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Extinción de la atribución del uso del domicilio familiar a los hijos mayores de edad con base en el artículo 96 del Código Civil.

 

 

 

La Sentencia nº 183/2012 del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil) dictada con fecha 30 de marzo de 2012, establece el criterio de la aplicación del artículo 96.3 del Código Civil, siempre que no existan hijos menores de edad. Este artículo dispone:

 

 

En defecto de acuerdo de los cónyuges aprobado por el Juez, el uso de la vivienda familiar y de los objetos de uso ordinario en ella corresponde a los hijos y al cónyuge en cuya compañía queden.

 

 

Cuando algunos de los hijos queden en la compañía de uno y los restantes en la del otro, el Juez resolverá lo procedente.

 

 

No habiendo hijos, podrá acordarse que el uso de tales bienes, por el tiempo que prudencialmente se fije, corresponda al cónyuge no titular, siempre que, atendidas las circunstancias, lo hicieran aconsejable y su interés fuera el más necesitado de protección.

 

 

Para disponer de la vivienda y bienes indicados cuyo uso corresponda al cónyuge no titular se requerirá el consentimiento de ambas partes o, en su caso, autorización judicial”.

 

 

En este supuesto se estima el recurso de casación interpuesto por el Sr. V.R.T.O contra la Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia que, atendiendo a las necesidades de las hijas, había atribuido el uso de la vivienda familiar a las dos hijas mayores de edad junto a la madre con la que convivían y todo ello sin limitación temporal, sino hasta que las hijas fueran independientes económicamente.

 

 

 

Sin embargo, el Tribunal Supremo, entiende que la Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Valencia debe anularse, en base al artículo 96 del Código Civil, toda vez que entiende el Tribunal Supremo que no existiendo hijos menores de edad debe aplicarse el artículo 96.3 del Código Civil, que prevé que la atribución del uso de la vivienda al cónyuge no titular debe ser la excepción y que en el caso de que se atribuya, debe limitarse en el tiempo.

 

 

Así, concluye la Sentencia del Tribunal Supremo que las hijas de matrimonio, no ostentan la titularidad del derecho de uso respecto a la vivienda que fue domicilio habitual, toda vez que entiende que los hijos mayores de edad, no se incluyen en el artículo 96 del Código Civil, y en el supuesto de que las hijas necesitaran alimentos, incluyendo la vivienda, el obligado a prestarlos puede efectuar la elección que le ofrece el artículo 149 del Código Civil y decidir proporcionarlos “manteniendo en su propia casa al que tiene derecho a ellos”.

 

Sentencia del Tribunal Supremo sobre la extinción sobre la atribución de uso de la vivienda familiar.

 Si no se visualiza el Documento, pulsar aqui.

Resolución que nos ayuda a aclarar y a ilustrar a nuestros clientes la diferencia entre las obligaciones originadas en la adquisición de un bien y las cargas matrimoniales. En muchos casos, como es en este, se puede entender que el Juzgado de Primera Instancia valora que el pago que debe hacer el ex conyuge no custodio abarca el pago del préstamo hipotecario.Si bien, como aclara el propio Tribunal Supremo, dicha obligación es independiente pero irrenunciable

 

El recurrente requiere que no se le establezca la obligación de pago de un bien privativo de su ex cónyuge, como carga del matrimonio. Dicha apreciación tiene su apoyo en una jurisprudencia que claramente establece que "La noción de cargas del matrimonio, dice la sentencia de 31 de mayo de 2006 , debe identificarse con la de sostenimiento de la familia, debiendo ser atendidas tales cargas por ambos cónyuges en cuanto abarcan todas las obligaciones y gastos que exija la conservación y adecuado sostenimiento de los bienes del matrimonio y los contraídos en beneficio de la unidad familiar, considerándose también como contribución el trabajo dedicado por uno de los cónyuges para la atención de los hijos comunes ( artículo 103-3ª del Código Civil ) . Pero no cabe considerar como cargas del matrimonio los gastos generados por ciertos bienes que, aun siendo de carácter común, no son bienes del matrimonio, pues precisamente el régimen económico vigente durante la convivencia matrimonial ha sido el de separación de bienes que excluye cualquier idea de patrimonio común familiar"

 

Teniendo razón por tanto el recurrente en entender que las obligación de pagar la hipoteca de un bien privativo no debe incluirse dentro de las cargas del matrimonio; debemos, primero, que entender que una vez disuelto el matrimonio no existen cargas del matrimonio, si bien obligaciones alimenticias con los menores y, en su caso, el posible pago de una pensión compensatoria. Por lo que cualquier referencia que haga el juzgado al pago, como en este caso, de la hipoteca de un bien de la que los dos son obligados, debe incluirse dentro de una apreciación paralela y obvia, pero que no es objeto del procedimiento

