Mostrando articulos por etiqueta: Abogados de Impagos en Madrid

Información preparada por el Ministerio de Justicia mediante la que se explica de forma detallada el Proceso Monitorio establecido para la Reclamación de las Cuotas Impagadas en las Comunidades de Propietarios. La regulación sustantiva de este proceso está en elArtículo 21 de la Ley de Propiedad Horizontal.

 

Os adjuntamos un buen trabajo realizado por el Ministerio de Justicia mediante el que se explica de clara el ámbito de aplicación del Juicio Monitorio en las Comunidades de Propietarios.

 

Se detallan los siguientes aspectos:

 

  • Requisitos del Proceso Monitorio.

 

  • Trámites Previos a la Reclamación Judicial.

 

  • Forma de Presentación del Proceso Monitorio.

 

  • Lugar y Órgano de presentación del Proceso Monitorio.

 

  • Tramitación del Proceso Monitorio.

 

Además facilita el Ministerio un Impreso autocompletable para poder plantear la Petición Inicial del Proceso Monitorio. Acceder >>>

oo

 

Reclamación de Deudas

Reclamación de Deudas - Impagos - Información / Abogados Expertos 

   Abogados Expertos

Abogados Expertos en Reclamaciones de Deudas

91.530.96.95

Más informaión >>> 

 

Solicitar presupuesto para reclamar una deuda

Presupuestos sin Compromiso

 

 

Respecto a las Tasas de Acceso a la Justicia, únicamente habrá que abonarlas si el importe que se reclama es superior a los 2.000 €. Ver Ejemplo >>>

 

Es una buena exposición que puede solventar la dudas tanto de particulares como de profesionales, pues para plantear la petición inicial no es necesario que se utilicen los servicios ni de Abogado ni Procurador.

 

Información sobre el Proceso Monitorio para la Comunidades de Propietarios - Fuente Ministerio de Justicia 

 

 Descargar Documento en PDF.


 

Información sobre Reclamación de Deudas 

En numerosas ocasiones los acreedores desisten de su reclamación cuando comprueban que la sociedad que les debe el dinero ha desaparecido al haber cerrado el establecimiento, entendiendo que dicha empresa carece ya de patrimonio frente al que reclamar.


Sin embargo pasan por alto que, en esos casos, en los que no se ha procedido a instar un Concurso de Acreedores para liquidar de forma ordenada el patrimonio, la Ley de Sociedades de Capital permite dirigir acción frente a los responsables de la sociedad, que responderán personalmente y con su patrimonio privado de las deudas sociales. De hecho suelen ser casos que acaban con la recuperación de la deuda si el gestor de la mercantil no ha adoptado las cautelas necesarias.


Para que surja esta responsabilidad de los administradores, será necesario que:


1.- Que la Sociedad esté incursa en alguna causa de disolución, como por ejemplo pérdidas que dejen reducido su capital social por debajo del mínimo legal.

2.- Incumplimiento injustificado de los Administradores de su obligación de convocar Junta para adoptar los acuerdos necesarios para salvar la causa de disolución o proceder a instar el concurso.

3.- Transcurso del plazo de 2 meses desde que debió convocarse dicha Junta.

4.- Existencia de un crédito frente a la Sociedad.

 

El precepto que regula esta Responsabilidad solidaria en la actualidad es el artículo 367 de la Ley de Sociedades de Capital, cuyo tenor literal es:

 


Artículo 367. Responsabilidad solidaria de los administradores.

oo

 

Reclamación de Deudas

Reclamación de Deudas - Impagos - Información / Abogados Expertos 

   Abogados Expertos

Abogados Expertos en Reclamaciones de Deudas

91.530.96.95

Más informaión >>> 

 

Solicitar presupuesto para reclamar una deuda

Presupuestos sin Compromiso

 

 1. Responderán solidariamente de las obligaciones sociales posteriores al acaecimiento de la causa legal de disolución los administradores que incumplan la obligación de convocar en el plazo de dos meses la junta general para que adopte, en su caso, el acuerdo de disolución, así como los administradores que no soliciten la disolución judicial o, si procediere, el concurso de la sociedad, en el plazo de dos meses a contar desde la fecha prevista para la celebración de la junta, cuando ésta no se haya constituido, o desde el día de la junta, cuando el acuerdo hubiera sido contrario a la disolución.


2. En estos casos las obligaciones sociales reclamadas se presumirán de fecha posterior al acaecimiento de la causa legal de disolución de la sociedad, salvo que los administradores acrediten que son de fecha anterior.

 

Un buen porcentaje de estos asuntos se solventa de forma extrajudicial, pues el empresario, ante la evidencia de su responsabilidad personal y pare evitar perjuicios mayores, opta por asumir el pago de la deuda.

 

No es la única acción que puede emprenderse frente a los desordenados administradores, pero es una específicamente establecida para que sea ejercitada por los Acreedores a los que no se les ha pagado su crédito.

 

Siendo además posible dirigirla frente a los miembros de un Consejo de Administración, tal y como recientemente ha sido reconocido por el Tribunal Supremo en su Sentencia de 13 de Junio de 2012. Acceder >>>

  

La Responsabilidad solidaria por las Deudas Sociales ya estaba reconocida tanto en la precedente legislación por lo que contamos con una jurisprudencia consolidada que permite articular con seguridad este tipo de acciones. Un ejemplo es la reciente sentencia que os acompañamos.

 

Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28, de 21 de diciembre de 2012, sobr ela Responsabilidad de los Administradores Sociales 

 

 Descargar Documento en PDF.


 

Información sobre Reclamación de Deudas 

Información preparada por el Ministerio de Justicia mediante la que se explica de forma detallada el Juicio Verbal para la reclamación de importe inferiores a los 2.000 euros.

  

Os adjuntamos un interesante trabajo confeccionado por el Ministerio de Justicia mediante el que se explica de forma pormenorizada el ámbito de aplicación del Juicio Verbal, centrado el aquellos que por su cuantía (inferior a los 2.000 euros) no precisan de la intervención de Abogado y Procurador.

 

Se detallan los siguientes aspectos:

 

  • Forma de Presentación del Juicio Verbal.
    • La Demanda.
    • Documentos.
    • Copias.
    • Pago de Tasas. (Para asuntos de más de 2.000 euros)

 

  • Lugar y Órgano de presentación del Juicio Verbal.

 

  • Tramitación del Juicio Verbal.
    • Tramites anteriores al Juicio.
    • El Juicio o Vista.
    • Recursos.

 

  • Recursos

 

  • La Ejecución de la Sentencia.

oo

 

Reclamación de Deudas

Reclamación de Deudas - Impagos - Información / Abogados Expertos 

   Abogados Expertos

Abogados Expertos en Reclamaciones de Deudas

91.530.96.95

Más informaión >>> 

 

Solicitar presupuesto para reclamar una deuda

Presupuestos sin Compromiso

 

 

Además facilita el Ministerio un Impreso autocompletable para poder plantear la Demanda de Juicio Verbal. Acceder >>>


Respecto a las Tasas de Acceso a la Justicia, únicamente habrá que abonarlas si el importe que se reclama es superior a los 2.000 €, supuesto en el que es preceptivo contratar a Abogado y Procurador. Ver Ejemplo >>>

 

Es una buena exposición que puede solventar la dudas tanto de particulares como de profesionales, pues para plantear la petición inicial no es necesario que se utilicen los servicios ni de Abogado ni Procurador.

 

Información sobre el Juicio Verbal - Fuente Ministerio de Justicia 

 

 Descargar Documento en PDF.


 

Información sobre Reclamación de Deudas 

Información preparada por el Ministerio de Justicia mediante la que se explica de forma detallada el Proceso Monitorio.

  

Os adjuntamos en el presente post un interesante trabajo confeccionado por el Ministerio de Justicia mediante el que se explica de forma pormenorizada el ámbito de aplicación del denmominado Juicio Monitorio.

 

Se detallan los siguientes aspectos:

 

  • Requisitos del Proceso Monitorio.

 

  • Forma de Presentación del Proceso Monitorio.

 

  • Lugar y Órgano de presentación del Proceso Monitorio.

 

  • Tramitación del Proceso Monitorio.

 

Además facilita el Ministerio un Impreso autocompletable para poder plantear la Petición Inicial del Proceso Monitorio. Acceder >>>

 

Respecto a las Tasas de Acceso a la Justicia, únicamente habrá que abonarlas si el importe que se reclama es superior a los 2.000 €. Ver Ejemplo >>>

oo

 

Reclamación de Deudas

Reclamación de Deudas - Impagos - Información / Abogados Expertos 

   Abogados Expertos

Abogados Expertos en Reclamaciones de Deudas

91.530.96.95

Más informaión >>> 

 

Solicitar presupuesto para reclamar una deuda

Presupuestos sin Compromiso

 

 

Es una buena exposición que puede solventar la dudas tanto de particulares como de profesionales, pues para plantear la petición inicial no es necesario que se utilicen los servicios ni de Abogado ni Procurador.

 

Información sobre el Proceso Monitorio - Fuente Ministerio de Justicia 

 

 Descargar Documento en PDF.


 

Información sobre Reclamación de Deudas 

Os adjuntamos un ejemplo de Liquidación de las Tasas de Acceso a la Justicia para interponer un Juicio Monitorio en reclamación de un impago de 5.000 euros.

 

IMPORTANTE: Si la cantidad es inferior a 2.000 euros no hay que abonar tasa alguna, es un procedimiento exento.


La Tasa que asciende a un total de 125 euros, se desglosa en:

 

  • 100 euros como suma fija por ser un Monitorio.
  • 25 euros, resultado de aplicar el 0,5% a la suma de 5.000 euros.

 

Os acompañamos:

 

 

La única dificultad que hemos tenido ha sido motivada por tener que incluir el 0 al ser un NIF corto.

 

  • Si deseáis acceder al Formulario de cumplimentación de la Agencia Tributaria, pulsar aquí.
  • Para acceder a la Orden, aquí.
  • Texto íntegro de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, reguladora de las Tasas de Acceso a la Justicia, aquí.

oo

 

Reclamación de Deudas

Reclamación de Deudas - Impagos - Información / Abogados Expertos 

   Abogados Expertos

Abogados Expertos en Reclamaciones de Deudas

91.530.96.95

Más informaión >>> 

 

Solicitar presupuesto para reclamar una deuda

Presupuestos sin Compromiso

 


 

1.- Modelo 696 cumplimentado para liquidar las Tasas Judiciales para inicial un Monitorio por un Impago de 5.000 euros.

 

 Descargar Documento Completo en PDF.


 

 

2.- Instrucciones para la cumplimentación del Modelo 696 para la Autoliquidación de las Tasa de Acceso a la Justicia.

 

 Descargar Documento Completo en PDF.


 

  

Información sobre Reclamación de Deudas 

 

Os adjuntamos un modelo de Liquidación de las Tasas de Acceso a la Justicia para interponer una Demanda de Juicio Verbal en reclamación de una deuda de 5.000 euros.

 

IMPORTANTE: Si la cantidad es inferior a 2.000 euros no hay que abonar tasa alguna, es un procedimiento exento.


La Tasa que asciende a un total de 175 euros, se desglosa en:

 

  • 150 euros como suma fija por ser un Juicio Verbal.
  • 25 euros, resultado de aplicar el 0,5% a la suma de 5.000 euros.

 

Os acompañamos:

 

 

La única dificultad que hemos tenido ha sido motivada por tener que incluir el 0 al ser un NIF corto.

 

  • Si deseáis acceder al Formulario de cumplimentación de la Agencia Tributaria, pulsar aquí.
  • Para acceder a la Orden, aquí.
  • Texto íntegro de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, reguladora de las Tasas de Acceso a la Justicia, aquí.

oo

 

Reclamación de Deudas

Reclamación de Deudas - Impagos - Información / Abogados Expertos 

   Abogados Expertos

Abogados Expertos en Reclamaciones de Deudas

91.530.96.95

Más informaión >>> 

 

Solicitar presupuesto para reclamar una deuda

Presupuestos sin Compromiso

 


 

1.- Modelo 696 cumplimentado para liquidar las Tasas Judiciales para inicial un Juicio Verbal en Reclamación de 5.000 euros.

 

 Descargar Documento Completo en PDF.


 

 

2.- Instrucciones para la cumplimentación del Modelo 696 para la Autoliquidación de las Tasa de Acceso a la Justicia.

 

 Descargar Documento Completo en PDF.

 

 

Información sobre Reclamación de Deudas 

 Avance: En breve remodelada sección sobre reclamaciones de cantidad en nuestra web. 

 

Atendiendo al caso concreto, la negociación y un trabajo previo con la parte reclamada puede ser muy positiva. Para entablar una Negociación  es muy importante conocer cuáles sonb los límites del acreedor, tanto para a reclamación íntegra de la deuda como para el modo de cumplimiento. En el presente apartado vamos a describir algunas de las claves que se deben tener en cuenta en toda negociación, que tiene como fin, si es posible, la resolución del conflicto sin la utilización de la vía judicial.


Como introducción en este apartado queremos mostrar las bondades de toda reclamación/negociación, previa a la iniciación de la vía judicial. Debemos tener en cuenta que  no en todo caso es aconsejable esta gestión previa, es por ello que debemos valorar las posibilidades de llegar a un acuerdo, para lo que es necesario analizar con profundidad  el asunto, teniendo en cuenta las posibilidades de pago del deudor, las necesidades del acreedor y la percepción respecto a la voluntad de acuerdo.


Para inicar esta fase previa a la reclamación, la vía de comunicación habitual es el requerimiento a la parte contraria mediante burofax con acuse de recibo y certificación de texto; en dicha notificación es importante manifestar, sin profundizar en exceso, cuáles son las líneas básicas que van a ser objeto de la negociación e indicar las pretensiones del reclamante. La intención del burofax, menos en los casos en los que se exige simplemente el cumplimiento sin que se plantee negociación alguna, es la de proponer, en un plazo concreto, el inicio de una negociación que desemboque en un acuerdo que satisfaga las pretensiones del reclamante. En el caso del deudor, lo aconsejable es iniciar esos trámites a no ser que directamente entienda que la deuda no exista; en ese caso lo aconsejable es contestar, también mediante burofax, cuáles son sus impresiones al respecto.

 

En caso de  no manifestarse ninguna intención de acuerdo, la certificación del envío del burofax acredita la buena fé del acreedor y su voluntad de resolución amistosa que, de cara la necesaria vía judicial, corrobora una mayor legitimidad.

 

En caso de iniciarse las negociaciones, es importante que, en la primera toma de contacto, se establezcan, claramente, las pretensiones de unos y de otros, de cara a conocer, desde el principio, cuál es la situación actual y analizar si existen puntos de encuentro. Entendemos que, excepto en casos muy concretos, nunca deben darse por cerradas las negociaciones en este primer encuentro.

 

Como en otros apartados ampliaremos y profundizaremos en la vía judicial, por lo que nos centraremos en los casos en los que si es posible el acuerdo; otro aspecto importante, una vez que se produce un acercamiento  tras las negociaciones, es la plasmación y viabilidad del acuerdo; es decir, una vez que se acercan posturas y que se manifiestan intenciones que sattisfacen a las partes hay que formalizar el acuerdo en un documento que otorgue seguridad jurídica a las partes. Este documento es esencial y, por tanto, debe estar redactado con mucha rigurosidad jurídica para evitar que en un futuro dicho acuerdo complique aún más situación. Es por ello que debe ser claro y concreto y, si es posible, es aconsejable firmar dicho reconocimiento de deuda (que básicamente se define así), ante Notario, si bien el acuerdo privado tiene validez entre las partes. Lo que suele hacer es fraccionar el pago estableciendo un cláusulado que contenga una serie de penalizaciones que seguren su cumplimiento o que, por lo menos, habiliten la vía judicial inmediata para el caso de su incumplimiento.

