEN SOBRE ESA SOLA BASE MODIFICAR LAS RESOLUCIONES JUDICIALES ADOPTADAS CON ANTERIORIDAD, EN LAS QUE SE OTORGABA LA CUSTODIA DE FORMA EXCLUSIVA A UNO DE LOS PADRES?


La mera invocación del cambio de ley, favorecedora de las fórmulas de custodia compartida, no permiten "per se" y de forma automática, y por este único y exclusivo motivo, la modificación de la medida, ya que el modelo de guarda preferente es, o será, aquel que mejor tutele el interés del menor.

 

En este sentido y para que proceda su modificación es preciso que, tras efectuarse una ponderación entre el modelo de guarda vigente y el pretendido, se constate que este supone un beneficio para los hijos menores en relación con el status quo existente con anterioridad. La constatación de que el sistema de guarda vigente no tutela suficientemente el interés de los menores constituye, en sí mismo, un cambio sustancial aunque las restantes circunstancias no hayan variado. Poco importa que la fijación del régimen anterior fuera de mutuo acuerdo o contenciosa y el tiempo transcurrido desde su establecimiento puesto que así lo impone el criterio prevalente del interés del menor. (Sentencia Audiencia Provincial de Barcelona de 19-12-13)


 


 

 

 

¿ES IMPRESCINDIBLE QUE LA CUSTODIA COMPARTIDA SE SOLICITE POR UNA DE LAS PARTES??. SE PODRIA IMPONER A LOS PROGENITORES UNA CUSTODIA COMPARTIDA EN CASO DE DISCREPANCIA ENTRE ELLOS?


Constituye un requisito esencial para la adopción de este régimen que medie la petición de al menos uno de los progenitores, de modo que el ejercicio compartido de la guarda y custodia se establecerá siempre que así lo soliciten ambos (art. 92.5 CC) y, en el caso de que lo pida uno de los padres, el Tribunal "podrá" acordarlo con fundamento en que de esta forma se protege adecuadamente el interés superior del menor, teniendo en cuenta, en su caso, el dictamen de especialistas relativo a la idoneidad del modo de ejercicio de la patria potestad y del régimen de custodia (art. 92.9 CC), por lo que, en los supuestos de discrepancia entre las partes, cabría imponer a los progenitores el ejercicio de la custodia compartida cuando se demuestre que es beneficiosa para el menor (STS 29 abril 2013),


 


 

 

 

PETICION DE CUSTODIA COMPARTIDA POR UNO DE LOS PADRES, SOLO TRAS LA PETICION JUDICIAL DE CUSTODIA EXCLUSIVA POR EL OTRO.

Si la guarda y custodia compartida se solicita por uno de los padres, no de forma directa, sino solo como consecuencia de una previa reclamación por el otro progenitor, que en su caso reclama la atribución de la custodia exclusiva, nos encontraríamos a criterio judicial ante una conducta del progenitor que podría entenderse como carente de toda iniciativa e interés en asumir, tras la ruptura de la relación familiar, esa responsabilidad paterno-filial conjunta que ahora se reclama, máxime además cuando ni siquiera quizá la solicitó, al menos de forma transitoria, en sede de Medidas Provisionales. En consecuencia, no es conveniente solicitar la guarda y custodia compartida de forma meramente provocada por la petición del otro padre o madre, sino que conviene interesarla sin dilación. No obstante, no debe entenderse el anterior criterio en términos absolutos, y siempre habrá que atender a las circunstancias concretas de cada caso.

 

Anteproyecto de Ley sobre el Ejercicio de la Corresponsabilidad Parental en Caso de Nulidad, Separación y Divorcio. 

 

La presente reforma considera necesario concienciar a los progenitores sobre la necesidad de presentar y la importancia de pactar, en caso de ruptura o de no convivencia, un plan de ejercicio de la patria potestad, como corresponsabilidad parental, en relación con los hijos. Ese plan debe incorporarse al proceso judicial (artículos 770 y 777 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), y será un instrumento para concretar la forma en que los progenitores piensan ejercer sus responsabilidades parentales, en el que se detallarán los compromisos que asumen respecto a la guarda y custodia, el cuidado y la educación de los hijos, así como en el orden económico.

 

Sin imponer una modalidad concreta de organización, con ello se alienta a los progenitores, tanto si el proceso es de mutuo acuerdo como si es contencioso (artículos 90 y 91 del Código Civil), a organizar por sí mismos y responsablemente el cuidado de los hijos con ocasión de la ruptura, de modo que deben anticipar los criterios de resolución de los problemas más importantes que les afecten.

 

No obstante, si bien se mantiene la prioridad de lo acordado por los padres en la regulación de las relaciones familiares (artículo 90), se establece, al desarrollar cada una de las medidas, que ello necesitará aprobación judicial, pudiendo denegarse si los pactos son dañosos para los hijos o contrarios a su interés superior (principio rector que se recoge expresamente en el artículo 92), o son gravemente perjudiciales para uno de los cónyuges.

 

Se incorpora expresamente la posibilidad, no la obligación, de que los progenitores, de común acuerdo o por decisión del Juez, acudan en cualquier momento a la mediación familiar para resolver las discrepancias derivadas de su ruptura, debiendo ser aprobado judicialmente el acuerdo al que lleguen. La mediación familiar resulta así un instrumento fundamental para favorecer el acuerdo entre los progenitores, evitar la litigiosidad y fomentar el ejercicio consensuado de la corresponsabilidad parental, tras la ruptura.

 

 César Sánchez Sánchez

Abogado Multidisciplinar en Madrid

Abogado desde 1993

649.260.997


guardia-custodia-atribucion-voluntad-hijos 


 902 55 96 22  


Consulta Legal

Consulta Legal Gratuita

Una de las medidas más delicadas a adoptar es la de la guarda y custodia (términos que se complementan y que no se excluyen) o régimen de convivencia y el de las relaciones familiares de los progenitores con los hijos. La introducción del artículo 92 bis del Código Civil tiene como objeto introducir los cambios necesarios para conseguir un sistema legal donde desaparezcan las rigideces y las preferencias por la custodia monoparental del actual artículo, pero sin establecer la custodia y guarda compartida como preferente o general, debiendo ser el Juez en cada caso concreto, y siempre actuando, no en interés de los progenitores, sino en interés del menor, quien determine si es mejor un régimen u otro, y quien regule los distintos aspectos y el contenido de las relaciones parentales, sin que la guarda y custodia compartida implique necesariamente una alternancia de la residencia de los hijos con sus progenitores en periodos iguales, pero sí en un tiempo adecuado para el cumplimiento de la finalidad de la custodia.

 

Se regula, pues, la guarda y custodia compartida, no como un régimen excepcional, sino como una medida que se puede adoptar por el Juez, si lo considera conveniente, para la protección del interés superior del menor, tanto cuando lo solicitan los progenitores de mutuo acuerdo o uno con el consentimiento del otro, o cuando, no mediando acuerdo, cada uno de ellos insta la custodia para ambos o exclusiva para sí.

 

Expresamente se prevé que no se otorgará la guarda y custodia, ni individual ni compartida, al progenitor contra quien exista sentencia firme por violencia doméstica o de género hasta la extinción de la responsabilidad penal, o cuando existan indicios fundados y racionales de tales delitos que consten en una resolución judicial motivada del Juez que lleve la causa penal o, en su defecto, cuando tales indicios existan a juicio del Juez del procedimiento civil, de las alegaciones de las partes y las pruebas practicadas, siempre que el delito no estuviera prescrito.

 

Todos los principios rectores de la reforma han quedado reforzados por la doctrina jurisprudencial que ha fijado la reciente Sentencia del Tribunal Supremo, de 29 de abril de 2013, al señalar que “la redacción del artículo 92 vigente no permite concluir que se trate de una medida excepcional sino que, al contrario, habrá de considerarse normal e incluso deseable, porque permite que sea efectivo el derecho que los hijos tienen a relacionarse con ambos progenitores, aun en situaciones de crisis, siempre que ello sea posible y en tanto en cuanto lo sea”.

 

Se produce en consecuencia una profunda modificación del Código Civil, de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, y puntualmente de la Ley de 8 de junio de 1957, de Registro Civil, de la Ley 20/2011, de 22 de julio, de Registro Civil, y de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles.

 

Información sobre Custodia Compartida >>>>>>>>>>>>>>>>

                      

 


 

Anteproyecto de Ley sobre el Ejercicio de la Corresponsabilidad Parental en Caso de Nulidad, Separación y Divorcio.

 

 Descargar Documento en PDF.

 


  

Tablas Orientadoras para el Cálculo de Pensiones Alimenticias. En breve a disposición pública una sencilla aplicación informática.

 

Los vocales del Consejo General del Poder Judicial Fernando de Rosa Torner y Carles Cruz Moratones informaron sobre la Memoria explicativa de las tablas orientadoras para la determinación de las pensiones alimenticias de los hijos en procesos de familia, elaborada por el Grupo de trabajo de jueces de familia.

 

Este trabajo así como una aplicación informática destinada a facilitar el cálculo de las pensiones de alimentos se pondrán a disposición de los distintos operadores jurídicos y para los ciudadanos en general a través del portal del Poder Judicial.

 

Contar de antemano con los criterios de Jueces y Magistrados nos servirá en muchas ocasiones para solventar de forma consensuda las cuestiones que sobre las pensiones de alimentos se susciten en los procesos de familia "pues incrementa los niveles de previsibilidad de la respuesta judicial, aumenta la seguridad jurídica ..." 

 

Sistemas similares se vienen utilizando en países como Canadá, Noruega, Estados Unidos y Alemania entre otros.

Matrimonial

guardia-custodia-atribucion-voluntad-hijos

902 55 96 22 


Más Info >>>


 Memoria explicativa de las tablas orientadoras para la determinación de las pensiones alimenticias de los hijos en procesos de familia, elaborada por el Consejo General del Poder Judicial.

 

 Descargar Documento en PDF.


 

pension-alimentos-hijos-divorcio 


DOCTRINA CONSTITUCIONAL. Personación no realizada en tiempo y forma cuando al primer escrito presentado no se acompaña poder para pleitos, ni se otorga, AL MISMO TIEMPO O con anterioridad, el apud acta. Carencia absoluta de representación. Defecto insubsanable.

 

El presente supuesto parte de los siguientes antecedentes: El Juzgado de 1ª Instancia dicta Sentencia desestimando demanda de juicio ordinario. Los demandantes interponen contra la misma recurso de apelación, siendo emplazados para comparecer ante la Audiencia Provincial. Por escrito firmado por abogado y procurador, la apelante manifiesta personarse, solicitando se señale día y hora a fin de otorgar el correspondiente “apud acta”. La Sala dicta Decreto teniendo por no comparecidos en plazo a los apelantes y declarando desierta la apelación. Se interpone recurso de revisión contra tal Decreto, aportando ya poderes notariales, indicando que el defecto, de haber existido, sería subsanable. Finalmente se dicta Auto desestimando tal recurso de revisión frente al que se plantea la demanda de amparo sobre la base de que tal resolución habría vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva, que comprende el derecho de acceso al recurso legal.

El Tribunal Constitucional en Sentencia 90/2.013, de la Sala Segunda, de 22 de abril de 2.013, deniega el amparo señalando que la literalidad del art. 24 LEC en la redacción aplicable temporalmente, conduce, sin ser forzada, a la solución adoptada por la Audiencia Provincial. Recuérdese que con arreglo al precepto controvertido, «la escritura de poder se acompañará al primer escrito que el procurador presente o, en su caso, al realizar la primera actuación; y el otorgamiento apud acta deberá ser efectuado al mismo tiempo que la presentación del primer escrito o, en su caso, antes de la primera actuación, sin necesidad de que a dicho otorgamiento concurra el procurador» (art. 24.2 LEC). Nada hay que objetar, por tanto, a la resolución judicial que, en interpretación de la citada norma, considera la personación no realizada en tiempo y forma cuando aquel primer escrito no fue acompañado de poder causídico alguno, ni otorgado apud acta ni notarial, pues el finalmente aportado por escritura era de fecha posterior al escrito y al plazo de personación conferido. De lo dicho se sigue, también razonablemente, que al momento de la presentación del escrito de personación el Procurador carecía absolutamente de la representación de los demandantes de amparo, carencia ésta cuyo tratamiento como insubsanable no ha sido reprobada por este Tribunal en numerosas Sentencias.

 

 César Sánchez Sánchez

Abogado Multidisciplinar en Madrid

Abogado desde 1993

Experto en Derecho Civil y Penal

649.260.997 


 902 55 96 22  


Consulta Legal


Consulta Legal Gratuita

 

 


Sentencia del Tribunal Constitucional de 22 de Abril de 2013 relativa a la defectuosa personación que implica anunciar apoderamiento apud acta. 

 


 Descargar Sentencia en PDF.

 


  

tribunal-constitucional


Régimen de visitas de los Abuelos. No es posible impedir el Derecho de los Nietos al contacto con sus Abuelos por la falta de entendimiento de éstos con los Progenitores. Prima el superior interés del menor.

 

 

El presente caso parte de los siguientes antecedentes: Abuelos que pretenden el establecimiento de régimen de comunicación y estancia con su nieta, al que se oponen los padres de la menor

 

El Juzgado de 1ª Instancia dicta Sentencia desestimando la demanda. Los abuelos recurren en apelación, siendo desestimada la misma por la Audiencia Provincial, atendiendo a la corta edad de la niña (3 años), unida al distanciamiento y a las malas relaciones existentes en la actualidad entre los progenitores y la abuela materna, justifican suficientemente la improcedencia de establecer por el momento un régimen de visitas a favor de los abuelos maternos 

 

Los abuelos interponen Recurso de casación contra la Sentencia de la Audiencia, alegando infracción del artículo 160, párrafos 2º y 3º del Código Civil. La recurrente (abuela), considera que las malas relaciones que mantiene con su hija, no son causa para que una abuela pueda comunicarse con su nieta, teniendo en cuenta el interés superior de ésta, que siempre debe prevalecer en esta materia. Por otro lado, ello tampoco sería causa para que el abuelo, con quien no existen malas relaciones, también se vea privado del régimen de visitas que le corresponde.