 

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Por todo lo anterior, se desestimó la sentencia recurrida, porque el Tribunal Supremo reconoce que el pago de la hipoteca no es una obligación matrimonial, pero es que el Juzgado de Primera Instancia también lo entiende así; puesto que simplemente hizo mención al pago de la hipoteca como una obligación obvia, al ser ambos obligados hipotecarios. Y no se estableció en la sentencia de primera instancia como una obligación aparejada al matrimonio o a las consecuencias del divorcio, si no como una apreciación pedagógica para las partes.

 

Sentencia del Tribunal Supremo 72/2014 respecto a las Cargas Matrimoniales y su diferenciación respecto al pago de bienes no matrimoniales.  

 

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Es habitual, en estos momentos en los que el Legislador parece que va a defender la guarda y custodia compartida y, antes de eso,  ya la jurisprudencia, pensar que es momento de solicitar, mediante la vía de modificación de medidas paternofiliales en los casos que ya está regulada, la custodia para ambos progenitores

 

Pues bien, el objeto de este artículo es aclarar, en el momento actual por supuesto, cual es el objeto de la modificación de medidas y lo que previsiblemente podría ocurrir. Como regla general debemos partir de la idea de que la modificación de medidas paternofiliales debe estar fundamentada en unas circunstancias que hubieran variado respecto a las que regían en el  momento que se aprobaron las medidas paternofiliales.  




Por tanto, debemos partir de ese cambio sustancial, puesto que si eso no ocurre el Juzgado va a remitirse, en su mayoría, a lo que ya está regulado; y más si esas medidas llevan aplicándose un tiempo prudencial. Debemos tener en cuenta que, pese a lo que pueda parecer con la modificación legislativa, el objetivo sigue siendo buscar la mejor situación del menor. Por tanto si las circunstancias no varían, en principio partimos con desventaja a la hora de modificar las medidas paternofiliales.

 

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Eso si, con la nueva Ley, se puede prever que en caso de modificaciones sustanciales de las circunstancias que originaron las medidas paternofilales vigentes, las posibilidades de poder obtener una custodia compartida podrían ampliarse; si bien hay que ser cautos, ya que la redacción legal es una cosa y la realidad judicial y social es otra.

 

No olvidemos, y no podemos dejarlo a un lado, que una custodia compartida exige que el ámbito del menor no varíe en exceso, que las viviendas de ambos progenitores estén cerca o que compartan una vivienda durante un plazo, cada progenitor, para ejercer ahí la custodia compartida (lo que exige que cada uno tenga a su vez otra vivienda donde residir en los periodos en los que no tenga la custodia).

 

Por tanto, este artículo es un apunte a lo que se nos viene con la nueva legislación, que probablemente propiciará una  ingente solicitud de modificación de medidas paternofiliales, que la jurisprudencia irá matizando y racionalizando.


 



 


 

 

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Resolución 5966/2013 de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, que nos permite profundizar aún más en la figura de la custodia compartida, mientras se aprueba el nuevo texto legislativo que apoyará dicha figura, que empieza a tener un reconocimiento real en la Jurisprudencia. 

 

La particularidad de esta Sentencia se centra en saber el papel que juega el Informe favorable o no de Fiscalía. En la resolución que adjuntamos se decide otorgar la guarda y custodia, antes de llegar al Tribunal Supremo, a uno de los progenitores. Para justificar dicha decisión se tuvo en cuenta la relación entre los padres y que no hubiera un Informe de Fiscalía que favoreciera la custodia compartida.

 

Llegados a este punto y una vez marcado cual es el objeto de la Casación, que no es otra que se determine una custodia compartida, nos parece de especial trascendencia  la valoración que hace el Ministerio Fiscal sobre este recurso: "En el presente caso siguiendo los criterios recogidos en las recientes sentencias de esa Sala entendemos con la parte recurrente, que no puede denegarse la custodia compartida solo en base a la mala relación de los cónyuges y a la inexistencia de informe favorable del Fiscal, en primer lugar porque el informe del Ministerio Público no es vinculante y en segundo lugar porque no se deduce de los hechos probados que la mala relación entre los progenitores perjudique el interés de los menores y además porque conforme a la citada jurisprudencia la guarda y custodia compartida no es una medida excepcional, sino que debe considerarse deseable en interés de los menores, porque permite que sea efectivo el derecho que los hijos tienen a relacionarse con ambos progenitores, aún en situaciones de crisis como la presente, en la que no se han visto lesionados sus derechos fundamentales, razones todas ellas que nos llevan a interesar la estimacióndel presente recurso"