 

Concluyendo, debemos expresar que no hay un acuerdo tipo y que, en todo caso, la adaptación a las necesidades del acreedor y deudor son esenciales para fructificar un acuerdo que satisfaga  a las partes. Lo que si es esencial es tener un conocimiento profundo de la materia que permita formalizar un acuerdo que otorgue seguridad jurídica a las partes y que sirva, en caso de incumplimiento, como argumentación documental en el procedimiento judicial. 

oo

Información sobre Reclamación de Deudas

 

  

 

 

 


 

Información sobre Reclamación de Deudas 

Modelo oficial para presentar la Petición Inicial de Juicio Monitorio por Deudas en Comunidades de Vecinos, sin que sea preciso para su interposición valerse ni de Abogado ni Procurador.

 

Este formulario fue publicado en el Boletín Oficial del Estado el día 4 de Octubre de 2011. 

 

Mediante este tipo de proceso se pueden reclamar deudas de cualquier cuantía siempre que se cumplan una serie de requisitos. Mas Información >>>

 

Aún no siendo preceptiva la intervención de Abogado y Procurador, si fueran utilizados los servicios de estos profesionales, los costes debe asumirlos el vecino moroso, así expresamente se dispone en el artículo 21. 6 de laq Ley de Propiedad Horizontal, cuyo tenor literal es: 

 

6. Cuando en la solicitud inicial del proceso monitorio se utilizaren los servicios profesionales de abogado y procurador para reclamar las cantidades debidas a la Comunidad, el deudor deberá pagar, con sujeción en todo caso a los límites establecidos en el apartado tercero del artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, los honorarios y derechos que devenguen ambos por su intervención, tanto si aquél atendiere el requerimiento de pago como si no compareciere ante el tribunal. En los casos en que exista oposición, se seguirán las reglas generales en materia de costas, aunque si el acreedor obtuviere una sentencia totalmente favorable a su pretensión, se deberán incluir en ellas los honorarios del abogado y los derechos del procurador derivados de su intervención, aunque no hubiera sido preceptiva.

oo

 

Reclamación de Deudas

Reclamación de Deudas - Impagos - Información / Abogados Expertos 

   Abogados Expertos

Abogados Expertos en Reclamaciones de Deudas

91.530.96.95

Más informaión >>> 

 

Solicitar presupuesto para reclamar una deuda

Presupuestos sin Compromiso

 

 

Modelo de Petición Inicial de Proceso Monitorio para la Reclamación de Deudas a Copropietarios Morosos.

 

Descargar Documento en PDF.


 


Modelo oficial para presentar la Petición Inicial de Juicio Monitorio, sin que sea preciso para su interposición valerse ni de Abogado ni Procurador.

 

Este formulario fue publicado en el Boletín Oficial del Estado el día 4 de Octubre de 2011. 

 

Mediante este tipo de proceso se pueden reclamar deudas de cualquier cuantía siempre que se cumplan una serie de requisitos, así expresamente lo autoriza la Ley de Emjuiciamiento Civil, que dispone :

 

"Artículo 812. Casos en que procede el proceso monitorio.


1. Podrá acudir al proceso monitorio quien pretenda de otro el pago de deuda dineraria de cualquier importe, líquida, determinada, vencida y exigible, cuando la deuda se acredite de alguna de las formas siguientes:


1.ª Mediante documentos, cualquiera que sea su forma y clase o el soporte físico en que se encuentren, que aparezcan firmados por el deudor o con su sello, impronta o marca o con cualquier otra señal, física o electrónica.


2.ª Mediante facturas, albaranes de entrega, certificaciones, telegramas, telefax o cualesquiera otros documentos que, aun unilateralmente creados por el acreedor, sean de los que habitualmente documentan los créditos y deudas en relaciones de la clase que aparezca existente entre acreedor y deudor.

 

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior y cuando se trate de deudas que reúnan los requisitos establecidos en dicho apartado, podrá también acudirse al proceso monitorio, para el pago de tales deudas, en los casos siguientes:

oo

 

Reclamación de Deudas

Reclamación de Deudas - Impagos - Información / Abogados Expertos 

   Abogados Expertos

Abogados Expertos en Reclamaciones de Deudas

91.530.96.95

Más informaión >>> 

 

Solicitar presupuesto para reclamar una deuda

Presupuestos sin Compromiso

 


1.º Cuando, junto al documento en que conste la deuda, se aporten documentos comerciales que acrediten una relación anterior duradera.


2.º Cuando la deuda se acredite mediante certificaciones de impago de cantidades debidas en concepto de gastos comunes de Comunidades de propietarios de inmuebles urbanos."

 

Modelo de Petición Inicial de Proceso Monitorio.


Descargar Documento en PDF.


 


Información sobre Reclamación de Deudas 

 

Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

 


Actualizada 2012


  

Preámbulo


Artículo 1. Objeto.

Artículo 2. Definiciones.

Artículo 3. Ámbito de aplicación.

Artículo 4. Determinación del plazo de pago

Artículo 5. Devengo de intereses de demora.

Artículo 6. Requisitos para que el acreedor pueda exigir los intereses de demora.

Artículo 7. Interés de demora.

Artículo 8. Indemnización por costes de cobro.

Artículo 9. Cláusulas abusivas.

Artículo 10. Cláusula de reserva de dominio.

Artículo 11. Transparencia en las buenas prácticas comerciales.


Disposiciones adicionales


Disposición transitoria única. Contratos preexistentes.



Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

 

Disposiciones finales


 

Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

 

JUAN CARLOS I

REY DE ESPAÑA

 

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley.

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Esta Ley tiene por objeto incorporar al derecho interno la Directiva 2000/35/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio de 2000, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

A lo largo de esta última década, la Unión Europea ha venido prestando una atención creciente a los problemas de los plazos de pago excesivamente amplios y de la morosidad en el pago de deudas contractuales, debido a que deterioran la rentabilidad de las empresas, produciendo efectos especialmente negativos en la pequeña y mediana empresa. Además, las disparidades existentes entre los Estados miembros respecto a las legislaciones y prácticas en materia de pagos constituyen un obstáculo para el buen funcionamiento del mercado interior.

Son numerosas las iniciativas de la Unión Europea desarrolladas sobre esta materia, entre las cuales está la Recomendación de la Comisión de 12 de mayo de 1995, relativa a los plazos de pago en las transacciones comerciales. Al no haberse logrado mejoras en materia de morosidad desde la adopción de esta recomendación, se ha hecho necesaria la Directiva 2000/35/CE.

El objetivo general de esta directiva es fomentar una mayor transparencia en la determinación de los plazos de pago en las transacciones comerciales, y también su cumplimiento. Para ello, la directiva comprende un conjunto de medidas tendentes, de una parte, a impedir que plazos de pago excesivamente dilatados sean utilizados para proporcionar al deudor una liquidez adicional a expensas del acreedor, y, de otra, a disuadir los retrasos en los pagos, erradicando las causas por las que en la actualidad la morosidad puede resultar ventajosa económicamente para los deudores.

El alcance de esta directiva está limitado a los pagos efectuados como contraprestación en operaciones comerciales entre empresas y entre éstas y el sector público. No regula las operaciones en las que intervienen consumidores, los intereses relacionados con otros pagos como los efectuados en virtud de la legislación en materia de cheques y letras de cambio ni los pagos de indemnizaciones por daños.

El criterio subjetivo y material que delimita el ámbito de aplicación de la Directiva 2000/35/CE aconseja efectuar su transposición a nuestro ordenamiento jurídico mediante una ley especial que regule las medidas sustantivas contra la morosidad, y que, en una disposición final, modifique el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

Las medidas sustantivas contra la morosidad que esta Ley regula consisten en establecer, con carácter general, un plazo de exigibilidad de intereses de demora, determinar su devengo automático, señalar el tipo de interés de demora y otorgar al acreedor el derecho a reclamar al deudor una indemnización razonable por los costes de cobro. A estas medidas se añade la posibilidad de pactar cláusulas de reserva de dominio a los efectos de que el vendedor conserve la propiedad de los bienes hasta el pago total de la deuda.

La nueva Ley introduce un cambio esencial en este ámbito, como es el de desplazar a los usos del comercio que hayan venido consagrando plazos de pago excesivamente dilatados, los cuales se verían sustituidos por las disposiciones de esta Ley. Cuando la Ley hace referencia a que el juez puede considerar los usos del comercio como elemento objetivo de valoración a la hora de determinar el posible carácter abusivo de una cláusula contractual, toma este extremo sólo como un dato factual y objetivo que permite comparar la actuación de un operador con la situación del tráfico mercantil en cada momento.

El plazo de exigibilidad de la deuda y la determinación del tipo de interés de demora establecidos en la ley son de aplicación en defecto de pacto entre las partes. Ahora bien, la libertad de contratar no debe amparar prácticas abusivas imponiendo cláusulas relativas a plazos de pago más amplios o tipos de interés de demora inferiores a los previstos en esta Ley, por lo que el juez podrá modificar estos acuerdos si, valoradas las circunstancias del caso, resultaran abusivos para el acreedor. En este sentido, podrá considerarse factor constitutivo de dicho abuso el que el acuerdo sirva, principalmente, para proporcionar al deudor una liquidez adicional a expensas del acreedor o para que el contratista principal imponga a sus proveedores o subcontratistas unas condiciones de pago que no estén justificadas por razón de las obligaciones que asuma. Precisamente esta regulación de las cláusulas abusivas es la que ha determinado la necesidad de dar una nueva redacción al artículo 17.3 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, para ajustar los pagos a los proveedores a las previsiones de esta Ley. También, la Ley regula la acción colectiva dirigida a impedir la utilización de estas cláusulas cuando hayan sido redactadas para uso general.

La adecuación de nuestra legislación interna sobre contratación pública al ordenamiento jurídico comunitario está contenida en el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio. La inclusión de las Administraciones públicas en el ámbito de la Directiva 2000/35/CE, dispensando igual tratamiento a todos los agentes económicos en materia de pagos por operaciones comerciales, hace necesario modificar la regulación del tipo de interés de demora e introducir el reconocimiento del derecho del acreedor a una indemnización por costes de cobro de la deuda, para su adecuación a las previsiones de la norma comunitaria. Igual adecuación requieren las disposiciones reguladoras de los pagos entre contratistas y subcontratistas y suministradores. A estos fines responde la disposición final primera de esta Ley.

La Ley se dicta al amparo de las competencias que la Constitución Española atribuye al Estado en el artículo 149.1.6.ª y 8.ª por afectar a la legislación mercantil y civil. No obstante, la disposición final primera de esta Ley se dicta al amparo del artículo 149.1.18.ª que atribuye al Estado la legislación básica sobre Contratos de las Administraciones Públicas.

 

Artículo 1. Objeto.

Esta Ley tiene por objeto combatir la morosidad en el pago de deudas dinerarias y el abuso, en perjuicio del acreedor, en la fijación de los plazos de pago en las operaciones comerciales que den lugar a la entrega de bienes o a la prestación de servicios realizadas entre empresas o entre empresas y la Administración.

 

Artículo 2. Definiciones.

A los efectos regulados en esta Ley, se considerará como:

a) Empresa, a cualquier persona física o jurídica que actúe en el ejercicio de su actividad independiente económica o profesional.

b) Administración, a los entes, organismos y entidades que forman parte del sector público, de acuerdo con el artículo 3.3 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

c) Morosidad, el incumplimiento de los plazos contractuales o legales de pago.

d) Plazo de pago, se referirá a todos los días naturales del año, y serán nulos y se tendrán por no puestos los pactos que excluyan del cómputo los periodos considerados vacacionales.

 

Artículo 3. Ámbito de aplicación.

1. Esta Ley será de aplicación a todos los pagos efectuados como contraprestación en las operaciones comerciales realizadas entre empresas, o entre empresas y la Administración, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, así como las realizadas entre los contratistas principales y sus proveedores y subcontratistas.

2. Quedan fuera del ámbito de aplicación de esta Ley:

a) Los pagos efectuados en las operaciones comerciales en las que intervengan consumidores.

b) Los intereses relacionados con la legislación en materia de cheques, pagarés y letras de cambio y los pagos de indemnizaciones por daños, incluidos los pagos por entidades aseguradoras.

c) Las deudas sometidas a procedimientos concursales incoados contra el deudor, que se regirán por lo establecido en su legislación especial.

 

Artículo 4. Determinación del plazo de pago.

1. El plazo de pago que debe cumplir el deudor será el siguiente:

a) Sesenta días después de la fecha de recepción de las mercancías o prestación de los servicios. Este plazo de pago no podrá ser ampliado por acuerdo entre las partes.

b) Si el deudor recibe la factura o la solicitud de pago equivalente antes que los bienes o servicios, sesenta días después de la entrega de los bienes o de la prestación de los servicios.

c) Si legalmente o en el contrato se ha dispuesto un procedimiento de aceptación o de comprobación mediante el cual deba verificarse la conformidad de los bienes o los servicios con lo dispuesto en el contrato y si el deudor recibe la factura antes de finalizar el período para realizar dicha aceptación, el plazo de pago que debe cumplir el deudor se computará a partir del día de recepción de los bienes o servicios adquiridos y no podrá prolongarse más allá de los sesenta días contados desde la fecha de entrega de la mercancía.

2. Los proveedores deberán hacer llegar la factura o solicitud de pago equivalente a sus clientes antes de que se cumplan treinta días desde la fecha de recepción efectiva de las mercancías o prestación de los servicios.

3. La recepción de la factura por medios electrónicos producirá los efectos de inicio del cómputo de plazo de pago, siempre que se encuentre garantizada la identidad y autenticidad del firmante, la integridad de la factura, y la recepción por el interesado.

4. Podrán agruparse facturas a lo largo de un período determinado no superior a 15 días, mediante una factura comprensiva de todas las entregas realizadas en dicho período, factura resumen periódica, o agrupándolas en un único documento a efectos de facilitar la gestión de su pago, agrupación periódica de facturas, y siempre que se tome como fecha de inicio del cómputo del plazo, la fecha correspondiente a la mitad del período de la factura resumen periódica o de la agrupación periódica de facturas de que se trate, según el caso, y el plazo de pago no supere los 60 días desde esa fecha.

 

Artículo 5. Devengo de intereses de demora.

El obligado al pago de la deuda dineraria surgida como contraprestación en operaciones comerciales incurrirá en mora y deberá pagar el interés pactado en el contrato o el fijado por esta Ley automáticamente por el mero incumplimiento del pago en el plazo pactado o legalmente establecido, sin necesidad de aviso de vencimiento ni intimación alguna por parte del acreedor.

 

Artículo 6. Requisitos para que el acreedor pueda exigir los intereses de demora.

El acreedor tendrá derecho a intereses de demora cuando concurran simultáneamente los siguientes requisitos:

a) Que haya cumplido sus obligaciones contractuales y legales.

b) Que no haya recibido a tiempo la cantidad debida a menos que el deudor pueda probar que no es responsable del retraso.

 

Artículo 7. Interés de demora.

1. El interés de demora que deberá pagar el deudor será el que resulte del contrato y, en defecto de pacto, el tipo legal que se establece en el apartado siguiente.

2. El tipo legal de interés de demora que el deudor estará obligado a pagar será la suma del tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo a su más reciente operación principal de financiación efectuada antes del primer día del semestre natural de que se trate más siete puntos porcentuales.

Por tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo a sus operaciones principales de financiación se entenderá el tipo de interés aplicado a tales operaciones en caso de subastas a tipo fijo. En el caso de que se efectuara una operación principal de financiación con arreglo a un procedimiento de subasta a tipo variable, este tipo de interés se referirá al tipo de interés marginal resultante de esa subasta.

El tipo legal de interés de demora, determinado conforme a lo dispuesto en este apartado, se aplicará durante los seis meses siguientes a su fijación.

3. El Ministerio de Economía y Hacienda publicará semestralmente en el «Boletín Oficial del Estado» el tipo de interés resultante por la aplicación de la norma contenida en el apartado anterior.

 

Artículo 8. Indemnización por costes de cobro.