 

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo en Sentencia de 24 de mayo de 2.013, (Ponente Sr. Seijas Quintana), resuelve la cuestión, señalando en primer término que la complejidad de las relaciones entre familiares, se evidencia en los asuntos referidos a las relaciones entre parientes más alejados que los progenitores, que pueden verse impedidos de una normal relación con sus descendientes o ascendientes. Esta Sala en su jurisprudencia ha tenido que manifestarse a favor de estas relaciones en la que se pone de relieve la necesidad de que se produzca este tipo de contactos partiendo de la regla de que no es posible impedir el derecho de los nietos al contacto con sus abuelos, únicamente por la falta de entendimiento de éstos con los progenitores. Rige en la materia un criterio de evidente flexibilidad en orden a que el Juez pueda emitir un juicio prudente y ponderado, en atención a las particularidades del caso, el cual deberá tener siempre como guía fundamental el interés superior del menor.

 

 César Sánchez Sánchez

Abogado Multidisciplinar en Madrid

Abogado desde 1993

Experto en Derecho Civil y Penal

649.260.997


  Solicitud de Presupuesto 

Petición de Presupuesto a un Abogado 


 902 55 96 22  


Consulta Legal

Consulta Legal Gratuita


En este caso, habida cuenta que nada se argumenta en la sentencia sobre cómo y porqué estas malas relaciones pueden influir negativamente sobre la nieta, la justa causa para negar esta relación se está estableciendo de forma puramente especulativa

 

En consecuencia se estima el Recurso de Casación, se casa la Sentencia de la Audiencia y se declara el derecho de los recurrentes a relacionarse y comunicarse con su nieta en la forma que se determine en ejecución de sentencia.


 Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de mayo de 2013 sobre el Derecho de Visitas de los Abuelos. 


 Descargar Sentencia en PDF.

 


  

visitas-abuelos-nietos

Doctrina Jurisprudencial sobre la Custodia Compartida. La Custodia Compartida no se trata de una medida excepcional, sino al contrario ha de considerarse norma e incluso deseable. El pronunciamiento judicial al respecto debe fundarse en el interés de los menores.


El presente supuesto parte de los siguientes antecedentes: En un procedimiento de divorcio los progenitores discuten la custodia de la hija común, interesando ambos la atribución en exclusiva de la misma.


El Juzgado de 1ª Instancia dicta Sentencia atribuyendo al padre la custodia. La madre recurre en apelación, siendo desestimada la misma por la Audiencia Provincial, que también deniega la custodia compartida sobre la base de los restrictivos términos que en este sentido figuran en el artículo 92.8 del CC, cuyo tenor literal es claro al establecer que si los dos padres no están de acuerdo (supuesto del apartado 5) dicha modalidad sólo se acordará excepcionalmente y con informe favorable del Ministerio Fiscal. La Audiencia expresa su reserva frente a las diversas modalidades de este régimen, indicando que junto a innegables virtudes como la igualdad de trato y responsabilidad de los padres, presenta inconvenientes como la menor estabilidad del status material de los hijos, la exigencia de un alto grado de dedicación por parte de los padres, la necesidad de una gran disposición de éstos a colaborar en su ejecución, etc. Pues bien, si ya determinados extremos del contenido del informe y las alegaciones de las partes en la instancia permitían dudas sobre la disposición de los litigantes a la colaboración exigida por el régimen de custodia conjunta, el informe del Ministerio Fiscal en su recurso, y la oposición de padre al mismo, no hace procedente adoptar el mismo como solicita la madre, por lo que, en definitiva, ha de confirmarse la decisión del Juzgado de rechazarlo. 

La madre interpone Recurso de casación contra la Sentencia de la Audiencia, alegando la aplicación indebida de los artículos 90, 92 y siguientes del Código Civil.


La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo en Sentencia de 29 de abril de 2.013, (Ponente Sr. Seijas Quintana), resuelve la cuestión, y así el motivo se estima, exclusivamente en lo que se refiere a los argumentos de la Sentencia de la Audiencia para denegar la custodia compartida. El Supremo discrepa de los argumentos de la Audiencia, al no fundar la negativa en el interés del menor, al que no hace alusión alguna.


Recuerda el Supremo que la STC 185/2012, de 17 de octubre, ha declarado inconstitucional y nulo el inciso "favorable" del informe del Ministerio Fiscal contenido en el artículo 92.8 del Código Civil, de tal forma que corresponde exclusivamente al Juez o Tribunal verificar si concurren los requisitos legales para aplicar este régimen. Es por tanto al Juez al que, en el marco de la controversia existente entre los progenitores, corresponde valorar si debe o no adoptarse tal medida considerando cuál sea la situación más beneficiosa para el niño; Solo al Juez le corresponde la facultad de resolver el conflicto que se leplantea, pues exclusivamente él tiene encomendada constitucionalmente la función jurisdiccional, obligando a los progenitores a ejercerla conjuntamente sólo cuando quede demostrado que es beneficiosa para el menor. 

 

Se parte de que la custodia compartida no se trata de una medida excepcional, sino que al contrario, debe considerarse la más normal, porque permite que sea efectivo el derecho que los hijos tienen a mantener dicha relación.

 

 César Sánchez Sánchez

Abogado Multidisciplinar en Madrid

Abogado desde 1993

Experto en Derecho Civil y Penal

649.260.997


custodia-compartida-abogado

 

Más Información sobre Custodia Compartida >>>

 902 55 96 22  


Consulta Legal

Consulta Legal Gratuita

 

Entiende el Supremo que los datos que maneja la sentencia del Juzgado, ratificada en este aspecto por la recurrida, no permiten acordar la custodia compartida, no por las razones expuesta por la Sala, sino en el interés de la menor que es la que, a la postre, va a quedar afectada por la medida que se deba tomar.


Se sienta como doctrina jurisprudencial que la interpretación de los artículos 92, 5 , 6 y 7 CC debe estar fundada en el interés de los menores que van a quedar afectados por la medida que se deba tomar, que se acordará cuando concurran criterios tales como la práctica anterior de los progenitores en sus relaciones con el menor y sus aptitudes personales; los deseos manifestados por los menores competentes; el número de hijos; el cumplimiento por parte de los progenitores de sus deberes en relación con los hijos y el respeto mutuo en sus relaciones personales; el resultado de los informes exigidos legalmente, y, en definitiva, cualquier otro que permita a los menores una vida adecuada, aunque en la práctica pueda ser más compleja que la que se lleva a cabo cuando los progenitores conviven. Señalando que la redacción del artículo 92 no permite concluir que se trate de una medida excepcional, sino que al contrario, habrá de considerarse normal e incluso deseable, porque permite que sea efectivo el derecho que los hijos tienen a relacionarse con ambos progenitores, aun en situaciones de crisis, siempre que ello sea posible y en tanto en cuanto lo sea.

 

En consecuencia se estima el Recurso de Casación, se casa la Sentencia de la Audiencia únicamente en lo que se refiere a la denegación de la custodia compartida, pronunciamiento que se mantiene, si bien por razones distintas de las que señala la Sentencia de la Audiencia.


 Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo, de 29 de Abril de 2013 sobre la preferencia de optar por la Custodia Compartida. 

 

 Descargar Sentencia en PDF 


 

 


  

  custodia-compartida-abogado

 

 

 

Criterios interpretativos sobre la atribución de uso y disfrute de la vivienda familiar en caso de cesión de otra vivienda por parte de los abuelos maternos. Mantener a los hijos en la vivienda de los abuelos supondría consagrar una situación de precario.

 

No se garantiza una vivienda segura a los menores desde el momento en que podrían ser desalojados a través de una Acción de Desahucio por Precario. El interés prevalente de los menores debe presidir la atribución de la vivienda.

 

Se plantea procedimiento de divorcio, en el que el esposo, además de la disolución del vínculo, solicita la atribución de la guarda y custodia de los menores, conviviendo con él en domicilio privativo de su propiedad, alimentos, y régimen de visitas a favor de la madre.

 

La esposa contesta la demanda interesando la guarda y custodia de los menores, alimentos con cargo al padre, pensión compensatoria, régimen de visitas a favor del progenitor no custodio, y atribución del uso y disfrute del domicilio familiar (privativo del padre).

 

El Juzgado de 1ª Instancia dicta Sentencia, decretando el divorcio, atribuyendo la guarda y custodia de los menores a la madre, fijando régimen de visitas a favor del padre, y estableciendo alimentos con cargo al mismo.

 

Planteado recurso de apelación por la representación procesal de la esposa, la Audiencia lo estima parcialmente, atribuyendo a la apelante y a sus hijos el uso y disfrute del domicilio familiar privativo del padre.

 

El esposo interpone Recurso de Casación, fundamentándolo en la aplicación e interpretación errónea del artículo 96 del CC, en relación con el 103.2 del CC, en lo que se refiere a la decisión de la Sentencia de atribuir el uso del domicilio conyugal a la esposa e hijos, pese a haber decidido la misma poner término a la convivencia, fijando su domicilio en una vivienda unifamiliar de dos plantas y amplio jardín propiedad del abuelo materno, que le fue cedida gratuitamente para ella y los nietos con vocación de permanencia.

 César Sánchez Sánchez

Abogado Multidisciplinar en Madrid

Abogado desde 1993

Experto en Derecho Civil y Penal

649.260.997


  Solicitud de Presupuesto 

Petición de Presupuesto a un Abogado 


 902 55 96 22  


Consulta Legal

Consulta Legal Gratuita

 

La  Sala de lo Civil del Tribunal Supremo (Sección 1ª) en Sentencia de 15 de marzo de 2.013, (Ponente Sr. Seijas Quintana), resuelve la cuestión reiterando lo ya manifestado en resoluciones anteriores, en el sentido de que el interés sin duda prevalente de los menores, demanda una vivienda adecuada a sus necesidades, si bien puede darse el caso que el hijo no precise dicha vivienda por encontrarse satisfechas sus necesidades de habitación a través de otros medios. Esta solución requiere que la vivienda alternativa sea idónea para satisfacer tal interés prevalente del menor.

 

Sin embargo, y a diferencia del criterio mantenido por Sentencia del TS de 5 de noviembre de 2.012, (también objeto de comentario en esta página en fechas recientes), no ocurre así en el presente caso.

 

La Sentencia recurrida, en orden a proteger el interés de los menores bajo la custodia de su madre, asignó a los mismos el uso de la que fue vivienda familiar hasta la ruptura de la relación del matrimonio. Es cierto que durante el procedimiento los abuelos maternos cedieron de forma gratuita el uso de una vivienda de su propiedad, pero ello no indica sin más que pueda ponerse a su cargo una obligación continuada que corresponde a los progenitores, y que además estos pueden hacer efectiva en tanto en cuanto disponen de una vivienda propiedad del esposo, que constituyó el domicilio conyugal, y que no fue abandonada de forma voluntaria y menos aun con vocación de permanencia, sino como consecuencia de las malas relaciones entre los cónyuges, que desembocarían posteriormente en procedimientos penales, en algunos de los cuales se fija una orden de protección.

 

En definitiva, mantener a los hijos en la vivienda de sus abuelos supone consagrar una situación de precario, que les ha permitido convivir durante la tramitación del procedimiento, pero la asignación del uso responde a la necesidad de garantizar una vivienda segura a los menores, y esto no se produce desde el momento en que podrían ser desalojados en cualquier momento por la exclusiva voluntad del tercero propietario, a través de una acción de desahucio, situación que perjudicaría a los menores, cuyo interés es el que debe presidir en la atribución de la vivienda.

 

En consecuencia se desestima el Recurso de Casación. 


 

Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo, de 15 de marzo de 2013 sobre la atribución de la vivienda familiar pese a la cesión temporal de otra hecha por los abuelos. 


 Descargar Documento en PDF.

 


  

  

Criterios interpretativos para el establecimiento de Pensión Compensatoria con carácter temporal. Idoneidad o aptitud de la beneficiaria para superar el desequilibrio económico en un tiempo concreto. 

 

Se plantea procedimiento de modificación de medidas en el que el esposo solicita la extinción de la pensión compensatoria fijada en previo procedimiento de divorcio, o subsidiariamente la limitación temporal de la misma a un año. La esposa se opone.

 

El Juzgado de 1ª Instancia dicta Sentencia desestimando la demanda.

Planteado recurso de apelación por la representación procesal del actor, la Audiencia lo estima parcialmente en el sentido de fijar la pensión compensatoria en cantidad inferior a la establecida en el procedimiento de divorcio, sin límite temporal alguno. Parte la Audiencia del entendimiento de que existe una variación en la situación de dio lugar a acordar la medida, ya que la demanda realiza un trabajo por cuenta ajena, pero no hay que olvidar que el mismo no supone una incorporación plena al mercado laboral, ya que presta sus servicios en un negocio familiar recibiendo una remuneración limitada. Tal variación se tiene en cuenta para reducir la pensión compensatoria inicial.

 

El esposo interpone Recurso de Casación, reiterando en el mismo su pretensión de que la pensión se conceda con carácter temporal.

 

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo (Sección 1ª) en Sentencia de 20 de diciembre de 2.012, (Ponente Sr. Seijas Quintana), resuelve la cuestión indicando que es el cambio de circunstancias determinantes del desequilibrio que motivaron su reconocimiento, el mismo que también puede convertir una pensión vitalicia en temporal, ya que la normativa legal no configura con carácter necesario la pensión como un derecho de duración indefinida o vitalicia.

 

Es cierto que esta transformación de la pensión vitalicia en temporal puede venir dada por la idoneidad o aptitud para superar el desequilibrio económico, y, alcanzarse por tanto la convicción de que no es preciso prolongar más allá su percepción por la certeza de que va a ser factible la superación de este desequilibrio, juicio prospectivo para el cual el órgano judicial ha de actuar con prudencia y ponderación, con criterios de certidumbre, pues a ella se refiere reiterada jurisprudencia de esta Sala.

