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La mayoria de las personas afectas por patologías que merman su capacidad laboral, permanecen en situación de baja por Incapacidad Temporal un periodo que puede llegar a alcanzar los 18 meses. Una situación angustiosa de por si, que empeora cuando el INSS, tras esa larga baja emite el alta de los pacientes de forma casi sistemática sin entrar a valorar el alcance las limitaciones y secuelas padecidas.


Sabemos que detrás de ese tipo de decisiones se esconden probablemente motivos puramente económicos y presupuestarios.


Si enfrentarse a un proceso judicial es penoso en la gran mayoría de los supuestos, en casos en los que se pide una ayuda en forma de pensión por no poder realizar la actividad laboral que se venía ejerciendo, la desdicha se multiplica por diez, pues la persona imposibilitada, con el ánimo debilitado por las dolencias que sufre, comprueba que el Estado en lugar de prestarle el amparo esperado y necesario en esos complicados momentos, deniega casi sistemáticamente las solicitudes sin realizar un profundo y objetivo estudio de la reclamación que le es planteada.

Afortunadamente los Juzgados y Tribunales vienen corrigiendo el criterio austero que mantiene la Administración a la hora de reconocer prestaciones de Incapacidad Permanente pero para ello hay que plantear las demandas de forma fundada y sustentadas en informes médicos que acrediten las limitaciones del trabajador y su influencia en el ámbito laboral.


Es conveniente que, la propia solicitud realizada al INSS en reclamación de las prestaciones por Incapacidad Permanente, se sustente con informes médicos que reflejen de forma detallada las patologías padecidas y las limitaciones secuelas que estas generan en relación con las actividades laborales desempeñadas, o, en relación con cualquier actividad laboral. De esta forma, tendremos abierta incluso la posibilidad de que la solicitud planteada sea estimada en todo o en parte por la Seguridad Social y, en caso de denegarse, se habrá iniciado el camino idonéo para proseguir la batalla en el ámbito judicial.


Los abogados que tratamos habitualmente con personas enfermas sabemos lo mucho que significa y que implica tener una pensión que, al menos, les permita no tener que añadir la penuria económica a su complicada situación personal y, en muchas ocasiones, familiar.


Los procesos judiciales por Incapacidad Laboral, no suelen ser procesos sencillos. En muchas ocasiones hay que acudir a instancias judiciales superiores para lograr el resultado pretendido, pero he de reconocer que es impagable la satisfacción profesional que se siente cuando se ve que el esfuerzo empleado ha servido para que el cliente, que acudió un día desesperado al despacho obtenga, al menos, la tranquilidad que supone tener cubiertas una parte de sus necesidades económicas. No hay que olvidar, que este tipo de prestaciones no son ningún regalo de la Seguridad Social sino que son el resultado de las aportaciones realizadas por los trabajadores a lo largo de su vida laboral para cubrir esta tipo de contingencias.

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Vicente J Saiz Marco Abogado de Incapacidades
Por Vicente J. Saiz Marco - Abogado

 

 

Mi especialización en este campo vino en sus inicios determinado por la tramitación de un proceso de solicitud de Incapacidad Permanente en la persona de un familiar aquejado de Fibromialgia, Síndrome de Fatiga Crónica y Sensibilidad Múltiple, viviendo con ello en primera persona el sufrimiento, desasosiego y desánimo que acompañan al afectado y a su entorno, por eso dedico un apartado específico a estas enfermedades de Sensibilización Central.


Sabréis que ante una situación de Incapacidad para el desarrollo habitual del trabajo existe en primer lugar la vía de la Incapacidad Temporal con una duración máxima general de 18 meses y que se utiliza en aquellos casos en los que el trabajador padece limitaciones de carácter temporal y no definitivo. Dichos períodos de Incapacidad Temporal siempre se realizan con  el objetivo de recuperar la capacidad laboral. En el supuesto de que las limitaciones, consecuencia de la/s patologías padecidas tengan un carácter crónico o presumiblemente definitivo, o bien transcurrido el periodo máximo general de 18 meses no se haya alcanzado la capacidad laboral, nos situaríamos en el ámbito de la Incapacidad Permanente.


La Incapacidad Permanente está regulada en la vigente Ley General de Seguridad Social y contempla cuatro grados: Incapacidad Permanente Parcial, Incapacidad Permanente total para la profesión habitual, Incapacidad Permanente Absoluta para toda profesión u oficio y Gran Invalidez.(Ver artículo en este mismo Blog)


En el caso de trabajadores ( funcionarios públicos ) incluidos en MUFACE, el régimen jurídico aplicable es diferente a lo anterior, contemplándose exclusivamente la denominada Jubilación por Incapacidad Permanente.


Espero que el artículo os haya servido de ayuda.


Vicente Javier Saiz Marco, abogado especialista en Incapacidad Laboral.

 


 

Cualquier persona, ya sea por enfermedad común, profesional o por accidente laboral, que se encuentre incapacitado para el desarrollo de su oficio, profesión, o actividad laboral habitual, tiene todo el derecho a permanecer en situación de Incapacidad Temporal.

 

En caso de enfermedad debe acudir a su médico de cabecera y solicitar la baja o lo que viene siendo en términos legales, la Incapacidad Temporal, cuya duración máxima es de 12 a 18 meses. Si tras este periodo de tiempo, usted continua incapacitado para incorporarse nuevamente a su actividad laboral, habrá llegado el momento de plantearse la solicitud de una Incapacidad Permanente.

 

Es ahora, cuando debe de realizar una solicitud ante el INSS, reclamándole no sólo el reconocimiento de su Incapacidad Permanente, sino también la prestación que le corresponda.

 

Dicha solicitud ha de presentarse bien sustentada con informes médicos que reflejen las patologías que sufre, así como las secuelas y limitaciones a las que se enfrenta a la hora de desempeñar su actividad laboral con la eficacia mínimamente exigida.

 

Si el INSS deniega tal solicitud, su siguiente paso será interponer un Escrito de Reclamación Previa en contra de la decisión emitida por el INSS.

 

Si de nuevo, el INSS, rechaza dicho escrito, deberá  presentar una Reclamación Judicial, e interponer una demanda siempre de la mano de un abogado especialista en Incapacidad Laboral que le asesorará sobre los pasos a seguir sin temor a equivocaciones y de un médico perito  especialista, que avalará los informes que se presenten durante el proceso.

 

Si la demanda es estimada judicialmente y le es favorable, recibirá una prestación por Incapacidad Permanente según el grado que el Tribunal haya considerado oportuno: Incapacidad Permanente Parcial, Incapacidad Permanente Total, Incapacidad Permanente Absoluta o Gran Invalidez.

 

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Vicente J Saiz Marco Abogado de Incapacidades
Por Vicente J. Saiz Marco - Abogado

 

 

Cabe la posibilidad de que, una vez reconocido y tras un período de tiempo, su grado de incapacidad sea revisado ya sea, por motivo de mejora o por agravamiento.

Dichas revisiones de grado son efectuadas por la Seguridad Social.

 


 

 

Los procesos de Incapacidad Temporal ya se regirán por un nuevo modelo que ha entrado en vigor ayer. A partir de ahora los médicos deberán estimar la duración de la baja, pudiendo esta clasificarse como muy corta (inferior a cinco días naturales), corta (de cinco a treinta días), media (de 31 a 61 días) y larga (cuando supere los 61 días). Para ello el facultativo podrá tener como referencia las tablas de duración óptima de las distintas patologías. Lógicamente, dependiendo de la evolución del paciente, la estimación de la duración de la baja podrá variar, ya sea para alargarla o para acortarla.

 

La novedad a destacar es para las bajas de duración muy corta en las que el facultativo podrá expedir el parte de alta junto al de la baja. Las otras modalidades de baja están sometidas a revisión programada de antemano. En cuanto a las bajas cortas y medias la primera revisión se realiza el séptimo día a contar desde la baja inicial, y para los procesos estimados como largos se hará el décimo cuarto día. Cuando la situación de baja supere los 365 días el control de la Incapacidad Temporal pasa a manos del INSS.

 

Cuando la contingencia que motive la baja sea común podrán expedir el alta los facultativos del Servicio Público de Salud o el médico Inspector del INSS.

 

Asimismo, las mutuas podrán solicitar el alta a la Inspección médica que tendrá que contestar en 5 días, en caso de que la Inspección deniegue el alta o no conteste, la misma petición ha de dirigirse al INSS que deberá dar respuesta en 5 días.

 

Cuando se trate de contingencias profesionales (accidente de trabajo o enfermedad profesional) será la mutua la que decida cuando tramitar el alta.

 

¿A quien afecta el nuevo sistema?

Este nuevo procedimiento se aplicará a las bajas de Incapacidad Temporal ya iniciadas y que no hayan superado los 365 días. En cuanto a la expedición de informes, en estos procesos se mantendrá la antigua regulación.

 

Asimismo, se someten a este nuevo modelo y sistema las bajas por recaída cuyo proceso de IT se hayan sido iniciados antes del 1 de diciembre de 2015 y la nueva baja sea posterior.

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Vicente J Saiz Marco Abogado de Incapacidades
Por Vicente J. Saiz Marco - Abogado

 

 

¿Qué obligaciones tienen los trabajadores con la empresa respecto a las bajas?

-          Presentar a la empresa copia de los partes de baja y confirmación dentro de los 3 días siguientes a su emisión

-          El plazo para presentar copia del parte de alta a la empresa es de 24h desde su emisión

 


 

 

En este supuesto, la trabajadora causa baja por Incapacidad Temporal el 20 de julio de 2011 con diagnóstico de Fibromialgia. Permanece en esta situación hasta que el 3 de agosto de 2012, después haber agotado los 365 días de IT, el INSS resuelve emitir alta. No estando de acuerdo con el alta presenta escrito de disconformidad. En contestación al citado escrito el INSS eleva a definitiva el alta, es decir, confirma que la trabajadora debe incorporarse a su puesto de trabajo. La fecha de efectos del alta es de 20 de agosto de 2012.

 

Mientras el INSS decidía sobre la manifestación de disconformidad, el 13 de agosto de 2012, la trabajadora causa nueva baja, pero esta vez con diagnóstico de Trastorno depresivo mayor sin recuperación interepisódica.

 

El INSS se opone a reconocer efectos económicos a la 2ª baja por considerar que se trata de la misma patología que en el primer proceso.

 

Brevemente hacemos referencia a la norma que regula las prestaciones por Incapacidad Temporal, lo que inevitablemente nos conduce al art. 131 Bis de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS). Este precepto legal en resumidas cuentas viene a señalar que cuando un paciente está de baja 365 días y después el INSS emite alta, la Entidad Gestora es el único organismo competente para emitir bajas posteriores por la misma patología durante los siguientes seis meses.

 

Sin embargo, aunque sea en los seis meses posteriores al alta, el Médico de Atención Primaria puede emitir bajas siempre que se trate de patologías diferentes. Y dichas bajas tienen efectos económicos.

 

Volviendo al supuesto que nos ocupa, la trabajadora permanece 12 meses de baja por Fibromialgia. La segunda baja que causa es por Trastorno Depresivo mayor. La Entidad Gestora resuelve no reconocer efectos económicos a esta segunda baja por considerar que es por la misma patología que la primera. La paciente presenta reclamación previa que resulta desestimada, ante lo cual interpone demanda en los Juzgados de lo Social solicitando el reconocimiento de efectos económicos de incapacidad temporal iniciada el 13 de agosto de 2012 por ser un proceso causado por una patología diferente al proceso inmediatamente anterior, restaurando el derecho vulnerado.

 

Para diferenciar ambas patologías acudimos a la Clasificación Internacional de enfermedades que nos proporciona los parámetros necesarios para acreditar que las patologías objeto de la actual controversia pertenecen a apartados diferentes y afectan a distintos aparatos y sistemas del cuerpo. Respecto al diagnóstico de Fibromialgia, esta patología se clasifica de forma generalizada dentro de las afectaciones del aparato musculo – esquelético y tejidos conectivo, mientras que el trastorno depresivo mayor se incluye genéricamente en los trastornos mentales.

