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La posición que ocupan los Acreedores en la Acción de División de Cosa Común - Extinción de Proindivisos

Ante el auge de procedimientos de extinción de proindivisos varios acreedores nos han consultado sobre cuál es su situación ante la nueva situación jurídica que se avecina y cuál es el cauce para asegurar o recuperar el dinero que se les adeuda.

 

La respuesta parte de lo dispuesto en el artículo 403 del Código Civil, cuyo tenor literal es:

Los acreedores o cesionarios de los partícipes podrán concurrir a la división de la cosa común y oponerse a la que se verifique sin su concurso. Pero no podrán impugnar la división consumada, excepto en caso de fraude, o en el de haberse verificado no obstante la oposición formalmente interpuesta para impedirla, y salvo siempre los derechos del deudor o del cedente para sostener su validez.

 

Pueden en principio concurrir en el proceso de división, mostrar su oposición si se lleva a cabo sin su concurso e inclusive impugnarla por razón de fraude. En este sentido es clarificadora la sentencia dictada por el Tribunal Supremo nº 24/2011, de 28 de enero, en la que se indica en el segundo de sus fundamentos que: 

 

SEGUNDO.- (...)  En lo que aquí interesa, el papel que tienen los acreedores de los copropietarios es, ante todo, que carecen de legitimación activa para pedir la división y que no pueden llevarla a cabo ellos mismos. El derecho que les reconoce el artículo 403 del Código civil es triple. La concurrencia, la oposición y la impugnación, en relación con la división. Concretando la primera, conocida doctrinalmente como "facultad de inspección" no va más allá de la concurrencia a la misma, para comprobar que la división se hace de una manera correcta, sin que se produzca fraude; es una intervención potestativa, sin que participen en la división propiamente dicha, pudiendo manifestar sus opiniones pero sin llegar a la partición directa como si se tratara de un comunero más.


Distinto es el tema de la oposición, para salvaguardar los derechos de los acreedores, que se da en un momento anterior a la división, para garantizar los derechos de los acreedores (y cesionarios), como dijo la sentencia de 31 de diciembre de 1985. Y en un momento posterior puede darse la impugnación de la división de la cosa común, por razón de fraude de los acreedores, como acción personal en la que el acreedor actúa iure propio, como advirtió la sentencia de 26 de abril de 1962, y por razón de haberse realizado una oposición de manera formal para impedirla; impugnación, en todo caso, que deja a salvo los derechos del copropietario para mantener la validez de la misma.

 

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Deja además claro esta resolución que los acreedores carecen de legitimación activa para iniciar el proceso de división, pero una vez abierto se les debe escuchar. Hace tiempo se dictaron sentencias admitiendo la capacidad del acreedor para dar inicio a la acción, pero esos pronunciamientos se deben enteder superados por el ahora analizamos.


 

 

Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 28 de enero de 2011, sobre la intervención de los acreedores en los Procesos de División de Cosa Común.

 

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José Valero Alarcón - Telf. 619.41.23.11

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