 

Por César Sánchez

Abogado Experto en Matrimonial y Violencia de Género

Abogado desde 1993


 

902 55 96 22  


 Separaciones y Divorcios

Derecho Matrimonial Separaciones y Divorcios

Más Info >>> 


 Presupuestos

Presupuesto para un Desahucio por Falta de Pago

 

 

Así, las conclusiones alcanzadas por el tribunal de apelación, ya sea en el sentido de fijar un límite temporal en la pensión, o en su caso en el de establecerla con carácter vitalicio, deben ser respetadas en Casación, siendo posible la revisión casacional únicamente cuando el juicio prospectivo sobre la posibilidad de superar el inicial desequilibrio en función de los factores concurrentes se muestra como ilógico o irracional, o cuando se asienta en parámetros distintos de los apuntados por la jurisprudencia.

 

El recurrente reprocha a la Sentencia de la Audiencia el no haber valorado la circunstancia del acceso de la ex esposa al mercado de trabajo, lo cual no es cierto, en tanto en cuanto las circunstancias determinantes del desequilibrio y de la subsistencia del mismo ya se analizaron en resoluciones anteriores y son las que justificaron no solo la concesión del derecho, sino también su cuantía de duración indefinida. Se estima que no concurre esa situación de idoneidad o de aptitud de la esposa para superar el desequilibrio económico, por lo que la decisión de la Audiencia, contraria a la temporalidad de la pensión, no resulta una decisión gratuita, arbitraria o carente de la más mínima lógica, mostrándose como el resultado de un juicio prospectivo razonable, lógico y prudente, que debe mantenerse.

 

En consecuencia se desestima el Recurso de Casación

 

Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 20 de diciembre de 2012 sobre la viabilidad de convertir una pensión compensatoria vitalicia en temporal.

 

 Descargar Documento Completo en PDF.

 


 

pension-compensatoria-divorcio-temporalidad

Criterios interpretativos para acceder a la atribución alternativa por periodos del uso y disfrute de la vivienda familiar en caso de inexistencia de hijos menores de edad. Las circunstancias económicas de los cónyuges no son las únicas a tener en cuenta. 

 

Se plantea procedimiento de modificación de medidas, en el que el esposo, solicita la atribución del uso de la vivienda familiar, oponiéndose la esposa interesando el mantenimiento de las medidas ya acordadas en previo procedimiento de divorcio tramitado en 1.996.

 

El Juzgado de 1ª Instancia dicta Sentencia desestimando la demanda.

 

Planteado recurso de apelación por la representación procesal del esposo, la Audiencia lo estima parcialmente, atribuyendo el uso de la vivienda a ambos consortes, alternativamente por periodos de un año. 

La esposa interpone Recurso de Casación, sobre la base de la existencia de doctrina contradictoria de las Audiencias Provinciales en relación al uso de la vivienda familiar, invocando que el artículo 96 del CC dispone que en defecto de acuerdo de los cónyuges aprobado por el Juez, el uso de la vivienda familiar corresponde a los hijos y al cónyuge en cuya compañía queden. En el presente caso no hay ya hijos menores, entendiendo la esposa que en este caso el interés familiar más necesitado de protección es el suyo, no habiéndose valorado suficientemente las circunstancias personales de las partes al atribuir la vivienda de forma alternativa, habida cuenta su avanzada edad (casi 80 años), su precario estado de salud, que tiene unos ingresos inferiores al marido, y que en el domicilio conviven con ella dos de sus hijos, ya mayores de edad, y un nieto menor, constituyendo tal domicilio la única residencia de tal subgrupo familiar.

 

La  Sala de lo Civil del Tribunal Supremo (Sección 1ª) en Sentencia de 14 de noviembre de 2.012, (Ponente Sr. Seijas Quintana), resuelve la cuestión indicando que la Sentencia objeto de recurso no niega la posibilidad de atribuir el uso al cónyuge más necesitado de protección por un tiempo determinado, antes al contrario, lo tiene en cuenta en atención a las circunstancias concurrentes en cada uno de los cónyuges, entre las que figuran las económicas, que no son las únicas, para establecer, en caso de inexistencia de hijos menores, un uso alternativo, ya que en el presente supuesto en ninguno de los consortes se advierte interés necesitado de mayor protección, al concurrir en ambos semejantes condiciones de edad, estado de salud, así como posibilidades de atender dignamente su sustento, siquiera la esposa con la pensión compensatoria a cargo del ex marido.

 

En consecuencia se desestima el Recurso de Casación.

Por César Sánchez

Abogado Experto en Matrimonial y Violencia de Género

Abogado desde 1993


 

902 55 96 22  


 Separaciones y Divorcios

Derecho Matrimonial Separaciones y Divorcios

Más Info >>> 


 Presupuestos

Presupuesto para un Desahucio por Falta de Pago



Sentencia de la Sala Primera del TribunaL Supremo de 14 de noviembre de 2012, sobre los criterios a tomar en consideración la atribución alternativa de la que fue vivienda familiar del matrimonio.

 

 Descargar Documento Completo en PDF.


 

atribucion-vivienda-familiar-por-turnos-divorcio

Criterios interpretativos para el establecimiento de Pensión Compensatoria. No existe desequilibrio económico en situaciones prolongadas de ruptura conyugal, en los supuestos en que cada uno tenga posibilidades económicas propias para mantener por sus medios un nivel de vida no relevantemente diferente al que disfrutaba vigente la convivencia.


Se plantea procedimiento de divorcio en el que la esposa solicita una determinada cantidad en concepto de pensión compensatoria con carácter vitalicio. El demandado se opone a tal pretensión solicitando la no fijación de pensión compensatoria.

 

El Juzgado de 1ª Instancia dicta Sentencia fijando la pensión compensatoria en cantidad sensiblemente inferior a la solicitada, si bien, hasta que el marido cause derecho a percibir pensión de jubilación.

 

Planteado recurso de apelación por la representación procesal de este último, la Audiencia lo estima en el sentido de dejar sin efecto el establecimiento de la pensión compensatoria.

 

La esposa interpone Recurso de Casación, reiterando en el mismo su pretensión de que la pensión se conceda con carácter vitalicio, partiendo de que el artículo 97 del CC establece el reconocimiento del derecho a una pensión compensatoria al cónyuge a quien la separación o el divorcio le produzca un desequilibrio o empeoramiento económico.

 

La  Sala de lo Civil del Tribunal Supremo (Sección 1ª) en Sentencia de 17 de diciembre de 2.012, (Ponente Sr. Seijas Quintana), resuelve la cuestión indicando que si bien la Sentencia de la Audiencia acepta que los ingresos del marido son sustancialmente mayores que los de la recurrente, entiende que para ser acreedor de pensión compensatoria es precisa una descompensación a causa de la separación y que el cónyuge en peor situación tenga derecho a un resarcimiento. En este caso cada cónyuge ha desarrollado una actividad empresarial autónoma, y se concluye que en la situación actual la esposa no tiene derecho alguno a una equiparación con el patrimonio de su esposo. Se parte de que los cónyuges se encuentran separados desde el año 2.004, y no es sino hasta el 2.008 que se formula demanda instando el establecimiento de la pensión.

 

El Tribunal Supremo establece que ningún desequilibrio económico sufre la esposa a resultas de la ruptura que deba ser resarcido teniendo como tiene posibilidades económicas propias evidentes para mantener por sus propios medios un nivel de vida no relevantemente diferente al que disfrutaba vigente el matrimonio sin precisar ayuda económica de su esposo, añadiendo que, en principio, y salvo circunstancias muy concretas de vinculación económica entre los cónyuges, no existe desequilibrio económico en las situaciones prolongadas de ruptura conyugal.

 

En consecuencia se desestima el Recurso de Casación.

Por César Sánchez

Abogado Experto en Matrimonial y Violencia de Género

Abogado desde 1993


 

902 55 96 22  


 Separaciones y Divorcios

Derecho Matrimonial Separaciones y Divorcios

Más Info >>> 


 Presupuestos

Presupuesto para un Desahucio por Falta de Pago



Sentencia de la Sala Primera del Tribuna Supremo de 17 de diciembre de 2012 por la que dispone los criterios aplicables para establecer o no la pensión compensatoria.

 

 Descargar Documento Completo en PDF.


 

 
pension-compensatoria-en-divorcios-criterios

CRITERIOS INTERPRETATIVOS PARA ACCEDER AL CAMBIO EN LA ATRIBUCION DEL USO Y DISFRUTE DE LA VIVIENDA FAMILIAR, EN CASO DE ADQUISICIÓN DE UNA NUEVA VIVIENDA. ES ADMISIBLE SI CON LA NUEVA VIVIENDA QUEDA SATISFECHA LA NECESIDAD DE LA MENOR, Y SIEMPRE que la vivienda alternativa sea idónea para satisfacer tal interés prevalente.

 

Se plantea procedimiento de divorcio, en el que el esposo, además de la disolución del vínculo, solicita el mantenimiento de las medidas acordadas en el previo procedimiento de separación, a excepción de la atribución del uso y disfrute de la vivienda familiar, interesando su modificación a los efectos de que se le atribuya. Parte el esposo de que han cambiado las circunstancias que dieron lugar a lo resuelto en el previo procedimiento de separación, al haber adquirido la madre una nueva vivienda.

 

La esposa se opone solicitando la confirmación de las medidas acordadas en el previo procedimiento de separación.


 

El Juzgado de 1ª Instancia dicta Sentencia atribuyendo el uso de la vivienda al padre, sobre la base de que la esposa ha adquirido una nueva vivienda, y con ella queda satisfecha la necesidad de la hija menor al tener otra vivienda en la que puede habitar.

 

Planteado recurso de apelación por la representación procesal de la esposa, la Audiencia lo desestima.

 

La esposa interpone Recurso de Casación, sobre la base de la existencia de doctrina contradictoria de las Audiencias Provinciales en relación al uso de la vivienda familiar.

 

La  Sala de lo Civil del Tribunal Supremo (Sección 1ª) en Sentencia de 5 de noviembre de 2.012, (Ponente Sr. Seijas Quintana), resuelve la cuestión indicando que el interés sin duda prevalente de la menor, demanda una vivienda adecuada a sus necesidades, si bien puede darse el caso que el hijo no precise dicha vivienda por encontrarse satisfechas sus necesidades de habitación a través de otros medios. Esta solución requiere que la vivienda alternativa sea idónea para satisfacer tal interés prevalente del menor.

Derecho Matrimonial

Información sobre Derecho Matrimonial

902 55 96 22 


Más Info >>>

 

Ocurre así en el caso presente en que la madre ha adquirido una nueva vivienda en la que puede habitar la hija menor, sin que esta quede desprotegida de sus derechos pues, de acuerdo con lo que resulta probado en el procedimiento, "cubre sus necesidades de alojamiento en condiciones de dignidad y decoro en el inmueble de la madre", y no solo cubre estas necesidades sino que como consecuencia del cambio, además el padre recupera la vivienda, y le permite disfrutar de un status similar al de su hija y su ex esposa, mejorando con ello su situación económica, permitiéndole hacer frente a una superior prestación alimenticia a favor de su hija al desaparecer la carga que representaba el pago de la renta de alquiler.

 

Se señala expresamente que la atribución del uso al menor y al progenitor, se produce para salvaguardar los derechos de este, pero no es una expropiación del propietario, y decidir en el sentido propuesto por la recurrente sería tanto como consagrar un auténtico abuso de derecho, que no queda amparado ni en el artículo 96, ni en el art. 7 CC.

 

En consecuencia se desestima el Recurso de Casación.

 

Sentencia 671/2012 de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, de 5 de Noviembre de 2012, sobre el cambio de la atribución del uso y disfrute de vivienda familiar en supuestos de divorcio, cuando es adquirida una nueva vivienda.


 Descargar Documento en PDF. 


 

 

atribucion-de-vivienda-familiar-uso-y-disfrute 

CAMBIO DE DOMICILIO DE MENOR AL EXTRANJERO. LA FIJACIÓN DEL DOMICILIO FAMILIAR DERIVA DEL EJERCICIO DE LA PATRIA POTESTAD Y NO PUEDE FIJARSE UNILATERALMENTE POR QUIEN EJERCE LA GUARDA Y CUSTODIA DE TAL MENOR. EL TRASLADO O DESPLAZAMIENTO DEL MENOR ES UNA DECISIÓN QUE AFECTA AL INTERES SUPERIOR DEL MISMO. ES NECESARIO, O EL ACUERDO DE LOS PROGENITORES, O LA DECISIÓN DE UNO DE ELLOS CONSENTIDA EXPRESA O TÁCITAMENTE POR EL OTRO, Y EN DEFECTO DE ESTE ACUERDO CORRESPONDE AL JUEZ RESOLVER LO QUE PROCEDA PREVIA IDENTIFICACIÓN DE LOS BIENES Y DERECHOS EN CONFLICTO. DE AFECTAR EL CAMBIO DE RESIDENCIA A LOS INTERESES DEL MENOR, QUE DEBEN DE SER PREFERENTEMENTE TUTELADOS, TAL SITUACION PODRÍA CONLLEVAR UN CAMBIO DE LA GUARDA Y CUSTODIA. 

 

El presente supuesto parte de los siguientes antecedentes: pareja sentimental que en ningún momento llega a convivir, la cual se rompe a los pocos meses del nacimiento de la hija común. Tras la ruptura, la madre decide trasladar su residencia fuera de España (Nueva York), contando para ello con la autorización expresa del padre, pactándose entre las partes como régimen de visitas la cláusula genérica de que “el padre podrá visitar en EEUU a su hija las veces que crea conveniente y permanecer con ella. Estas visitas se pactarán entre el padre y la madre con la antelación suficiente”.  