1. Cuando el deudor incurra en mora, el acreedor tendrá derecho a reclamar al deudor una indemnización por todos los costes de cobro debidamente acreditados que haya sufrido a causa de la mora de éste. En la determinación de estos costes de cobro se aplicarán los principios de transparencia y proporcionalidad respecto a la deuda principal. La indemnización no podrá superar, en ningún caso, el 15 por ciento de la cuantía de la deuda, excepto en los casos en que la deuda no supere los 30.000 euros en los que el límite de la indemnización estará constituido por el importe de la deuda de que se trate.

2. El deudor no estará obligado a pagar la indemnización establecida en el apartado anterior cuando no sea responsable del retraso en el pago.

 

Artículo 9. Cláusulas abusivas.

1. Serán nulas las cláusulas pactadas entre las partes sobre la fecha de pago o las consecuencias de la demora que difieran en cuanto al plazo de pago y al tipo legal de interés de demora establecidos con carácter subsidiario en el apartado 1 del artículo 4 y en el apartado 2 del artículo 7 respectivamente, así como las cláusulas que resulten contrarias a los requisitos para exigir los intereses de demora del artículo 6, cuando tengan un contenido abusivo en perjuicio del acreedor, consideradas todas las circunstancias del caso, entre ellas, la naturaleza del producto o servicio, la prestación por parte del deudor de garantías adicionales y los usos habituales del comercio. No podrá considerarse uso habitual del comercio la práctica repetida de plazos abusivos. Para determinar si una cláusula es abusiva para el acreedor, se tendrá en cuenta, entre otros factores, si el deudor tiene alguna razón objetiva para apartarse del plazo de pago y del tipo legal del interés de demora dispuesto en el artículo 4.1 y en el artículo 7.2 respectivamente. Asimismo, para determinar si una cláusula es abusiva se tendrá en cuenta, considerando todas las circunstancias del caso, si dicha cláusula sirve principalmente para proporcionar al deudor una liquidez adicional a expensas del acreedor, o si el contratista principal impone a sus proveedores o subcontratistas unas condiciones de pago que no estén justificadas por razón de las condiciones de que él mismo sea beneficiario o por otras razones objetivas.

2. El juez que declare la invalidez de dichas cláusulas abusivas integrará el contrato con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1.258 del Código Civil y dispondrá de facultades moderadoras respecto de los derechos y obligaciones de las partes y de las consecuencias de su ineficacia.

3. Serán igualmente nulas las cláusulas abusivas contenidas en las condiciones generales de la contratación según lo dispuesto en el apartado 1.

4. Las acciones de cesación y de retracción en la utilización de las condiciones generales a que se refiere el apartado anterior podrán ser ejercitadas, conforme a la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación, por las siguientes entidades:

a) Las asociaciones, federaciones de asociaciones y corporaciones de empresarios, de profesionales, de trabajadores autónomos y de agricultores que estatutariamente tengan encomendada la defensa de los intereses de sus miembros.

b) Las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación.

c) Los colegios profesionales legalmente constituidos.

Estas entidades podrán personarse, en nombre de sus asociados, en los órganos jurisdiccionales o en los órganos administrativos competentes para solicitar la no aplicación de tales cláusulas o prácticas, en los términos y con los efectos dispuestos por la legislación comercial y mercantil de carácter nacional. Las denuncias presentadas por estas entidades ante las autoridades de competencia tendrán carácter confidencial en los términos de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia.

5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, las entidades mencionadas en dicho apartado también podrán personarse en los órganos jurisdiccionales o en los órganos administrativos competentes y asumir el ejercicio de acciones colectivas de cesación y de retracción en defensa de los intereses de sus asociados frente a empresas incumplidoras con carácter habitual de los períodos de pago previstos en esta Ley, en los contratos que no están incluidos en el ámbito de la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación.

 

Artículo 10. Cláusula de reserva de dominio.

En las relaciones internas entre vendedor y comprador, aquél conservará la propiedad de los bienes vendidos hasta el pago total del precio, siempre que se haya convenido expresamente una cláusula de reserva de dominio entre comprador y vendedor antes de la entrega de los bienes.

Sin perjuicio de la aplicación del artículo 1.112 del Código Civil, el vendedor podrá subrogar en su derecho a la persona que, mediante la realización de anticipos, financiación o asunción de la obligación, realiza la contraprestación por cuenta del deudor o permite a este último adquirir derecho sobre el objeto de la reserva de dominio o utilizarlo cuando dicha contraprestación se destina, efectivamente, a ese fin.

Entre las medidas de conservación de su derecho, el vendedor o el tercero que haya financiado la operación podrá retener la documentación acreditativa de la titularidad de los bienes sobre los que se haya pactado la reserva de dominio.

 

Artículo 11. Transparencia en las buenas prácticas comerciales.

Con el fin de velar por la plena transparencia en el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley, las Administraciones Públicas promoverán la elaboración de Códigos de buenas prácticas comerciales, así como la adopción de sistemas de resolución de conflictos a través de la mediación y el arbitraje, siendo de adscripción voluntaria por parte de los agentes económicos.

 

Disposición adicional primera. Régimen de pagos en el comercio minorista.

En el ámbito de los pagos a los proveedores del comercio que regula la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, se estará en primer lugar a lo dispuesto por el artículo 17 de dicha Ley, aplicándose de forma supletoria esta Ley.

 

Disposición adicional segunda. Informe del Gobierno al Congreso de los Diputados.

El Gobierno, en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente Ley, remitirá al Congreso de los Diputados un informe en el que se analizarán y evaluarán los efectos y las consecuencias de la aplicación del contenido de la misma en relación a los plazos de pago en las operaciones comerciales realizadas entre empresas y entre empresas y Administración.

 

Disposición transitoria única. Contratos preexistentes.

Esta Ley será de aplicación a todos los contratos que, incluidos en su ámbito de aplicación, hayan sido celebrados con posterioridad al 8 de agosto de 2002, en cuanto a sus efectos futuros, incluida la aplicación del tipo de interés de demora establecido en su artículo 7. No obstante, en cuanto a la nulidad de las cláusulas pactadas por las causas establecidas en su artículo 9, la presente Ley será aplicable a los contratos celebrados con posterioridad a su entrada en vigor.

 

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o se opongan a esta Ley, a excepción de aquellas que, en relación a la determinación del plazo de pago, resulten más beneficiosas para el acreedor.

 

Disposición final primera. Modificación del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

El texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, se modifica en los siguientes términos:

Uno. El apartado 4 del artículo 99 queda redactado como sigue:

«4. La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los sesenta días siguientes a la fecha de la expedición de las certificaciones de obras o de los correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato, sin perjuicio del plazo especial establecido en el apartado 4 del artícu­lo 110, y, si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de sesenta días, los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.»

Dos. El apartado 4 del artículo 110 queda redactado como sigue:

«4. Excepto en los contratos de obras, que se regirán por lo dispuesto en el artículo 147.3, dentro del plazo de un mes, a contar desde la fecha del acta de recepción, deberá acordarse y ser notificada al contratista la liquidación correspondiente del contrato y abonársele, en su caso, el saldo resultante. Si se produjera demora en el pago del saldo de liquidación, el contratista tendrá derecho a percibir los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.»

Tres. Los apartados 4 y 5 del artículo 116 quedan redactados como sigue:

«4. Salvo lo que se dispone en el siguiente apartado 5, el contratista deberá abonar las facturas en el plazo fijado de conformidad con el artículo 4 de la Ley por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. En caso de demora en el pago, el subcontratista o el suministrador tendrá derecho al cobro de los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la misma Ley.

5. Cuando el plazo de pago se convenga más allá de sesenta días, dicho pago se instrumentará mediante un documento que lleve aparejada la acción cambiaria; y cuando el plazo de pago supere los ciento veinte días, podrá además exigirse por el subcontratista o suministrador que dicho pago se garantice mediante aval.

Los subcontratos y los contratos de suministros a que se refiere el párrafo anterior tendrán en todo caso naturaleza privada.»

Cuatro. El apartado 3 del artículo 169 queda redactado como sigue:

«3. En el supuesto del artículo 167.a), el contratista tendrá derecho al abono del interés de demora previsto en la Ley por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales de las cantidades debidas o valores económicos convenidos, a partir del vencimiento del plazo previsto para su entrega, así como de los daños y perjuicios sufridos.»

Cinco. La letra a) del apartado 2 de la disposición final primera queda redactada como sigue:

«a) Los plazos de sesenta días, cuatro meses y ocho meses previstos en el artículo 99.»

 

Disposición final segunda. Modificación de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista.

La Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, se modifica en los siguientes términos:

Uno. Los apartados 1, 3, 4 y 5 del artículo 17 quedan redactados como sigue:

«1. A falta de plazo expreso, se entenderá que los comerciantes deben efectuar el pago del precio de las mercancías que compren antes de treinta días a partir de la fecha de su entrega.

3. Los aplazamientos de pago de productos de alimentación frescos y de los perecederos no excederán en ningún caso de treinta días. Los aplazamientos de pago para los demás productos de alimentación y gran consumo no excederán del plazo de sesenta días, salvo pacto expreso en el que se prevean compensaciones económicas equivalentes al mayor aplazamiento y de las que el proveedor sea beneficiario, sin que en ningún caso pueda exceder el plazo de noventa días.

Se entenderá por productos de alimentación frescos y perecederos aquellos que por sus características naturales conservan sus cualidades aptas para comercialización y consumo durante un plazo inferior a treinta días o que precisan condiciones de temperatura regulada de comercialización y transporte. Son productos de gran consumo aquellos fungibles de compra habitual y repetitiva por los consumidores y que presenten alta rotación.

El Gobierno determinará reglamentariamente en el plazo de tres meses la definición de los productos a los que se refiere el apartado anterior.

4. Con relación a los productos que no sean frescos o perecederos ni de alimentación y gran consumo, cuando los comerciantes acuerden con sus proveedores aplazamientos de pago que excedan de los sesenta días desde la fecha de entrega y recepción de las mercancías, el pago deberá quedar instrumentado en documento que lleve aparejada acción cambiaria, con mención expresa de la fecha de pago indicada en la factura. En el caso de aplazamientos superiores a noventa días, este documento será endosable a la orden. En todo caso, el documento se deberá emitir o aceptar por los comerciantes dentro del plazo de treinta días, a contar desde la fecha de recepción de la mercancía, siempre que la factura haya sido enviada. Para la concesión de aplazamientos de pago superiores a ciento veinte días, el vendedor podrá exigir que queden garantizados mediante aval bancario o seguro de crédito o caución.

5. En cualquier caso, se producirá el devengo de intereses moratorios en forma automática a partir del día siguiente al señalado para el pago o, en defecto de pacto, a aquel en el cual debiera efectuarse de acuerdo con lo establecido en el apartado 1. En esos supuestos, el tipo aplicable para determinar la cuantía de los intereses será el previsto en el artículo 7 de la Ley por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, salvo que las partes hubieren acordado en el contrato un tipo distinto, que en ningún caso será inferior al señalado para el interés legal incrementado en un 50 por ciento.»

Dos. Se añade una disposición transitoria segunda con la siguiente redacción:

«Disposición transitoria segunda. Régimen de aplazamientos de pagos a los proveedores del comercio minorista.

El plazo fijado para los productos frescos y perecederos seguirá siendo el ya exigible de 30 días. La limitación máxima de 60 días a la que se refiere el artículo 17.3 de esta Ley se aplicará a partir del 1 de julio de 2006. Entre tanto, los aplazamientos de pago de los productos de alimentación que no tengan carácter de frescos ni perecederos y los productos de gran consumo no excederán de noventa días desde la entrega de la mercancía.»

 

Disposición final tercera. Título competencial.

Esta Ley se dicta al amparo de las competencias que el artículo 149.1.6.ª y 8.ª de la Constitución atribuye en exclusiva al Estado en materia de legislación mercantil y civil. No obstante, la disposición final primera de esta Ley se dicta al amparo del artículo 149.1.18.ª y tendrá la consideración de norma básica, con excepción de la modificación del artículo 169.3 del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, que no tiene este carácter de norma básica de acuerdo con la disposición final primera de este texto legal.

 

Disposición final cuarta. Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

 

Por tanto,

Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley.

Madrid, 29 de diciembre de 2004.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO

 

Ir al índice >>>

TEXTO

JUAN CARLOS I

REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley.

 

PREÁMBULO

I

 

La protección del crédito ha acaparado una importancia creciente en los últimos años y tuvo un hito especialmente relevante en el Derecho español con la regulación del proceso monitorio en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. El éxito de este instrumento procedimentalmente breve que permite, con cierta facilidad, obtener un auto de ejecución de un derecho de crédito con ciertas características, se ha traducido en el incremento de su importancia cuantitativa, que lo ha situado en la actualidad como procedimiento previo de más de una tercera parte del total de las ejecuciones del orden civil.

 

La reciente aprobación de la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial, ha tenido en cuenta la necesidad de fomentar esta vía procesal y ha aumentado la cantidad máxima que se puede reclamar a través del proceso monitorio, que ha pasado de 30.000 a 250.000 euros, junto a otras modificaciones que resuelven dudas interpretativas. Esta misma ley también ha actualizado la cuantía máxima de las reclamaciones que se tramitarán por el cauce del juicio verbal, que ha pasado de 3.000 a 6.000 euros.

 

II

Estas reformas, aparte de actualizar esos procesos y facilitar tramitaciones simplificadas que permitan agilizar la justicia, suponen también una aproximación a los instrumentos que, con igual propósito de tutelar los créditos, se han ido implantando por la Unión Europea estos últimos años a través de lo que la doctrina califica como un Derecho procesal europeo.

 

Precisamente los dos últimos pasos en este camino han tenido lugar con la aprobación del Reglamento (CE) n.º 1896/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, por el que se establece un proceso monitorio europeo, y el Reglamento (CE) n.º 861/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, por el que se establece un proceso europeo de escasa cuantía.

 

El proceso monitorio europeo aparece como una vía de reclamación transfronteriza de créditos pecuniarios no impugnados, mientras que el proceso europeo de escasa cuantía permite cualquier tipo de demanda cuando su valor, excluidos los intereses, gastos y costas, no rebase los 2.000 euros. Ambos procesos comprenden reclamaciones en asuntos civiles y mercantiles, conceptos que deben interpretarse de acuerdo con las normas de la Unión Europea. En el caso del proceso monitorio, no así en el procedimiento europeo de escasa cuantía, se incluyen en su ámbito supuestos como el contrato de trabajo, que en el Derecho español no constituye instituto propio del Derecho civil o mercantil y que, sin embargo, ha de tener cabida en este proceso.

 

En ambos casos, el instrumento normativo empleado por la Unión Europea supone la aplicación directa de sus disposiciones, lo que no exime al legislador español de aprobar las normas precisas para engarzar esos dos nuevos procesos con nuestras leyes procesales y, en especial, con nuestra Ley de Enjuiciamiento Civil, y colmar así las lagunas de tales Reglamentos.

 

III

Al objeto de facilitar la aplicación en España de estos dos nuevos procesos europeos monitorio y de escasa cuantía y a la espera de que se aborde la aprobación de la ley de cooperación jurídica internacional que prevé nuestra Ley de Enjuiciamiento Civil, se introducen en esta última norma tres nuevas disposiciones finales.

 

El objeto de estos preceptos se limita a precisar aquellas disposiciones de las normas de la Unión Europea que lo requieren y, en concreto, los temas de competencia judicial, tipo de resoluciones a adoptar por el juez o el secretario judicial y su enlace con el formulario de los Reglamentos europeos que corresponda al trámite de que se trate, los recursos procedentes con arreglo a nuestro Derecho, y normas procesales supletorias en cada caso. Normas necesarias que, en todo caso, permiten la plena aplicación del Reglamento comunitario por los tribunales españoles y que aclaran la tramitación de estos nuevos procedimientos judiciales caracterizados por el uso de formularios y reservados exclusivamente para litigios transfronterizos. Este uso de formularios justifica que una de las nuevas disposiciones finales de la Ley de Enjuiciamiento Civil establezca la obligación de las Administraciones públicas competentes de poner a disposición tanto de los tribunales como del público los formularios que se puedan prever en cualquiera de las normas que integran ese Derecho procesal europeo.

