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Por tanto, las razones en las que puede motivarse la tramitación simplificada son:

Razones de interés público – Estamos ante un concepto abierto, no taxativo. Por lo que, es suficiente que este bien motivado. El interés público puede radicar en la propia agilidad y simplificación como elementos de calidad, y en beneficio de la ciudadanía.

Falta de complejidad del procedimiento - Es más concreta, pero también discutible. Cuando el artículo 96.6 nos dice, como veremos, que el procedimiento simplificado tiene que constar únicamente de determinados trámites tasados, nos ofrece una interpretación clara: si son precisos otros trámites, se entenderá “complejo”. Por ejemplo, cuando sean exigibles informes técnicos, o algún tipo de prueba, ya no será posible la aplicación simplificada.


En cualquier caso, el procedimiento sólo podrá usarse de mutuo acuerdo al respecto entre Administración o interesado. Por tanto, si la Administración lo insta, pero el interesado se opone, no prosperará la tramitación a través de vía simplificada. Por el contrario, si es el interesado quien lo pide, pero la administración no encuentra razones, o simplemente deja pasar 5 días, no podrá usarse la vía simplificada, ya que la petición se entenderá desestimada y no existe recurso.

Además ha de existir consenso entre las parte, o al menos una no oposición expresa.


En el caso de expedientes sancionadores, si la administración considera que se trata de una falta leve puede decidir sin más, que el procedimiento sea simplificado, tal y como lo anuncia el art. 96.5 de la Ley 39/2015:
“5. En el caso de procedimientos de naturaleza sancionadora, se podrá adoptar la tramitación simplificada del procedimiento cuando el órgano competente para iniciar el procedimiento considere que, de acuerdo con lo previsto en su normativa reguladora, existen elementos de juicio suficientes para calificar la infracción como leve, sin que quepa la oposición expresa por parte del interesado prevista en el apartado 2. “

En lo referente a los supuestos especiales de responsabilidad patrimonial, el art. 96.4 regula que:
“4. En el caso de procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, si una vez iniciado el procedimiento administrativo el órgano competente para su tramitación considera inequívoca la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión, así como la valoración del daño y el cálculo de la cuantía de la indemnización, podrá acordar de oficio la suspensión del procedimiento general y la iniciación de un procedimiento simplificado.”

El procedimiento simplificado debe resolverse en el plazo de 30 días a partir de la notificación al interesado del acuerdo de tramitación simplificada. El artículo 96.6 refleja los siguientes trámites:

“a) Inicio del procedimiento de oficio o a solicitud del interesado.
b) Subsanación de la solicitud presentada, en su caso.
c) Alegaciones formuladas al inicio del procedimiento durante el plazo de cinco días.
d) Trámite de audiencia, únicamente cuando la resolución vaya a ser desfavorable para el interesado.
e) Informe del servicio jurídico, cuando éste sea preceptivo.
f) Informe del Consejo General del Poder Judicial, cuando éste sea preceptivo.
g) Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma en los casos en que sea preceptivo. Desde que se solicite el Dictamen al Consejo de Estado, u órgano equivalente, hasta que éste sea emitido, se producirá la suspensión automática del plazo para resolver.

Por Desi Boeva

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