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Creo que esta es la primera resolución de un Tribunal español que se hace eco del Auto de 19 de noviembre de 2015, del TJUE, aplicándose el TRLCU y estimando como abusiva, respecto del fiador, la cláusula que establecía los intereses moratorios en un Crédito concedido a una empresa.

 

En el presente caso mediante póliza de crédito en cuenta corriente a interés variable, se prestó dinero a una mercantil hasta un límite de 30.000 euros, a un interés nominal inicial del 6,40% y un interés de demora resultante de incrementar el interés remuneratorio en un 20%.

 

En garantía del cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato intervinieron, como fiadores solidarios los titulares de la mercantil acreditada, así como Dña. Belen y D. Adriano, padres de uno de los socios.

 

Llegado el vencimiento pactado, ni la sociedad prestataria ni los fiadores hicieron frente al crédito dispuesto, presentándose por el Banco demanda de ejecución de títulos no judiciales.

 

Padre e hijo se opusieron a la ejecución alegando la nulidad por abusivas de varias de las cláusulas incluidas en la póliza de crédito. El Juzgado "a quo" analizó las cláusulas impugnadas rechazó la abusividad de los intereses de demora, al entender que el préstamo estaba destinado a financiar una actividad empresarial, lo que privaba a la parte ejecutada de la condición de consumidor y, en consecuencia, de la protección prevista en la normativa de consumo.

Disconforme con esta resolución, el ejecutado interpone recurso de apelación, que articula, alegando entre otros, un error en la valoración de la prueba al no aplicar al recurrente la condición de consumidor, cuando su intervención en el contrato fue la de mero avalista, derivada de la relación parental que unía al recurrente y a su esposa con D. Argimiro y que vino impuesta por la entidad bancaria como exigencia para conceder el crédito, sin que ni el recurrente ni su esposa tuvieran relación alguna con la empresa, ni como administrador ni como socios ni como trabajador o partícipe en los beneficios; y como consecuencia del motivo anterior, se denuncia error en la aplicación del derecho, al no haber aplicado la normativa de protección del consumidor, que determinaría la nulidad por abusiva de la cláusula de intereses de demora, en tanto que superan en más de tres veces el interés remuneratorio.

La Audiencia Provincial de Prontevedra, Sección 1ª, en su auto nº 83/2016, de 6 de abril, siguiendo el prounciamiento del Tribunal de Justiicia de la Unión Europea de 19 de noviembre de 2015, al no tener el recurrente vinculación alguna con la sociedad que recibe el crédito, más allá de la familiar que le une con uno de los socios, considera que le es de aplicación la normativa de protección a los consumidores y usuarios, resolviendo en favor a tenor de los argumentos expresados en el segundo de sus fundamentos, del que extraemos lo dicho en sus últimos párrafos:

 

 

 

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Se trata, pues, de evaluar según un criterio funcional si la relación contractual de que se trata se inscribe en el marco de actividades ajenas al ejercicio de una profesión.

Con esta base, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declara que " los artículos 1, apartado 1 , y 2, letra b), de la Directiva 93/13 deben interpretarse en el sentido de que dicha Directiva puede aplicarse a un contrato de garantía inmobiliaria o de fianza celebrado entre una persona física y una entidad de crédito para garantizar las obligaciones que una sociedad mercantil ha asumido contractualmente frente a la referida entidad en el marco de un contrato de crédito, cuando esa persona física actúe con un propósito ajeno a su actividad profesional y carezca de vínculos funcionales con la citada sociedad ".

Llegado este punto, la discusión se traslada a determinar si, al constituirse en garante de la ejecución de las obligaciones de la mercantil "Lelut Ponteraeas, S.L." -que había solicitado la apertura de la línea de crédito para el giro o tráfico mercantil-, D. Adriano actuó en el marco de su actividad profesional o con motivo de los vínculos profesionales que pudiera mantener con dicha sociedad, como la gerencia de la misma o una participación significativa en su capital social, o si, por el contrario, actuó con fines de carácter privado.

Pues bien, la prueba permite constatar, primero, que D. Adriano intervino como fiador del contrato de apertura de crédito celebrado entre NCG Banco, S.A., de un lado, y la entidad "Lelut Ponteareas, S.L.", de otro lado; segundo, que los socios de esta última sociedad eran Dña. Adelina y D. Argimiro ; tercero, que Dña. Adelina era además administradora única de la citada mercantil; cuarto, que D. Adriano no tenía participación en "Lelut Ponteraeas, S.L.", ni consta que mantuviese relación laboral con la misma; quinto, que D. Adriano era funcionario (cfr. las menciones realizadas por el notario Sr. Lorenzo-Fariña Domínguez, que intervino en la formalización de la póliza de crédito -folio 9-); y, sexto, que Dña. Belen y D. Adriano eran los progenitores de D. Argimiro (extremo no discutido, al margen de la coincidencia de los apellidos).

Si el fiador D. Adriano trabajaba como funcionario, no figura relacionado o vinculado funcionalmente con la mercantil destinataria del crédito y es el padre de uno de los dos socios y suegro (o exsuegro, según parece) de la otra socia y administradora única de la empresa, cabe razonablemente pensar que la razón que motivó su intervención en el contrato de fianza no fue otra que la relación paterno-filial o familiar que le unía con los auténticos titulares de la sociedad, intervención que, realizada a título gratuito o de mera beneficencia, debió obedecer a la exigencia impuesta por la entidad financiera para reforzar el buen fin del contrato, es decir, sus legítimas expectativas de cobro del principal e intereses.

En consecuencia, D. Adriano actuó en el contrato de fianza como consumidor y no como empresario o profesional, con independencia de la catalogación que merezcan los intervinientes en el contrato principal.



El uso de esta normativa hace que el Tribunal considere abusivos, respecto del fiador, de los intereses moratorios, reflejando en el cuarto de sus fundamentos lo siguiente:



"En estas condiciones, la cláusula debe estimarse abusiva respecto del recurrente, por imponer una indemnización desproporcionadamente alta al consumidor prestatario por el incumplimiento de sus obligaciones, integrando la prohibición establecida en el art. 82.4 TRLCU (falta de reciprocidad de las prestaciones de las partes, en tanto que nada se prevé al respecto en relación con posibles incumplimientos de la entidad contratante), en relación con el apartado 1º del Anexo al que se remite el art. 3.3 de la Directiva 93/13 y que considera abusivas las " cláusulas que tengan por objeto o por efecto: (...) e. Imponer al consumidor que no cumpla sus obligaciones una indemnización desproporcionadamente alta ".

Consecuentemente, y en aplicación del art. 6.1 de la Directiva 93/13 y del art. 82.1 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios , procede declarar la nulidad de la cláusula mencionada, siempre con efectos limitados al recurrente, esto es, la cláusula desplegará todos sus efectos respecto de los demás ejecutados, pero se considerará inexistente respecto del fiador D. Adriano."

La declaración de nulidad implicó en este caso se aplicaran al fiador los intereses remuneratorios en lugar de los moratorios, lo que supuso se dejase sin efecto el incremento de 20 puntos porcentuales.


 

Auto de la Audiencia Provincial de Prontevedra, Sección Primera, de 6 de abril de 2016, por el que estima es consumidor el fiador solidario en un Crédito con una sociedad.

 

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Este Auto nos proporcionará seguras buenas noticias de las que procuraremos manteneros informados.

 

 

 

 


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