 

IV

Como se ha apuntado, los procesos europeos monitorio y de escasa cuantía tienen aplicación únicamente en litigios transfronterizos. Sin embargo, el hecho de que algunas normas sean más ventajosas que las que incluye nuestra legislación obliga a introducir aquellos cambios que confieran el mismo tratamiento procesal a cualquier acreedor, resida en España o en otro país de la Unión Europea. A partir de las modificaciones que ya ha llevado a cabo la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial, se ha considerado que estas medidas se reducían a elevar en el proceso verbal la cuantía para cuya reclamación no sea obligatoria la intervención de abogado y procurador, que pasa de 900 a 2.000 euros, en consonancia con la cuantía del proceso europeo de escasa cuantía.

 

En el ámbito del proceso monitorio se introduce la posibilidad de que el juez proponga al demandante otra cuantía inferior y distinta a la que figure en su petición, en línea con lo que se establece para el proceso monitorio europeo.

 

V

Por último, esta Ley sale al paso de una distorsión detectada en la actualidad en relación con los procesos monitorios, a los cuales se recurre, al no estar gravados con la tasa judicial, de manera masiva para eludir procesos en los que sí resulta exigible dicho tributo. A tal fin se modifica el artículo 35 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, para incluir dentro del hecho imponible de la tasa judicial la presentación inicial del procedimiento monitorio y para añadir una nueva exención que impida el doble pago de la tasa en los casos de oposición del deudor. E igualmente, de nuevo para equilibrar la posición del acreedor con domicilio en España y el que lo tiene en otro país de la Unión Europea, se incorpora también al ámbito de la tasa judicial la iniciación del proceso monitorio europeo, en los términos y con las cautelas del artículo 25 del Reglamento (CE) n.º 1896/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, por el que se establece un proceso monitorio europeo. De esta forma, el pago de la tasa por iniciación de un proceso monitorio o por la presentación de un requerimiento europeo de pago excluirá la obligación de exacción de una nueva tasa por el inicio del proceso declarativo que corresponda en caso de oposición del deudor. Ello pone de manifiesto que la implantación de la tasa judicial para estos procesos más que una finalidad recaudatoria, lo que pretende es ordenar el ámbito de cada cauce procesal de manera más racional.

 

Artículo 1. Modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

Uno. El número 1.º del apartado 2 del artículo 23 queda redactado de la siguiente forma:

 

«1.º En los juicios verbales cuya cuantía no exceda de 2.000 euros y para la petición inicial de los procedimientos monitorios, conforme a lo previsto en esta Ley.»

 

Dos. El número 1.º del apartado 2 del artículo 31 queda redactado como sigue:

 

«1.º Los juicios verbales cuya cuantía no exceda de 2.000 euros y la petición inicial de los procedimientos monitorios, conforme a lo previsto en esta Ley.»

 

Tres. El apartado 2 del artículo 437 queda redactado como sigue:

 

«2. En los juicios verbales en que se reclame una cantidad que no exceda de 2.000 euros, el demandante podrá formular su demanda cumplimentando unos impresos normalizados que, a tal efecto, se hallarán a su disposición en el tribunal correspondiente.»

 

Cuatro. El apartado 1 del artículo 539 queda redactado como sigue:

 

«1. El ejecutante y el ejecutado deberán estar dirigidos por letrado y representados por procurador, salvo que se trate de la ejecución de resoluciones dictadas en procesos en que no sea preceptiva la intervención de dichos profesionales.

 

Para la ejecución derivada de procesos monitorios en que no haya habido oposición, se requerirá la intervención de abogado y procurador siempre que la cantidad por la que se despache ejecución sea superior a 2.000 euros.»

 

Cinco. Se añade un último párrafo al artículo 813 con la siguiente redacción:

 

«Si, tras la realización de las correspondientes averiguaciones por el secretario Judicial sobre el domicilio o residencia, éstas son infructuosas o el deudor es localizado en otro partido judicial, el juez dictará auto dando por terminado el proceso, haciendo constar tal circunstancia y reservando al acreedor el derecho a instar de nuevo el proceso ante el Juzgado competente.»

 

Seis. Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 815 con la siguiente redacción:

 

«3. Si de la documentación aportada con la petición se desprende que la cantidad reclamada no es correcta, el secretario judicial dará traslado al juez, quien, en su caso, mediante auto podrá plantear al peticionario aceptar o rechazar una propuesta de requerimiento de pago por el importe inferior al inicialmente solicitado que especifique.

 

En la propuesta, se deberá informar al peticionario de que, si en un plazo no superior a diez días no envía la respuesta o la misma es de rechazo, se le tendrá por desistido.»

 

Siete. Se añade una nueva disposición final vigésima tercera con la siguiente redacción:

 

«Disposición final vigésima tercera. Medidas para facilitar la aplicación en España del Reglamento (CE) n.º 1896/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, por el que se establece un proceso monitorio europeo.

 

1. Corresponde al Juzgado de Primera Instancia, de forma exclusiva y excluyente, el conocimiento de la instancia del proceso monitorio europeo, regulado en el Reglamento (CE) n.º 1896/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006.

 

La competencia territorial se determinará con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.º 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, y, en lo no previsto, con arreglo a la legislación procesal española.

 

2. La petición de requerimiento europeo de pago se presentará a través del formulario A que figura en el anexo I del Reglamento (CE) n.º 1896/2006, sin necesidad de aportar documentación alguna, que en su caso será inadmitida.

 

3. Formulada una petición de requerimiento europeo de pago, el secretario judicial mediante decreto y en la forma prevista en el formulario B del anexo II del Reglamento (CE) n.º 1896/2006, podrá instar al demandante para que complete o rectifique su petición, salvo que ésta sea manifiestamente infundada o inadmisible, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 del citado Reglamento, en cuyo caso resolverá el juez mediante auto.

 

4. Si los requisitos establecidos en los artículos 2, 3, 4, 6 y 7 del Reglamento (CE) n.º 1896/2006 se dan únicamente respecto de una parte de la petición, el secretario judicial dará traslado al juez, quien, en su caso, mediante auto y en la forma prevista en el formulario C del anexo III planteará al demandante aceptar o rechazar una propuesta de requerimiento europeo de pago por el importe que especifique, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 del citado Reglamento.

 

En la propuesta se deberá informar al demandante de que, si no envía la respuesta o la misma es de rechazo, se desestimará íntegramente la petición del requerimiento europeo de pago, sin perjuicio de la posibilidad de formular la reclamación del crédito a través del juicio que corresponda con arreglo a las normas procesales nacionales o comunitarias.

 

El demandante responderá devolviendo el formulario C enviado en el plazo que se haya especificado. Si se acepta la propuesta de requerimiento europeo de pago parcial, la parte restante del crédito inicial podrá ser reclamada a través del juicio que corresponda con arreglo a las normas procesales nacionales o comunitarias.

 

5. La desestimación de la petición de requerimiento europeo de pago se adoptará mediante auto, de conformidad con el artículo 11. Igualmente, se informará al demandante de los motivos de la desestimación en la forma prevista en el formulario D del anexo IV del Reglamento (CE) n.º 1896/2006. Dicho auto no será susceptible de recurso.

 

6. La expedición de un requerimiento europeo de pago se adoptará mediante decreto en el plazo máximo de treinta días desde la fecha de presentación de la petición, y en la forma prevista en el formulario E del anexo V del Reglamento (CE) n.º 1896/2006, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del citado Reglamento.

 

El plazo de treinta días no comprenderá el tiempo empleado por el demandante para completar, rectificar o modificar la petición.

 

7. El demandado podrá presentar en el plazo de treinta días desde la notificación del requerimiento escrito de oposición, valiéndose del formulario F del anexo VI del Reglamento (CE) n.º 1896/2006 y con arreglo al artículo 16 del mismo.

 

En la notificación del requerimiento se advertirá al demandado que el cómputo de los plazos se regirá por el Reglamento 1182/71 del Consejo, de 3 de junio de 1971, por el que se determinan las normas aplicables a los plazos, fechas y términos, sin que se excluyan los días inhábiles.

 

8. En el caso de que se presente escrito de oposición en el plazo señalado, el secretario judicial comunicará al demandante que ha de instar la continuación del asunto por el procedimiento que corresponda con arreglo a las normas procesales españolas ante el Juzgado de Primera Instancia, de lo Mercantil o de lo Social que corresponda, a menos que ya hubiera solicitado expresamente que, en dicho supuesto, se ponga fin al proceso.

 

En el caso de que en el plazo señalado no se haya formulado oposición o no se haya pagado la deuda, el secretario judicial pondrá fin al proceso monitorio declarando ejecutivo el requerimiento europeo de pago mediante decreto y en la forma prevista en el formulario G del anexo VII del Reglamento (CE) n.º 1896/2006, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 del citado Reglamento.

El requerimiento europeo de pago se entregará al demandante debidamente testimoniado por el secretario judicial, bien sobre el original bien sobre la copia, haciendo constar esta circunstancia.

 

9. La competencia para la revisión de un requerimiento europeo de pago corresponde al órgano jurisdiccional que lo haya expedido. El procedimiento para la revisión de un requerimiento europeo de pago por las causas previstas en el artículo 20.1 del Reglamento (CE) n.º 1896/2006 se tramitará y resolverá de conformidad con lo previsto para la rescisión de sentencias firmes a instancia del litigante rebelde en los artículos 501 y concordantes de esta Ley.

La revisión prevista en el artículo 20.2 del Reglamento (CE) n.º 1896/2006 se tramitará por medio del incidente de nulidad de actos judiciales previsto en el artículo 241 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

 

10. Las notificaciones efectuadas por el tribunal con ocasión de la tramitación de un proceso monitorio europeo y de la expedición del requerimiento europeo de pago se llevarán a cabo con arreglo a lo dispuesto en esta Ley, siempre que se trate de medios de comunicación previstos en el Reglamento (CE) n.º 1896/2006, prioritariamente por medios informáticos o telemáticos y, en su defecto, por cualquier otro medio que también permita tener constancia de la entrega al demandado del acto de comunicación.

 

11. Las cuestiones procesales no previstas en el Reglamento (CE) n.º 1896/2006 para la expedición de un requerimiento europeo de pago se regirán por lo previsto en esta Ley para el proceso monitorio.

 

12. Los originales de los formularios contenidos en los anexos del Reglamento (CE) n.º 1896/2006 integrarán el procedimiento tanto en los casos en los que España sea Estado emisor del requerimiento europeo de pago como en los casos en los que España sea Estado de ejecución del mismo. A los efectos oportunos, se expedirán las copias testimoniadas que correspondan.

 

13. La competencia para la ejecución en España de un requerimiento europeo de pago que haya adquirido fuerza ejecutiva corresponde al Juzgado de Primera Instancia del domicilio del demandado.

 

Igualmente, le corresponderá la denegación de la ejecución del requerimiento europeo de pago, a instancia del demandado, así como la limitación de la ejecución, la constitución de garantía o la suspensión del procedimiento de ejecución a que se refieren los artículos 22 y 23 del Reglamento (CE) n.º 1896/2006.

 

14. Sin perjuicio de lo que dispongan las normas contenidas en el Reglamento (CE) n.º 1896/2006, los procedimientos de ejecución en España de los requerimientos europeos de pago expedidos en otros Estados miembros se regirán por lo dispuesto en esta Ley.

 

La tramitación de la denegación de la ejecución del requerimiento europeo de pago, así como la limitación de la ejecución, su suspensión o la constitución de garantía, se llevarán a cabo con arreglo a lo dispuesto en los artículos 556 y siguientes de esta Ley, y se resolverán mediante auto no susceptible de recurso.

 

15. Cuando deba ejecutarse en España un requerimiento europeo de pago, el demandante deberá presentar ante el Juzgado competente una traducción oficial al castellano o a la lengua oficial de la Comunidad Autónoma en cuyo territorio tengan lugar las actuaciones judiciales de dicho requerimiento, certificada en la forma prevista en el artículo 21 del Reglamento (CE) n.º 1896/2006.»

 

Ocho. Se añade una nueva disposición final vigésima cuarta con la siguiente redacción:

 

«Disposición final vigésima cuarta. Medidas para facilitar la aplicación en España del Reglamento (CE) n.º 861/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, por el que se establece un proceso europeo de escasa cuantía.

1. Corresponde al Juzgado de Primera Instancia o de lo Mercantil, en atención al objeto de la reclamación, el conocimiento en primera instancia del proceso europeo de escasa cuantía, regulado en el Reglamento (CE) n.º 861/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007.

 

La competencia territorial se determinará con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento CE 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, y, en lo no previsto, con arreglo a la legislación procesal española.

 

2. El proceso europeo de escasa cuantía se iniciará y tramitará en la forma prevista en el Reglamento (CE) n.º 861/2007 y con arreglo a los formularios que figuran en los anexos del mismo.

 

Las cuestiones procesales no previstas en el Reglamento (CE) n.º 861/2007 se regirán por lo previsto en esta Ley para el juicio verbal.

 

El cómputo de los plazos se regirá por el Reglamento 1182/71 del Consejo, de 3 de junio de 1971, por el que se determinan las normas aplicables a los plazos, fechas y términos, sin que se excluyan los días inhábiles.

 

3. Las cuestiones a que se refieren los apartados 3 y 4 del artículo 4 del Reglamento (CE) n.º 861/2007 se decidirán mediante decreto del secretario judicial, salvo que implique la desestimación de la demanda, en cuyo caso resolverá el juez mediante auto. En ambos casos se concederá un plazo de diez días al demandante para que manifieste lo que a su derecho convenga en relación con dicho artículo.

 

4. Si el demandado adujese inadecuación del procedimiento por superar la reclamación de demanda no pecuniaria el valor establecido en el apartado 1 del artículo 2 del Reglamento (CE) n.º 861/2007, el juez decidirá por auto en el plazo de treinta días, contado desde que se diera traslado al demandante para que formule alegaciones, si la demanda ha de tramitarse por el presente procedimiento o bien transformarse en el procedimiento correspondiente conforme a las normas procesales españolas. Contra este auto no cabrá recurso alguno, sin perjuicio de reproducir su alegación en la apelación contra la sentencia dictada en otro procedimiento.

 

En caso de que se formule reconvención por el demandado y ésta supere el límite de la cuantía que se establece en el artículo 2.1 del Reglamento (CE) n.º 861/2007, el juez resolverá mediante auto que el asunto se tramite por el procedimiento que corresponda con arreglo a las normas procesales españolas.

 

5. Las notificaciones efectuadas con ocasión de la tramitación de un proceso europeo de escasa cuantía se llevarán a cabo con arreglo a lo dispuesto en esta Ley, siempre que se trate de medios de comunicación previstos en el Reglamento (CE) n.º 861/2007, prioritariamente por medios informáticos o telemáticos y, en su defecto, por cualquier otro medio que también permita tener constancia de la entrega al demandado del acto de comunicación.

 

6. Contra la sentencia que ponga fin al proceso europeo de escasa cuantía podrá interponerse el recurso que corresponda de acuerdo con esta Ley.

 

7. La competencia para la ejecución en España de una sentencia dictada en otro Estado miembro de la Unión Europea que ponga fin a un proceso europeo de escasa cuantía corresponde al Juzgado de Primera Instancia del domicilio del demandado.

 

Igualmente, le corresponderá la denegación de la ejecución de la sentencia, a instancia del demandado, así como la limitación de la ejecución, la constitución de garantía o la suspensión del procedimiento de ejecución a que se refieren los artículos 22 y 23 del Reglamento (CE) n.º 861/2007.

 

8. Los procedimientos de ejecución en España de las sentencias dictadas en otros Estados miembros de la Unión Europea que pongan fin a un proceso europeo de escasa cuantía se regirán por lo dispuesto en esta Ley.