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Vicente J Saiz Marco Abogado de Incapacidades
Por Vicente J. Saiz Marco - Abogado

 

 

El Juzgador de Instancia dicta sentencia favorable al trabajador basándose en jurisprudencia y en preceptos legales de la LGSS manifestando que la denegación de efectos económicos a la situación de baja médica debe basarse en un elemento objetivo que permita justificar la denegación de tales efectos, y no basarlo genéricamente en que se trataba de la misma o similar patología, o que se ha producido dentro de los ciento ochenta días posteriores a la baja anterior.

 

En definitiva, el juzgador considera probado que los dos procesos de baja son motivados por diferentes patologías, por lo que, estima las pretensiones de la trabajadora reconociéndole efectos económicos a la segunda baja de Incapacidad Temporal.

 

 

 Este proceso judicial ha sido defendido por el Letrado Vicente Javier Saiz Marco http://www.abogadoincapacidadpermanente.com/

 


 

 

Sentencia que estima las pretensiones del trabajador reconociendo que la segunda baja por Incapacidad Temporal tiene efectos económicos por tratarse de una patología diferente a la anterior

 

 

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Nuevo baremo de Accidentes de tráfico. Ley 35/2015, de 22 de septiembre, Reforma del Sistema para la Valoración de los daños causados como consecuencia de un Accidente de Tráfico.

 

Trás una larga espera, se ha publicado finalmente el baremo o sistema de valoración de los daños derivados de los accidentes de tráfico cuya entrada en vigor se producirá a partir del 1 de enero de 2016. 

 

El pasado día 23 de septiembre de 2015, se publicó en el BOE el esperado baremo para la valoración de los daños en accidentes de tráfico, el cual pretende un justo resarcimiento de los perjuicios sufridos por las víctimas y sus familias como consecuencia de un siniestro. Si bien, para el año 2015 no se ha publicado la actualización del mismo, debiendo aplicarse a los accidentes de tráfico ocurrido durante el 2015 el sistema establecido para el período de 2014 por Resolución de 5 de marzo  de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones por la que se publican las cuantías de las indemnizaciones por muerte, lesiones permanentes e incapacidad temporal que resultarán de aplicar durante el 2014 el sistema para valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación. (para ver pinchar aquí).

Hasta la fecha, la valoración de los daños causados como consecuencia de un accidente de tráfico venía recogido en el Anexo del Texto Refundido de la Ley de Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre

La nueva regulación del sistema de valoración, tiende a completar y/o cubrir de manera realista los graves perjuicios que supone para un lesionado las consecuencias del accidente, hasta el punto incluso de suponer un cambio en la vida diaria, como viene siendo en los grandes lesionados que llegan incluso a necesitar de la ayuda de una tercera persona para las tareas cotidianas. Con el anterior sistema de valoración, o  comúnmente denominado “baremo”, no se llegaba a indemnizar completamente las lesiones derivadas del accidente, sino que se aplicaba la escala dentro de un patrón común, aplicado a la generalidad, sin concretarse al caso concreto y sus circunstancias especiales. Así la nueva reforma pretende detallar cada partida indemnizatoria a percibir por el perjudicado-lesionado o por los perjudicados familiares y allegados del lesionado en caso de fallecimiento de éste.

Con la idea de que el perjudicado por el accidente de tráfico vuelva a su estado anterior al siniestro o lo más próximo posible, se han introducido una serie de novedades que el anterior “baremo” no contemplaba. Así destacamos las siguientes:

1º Se determina separadamente las indemnizaciones para los casos de muerte, incapacidad temporal y secuelas. En cada situación se diferencia entre el perjuicio personal básico, perjuicio particular y el perjuicio patrimonial.

Con el perjuicio personal básico se establecen una serie de mínimos por la que indemnizar al perjudicado. El perjuicio particular pretende completar la indemnización básica en el caso de que se den concretas circunstancias relacionadas con el fallecido o en su caso, con el lesionado.

Se introduce el concepto de perjuicio patrimonial, desarrollado en dos aspectos:el daño emergente y el lucro cesante. Figuras que no contemplaba el derogado sistema de valoración y que suponen toda una novedad para cuantificar la indemnización por estos conceptos de una manera personalizada al caso en cuestión; Así con el daño emergente se trata de cubrir todo gasto  derivado del accidente de tráfico bien por el lesionado, bien por los demás perjudicados, como son en los casos de muerte, el entierro y funeral, desplazamiento y traslado del fallecido…, en caso de secuelas, los futuros gastos médicos previsibles, gasto en prótesis, rehabilitación, traslados a las consultas médicas, adecuación de vehículo y otros medios de apoyo a la autonomía personal y la necesidad de ayuda  por tercera persona..., y en caso de incapacidad temporal, los gastos asistenciales en que se haya incurrido, desplazamientos necesarios, etc… donde la entidad aseguradora podrá cubrir el coste directamente con los servicios públicos de salud u otras entidades, a través de los convenios suscritos.

Respecto al lucro cesante, se supera el factor corrector contenido en el anterior sistema sobre la base de la indemnización, y se determina ahora una serie de conceptos a tener en cuenta para calcular los perjuicios económicos  que deriven de la nueva situación de lesionado/fallecido, además de las pérdidas netas de ingresos provenientes del trabajo personal.

2º Señalamos otros aspectos relevantes incluidos en la reforma del baremo, como los sigguientes:

-        - Se reconoce como perjudicado al miembro supérstite de la pareja de hecho estable, constituida mediante inscripción en un registro o que haya ha convivido un mínimo de 1 año inmediatamente anterior al fallecimiento o período inferior si tiene un hijo en común.

      - Obligación de la entidad aseguradora de hacer una oferta motivada dentro de los 3 meses desde el siniestro.

-         - Impone el deber  de colaboración del perjudicado para la peritación por los servicios médicos del eventual responsable.

-     -  Posibilidad de acordar con la entidad aseguradora el abono de  una renta vitalicia.

      -  Necesidad de acreditar la dependencia económica del fallecido/lesionado para poder concurrir como perjudicado  a indemnizar.

      -  Se indemniza el perjuicio moral sufrido por perdida de calidad de vida.

      -  Indemnización para ayuda de tercera persona en casos de grandes lesionados, muy graves o graves según la edad del lesionado y la hora de ayuda o trabajo.

     -  En el caso de lesiones temporales, se elimina el concepto de días impeditivos y no impeditivos, fijando un importe fijo por día de curación que podrá incrementarse si se dan circunstancias más graves. Lesión habitual de traumatismo cervical.

      -  Reconocimiento de las labores del hogar como trabajo no remunerado aplicándo el SMI anual, así como la pérdida de capacidad de trabajo para las personas menores de 30 años o estudiantes.

 

En definitiva, con la reforma operada en el baremo se pretende detalar pormenorizadamente cada concepto indemnizable y así el perjudicado obtendría una cuantía lo más reparadora posible dentro de sus circunstancias  concretas que han sido expresamente valoradas.

 

 

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En este caso nos encontramos con los siguientes antecedentes: trabajador que está de baja por Incapacidad Temporal (IT) desde 4 de marzo del 2008 hasta 16 de marzo de 2008, fecha en la que el INSS emite el alta médica tras agotar la duración máxima de 365 días de percepción del subsidio.

El trabajador recibe la resolución el 24 de marzo de 2009 mediante correo certificado y al día siguiente se incorpora a su puesto de trabajo.

El trabajador considera que los días que transcurren desde la emisión del alta hasta que él recibe de resolución, es decir, el periodo correspondiente desde el 17 de marzo hasta el 24 de marzo de 2009 ambos inclusive, han de ser abonados por el INSS.

 

El Juzgado de lo Social estima la pretensión del trabajador condenando al INSS a que abone las cantidades que corresponden a esos días. El INSS recurre ante el TSJ de Canarias. Este organismo confirma la anterior sentencia. La entidad gestora formaliza recurso de casación para la unificación de doctrina y el Tribunal Supremo de Madrid desestima el recurso en base a las siguientes consideraciones.

 

La sentencia concluye con la necesidad de abono del subsidio de incapacidad temporal hasta el momento de la notificación de la resolución administrativa correspondiente, porque solo a partir de este momento el trabajador debe incorporarse a su puesto de trabajo y, por tanto, sólo entonces tendrá derecho a lucrar el correspondiente salario. De ahí que la mayor o menor demora en la notificación de la resolución administrativa en la que se declara el alta médica no pueda perjudicar al beneficiario de la prestación.

 

Por tanto, la Sala, en interpretación de los artículos 128.1.a) y 131 bis 3 de la Ley General de la Seguridad Social, considera que el abono del subsidio debe mantenerse hasta la fecha de notificación de la resolución administrativa.

 

Hay que diferenciar dos supuestos:

-          Situación de baja por IT de más de 365 días SIN reconocimiento de prórroga por el INSS. En este caso, los efectos económicos de la prestación por IT se prorrogan hasta la fecha de la notificación de la resolución administrativa de alta.

-          Situación de baja por IT de más de 365 días CON reconocimiento de prórroga por un máximo de 180 días por la entidad gestora. En esta ocasión, se presupone que durante el tiempo de prórroga se emitirá el alta ya sea por reconocimiento de Incapacidad permanente, ya sea por curación. Por tanto, la prestación de IT se prorroga hasta la fecha de la resolución del alta.

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Vicente J Saiz Marco Abogado de Incapacidades
Por Vicente J. Saiz Marco - Abogado

 


Además, recordamos que el paciente que no esté de acuerdo con el alta emitido tras los 12 meses de baja por IT puede presentar escrito de disconformidad ante la Inspección médica en el plazo de 4 días. Posteriormente, si en el plazo de 7 días el trabajador no recibe contestación a su pedimento se entiende que el alta adquiere plenos efectos y que el subsidio de IT se prorroga hasta este momento.

Por otro lado, para impugnar el alta en vía judicial, el trabajador tiene el plazo de 20 días para presentar demanda ante los Juzgados de lo Social de la provincia en la que resida.

Si se encuentra en alguna de estas situaciones y necesita asesoramiento legal no dude en contactar con nosotros.

 


 Sentencia de la Sala Social del Tribunal Supremo de 2 de diciembre de 2014

 

 

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Se aporta extracto de la sentencia  de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo nº 4450/2013 , rec: 2988/2012, en relacion a la prolongación de efectos de la situación de incapacidad temporal  por agotamiento del plazo maximo  de 545 dias  hasta la resolucion por parte de la entidad gestora del expediente de incapacidad permanente  aunque no resulte estimatorio para el trabajador.

La problematica se suscitaba en relación a que la valoración de la capacidad laboral residual debe realizarse en el plazo máximo de 3 meses  y la demora no puede suponer un perjuicio para el trabajador por lo que se prolongan los efectos hasta la resolución  del expediente.

 



SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a ocho de Julio de dos mil trece.


ANTECEDENTES DE HECHO

 

 

PRIMERO.- Con fecha … el Juzgado de lo Social nº 39 de Madrid dictó sentencia, en la que se declararon probados los siguientes hechos: "

 

1º.- La demandante Dña. Paula , con DNI .. , nacida el …-52, afiliada a la Seguridad Social RETA, con el nº…, de profesión habitual autónoma titular de una peluquería, en fecha…, inició proceso de incapacidad temporal derivado de enfermedad común, con diagnóstico de carcinoma de células renales, siendo intervenida con nefrectomía radical derecha.

 

 2º.- Por resolución de fecha 09-06-10 se acordó dar de alta a la demandante, con efectos de 16-06-10, presentando la actora contra la citada resolución, escrito de reclamación previa el 16-07-10, que fue desestimado por resolución de fecha 25-08-10.

 

3º.- La demandante de 57 años de edad en la fecha del alta presenta las siguientes patologías: antecedentes de carcinoma de células renales, siendo intervenida con nefrectomía radical derecha, hernia de hiato, gastritis, síndrome ansioso depresivo reactivo, ITU, bulbitis leve no erosiva, tendinitis extensores del 2º dedo, dedo de la mano derecha, esguince de tobillo derecho y traumatismo de tórax izquierdo leve.

