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Denegación de la Nacionalidad Española por antecedentes. Sentencias estimatorias concediendo la nacionalidad.

 

DENEGACION DE LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA POR TENENCIA DE ANTECEDENTES PENALES


 

En la actualidad son numerosas las denegaciones de solicitudes de nacionalidad que la Dirección General de los Registros y del Notariado esta desestimando por la existencia de antecedentes penales.


El extranjero que lleva años tramitando su solicitud se encuentra ante una Resolución  tipo que establece que: “Se deniega la solicitud de nacionalidad por residencia pues el interesado no ha justificado suficientemente buena conducta cívica”.


Esto significa que el solicitante tiene antecedentes penales o policiales,  pues durante la tramitación de su solicitud de nacionalidad se ha visto implicado en algún percance que originó su detención y en ocasiones posterior condena.


Puede ocurrir que el interesado haya cumplido ya la pena impuesta en su totalidad, inclusive que sus  antecedentes ya sean cancelables pero por desconocimiento no ha pedido la cancelación de los mismos, y la administración lamentablemente, no tiene en cuentan estas circunstancias, tal y como exige la ley, y deniega de forma automática las solicitudes por considerar que no se ha acreditado “buena conducta cívica”.


La jurisprudencia ha considerado sin embargo que el hecho de haber sido condenado en vía penal no implica de forma automática un estigma de “mala conducta cívica”, sino que esta condena debe ser valorada con el resto de las circunstancias del caso, esto es deberá tenerse en cuenta el tipo de delito, fecha de la comisión, cumplimiento de la pena…. Y además la trayectoria personal del extranjero durante su estancia en el país, arraigo familiar, laboral etc…


Evidentemente no todos los delitos o faltas ponen de manifiesto una ausencia de civismo, lo que el artículo 22 del Código Civil exige es que el extranjero justifique positivamente su conducta durante el tiempo de residencia en España, no sólo no infringiendo las normas penales o administrativas, sino manteniendo una conducta conforme lo haría cualquier persona en cualquier cultura.


Todo el mundo ya sea nacional español o extranjero puede cometer un error, sin que el mismo tenga porque implicar un reproche social que le impida obtener la nacionalidad.


Ante una resolución denegatoria de nacionalidad caben dos opciones, interponer Recurso de Reposición en el plazo de un mes; en estos supuestos el recurso se resuelve con más rapidez pero sin embargo las posibilidades de éxito son menores ya que el recurso será resuelto por la Dirección General de los Registros y del Notariado, es decir el mismo organismo que en su día denegó la nacionalidad y en pocas ocasiones cambian de criterio. O bien acudir directamente a la Audiencia Nacional mediante un Recurso Contencioso Administrativo  el plazo para la interposición de este recurso es de dos meses y aunque la tramitación es más lenta las posibilidades de éxito son mayores pues el recurso se resuelve por un Juez. En este tipo de recurso es necesario Abogado y Procurador.


Os dejamos alguno de los pronunciamientos judiciales  favorables que establecen que el mero hecho de tener antecedentes penales no debe ser motivo de denegación sino que debe valorarse la conducta del solicitante durante su estancia en España y todas  las circunstancias concretas del caso.


 

            El Tribunal Supremo ha establecido al respecto lo siguiente: Nada tiene que ver,  el concepto jurídico indeterminado, buena conducta cívica, a que se refiere el art. 22-4 del Código Civil , con la carencia de antecedentes penales a que se refiere en último término la norma invocada, ya en la sentencia de 16 de marzo de 1999 se decía que en el supuesto de la concesión de nacionalidad por residencia, la exigencia de «justificar, en el expediente regulado por la legislación del Registro Civil, buena conducta cívica» (además de suficiente grado de integración en la sociedad española) ( art. 22.4 del Código Civil ), constituye un requisito adicional sobre la mera observancia de una conducta de no trasgresión de las normas penales o administrativas sancionadoras, impuesto por el ordenamiento jurídico en razón del carácter excepcional que supone el reconocimiento de la nacionalidad por residencia y, por ende envuelve aspectos que trascienden los de orden penal y ha de ser valorada atendiendo a la conducta del solicitante durante un largo período de tiempo y permanencia en España y no puede identificarse sin más con la ausencia de antecedentes penales o policiales.

 

            Sentencia Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso- Administrativo, Sección 6ª, en su sentencia de 12 noviembre 2002 (Recurso de Casación núm. 4857/1998 .) señala que: <<"Y por eso importa dejar claro que este sintagma que emplea el artículo 22.4 del Código Civil remite a un estándar medio de conducta capaz de ser asumido por cualquier cultura y por cualquier individuo . Un estándar que vale para todos y vale para cada uno. En el bien entendido que no se trata de imponer un modo de vida uniforme en la comunidad nacional, ni de que quien utiliza esta vía de adquisición de la nacionalidad tenga que demostrar que durante toda su vida haya observado una conducta intachable, sino de proclamar que, siendo cada sujeto humano libre para organizar su vida como le plazca - la vida se nos da, pero no se nos da hecha: tenemos que hacérnosla-, quienes, no siendo españoles, deseen obtener la nacionalidad española, han de haber llevado y seguir llevando una vida ajustada a ese estándar medio de conducta al que acabamos de referirnos.">>

Por lo expuesto es preciso valorar la trayectoria personal del solicitante en su conjunto (v. gr. Contenido del comportamiento que se reputa de incívico, afectación a los valores sociales y convivenciales, habitualidad y mantenimiento en el tiempo, distancia temporal con la solicitud, elementos positivos que pudieran contrarrestar los aspectos negativos etc.) sobre la base de un estándar medio de conducta capaz de ser asumido por cualquier cultura y por cualquier individuo, un estándar que vale para todos y vale para cada uno”.

 

           Sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso Administrativo Secc. 3ª  de fecha  2 de Noviembre de 2012 considera que el concepto jurídico indeterminado “buena conducta cívica debe ser valorado por la Administración y, en su caso, por el órgano jurisdiccional que conozca de la materia en vía del recurso contencioso, como un requisito exigible para la concesión de la nacionalidad española que debe ser apreciado mediante el examen de la trayectoria personal del demandante de la nacionalidad, considerando aquélla en su conjunto, manifestándose de forma literal que: “Incluso tratándose de hechos ilícitos más graves, la existencia de una previa condena penal es un elemento que debe ser valorado de acuerdo con las circunstancias del caso, pues no todos los delitos y faltas ponen de manifiesto una idéntica ausencia de civismo”.

 

            Sentencia Tribunal Supremo de 5 de Noviembre de 2011 establece que: “…. los antecedentes policiales y penales, con independencia de su cancelación, son meramente un indicador cualificado de la conducta de un ciudadano, sin que puedan ser, por sí solos, un obstáculo para la concesión de la nacionalidad española”.

 

            Sentencia Audiencia Nacional sección tercera de 20 de Diciembre de 2013: “Uno de los criterios para a ponderar la conducta, y especialmente para valorar los actos reprochables, viene dado por el alejamiento o cercanía temporal de los mismos en relación con la fecha de presentación de la solicitud, evitando así que hechos muy alejados en el tiempo que no respondan a un comportamiento actualizado impidan obtener la nacionalidad española”.

 

 

Elena Abella Díaz - Telf. 91.530.96.98

Elena Abella Díaz - Telf. 91.530.96.98

- Elena es Abogada ejerciente en Madrid desde el Año 1.997, dada de alta en el Colegio de Madrid.

- Especialista en Extranjería, Nacionalidad, Expedientes de Expulsión, Solicitudes de Asilo y Permisos de Trabajo.

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