 

La tramitación de la denegación de la ejecución de la sentencia, así como la limitación de la ejecución, su suspensión o la constitución de garantía, se llevarán a cabo con arreglo a lo dispuesto en los artículos 556 y siguientes de esta Ley, sin que en ningún caso la sentencia pueda ser objeto de revisión en cuanto al fondo, y se resolverán mediante auto no susceptible de recurso.

 

9. Cuando deba ejecutarse en España una sentencia dictada en otro Estado miembro de la Unión Europea que ponga fin a un proceso europeo de escasa cuantía, el demandante deberá presentar ante el Juzgado competente una traducción oficial al castellano o a la lengua oficial de la Comunidad Autónoma en cuyo territorio tengan lugar las actuaciones judiciales del certificado de dicha sentencia, certificada en la forma prevista en el apartado 2 del artículo 21 del Reglamento (CE) n.º 861/2007.

 

10. Los originales de los formularios contenidos en los anexos del Reglamento (CE) n.º 861/2007, integrarán los autos tanto en los casos en los que sea un tribunal español el que resuelva el proceso europeo de escasa cuantía como en los casos en los que España sea Estado de ejecución del mismo. A los efectos oportunos, se expedirán las copias testimoniadas que correspondan.»

 

Nueve. Se desplaza la actual disposición final vigésima quinta a vigésima sexta y se añade una nueva disposición final vigésima quinta, con la siguiente redacción:

«Disposición final vigésima quinta. Formularios de procesos o instrumentos procesales regulados en normas de la Unión Europea.

 

Las Administraciones Públicas competentes para la provisión de medios materiales al servicio de la Administración de Justicia proveerán la puesta a disposición de los órganos jurisdiccionales y del público de los formularios procesales contenidos en normas de la Unión Europea.»

 

Artículo 2. Modificación del artículo 35 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

 

Uno. La letra a) del número 1 del apartado uno del artículo 35 queda redactada del siguiente modo:

 

«a) La interposición de la demanda en toda clase de procesos declarativos y de ejecución en el orden jurisdiccional civil, la formulación de reconvención y la presentación inicial del procedimiento monitorio y del proceso monitorio europeo.»

 

Dos. En el número 1 del apartado tres del artículo 35 la actual letra b) pasa a ser letra c) y se añade una nueva letra b) con la siguiente redacción:

 

«b) La presentación de la demanda de juicio ordinario en caso de oposición del deudor, en los supuestos de procedimiento monitorio y proceso monitorio europeo por los que se haya satisfecho la tasa.»

 

Tres. En el número 1 del apartado cuatro del artículo 35 se añade una nueva letra f), cuya redacción es la que sigue:

 

«f) Presentación de la petición inicial del procedimiento monitorio y del proceso monitorio europeo.»

 

Disposición final primera. Título competencial.

 

Esta Ley se dicta al amparo de la competencia exclusiva del Estado en materia de legislación procesal, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 149.1.6.ª de la Constitución.

 

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

 

Por tanto,

Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley.

Madrid, 24 de marzo de 2011.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO

Juzgado de Primera Instancia Nº...... de.......................
Ejecución Título Judicial.

Autos Nº........./...........


AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº..... DE..............


D./Dª......................., Procurador de los Tribunales, en nombre y representación, de D./Dª………………. mayor de edad, vecino/a de........................, con domicilio a efectos de notificaciones en......................, calle............................. y nº.................. , acreditada mediante poder general para pleitos, cuyo testimonio quedó reflejado en autos nº ……….. del presente Juzgado, y bajo la dirección letrada de Alexandra Roncero Facal, ante el Juzgado comparezco y, como mejor proceda en Derecho, DIGO:


Que mediante el presente escrito, y de conformidad con lo establecido en el Art. 549 de la LEC, vengo a formular DEMANDA DE EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES contra D./Dª.........................................., mayor de edad, con domicilio en......................... , en calidad de deudor según el titulo ejecutivo y en reclamación de la cantidad de......................................EUROS (.............. Eur.) de principal e intereses devengados hasta la fecha,  más los intereses que puedan devengarse durante la ejecución y las costas del presente procedimiento, demanda que interpongo en base a lo previsto en el art. 517 de la L.E.C y en los siguientes

HECHOS:

PRIMERO.- Que a fecha ............ de.................. de.......... fue dictada Sentencia en los Autos Nº ........../............... de Juicio Ordinario/Verbal y que fue notificada a esta parte en fecha ............ de............. de.............; y por la que se condenaba al demandado a abonar a esta parte las cantidad de................... EUROS más los intereses correspondientes.

Se acompaña testimonio de la citada resolución judicial como documento nº 1.


SEGUNDO.- Sin embargo, a fecha de la presente, el demandado no ha cumplido todavía la resolución judicial de anterior mención ni ha procedido tampoco a hacer efectiva a esta parte la cantidad antes referida.


TERCERO.-Como consecuencia de ello, el demandado D./Dª..................................... se halla en adeudarme la cantidad de......................... EUROS (............Eur.) de principal e intereses vencidos a la fecha de esta demanda, deuda esta que se halla vencida y es líquida y exigible.

 

 

CUARTO.- Agotados infructuosamente los esfuerzos para obtener el cobro de las cantidades adeudadas por el demandado, no ha quedado otra alternativa a esta parte que acudir al amparo judicial mediante la interposición de la presente demanda ejecutiva con base al título que lleva aparejada ejecución; y que en cumplimiento de lo previsto en el art. 550 de la L.E.C. ha quedado aportado junto a la presente demanda

A los anteriores hechos les son de aplicación los siguientes,

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

I.- DE LA COMPETENCIA: Es competente el Juzgado al que nos dirigimos habida cuenta de que el título que se ejecuta es la Sentencia recaída en el Juicio Ordinario/ Verbal Nº......./.........., que correspondió por turno de reparto al Juzgado de Primera Instancia al que nos dirigimos; y de conformidad con lo establecido en el Art. 545.1 de la LEC, que citamos literalmente: "Si el título ejecutivo consistiera en resoluciones judiciales, resoluciones dictadas por Secretarios Judiciales a las que esta Ley reconozca carácter de título ejecutivo o transacciones y acuerdos judicialmente homologados o aprobados, será competente para dictar el auto que contenga la orden general de ejecución y despacho de la misma el Tribunal que conoció del asunto en primera instancia o en el que se homologó o aprobó la transacción o acuerdo”


II.- DE LA LEGITIMACIÓN ACTIVA: La legitimación activa resulta a favor de la parte actora de conformidad con lo previsto en el art. 538 de la L.E.C. y por aparecer como acreedor en el título ejecutivo que concede a la parte actora en concordancia con el artículo 1.740 del Código Civil, la acción para reclamar la cantidad de dinero líquida que resulta de dicho título.


III.- DE LA LEGITIMACIÓN PASIVA: Asimismo, resulta del art. 538. 2. 1º de la L.E.C. y por aparecer el demandado como deudor en el mismo título que se ejecuta.


IV.- DE LA REPRESENTACIÓN Y DEFENSA: De conformidad con lo señalado en el Art. 539.1 de la LEC, se actúa bajo la dirección de Letrado y representado por Procurador por resultar preceptiva su intervención, habilitados en legal forma para el ejercicio de su cargo.


V.- ACCIÓN EJERCITADA Y PROCEDIMIENTO: La acción ejercitada con la presente demanda es la acción ejecutiva dineraria contra el deudor obligado a entrega una cantidad líquida, acción prevista en el artículo 517 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación con el art. 571 del mismo cuerpo legal.


En cuanto a su carácter ejecutivo y del título que lleva aparejada ejecución, son de aplicación el artículo 517. 2. 1º de la Ley de Enjuiciamiento Civil y en cuanto al juicio ejecutivo, por cuyo trámite se interesa la sustanciación de la presente demanda, se regula en los artículos 549.2 y siguientes de la L.E.C., con las especialidades previstas para la ejecución dineraria en los arts. 571 y siguientes.


VI.- DE LOS INTERESES Y DE LAS COSTAS: Respecto de los intereses y costas resulta de aplicación el artículo 575 de la L.E.C., en cuanto establece que la cantidad reclamada se verá incrementada por la que se prevea para hacer frente a los intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y a las costas de ésta; cantidad que no podrá superar el 30 por 100 de la que se reclame en la demanda ejecutiva, sin perjuicio de la posterior liquidación.


En cuanto a las costas generadas por el proceso, resultan de aplicación los artículos 539 y 583 de la LEC y correrán a cargo del ejecutado sin necesidad de expresa imposición; y aun cuando pagare antes de que sea despachada ejecución.

 

En su virtud,

SUPLICO AL JUZGADO, que teniendo por presentado este escrito, documentos acompañados y copia de todo ello, se sirva tener por interpuesta DEMANDA DE EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES contra D/Dª.............................., anteriormente identificado y, en sus méritos, se sirva dictar Auto despachando ejecución contra bienes del demandado y en cantidad suficiente para cubrir la suma de................................. EUROS (............Eur.) de principal e intereses vencidos a fecha de esta demanda, más intereses y las costas del proceso, a cuyo efecto por ahora, en forma ponderada y sin perjuicio de su posterior liquidación, se fija la cantidad de ......................EUROS (..........Eur.), y se proceda al embargo sobre bienes del ejecutado en cantidad bastante para cubrir las cantidades reclamadas y, previos los trámites legales oportunos, se proceda a su realización para con su producto dar entero y cumplido pago a esta parte de cuanto se acredita por principal, intereses, gastos y costas, las cuales serán a cargo del demandado.


OTROSÍ DIGO: Que desconociendo esta parte los bienes del ejecutado que pudieran ser susceptibles de ejecución, esta parte interesa se proceda a la adopción de las medidas de localización e investigación que se contemplan en el art. 590 de la L.E.C.

AL JUZGADO SUPLICO: Que teniendo por hechas las anteriores manifestaciones, acuerde de conformidad



En..............., a.........de.................de.......



Fdo: Letrado Fdo: Procurador

 

 

AL JUZGADO DE 1ª INSTANCIA DE …………

 

 

 

D./Dª. ……………………, Procuradora de los Tribunales y de………………, con domicilio en …………., Calle …………..nº 0 y C.I.F., representación que acredito con la escritura de poder que acompaño, y que a otros usos solicito una vez testimoniada en autos, y bajo la dirección del Letrado Alexandra Roncero Facal, colegiado nº 84.384 del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid ante el Juzgado comparezco y DIGO:

 

Que por medio del presente escrito vengo a interponer DEMANDA DE JUICIO VERBAL ejercitando la acción de RECLAMACIÓN DE cantidad contra……………….., con domicilio en C/ ………….. nº …… de ………., Teléfono…………., y C.I.F nº …………donde deberá ser notificada y recibir comunicaciones procesales de carácter personal, que asciende a la cantidad de ………………………………….. euros (superior a 2.000 pero inferior a 6.000€), en base a los siguientes,

 

HECHOS

 

 

PRIMERO.- El actor, D/Dª................................................. se dedica profesionalmente a la actividad de.................................................._.

 

SEGUNDO- El demandado, D/Dª…………………, dedicado profesionalmente a......................., encargó al que suscribe, a fecha........de.............de.............., la realización de.......................................................... (especificar en que consiste el trabajo o prestación de servicios realizada).

 

TERCERO.- Realizado por parte de mi patrocinado el trabajo que le había sido encargado, se remitió al demandado, D/Dª..................., la  factura correspondiente a dicho trabajo, que ascendía a la cantidad de .............. euros, la cual se adjunta a la presente como documento nº 1.

 

CUARTO.- Que, sin embargo, y dado que por el demandado no se había hecho efectiva la factura de anterior mención, a fecha ......... de .....................de......................  se procedió por parte de mi patrocinado  a requerir de pago al demandado mediante el envío de Burofax, copia de la cual se adjunta al presente escrito como documento nº 2.


QUINTO.- Que, y agotadas todas las gestiones tendentes a obtener la satisfacción del crédito por vía amistosa, no ha quedado al que suscribe otra alternativa que la de acudir a la vía judicial para obtener el pago de las cantidades que le son adeudadas por el demandado.

A los anteriores hechos resultan de aplicación los siguientes,

 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

 

-I-

De conformidad con el Art.45 de la LEC, corresponde a los Juzgados de Primera Instancia el conocimiento de los asuntos civiles no atribuidos a otros tribunales y el Articulo 250.2 de la misma Ley dispone que se decidirán en juicio verbal los asuntos cuya cuantía no exceda de seis mil euros (6.000 euros).

-II-

Las partes están legitimadas activa y pasivamente, por aplicación del artículo 10 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que señala que serán consideradas partes legítimas quienes comparezcan y actúen en juicio como titulares de la relación jurídica u objeto litigioso.

-III-

El art. 23 de la LEC establece que la comparecencia en juicio será por medio de Procurador, que habrá de ser licenciado en Derecho, legalmente habilitado para actuar en el Tribunal que conozca del juicio y el artículo 31 de la LEC los litigantes serán dirigidos por abogados habilitados para ejercer su profesión en el tribunal que conozca del asunto. No podrá proveerse a ninguna solicitud que no lleve la firma de abogado.

-IV-

El trámite procesal por el que ha de discurrir el juicio que insto es el del juicio verbal, según los arts. 437 y siguientes de la LEC.

-V-

Resultan de aplicación los artículos 1088  y siguientes del Código civil reguladores de la teoría general de las obligaciones y especialmente, los artículos. 1100  y siguientes del mismo cuerpo legal, en cuanto a la mora del deudor y sus consecuencias.

-VI-

En cuanto a costas, el artículo 394 de la LEC, en los procesos declarativos, las costas de la primera instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que el tribunal aprecie, y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho.


Por todo lo cual;


SUPLICO AL JUZGADO: Que tenga por presentado este escrito, con los documentos que lo acompañan y sus copias, se sirva admitir todo ello y tener por formulado DEMANDA DE JUICIO VERBAL en ejercicio de la acción de reclamación de cantidad, acuerde señalar día y hora para la celebración del acto del juicio, con citación de las partes, y en su día, previa la tramitación que corresponda, con el recibimiento a prueba que desde ahora se solicita, dicte sentencia por la que, estimando íntegramente las pretensiones formuladas en la demanda, condene a D./Dª................................. a abonar la cantidad de ............... euros (...........euros), que se reclaman, más intereses legales y costas.



Es justicia que pido en ............., a............. de................... de...............




Fdo. Letrado Fdo: Procurador

Alexandra Roncero Facal


 

Modelo de Demanda de Juicio Ordinario. El escrito ha de ser firmado por Abogado y Procurador.


Deben ventilarse por este cauce los asuntos de más de 6.000 euros (salvo contadas excepciones) y los dispuestos en el 249 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

 

El contenido que ha de tener un demanda, viene expresado en el artículo 399 de la Ley e Enjuiciamiento Civi, cuyo literal es:

 

Artículo 399. La demanda y su contenido.

 

1. El juicio principiará por demanda, en la que, consignados de conformidad con lo que se establece en el artículo 155 los datos y circunstancias de identificación del actor y del demandado y el domicilio o residencia en que pueden ser emplazados, se expondrán numerados y separados los hechos y los fundamentos de derecho y se fijará con claridad y precisión lo que se pida.

 

2. Junto a la designación del actor se hará mención del nombre y apellidos del procurador y del abogado, cuando intervengan.

 

3. Los hechos se narrarán de forma ordenada y clara con objeto de facilitar su admisión o negación por el demandado al contestar. Con igual orden y claridad se expresarán los documentos, medios e instrumentos que se aporten en relación con los hechos que fundamenten las pretensiones y, finalmente, se formularán, valoraciones o razonamientos sobre éstos, si parecen convenientes para el derecho del litigante. 

oo

 

Reclamación de Deudas

Reclamación de Deudas - Impagos - Información / Abogados Expertos 

   Abogados Expertos

Abogados Expertos en Reclamaciones de Deudas

91.530.96.95

Más informaión >>> 

 

Solicitar presupuesto para reclamar una deuda

Presupuestos sin Compromiso

 

 

4. En los fundamentos de derecho, además de los que se refieran al asunto de fondo planteado, se incluirán, con la adecuada separación, las alegaciones que procedan sobre capacidad de las partes, representación de ellas o del procurador, jurisdicción, competencia y clase de juicio en que se deba sustanciar la demanda, así como sobre cualesquiera otros hechos de los que pueda depender la validez del juicio y la procedencia de una sentencia sobre el fondo.