 

4º.- La base reguladora diaria de la prestación que se solicita asciende a 27,78 euros y periodo del 17-06-10 al 02-11-10".

En dicha sentencia aparece la siguiente parte dispositiva: "Estimando la demanda interpuesta por Dña. P..., frente al Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Tesorería General de la Seguridad Social, sobre impugnación de alta médica y declaración de incapacidad temporal, debo declarar improcedente el alta médica de fecha 16-06-10, y el derecho de la actora al percibo de la prestación equivalente al 75%, sobre una base reguladora diaria de 27,78 euros y período desde la fecha del alta 17-06-10, hasta el 02-11-10, condenando a las demandadas a pasar por esta declaración".



SEGUNDO.- La citada sentencia fue recurrida en suplicación por DOÑA P… ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la cual dictó sentencia en fecha 25 de julio de 2012 , en la que consta el siguiente fallo: "Que estimando parcialmente el recurso de suplicación interpuesto por Dª …contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 39 de Madrid, de fecha nueve de junio de dos mil once , debemos revocar y revocamos la sentencia de instancia y, en consecuencia, debemos declarar el derecho al pago del subsidio de incapacidad temporal hasta el 2 de marzo de 2011, confirmando la sentencia en el resto de sus pronunciamientos.".

 

 

TERCERO.- Por la representación de DOÑA P… se formalizó el presente recurso de casación para la unificación de doctrina que tuvo entrada en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 13 de noviembre de 2012. Se aporta como sentencia contradictoria con la recurrida la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en fecha 15 de julio de 2002.



CUARTO.- Con fecha 12 de febrero de 2013 se admitió por esta Sala a trámite el presente recurso, dándose traslado del escrito de interposición y de los autos a la representación procesal de la parte recurrida para que formalice su impugnación en el plazo de quince días.



QUINTO.- Evacuado el traslado de impugnación por el Ministerio Fiscal se emitió informe en el sentido de considerar el recurso IMPROCEDENTE, e instruido el Excmo. Sr. Magistrado Ponente se declararon conclusos los autos, señalándose para votación y fallo el día 2 de julio de 2013, fecha en que tuvo lugar.



FUNDAMENTOS DE DERECHO



PRIMERO.- La cuestión planteada en el presente recurso de casación para unificación de doctrina, consiste en determinar cuándo se agota la prestación por incapacidad temporal o mejor dicho, cuando se extingue el derecho al subsidio por incapacidad temporal prorrogado por el transcurso del plazo máximo para su duración.

El problema ha sido resuelto de forma distinta por la sentencia recurrida y por la que se contrapone a ella, a efectos de acreditar la existencia de contradicción doctrinal que viabiliza el recurso, conforme al artículo 219 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (L.J.S.). La sentencia recurrida ha entendido que, conforme al artículo 131-bis-2 de la L.G.S.S ., pasados 545 días de baja temporal, el derecho cuestionado se extingue por el transcurso de tres meses, sin que proceda prorrogar esa situación, hasta los 730 días, cuando no se haya probado que continúa la necesidad de recibir tratamiento por la expectativa de mejora o recuperación. La sentencia de contraste, dictada el 15 de julio de 2002 (R.S. 910/2000) por el T.S.J. de Galicia ha estimado que los efectos económicos de la incapacidad temporal prorrogada se prolongan hasta que se dicta la resolución administrativa que valora la capacidad laboral residual del afectado y lo declara, o no, en situación de incapacidad permanente.

La contradicción existe porque la misma cuestión, fecha de extinción del derecho al subsidio de incapacidad temporal cuando la baja laboral dura 545 días ha sido estudiada por las sentencias comparadas y resuelta de forma diferente, pese a ser el supuesto de hecho similar: baja laboral que perdura más de año y medio.

Cierto que la normativa aplicable en el caso de la sentencia de contraste (baja laboral producida en el año 1996) ha cambiado con relación a la aplicable en el caso de la recurrida, pero el cambio no es relevante a los efectos que nos ocupan: duración del subsidio prorrogado por el paso de 545 días. En efecto, la redacción del art. 128-1-a) de la Ley General de la Seguridad Social, según la redacción que le dio la Ley 42/1994, es similar a la que ese artículo dio la Ley 40/2007, pues sólo cambia que en un texto el plazo de duración se fija por meses y en otro por días. Lo mismo puede decirse del artículo 131-bis, números 2 y 3 de la L.G.S.S . en la redacción que les dieron las leyes citadas, porque en lo que respecta al agotamiento del plazo máximo del art.128-1 y a la prórroga del subsidio, conforme al primer párrafo del nº 3 del citado artículo 131-bis, la normativa aplicable no ha experimentado cambios relevantes. Finalmente, tampoco es relevante el hecho de que en el caso de la sentencia recurrida se pidiera que se mantuviese la situación de incapacidad temporal hasta la recuperación, pues, alternativamente, se pidió su mantenimiento hasta la calificación de la incapacidad permanente, pretensión coincidente con la formulada por el actor en el caso de la sentencia de contraste.

Procede, por tanto, entrar a conocer del fondo del asunto y a unificar la disparidad doctrinal existente.



SEGUNDO.- El recurso alega la infracción del artículo 131-bis de la L.G.S.S . y de la jurisprudencia que lo interpreta, al entender la recurrente que el subsidio de incapacidad temporal debió prorrogarse, pasados 545 días de la baja, hasta el dictado de la resolución administrativa calificando la existencia o no de incapacidad permanente.

La controversia doctrinal ya ha sido unificada por esta Sala que ha considerado más correcta la doctrina contenida en la sentencia de contraste en sus sentencias de 1 de diciembre de 2003 (Rcud. 3569/2002 ), 23 de noviembre de 2011 (Rcud. 1422/2011 ), 7 de diciembre de 2011 (Rcud. 1499/2011 ), 6 de febrero de 2012 (Rcud. 1995/2011 ) y 1 de marzo de 2012 (Rcud. 2265/2011 ) en las que se ha resuelto que el subsidio cuestionado se prorroga, pasados 545 días de la baja, hasta la calificación de la incapacidad permanente, aún cuando se acabe declarando la inexistencia de incapacidad permanente en grado alguno.

Esa solución se funda, como se dice en la primera de las sentencias citadas, en que: "El problema surge cuando, agotado el plazo máximo, la calificación de la situación a efectos del eventual reconocimiento o denegación de una incapacidad permanente no se ha producido. En este caso se abren tres posibilidades:

 

1ª) extinguir la incapacidad temporal y finalizar el pago del subsidio, aunque el trabajador quede sin protección,

 

2ª) mantener la prórroga de la incapacidad temporal y continuar abonando el subsidio hasta que se produzca la calificación, momento en que se extinguirá efectivamente la incapacidad temporal, con reconocimiento o no de una incapacidad permanente, y

 

3ª) otorgar la protección por incapacidad permanente desde el momento de la terminación del plazo de los treinta meses, aunque no exista calificación administrativa en atención alo que dispone el párrafo cuarto del artículo 136.1 de la Ley General de la Seguridad Social , a tenor del cual "también tendrá la consideración de invalidez permanente, en el grado que se califique la situación de incapacidad que subsista después de extinguida la incapacidad temporal por el transcurso del plazo máximo de duración señalado para la misma en el apartado a) del número 1 del artículo 128".

"La primera opción, debe excluirse, porque sería contrario a los fundamentos del sistema excluir la protección de una situación de necesidad por el hecho de que las entidades encargadas de iniciar el procedimiento de calificación de la incapacidad permanente (el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el servicio público de salud competente y la mutua, de conformidad con los artículos 4 del Real Decreto 1300/1995 y 3 y 5 de la Orden de 18 de enero de 1996) no lo hayan hecho, sin que la posibilidad de que el interesado pueda instar esa calificación justifique el desplazamiento hacia él de los efectos de esa omisión, especialmente cuando se ha aplicado la prórroga extraordinaria de la incapacidad temporal para poder efectuar una calificación más ajustada a la situación clínica del interesado".

"Tampoco puede aplicarse la tercera solución, porque la misma no es automática, sino que requiere un acto de calificación, como se desprende de la propia naturaleza de la prestación de incapacidad permanente que, a diferencia de lo que sucede con la incapacidad temporal varía en función del grado reconocido, y porque así lo dispone el artículo 136.1.4º de la Ley General de la Seguridad Social; norma que se refuerza en el segundo inciso de ese párrafo cuando señala que ese paso a la situación de incapacidad permanente no se producirá en el supuesto previsto "en el segundo párrafo del número 1 del artículo 131.bis, en el cual no se accederá a la situación de invalidez permanente hasta tanto no se proceda a la correspondiente calificación".

 

Esta solución supondría además la aplicación del procedimiento de calificación con el plazo de resolución que hoy prevé el Real Decreto 286/2003; demora que lógicamente debería excluirse si ya no se abonan las prestaciones de incapacidad temporal".

"Por ello, la solución más conforme a las finalidades de la norma es la de entender que también en el supuesto de superación del plazo máximo de la prórroga extraordinaria se aplica la regla del párrafo tercero del número 3 del artículo 131. bis de la Ley General de la Seguridad Social , que prevé que "en los supuestos a que se refiere el segundo párrafo del apartado precedente, los efectos de la situación de incapacidad temporal se prorrogarán hasta el momento de la calificación de la incapacidad permanente, en cuya fecha se iniciarán las prestaciones económicas de ésta". Es cierto que el párrafo segundo del número 2 del artículo 131.bis fija un plazo máximo de treinta meses. Pero, como ya se ha dicho, ese plazo se concede para que en él se proceda a la calificación de la incapacidad permanente. Por otra parte, es importante poner de relieve que la regla del artículo 131.bis.3.3º sobre el plazo máximo no va dirigida al interesado, que ningún poder tiene en el procedimiento de calificación, sino a la entidad gestora, que es la que tiene que realizar la calificación, que "podrá retrasarse por el período preciso", pero sin rebasar "en ningún caso" los treinta meses mencionados.

No es el trabajador el que ha incumplido la norma y no debe, por ello, sufrir las consecuencias de la demora en la calificación, sin perjuicio de las responsabilidades de compensación que pudieran producirse entre la gestora y la mutua, como consecuencia del retraso y de la imputación de la causa del mismo”.".

Esta doctrina nos obliga a estimar el recurso en aras a la seguridad jurídica, al no ofrecerse razones que justifiquen un cambio de criterio, porque lo que quiere la norma es que se examine necesariamente la capacidad laboral residual del incapacitado, cuando su baja temporal supera los 545 días, calificación que debe hacerse en el plazo máximo de tres meses, plazo, imperativo para la Entidad Gestora, cuyo transcurso no supone el fin de la prórroga del derecho al subsidio, prórroga que continúa hasta que se dicta la oportuna resolución, por cuanto de la literalidad del precepto no se deriva que su transcurso beneficie a quien incumplió el plazo establecido en la Ley.

 

Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

 

FALLAMOS

 

Estimamos el recurso de casación para unificación de doctrina interpuesto por el Letrado Don…en nombre y representación de DOÑA Paula contra la sentencia dictada el … por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en recurso de suplicación nº… , interpuesto contra la sentencia de fecha… , dictada por el Juzgado de lo Social nº  de Madrid , en autos núm…. , seguidos a instancias de DOÑA … contra INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, SERVICIO PÚBLICO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE MADRID. Debemos casar y anular la sentencia recurrida y resolver el debate planteado en suplicación en el sentido de estimar el recurso de esa clase interpuesto por la actora en el particular relativo a que el subsidio por incapacidad temporal que percibía en diciembre de 2010 se prorrogue hasta la calificación de su capacidad laboral residual, hasta que se califique en vía administrativa si se encuentra afecta o no de incapacidad permanente, con expresa condena al INSS al pago de la prestación señalada. Sin costas.

Devuélvanse las actuaciones al Órgano Jurisdiccional de procedencia ,con la certificación y comunicación de esta resolución.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- En el mismo día de la fecha fue leída y publicada la anterior sentencia por el Excmo.

Sr. Magistrado D. … hallándose celebrando Audiencia Pública la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario de la misma, certifico.