Llegado un punto, el consenso entre los progenitores sobre la situación de la menor se rompe, al entender el padre que existe una inestabilidad laboral en la madre que influye negativamente en la formación de la menor, y tras revocar el consentimiento dado con anterioridad para que la menor pueda desplazarse fuera de España, insta procedimiento verbal de guarda y custodia en el que, en esencia reclama:

 

1º. Patria potestad compartida

2º. Guarda y custodia: para el supuesto que la madre mantenga su residencia fuera de Valladolid, reclama el padre la atribución de la guarda y custodia. En el supuesto de que los padres residieran en la misma ciudad solicita la guarda y custodia compartida.

3º. Visitas: en el caso de atribución de la guarda y custodia a favor del padre, visitas para la madre de un fin de semana completo al mes. Reparto por mitad de las vacaciones escolares en todos los supuestos

4º. Alimentos: En el supuesto de que la guarda y custodia se atribuya al padre, la madre debe contribuir en concepto de alimentos en determinada cantidad. En caso de custodia compartida cada progenitor soportará los gastos de la hija en los periodos que conviva con cada uno de ello, repartiéndose el resto al 50%

Derecho Matrimonial

Información sobre Derecho Matrimonial

902 55 96 22 


Más Info >>>

 

La madre se opone a la demanda, solicitando se le atribuya la guarda y custodia de la menor, que se autorice que la misma resida en Nueva York, alimentos a cargo del padre, y régimen de visitas a favor del mismo en los genéricos términos que inicialmente pactaron. El Juzgado de 1ª Instancia, dicta Sentencia por la cual establece que si la madre residiera en Valladolid, se le atribuye a esta la guarda y custodia con régimen de visitas ordinario a favor del padre y alimentos con cargo al mismo. Si la madre residiera en Nueva York, se atribuye la guarda y custodia al padre, con régimen de visitas de un fin de semana al mes a favor de la madre, y alimentos con cargo a la misma.

 

Planteado recurso de apelación por la representación procesal de la madre, la Audiencia revoca parcialmente la sentencia de instancia en el sentido de atribuir la guarda y custodia a la madre, siendo esta la que como guardadora está facultada expresamente para decidir en todo caso el lugar de residencia de su hija. Como visitas, y para el caso de que la hija traslade su residencia a Nueva York, se establece el que las partes pactaron expresamente con anterioridad a iniciarse el procedimiento, y para el caso de permanencia de la misma en Valladolid, el común de fines de semana alternos y mitad de vacaciones escolares. Finalmente se fijan alimentos con cargo al padre.

 

El padre interpone Recurso de Casación, centrando el mismo en la cuestión de si la madre puede unilateralmente fijar el domicilio de la menor, o es necesario el consenso con el padre. Se pretende en definitiva combatir la decisión de la Audiencia de que sea la madre la que fije el domicilio de la menor, considerando el recurrente que es ésta una cuestión de patria potestad, a decidir entre ambos. Cita al efecto Sentencias contradictorias, dos de ellas que establecen que la fijación de domicilio de los menores es una cuestión de patria potestad, que debe ser consensuada por los padres, y otras dos contrarias que señalan que los cambios de domicilio del menor pueden ser acordados por el progenitor custodio, en reflejo de la libertad de residencia, domicilio y deambulación consagradas en la Constitución.

 

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo (Sección 1ª) en Sentencia de 26 de octubre de 2.012, (Ponente Sr. Seijas Quintana), resuelve la cuestión analizando si la fijación de la residencia de la menor, es un derecho deber ínsito en la patria potestad, o deriva de la guarda y custodia. Señala el Tribunal Supremo que las acciones y responsabilidades que derivan de la patria potestad corresponden a ambos padres de tal forma que cualquiera de ellos, tanto el que tiene la guarda como el que no la conserva, puede actuar en relación a sus hijos una posición activa que no solo implica colaborar con el otro, sino participar en la toma de decisiones fundamentales al interés superior del menor.

 

Una de tales decisiones fundamentales al interés superior del menor es la que concierne a su traslado o desplazamiento en cuanto le aparta de su entorno habitual e incumple el derecho de relacionarse con el padre o madre no custodio.

 

La patria potestad, supone que todos los derechos y deberes que entraña tal patria potestad se han de ejercer siempre de común acuerdo por ambos progenitores y que, en caso de desacuerdo, será el Juez quien determine cuál de los dos ha de ejercer todas o algunas de las facultades que la patria potestad comporta y por cuánto tiempo.

 

Pues bien, la guarda y custodia de los menores deriva de la patria potestad y de la patria potestad, entre otras cosas, deriva la fijación del domicilio familiar. La ruptura matrimonial deja sin efecto la convivencia y obliga a los progenitores a ponerse de acuerdo para el ejercicio de alguna de estas facultades que traen causa de la patria potestad, entre otra la de fijar el nuevo domicilio y, como consecuencia, el de los hijos que se integran dentro del grupo familiar afectado por la ruptura.

 

Estamos, sin duda, ante una de las decisiones más importantes que pueden adoptarse en la vida del menor y de la propia familia, que deberá tener sustento en el acuerdo de los progenitores o en la decisión de uno de ellos consentida expresa o tácitamente por el otro, y solo en defecto de este acuerdo corresponde al juez resolver lo que proceda previa identificación de los bienes y derechos en conflicto a fin de poder calibrar de una forma ponderada la necesidad y proporcionalidad de la medida.

 

El problema se suscita sobre la procedencia o improcedencia de pasar la menor a residir en otro lugar, lo que puede comportar un cambio radical tanto de su entorno social como parental, con problemas de adaptación. De afectar el cambio de residencia a los intereses de la menor, que deben de ser preferentemente tutelados, podría conllevar, un cambio de la guarda y custodia.

 

La solución adoptada por la Audiencia deja a la voluntad de la madre custodia la decisión de fijar el lugar de residencia de la hija común, en perjuicio de los derechos deberes de la patria potestad que ostenta el otro progenitor, y deja, además, sin valorar si resulta o no conveniente al interés de la niña el desplazamiento que se interesa.

 

Al resolver de esa forma, la sentencia deja sin contenido los derechos de la hija a la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, y se soslayan los derechos y deberes de los padres que garantizan el reconocimiento del principio de que ambos tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y desarrollo del niño, y también el derecho de los padres a ejercer la patria potestad aun en el caso de que vivan separados.

 

En consecuencia se estima el recurso, se casa y anula la sentencia recurrida y se ordena la devolución de los autos a la Audiencia para que dicte nueva sentencia sobre la conveniencia del traslado de la hija a Nueva York, ponderando la necesidad y proporcionalidad de la medida que se adopte. 


Sentencia 642/2012 de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, de 26 de Octubre de 2012, por la que se analizan los traslados de menores a residir al extranjero en supuestos de rupturas de la pareja.


 Descargar Documento en PDF. 


 

 

residencia-menores-extranjero-divorcios-rupturas 

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo en su Sentencia 633/2012, de 25 de Octubre de 2012, considera que no vincula al Tribunal la voluntad de los menores en el sentido de pretender residir con el padre en lugar de con la madre a la que previamente se le atribuyó la Guardia y Custodia.

 

Se plantea procedimiento de modificación de medidas en el que el padre solicita la atribución de la guarda y custodia de los menores, uso y disfrute del domicilio familiar, y alimentos con cargo a la madre. La demandada se opone solicitando se mantengan las medidas adoptadas en el previo procedimiento de divorcio en el que se atribuyó a la misma la guarda y custodia de los menores

 

Se basa el padre en que los menores se niegan a volver con la madre, achacándole desatenciones en todos los aspectos, siendo la voluntad de los mismos el vivir con el padre. En la exploración practicada a los menores los hijos manifiestan tal inequívoca voluntad. El Juzgado de 1ª Instancia dicta Sentencia desestimando la demanda

 

Planteado recurso de apelación por la representación procesal del padre la Audiencia lo desestima.

 

El padre interpone Recurso de Casación, centrando el mismo en la cuestión de si la voluntad de los menores ha de vincular al tribunal o no.

  

La  Sala de lo Civil del Tribunal Supremo (Sección 1ª) en Sentencia de 25 de octubre de 2.012, (Ponente Sr. Seijas Quintana), resuelve la cuestión indicando que la revisión en casación de los casos de guarda y custodia solo puede realizarse (...) si el juez a quo ha aplicado incorrectamente el principio de protección del interés del menor a la vista de los hechos probados en la sentencia que se recurre. La razón se encuentra en que el fin último de la norma es la elección del régimen de custodia que más favorable resulte para el menor, en interés de este. La interdicción del nuevo examen de la prueba en casación se mantiene en estos procesos, tal como se ha dicho repetidamente por esta Sala y solo cuando se haya decidido sin tener en cuenta dicho interés, podrá esta Sala examinar, como ha hecho ya, las circunstancias más adecuadas para dicha protección.

 

Señala la Sala que el interés del menor exige un compromiso mayor y una colaboración de sus progenitores tendente a que este tipo de situaciones se resuelvan en un marco de normalidad familiar en la que no todos los deseos del hijo se satisfacen necesariamente mediante el cambio de custodia, a modo de ida y vuelta en razón a su estado de ánimo o de situaciones puntales de divergencia que modifican a conveniencia del menor la guarda y custodia, propiciado en algún caso situaciones indudablemente perversas para el grupo familiar cuando se involucran otras medidas como la de alimentos o el uso de la vivienda, y ello el derecho no lo ampara sin más.

Derecho Matrimonial

Información sobre Derecho Matrimonial

902 55 96 22 


Más Info >>>

 

Los conflictos a esas edades entre padres e hijos son en cierta manera lógicos pero ello no puede servir sin más de argumento para modificar la medida de guarda y custodia adoptada en su momento, previa valoración de todas las circunstancias concurrentes, incluido el informe psicosocial, que ha evaluado la situación familiar.

 

Es cierto que la opinión de los niños debe ser tenida en cuenta, y que el artículo 92 del Código Civil, en relación con el artículo 9 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, no indica ningún criterio para determinar y delimitar el interés del menor en el régimen de custodia, salvo el que resulta de la unión entre los hermanos, como tampoco el carácter o no de prueba del derecho a ser oído, ni el grado de confidencialidad que debe presidir la exploración de los menores.

 

Se establece que esta Sala ha utilizado algunos criterios tales como la práctica anterior de los progenitores en sus relaciones con el menor y sus aptitudes personales; los deseos manifestados por los menores competentes; el número de hijos; el cumplimiento por parte de los progenitores de sus deberes en relación con los hijos y el respeto mutuo en sus relaciones personales; el resultado de los informes exigidos legalmente, y, en definitiva, cualquier otro que permita a los menores una vida adecuada en una convivencia que forzosamente deberá ser más compleja que la que se lleva a cabo cuando los progenitores conviven.

 

En definitiva, en el caso presente, se generó la duda de si lo expresado por los menores responde a una voluntad real de cambiar de progenitor custodio, abandonando a su madre, y no a la manipulación por parte de su padre derivada del propio conflicto matrimonial en el que no solo están en juego derechos de las partes sino los intereses de los niños directamente afectados por la resolución que se dicte.

 

Lo que se exige es la prueba por parte de quien interesa el cambio de la medida, de que se han alterado las circunstancias que se tuvieron en cuenta para su adopción, haciendo prueba cumplida tanto de la incapacidad de quien ostenta la custodia para hacer frente a dichos menesteres, como de la capacidad de quien pretende asumirla.

 

La Sentencia motiva su criterio en el Segundo de los Fundamentos Jurídicos, cuyo tenor literal es:

 

"SEGUNDO.- Contra dicha sentencia se alza recurso de casación con un único motivo por infracción del artículo 2.9 y 11.2 de la Ley Orgánica de protección del menor, 92,154,158,159 y 160 del Código Civil , artículo 9.3 de la Convención Universal sobre los Derechos del Niño y artículo 39.3 de la Constitución Española, fundando el interés casacional en la cuestión de si la voluntad de los menores ha de vincular al tribunal o no.


El recurso se desestima.


Esta Sala ha venido repitiendo que "la revisión en casación de los casos de guarda y custodia solo puede realizarse (...) si el juez a quo ha aplicado incorrectamente el principio de protección del interés del menor a la vista de los hechos probados en la sentencia que se recurre", tal como afirma la STS 154/2012, de 9 marzo , con cita de las SSTS 579/2011, de 22 julio y 578/2011, de 21 julio . La razón se encuentra en que "el fin último de la norma es la elección del régimen de custodia que más favorable resulte para el menor, en interés de este"."(...) La interdicción del nuevo examen de la prueba en casación se mantiene en estos procesos, tal como se ha dicho repetidamente por esta Sala y solo cuando se haya decidido sin tener en cuenta dicho interés, podrá esta Sala examinar, como ha hecho ya, las circunstancias más adecuadas para dicha protección" ( SSTS 11 de enero y 27 de abril de 2012 ).


Ocurre así en este caso en el que la Audiencia Provincial ha examinado las pruebas aportadas y ha tenido en cuenta el interés de los menores en un contexto difícil en razón a los conflictos generados sin solución de continuidad por sus progenitores. La consideración de que uno y otro quieren irse con su padre poco tiempo después de que se decidiera asignar a su madre la guarda y custodia, no es ni mucho menos conforme a este interés, antes al contrario, provoca, o puede provocar, un evidente enfrentamiento con las partes en conflicto.


El interés del menor exige un compromiso mayor y una colaboración de sus progenitores tendente a que este tipo de situaciones se resuelvan en un marco de normalidad familiar en la que no todos los deseos del hijo se satisfacen necesariamente mediante el cambio de custodia, a modo de ida y vuelta en razón a su estado de ánimo o de situaciones puntales de divergencia que modifican a conveniencia del menor la guarda y custodia, propiciado en algún caso situaciones indudablemente perversas para el grupo familiar cuando se involucran otras medidas como la de alimentos o el uso de la vivienda, y ello el derecho no lo ampara sin más.


