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OBTENCION DEL VISADO DE ESTANCIA Y RECURSOS A INTERPONER  EN CASO DE DENEGACION

 

La solicitud y tramitación de los Visados de Estancia (turista) se gestiona directamente en los Consulados de España en el extranjero y permite al interesado la estancia en España de forma legal durante un plazo de tres meses.

 

Los requisitos para la obtención de estos visados se han ido endureciendo con el tiempo, y cada vez son más los documentos y requisitos a aportar por parte del interesado que sin embargo ve frustrados sus deseos cuando a pesar de aportar toda la documentación exigida (a veces incluso más) el Consulado deniega el visado solicitado.

 

Generalmente los argumentos que suelen utilizarse por parte de los Consulados a la hora de denegar los visados es considerar que el interesado no ha acreditado: su situación profesional y socioeconómica, la disposición de medios de subsistencia suficientes, las garantías de retorno al país de la solicitud, así como los vínculos o arraigo en el país de la solicitud.

 

Es importante por tanto que el extranjero aporte con la solicitud de visado toda aquella documentación que acredite no sólo sus medios económicos (estractos bancarios, nóminas, contrato etc...) sino también la vinculación y arraigo con su país (familia, puesto de trabajo) para garantizar de este modo que va a regresar a su país una vez transcurridos los tres meses de estancia en España.

 

Si a pesar de aportarse toda esta documentación el Consulado deniega el visado la Resolución denegatoria se comunica al interesado que tendrá dos opciones; interponer Recurso de Reposición ante el propio Consulado en el plazo de un mes, recurso que como ya hemos manifestado en varias ocasiones lamentablemente no suele prosperar al ser resuelto por el mismo órgano que dictó la resolución denegatoria; o bien Recurso Contencioso Administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, disponiendo para ello de un plazo de dos meses, evidentemente este recurso tarda mucho más tiempo en tramitarse debido al volumen de trabajo del Tribunal Superior de Justicia, pero las posibilidades de éxito son mayores.

 

El recurso prosperará si se puede argumentar que el solicitante cumplió cada uno de los requisitos exigidos en el artículo 5 del Código de Fronteras Schengen así como lo dispuesto en los artículos 26 a 28 del Real Decreto 2393/2004 de 30 de Diciembre, pero además es importante recordar que si bien es cierto que la Ley de Extranjería consagra una potestad discrecional en la concesión de los visados de estancia, ésta discrecionalidad en cuanto al fondo de la decisión no debe confundirse con la arbitrariedad que suponga la exención total del cumplimiento de las normas jurídicas, siendo de aplicación en cualquier caso las que regulan el procedimiento y la competencia para dictar el acto administrativo.


Destacamos como ejemplo la Sentencia estimatoria dictada por el TSJ de Madrid sec. 1ª de 4 de Marzo de 2011 en un supuesto en el que el Consulado deniega el visado solicitado a pesar de haberse adjuntado abundante documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos, por considerar que la interesada no iba a regresar a su país de origen.

 

"...Con todo, en la demanda lo que en realidad se traslada es la improcedencia de la denegación del visado, porque la recurrente cumple con todos los requisitos exigidos legalmente y no existiría riego alguno de inmigración ilegal, siendo esto último lo que en realidad, como hemos visto más arriba, constituye el auténtico motivo de la denegación del visado y merece el tratamiento de un expediente de razonabilidad.

Dicho de otro modo, sucede con frecuencia que con las solicitudes de visados de estancia se aporten los documentos exigidos y se han exhibido medios económicos suficientes para el período de permanencia en España, el traslado a otro país o el retorno al de procedencia, pero que conforme a la lógica y a las reglas de conducta ordinaria, puede inferirse que se trata en realidad de un supuesto de emigración ilegal.

Pues bien, nuestra interpretación de los elementos del juicio de este caso no conduce a la misma decisión que la alcanzada por la Administración. Doña Miriam es empleada desde hace muchos años, como bibliotecaria, obtiene unos rendimientos que no pueden trivializarse prescindiendo del contexto del país, viene invitada por su hermana, que ha sido operada, constando la invitación con carta de invitación aprobada gubernativamente; en su país reside su madre, ya anciana, con la que vive y, lo que es definitivo, le han sido concedido en tres ocasiones anteriores visados de estancia para venir a España, habiendo viajado y regresado a su país, tal como se refleja en el pasaporte que acompaña con su demanda. Esta última circunstancia, que como decimos, consideramos definitiva, es obviada en el informe del Consulado.

De manera que partiendo de la situación económica, familiar y anteriores visados Dª Miriam no parece la interpretación más razonable que la recurrente vaya a abandonar su país para venir a residir en España.

Por lo tanto, este Tribunal no alcanza la misma conclusión que el Consulado y más cuando la razón de su decisión se refiere singularmente al riesgo de inmigración ilegal al que no apuntan ni el nivel económico de la recurrente ni el resto de circunstancias personales y familiares".