 


Aportamos dos sentencias que obligan al INSS a proceder al abono de las prestaciones por incapacidad temporal (I.T.) a los trabajadores a los que previamente se les había denegado la prestación, por considera que la nueva baja de I.T. tenia como origen la misma o similar patología que el proceso de baja de I.T. anterior. Los tribunales corrigen esa tendencia por considera que el INSS no puede limitarse a denegar una nueva situación de I.T. con los efectos pertinentes sin examinar la enfermedad y su relación con la capacidad para el trabajo. En este sentido dice el Tribunal Supremo interpretando el párrafo segundo del número 1 del art. 131 bis LGSS, que la facultad que le otroga al INSS en estos casos el art. 131bis LGSS no puede ser discreccional sino que ha de basarse en la intervención previa del órgano evaluador competente, pero esa intervención no ha de producirse a los meros efectos de ratificar que se trata de la misma o similar patología en los dos procesos de incapacidad temporal sino que debe basarse en un elemento objetivo que permita justificar la denegación de tales efectos.

 


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Información sobre Derecho Laboral 

 

 

 

 


 

 

 

La Secretaria de Estado de la Seguridad Social dependiente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha publicado datos relativos al número de pensiones reconocidas de incapacidad permanente desde el año 2003 hasta agosto de 2013, haciendo referencia tanto a nº de pensiones reconocidas como al importe de las mismas.

 

Se aportan datos globales a nivel nacional y datos  por Comunidades Autónomas.

 

Esperamos que la información aportada sea de su interés.

 

 

INCAPACIDAD PERMANENTE
AÑO Nº PENSIONES IMPORTE MENSUAL DE LA NÓMINA  (en miles de euros) % VARIACION ANUAL 
2003 803.077 514.330 7,4
2004 827.470 555.101 7,9
2005 845.960 594.274 7,1
2006 877.996 646.538 8,8
2007 902.901 691.131 6,9
2008 911.873 734.719 6,3
2009 930.881 778.064 5,9
2010 936.895 800.118 2,8
2011 942.883 823.333 2,9
2012 943.021 840.196 2
ene-12 941.490 831.385
feb-12 940.819 831.300
mar-12 942.980 834.194
abr-12 944.396 836.430
may-12 944.431 837.146
jun-12 944.794 838.502
jul-12 945.470 839.841
ago-12 944.889 839.768
sep-12 943.297 838.617
oct-12 941.629 837.527
nov-12 942.332 838.762
dic-12 943.021 840.196
ene-13 940.843 850.890
feb-13 936.816 847.866
mar-13 936.087 847.719
abr-13 935.644 847.873
may-13 935.261 848.406
jun-13 935.451 849.175
jul-13 935.220 849.505
ago-13 935.113 849.819 1,2

 

 

 

Sentencia que refleja la posibilidad de dar efectos plenos a una nueva baja médica siempre que se trate de una una patologia diferente a un anterior proceso de incapacidad temporal aunque la Inspeccion de los Servicios Sanitarios de la Seguridad Social haya reconocido el alta médica en el anterior proceso de incapacidad temporal

 

 

ANTECEDENTES DE HECHO

 

 


PRIMERO.- Con fecha ..., el Juzgado de lo Social núm.  de Valencia, dictó sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: Que debo desestimar y desestimo la demanda formulada por Fernando, contra el INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, absolviendo a éste de las pretensiones deducidas en su contra.


En dicha sentencia se declararon probados los siguientes hechos:

 

1º.- El demandante Fernando, con DNI ..., afiliado al Régimen de Autónomos de la Seguridad Social, causó baja el por "Lumbago ", siendo dado de alta por la Inspección de Servicios Sanitarios el 22.04.08.-

 

2º.- El ...  fue dado de baja por su médico de cabecera por "Degeneración macular y del polo posterior".- Solicitado por la actora el correspondiente subsidio deincapacidad temporal , el INSS resolvió denegar la prestación porque la baja de 4.09.08 no fue expedida por la Inspección Sanitaria; tras haber informado dicha Inspección al INSS que dicho proceso no era por la misma causa que el anterior de 22.04.08 y la baja "no ha sido autorizada por esta Inspección".-

 

3º.- Contra dicha resolución formuló el demandante la correspondiente reclamación previa, que fue desestimada por resolución de ... , en aplicación de lo previsto en la O.M. de 21 de marzo de 1974.-

 

4º.- La Base Reguladora de la prestación, si esta fuera reconocida, es la de ... Eur. mensuales mantenida en juicio por el INSS, con la que se mostró conforme la parte actora.-

 

5º.- La Doctora Reyes, médico de cabecera del demandante, que expidió la baja de ..., prestó asistencia médica al Sr. Fernando hasta el mes de enero siguiente, en que éste le solicitó el alta voluntaria, pues no estaba percibiendo prestación de I.T. (Prueba testifical-pericial ...).- El demandante recibió asistencia médica de su dolencia ocular en la Fundación Optalmológica del Mediterráneo, hasta el .... (Docs. 14 al 18 parte actora).

 

 

SEGUNDO.- Interpuesto recurso de suplicación contra la anterior resolución, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, dictó sentencia con fecha ..., en la que consta la siguiente parte dispositiva: Que estimando parcialmente el recurso de suplicación interpuesto en nombre de Fernando contra la sentencia del juzgado de lo social número ..., debemos revocar y revocamos la misma y, estimando parcialmente la demanda inicial, debemos condenar al INSS al pago del subsidio de incapacidad temporal desde el ... hasta que concurra causa legal de extinción, sobre una base reguladora de 1.723,68 Eur. mensuales.

 

 

TERCERO.- Contra la sentencia dictada en suplicación ... , se formalizó, por la representación procesal del Instituto Nacional de la Seguridad Social el presente recurso de casación para la unificación de doctrina, que tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal Supremo, el día ..., alegando la contradicción existente entre la sentencia recurrida y la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de fecha ...así como la infracción de lo establecido en los arts. 1 y 2 de la Orden de 21 de marzo de 1974, en relación con el art. 128.1 de la LGSS ... y la aplicación indebida de lo dispuesto en el Real Decreto 575/97, de 18 de abril ... y Real Decreto 1117/98, de 5 de junio ... .

 

 

CUARTO.- Por providencia de esta Sala de ..., se admitió a trámite el presente recurso, dándose traslado del mismo a la parte recurrida para que formalizara su impugnación en el plazo de diez días.

 

 

QUINTO.- Evacuado el trámite de impugnación, se dio traslado al Ministerio Fiscal para informe, dictaminado en el sentido de considerar procedente la desestimación del recurso, e instruido el Excmo. Sr. Magistrado Ponente, se declararon conclusos los autos, señalándose para la votación y fallo el .... Se han cumplido en la tramitación del presente recurso las exigencias legales, salvo la relativa al plazo para dictar sentencia dada la complejidad y transcendencia del presente asunto.

 


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 

PRIMERO.- La cuestión que ha de resolverse en el presente recurso de casación para la unificación de doctrina consiste en determinar si la Orden de 21 de marzo de 1.974, en el actual marco normativo, exige para obtener prestaciones por incapacidad temporal que, en aquellos casos en los que el asegurado las obtuvo por una baja derivada de una determinada patología y es dado de alta por los Servicios Autonómicos de la Inspección Médica, sean éstos únicamente quienes puedan cursar nueva baja médica para obtener nuevas prestaciones cuando el segundo proceso patológico es distinto del inicial.
El supuesto del que conoció el Juzgado de lo Social número 13 de los de Valencia se puede resumir de la siguiente forma, tal y como se describe en los hechos probados de instancia:


a) El demandante, nacido el día ..., está afiliado a la Seguridad Social en el Régimen de Trabajadores Autónomos, habiendo sido dado de baja derivada de enfermedad común por los Servicios Médicos correspondientes en fecha ..., con el diagnóstico de "lumbago ", percibiendo las correspondientes prestaciones.

b) Con efectos del ... fue dado de alta por la Inspección de los Servicios Sanitarios de la Generalidad Valenciana.

c) El ..., fue nuevamente dado de baja por su médico de cabecera, con el diagnóstico de "degeneración macular y del polo posterior" y también por enfermedad común.

d) Solicitadas las prestaciones por incapacidad temporal , el INSS resolvió denegar la prestación porque la segunda baja, la de ... no había sido expedida por la Inspección que había extendido el alta en su día.

e) La Dirección Provincial del INSS dictó resolución denegatoria en fecha ..., rechazando que esa nueva baja produjese efectos económicos porque "no ha sido expedida por la Inspección Sanitaria correspondiente, en cumplimiento de los dispuesto en la disposición adicional primera del Real Decreto 1117/98, de 5 de junio ".

f) Interpuesta reclamación previa, se desestimó en nueva resolución de ..., en la que se citaba como fundamento de derecho la Orden de 21 de marzo de 1.974.

 

 

SEGUNDO.- Formulada demanda, el Juzgado de lo Social número 13 de los de Valencia desestimó las pretensiones del actor, aplicando la literalidad de la Orden de 21 de marzo de 1.974. Recurrida en suplicación, la de lo Social del Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana, en la sentencia de fecha  que hoy se recurre en casación para la unificación de doctrina  , estimó el recurso de trabajador y reconoció el derecho a las prestaciones de incapacidad temporal postuladas, argumentando para ello que la Orden de 21 de marzo de 1974 podría entenderse sustituida tácitamente por lo dispuesto en normas posteriores de superior rango, como el Real Decreto 1117/1998  que modificó el Real Decreto 575/1997  , en cuya disposición adicional primera se regula el mecanismo de expedición de bajas médicas cuando previamente se haya expedido el alta médica por "los servicios médicos del Instituto Nacional de Seguridad Social", estableciendo en esencia que cuando el alta haya sido expedida por los servicios médicos adscritos al INSS, éstos serán los únicos competentes, a través de la Inspección Sanitaria del correspondiente Servicio Público de Salud, para emitir una nueva baja médica en la situación de IT si aquélla se produce en un plazo de 180 días siguientes a las citada alta médica por la misma o similar patología. Estructura y contenido de regulación que se mantiene -se afirma en la sentencia- en la Ley 40/2007 que da redacción el art. 128 de la LGSS. Conjunto normativo que incide en la interpretación que haya de hacerse de la Orden discutida, teniendo en cuenta también, se dice literalmente en la sentencia recurrida "el contexto temporal en el que ha de situarse la interpretación de las normas. Y ello por cuanto la "inspección de servicios sanitarios" a que alude el artículo 2 de la Orden examinada está concebida para una estructura de la Seguridad Social preconstitucional distinta a la actual, en la que las competencias en materia sanitaria están en buena medida transferidas a las Comunidades Autónomas".

 

 

TERCERO.- Frente a la referida sentencia de la Sala de la Comunidad Valenciana , recurre el Instituto Nacional de la Seguridad Social en casación para la unificación de doctrina, denunciando la infracción de los artículo 1 y 2 de la Orden de 21 de marzo de 1.974, en relación con el artículo 128.1 de la LGSS  y la aplicación indebida de lo dispuesto en el R.D. 575/1997 , proponiendo como sentencia de contraste la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de ..., en la que se resuelve un supuesto que guarda en relación con el que se abordó en la sentencia recurrida la identidad sustancial de hechos, fundamentos y pretensiones que exige el artículo 217 de la LPL para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina.
Al igual que en la sentencia recurrida , en la de contraste se trataba de un trabajador autónomo que inicia un primer proceso deincapacidad temporal por lumbalgia , que es dado de alta por los Servicios de la Inspección Médica y que unos días después obtiene una nueva baja extendida por los Servicios Médicos del SERGAS, en la que consta como diagnóstico el de "síndrome depresivo". Las prestaciones de incapacidad temporalse le denegaron porque, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 1 y 2 de la Orden de 21 de marzo de 1.974, en los casos en los que el alta se produce por la Inspección Médica, la nueva baja sólo compete extenderla a la propia Inspección Médica, y no a los Servicios de Salud.
Como puede verse, en ambas sentencias y desde hechos prácticamente iguales, ante la pretensión de aplicación de la misma norma, la Orden de 21 de marzo de 1.974, las dos resoluciones llegan a soluciones contrapuestas, pues mientras la recurrida estima que el bloque normativo antes citado la deroga tácitamente, en la de contraste se aplica en plenitud para denegar la prestación solicitada.
Procede en consecuencia que la Sala entre en el fondo de la cuestión suscitada y señale la doctrina que resulte ajustada a derecho, tal y como se exige en los artículo 217 y 226 de la LPL. 