Los conflictos a esas edades entre padres e hijos son en cierta manera lógicos pero ello no puede servir sin más de argumento para modificar la medida de guarda y custodia adoptada en su momento, previa valoración de todas las circunstancias concurrentes, incluido el informe psicosocial, que ha evaluado la situación familiar.


Es cierto que la opinión de los niños debe ser tenida en cuenta, y que el artículo 92 del Código Civil , en relación con el artículo 9 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor , no indica ningún criterio para determinar y delimitar el interés del menor en el régimen de custodia, salvo el que resulta de la unión entre los hermanos, como tampoco el carácter o no de prueba del derecho a ser oido, ni el grado de confidencialidad que debe presidir la exploración de los menores. Esta Sala ha utilizado algunos criterios tales como la práctica anterior de los progenitores en sus relaciones con el menor y sus aptitudes personales; los deseos manifestados por los menores competentes; el número de hijos; el cumplimiento por parte de los progenitores de sus deberes en relación con los hijos y el respeto mutuo en sus relaciones personales; el resultado de los informes exigidos legalmente, y, en definitiva, cualquier otro que permita a los menores una vida adecuada en una convivencia que forzosamente deberá ser más compleja que la que se lleva a cabo cuando los progenitores conviven ( SSTS 10 y 11 de marzo de 2010 ; 7 de julio 2011 ). Todos ellos se han tenido en cuenta para resolver sobre lo que aquí interesa y es evidente que la valoración conjunta de este informe y la exploración realizada en ambas instancias antes de pronunciarse generó la duda de si lo expresado por los menores responde a una voluntad real de cambiar de progenitor custodio, abandonando a su madre, y no a la manipulación por parte de su padre derivada del propio conflicto matrimonial en el que no solo están en juego derechos de las partes sino los intereses de los niños directamente afectados por la resolución que se dicte.


Lo que se exige, dentro de unos límites razonables, es no solo una mayor implicación de todos, especialmente del padre no custodio, inexistente en el caso, sino la prueba por parte de quien interesa el cambio de la medida de que se han alterado las circunstancias que se tuvieron en cuenta para su adopción, haciendo prueba cumplida tanto de la incapacidad de quien ostenta la custodia para hacer frente a dichos menesteres, como de la capacidad de quien pretende asumirla, y es evidente que ningún sentido ni explicación tiene el hecho de que unos meses antes de solicitar el cambio se acepte "por final conformidad de las partes" que los hijos queden con su madre y que muy poco tiempo después se pretenda una solución distinta contra el resultado de la prueba expresiva de su "manifiesta incapacidad en la imposición de límites a los menores, careciendo de habilidades suficientes para valorar o reconocer el sufrimiento afectivo de los hijos". Nada hay, por tanto, de arbitrario ni ilógico en la decisión de la Audiencia Provincial, ni en la apreciación de los hechos ni en su valoración, susceptible de alterarla en la forma interesada en el motivo." 


Sentencia 633/2012 de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, de 25 de Octubre de 2012, por la dictamina el valor que ha de darse a la voluntar del menor.


 Descargar Documento en PDF. 


 

 

 guardia-custodia-atribucion-voluntad-hijos

El Tribunal Supremo en su reciente Sentencia nº 622, de 23 de Octubre de 2012, nos expresa los Criterios Interpretativos existentes para el establecimiento de la Pensión Compensatoria con Carácter Temporal concretados en la idoneidad o aptitud para superar el desequilibrio económico en un tiempo concreto y la posibilidad de reintegrarse al mundo laboral.

 

 

Se plantea procedimiento de divorcio en el que la esposa solicita en concepto de pensión compensatoria, el abono mensual vitalicio del 35% de los ingresos del demandado, el cual se opone a tal pretensión solicitando la no fijación de pensión compensatoria, o subsidiariamente que la misma se establezca con un límite temporal de 3 años.

 

El Juzgado de 1ª Instancia dicta Sentencia fijando la pensión compensatoria en el abono mensual vitalicio del 33% de los ingresos del esposo.

 

Planteado recurso de apelación por la representación procesal de este último, la Audiencia lo estima parcialmente en el sentido de fijar como límite temporal en el devengo de la pensión compensatoria, el plazo de 5 años, tiempo que considera suficiente  para que la demandante pueda incorporarse plenamente el mercado laboral.

 

La esposa interpone Recurso de Casación, reiterando en el mismo su pretensión de que la pensión se conceda con carácter vitalicio, partiendo de que se trata de una persona de casi 50 años, sin cualificación, y que se dedica a la limpieza.

 

La  Sala de lo Civil del Tribunal Supremo (Sección 1ª) en Sentencia de 23 de octubre de 2.012, (Ponente Sr. Seijas Quintana), resuelve la cuestión indicando que la posibilidad de establecer la pensión compensatoria con carácter temporal con arreglo a las circunstancias, es en la actualidad una cuestión pacífica, tanto a la luz de las muchas resoluciones de esa Sala, como por haberse manifestado también posteriormente en el mismo sentido positivo el legislador mediante la Ley 15/2.005, de 8 de julio, que ha dado una nueva redacción al artículo 97 CC, estableciendo que la compensación podrá consistir en una pensión temporal, o por tiempo indefinido, o en una prestación única.

Derecho Matrimonial

Información sobre Derecho Matrimonial

902 55 96 22 


Más Info >>>

 

Según esta doctrina, el establecimiento de un límite temporal para su percepción, depende de que con ello no se resienta la función de restablecer el equilibrio que le es consustancial, siendo ésta una exigencia o condición que obliga a tomar en cuenta las específicas circunstancias del caso, particularmente, aquellas de entre las comprendidas entre los factores que enumera el artículo 97 CC, debiéndose valorar entre ellas, la idoneidad o aptitud de la beneficiaria para superar el desequilibrio económico en un tiempo concreto, y, alcanzar la convicción de que no es preciso prolongar más allá su percepción por la certeza de que va a ser factible la superación del desequilibrio, juicio prospectivo para el cual el órgano judicial ha de actuar con prudencia y ponderación, con criterios de certidumbre.

 

Así, las conclusiones alcanzadas por el tribunal de apelación, ya sea en el sentido de fijar un límite temporal en la pensión, o en su caso en el de establecerla con carácter vitalicio, deben ser respetadas en Casación, siendo posible la revisión casacional únicamente cuando el juicio prospectivo sobre la posibilidad de superar el inicial desequilibrio en función de los factores concurrentes se muestra como ilógico o irracional, o cuando se asienta en parámetros distintos de los apuntados por la jurisprudencia.

 

La disconformidad de la recurrente con el reseñado juicio prospectivo y sus consecuencias, no equivale a entender que la decisión adoptada sea una decisión gratuita, arbitraria o carente de la más mínima lógica.

 

Es cierto que la edad de quien ve limitado el tiempo de percepción de la pensión es un dato a tener en cuenta a estos efectos, pero no el único.

 

Tampoco lo es la mayor o menor cualificación profesional, pues esta hay que valorarla en cada caso, dado que no resulta especialmente significativa en un contexto de crisis que una mayor preparación equivalga sin más a un trabajo estable y seguro que proporcione un medio de vida que permita prescindir de la pensión.

 

Concluye el Tribunal Supremo que las posibilidades reales de la esposa de obtener en un plazo concreto un empleo que le permita gozar de medios propios para obrar autónomamente no deriva de un juicio gratuito o arbitrario ya que en este caso concreto la esposa conoce el mercado laboral por haber estado en él durante algún tiempo vigente la relación matrimonial, y no resulta anómalo ni ilógico sostener que puede reintegrarse al mismo en razón al trabajo que conoce y puede desarrollar sin excesivas dificultades.

 

El plazo de la pensión está en consonancia con una previsión coherente y lógica de superación del desequilibrio existente entre ambos esposos una vez que la esposa se adapte a la nueva situación derivada de la ruptura, y esta solución temporal se alcanza por la Audiencia valorando, con parámetros de prudencia y ponderación, todas las circunstancias que menciona el artículo 97 CC, por lo que sus conclusiones han de ser respetadas en casación.

 

En consecuencia se desestima el Recurso de Casación.


Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, de 23 de Octubre de 2012, en la que expresa los criterios a seguir para establecer la temporalidad de la pensión compensatoria.


 Descargar Documento en PDF. 


 

 

 tribunal-supremojurisprudencia

El Tribunal Supremo, sala Primera, en su Sentencia 704/2011, de 21 de Septiembre, nos recuerda que el engaño antecedente debe ser la causa del perjuicio, diferenciando entre el ilícito penal y el civil. 

 

Cada vez más personas nos llaman angustiadas preguntando si al impagar un crédito pueden ir a la cárcel o si están cometiendo un delito. No podemos más que tranquilizarlas, máxime cuando comporbamos que se trata de gente que en modo alguno engañó al pedir el préstamo.

 

El Alto Tribunal absuelve al condenado por estimar que no concurre el engaño, elemento del tipo de estafa, lo que impide considerar cometido el ilícito penal.

 

En el tercer fundamento jurídico no ilusta diciendo que: 

(...) 

Desde la perspectiva del delito de estafa, no basta con constatar un incumplimiento de alguna de las prestaciones pactadas por las partes. No faltan precedentes en esta Sala en los que el engaño se define como "la espina dorsal" del delito de estafa (cfr. por todas, SSTS 565/2012, 29 de junio ; 1092/2011, 19 de octubre , 61/2004, 20 de enero y 300/1999, 1 de marzo ). Y es que el engaño ha de ser antecedente, no sobrevenido. Así lo viene declarando de forma reiterada la jurisprudencia de esta Sala. Ha de estar ligado causalmente con el perjuicio patrimonial, de manera que éste haya sido generado por aquél (837/2007, 23 de octubre; 414/2004, 25 de marzo y 415/2002, 8 de marzo). Es preciso que exista una relación de causalidad entre el engaño que provoca el error y el desplazamiento patrimonial que da lugar al perjuicio, de donde se obtiene que aquél ha de ser precedente o, al menos, concurrente al momento en que tal desplazamiento se origina. Por lo tanto, el engaño debe ser el origen del error, el error debe dar lugar al acto de disposición y éste ha de ser la causa del perjuicio patrimonial ( SSTS 956/2003, 26 de junio y 270/2006, 10 de marzo ).


El engaño ha de ser causa del perjuicio, con lo que el dolo tiene que ser antecedente o ser concurrente en la dinámica defraudatoria, no admitiéndose el dolo sobrevenido ( SSTS 1727/1999, 6 de marzo 2000; 1316/1997, 30 de octubre y 109/1999, 27 de enero ). Que el engaño sea causal supone la existencia de un nexo de causalidad entre éste y la disposición patrimonial, de forma que ésta sea generada por el engaño que actúa como antecedente necesario sin el cual no se hubiese producido el acto de disposición (cfr. por todas, STS 161/2002, 4 de febrero ).


También hemos dicho -como recuerdan las SSTS 21/2008, 23 de enero y 987/2011, 5 de octubre - que la línea divisoria entre el dolo penal y el dolo civil en los delitos contra el patrimonio, se sitúa en la tipicidad, de modo que únicamente si la conducta del agente se incardina en el precepto penal tipificado del delito de estafa es punible la acción, no suponiendo ello criminalizar todo incumplimiento contractual, porque el ordenamiento jurídico establece remedios para restablecer el imperio del Derecho cuando es conculcado por vicios puramente civiles.

(...).

 

Texto íntegro de la Sentencia nº 704/2012, de 21 de Septiembre, sobre la no subsunción en el tipo de la estafa el impago de un préstamo al no acreditarse  el engaño.


 Descargar Documento en PDF.

  


 

impago-de-prestamos-delito-estafa 

El Pleno del Tribunnal Cosntitucional resolvió el pasado 17 de octubre la Cuestión de Incostitucionalidad número 8912/2006, promovida por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de las Plamas de Gran Canaria, en relación con el artículo 92.8 del Código Civil, por posible contradicción con los artículos 14, 24 y 39 de la Constitución Española.


Recomendamos además de la presente la Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de abril de 2013 que fija Doctrina sobre la preferencia de opción por la atribución de la Custodia Compartida.

 

Con estimación de la Cuestión se acuerda declarar la inconstitucionalidad del inciso “favorable” contenido en el art. 92.8º del Código Civil, según redacción dada por la Ley 15/2005, de 8 de julio, por ser contrario a los arts. 117.3 y 24 CE.

 

Un Magistrado, Don Manuel Aragón Reyes, ha formulado un voto particilar <Ver>

 

El tenor del artículo 92 del Código Civil dispone: 

1. La separación, la nulidad y el divorcio no eximen a los padres de sus obligaciones para con los hijos.

2. El Juez, cuando deba adoptar cualquier medida sobre la custodia, el cuidado y la educación de los hijos menores, velará por el cumplimiento de su derecho a ser oídos.

3. En la sentencia se acordará la privación de la patria potestad cuando en el proceso se revele causa para ello.

4. Los padres podrán acordar en el convenio regulador o el Juez podrá decidir, en beneficio de los hijos, que la patria potestad sea ejercida total o parcialmente por unos de los cónyuges.

5. Se acordará el ejercicio compartido de la guarda y custodia de los hijos cuando así lo soliciten los padres en la propuesta de convenio regulador o cuando ambos lleguen a este acuerdo en el transcurso del procedimiento. El Juez, al acordar la guarda conjunta y tras fundamentar su resolución, adoptará las cautelas procedentes para el eficaz cumplimiento del régimen de guarda establecido, procurando no separar a los hermanos.

6. En todo caso, antes de acordar el régimen de guarda y custodia, el Juez deberá recabar informe del Ministerio Fiscal, y oír a los menores que tengan suficiente juicio cuando se estime necesario de oficio o a petición del Fiscal, partes o miembros del Equipo Técnico Judicial, o del propio menor, valorar las alegaciones de las partes vertidas en la comparecencia y la prueba practicada en ella, y la relación que los padres mantengan entre sí y con sus hijos para determinar su idoneidad con el régimen de guarda.

