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Novedades legislativas en el ejercicio de la potestad sancionadora de las Administraciones Públicas a partir del 2 de octubre de 2016

Las Leyes 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas y 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público introducen novedades relativas a la potestad sancionadora.

Hasta ahora esta regulación estaba recogida en los artículos 127 a 138 de la Ley 30/92 y en el Reglamento del Procedimiento, aprobado por R.D 1398/93, de 4 de agosto, que queda derogado por la Ley 39/2015.

A partir de ahora toda la regulación será regulada íntegramente por ley y no reglamento.

En síntesis, los principios de la potestad sancionadora serán regulados por la Ley 40/2015 y las especialidades que presenta el procedimiento están recogidas en el la Ley 39/2015.


Novedades relativas a los Principios de la potestad sancionadora (Ley 40/2015, artículos 25 a 31).

-         Los principios de la potestad sancionadora se extenderán al ejercicio de la potestad disciplinaria sobre el personal al servicio de las Administraciones Públicas, pero se mantiene la exclusión de su aplicación en materia de sanciones contractuales.

-         Paralelamente a la capacidad de obrar, se prevé la posibilidad de que resulten responsables de las infracciones los grupos de afectados, las uniones sin personalidad, etc.

-         Se amplía la consideración en cuanto a la posibilidad de que las leyes establezcan la responsabilidad por infracción de otro. Los dos supuestos que se prevén son:

Tipificar como infracción el incumplimiento de la obligación de prevenir la comisión de infracciones administrativas por quienes se hallen sujetos a una relación de dependencia o vinculación; y prever los supuestos en que determinadas personas responderán del pago de las sanciones impuestas a quienes de ellos dependen. Este último precepto es relevante en tanto en cuanto las infracciones sean cometidas por menores.

-         En cuanto a la reincidencia, se sustituyen el concepto de “reiteración” por el de “continuidad o persistencia en la conducta”.

Como criterio de graduación se añade “el grado de culpabilidad”.


Las especialidades del procedimiento sancionador en el procedimiento administrativo común (Ley 39/2015) se pueden sintetizar de la siguiente manera:

-          Aparte de los derechos inherentes a todos los interesados, los presuntos responsables tienen derecho a:

o   La notificación de los hechos que se les imputen, de las infracciones que puedan constituir, de las posibles sanciones, de la identidad del instructor, de las posibles sanciones, de la identidad del instructor, de la autoridad competente para imponer la sanción y de la norma que le atribuye tal competencia
o   La presunción de no existencia de responsabilidad


-          En los supuestos en los que una denuncia invoque un perjuicio en el patrimonio de las Administraciones Públicas, la no iniciación del procedimiento deberá ser motivada y se notificará la denuncia a los denunciantes.

-          El acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador debe contener:
 

Por Desi Boeva

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o   Los hechos que motivan la incoación
o   Su posible calificación
o   Las sanciones que pudieran corresponderles

-          El artículo 62.4 regula el procedimiento de clemencia. Cuando el denunciante sea participe en la comisión de la infracción y existan otros infractores:

o   Si es el primero en aportar pruebas y cesa en la actividad, se le eximirá del pago de la multa.
o   Si aporta pruebas y cesa la actividad, se le reducirá la multa

-          Cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, el pago voluntario en cualquier momento anterior a la resolución implicará la terminación del procedimiento. Las excepciones a esta regla general se dan en lo relativo a la reposición de la situación alterada o a la determinación de la indemnización por los daños y perjuicios causados por la comisión de la infracción.
Las reducciones a aplicar en estos casos serán al menos del 20% de la sanción.

-          Se regula la incoación de procedimiento complementario, cuya resolución es de inmediata ejecución, cuando las conductas sancionadas hubieran causado daños o perjuicios a las Administraciones, y la cuantía destinada a indemnización no hubiera quedado determinada en el expediente.
 

  

 

 
 
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Desi Boeva - Abogada Laboralista

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Abogada de Madrid Especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social

Petición de citas llamando al 91.530.96.95 / 98

C/ Embajadores 206, duplicado 1º B - Madrid 28045

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