 

CUARTO.- La cuestión planteada, tal y como se ha dicho antes, queda entonces referida a determinar si la Orden de 21 de marzo de 1.974 (BOE número 94, de 19 de abril, disposición número 8069, página 7993) por la que se regulan determinadas funciones de la Inspección de Servicios Sanitarios de la Seguridad Social en materia de altas médicas, continúa vigente en toda su expresión literal o cuando se trata de patologías distintas esa norma se ha visto afectada o derogada parcialmente por disposiciones posteriores.
No obstante, antes de traer aquí el texto íntegro de la norma conviene decir que esa disposición se enmarca como regulación complementaria y necesaria de lo que se dispone en otra Orden de la misma fecha, 21 de marzo de 1.974, publicada en el mismo BOE 94, de 19 de abril, cuyo número de orden es el 8068 (página BOE 7992), disposición por la que se modifican los artículos 17, 18 y 19 de la Orden de 13 de octubre de 1967, sobre prestación porincapacidad laboral transitoria en el Régimen General de la Seguridad Social.
En el número 7 del artículo 17 de esa Orden de 13 de octubre de 1.967 se incluía como consecuencia de la modificación operada por la Orden de 21 de marzo de 1.974 (número 8068) la posibilidad de que la Inspección de los Servicios Sanitarios de la Seguridad Social comprobase la situación sanitaria del trabajador en cualquier momento, así como las situaciones de alta y baja del mismo.
La Orden de 21 de marzo de 1.974, ahora aplicada por el INSS recurrente para denegar las prestaciones solicitadas por el demandante (la que lleva el número 8069), viene a regular la actuación del Servicio de Inspección en tales casos, estableciendo en su artículo 1º.1 que "la Inspección de Servicios Sanitarios de la Seguridad Social, de oficio o en virtud de la información recibida de las Empresas o de los Servicios Médicos de las mismas podrá decretar, previas las actuaciones que estime procedentes el alta médica de los trabajadores que se encontraran en situación de incapacidad laboral transitoria debida a enfermedad común o accidente no laboral". En el número 2 de este artículo se dice que "El alta médica que se decrete de acuerdo con lo previsto en el número anterior determinará la extinción de la situación de incapacidad laboral transitoria, conforme a lo establecido en el apartado al del número 1 del artículo 10 de la Orden de 13 de octubre de 1967".
El artículo 2, en el que se centra el debate ahora, establece que "Durante un periodo, que será determinado por la Inspección de Servicios Sanitarios y que no podrá ser inferior a seis meses, la baja médica de los trabajadores que hayan sido dados de alta de conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior, corresponderá a dicha Inspección".
A continuación ha de decirse que aún cuando la Orden que se acaba de transcribir formaba parte del sistema de control de situaciones de incapacidadtemporal prevista en el artículo 17 de la Orden de 13 de octubre de 1967 sobre prestación por incapacidad laboral transitoria en el Régimen General de la Seguridad Social, precepto que fue expresamente derogado por la Disposición Derogatoria Única de la Orden de 19 de junio de 1.997, por la que se desarrolla el Real Decreto 575/1997, de 18 de abril, sobre determinados aspectos de la gestión y control de la prestación de incapacidad temporal, sin embargo en ningún momento se ha producido la derogación expresa de la Orden ahora examina, de 21 de marzo de 1.974.

 

QUINTO.- Pero aunque esa derogación no se ha producido, con posterioridad se ha promulgado un conjunto normativo que ahora se va a describir y que incide necesariamente en la interpretación que haya de darse a la Orden de 21 de marzo 1.974.
La Disposición Adicional Primera del Real Decreto 1117/1998, de 5 de junio , en relación con la expedición de bajas médicas cuando previamente se haya expedido alta médica por los servicios médicos del Instituto Nacional de la Seguridad Social, establece que "Cuando en un proceso de incapacidad temporal se haya expedido el parte médico de alta por los servicios médicos adscritos al Instituto Nacional de la Seguridad Social, durante los seis meses siguientes a la fecha en que se expidió aquélla, los correspondientes partes médicos de baja, únicamente podrán ser expedidos por la Inspección Sanitaria del correspondiente Servicio Público de Salud, en relación al proceso patológico que originó el alta". En sentido contrario, cuando se trate de distintos procesos patológicos que dieron lugar a la situación inicial con alta, y a la nueva baja que se curse dentro de los 180 días siguientes, ésta no deberá ser expedida por la Inspección Sanitaria.


La norma transcrita viene a completar el sistema de gestión y control de la prestación de incapacidad temporal , regulada en el R.D. 575/1997, de 18 de abril  , y tiene su desarrollo reglamentario en la Orden de 18 de septiembre de 1998, por la que se modifica la Orden de 19 de junio de 1997, que desarrolla a su vez aquél Real Decreto 575/1997  , en cuya Disposición Adicional Única también se dice que "De conformidad con lo previsto en la disposición adicional primera del Real Decreto 1117/1998, de 5 de junio  , cuando en un proceso de incapacidadtemporal se haya expedido el parte médico de alta por los servicios médicos adscritos al Instituto Nacional de la Seguridad Social, durante los seis meses siguientes a la fecha en que se expidió aquélla, los correspondientes partes médicos de baja únicamente podrán ser expedidos por la Inspección de Servicios Sanitarios de la Seguridad Social u órgano equivalente del correspondiente Servicio de Salud, en relación con el proceso patológico que originó el alta, de oficio o a propuesta del facultativo del Servicio de Salud".
Por otra parte, las normas citadas y las que ahora se dirán, tal y como se afirma en la exposición de motivos del R.D. 1117/98  , se enmarcan dentro de las "medidas de racionalización y efectividad en la gestión de la prestación económica de incapacidad temporal , que pretende, garantizando el derecho de las personas que se encuentran realmente en la situación de incapacidad protegida, combatir las actuaciones de abuso y fraude, mediante un control más preciso de la incidencia de las dolencias padecidas en la capacidad laboral del interesado, todo ello en el marco del programa del Gobierno de lucha contra el fraude social".
La clave entonces que se contiene en las referidas normas a efectos de la determinación del Órgano que haya de cursar la nueva baja en los seis meses siguientes al alta de la anterior situación de incapacidad temporal que se hubiese cursado por los servicios médicos adscritos al INSS a los efectos del percibo de la prestación es la de que se trate, o no, del mismo proceso patológico que originó el alta.
Entonces, esa distinción entre la naturaleza de la patología que origina la primera baja sobre la que se proyecta el alta otorgada por la Inspección de Servicios Sanitarios y la nueva baja es fundamental para conocer quién haya de otorgarla, de manera que el artículo 2 de la Orden de 21 de marzo de 1.974 habrá de interpretarse de manera armónica con la normativa posterior y afirmar que cuando se trata de distintos procesos patológicos los que originaron la primera y la segunda situación de baja, será el correspondiente facultativo de los Servicios Públicos de Salud el competente para otorgar la segunda, tal y como acertadamente decidió la sentencia recurrida  en el caso que aquí examinamos.

 

SEXTO.- En la misma línea, la interpretación anterior se complementa y refuerza con el contenido del artículo 128.1 a) de la Ley General de la Seguridad Social , en la redacción que le dio la Ley 40/2007  , aplicable al caso de autos por razones temporales , desde el momento en que en el párrafo segundo se decía que una vez agotado el plazo máximo de duración de la prestación de doce meses "el Instituto Nacional de la Seguridad Social, a través de los órganos competentes para evaluar, calificar y revisar la incapacidad permanente del trabajador, será el único competente para reconocer la situación de prórroga expresa con un límite de seis meses más, o bien para determinar la iniciación de un expediente deincapacidad permanente, o bien para emitir el alta médica, a los efectos previstos en los párrafos siguientes. De igual modo, el Instituto Nacional de la Seguridad Social será el único competente para emitir una nueva baja médica en la situación de incapacidad temporal cuando aquélla se produzca en un plazo de seis meses posterior a la antes citada alta médica por la misma o similar patología, con los efectos previstos en los párrafos siguientes".


De nuevo el elemento clave de interpretación que contiene la norma para determinar el órgano competente para cursar la nueva baja en estos casos es el de si se trata de la misma o similar patología, como lo es cuando se trata de exigir o no un nuevo periodo de actividad laboral cotizada de seis meses para generar el derecho a la prestación de incapacidad temporal derivado de la misma o similar patología, a que se refiere el artículo 131 bis LGSS.Si se trata de patología distinta no se exige ese periodo de ocupación cotizada.

Del mismo modo, y ahora en relación con la competencia para expedir altas médicas en los procesos de incapacidad temporal , en el párrafo 3º del número 1º del artículo 131 bis LGSS  se dice que "Sin perjuicio de las competencias que correspondan a los Servicios Públicos de Salud, los médicos adscritos al Instituto Nacional de la Seguridad Social podrán expedir el correspondiente alta médica en el proceso de incapacidad temporal , a los exclusivos efectos de las prestaciones económicas de la Seguridad Social y en los terminas que reglamentariamente se establezcan", con lo que se cierra el bloque normativo que en conjunto resulta incompatible con una interpretación de la Orden de 21 de marzo de 1.974 en la que no tenga lugar la distinción que antes se dijo, según las patologías que originaron los proceso de baja sean los mismos o no.

 

SÉPTIMO.- En consecuencia, aplicando los anteriores argumentos al caso que ahora hemos de resolver nos encontramos con que el trabajador demandante fue dado de baja derivada de enfermedad común por los Servicios Médicos correspondientes en fecha , con el diagnóstico de "lumbago ", cursándose después, el  alta por la Inspección de los Servicios Sanitarios de la Generalidad Valenciana. Unos meses más tarde, el 4 de septiembre del mismo año , fue nuevamente dado de baja por su médico de cabecera, con el diagnóstico de "degeneración macular y del polo posterior" y también por enfermedad común, de lo que se infiere con claridad que los procesos patológicos eran completamente distintos, de manera que la interpretación integradora de la Orden de 21 de marzo de 1.974 que antes se explicó conduce a la conclusión de que la nueva baja cursada por el médico de los Servicios de Salud autonómicos debió tener plena virtualidad al haberse expedido por quien era competente para ello, tal y como se afirma en la sentencia recurrida , que por las razones expuestas, no infringió ninguno de los preceptos que el INSS denuncia en el recurso de casación para la unificación de doctrina, que deberá ser desestimado, confirmándose la resolución recurrida en todos sus extremos. Sin costas.
Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

 

FALLO



Desestimamos el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, contra la sentencia de... dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el recurso de suplicación núm. , formulado frente a la sentencia de  dictada en autos  por el Juzgado de lo Social núm. 13 de Valencia seguidos a instancia de D. Fernando contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social sobre impugnación de alta médica. Sin costas
Devuélvanse las actuaciones al Organo Jurisdiccional correspondiente,con la certificación y comunicación de esta resolución.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Publicación. En el mismo día de la fecha fue leída y publicada la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. J hallándose celebrando Audiencia Pública la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario de la misma, certifico.

 

 

¿Qué es la incapacidad temporal?


La incapacidad temporal es la situación en la que un trabajador  como consecuencia de una enfermedad común o profesional  y accidente sea o no de trabajo, se encuentra temporalmente impedido para realizar la actividad laboral y recibe asistencia sanitaria de la Seguridad Social.

 

¿Qué se percibe estando en situación de incapacidad temporal?


Asistencia sanitaria

Prestación económica, debido a la imposibilidad de realizar la actividad laboral.

 

¿Qué son los partes médicos de baja?


Son los documentos que certifican la situación de incapacidad temporal.

 

¿Quién realiza el control  de los partes  médicos?