7. No procederá la guarda conjunta cuando cualquiera de los padres esté incurso en un proceso penal iniciado por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos que convivan con ambos. Tampoco procederá cuando el Juez advierta, de las alegaciones de las partes y las pruebas practicadas, la existencia de indicios fundados de violencia doméstica.

8. Excepcionalmente, aun cuando no se den los supuestos del apartado cinco de este artículo, el Juez, a instancia de una de las partes, con informe favorable del Ministerio Fiscal, podrá acordar la guarda y custodia compartida fundamentándola en que sólo de esta forma se protege adecuadamente el interés superior del menor.

9. El Juez, antes de adoptar alguna de las decisiones a que se refieren los apartados anteriores, de oficio o a instancia de parte, podrá recabar dictamen de especialistas debidamente cualificados, relativo a la idoneidad del modo de ejercicio de la patria potestad y del régimen de custodia de los menores.

 

Rescatamos de la Sentencia los siguientes y concluyentes razonamientos: 

 

6. Tampoco el mandato del art. 39 CE otorga razonabilidad y proporcionalidad a la norma cuestionada, pues aun siendo cierto que todos los Poderes Públicos -Jueces y Ministerio Fiscal- deben asegurar la protección integral de los hijos, tal como se ha razonado en el fundamento de derecho anterior, existe una invasión del Ministerio Fiscal en las competencias jurisdiccionales. La Fiscalía no limita su intervención a llevar a cabo una valoración de los presupuestos normativos, en un estadio precedente y con una funcionalidad distinta de la desarrollada por el titular del órgano jurisdiccional, sino que tiene la facultad de vetar la decisión discrepante del Juez, bastándole para ello con no informar, hacerlo neutralmente o desfavorablemente. Es cierto que no puede obviarse que el Ministerio Público, en virtud del propio texto constitucional (art.124 CE), actúa sometido a los principios de legalidad e imparcialidad para promover la acción de la justicia y, en especial, que tiene la misión de velar por la defensa de los derechos de los menores ( art. 3.7 EOMF), de manera que su dictamen previsto en el art. 92.8º del Código Civil encaja con naturalidad y razonabilidad en la posición constitucional y en las funciones propias del Ministerio Fiscal. Sin embargo, ello no puede llevar a afirmar que el órgano jurisdiccional no está facultado para imponer el régimen de custodia que estime más adecuado, porque hacerlo sería tanto como vaciar de contenido la norma excepcional y dejar al arbitrio del Ministerio Público la elección del mismo. El interés prevalente de los hijos menores, así como la inexistencia de un acuerdo entre los progenitores son motivos con suficiente peso constitucional como para afirmar que el informe del Ministerio Fiscal, sea o no favorable, no puede limitar la plena potestad jurisdiccional; todavía con mayor motivo, cuando el propio legislador no lo limita cuando hay acuerdo entre los progenitores (art.92.5º CC).


En conclusión, ha de afirmarse que la previsión normativa que exige el informe favorable del Ministerio Fiscal ex art. 92.8 CC debe ser declarada contraria a los dispuesto en el art. 117.3 CE, pues corresponde exclusivamente al Juez o Tribunal verificar si concurren los requisitos legales para aplicar el régimen excepcional y, en el caso de que así sea, valorar si, en el marco de la controversia existente entre los progenitores, debe o no adoptarse tal medida.


7. A la misma conclusión se llega examinando la alegación recogida en el Auto de planteamiento relativa a la supuesta colisión de la disposición impugnada con el derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE, por condicionarse -a juicio de la Sala- el derecho de la parte a obtener un pronunciamiento sobre el fondo al requisito de que el Fiscal informe favorablemente sobre su pretensión.


La denegación del ejercicio de la guarda compartida debida a la vinculación del Juez al dictamen del Fiscal, conforme al procedimiento establecido en la Ley 15/2005, de 8 de julio, supone la infracción del derecho a la tutela judicial efectiva, pues aunque la actuación del Ministerio Público está prevista para asegurar el bienestar de los hijos menores, el hecho de que el pronunciamiento judicial se haga depender de tal dictamen, menoscaba de facto el derecho a obtener una resolución sobre el fondo. La tacha de inconstitucionalidad planteada ha relacionado adecuadamente el derecho a obtener una resolución judicial motivada, puesto que, en la práctica, y aunque se obtenga una sentencia, el pronunciamiento sobre el fondo queda irremediablemente vinculado al dictamen del Fiscal. Al igual que el acuerdo entre los progenitores (art. 92.5º del CC) conlleva una sentencia judicial sobre el fondo, en el supuesto del art. 92.8º CC, aunque también se obtiene una resolución judicial sobre el fondo, lo cierto es ya viene predeterminada por la decisión del Ministerio Público y, como ya se ha dicho, la función de administrar justicia reside con carácter exclusivo en los Jueces y Tribunales y no en el Ministerio Público (art. 117.3 CE).


En este mismo sentido, cabe realizar una nueva consideración. No es lo mismo que sea el Ministerio Fiscal quien posea la facultad de decisión en régimen de guarda y custodia, cuando no hay acuerdo entre los progenitores, a que la tenga el Juez, pues la diferencia entre ambas actuaciones radica, entre otras, en que la de este último puede ser revisada, modificada o revocada a través de los recursos oportunos y, sin embargo, el dictamen desfavorable del Ministerio Fiscal es irrecurrible. Ello provoca no sólo que las Audiencias Provinciales y el Tribunal Supremo tampoco puedan valorar y decidir si el interés del menor requiere esa guarda y custodia compartida, es decir, de nuevo su función jurisdiccional queda impedida por la previa decisión del Ministerio Público, sino también que el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) se vea gravemente comprometido. Todo lo dicho hasta aquí lleva, a juicio de este Tribunal Constitucional, a afirmar que no sólo la norma cuestionada conculca la función jurisdiccional garantizada en el art. 117 CE.


8. Resta por analizar la posible inconstitucionalidad del art. 92.8º del Código Civil por vulneración del derecho a la igualdad ante la ley (art. 14 CE) y, en particular, el derecho a la igualdad de los niños (art.10.2 CE en relación con el art. 2 de la Convención de los derechos del niño y art. 39.2 CE), así como el principio de protección de los niños que debe orientar a todos los Poderes Públicos (art.39.3 y 4 y art. 53.3 CE).

Se afirma en el Auto de planteamiento que carece de justificación exigir el informe favorable del Fiscal para que el Juez pueda otorgar la custodia compartida en el caso de que no exista acuerdo entre los padres y, en cambio, no exigir con este carácter el informe del Ministerio Público en el supuesto de que los padres estén de acuerdo en compartir la custodia. Considera el órgano judicial cuestionante que la discrepancia entre las partes del proceso no justifica de manera razonable un tratamiento jurídico distinto sobre el carácter vinculante o no para el Juez del dictamen del Ministerio Fiscal. También se sostiene que, pese a la oposición procesal, puede existir una común voluntad, material o de fondo, en que ambos progenitores compartan su tiempo con el hijo común. Por todo ello, considera el Auto que este tratamiento desigual en el régimen de atribución de la guarda conjunta puede lesionar lo dispuesto en los arts. 14 y 39 CE.


Dado que en los anteriores fundamentos jurídicos hemos declarado el carácter inconstitucional del término “favorable” referido al dictamen del Ministerio Fiscal en el supuesto contemplado en el art. 92.8º CC, y a los efectos que ahora importan de obtener una resolución judicial sobre la guarda y custodia con idénticas garantías para los interesados y con igual libertad y discrecionalidad para el órgano judicial en todo los supuestos, el hecho de que el Ministerio Público emita uno u otro informe pierde ya su relevancia en relación con la posible vulneración del art. 14 CE. El motivo de que este Tribunal Constitucional realice tal afirmación no es otro que el de constatar que, en cualquier caso, la alegada vulneración procedería en definitiva, no de la regulación de situaciones distintas, que lo son, sino de la circunstancia de que el órgano judicial vea limitada, dependiendo de cada supuesto, su función jurisdiccional.


A juicio de este Tribunal Constitucional, el régimen de custodia, sea o no compartida y exista o no acuerdo parental, debe adoptarse siempre, considerando cuál sea la situación más beneficiosa para el niño; y si bien se confiere a los progenitores la facultad de autorregular tal medida y el Ministerio Fiscal tiene el deber de velar por la protección de los menores en este tipo de procesos, sólo al órgano judicial le corresponde la facultad de resolver el conflicto que se le plantea, pues exclusivamente él tiene encomendada constitucionalmente la función jurisdiccional.


9. Finalmente, e incidiendo en lo expuesto anteriormente, hemos de afirmar que no procede entrar a examinar si la disposición cuestionada vulnera o no el derecho de los niños a la igualdad ante la ley (arts. 14 y 39.2 CE), puesto que el art. 92. 8º del Código Civil hace descansar el distinto tratamiento en lo que a su guarda se refiere en la existencia o no de acuerdo entre los progenitores respecto de la adopción de la medida de custodia compartida (art 39. 2 y 4 CE) y en la existencia o no de un informe favorable del Ministerio Fiscal.


Es cierto que en la STC 183/2008, de 22 de diciembre, FJ 3, tuvimos ocasión de poner de manifiesto que “el derecho de los menores que estén en condiciones de formarse un juicio propio a ser escuchados en todo procedimiento judicial o administrativo que les afecte, ya sea directamente o por medio de representante o de un órgano apropiado, aparece recogido en la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño de 20 de noviembre de 1989, ratificada por España por Instrumento de 30 de noviembre de 1990 (art. 12) y que en nuestro ordenamiento, el art. 9 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor reconoce su derecho a ser oído tanto en el ámbito familiar como en cualquier procedimiento administrativo o judicial en el que esté directamente implicado y del que se deba derivar una decisión que afecte a su esfera personal, familiar o social (art. 9.1 CE; por todas, STC 22/2008, de 31 de enero, FJ 7). Además, cabe citar aquí el art. 24.1 de la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea, publicada en el DOUE de 14 de diciembre de 2007 e íntegramente reproducida en el art. 2 de la Ley Orgánica 1/2008, de 30 de junio, por la que se autoriza la ratificación por España del Tratado de Lisboa, en que se establece que “[l]os niños tienen derecho a la protección y a los cuidados necesarios para su bienestar. Podrán expresar su opinión libremente. Ésta será tenida en cuenta para los asuntos que les afecten, en función de su edad y madurez”. En armonía con la normativa citada, la regulación del Código Civil sobre la guarda compartida, como hemos visto en los fundamentos precedentes, prevé la audiencia del menor en estos procesos (art. 92.6º del Código Civil), al disponer que “en todo caso, antes de acordar el régimen de guarda y custodia”, el órgano judicial debe “oír a los menores que tengan suficiente juicio cuando se estime necesario de oficio o a petición del Fiscal, partes o miembros del Equipo Técnico Judicial, o del propio menor”. Y así, a este Tribunal, no le alberga duda de que la regulación contenida en el art. 92.8º del Código Civil y en sus concordantes de la ley procesal en nada impide el derecho de los menores a ser oídos, porque lo serán, aunque su parecer en definitiva quede, como ocurre con el del órgano judicial, postergado por el informe vinculante del Ministerio Público.

 

Acceso al Texto íntegro de la Sentencia del Tribunal Constitucional de 17 de Octubre de 2012 por el que se resuelve la Cuetión de Inconstitucional planteada sobre el inciso 8º del Artículo 92 del Código Civil.

 

  Si no visualiza el Documento pulse aquí.

 

custodia-compartida-sentencia-constitucional

FALLO A FAVOR DE LA LIBERTAD DE EXPRESION DE UNA MALTRATADA QUE DENUNCIO EN UNA ENTREVISTA TELEVISIVA HABER SIDO VICTIMA DE VIOLENCIA DE GENERO


El Tribunal Supremo en Sentencia 381/2.012, de la Sala de lo Civil, de 11 de junio de 2.012, (Ponente Sr. Xiol Ríos), resuelve a favor de la libertad de expresión de una maltratada que denunció en televisión haber sido víctima de violencia de género por parte de su ex pareja.

 

Un particular interpone demanda contra su ex mujer, ejercitando acción de protección del derecho fundamental al honor, por las manifestaciones realizadas por esta en un programa de televisión, en las que afirmaba haber sido víctima de malos tratos por parte del demandante, solicitando se declare por el Juzgado la intromisión ilegítima por la demandada en el derecho al honor del mismo, al considerar que las expresiones vertidas en tal programa lesionan su dignidad, menoscaban su fama, y atentan contra su propia estimación.

 

La demandada se opone alegando haberse limitado a efectuar un relato de su experiencia personal en lo que se refiere a la violencia de género sufrida, sin llegar a expresar la identidad del demandante (solo menciona su nombre propio y su profesión), aportando datos objetivos del hecho en sí (Sentencia condenatoria al demandante por dos faltas de lesiones cometidas por el mismo), y por consiguiente se trata de ejercicio de la libertad de información, basada en hechos reales y veraces, sin ánimo injurioso alguno.

 

El Juzgado de instancia concluye que en las respuestas dadas por la demandada a las preguntas formuladas por el periodista televisivo, no concurre manifestación de la demandada que lesione la dignidad del demandante ni menoscabe su fama, en tanto en cuanto la temática de la entrevista es la del maltrato a la mujer, y por parte de la entrevistada se hizo un relato de su experiencia personal en dicha problemática social, de máxima relevancia para el legislador y los medios de comunicación social. El modo en que la demandada expresó sus palabras en sus respuestas al entrevistador televisivo, fue de tranquilidad y sosiego, alejado de excitación o tensión, alarmismo o morbo.

 

Se trata por tanto de información veraz, lo que comporta a su vez ejercicio de la libertad de expresión y de información, por lo que se desestima la demanda en la instancia.

 

Posteriormente, la Audiencia Provincial confirma tal sentencia de instancia, considerando que las manifestaciones de la demandada no sobrepasan los límites del ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información, de manera que la imputación o reproche que de tales palabras pudiera obtener el demandante, en todo caso deriva de su propio comportamiento, pero no de lo manifestado por la demandada.