 

5. En la petición, cuando sean varios los pronunciamientos judiciales que se pretendan, se expresarán con la debida separación. Las peticiones formuladas subsidiariamente, para el caso de que las principales fuesen desestimadas, se harán constar por su orden y separadamente.


Formulario Genérico de Demanda de Juicio Ordinario en Reclamación de Cantidad.

 

 Descargar Documento en PDF.


 

Información sobre Reclamación de Deudas 

 

AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº … DE …………


 

 

DON ……………………… Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de DON.................................……………….., conforme acredito mediante Poder General para Pleitos que acompaño como documento nº 1, asistido por el Letrado de Madrid Don José Valero Alarcón, Colegiado 59.794 del I.C.A.M., ante el Juzgado comparezco y como mejor proceda en Derecho DIGO:

 

Que mediante el presente escrito, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 517, y concordantes, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, vengo a interponer DEMANDA DE EJECUCIÓN DINERARIA DE LAUDO ARBITRAL dictado por …………………………….. en fecha …/…/….. contra D. ……………………………, con domicilio en …….., calle ………….......... nº ...., …., por importe de ...... euros de principal, incrementados en ..... euros, prudencialmente calculados por intereses y costas devengados como consecuencia del procedimiento ejecutivo, lo que hace un total objeto de ejecución de....... euros (.. €.-), y todo ello conforme a los siguientes,

 

 

 

HECHOS


 

 

PRIMERO: Que con fecha …/…/……. ha sido dictado Laudo Arbitral , suscrito por D. ……………........, D. …………............ y D. ……………......., quienes formaban el Tribunal Arbitral designado por la Corte …………………. , de conformidad con lo dispuesto por las partes.

 

 

El citado Laudo, en su parte dispositiva establece la condena a D………………… al pago a mi principal de la cantidad de ..... euros, tal y como se acredita con copia de la mencionada resolución que se acompaña al presente escrito como documento nº 2.

 

 

Con fecha …/…/…., y ante el Notario de ……….., D. ……………….. se protocolizó el Laudo que se ejecuta, bajo el número …………. de su protocolo. El mismo fedatario realizó la labor de notificación del Laudo al demandado, remisión que se verificó en fecha …/…/…….. .

 

 

Se adjunta primera copia del documento notarial, así como acuse de notificación del mismo por conducto notarial como documentos nº 3 y nº 4.

 

 

SEGUNDO: Que transcurrido el plazo de veinte días desde que el Laudo Arbitral fue oportunamente notificado al demandado, éste no ha procedido a cumplir voluntariamente con lo dispuesto en esta resolución.

 

 

TERCERO: Que esta parte acude al auxilio judicial solicitando el cumplimiento íntegro de la condena a su favor contenida en el Laudo Arbitral, incrementando esta cantidad en un 30 %, por un total de ……….... euros, como cifra que inicialmente se presupuesta para hacer frente a los intereses y costas derivados de la presente ejecución.

 

 

A los anteriores Hechos son de aplicación los siguientes,


 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

 


I. COMPETENCIA.-A) Objetiva. Corresponde a los Juzgados de Primera Instancia, conforme dispone el artículo 545.2 LEC, en relación con el artículo 8.4 de la Ley de Arbitraje.

 

B) Territorial. Se presenta el escrito de demanda en el partido judicial de ..,,,,, por ser el del lugar en que ha sido dictado el Laudo, de acuerdo con el artículo 545.2 LEC , en concordancia con el artículo 8.4 de la Ley de Arbitraje.

 

C) Funcional. Corresponde al Juzgado al que se dirige el presente escrito resolver sobre las incidencias que en el mismo se planteen, salvo disposición expresa en contrario, tal y como previene el artículo 61 LEC.

 

II. LEGITIMACIÓN.- A) Activa. La ostenta D. ………………………….. al haber obtenido pronunciamiento de condena a su favor en el título que se ejecuta.

 

B) Pasiva. Recae sobre D. …………………………………….………, toda vez que resultó condenado frente a mi principal mediante el Laudo arbitral cuya ejecución ahora se insta.

 

III. PROCEDIMIENTO.- Recogiendo el título ejecutivo la condena al pago de una cantidad de dinero, el procedimiento que ha de seguirse es el previsto para la ejecución dineraria, resultando de aplicación lo dispuesto en los artículos 517 y siguientes; 538 y siguientes; 545 y siguientes y 571 y siguientes LEC.

 

Por otra parte no resulta necesario requerir de pago a los deudores por cuanto, ante una condena dineraria derivada de un Luado Arbitral, el artículo 580 LEC establece al respecto lo siguiente:

 

"Cuando el titulo ejecutivo consista en resoluciones judiciales o arbitrales o que aprueben transacciones o convenios alcanzados dentro del proceso, que obliguen a entregar cantidades determinadas de dinero, no será necesario requerir de pago al ejecutado para proceder al embargo de sus bienes"

 

 

IV. INTERESES Y COSTAS DE LA EJECUCIÓN.- La cantidad de …………. € reconocida en el Laudo Arbitral que se ejecuta deberá incrementarse en un 30 %, por un total de ………….. €, que inicialmente se presupuestan para hacer frente a los intereses y costas derivados de la presente ejecución, tal y como establece el artículo 575.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

 

 

 

Por todo ello,

 

 

 

SUPLICO AL JUZGADO, que teniendo por presentado este escrito, con sus copias, se acuerde, de conformidad con los expuesto, dictar Auto por el que se despache ejecución contra D. ……………………............, en cuantía total de …….. euros, como principal más …………., en previsión de los intereses y costas que se devenguen a lo largo del procedimiento.

 

 

Es justicia que se pide en ……, a … de ……… de …… .

 

 

 

Fdo. José Valero Alarcón Fdo. ……………………

Abogado, Col. 59.794 Procurador

 

 

 

OTROSÍ DIGO, que interesa al derecho de esta parte:

 

1º.- Se requiera a D. ……………….......... para que manifieste al Juzgado bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución , bajo los apercibimientos legales de las sanciones que se le pudiere imponer por desobediencia grave en caso de que no presente tal relación y de multas coercitivas en caso de no responder debidamente al requerimiento, en atención a lo dispuesto en el artículo 589 LEC .

 

2º.- Que para el caso de que D. ……………......... no designase bienes o éstos fueran insuficientes para el fin de la ejecución , y de conformidad con el artículo 590 LEC :

 

Se libre oficio a la Agencia Estatal de Administración Tributaria a los fines de que se comunique a este Juzgado si por parte de la Hacienda Pública se adeuda alguna cantidad a ......... por el concepto de devolución por cualquier Impuesto.

Se libre oficio a la Oficina de averiguación Patrimonial a fin de que facilite relación de todos los bienes y derechos de .......... de los que tenga constancia.

 

 

SUPLICO AL JUZGADO, que teniendo por realizadas las anteriores manifestaciones, se requiera a la demandada conforme a lo solicitado y para el caso de que dicho requerimiento resulte infructuoso, se realicen las diligencias de averiguación expresadas, y si apareciesen bienes titularidad de D. ………….................... se acuerde el embargo de los mismos hasta cubrir la cantidad objeto de la presente ejecución .

 

Juzgado de Primera Instancia Nº...... de.......................
Ejecución Título Judicial.

Autos Nº........./...........


AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº..... DE..............


D./Dª.......................,  mayor de edad, vecino/a de........................, con domicilio a efectos de notificaciones en......................, calle............................. y nº.................. , ante el Juzgado comparezco y, como más procedente sea en Derecho, DIGO:


Que mediante el presente escrito, y de conformidad con lo establecido en el Art. 549 de la LEC, vengo a formular DEMANDA DE EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES contra D./Dª.........................................., mayor de edad, con domicilio en......................... , en calidad de deudor según el titulo ejecutivo y en reclamación de la cantidad de......................................EUROS (.............. Eur.) de principal e intereses devengados hasta la fecha,  más los intereses que puedan devengarse durante la ejecución y las costas del presente procedimiento, demanda que interpongo en base a lo previsto en el art. 517 de la L.E.C y en los siguientes

HECHOS:

PRIMERO.- Que a fecha ............ de.................. de.......... fue dictada Sentencia en los Autos Nº ........../............... de Juicio de Verbal Civil y que fue notificada a esta parte en fecha ............ de............. de.............; y por la que se condenaba al demandado a abonar a esta parte las cantidad de................... EUROS (Siempre debe ser esta cantidad inferior a 2.000 Euros) más los intereses correspondientes.

Se acompaña testimonio de la citada resolución judicial como documento nº 1.


SEGUNDO.- Sin embargo, a fecha de la presente, el demandado no ha cumplido todavía la resolución judicial de anterior mención ni ha procedido tampoco a hacer efectiva a esta parte la cantidad antes referida.


TERCERO.-Como consecuencia de ello, el demandado D./Dª..................................... se halla en adeudarme la cantidad de......................... EUROS (............Eur.) de principal e intereses vencidos a la fecha de esta demanda, deuda esta que se halla vencida y es líquida y exigible.

 

 

CUARTO.- Agotados infructuosamente los esfuerzos para obtener el cobro de las cantidades adeudadas por el demandado, no ha quedado otra alternativa a esta parte que acudir al amparo judicial mediante la interposición de la presente demanda ejecutiva con base al título que lleva aparejada ejecución; y que en cumplimiento de lo previsto en el art. 550 de la L.E.C. ha quedado aportado junto a la presente demanda

A los anteriores hechos les son de aplicación los siguientes,

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

I.- DE LA COMPETENCIA: Es competente el Juzgado al que nos dirigimos habida cuenta de que el título que se ejecuta es la Sentencia recaída en el Juicio Verbal Civil Nº......./.........., que correspondió por turno de reparto al Juzgado de Primera Instancia al que nos dirigimos; y de conformidad con lo establecido en el Art. 545.1 de la LEC, que citamos literalmente: "Si el título ejecutivo consistiera en resoluciones judiciales, resoluciones dictadas por Secretarios Judiciales a las que esta Ley reconozca carácter de título ejecutivo o transacciones y acuerdos judicialmente homologados o aprobados, será competente para dictar el auto que contenga la orden general de ejecución y despacho de la misma el Tribunal que conoció del asunto en primera instancia o en el que se homologó o aprobó la transacción o acuerdo”


II.- DE LA LEGITIMACIÓN ACTIVA: La legitimación activa resulta a favor de la parte actora de conformidad con lo previsto en el art. 538 de la L.E.C. y por aparecer como acreedor en el título ejecutivo que concede a la parte actora en concordancia con el artículo 1.740 del Código Civil, la acción para reclamar la cantidad de dinero líquida que resulta de dicho título.


III.- DE LA LEGITIMACIÓN PASIVA: Asimismo, resulta del art. 538. 2. 1º de la L.E.C. y por aparecer el demandado como deudor en el mismo título que se ejecuta.


IV.- DE LA REPRESENTACIÓN Y DEFENSA: No resulta preceptiva la intervención de Abogado y Procurador, de conformidad con lo señalado en el Art. 539.1 de la LEC, ya que la Resolución que se ejecuta es la recaída en un proceso judicial en el que no resulta preceptiva la intervención de Abogado y Procurador, por ser su cuantía inferior a 2.000 Euros.


V.- ACCIÓN EJERCITADA Y PROCEDIMIENTO: La acción ejercitada con la presente demanda es la acción ejecutiva dineraria contra el deudor obligado a entrega una cantidad líquida, acción prevista en el artículo 517 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación con el art. 571 del mismo cuerpo legal.


En cuanto a su carácter ejecutivo y del título que lleva aparejada ejecución, son de aplicación el artículo 517. 2. 1º de la Ley de Enjuiciamiento Civil y en cuanto al juicio ejecutivo, por cuyo trámite se interesa la sustanciación de la presente demanda, se regula en los artículos 549.2 y siguientes de la L.E.C., con las especialidades previstas para la ejecución dineraria en los arts. 571 y siguientes.


VI.- DE LOS INTERESES Y DE LAS COSTAS: Respecto de los intereses y costas resulta de aplicación el artículo 575 de la L.E.C., en cuanto establece que la cantidad reclamada se verá incrementada por la que se prevea para hacer frente a los intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y a las costas de ésta; cantidad que no podrá superar el 30 por 100 de la que se reclame en la demanda ejecutiva, sin perjuicio de la posterior liquidación.


En cuanto a las costas generadas por el proceso, resultan de aplicación los artículos 539 y 583 de la LEC y correrán a cargo del ejecutado sin necesidad de expresa imposición; y aun cuando pagare antes de que sea despachada ejecución.

 

En su virtud,

SUPLICO AL JUZGADO, que teniendo por presentado este escrito, documentos acompañados y copia de todo ello, se sirva tener por interpuesta DEMANDA DE EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES contra D/Dª.............................., anteriormente identificado y, en sus méritos, se sirva dictar Auto despachando ejecución contra bienes del demandado y en cantidad suficiente para cubrir la suma de................................. EUROS (............Eur.) de principal e intereses vencidos a fecha de esta demanda, más intereses y las costas del proceso, a cuyo efecto por ahora, en forma ponderada y sin perjuicio de su posterior liquidación, se fija la cantidad de ......................EUROS (..........Eur.), y se proceda al embargo sobre bienes del ejecutado en cantidad bastante para cubrir las cantidades reclamadas y, previos los trámites legales oportunos, se proceda a su realización para con su producto dar entero y cumplido pago a esta parte de cuanto se acredita por principal, intereses, gastos y costas, las cuales serán a cargo del demandado.


OTROSÍ DIGO: Que desconociendo esta parte los bienes del ejecutado que pudieran ser susceptibles de ejecución, esta parte interesa se proceda a la adopción de las medidas de localización e investigación que se contemplan en el art. 590 de la L.E.C.

AL JUZGADO SUPLICO: Que teniendo por hechas las anteriores manifestaciones, acuerde de conformidad



En..............., a.........de.................de.......



Fdo......................................

AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA

 

Don/Dña…………….con DNI ..............., con domicilio en la calle .........................................., número .........., piso .........., de la localidad de ................................., con número de teléfono ........................ ante el Juzgado comparezco y como mejor proceda en Derecho, DIGO:

 

Que mediante el presente escrito formulo DEMANDA SUCINTA DE JUICIO VERBAL en reclamación de ............................. euros( máximo 2.000€) más intereses y costas, contra:

-          Don ……………………., con DNI ............................., y domicilio en la calle .............................................................. ........................., número .........., de la localidad de ................................., con número de teléfono ........................, fax ........................ .

El motivo de la reclamación que ante el Juzgado planteo es el siguiente:

(Explicación breve de los hechos que motivan la reclamación)

Se adjunta como documento nº ……………….. (documentación acreditativa de la reclamación)

 

En atención a lo expuesto,

SUPLICO AL JUZGADO: Que se condene a la parte demandada a pagarme la cantidad de ......................., más los intereses que asciende a la cantidad de ……………… euros, desde el requerimiento extrajudicial, así como al abono de las costas procesales.

En ........................, a ...

 

Firma

Documentación que se adjunta (aportar los documentos numerados tales como: contratos, facturas, albaranes, faxes, correos electrónicos, las escrituras de la empresa si demanda una sociedad, etc.

 

-          Documento nº 1:

-          Documento nº 2:

Al margen de los asuntos en que deba regirse por el juicio verbal en razón de la materia(por ejemplo en reclamaciones de rentas de un alquiler), este procedimiento está destinado a las reclamaciones de deudas por importe de hasta 6.000 euros

¿Cómo se tramita el procedimiento?

 

Resulta necesario presentar una demanda en la que se detallarán los datos de las partes, los hechos y se fijará lo que se solicita con claridad.