El Servicio Público de Salud de la comunidad Autónoma   y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) que se ocupa de las prestaciones sanitarias en el ámbito territorial de las Ciudades de Ceuta y Melilla .

Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales  respecto  a las contingencias profesionales, pueden realizar altas, bajas y confirmaciones, además de  poder realizar  propuestas de alta por contingencias comunes.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social para emitir altas e iniciar un posible expediente de incapacidad permanente.

El Instituto Social de la marina dentro del ámbito del régimen especial de trabajadores del mar.

 

¿Qué clases de partes médicos pueden entregarse durante la situación de incapacidad temporal?


Parte médico de baja –  es el parte médico que inicia la baja médica o situación de incapacidad temporal, lo expide:

El servicio médico de salud.

Los servicios médicos de la entidad colaboradora (Mutua o empresa colaboradora si se tienen cubiertos los riesgos de contingencias profesionales con ellas),

El Instituto Nacional de la Seguridad Social o el Instituto Social de la Marina en el caso de alta de la entidad gestora en 180 días posteriores y por la misma patología


Parte médico de confirmación –  Se emiten durante todo el tiempo que dura la situación de incapacidad temporal si es por contingencias comunes (enfermedad común o accidente no laboral) se expide al 4º día de iniciarse la situación de incapacidad temporal y a partir de esa fecha.

Si es por una situación de contingencia profesional (enfermedad profesional o accidente laboral) se expide al 7º día de iniciarse la situación de incapacidad temporal y semanalmente..

 

Parte médico de alta-  Es el parte médico que concluye la situación de incapacidad temporal. Expedido por:

El servicio médico de salud.

Los servicios médicos de la entidad colaboradora (Mutua o empresa colaboradora si se tienen cubiertos los riesgos de contingencias profesionales con ellas),  además las Mutuas podrán realizar propuestas motivadas de altas en los casos de contingencias comunes si tienen dicha cobertura.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social o el Instituto Social de la Marina.

 

¿Qué debe hacerse con los partes médicos de baja confirmación y alta?


El trabajador:

El facultativo otorgara dos copias, una para el propio trabajador y otra para que en el plazo de 3 días desde su expedición  sean remitidas a la empresa.

Si se otorga un aparte de alta médica debe acudir a su trabajo para no se produzca una ausencia injustificada al trabajo.

El trabajador debe acudir a todos los reconocimientos propuestos para no incurrir en un alta por incomparecencia.

El empleador:

Debe  recibir las bajas del trabajador y  comunicarlo a la Seguridad Social para poder descontarse de los Seguros Sociales las cantidades correspondientes a la prestación.

Abonar los complementos que se establezcan por convenio colectivo que mejoren la prestación de incapacidad temporal.

Debe mantener en alta en las cotizaciones de la Seguridad Social al trabajador mientras se encuentre en situación de incapacidad temporal.

 

¿Cuánto tiempo se puede estar recibiendo partes médicos de confirmación de la baja médica?

La baja médica durará el tiempo necesario para recuperar la capacidad laboral. La duración máxima de la situación de Incapacidad temporal puede ser 365 días prorrogables por otros 180 días más.

 

¿Qué ocurre si transcurre la duración máxima de incapacidad temporal (365 días) y se sigue necesitando asistencia?


El Instituto Nacional de la Seguridad social o el Instituto Social de la Marina (en casos de régimen especial de trabajadores del mar)  son los  organismos competentes encargados de conocer de  la emisión del alta médica, el reconocimiento de una prórroga del proceso de incapacidad temporal, el inicio de un expediente de Incapacidad permanente o la emisión de una nueva baja médica en los 180 días siguientes a un alta médica por la misma o similar patología.

 

¿Qué se puede hacer si se otorga una alta médica por la Mutua y se sigue necesitando asistencia sanitaria?


Se pueden iniciar dos tipos de acciones diferentes.

Acudir al INSS e iniciar un procedimiento de revisión del alta en el plazo de 4 días desde el alta, comunicando la reclamación a la empresa. El INSS puede mantener la incapacidad temporal por accidente de trabajo o enfermedad profesional, confirmar el alta del trabajador, considerar que el alta es indebida reflejando la fecha de la nueva alta médica si se ha recuperado el trabajador durante el proceso de reclamación.

Acudir al Servicio Público de salud para que el profesional médico emita si procede un parte de baja médica por enfermedad común y si considera que esta nueva baja podría estar relacionada con la anterior, comunicarlo al INSS y a la Mutua, iniciando el trabajador  posteriormente el procedimiento de revisión del alta médica.

 

¿Qué se puede hacer si se emite un alta médica por el Instituto Nacional de la Seguridad Social y existen limitaciones de carácter grave y permanente para realizar la actividad laboral?


Se puede plantear varias acciones:

Mostrar disconformidad con el parte de  alta médica emitida, debiendo el trabajador comunicar la reclamación a la empresa y el INSS dictar una resolución, quedando suspendidos los efectos del alta médica y prorrogándose el pago de la incapacidad temporal hasta que el INSS resuelva.

Se puede iniciar un expediente de incapacidad permanente, para que se resuelva sobre el reconocimiento de una prestación por las limitaciones que se tienen para la actividad laboral.

 

¿Si se concede la prórroga del proceso de incapacidad temporal deriva en un expediente de incapacidad permanente?


No automáticamente debe ser propuesto por los Servicios públicos o solicitarlo directamente el trabajador mediante el formulario existente al efecto para que se inicie el expediente de incapacidad permanente si las limitaciones que se tienen para la actividad laboral son de carácter grave, permanente y pueden objetivarse medicamente.

 

 

¿Qué es la incapacidad temporal?

 

La incapacidad temporal es la situación en la que un trabajador  como consecuencia de una enfermedad común o profesional  y accidente sea o no de trabajo, se encuentra temporalmente impedido para realizar la actividad laboral y recibe asistencia sanitaria de la Seguridad Social.

 

¿Qué se percibe estando en situación de incapacidad temporal?

 

Asistencia sanitaria

Prestación económica, debido a la imposibilidad de realizar la actividad laboral.

 

¿Qué son los partes médicos de baja?

 

Son los documentos que certifican la situación de incapacidad temporal.

 

¿Quién realiza el control  de los partes  médicos?

 

El Servicio Público de Salud de la comunidad Autónoma   y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) que se ocupa de las prestaciones sanitarias en el ámbito territorial de las Ciudades de Ceuta y Melilla .

Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales  respecto  a las contingencias profesionales, pueden realizar altas, bajas y confirmaciones, además de  poder realizar  propuestas de alta por contingencias comunes.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social para emitir altas e iniciar un posible expediente de incapacidad permanente.

El Instituto Social de la marina dentro del ámbito del régimen especial de trabajadores del mar.

 

¿Qué clases de partes médicos pueden entregarse durante la situación de incapacidad temporal?

 

Parte médico de baja –  es el parte médico que inicia la baja médica o situación de incapacidad temporal, lo expide:

El servicio médico de salud.

Los servicios médicos de la entidad colaboradora (Mutua o empresa colaboradora si se tienen cubiertos los riesgos de contingencias profesionales con ellas),

El Instituto Nacional de la Seguridad Social o el Instituto Social de la Marina en el caso de alta de la entidad gestora en 180 días posteriores y por la misma patología

 

Parte médico de confirmación –  Se emiten durante todo el tiempo que dura la situación de incapacidad temporal si es por contingencias comunes (enfermedad común o accidente no laboral) se expide al 4º día de iniciarse la situación de incapacidad temporal y a partir de esa fecha.

Si es por una situación de contingencia profesional (enfermedad profesional o accidente laboral) se expide al 7º día de iniciarse la situación de incapacidad temporal y semanalmente..

 

Parte médico de alta-  Es el parte médico que concluye la situación de incapacidad temporal. Expedido por:

El servicio médico de salud.

Los servicios médicos de la entidad colaboradora (Mutua o empresa colaboradora si se tienen cubiertos los riesgos de contingencias profesionales con ellas),  además las Mutuas podrán realizar propuestas motivadas de altas en los casos de contingencias comunes si tienen dicha cobertura.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social o el Instituto Social de la Marina.

 

¿Qué debe hacerse con los partes médicos de baja confirmación y alta?

 

El trabajador:

El facultativo otorgara dos copias, una para el propio trabajador y otra para que en el plazo de 3 días desde su expedición  sean remitidas a la empresa.

Si se otorga un aparte de alta médica debe acudir a su trabajo para no se produzca una ausencia injustificada al trabajo.

El trabajador debe acudir a todos los reconocimientos propuestos para no incurrir en un alta por incomparecencia.

El empleador:

Debe  recibir las bajas del trabajador y  comunicarlo a la Seguridad Social para poder descontarse de los Seguros Sociales las cantidades correspondientes a la prestación.

Abonar los complementos que se establezcan por convenio colectivo que mejoren la prestación de incapacidad temporal.

Debe mantener en alta en las cotizaciones de la Seguridad Social al trabajador mientras se encuentre en situación de incapacidad temporal.

 

¿Cuánto tiempo se puede estar recibiendo partes médicos de confirmación de la baja médica?

 

La baja médica durará el tiempo necesario para recuperar la capacidad laboral. La duración máxima de la situación de Incapacidad temporal puede ser 365 días prorrogables por otros 180 días más.

 

¿Qué ocurre si transcurre la duración máxima de incapacidad temporal (365 días) y se sigue necesitando asistencia?

 

El Instituto Nacional de la Seguridad social o el Instituto Social de la Marina (en casos de régimen especial de trabajadores del mar)  son los  organismos competentes encargados de conocer de  la emisión del alta médica, el reconocimiento de una prórroga del proceso de incapacidad temporal, el inicio de un expediente de Incapacidad permanente o la emisión de una nueva baja médica en los 180 días siguientes a un alta médica por la misma o similar patología.

 

¿Qué se puede hacer si se otorga una alta médica por la Mutua y se sigue necesitando asistencia sanitaria?

 

Se pueden iniciar dos tipos de acciones diferentes.

Acudir al INSS e iniciar un procedimiento de revisión del alta en el plazo de 4 días desde el alta, comunicando la reclamación a la empresa. El INSS puede mantener la incapacidad temporal por accidente de trabajo o enfermedad profesional, confirmar el alta del trabajador, considerar que el alta es indebida reflejando la fecha de la nueva alta médica si se ha recuperado el trabajador durante el proceso de reclamación.

Acudir al Servicio Público de salud para que el profesional médico emita si procede un parte de baja médica por enfermedad común y si considera que esta nueva baja podría estar relacionada con la anterior, comunicarlo al INSS y a la Mutua, iniciando el trabajador  posteriormente el procedimiento de revisión del alta médica.

 

¿Qué se puede hacer si se emite un alta médica por el Instituto Nacional de la Seguridad Social y existen limitaciones de carácter grave y permanente para realizar la actividad laboral?

 

Se puede plantear varias acciones:

Mostrar disconformidad con el parte de  alta médica emitida, debiendo el trabajador comunicar la reclamación a la empresa y el INSS dictar una resolución, quedando suspendidos los efectos del alta médica y prorrogándose el pago de la incapacidad temporal hasta que el INSS resuelva.

Se puede iniciar un expediente de incapacidad permanente, para que se resuelva sobre el reconocimiento de una prestación por las limitaciones que se tienen para la actividad laboral.

 

¿Si se concede la prórroga del proceso de incapacidad temporal deriva en un expediente de incapacidad permanente?

 

No automáticamente debe ser propuesto por los Servicios públicos o solicitarlo directamente el trabajador mediante el formulario existente al efecto para que se inicie el expediente de incapacidad permanente si las limitaciones que se tienen para la actividad laboral son de carácter grave, permanente y pueden objetivarse medicamente.

 

Entrevista en elconfidencial.com del Letrado D. Vicente Javier Saiz Marco relativa a la problemática concesión de las prestaciones por incapacidad permanente http://www.elconfidencial.com/sociedad/2015-11-15/incapacidad-permanente-seguridad-social-arritimia-teleoperador_1096089/


El trabajador es dado de alta en el proceso de incapacidad temporal consecuencia de accidente de trabajo sin haber mejorado de sus secuelas e impugnando la resolución. El Juzgado de lo social revoca la resolución administrativa considerando que el trabajador debe continuar de baja en el proceso de Incapacidad temporal

 

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Información sobre Derecho Laboral 

 

 

 

 


 

 

 


¿Qué se considera como accidente de trabajo?


