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La conformidad del acusado. Breve recordatorio del sistema legal vigente y aplicación del Protocolo de Conformidades.

Actualmente debido a los numerosos procesos judiciales que se están siguiendo frente a personas de relevancia social, en especial por el llamado "Caso Urdangarín", en el que está imputado el Duque de Palma, los medios de comunicación están prestando especial atención a las posibles conformidades que pueden alcanzarse para eludir la prisión. Las siguientes líneas pretenden exponer el sistema legal actual aplicable a los acuerdos entre acusados y acusadores.


La conformidad es una vía, establecida en nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal, para lograr una pronta terminación del proceso penal que evita la celebración del juicio oral. La regulación básica la contiene el artículo 655 de la Lecrim, que literalmente dispone: 

 

"Si la pena pedida por las partes acusadoras fuese de carácter correccional, al evacuar la representación del procesado el traslado de calificación podrá manifestar su conformidad absoluta con aquella que más gravemente hubiere calificado, si hubiere más de una, y con la pena que se le pida; expresándose además por el Letrado defensor, si esto no obstante, conceptúa necesaria la continuación del juicio.

Si no la conceptúa necesaria, el Tribunal, previa ratificación del procesado, dictará sin más trámites la sentencia que proceda según la calificación mutuamente aceptada, sin que pueda imponer pena mayor que la solicitada.

(...)"

 

Básicamente se trata de que la persona o personas frente a las que se dirige el proceso penal reconozcan los hechos y se conformen con la pena o penas solicitadas por el Ministerio Fiscal y/o Acusación, todo ello previa negociación.

 

Nuestra Ley siempre ha establecido esta posibilidad, si bien ha sido tras la entrada en vigor de los denominados "Juicios Rápidos" allá en el 2003, cuando se ha evidenciado, con resultados muy positivos, que este cauce de finalización consensuada del proceso aporta innumerables beneficios, por lo que se decidió en el año 2009, mediante la suscripción entre la Fiscalía y el CGAE de un Protocolo  al efecto, potenciarlo en otros procedimientos como el abreviado o el sumario.

 

En el enjuiciamiento rápido de determinados delitos esa conformidad en los casos legalmente previstos se premia con la reducción de la pena en un tercio, así se expresa en el artículo 801. apartados 2 y 2 de la Lecrim, cuyo tenor es:  

 

"1. Sin perjuicio de la aplicación en este procedimiento del artículo 787, el acusado podrá prestar su conformidad ante el juzgado de guardia y dictar éste sentencia de conformidad, cuando concurran los siguientes requisitos:

Que no se hubiera constituido acusación particular y el Ministerio Fiscal hubiera solicitado la apertura del juicio oral y, así acordada por el juez de guardia, aquél hubiera presentado en el acto escrito de acusación.

Que los hechos objeto de acusación hayan sido calificados como delito castigado con pena de hasta tres años de prisión, con pena de multa cualquiera que sea su cuantía o con otra pena de distinta naturaleza cuya duración no exceda de 10 años.

Que, tratándose de pena privativa de libertad, la pena solicitada o la suma de las penas solicitadas no supere, reducida en un tercio, los dos años de prisión.

2. Dentro del ámbito definido en el apartado anterior, el juzgado de guardia realizará el control de la conformidad prestada en los términos previstos en el artículo 787 y, en su caso, dictará oralmente sentencia de conformidad que se documentará con arreglo a lo previsto en el apartado 2 del artículo 789, en la que impondrá la pena solicitada reducida en un tercio, aun cuando suponga la imposición de una pena inferior al límite mínimo previsto en el Código Penal. Si el fiscal y las partes personadas expresasen su decisión de no recurrir, el juez, en el mismo acto, declarará oralmente la firmeza de la sentencia y, si la pena impuesta fuera privativa de libertad, resolverá lo procedente sobre su suspensión o sustitución."

 

Normalmente para lograr los acuerdos los Fiscales, modifican a la baja su petición de penas, conociéndose con ello el resultado cierto del proceso en caso de ser suscrito un pacto, lo que redunda en beneficio de todos, o casi todos, los implicados.

 

Son significativos el número de acuerdos que se logran es casos en los que la pena o penas establecidas para el delito parten de menos de los dos años de prisión, pues si se conforma por debajo de dicho límite, en la mayoría de los casos, si se cumplen lo requisitos, se podrá eludir el ingreso en prisión mediante la aplicación de los beneficios de sustitución o suspensión de la pena o penas privativas de libertad impuestas, tal y como se dispone en los artículos 80 a 87 del Código Penal. 


Os acompañamos algunos casos reales:

 

 

Al finiquitarse sin vista el asunto el ahorro de esfuerto y dinero es incuestionable, beneficio que puede concretarse en los siguientes aspectos:

 

  • Innecesidad de continuar con la investigación al ser reconocidos los hechos por el imputado.
  • No será precisa la citación de testigos ni peritos.
  • Evitará que la víctima y perjudicados tengan que revivir el hecho delictivo o sus consecuencias.
  • No se provocarán suspensiones de vistas o señalamientos.

 

Son expresivas las palabras de la Instrucción de la Fiscalía General del Estado, que considera: 

 

Así, desde el punto de vista de la eficiencia concretada en una Justicia más ágil, la conformidad cobra verdadero sentido en la medida en que no sólo sirva para evitar el innecesario enjuiciamiento del acusado que se confiesa culpable, sino el coste, en términos de trabajo y de tiempo para los diferentes sujetos implicados en el proceso,2que puede suponer el cumplimentar todas las actuaciones conducentes a la celebración del juicio. Asignado un tiempo en la agenda del órgano judicial y del Fiscal,citados los testigos y peritos, presentes éstos –igual que el propio Fiscal y los Abogados- en la sede judicial, la conformidad en estrados viene a poner en evidencia la absoluta inutilidad de todo ese esfuerzo, desplegado obviamente en detrimento de otras dedicaciones igual o más prioritarias. Al tiempo que se dilapida el esfuerzo de otros funcionarios públicos (miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, forenses, peritos y técnicos), que malgastan en vanos desplazamientos y esperas su jornada laboral, y perjudica muy especialmente a los testigos, víctimas y perjudicados convocados a la vista que, forzados a  alterar su normal actividad cotidiana, acaban experimentando –con explícitas manifestaciones de protesta, en muchos casos- una justificada frustración al conocer que, habiéndose conformado el acusado en el último minuto, su esfuerzo también ha sido baldío. 

 

Con los condicionante expuestos si en las próximas fechas nos  encontramos con un acuerdo el el indicado asunto o en otros similares, sin duda alguna pasará por una petición de la Fiscalía y/o Acusaciones personadas por debajo de los dos años de prisión que propicien que los condenados no cumplan la pena de prisión. Será el momento entonces de analizar si se ha actuado con escrupuloso cumplimiento de la legalidad vigente.

 

Os aporto el Protocolo de Conformidades suscrito entre la Fiscalía y El Consejo General de la Abogacía Española.


Si no se visualiza el Documento, pulsar aquí.

 

 

La Instrucción de la Fiscalía General del Estado 2/2009, detalla los pormenores de aplicación del precedente Protocolo de Conformidades, os uno copia íntegra de la misma.



Si no se visualiza el Documento, pulsar aquí.

 

José Valero Alarcón - Telf. 619.41.23.11

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