El Secretario Judicial del Juzgado en el que haya recaído, deberá pronunciarse sobre su admisibilidad. Admitida la demanda se dará traslado de la misma al demandado y citará a las partes al juicio oral.

No es obligatoria la asistencia ni de Letrado ni Procurador cuando la cuantía de la reclamación no supere 2.000 euros.

Con la entrada en vigor de la Ley 4/2011 de modificación de la LEC, que entrará en vigor el 14 de abril de 2011 se produce la modificación de la cuantía máxima en la no es preceptiva la intervención de letrado ni procurador, estableciendo que “en los Juicios Verbales cuya cuantía no exceda de 2.000 euros no es necesaria la intervención de letrado y procurador”, incrementando la cuantía anteriormente existente de  900 euros.

En los asuntos que no superen los 2.000 euros podrá presentarse demanda a través de alguno de los impresos que encontrará en los Juzgados, pudiendo también utilizar como referencia algunos de nuestros modelos.

Las partes deberán acudir al acto del juicio con las pruebas en las basen sus pretensiones y en ese mismo acto el demandado deberá contestar a la demanda.

Si el demandado no comparece, se le declarará en rebeldía y tras la celebración del juicio se dictará sentencia de acuerdo con la solicitud realizada por el demandante.

Si es el demandante el que no comparece, se entenderá que desiste de la misma y le serán impuestas las costas e incluso puede ser condenado a abonar los daños y perjuicios que le ha causado el procedimiento siempre y cuando éstos resulten acreditados.

La sentencia deberá pronunciarse sobre los extremos planteados por las partes y podrá admitir total o parcialmente o desestimar la petición que haya formulado el demandante.

Contra la sentencia que en su caso se dicte, las partes podrán interponer recurso de apelación en el plazo de 5 días.

Recomendamos que se acuda a este proceso cuando no se cuenten con documentos que acrediten la deuda existente o se sepa de antemano que el demandado e opondrá a la reclamación.

 

 

Ejecución de Título Judicial.

 


AL JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº … DE ……………………

 

 

D./Dª.......................,  mayor de edad, vecino/a de........................, con domicilio a efectos de notificaciones en......................, calle............................. y nº.................. , ante el Juzgado comparezco y, como más procedente sea en Derecho, DIGO:


Que mediante el presente escrito, y de conformidad con lo establecido en el Art. 549 de la LEC, vengo a formular DEMANDA DE EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES contra D./Dª.........................................., mayor de edad, con domicilio en......................... , en calidad de deudor según el titulo ejecutivo y en reclamación de la cantidad de MIL QUINIENTOS EUROS (1.500 €) de principal, más CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS (450 €)que se fijan para intereses, gastos y costas de la presente ejecución, demanda que interpongo en base a lo previsto en el art. 517 de la L.E.C y en los siguientes:

 

HECHOS

 

PRIMERO.- Que a fecha ............ de.................. de.......... fue dictado por el Sr. Secretario Judicial, Decreto, ante la incomparecencia del demandado, dando por finalizado el Proceso Monitorio nº __/2011, instado por esta parte, en reclamación de la suma de MIL QUINIENTOS EUROS.

Se acompaña testimonio de la citada resolución judicial como documento nº 1.


SEGUNDO.- Que la citada resolución fue notificada, sin que la misma fuese recurrida, habiendo transcurrido más de 20 días desde su firmeza, no habiéndose producido el pago debido.

 

TERCERO.- Agotados infructuosamente los esfuerzos para obtener el cobro de las cantidades adeudadas por el demandado, no ha quedado otra alternativa a esta parte que acudir al amparo judicial mediante la interposición de la presente demanda ejecutiva con base al título que lleva aparejada ejecución; y que en cumplimiento de lo previsto en el art. 550 de la L.E.C. ha quedado aportado junto a la presente demanda

 

A los anteriores hechos les son de aplicación los siguientes,

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

 

I.- DE LA COMPETENCIA: Es competente el Juzgado al que nos dirigimos habida cuenta de que el título que se ejecuta es un Decreto dictado por el Sr. Secretario Judicial del Juzgado al que nos dirigimos; y de conformidad con lo establecido en el Art. 545.1 de la LEC, que citamos literalmente: "Si el título ejecutivo consistiera en resoluciones judiciales, resoluciones dictadas por Secretarios Judiciales a las que esta Ley reconozca carácter de título ejecutivo o transacciones y acuerdos judicialmente homologados o aprobados, será competente para dictar el auto que contenga la orden general de ejecución y despacho de la misma el Tribunal que conoció del asunto en primera instancia o en el que se homologó o aprobó la transacción o acuerdo”


II.- DE LA LEGITIMACIÓN ACTIVA: La legitimación activa resulta a favor de la parte actora de conformidad con lo previsto en el art. 538 de la L.E.C. y por aparecer como acreedor en el título ejecutivo que concede a la parte actora en concordancia con el artículo 1.740 del Código Civil, la acción para reclamar la cantidad de dinero líquida que resulta de dicho título.


III.- DE LA LEGITIMACIÓN PASIVA: Asimismo, resulta del art. 538. 2. 1º de la L.E.C. y por aparecer el demandado como deudor en el mismo título que se ejecuta.


IV.- DE LA REPRESENTACIÓN Y DEFENSA: No resulta preceptiva la intervención de Abogado y Procurador, de conformidad con lo señalado en el Art. 539.1 de la LEC, ya que la Resolución que se ejecuta es la recaída en un proceso judicial en el que no resulta preceptiva la intervención de Abogado y Procurador, por ser su cuantía inferior a 2.000 Euros.


V.- ACCIÓN EJERCITADA Y PROCEDIMIENTO: La acción ejercitada con la presente demanda es la acción ejecutiva dineraria contra el deudor obligado a entrega una cantidad líquida, acción prevista en el artículo 517 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación con el art. 571 del mismo cuerpo legal.


En cuanto a su carácter ejecutivo y del título que lleva aparejada ejecución, son de aplicación el artículo 517. 2. 1º de la Ley de Enjuiciamiento Civil y en cuanto al juicio ejecutivo, por cuyo trámite se interesa la sustanciación de la presente demanda, se regula en los artículos 549.2 y siguientes de la L.E.C., con las especialidades previstas para la ejecución dineraria en los arts. 571 y siguientes.


VI.- DE LOS INTERESES Y DE LAS COSTAS: Respecto de los intereses y costas resulta de aplicación el artículo 575 de la L.E.C., en cuanto establece que la cantidad reclamada se verá incrementada por la que se prevea para hacer frente a los intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y a las costas de ésta; cantidad que no podrá superar el 30 por 100 de la que se reclame en la demanda ejecutiva, sin perjuicio de la posterior liquidación.


En cuanto a las costas generadas por el proceso, resultan de aplicación los artículos 539 y 583 de la LEC y correrán a cargo del ejecutado sin necesidad de expresa imposición; y aun cuando pagare antes de que sea despachada ejecución.

 

En su virtud,

 

SUPLICO AL JUZGADO que teniendo por presentado el presentes escrito con el documento adjunto, se sirva admitirlo y por formulada DEMANDA EJECUTIVA contra __________________, procediendo a dictar auto conteniendo la orden general de ejecución por MIL QUINIENTOS EUROS DE PRINCIPAL (1.500 €) más otros CUATROCIENTOS CINCUENTA (450 €), que prudencialmente y sin perjuicio de ulterior liquidación se fijan para intereses y costas de la presente ejecución, cuya expresa imposición se interesa, despachando la misma contra la ejecutada, acordando para su efectividad, por el Sr. Secretario Judicial, las siguientes medidas:

 

a) Requiera a la deudora para que, de conformidad con lo previsto en el artículo 589 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, manifieste bienes suficientes para el buen fin de la ejecución, con los apercibimientos legales, dispuestos en el artículo 589 de la LEc.

 

b) Se acuerde librar los siguientes despachos:

 

- Se proceda a la consulta telemática de la base de datos del Punto Neutro Judicial para que comunique los bienes, derechos, ingresos y rentas de cualquier clase que le consten respecto de la deudora.


- A la oficina de Renta y Patrimonio del Excmo. Ayuntamiento de Madrid, a fin de que, por quien corresponda, sea expedida certificación acreditativa de los conceptos por los que la deudora figure como contribuyente al mismo, con indicación en su caso de la entidad bancaria y número de cuenta donde consten domiciliados los pagos, y demás datos patrimoniales que tengan respecto de la parte demandada; y

 

- A  la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, para que se expida y remita a ese Juzgado certificación acreditativa de los bienes muebles, inmuebles y fuentes de ingresos que le sean conocidos por dicho Organismo a la parte deudora.

 

OTROSÍ DIGO: que esta parte manifiesta su voluntad de cumplir los requisitos exigidos por la Ley, lo que se expresa a los efectos del artículo 231 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, a fin de ser subsanados los defectos en que se pueda incurrir en la realización de los actos procesales.

 

AL JUZGADO SUPLICO: tenga por hecha la anterior manifestación y acuerde conforme a lo expresado.

 

Es Justicia que respetuosamente se solicita en Madrid a veintidós de abril de dos mil once.

 

 

Fdo.

 

¿QUÉ PASA SI EL DEUDOR RESIDE EN UN PAÍS EUROPEO?

 

En los casos en que el deudor tenga su domicilio en un país extranjero, para reclamar la deuda deberemos acudir al PROCESO MONITORIO EUROPEO, que habilita la reclamación en el país donde tenga el domicilio o la residencia el deudor.

Este procedimiento simplifica, acelera y reduce los costes en asuntos transfronterizos. El requerimiento europeo de pago se reconoce y aplica en todos los Estados miembros, a excepción de Dinamarca.

 

Presentación:

Para la petición de requerimiento europeo de pago, se hace mediante un formulario que debe incluir los siguientes elementos, no siendo necesario adjuntar documentación alguna:

·         el nombre y la dirección de las partes o sus representantes;

·         el nombre y la dirección del órgano jurisdiccional ante el que se ha presentado la petición;

·         el importe de la deuda (el principal y, en su caso, los intereses, las penalizaciones contractuales y las costas);

·         la causa de la petición, incluida una descripción de las circunstancias invocadas como fundamento de la deuda, así como los medios de prueba;

·         el carácter transfronterizo del litigio.

Los créditos pecuniarios deberán haber vencido y ser exigibles en la fecha en que se presente la petición de requerimiento europeo de pago.

 

Aceptación o rechazo de la petición:

 

El Juzgado ante el que se ha presentado una petición de requerimiento europeo de pago examina si se cumplen los requisitos. Cuando en el formulario de la petición no consten todos los elementos necesarios, se permitirá al demandante completar o rectificar la petición, salvo cuando ésta sea manifiestamente infundada o inadmisible.

 

El órgano jurisdiccional puede enviar al demandante una propuesta de modificación de la petición si ésta cumple solamente una parte de los requisitos. En este punto se ha producido la más reciente modificación a través de la Ley 4/2011 que entra en vigor el 14 de abril, con la que el juez propondrá una cantidad inferior al demandante que la reclamada inicialmente. En el caso de que el demandante acepte la propuesta, se expedirá un requerimiento europeo de pago respecto de la parte de la petición aceptadapor el demandante. Si el demandante rechaza la propuesta, se desestimará íntegramente la petición de requerimiento europeo de pago.

 

Contra la denegación no cabrá recurso alguno contra la desestimación de la petición, pero no impedirá que el demandante formule una nueva petición de requerimiento europeo de pago o cualquier otro procedimiento.

 

Expedición:

 

Si se cumplen los requisitos el Juzgado expedirá dicho requerimiento lo antes posible y, como máximo, en un plazo de 30 días desde la presentación de la petición.

 

En el requerimiento europeo de pago se comunicará al demandado que podrá pagar al demandante el importe de la deuda u oponerse, en un plazo de 30 días desde que se le haya notificado el requerimiento.

 

El requerimiento se hará ejecutivo a menos que el deudor presente un escrito de oposición.

 

Notificación del requerimiento europeo de pago al demandado:

 

La dirección del demandado debe conocerse con certeza para poder proceder a la notificación del requerimiento de pago europeo. La notificación podrá realizarse asimismo a un representante del demandado.

 

Oposición:

La persona que recibe un requerimiento europeo de pago, el demandado, puede presentar escrito de oposición. Se enviará en un plazo de 30 días desde la notificación del requerimiento. Para presentar tal escrito, el demandado podrá utilizar el formulario, que se le remitirá adjunto al requerimiento europeo de pago.

 

Deberá indicar que impugna la deuda, sin que esté obligado a motivar al escrito.

 

Transcurrido el plazo de treinta días para presentar escrito de oposición, se autoriza al demandado a pedir la revisión del requerimiento europeo de pago ante el órgano jurisdiccional que lo haya expedido cuando:

·         el requerimiento de pago haya sido notificado sin acuse de recibo por parte del demandado (artículo 14) y la notificación no se haya efectuado con la suficiente antelación para permitirle organizar su defensa;

·         el demandado no haya podido impugnar el crédito por razones de fuerza mayor o debido a circunstancias extraordinarias;

·         el requerimiento se haya expedido de forma manifiestamente errónea.

Si el órgano jurisdiccional rechaza la petición del demandado, el requerimiento europeo de pago seguirá en vigor. En el caso contrario, si el órgano jurisdiccional decide que la revisión está justificada, el requerimiento de pago será declarado nulo y sin efecto.

 

Todos los formularios se encuentran pinchando el siguiente enlace:

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:399:0001:0032:ES:PDF

 

Ejecución:

 

Un requerimiento europeo de pago que haya adquirido fuerza ejecutiva se ejecutará en las mismas condiciones que una resolución ejecutiva dictada en el Estado miembro de ejecución.

 

¿Es necesario abogado?

No es necesaria la representación de un abogado ni para el demandante ni para el demandado.

 

 

 

AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE …………….

 

D………………………………………………, mayor de edad, con D.N.I. ……………………….. vecino de ……………, actuando en nombre y ( si se comparece en representación indicarlo y acreditarlo)representación de ……………………, de la que es …………….. , cuya copia del título de representación adjunto, con domicilio en …………….., C/ ……………..                         nº….. , ( C.P. …………. ), telf…………..,fax:………… ante el Juzgado comparezco y como mejor en Derecho proceda, DIGO:

 

Que mediante el presente escrito interpongo PETICIÓN INICIAL DE JUICIO MONITORIO, frente D………………………….. , con domicilio en …………. , C/……………….. n°……….(C.P……….. ), a fin de que sea requerido para abonar la cantidad de ……………….. € correspondiente a las facturas que se adjuntan, más intereses legales, en virtud del art. 812 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en base a los siguientes,

 

HECHOS

 

PRIMERO.- Que el compareciente realizó una serie de trabajos de ……………. a instancias del demandado, y que constan en las facturas que se adjuntan.

 

Se adjunta como documentos nº 1 y 2 las facturas impagadas.

 

SEGUNDO.- Que el demandado no ha satisfecho cantidad que adeuda, a pesar de la reclamación escrita que se le realizó y que se adjunta como documento nº 3 el burofax de fecha …….

 

TERCERO.- Que está parte ha reclamado amistosamente y extrajudicialmente la deuda vencida, exigible y documentada, sin respuesta positiva por parte del demandado.

 

 

A los anteriores hechos resultan de aplicación los siguientes,

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

 

I.- De la competencia: Es competente el Juzgado de Primera Instancia al que me dirijo en virtud del art. 813 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por ser el domicilio del demando.

 

II.-Del procedimiento: Es procedente el procedimiento monitorio de conformidad con los artículos 812 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al estar documentado el crédito en las facturas adjuntadas al presente escrito.

 

III.-De la legitimación activa: Corresponde a la actora, por ser el acreedor de la suma adeudada, en calidad de la empresa que ha realizado el trabajo no cobrado.

 

IV.- De la legitimación pasiva: Corresponde al demandado en su calidad de deudor.

 

V.- Del fondo del asunto: Resultan de aplicación los arts. 1.088 y siguientes del Código Civil en cuanto a las obligaciones y contratos.