 

Interpuesto Recurso de Casación, parte el Tribunal Supremo de que la limitación del derecho al honor por la libertad de expresión e información, tiene lugar cuando se produce un conflicto entre ambos derechos, el cual debe ser resuelto mediante técnicas de ponderación. La ponderación debe respetar la posición prevalente que ostenta el derecho a la libertad de información y expresión sobre el derecho al honor, por resultar esencial como garantía para la formación de una opinión pública libre, indispensable para el pluralismo político, que exige el principio democrático.

 

Partiendo de lo anterior, el TS llega a la conclusión de que frente a la inmisión en el honor de la parte recurrente, atendidas las circunstancias del caso, ha de prevalecer la libertad de información y expresión, y en consecuencia, no debe apreciarse la existencia de una vulneración del derecho al honor.

 

Se señala que el interés público de la materia es elevado, tal y como ya habían establecido anteriores Sentencias de tal Sala donde se estableció que “en todo caso, el interés público del objeto de las informaciones cuestionadas, deriva del interés de la sociedad en conocer y evitar hechos como los sucedidos, dados los numerosos casos de malos tratos en el ámbito familiar de los que se hacen eco los medios de comunicación de un tiempo a esta parte. Y, por tanto, la información publicada tiene relevancia social, así como los actos de maltrato físico y psicológico son una cuestión socialmente relevante y de interés para la comunidad”. El interés de cuestiones como la enjuiciada, que pertenecen al ámbito familiar, se produce desde el momento en el que se comete una infracción penal, que obliga como cuestión de orden público, a la intervención del Estado con todos sus mecanismos, legales, policiales, y judiciales.

 

Por tanto, la prevalencia del derecho de información y expresión en el caso considerado, es de gran relevancia, dada su capacidad por su contenido, de ser susceptible de influir sobre la opinión pública libre al ofrecer un testimonio constructivo y una llamada de atención de las necesidades legislativas en la materia.

 

Considera asimismo el Tribunal que los datos informativos aportados eran veraces, al constar la existencia de una condena por dos faltas de lesiones, sin que, a mayor abundamiento, se hayan llegado a utilizar en ningún momento expresiones desproporcionadas o innecesarias para el mensaje transmitido, por lo que la libertad de información y expresión, fueron ejercidas de forma legítima.

 

En consecuencia se declara no haber lugar al Recurso de Casación interpuesto.

 

Acceso al texto íntegro la Sentencia del Tribunal de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo nº 381/2012, de 11 de Junio.


 

Si no se visualiza el Documento, pulsar aqui.

   

 libertad-de-expresion-mujer-maltratada

Analizamos en el presente la Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo, 323/2012, de 25 de Mayo, en la que se considera que la Guardia y Custodia Compartida será lo más beneficioso para los hijos habidos del matrimonio


En el mismo sentido y creando Doctrina os recomendamos además la Sentencia del Tribunal Supremo, de 29 de Abril de 2013.

 

Hace una crítica a las resoluciones precedentes, dictadas en primera y segunda instancia, pues no toman más que de forma retórica el interés del menor, sin valorar los informes que abogan por el establecimiento de la Custodia compartida interesada por el padre de los menores y sustentando además la Audiencia su decisión en un informe del Ministerio meramente formal que propugnaba el mantenimiento de la resolución de instancia.

 

La Sentencia en sus fundamentos de derecho quito y sexto, explica la procedencia de otorgar la Custodia Compartida, argumentando que:

 

"QUINTO. Esta Sala ha venido ya recogiendo una serie de criterios relativos a la interpretación de lo que significa "el interés del menor", que deben tenerse en cuenta en los litigios sobre guarda y custodia compartida. La STS 623/2009 decía que del examen del derecho comparado se deducía que se utilizaban "criterios tales como la práctica anterior de los progenitores en sus relaciones con el menor y sus aptitudes personales; los deseos manifestados por los menores competentes; el número de hijos; el cumplimiento por parte de los progenitores de sus deberes en relación con los hijos y el respeto mutuo en sus relaciones personales; el resultado de los informes exigidos legalmente, y, en definitiva, cualquier otro que permita a los menores una vida adecuada en una convivencia que forzosamente deberá ser más compleja que la que se lleva a cabo cuando los progenitores conviven" . Estos criterios se utilizan también en la STS de 94/2010, de 11 marzo .


La interpretación del Art. 92, 5 , 6 y 7 CC debe estar fundada en el interés de los menores que van a quedar afectados por la medida que se deba tomar, que se acordará cuando concurran alguno de los criterios antes explicitados y la redacción de dicho artículo no permite concluir que se trate de una medida excepcional, sino que al contrario, debería considerarse la más normal, porque permite que sea efectivo el derecho que los hijos tienen a relacionarse con ambos progenitores, aun en situaciones de crisis, siempre que ello sea posible y en tanto en cuanto lo sea. A estos efectos, la STS 579/2011, de 22 julio , ha interpretado la expresión "excepcional", contenida en el art. 92.8 CC en el sentido que "La excepcionalidad a que se refiere el inicio del párrafo 8, debe interpretarse, pues, en relación con el párrafo cinco del propio artículo que admite que se acuerde la guarda y custodia compartida cuando así lo soliciten ambos progenitores o uno con el acuerdo del otro. Si no hay acuerdo, el Art. 92.8 CC no excluye esta posibilidad, pero en este caso, debe el Juez acordarla "fundamentándola en que solo de esta forma se protege adecuadamente el interés superior del menor". De aquí que no resulta necesario concretar el significado de la "excepcionalidad", a que se refiere el Art. 92.8 CC , ya que en la redacción del artículo aparece claramente que viene referida a la falta de acuerdo entre los cónyuges sobre la guarda compartida, no a que existan circunstancias específicas para acordarla".


SEXTO. Al haber asumido esta Sala funciones de instancia, debe decidir sobre la forma de ejercicio de la guarda y custodia, para lo que debe examinar los argumentos favorables a la guarda y custodia compartida de los hermanos Belarmino , que son los siguientes:


1º Dadas las circunstancias laborales del padre y de la madre, la disponibilidad horaria de ambos resulta semejante y no produce ningún inconveniente para la protección del interés de los hijos.


2º El informe psicosocial del equipo del juzgado de 1ª instancia nº 12 de Palma de Mallorca llega a la conclusión que puede ser beneficioso para los niños este tipo de guarda.


3º En el informe que acompaña su contestación al presente recurso, el Fiscal, en su cualidad de defensor y representante de los menores, que le atribuye el art. 3 de su Estatuto orgánico, ha asumido dicha defensa de forma expresa en este trámite y ha dicho que "está de acuerdo con la adopción de la medida de la guarda y custodia compartida, en base al informe que en su día formuló el Equipo Psicotécnico del Juzgado de Familia".

 

En esta semana sobre este tema ha sido noticia el anuncio del Ministro de Justicia sobre la reforma del artículo 92 del Código Civil, que a iniciativa de UPyD, propiciará que la atribución de la Custodia Compartida sea la opción prioritarias. Más Información >>>

 

Acceso al texto íntegro la Sentencia del Tribunal de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo nº 323/2012, de 25 de Mayo.


 

Si no se visualiza el Documento, pulsar aqui.

 



Una Sentencia más del Tribunal Constitucional que considera Vulnerado del Derecho a la Libertad del art. 17 de la Constitución por haberse prolongado indebidamente la situación de detención al no trasladarse a la detenida a presencia del Juez una vez finaliadas las Diligencias Policiales

 

Son ya unas cuantas Sentencias las dictadas y, por desgracia, parece que nadie hace nada por cambiar el sistema de conducción de los detenidos que hay implantado en muchas ciudades que provoca la dilación injustificada de la detención, en ocasiones hasta por dos días.

 

Cierto es que la variación del modo y tiempo de materialiar la puesta a disposición de las personas privadas de libertad implicaría muchos problemas organizativos y de coordinación, pero ello no ha de servir de excusa para mantener, como desgraciadamente se viene haciendo a diario, la detención aún cuando las diligencias policiales estuvieran finaliadas, pues se está conculcando el mandato constitucional contenido en el artículo 17 y desarrollado por el 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

 

No hay que agotar el plazo máximo de 72 horas, tan pronto como se haya finalizado la actuación de las Fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado necesaria para concluir el atestado se debe proceder tan pronto como sea posible al traslado a dependencias judiciales.

 

Analizando la cuestión es determinante lo expresado en el fundamento jurídico segundo, que en su parte final nos indica que:  

"(...)

Por otra parte, la recurrente manifiesta en su escrito de demanda que cuando fue detenida se le informó que sería puesta a disposición judicial a las 10:00 horas del lunes día 9 de agosto, cumpliéndose esta previsión por los agentes actuantes, como hemos visto. Esta circunstancia parece dejar entrever, aunque no se hace referencia a ello en el atestado incoado, que se cumplimentó ese trámite a la referida hora porque así estaba dispuesta para estas conducciones de detenidos según los protocolos existentes a tal fin acordados entre los Juzgados y las fuerzas y cuerpos de seguridad.

Sobre este particular ya se ha pronunciado este Tribunal Constitucional en ocasiones anteriores, concluyendo que dichos acuerdos no pueden ser obstáculo para la presentación del detenido al Juez en otros momentos anteriores cuando las circunstancias concurrentes y las exigencias constitucionales y legales lo aconsejen. Así, en la STC 224/2002, de 25 de noviembre, en un supuesto en que se había demorado la puesta a disposición judicial del recurrente (ante un Juzgado de detenidos de Barcelona), precisamente porque sólo estaba prevista «una única conducción a las 8:00 horas», afirmamos que tal circunstancia «no puede justificar en principio un alargamiento tan desproporcionado del periodo de detención, una vez declarada la conclusión de las investigaciones policiales, máxime cuando, como acontece en este caso (también en la presente demanda), se había presentado ante el Juzgado de guardia una solicitud de habeas corpus que permitió conocer, una vez remitidas, la conclusión de las diligencias policiales» (FJ 4). En el mismo sentido, en la STC 165/2007, de 2 de julio, donde a la detenida también se le había informado en una comisaría de Sevilla que no sería puesta a disposición judicial hasta el día siguiente porque «sólo se realiza una conducción de detenidos al día, a las nueve de la mañana», manteníamos que no se apreciaba justificado el criterio del instructor del atestado policial, que al parecer se había basado para su decisión en este protocolo de colaboración vigente, pues éste preveía en sus disposiciones otra conclusión alternativa, en particular «que no quedaba excluida la presentación de un detenido ante el Juez de guardia en hora distinta a la antes señalada», pudiendo así «el Juzgado de Instrucción de guardia recibir detenidos durante las 24 horas cuando las circunstancias así lo aconsejen» (FJ 3).
Finalmente, en la STC 88/2011, de 6 de junio, concluíamos que esta última solución «parece más adecuada y acorde con las exigencias constitucionales del derecho a la libertad personal, en la forma expuesta por nuestra jurisprudencia, no siendo incompatible la existencia de estos protocolos de colaboración, que pretenden ordenar el traslado de detenidos (fundamentalmente en grandes urbes, donde este tránsito es elevado), con la exigencia constitucional de no prolongar indebidamente el tiempo de detención de un ciudadano, pues ambas previsiones pueden coexistir razonablemente, ponderándose en cada caso las circunstancias particulares concurrentes» (FJ 3).

En consecuencia, la primera queja planteada por la recurrente merece ser estimada por este Tribunal, pues la detención preventiva de que fue objeto en las dependencias de la Guardia Civil se prolongó más allá del tiempo necesario para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos que la motivaron, contribuyendo a ello la propia actuación desarrollada por el órgano judicial en los términos expuestos, por lo que resultó infringida la garantía que el art. 17.2 CE le reconoce en cuanto titular del derecho a la libertad personal."

 

Acceso al texto íntegro la Sentencia del Tribunal Constitucional nº 95/2012, del 9 de Mayo.


 

  Si no se visualiza el Documento, pulsar aqui.

 


PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO FRENTE A DECRETO POR EL QUE SE IMPONE LA EXPULSIÓN A UN CIUDADANO EXTRANJERO.


Os acompañamos un Caso Real en el se reccurre una Resolución Administrativa que impone la Expulsión de España a Ciudadano Extranjero por un Periodo de 3 Años.


Este asunto ha sido dirigido por el Letrado Experto César Sánchez Sánchez.


En este caso se solicitó en la demanda la suspensión de la obligación de salida que fue estimada al igual que se estimó la petición de revocación de la expulsión.

 

1) Demanda presentada ante los Juzgados Contencioso-administrativo de Madrid, con petición de suspensión de la expulsión.

 

Si no se visualiza el Documento, pulsar aquí. 

 

 

2) Admisión a trámite de la demanda y señalamiento de juicio.

 

Si no se visualiza el Documento, pulsar aquí. 

 

 

3) Concesión de medida cautelar acordando suspender la expulsión. 

 

Si no se visualiza el Documento, pulsar aquí. 

 

 

4) Sentencia estimatoria de la demanda por la que se acuerda revocar la expulsión decretada por la Delegación de Gobierno.

 

Si no se visualiza el Documento, pulsar aquí. 

 

* Más información sobre Expedientes de Expulsión >>>

Las manifestaciones que constan en los atestados no deben ser considerados por los Tribunales como actos de prueba en los sustentar las sentencias condenatorias. 

 

La reciente sentencia mantiene la doctrina jurisprudencial expresada en precedentes sentencias por la que impide considerar como prueba de cargo las declaraciones contenidas en el atestado policial al tener valor de mera denuncia.

 

Analizando la cuestión el fundamento jurídico primero de la sentencia expresa:

 

"El art. 714 Lecrim dispone que "cuando la declaración del testigo en el juicio oral no sea conforme en lo sustancial con la prestada en el sumario, podrá pedirse la lectura de esta por cualquiera de las partes". Es cierto que este precepto ha sido objeto de diversas inteligencias. Pero no hay duda de que, de todas, debe prevalecer la de mejor encaje en el contexto legal, y la más coherente con la línea de principios que informa la vigente disciplina constitucional del proceso.