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DENEGACION DE VISADOS DE REAGRUPACION FAMILIAR A  ASCENDIENTES COMUNITARIOS.



 

En la actualidad son muchas las denegaciones de visados de reagrupación familiar de ascendientes comunitarios que se están produciendo por parte de los Consulados de España en el extranjero.

 

La mayor parte de las Resoluciones consisten en una frase generalizada con un único motivo de denegación: "no estar a cargo del reagrupante".

 

Es decir el Consulado considera que no se ha acreditado que el familiar cuya reagrupación se solicita dependa económicamente del ciudadano Español o comunitario.

 

En estos supuestos únicamente debe examinarse si se cumplen las dos condiciones recogidas en el artículo 2.d) del Real Decreto 240/2007, que se trate de un ascendiente y que se viva a "cargo" del reagrupante, sin que deba entrarse a valorar los motivos de la reagrupación.

 

El término "hayarse a cargo" ha sido discutido por la Jurisprudencia y se considera que es aquella situación en que el reagrupado necesita del apoyo económico del reagrupante para alcanzar un nivel de vida digno.

 

En la práctica el cumplimiento de este requisito se realiza acreditando documentalmente que al menos durante el último año y de forma continuada se han transferido fondos o soportado los gastos del familiar, en una proporción que suponga una dependencia económica efectiva. El problema es que los Consulados no valoran la documentación aportada y deniegan los visados solicitados incumpliéndose con ello la propia normativa comunitaria y la jurisprudencia existente al respecto.

 

Es importante recordar que conforme a la normativa comunitaria estas solicitudes de visado se tramitaron en el Consulado de España del país del familiar cuya reagrupación se solicita y por tanto la Resolución denegatoria se comunica al interesado que tendrá dos opciones.; interponer Recurso de Reposición ante el propio Consulado en el plazo de un mes, recurso que como ya hemos manifestado en varias ocasiones lamentablemente no suele prosperar al ser resuelto por el mismo órgano que dictó la resolución denegatoria; o bien Recurso Contencioso Administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, disponiendo para ello de un plazo de dos meses, evidentemente este recurso tarda mucho más tiempo en tramitarse debido al gran volumen de trabajo del Tribunal Superior de Justicia, pero las posibilidades de éxito son mayores.

 

Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sentencia de 18 junio 1987,Lebon,316/1985,Rec.p.2811, apartados 20 a 22) la circunstancia de que un ciudadano comunitario cubra las necesidades de un miembro de su familia es decisiva para probar que se encuentra cargo, sin que sea necesario determinar las razones de ese mantenimiento.

 

La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea de 9 de Noviembre de 2007 estableció que "...es obligado suponer dicha situación cuando el miembro de la familia del ciudadano comunitario necesita el apoyo económico de éste para alcanzar o mantener el nivel de vida que desea, o bien considerar que la situación de dependencia tiene su origen en el hecho de que, sin dicho apoyo económico, el miembro de la familia sería incapaz de lograr un nivel de vida digno en su país de origen o en aquél en el que reside habitualmente".

 

En el mismo sentido se ha pronunciado el Tribunal Supremo, Sentencia de la Sala 3ª, sec. 3ª, de 16 de Diciembre de 2011, rec. 4790/2010:


"CUARTO.-.- Sobre la concurrencia del requisito de dependencia económica del reagrupado.

Los dos motivos de casación deducidos por la recurrente en realidad se reconducen a un único motivo, relativo al alcance del ya inexigible requisito de la necesidad de la residencia en España. En el desarrollo de los motivos se aboga por una interpretación del requisito contraria a la discriminación para reagrupantes españoles, finalidad alcanzada mediante la asimilación de su régimen al de los ciudadanos del resto de los países de la Unión Europea.

A la ineficacia del requisito en cuya ausencia la Sala de instancia fundamentó su resolución debe unirse la concurrencia de circunstancias particulares que, en este caso, son suficientemente demostrativas de la situación de dependencia económica que justifica la concesión del visado".

Aunque los reagrupados poseen ciertos ingresos procedentes de una pensión, éstos resultan insuficientes, dado que no debe olvidarse que periódicamente les han sido transferidos fondos por su hija reagrupante durante varios años, lo que ha proseguido tras la solicitud de visado. Si a ello unimos la edad de aquéllos, su estado de salud y la ausencia de descendientes en su país, ya que las dos hijas residen en España, debe concluirse que no se hallan en condiciones de subvenir sus necesidades si no es mediante la ayuda económica que se les transfiere desde España. La satisfacción de estas necesidades materiales de los padres de la recurrente depende, en definitiva, de ésta, lo que supone el cumplimiento de la condición requerida para la reagrupación en el sentido del artículo 2 del Real Decreto 240/2007".


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