 

VI.- De los intereses: En aplicación del artículo 1109 del Código civil, devengarán interés legal los intereses vencidos desde que son reclamados judicialmente.

 

VII.- De la condena en costas: Deben ser impuestas a la entidad demandada de conformidad con el art. 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

 

 

Por todo ello,

 

SUPLICO AL JUZGADO que, teniendo por presentado este escrito y sus copias, se sirva admitirlo, tener por presentada petición inicial de juicio MONITORIO tiempo y forma contra D…………………………………. cuyos demás datos constan en el encabezamiento de este escrito, admitiéndola, y:

 

1º.- Se requiera al deudor para que en el plazo de veinte días pague a mi representada la cantidad …………………………………………… EUROS (……….. €) que se le adeuda, y para el caso de que el deudor no pague ni dé razones por escrito para no hacerlo, por el Secretario Judicial se dicte decreto dando por terminado el presente proceso, acordando su inmediato traslado a esta parte para instar el oportuno despacho de ejecución.

 

2º.- Que si el deudor se opone por escrito alegando razones para negarse total o parcialmente al pago, se convoque a las partes a juicio verbal  (si la cuantía reclamada es inferior a 6.000 euros) o se me conceda el plazo legal de un mes para formular la demanda de juicio ordinario (si la cuantía reclamada fuere superior a los 6.000 euros), pidiendo desde este momento, para el caso de oposición, el embargo de bienes del deudor, y en su día tras la tramitación del procedimiento que corresponda, la condena a la parte demandada al pago de la cantidad de ………….., más el interés legal desde el requerimiento de pago, así como al pago de las costas procesales.

 

 

En …………… a …. de ………..   de 2011.

 

 

 

Fdo. ………………………………………..

 

¿QUÉ ES UN PROCEDIMIENTO MONITORIO?

 

A través del monitorio una persona puede pedir a otra el pago de una deuda siempre que cumpla con los requisitos siguientes: sea una deuda dineraria, vencida y exigible, independientemente de su cuantía y se pueda acreditar la deuda a través de documentos firmados por el deudor o facturas, albaranes, telegramas u otros que acrediten la relación entre el acreedor y el deudor.

 

Por lo tanto son tres los requisitos que necesitamos para acudir a un proceso monitorio: primero que la deuda sea de dinero, que haya transcurrido el plazo para abonarla y sea exigible y tenga soporte documental que acredite dicha deuda o bien acredite la relación entre el acreedor y el deudor y que pueda originar una deuda reclamable.

 

Este procedimiento es aplicable en los casos de reclamaciones de las cantidades que se adeuden por los gastos comunes en las comunidades de vecinos.

 

-          INICIO:

 

El procedimiento se inicia con la presentación de una petición inicial de juicio monitorioa través de una demanda en la que se exponga la identidad del deudor, su domicilio, los datos y dirección del acreedor y el origen y cuantía de la deuda, junto a los documentos que lo acrediten y que son los mencionados anteriormente.

Para la presentación de la petición inicial del procedimiento monitorio no es necesario ni abogado ni procurador, se puede presentar por el acreedor la petición inicial, pero si no se consigue el pago de la deuda por el deudor, se deberá acudir a la vía ordinaria en el que sí será necesario acudir con abogado y procurador dependiendo de la cuantía del litigio.

 

Una vez presentada la petición inicial, se examinará la documentación y si es admitida, se requerirá al deudor para que page. Si paga el deudor dentro del plazo de 20 días, finaliza el procedimiento, archivándose la causa cuando acredite haber efectuado el pago.

 

En caso de que la cantidad reclamada no fuera la correcta, se podrá plantear al acreedor una cuantía inferior a la inicialmente solicitada, pudiendo aceptarla o rechazarla. El acreedor tendrá la obligación de responder a la propuesta, pues en caso contrario, se archivará el proceso y se le tendrá por desistido.

 

-          IMPOSIBILIDAD DE LA LOCALIZAR AL DEUDOR:

 

Si no fuera posible localizar al deudor en el domicilio designado o resulta que reside en una zona perteneciente a otro partido judicial, finalizará el proceso, y reservando al acreedor e derecho a presentar el monitorio ante el Juzgado competente.

 

-          ¿QUE SECEDE SI NO PAGA EL DEUDOR?

 

Si en el plazo de 20 días que se concede al deudor para abonar la deuda, éste no procede al pago, puede ocurrir dos situaciones:

 

-          Si el deudor no responde al requerimiento ni paga, se deberá acudir a la vía ejecutiva y procediéndose al embargo de sus bienes por la cuantía reclamada más los intereses que se devengue desde el auto que despache ejecución.

 

-          Si el deudor responde y se opone al requerimiento, negando el total o parte de la deuda, finalizará el proceso monitorio, debiendo acudir al procedimiento que corresponda por la cuantía. En caso de que tenga que sustanciarse en juicio verbal, se citará a las partes a la vista, pero en caso de que deba acudir a un juicio ordinario, deberá el acreedor presentar demanda en el plazo de un mes desde la oposición al monitorio, en caso contrario se finalizará el proceso con condena en costas del acreedor.

Adjuntamos Modelo de Requerimiento para la Reclamación de una Deuda.

 

El envío de un requerimiento implica beneficios para el Acreedor, como son entre otros:

 

  • Que la deuda comience a generar intereses.
  • Que se logre obtener una solución extrajudicial.
  • Y para el caso de tener que llevar el asunto a los Tribunales, contar con un documento que acredite el intento llevado a cabo, lo que suele implicar que la parte contraria sea condenada en costas.
 
 
Pueden ser remitidos directamente por el Acreedor o por otra persona por encargo, siendo recomendable en este caso que sea un Abogado, pues ello dotará a la comunicación de una mayor fuerza.
 
 
Para que quede constancia y pueda ser demostrado el contenido y la recepción, es recomendable remitirlo mediante Burofax con acuse de recibo y certificación de texto, cuyo coste, suele ser de unos 30 euros, pudiendo cursarse desde cualqueir oficiana de correos.
 
 
El ejemplo que os aportamos es genérico debiendo adaptarse al caso concreto. Si prefieres que lo adapte al caso concreto y lo firme un Abogado en ejercicio, contacta con nosotros en el teléfono indicado al encabezamniento.

oo

 

Reclamación de Deudas

Reclamación de Deudas - Impagos - Información / Abogados Expertos 

   Abogados Expertos

Abogados Expertos en Reclamaciones de Deudas

91.530.96.95

Más informaión >>> 

 

Solicitar presupuesto para reclamar una deuda

Presupuestos sin Compromiso

 

 

Formulario de Requerimiento de Pago para remitir por Burofax con Acuse de Recibo y Certificación de Texto

 

 Descargar Documento en PDF.


 

Abogados de Herencias
Reclamación de Deudas
Telfs. 91.530.96.95 - 619.41.23.11

Información sobre Reclamación de Deudas 

Os informamos que no es necesario acudir, en todos los casos, a un abogado para poner en marcha la reclamación judicial de una deuda. La Ley de Enjuiciamiento Civil permite directamente al acreedor en determinados supuestos plantear una petición a un Juez para que se le reconozca a su favor la existencia de una deuda e inclusive se ejecuten actos tendentes a su cobro.


Indicaros que la presente explicación está destinada a iniciar la reclamación judicial, dejando fuera todas las actuaciones que son recomendables para obtener el cobro amistoso de la deuda. Si queréis obtener información sobre el proceso extrajudicial, os acosejamos accedáis a la Sección principal de Reclamación de Deudas >>>

 

Para que un Juzgado resuelva un asunto planteado por un particular o empresa sin la asistencia de letrado, hay dos vías:


A) JUICIO MONITORIO -CUALQUIERA QUE SEA LA CUANTÍA DE LA DEUDA.


La deuda debe estar documentada, es decir, que existan facturas, comunicaciones u otros análogos que evidencien la realidad de la deuda o que inclusive el deudor la haya reconocido. 

oo

 

Reclamación de Deudas

Reclamación de Deudas - Impagos - Información / Abogados Expertos 

   Abogados Expertos

Abogados Expertos en Reclamaciones de Deudas

91.530.96.95

Más informaión >>> 

 

Solicitar presupuesto para reclamar una deuda

Presupuestos sin Compromiso

 

 

En este caso el particular podría reclamar cualquier cuantía por el denominado proceso monitorio, los supuestos concretos están regulados en el artículo 812 de la LEC, que dice:

 

Artículo 812. Casos en que procede el proceso monitorio.

 

1. Podrá acudir al proceso monitorio quien pretenda de otro el pago de deuda dineraria, vencida y exigible, de cantidad determinada que no exceda de 250.000 euros, cuando la deuda de esa cantidad se acredite de alguna de las formas siguientes:

 

Mediante documentos, cualquiera que sea su forma y clase o el soporte físico en que se encuentren, que aparezcan firmados por el deudor o con su sello, impronta o marca o con cualquier otra señal, física o electrónica, proveniente del deudor.

 

Mediante facturas, albaranes de entrega, certificaciones, telegramas, telefax o cualesquiera otros documentos que, aun unilateralmente creados por el acreedor, sean de los que habitualmente documentan los créditos y deudas en relaciones de la clase que aparezca existente entre acreedor y deudor.

 

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior y cuando se trate de deudas que reúnan los requisitos establecidos en dicho apartado, podrá también acudirse al proceso monitorio, para el pago de tales deudas, en los casos siguientes:

 

Cuando, junto al documento en que conste la deuda, se aporten documentos comerciales que acrediten una relación anterior duradera.

 

Cuando la deuda se acredite mediante certificaciones de impago de cantidades debidas en concepto de gastos comunes de Comunidades de propietarios de inmuebles urbanos.

 

La petición se debe hacer ante el Juez del domicilio del deudor, si queréis acceder a un modelo de petición inicial de juicio monitorio.

 

En este escrito inicial se deberá indicar los datos de la persona que reclama y frente a la  que se plantea la reclamación, exponiendo los motivos de la misma y acompañando los documentos que muestran la realidad de la deuda.

 

La petición judicial se traslada a la persona o personas que se señalan como deudoras para que el plazo de 20 días paguen  o comparezca y alegue por escrito sucintamente las razones por las que no debe la totalidad o parte del importe reclamado.

 

Si el deudor no paga ni comparece se dictará resolución tras la que se podrán iniciar los trámites para el cobro del dinero debido.

 

Si se pagara la deuda terminará el proceso y si se opusiere a la reclamación, si esta es inferior a 6.000 euros se convocará a las partes a la celebración de un juicio verbal y si fuere superior el acreedor deberá presentar en un mes una demanda para que se tramite por Juicio Ordinario, salvo que se reclamen rentas debidas por el alquiler de una finca urbana, que en todo caso implicará la convocatoria a la celebración de juicio.

 

B) DEMANDA DE JUICIO VERBAL - HASTA 2.000 EUROS

 

En cualquier caso, independiente de la forma en la que podamos acreditar la realidad de la deuda, se pueden plantear las reclamaciones por importes inferiores a 2.000 euros, sin necesidad de valerse ni de abogado ni procurador.

 

Simplemente hay que relatar cómo se generó la deuda, acreditando su existencia por cualquier medio válido en derecho, expresando que la misma no ha sido abonada en el tiempo acordado por el deudor. Tras ello, se convocará a las partes a un juicio sin que sea preciso que acudan acompañados de Letrado, aunque es conveniente.

 

Si el Juez estimara la pretensión declarará la existencia de la deuda (total o parcial) finalizando una vez firme la resolución el proceso.

 

Es por tanto un mero proceso declarativo siendo preciso instar posteriormente la ejecución de ese pronunciamiento para que se proceda al embargo de bienes y al cobro efectivo de la cantidad debida.

 

C) EJECUCIONES DE RESOLUCIONES O SENTENCIAS DE CONDENA POR IMPORTE INFERIOR A 2.000 EUROS.

 

También podrán los particulares plantear las ejecuciones de importes inferiores a 2.000 euros reconocidos por resoluciones judiciales o arbitrales.

 

Hay que tener en cuenta que las demandas ejecutivas suelen plantearse por la deuda declarada previamente incrementada en un 30%, cantidad por la que se despacha ejecución. Este importe no puede superar los 2.000 euros ya que en caso contrario requerirán la asistencia letrada y representación por procurador.

 

En el proceso ejecutivo lo que se hace, básicamente, es indagar en el patrimonio del deudor para buscar salarios, rentas, bienes u otros derechos que puedan servir para abonar al acreedor la suma debida más los intereses que se hallan generado, más los gastos y costas en los que ha debido incurrir.

 

Hay que dejar pasar 20 días desde la firmeza del pronunciamiento que declaró la existencia de la deuda.

 

 

 

 

 (*******)

Información sobre Reclamación de Deudas 

(*******)

En los tiempos que corren muchas personas y empresas pasan aunténticas dificultades económicas al no conseguir cobrar el dinero que les deben. En algunas ocasiones el deudor no puede atender el pago, en otras esa supuesta incapacidad es ficticia, al ocultarse deliberadamente los bienes y rentas, intentando con ello eludir sus obligaciones.


En ningún caso debe darse por perdido el crédito, siendo conveniente iniciar cuanto antes las gestiones extrajudiciales y/o judiciales para lograr el abono de las sumas debidas.

 

No podemos pasar por alto que bastantes personas o empresas se encuentran en situación de insolvencia, pero ello no ha de implicar que se renuncie al crédito, dado que en el futuro la capacidad económica del deudor puede cambiar, lo que posibilitará el cobro de lo debido, más los correspondientes intereses y las costas de su reclamación judicial.

 

Es complicado que los morosos puedan ocultar siempre sus bienes, pues probablemente algún día encuentren un trabajo por cuenta ajena, reciban una herencia, adquieran un vehículo o cambie su suerte, lo que supondrá en caso de haber reclamado la deuda judicialmente que ésta tenga preferencia sobre otros créditos similares que se hayan planteado con posterioridad.

 

Instando la reclamación judicial, aunque se sepa que a corto plazo sea complicado conseguir embargar bienes, nos abre una vía de averiguación patrimonial que oportunamente utilizada permitirá encontrar en el furuto salarios, rentas o bienes que puediera llegar a tener.

 

A través del Juzgado podrémos acceder a las bases de datos de Hacienda, Seguridad Social, Tráfico, Bancos, Entidades Financieras y otras, tanto de gestión publica como privada, en las que pueden quedar registradas operaciones de contenido patrimonial. Para ell debe ser instada judicialmente la oportuna demanda ejecutiva.

 

Por menos de lo que crees iniciaremos las acciones extrajudiciales y judiciales para el cobro de la deuda y si inicialmente el deudor es insolvente, periódicamente solicitaremos del Juzgado que efectue las necesarias indagaciones patrimoniales para determinar si la capacidad del ejecutado ha mejorado.  

oo

 

Reclamación de Deudas

Reclamación de Deudas - Impagos - Información / Abogados Expertos 

   Abogados Expertos

Abogados Expertos en Reclamaciones de Deudas

91.530.96.95

Más informaión >>> 

 

Solicitar presupuesto para reclamar una deuda

Presupuestos sin Compromiso

 

Hay que tener presente que la mayoría son deudas de carácter personal, con un plazo de prescripción de 15 años, por lo que no conviene descartar a priori el éxito de la acción aunque haya pasado mucho tiempo, es más cuando son varios años los pasados desde que debió abonarse el dinero se suele coger desprevenido al deudor.

 


 

Abogados Expertos Abogados Expertos en Toda España

Consulta Gratuita

Consulta Gratuita a un Abogado Presupuestos sin Compromiso Pedir presupuesto a un Abogado

 

 


 


Estás Aquí: Esplugues de Llobregat Mostrando articulos por etiqueta: Abogados de Impagos en Madrid

 

           QuieroAbogado en

             Redes Sociales

 Google +

Google+

  

Twitter

Twitter

   

Facebook

Facebook

   

alta-de-abogados-en-quieroabogado

Más de 200 Abogados Colaboradores

                ¡Síguenos!                      Altas limitadas a 500 letrados