 

De lo anterior se deduce claramente que es aplicable la línea jurisprudencial del Tribunal Supremo que establece que es al "Juez al que, en el marco de la controversia existente entre los progenitores, corresponde valorar si debe o no adoptarse tal medida considerando cuál sea la situación más beneficiosa para el niño"

 

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Dado que el informe psicosocial describe, en beneficio de los menores, una relación muy positiva con los progenitores y en primera instancia ya se otorgó un régimen de visitas tan amplio que le acercaba a la propia guarda y custodia compartida; el Tribunal Supremo definitivamente resuelve otorgando la guarda y custodia compartida, siendo el reparto de la custodia por semanas, recogiendo el progenitor, que ejerza la custodia esa semana,  a los menores los lunes en el colegio; otorgando una visita entre semana al progenitor que no tenga la custodia en ese momento.

 

Sentencia 5966/2013 de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, de 17  de Diciembre de 2013, por la que se otorga la custodia compartida, en aras del beneficiar a los menores, siguiendo la doctrina reciente del Tribunal Supremo.

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AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE MADRID

 

JOSE _________________________________, Procurador de los Tribunales y de DOÑA BEATRIZ ________________ con D.N.I. nº _______________ y domicilio en Madrid, C/ ________________, nº ________ y de DON ANTONIO ____________________, con D.N.I. nº ______________ y domicilio en ______________, C/ Dolores ____________, nº ___, piso __________, según acreditamos con la copia auténtica de escritura de poderes que acompañamos a la presente demanda como documento nº 1, ante el Juzgado comparezco y como mejor proceda en Derecho, D I G O:

 

Que en la representación que ostento de DOÑA BEATRIZ ______________________ y DON ANTONIO ___________________, asistidos por el Letrado Don José Valero Alarcón, Col. 59._____ del I.C.A.M.. con despacho profesional en Madrid, Calle Embajadores 206, duplicado 1º B, con Telf. 91 530 96 98, y por medio del presente escrito deduzco DEMANDA DE DIVORCIO DE MUTUO ACUERDO, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 del Código Civil, a tenor del cauce y procedimiento establecido en el artículo. 777 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, de 7 de enero, con base en los siguientes hechos y fundamentos jurídicos,

 

H E C H O S

 

PRIMERO.- Mis representados contrajeron matrimonio en Madrid, el día 23 de Junio de 2001, extremo que acreditamos con certificado de matrimonio que se aporta como documento nº 2.

 

SEGUNDO.- De dicho matrimonio nacieron dos hijas, cuyos nombres son CRISTINA, nacida el día 23 de Julio de 1993 y que en la actualidad tiene 16 años; y LUISA, que nació el día 1 de Septiembre de 1998 y que en la actualidad tiene 11 años. Unimos al Documento nº 3 Certificado de nacimiento de los hijos comunes.

 

TERCERO.- El último domicilio familiar hasta el momento se encuentra en la Calle __________________________ de _________.

 

CUARTO.- Como consecuencia de la situación de inestabilidad del matrimonio y de los problemas insuperables surgidos en el seno del mismo, ambos cónyuges han decidido de manera voluntaria y libre solicitar el divorcio de mutuo acuerdo. (Se aporta copia del convenio regulador, como documento número 4).

 

QUINTO.- Los cónyuges han decidido instar la disolución de su matrimonio por divorcio, a través de la presente demanda, suscribiendo el correspondiente convenio regulador, que proponen en este momento al Juzgado para su aprobación. Adjuntamos el Convenio como documento num. 5.

A los anteriores hechos, les son de aplicación los siguientes,

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

 

- I -

COMPETENCIA.- Será Juez competente para conocer del Proceso de Divorcio, el de Primera Instancia o en su caso el de familia del último domicilio conyugal o el de cualquiera de los cónyuges, conforme dispone el artículo 769, apartado 2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.


- II -

LEGITIMACIÓN.- Ambos cónyuges están legitimados para ejercitar la presente acción.