Se entiende por accidente de trabajo toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena. 

Supuestos concretos que pueden considerarse como  accidentes de trabajo:

Los accidentes que sufra el trabajador al ir o al volver del lugar del trabajo (in itinere).

Los que sufra el trabajador con ocasión o como consecuencia del desempeño de cargos electivos de carácter sindical, así como los ocurridos al ir o al volver del lugar en que se ejerciten las funciones propias de dichos cargos.

Los ocurridos con ocasión o por consecuencia de las tareas que, aun siendo distintas a las de su categoría profesional, ejecute el trabajador en cumplimiento de las órdenes del empresario o espontáneamente del buen funcionamiento de la empresa.

Los acaecidos en actos de salvamento y en otros de naturaleza análoga, cuando unos y otros tengan conexión con el trabajo.

Las enfermedades, no incluidas como tales, que contraiga el trabajador con motivo de la realización de su trabajo, siempre que se pruebe que la enfermedad tuvo por causa exclusiva la ejecución del mismo.

Las enfermedades o defectos, padecidos con anterioridad por el trabajador, que se agraven como consecuencia de la lesión constitutiva del accidente.

 

¿Cómo se puede actuar en  caso de sufrir un  accidente laboral?


Debe ponerse en conocimiento del empleador que debe indicar si tiene alguna Mutua de Trabajo y enfermedades profesionales que cubra las contingencias profesionales (enfermedad profesional y accidente de trabajo).

Si  el empleador  remite a una Mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, es aconsejable acudir allí para recibir asistencia médica.

Si el empleador no remite a la Mutua o no facilitase los datos, se puede recibir asistencia médica de los Servicios públicos de Salud.  

En ambos casos es conveniente solicitar informes médicos que reflejen los problemas de salud padecidos.

 

¿Qué tipo de acciones puede realizar el trabajador respecto al accidente sufrido?


Conseguir la identidad de los testigos que hayan presenciado el mismo.

Realizar fotografías del lugar donde se ha producido (centro de trabajo, maquinas, instalaciones…).

Recopilar datos de cómo se produjo el accidente, y las posibles causas del mismo.

Verificar si existían medidas de seguridad adecuadas y no se estuvo expuesto a un riesgo laboral. En caso de que exista algún incumplimiento del empleador  se puede plantear una denuncia ante la Inspección de trabajo que investigara los hechos y podrá proponer un expediente sancionador e incluso un recargo de prestaciones que repercutirá en el trabajador afectado por el accidente de trabajo.

Tener  localizados los documentos que acrediten  la formación y toda documentación que haya entregado la empresa al trabajador especialmente en materia de prevención de riesgos laborales, recibos salariales, contrato...

Recoger todos los documentos médicos que acrediten las limitaciones existentes, las facturas y los gastos de todo tipo que se hayan podido producir a causa del accidente.

 

¿Qué actuaciones debe realizar el  empleador?

 

El empleador  debe velar por la salud de sus trabajadores.  De forma previa al accidente debe garantizar la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, formando a sus trabajadores y haciendo una evaluación de riesgos.

Tiene la obligación de comunicar el accidente sufrido por el trabajador, en concreto debe realizar diferentes comunicaciones:

Notificar el parte de accidente de trabajo

la relación de accidentes de trabajo sin baja médica

Relación de altas

Relación de fallecimiento de accidentados

Los accidente calificados como graves, muy graves o mortales o afecten a más de 4 trabajadores  debe comunicarlo  a la autoridad laboral debiéndose realizar un informe preceptivo de la Inspección de Trabajo

 

¿Qué consecuencias puede tener un accidente laboral?


Fundamentalmente tiene repercusión en el estado de salud del trabajador  y el afectado por el accidente laboral puede verse inmerso en diferentes procedimientos administrativos y judiciales al sufrir un accidente laboral, algunas repercusiones pueden ser: 

 

- Respecto a  procedimientos y prestaciones de la Seguridad Social

Asistencia Sanitaria.

Determinación de contingencia.

Prestación  económica de incapacidad temporal para la actividad laboral.

Prestación por incapacidad permanente  o lesiones permanentes no invalidantes.

Recargo de las prestaciones  si existe incumplimiento del empleador en materia de prevención de riesgos laborales  (entre un 30% y un 50%).

Prestación por viudedad u orfandad

 

- Respecto a la relación laboral:

Complementos de prestaciones si lo incluye el convenio colectivo aplicable.

Valoración de indemnizaciones establecidas  en Convenio Colectivo según prestaciones.

 

-Respecto a otras indemnizaciones

 Indemnización por daños y perjuicios causados.

Valoración de indemnizaciones por seguros privados.

 

- Respecto a la posible comisión de algún delito

Imputación de responsabilidad penal  por incumplimientos del empleador.

 

¿Qué prestación de incapacidad temporal le corresponde a un afectado por accidente laboral?


Al sufrir el accidente de trabajo, el trabajador podrá acudir a la Mutua con la que la empresa tenga concertadas las coberturas profesionales, que si procede, debe expedir el parte de baja médica. Si se niega a expedirlo se podrá acudir al Servicio Público de Salud  que podrá expedir si lo estima conveniente el parte médico por contingencias comunes y se podrá solicitar informe médico que refleje que se acude a la Seguridad Social porque la Mutua no declara la baja por accidente.

Posteriormente es conveniente acudir de nuevo a la Mutua y hacer reclamación por escrito con la descripción de lo ocurrido y solicitud de reconsideración de la valoración.

Si la Mutua mantiene su postura se puede iniciar un procedimiento de determinación de contingencia  con aportación de los documentos  justificativos  solicitando que la baja otorgada por contingencias comunes del Servicio Público de Salud sea considerada como contingencia profesional.

La cuantía de la prestación de incapacidad temporal, se obtiene aplicando a la base reguladora un porcentaje.

La base reguladora se obtiene con la base de cotización por contingencias profesionales del mes anterior, sin horas extraordinarias, dividida por el número de días a que corresponda dicha cotización y la cotización por horas extraordinarias del año natural anterior, dividida entre 365 días.

El porcentaje es el 75 por ciento.

 

¿Qué son las lesiones permanentes no invalidantes?

 

Se consideran como lesiones permanentes no invalidantes a toda lesión, mutilación o deformidad definitiva que se haya causado como consecuencia del accidente laboral o la enfermedad profesional que no incapacite laboralmente pero disminuya o altere la integridad física del trabajador.

Cuando un trabajador recibe el alta médica por contingencias profesionales, el INSS puede emitir una resolución sobre el reconocimiento de la prestación de lesiones permanentes no invalidantes  cuya cuantía se determina en aplicación de un baremo concreto  que refleja una indemnización en pago único para el trabajador.

 

¿Qué es una prestación de  incapacidad permanente?


 Cuando el trabajador a consecuencia del accidente de trabajo sufrido se encuentre incapacitado en algún grado para realizar la actividad laboral, El Instituto Nacional de  Seguridad Social, puede emitir una resolución sobre el reconocimiento de la prestación en diferentes grados:

Incapacidad permanente parcial

Es la incapacidad que ocasiona al trabajador una disminución no inferior al 33 por 100 en su rendimiento normal para dicha profesión, sin impedirle la realización de las tareas fundamentales de la misma y  sin llegar a alcanzar una prestación de incapacidad permanente en grado total.

La prestación consiste en una indemnización a tanto alzado en un pago único (24 mensualidades de la base reguladora)

Incapacidad permanente total

Es la incapacidad  que inhabilita al trabajador para la realización de todas o de las fundamentales tareas de su profesión habitual, siempre que pueda dedicarse a otra distinta.

La prestación económica supone un 55% de la base reguladora (que se determina en función de diferentes variables, edad, hecho causantes, cotizaciones genéricas y especificas, actualizaciones de bases, lagunas de cotización…)

Incapacidad permanente absoluta

Es la incapacidad que  inhabilita por completo al trabajador para toda profesión u oficio. La prestación económica supone un 100% de la base reguladora (que se determina en función de diferentes variables, edad, hecho causantes, cotizaciones genéricas y específicas, actualizaciones de bases, lagunas de cotización…)

Gran invalidez

Es el incapacitado permanente que necesita la asistencia de  una persona para los actos más esenciales de la vida.

La prestación económica supone  una cuantía económica que corresponda según la prestación otorgada añadiendo un  complemento destinado a remunerar a la persona que atienda al beneficiario.

 

¿Qué se entiende por recargo de prestaciones?

 

Si el accidente laboral ha sido causa de máquinas, artefactos o en instalaciones, centros o lugares de trabajo que carezcan de los dispositivos de precaución reglamentarios, los tengan inutilizados o en malas condiciones o cuando no se hayan observado las medidas generales o particulares de seguridad e higiene en el trabajo, o las elementales de salubridad o las de adecuación personal a cada trabajo habida cuenta de sus características y de la edad, sexo y demás condiciones del trabajador, todas las prestaciones que puedan derivarse se pueden incrementar según la gravedad de la falta, entre un 30 a un 50 por ciento.

Este procedimiento de recargo de prestaciones puede solicitarse directamente por el trabajador o puede iniciarse a  propuesta de la Inspección de Trabajo.

 

¿Qué tipo de indemnización adicional se puede reclamar?

 

Se puede plantear una indemnización por daños y perjuicios que intente compensar los daños sufridos. Se podrían reclamar:

Daños en la integridad física de la persona.

Daños patrimoniales que comprenden tanto los daños emergentes (soportados por el propio accidente) como el lucro cesante (pérdida de ingresos y expectativas de mejoras).

Daño moral referidos a las consecuencias padecidas como la discapacidad, el dolor, afectación en las relaciones sociales y familiares…

No existe un baremo específico para reclamar aunque a título orientativo se viene admitiendo por algunos tribunales el Baremo establecido para los daños y perjuicios causados en accidente de circulación  (que tiene en cuenta indemnizaciones básicas por muerte, lesiones permanentes, por incapacidad temporal…)

 

¿Es aconsejable recurrir a la asistencia legal ante un accidente de trabajo sufrido?

 

En algunos procedimientos administrativos no es necesaria la asistencia de abogado, pero es aconsejable recurrir a un especialista en la materia que pueda orientar sobre las diferentes opciones legales que existen.



Interesante caso real  por el que se despide a una trabajadora que se encontraba en situación de incapacidad temporal, y habiendose iniciado el expediente de incapacidad permanente, se deniegan  dichas prestaciones, debiendo la trabajadora incorporarse a su puesto de trabajo. En el momento de la reincorporación al trabajo, sufre un nuevo proceso de incapacidad temporal, debiendo hacer entrega a la empresa del parte médico de baja por incapacidad temporal  y por una leve demora, la empresa decide extinguir el contrato de trabajo:

Se muestra la documentación del caso.

 

1.- El empleador entrega carta de extinción de contrato por entender que la trabajadora "voluntariamente" a dejado de asistir a su puesto de trabajo.


 

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2.- El día de la conciliación comparecen tanto el empleador como el trabajador, llegando a un acuerdo en conciliación administrativa, con reincorporación de la trabajadora. 

 


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Criterios sobre la necesidad de motivación de las resoluciones del Instituto Nacional de Seguridad Social, tras denegar prestaciones de incapacidad temporal a trabajador que agota periodo de incapacidad temporal maximo con prórroga,y se le deniega las prestaciones contributivas por incapacidad permanente, sufriendo antes de transcurrir  seis meses una nueva baja de incapacidad temporal por el mismo motivo,  por ser necesario reflejar por el INSS,  la inexistencia de limitaciones para la actividad laboral de dicho trabajador. Se adjunta la sentencia del Tribunal Supremo:

 

 

Sentencia 8714/2012 de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de 10 de diciembre de 2012


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Sentencia del Tribunal Supremo respecto a la prorroga de efectos de Incapacidad temporal

Tras el agotamiento del período máximo de 545 días en situación de IT, si el trabajador continua necesitando asistencia sanitaria  y se encuentra impedido para realizar su actividad laboral,  es necesario que se califique su estado  respecto a la calificación si procede  de la prestación por incapacidad permanente y el grado de incapacidad permanente que corresponda, abonándole las prestaciones de Incapacidad temporal hasta su calificación, aún cuando se declare que su estado no es constitutivo de incapacidad permanente.