Estando a lo primero, es claro que el precepto permite utilizar como elemento de contraste, para evaluar la atendibilidad de una declaración prestada en la vista, la anteriormente debida al mismo testigo, producida en el sumario ; pero en el bien entendido de que, en rigor, prueba es solo la que se produce en el juicio oral. El término "sumario" tiene una semántica muy precisa en el lenguaje legal, donde resulta que denota el conjunto de actuaciones -"encaminadas a preparar el juicio" ( art. 299 Lecrim )- provocadas por el acaecimiento de un hecho eventualmente constitutivo de delito, "de[l] que conozca la autoridad judicial"; aquí "los jueces de instrucción" ( arts. 300 y 303,1 Lecrim ).


Por otra parte, el art. 297 de la propia ley es claro al disponer que "los atestados que redactaren y las manifestaciones que hicieren los funcionarios de policía judicial [...] se considerarán denuncias para los efectos legales". Es decir, a todos los efectos del proceso. Y lo mismo al subrayar que, para que las declaraciones de los funcionarios policiales "ten[gan] el valor de declaraciones testificales" deberán versar sobre "hechos de conocimiento propio", es decir, sobre actos o datos (extraprocesales) de los que supieren por sí mismos, y no a través de las manifestaciones de otros.


Precisamente, en este punto, el Tribunal Constitucional, en su sentencia 68/2010, de 18 de octubre , ha subrayado que lo declarado a la policía "al formar parte del atestado tiene, en principio, únicamente valor de denuncia, como señala el art. 297 de la LECrim ( STC 31/1981 ), por lo que, considerado en sí mismo, el atestado se erige en objeto de prueba y no en medio de prueba, con el resultado de que los hechos que en él se afirman por funcionarios, testigos o imputados han de ser introducidos en el juicio oral a través de auténticos medios probatorios ( STC 217/1989, de 21 de diciembre , FJ 2; 303/1993, de 25 de octubre , FJ 4; 79/1994, de 14 de marzo , FJ 3; 22/2000, de 14 de febrero, FJ 5 ; 188/2002, de 14 de octubre , FJ 2). Ello -continúa la alta instancia- no significa negar toda eficacia probatoria a las diligencias policiales que constan en el atestado, pues, por razón de su contenido, pueden incorporar datos objetivos y verificables, como croquis, planos, fotografías, que pueden ser utilizados como elementos de juicio siempre que, concurriendo el doble requisito de la mera constatación de datos objetivos y de imposible reproducción en el acto del juicio oral, se introduzcan en éste como prueba documental y garantizando de forma efectiva su contradicción [ SSTC 107/1983, de 29 de noviembre, FJ 3 ; 303/1993, de 25 de octubre , FJ 2 b); 173/1997, de 14 de octubre , FJ 2 b); 3/2000, FJ 5 ; 188/2002 , FJ 2]. Pero tal excepción, limitada a supuestos susceptibles de configurarse como prueba preconstituida por referirse a datos objetivos e irrepetibles, no puede alcanzar a los testimonios prestados en sede policial. Así, en la STC 79/1994 , ya citada [se lee] que tratándose de las declaraciones efectuadas ante la policía no hay excepción posible. Este Tribunal ha establecido muy claramente que 'las manifestaciones que constan en el atestado no constituyen verdaderos actos de prueba susceptibles de ser apreciados por los órganos judiciales' ( STC 217/1989 ). " 

 

Acceso al texto íntegro la Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo nº 260/2012, de 4 de Abril.

 

 

 Si no se visualiza el Documento, pulsar aqui.

En caso de Sentencia Absolutoria por delito de malos tratos sin que la misma contenga pronunciamiento expreso manteniendo durante el tiempo de sustanciacion de los recursos contra tal sentencia la vigencia de la orden de alejamiento dictada anteriormente, dicha medida ya no regiría, y en consecuencia cualquier comunicación posterior entre las partes es atípica.

 

El Tribunal Constitucional en Sentencia 16/2.012, de la Sala Primera, de 13 de febrero de 2.012, otorga el amparo solicitado por el recurrente y le reconoce el derecho a la presunción de inocencia (art 24.2 CE), en el siguiente supuesto

 

En un tema de violencia de género, un Juzgado de Instrucción dicta Auto imponiendo al imputado la prohibición de aproximarse y comunicarse con su pareja. Después de dictarse tal alejamiento, la denunciante acude al domicilio del acusado y consiente en estar en compañía del mismo. Celebrado juicio oral, el Juzgado de lo Penal dicta Sentencia absolutoria en tal procedimiento seguido por quebrantamiento de la medida cautelar, al entender que tales encuentros fueron consentidos, sin contener tal Sentencia absolutoria del Juzgado de lo Penal, pronunciamiento de tipo alguno sobre si permanece vigente o no la prohibición de aproximación y comunicación dictada anteriormente por el Juzgado de Instrucción

 

Dictada tal Sentencia absolutoria por parte del Juzgado de lo Penal, el acusado, sin esperar a la firmeza de la misma, se presenta en el lugar de trabajo de su excompañera, por lo que la misma presenta nueva denuncia por presunto delito de quebrantamiento de la medida cautelar.

 

La Sentencia que absolvía al acusado fue recurrida en apelación por la acusación particular

 

Como consecuencia de esta segunda denuncia, el Juzgado de lo Penal condena al recurrente como autor de un delito de quebrantamiento de medida cautelar del artículo 468.2 del CP a la pena de 6 meses de prisión, accesorias y costas, y todo ello sobre la base de entender que el acusado tenía que ser consciente, cuando se presentó en el lugar de trabajo de su excompañera, que la orden de alejamiento podía estar vigente. Interpuesto recurso de Apelación, la Audiencia Provincial lo desestima sobre la base de que la medida cautelar no había sido dejada sin efecto en tanto en cuanto la Sentencia absolutoria original no era firme

 

El condenado, y posterior recurrente en amparo, mantiene que las resoluciones impugnadas infringen lo previsto en el artículo 69 de la LO 1/ 2.004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género en cuanto determina que la Sentencia que se dicte habrá de hacer constar el mantenimiento o no de las medidas adoptadas durante el procedimiento. Se mantiene en consecuencia que la ausencia de todo pronunciamiento expreso en la Sentencia absolutoria del Juzgado de lo Penal, determina, por aplicación del tal artículo, el decaimiento de dicha medida y por tanto su pérdida total de eficacia, aunque la sentencia no fuera firme, o estuviera pendiente un recurso de apelación. El aunar la falta de firmeza de la sentencia absolutoria, con la vigencia o prórroga tácita de la medida cautelar, contradice abiertamente el contenido del artículo 69 de la LO 1 / 2.004

 

Sobre la base de lo expuesto, el Tribunal Constitucional concluye:

 

Las Sentencias impugnadas han considerado hecho probado que se encontraba todavía vigente la orden de alejamiento

 

No resulta razonable el “iter discursivo” que conduce a tal conclusión ya que el delito de quebrantamiento de medida cautelar se consuma cuando se realiza la actividad prohibida por la resolución judicial (en este caso acercamiento del imputado a su ex compañera), pero para ello es inexcusable que la orden que contiene tal prohibición se encuentre vigente

 

En esta línea, el artículo 69 de la LO 1/ 2.004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, determina que “las medidas de este capítulo pondrán mantenerse tras la sentencia definitiva y durante la tramitación de los eventuales recursos que correspondiesen. En este caso, deberán hacerse constar en la sentencia el mantenimiento de tales medidas”

 

La ausencia de mención expresa sobre el mantenimiento de la medida cautelar en la Sentencia absolutoria del Juzgado de lo Penal, conlleva la finalización de la vigencia de dicha medida en el momento en que tal sentencia fue dictada

 

En consecuencia, la falta de este pronunciamiento por parte del Juzgado determina el decaimiento de la referida medida de protección y por ello, su pérdida de eficacia, aunque la Sentencia dictada no fuera firme y estuviera pendiente de recurso o no hubiera transcurrido el plazo previsto para su interposición

 

El mantenimiento de la orden de protección en este supuesto de sentencia absolutoria se supedita por el legislador (art. 69), a que se haga constar expresamente en dicha resolución, lo que requerirá un plus de motivación al órgano judicial, desde el canon de la proporcionalidad, para justificar las razones por las que se acuerda en tales circunstancias, la prórroga de la medida

 

Se concluye que la condena al recurrente ha vulnerado su derecho a la presunción de inocencia (art 24.2 CE), pues el razonamiento que se ha formulado para entender probada la concurrencia de uno de los elementos del tipo penal ha sido irrazonable, contrario al tenor de las normas aplicadas y discrepante respecto a las pautas interpretativas al uso en la comunidad jurídica, por lo que se decreta la nulidad de las sentencias impugnadas sin retroacción de actuaciones

 

Texto íntegro de la Sentencia del Tribunal Constitucional, nº 16/2012, del 13 de febrero:

 

 Si no se visualiza el Documento, pulsar aqui.

El periodo de detención máximo de 72 horas debe computarse desde el mismo momento en que se ejecuta.

 

El Artículo 17 de la Constitución expresa que:


1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la Ley.


2. La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial.


3. Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la Ley establezca.


4. La Ley regulará un procedimiento de "habeas corpus" para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. Asimismo, por Ley se determinará el plazo máximo de duración de la prisión provisional.


Pese a la literalidad de este precepto, todavía hay quienes se resisten a acatar el mandato expresado en la Constitución.

 

La Sala Primera del Tribunal Constitucional, en su Sentencia 180/2011, de 21 de noviembre. (BOE núm. 306, de 21 de diciembre de 2011), ha tenido que recordar una vez más desde cuándo debe comptarse el periodo de detención, expresando en el último de sus fundamentos que:

 

5. En atención a la doctrina constitucional expuesta, y tal como también solicita el Ministerio Fiscal, debe concluirse que las resoluciones judiciales impugnadas han vulnerado el derecho del recurrente a su libertad personal (art. 17.1 CE) por haber prolongado la situación de privación de libertad del recurrente fuera del plazo de 72 horas previsto legalmente en el art. 497 LECrim.


En primer lugar, la argumentación vertida en el Auto de apelación para justificar que, conforme a la literalidad del art. 497 LECrim, el cómputo del plazo de las 72 horas de la detención judicial debe realizarse desde que el detenido le hubiera sido entregado al Magistrado instructor ni resulta inequívoco desde una interpretación literal de dicho precepto ni, en cualquier caso, es asumible desde la perspectiva que disciplina la libertad personal como derecho fundamental del ciudadano (art. 17.1 CE). Ciertamente, tal como ya se ha trascrito más arriba, el párrafo primero del art. 497 LECrim, al regular la actuación de la autoridad judicial en los casos en que le sea entregado un ciudadano objeto de una detención por un particular o por autoridad o agente de policía judicial, dispone que en el plazo de 72 horas “a contar desde que el detenido le hubiese sido entregado” deberá regularizar su situación, elevándola a prisión o dejándola sin efecto. Igualmente, el párrafo segundo del art. 497 LECrim, y ya específicamente para los supuestos en que la detención haya sido acordada judicialmente, dispone que el Juez deberá hacer “lo propio, y en idéntico plazo”. Por tanto, desde la literalidad del precepto, y teniendo en cuenta la remisión del párrafo segundo al párrafo primero del art. 497 LECrim, lo único que es inequívoco es que la ley, en los casos como el presente de detención judicial, impone que el Juez “en idéntico plazo” —es decir, 72 horas— haga “lo propio” —esto es, elevar la detención a prisión o dejarla sin efecto. Pero, en ningún caso, que el cómputo de esas 72 horas deba realizarse “desde que el detenido le hubiese sido entregado”.


6. Un vez descartado que la literalidad del art. 497 LECrim lleve a una única conclusión interpretativa sobre el momento a partir del cual debe realizarse el cómputo de las 72 horas, además, como ya se ha señalado, el pretender desplazar el comienzo de ese cómputo desde el momento en que efectivamente se produjo materialmente la detención en ejecución de la decisión judicial hasta que el detenido sea materialmente puesto a disposición judicial, no sólo resulta contradictorio con la propia naturaleza de la detención judicial y su delimitación con la detención gubernativa, sino que también es lesiva de la efectividad de la garantía constitucional del derecho a la libertad (art. 17.1 CE), en relación con la previsión del establecimiento de una limitación temporal precisa de esta concreta medida cautelar.


(...)


Por tanto, desde la perspectiva del art. 17.1 CE, el plazo de 72 horas a que, por remisión, se refiere el párrafo segundo del art. 497 LECrim en los supuestos de detención acordada por autoridad judicial, debe computarse desde que se verifica la ejecución material de la decisión de detención. Esto determina que, en el presente caso, al haber tenido lugar la ejecución material de la detención sobre las nueve horas y cincuenta minutos del día 27 de junio de 2006 y, por tanto, finalizar el plazo máximo legal a las nueve horas y cincuenta minutos del día 30 de junio de 2006, la decisión judicial de prorrogar la detención hasta las nueve horas y treinta minutos del 1 de julio de 2006 vulneró el derecho del recurrente a su libertad personal (art. 17.1 CE), para cuyo restablecimiento, habida cuenta de la cesación de los efectos provocados por dicha decisión, bastará con la anulación de las resoluciones impugnadas.


Es triste que en los tiempos que corren sea todavía necesario rectificar errores de este calado cometidos por Jueces.

 

-Texto íntegro de la Sentencia 180/2011, de 21 de noviembre.

 

Si no se visualiza el Documento, pulsar aquí. 

 


Estás Aquí: Mostrando articulos por etiqueta: Abogado César Sánchez

 

           QuieroAbogado en

             Redes Sociales

 Google +

Google+

  

Twitter

Twitter

   

Facebook

Facebook

   

alta-de-abogados-en-quieroabogado

Más de 200 Abogados Colaboradores

                ¡Síguenos!                      Altas limitadas a 500 letrados