- III -

PETICIÓN DE DIVORCIO.- El art. 86 del Código Civil, en su redacción dada por la Ley 15/2005, de 8 de julio, por la que se modifican el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio, establece que: “Se decretará judicialmente el divorcio, cualquiera que sea la forma de celebración del matrimonio, a petición de uno solo de los cónyuges, de ambos o de uno con el consentimiento del otro, cuando concurran los requisitos y circunstancias exigidas en el art. 81”. En el presente supuesto concurren los requisitos exigidos, toda vez ha transcurrido con exceso el plazo de tres meses desde la celebración del matrimonio.

 

- IV -

PROCEDIMIENTO.- La presente demanda ha de sustanciarse conforme al procedimiento establecido en el art. 777 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, por tratarse de una solicitud presentada por ambos cónyuges de común acuerdo.

 

- V -

EFECTOS.- Habrán de ser los solicitados en el Convenio Regulador que se adjunta para su aprobación judicial, a tenor de lo dispuesto en el art. 90 del Código Civil.

 

Por lo expuesto,

 

SUPLICO AL JUZGADO Que teniendo por presentado este escrito junto con los documentos que a él se acompañan, se sirva admitirlo, teniéndome por personado en nombre de DOÑA BEATRIZ _________________ y DON ANTONIO ___________________, requerir a los cónyuges para que a presencia judicial se ratifiquen en la petición de divorcio que mediante este escrito se promueve, y previos los demás trámites legales oportunos, previo informe del Ministerio Fiscal, se dicte en su día sentencia estimatoria de la demanda, en la que con aprobación de la propuesta de convenio regulador que se acompaña, se declare:

 

1º.- La disolución por divorcio del matrimonio entre DOÑA BEATRIZ __________________ y DON ANTONIO ________________________, con los efectos contenidos en el Convenio Regulador.

 

2º.- La expedición de los correspondientes mandamientos para la inscripción de la sentencia en el Registro Civil en donde se encuentra inscrito el matrimonio de las partes.

 

No procediendo hacer expresa declaración sobre el pago de las costas judiciales.

 

OTROSI DIGO: Que por ser general para pleitos el poder que acompaño y serme necesario para otros usos.

 

SUPLICO AL JUZGADO, Se sirva acordar su desglose y devolución, una vez tomado testimonio suficiente en autos.

 

Es Justicia que respetuosamente se solicita en Madrid a de de .

Ante una situación de crisis en la pareja es preciso contar con un buen asesoramiento que permita tomar las decisiones correctas.



Si la ruptura es evidente será preciso dejar regulado todo lo relativo a las relaciones paterno filiales y económicas que en adelante regirán las relaciones familires.

 

Existen dos vías para ello, la más recomendable pasa por alcanzar un acuerdo entre las partes, lo que implica la suscripción de un convenio regulador en el que queden especificadas las condiciones de la quiebra estableciéndose las relaciones de los hijos (si lo hubiese) con sus progenitores tanto en el aspecto personal como patrimonial y teniendo siempre en cuenta el superior interés de los menores.

 

Si no fuese posible alcanzar un acuerdo no quedará más remedio que acudir a un procedimiento contencioso en el que finalmente un Juez establecerá las medidas que regirán las relaciones futuras.



En ambos casos es preciso estar asistido de expertos Abogados de Familia que sepan valorar la situación en todos sus aspectos, procurando inicialmente buscar un consenso entre las partes, agontando todas las posibilidades de negociación antes de acudir al procedimiento contencioso más costoso, largo y traumático.



Atendidos los intereses en juego que pasan desde el establecimiento de la guarda y custodia de los hijos menores, del régimen de visitas para el otro progenitor, el uso de la vivienda familiar y otras cuestiones económicas como las pensiones, contribución al levantamiento de las cargas del matrimonio o liquidaciones de los bienes comunes, hacen necesario que el asunto se deje en manos de profesionales especialistas en Derecho de Familia.



En todos los procedimientos ya sean de separación, divorcio o los derivados de las rupturas de parejas de hecho será necesario que queden regulados adecuadamente los siguientes aspectos:

 

  • Cese de la conviencia conjunta y revocación de poderes.
  • Guarda y custodia de los hijos comunes.
  • Atribución del uso de la vivienda familiar y otros bienes comunes.
  • Régimen de vistitas con los hijos.
  • Pensiones de alimentos y compensatorias.
  • Contribución a las cargas del matrimonio o pareja.
  • Administración de bienes comunes.
  • Liquidación de gananciares y/o reparto de bienes comunes.



En el lateral os adjuntamos modelos de escritos reales, entre otra información, en los que quedan reguladas estas cuestiones y que os pueden servir de referencia para comprender todos estos puntos.


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