 

 

 

Tribunal Supremo

Sala de lo Social

Sentencia de 23 de mayo de 2012

RECURSO DE CASACIÓN Núm: 2405/2011

Ponente Excmo. Sr. ROSA MARIA VIROLES PIÑOL

En la Villa de Madrid, a veintitrés de Mayo de dos mil doce.

Vistos los autos pendientes ante esta Sala en virtud de recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la Letrada de la Administración de la Seguridad Social, en nombre y representación del INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, contra la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de ...), de fecha 18 de mayo de 2011, recaída en el recurso de suplicación n.º 629/11, que resolvió el formulado contra el auto del Juzgado de lo Social n.º 1 de ..., dictado el 20 de diciembre de 2010, en los autos de juicio n.º 1130/09 - Ejecución .../10, iniciados en virtud de demanda presentada por Doña María Dolores contra Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social, Ayuntamiento de C.V, y Diputación Provincial de ..., sobre reclamación contra alta médica.

Es Ponente la Excma. Sra. D.ª. R. M. V. P., Magistrada de Sala.

 

ANTECEDENTES DE HECHO

 

PRIMERO.- Con fecha 19 de febrero de 2010, el Juzgado de lo Social n.º 1 de ..., dictó sentencia en la que consta la siguiente parte dispositiva: "Que estimando la demanda interpuesta por D.ª María Dolores, contra INSS, TGSS, Ayuntamiento de C. y Diputación Provincial de ..., debo dejar sin efecto el alta médica de fecha 15-09-2009, con las consecuencias inherentes a ello condenando a las codemandadas a estar y pasar por dicha declaración.".

La parte actora solicitó la ejecución de dicha sentencia, dictando auto el Juzgado de lo Social en fecha 9 de noviembre de 2010, en cuya parte dispositiva consta: "Se acuerda desestimar la oposición formulada por el INSS, ordenando seguir la ejecución adelante, debiendo abonar el subsidio de IT a la demandante hasta el 25-06-2010.". El letrado del INSS, interpuso recurso de reposición frente al anterior auto.

Con fecha 20 de diciembre de 2010, se dictó auto por el Juzgado de lo Social n.º 1 de los de Granada, cuya parte dispositiva dice: "Se acuerda desestimar el recurso de reposición formulado por el INSS, contra el auto de fecha 9-11-2010 que se mantiene en todos sus términos.".

 

SEGUNDO.- Contra el anterior auto, la representación letrada del INSS formuló recurso de suplicación y la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de ..., dictó sentencia en fecha 18 de mayo de 2011, en la que consta el siguiente fallo: "Que desestimando el recurso de suplicación interpuesto por INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL contra Auto dictado por el Juzgado de lo Social núm. uno de los de ... en fecha Veinte de diciembre de dos mil diez., en Autos seguidos a instancia de María Dolores en reclamación sobre SEGURIDAD SOCIAL - EJECUCIÓN - contra INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, debemos confirmar y confirmamos la sentencia recurrida.".

 

TERCERO.- Contra la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de ..., el INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, interpuso el presente recurso de casación para la unificación de doctrina, que se formalizó ante esta Sala mediante escrito fundado en la contradicción de la sentencia recurrida con la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, de fecha 23 de febrero de 2009, rec. suplicación 2287/08.

 

CUARTO.- Se admitió a trámite el recurso, y tras ser impugnado por las partes recurridas y personadas en el presente recurso - Diputación Provincial de ... y Doña María Dolores - se pasaron las actuaciones al Ministerio Fiscal para informe, el cual fue emitido en el sentido de estimar IMPROCEDENTE el recurso.

 

QUINTO.- Se señaló para la votación y fallo el día 17 de mayo de 2011, llevándose a cabo tales actos en la fecha señalada.

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

 

PRIMERO.- El Juzgado de lo Social n.º 1 de los de ...dictó sentencia el 19 de febrero de 2010, estimando la demanda promovida por Doña … contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Tesorería General de la Seguridad Social y Ayuntamiento de…, declarando incorrecta el alta médica emitida en fecha 15-09-2009, dejando sin efecto la misma, con las consecuencias inherentes a ello, condenando a las codemandadas a estar y pasar por dicha declaración.

Instada la ejecución de sentencia por la parte actora, el Juzgado dictó auto que estimó tal petición y ordenó seguir adelante la ejecución debiendo el INSS abonar el subsidio de IT a la actora hasta el 25-6-10, fecha en la que a aquella se le reconoció en situación de incapacidad permanente. El INSS insiste en que la sentencia se ha cumplido con el abono de la prestación hasta el agotamiento del tiempo máximo de 18 meses (20-10-2009); argumento que es rechazado por el Juzgado.

Recurrido el auto en suplicación, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de ..., dictó sentencia el 18 de mayo de 2011, recurso 629/11, desestimando el recurso formulado.

La sentencia ahora recurrida en casación unificadora, razona para desestimar la pretensión de la Entidad Gestora, que es doctrina del Tribunal Supremo -sentencia de 1-12-2003 - que debe mantenerse el abono de la prestación de incapacidad temporal hasta que se produzca el reconocimiento o denegación de una incapacidad permanente.

La sentencia entendió que no se ha producido la calificación de la actora, a efectos de un eventual reconocimiento o denegación de una incapacidad permanente, por lo que se ha incumplido lo establecido en el artículo 131 bis), 3, tercer párrafo de la LGSS que señala que los efectos de la IT se prorrogarán hasta el momento de la calificación de la incapacidad permanente, que es lo que aconteció en el asunto examinado, ya que se denegó la incapacidad permanente el 25 de junio de 2010, por lo que esta calificación es la causa legal de extinción a la que se refería el fallo de la sentencia que ahora se ejecuta.

Contra dicha sentencia se interpuso por el demandado INSS recurso de casación para la unificación de doctrina, aportando como sentencia contradictoria la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 23 de febrero de 2009, recurso número 2887/08, firme en el momento de publicación de la recurrida.

La parte recurrida ha impugnado el recurso, habiendo informado el Ministerio Fiscal que estima improcedente el recurso.

 

SEGUNDO.- Procede el examen de la sentencia de contraste para determinar si concurre el presupuesto de la contradicción, tal y como lo enuncia el artículo 217 de la Ley de Procedimiento Laboral, que supone que ante hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente idénticos, las sentencias comparadas han emitido pronunciamientos diferentes.

La sentencia de contraste, la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 23 de febrero de 2009, recurso ../08, estimó en parte el recurso de suplicación interpuesto por la representación legal del ejecutado INSS, contra el auto del Juzgado de lo Social n.º1 de Santiago de Compostela de 14 de abril de 2008, en autos 305/07, ejecución 3/08, fijando en 4.174,88 euros la cantidad que ha de abonar el INSS al ejecutante D. Roman, en concepto de IT. Consta en dicha sentencia que el Juzgado de lo Social n.º1 de los de Santiago de Compostela dictó sentencia el 22 de noviembre de 2007, estimando la demanda formulada por D. Roman contra el INSS, declarando la nulidad de su alta médica, reponiéndole en la situación anterior, condenando al INSS a abonarle el subsidio de IT hasta que concurra causa legal extintiva de la IT. Instada la ejecución el Juzgado dictó auto requiriendo al INSS para que diera cumplimiento a la sentencia, recurrida en reposición fue desestimado el recurso por auto de 14 de abril de 2008, que declaró prorrogado el período de IT hasta veinticuatro meses, con valoración por el EVI, en el período de tres meses. Dicho auto fue recurrido en suplicación. La sentencia razona que como en el título de ejecución se condena "al pago de la prestación de IT al actor hasta que concurra causa legal de extinción", esta es la tipificada en el artículo 131 bis.1) LGSS, en relación con el 128. 1 a) del mismo texto legal, es decir, "el transcurso del plazo máximo establecido para al situación de IT de que se trate", plazo previsto de doce meses, prorrogables por otros seis, cuando se presuma que durante ellos puede el trabajador ser dado de alta médica por curación. Concluye la sentencia señalando que la obligación que el artículo 131 bis. 2 LGSS impone a la entidad gestora no es relevante, tanto por exceder de los límites del título ejecutorio, como porque dentro de los tres meses siguientes a la finalización de la IT, el INSS ya había denegado la IT.

Entre la sentencia recurrida y la de contraste concurren las identidades exigidas por el artículo 217 de la Ley de Procedimiento Laboral, ya que en ambos supuestos se trata de ejecutar una sentencia en la que se condena al INSS a abonar la prestación de IT "hasta que concurra causa legal de extinción", habiendo entendido la sentencia recurrida que, transcurridos dieciocho meses en la situación de IT el INSS no puede dar el alta automáticamente, sino que ha de examinar el estado del incapacitado, a efectos de su calificación en el grado que corresponda. La sentencia de contraste, por contra, entiende que transcurridos dieciocho meses procede el alta. Cumplidos los requisitos de los artículos 217 y 222 de la Ley de Procedimiento Laboral procede entrar a conocer del fondo del asunto.

 

TERCERO.- El recurrente alega que la sentencia, recurrida infringe lo dispuesto en los artículos 235.1 y 239 de la Ley de Procedimiento Laboral, en relación con el artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 131 bis de la Ley General de la Seguridad Social, así como de la doctrina que los interpreta.

Aduce, en esencia, que ha dado cumplimiento a la sentencia en sus propios términos ya que ha abonado el subsidio de IT hasta la extinción del mismo por concurrir la pertinente causa legal, cual es la prevista en el artículo 131 bis. 1 de la LGSS, a saber, agotamiento de la duración máxima del proceso de IT. La obligatoriedad de calificación de secuelas no fue impuesta en el fallo de la sentencia, por lo tanto, es una pretensión ajena al título ejecutivo pero, además, ya consta una calificación de secuelas de incapacidad permanente realizada por la Entidad Gestora conforme dictamen del EVI de 23 de diciembre de 2008, es decir, apenas dos meses después de estar extinguido el plazo máximo de incapacidad temporal.

Esta Sala ha tenido ocasión de pronunciarse en un asunto que guarda similitud con el ahora debatido y lo ha hecho en sentencia de 1 de diciembre de 2003, recurso 3569/02, y más recientemente en la de 23 de noviembre de 2011 (rec. 1422/2011 ) que la reitera; en la que ha razonado lo siguiente: "El problema surge cuando, agotado el plazo máximo, la calificación de la situación a efectos del eventual reconocimiento o denegación de una incapacidad permanente no se ha producido. En este caso se abren tres posibilidades:

1.ª) Extinguir la incapacidad temporal y finalizar el pago del subsidio, aunque el trabajador quede sin protección.

2.ª) Mantener la prórroga de la incapacidad temporal y continuar abonando el subsidio hasta que se produzca la calificación, momento en que se extinguirá efectivamente la incapacidad temporal, con reconocimiento o no de una incapacidad permanente.

3.ª) Otorgar la protección por incapacidad permanente desde el momento de la terminación del plazo de los treinta meses, aunque no exista calificación administrativa en atención a lo que dispone el párrafo cuarto del artículo 136.1 de la Ley General de la Seguridad Social, a tenor del cual "también tendrá la consideración de invalidez permanente, en el grado que se califique la situación de incapacidad que subsista después de extinguida la incapacidad temporal por el transcurso del plazo máximo de duración señalado para la misma en el apartado a) del número 1 del artículo 128".

La primera opción, debe excluirse, porque sería contrario a los fundamentos del sistema excluir la protección de una situación de necesidad por el hecho de que las entidades encargadas de iniciar el procedimiento de calificación de la incapacidad permanente (el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el servicio público de salud competente y la mutua, de conformidad con los artículos 4 del Real Decreto 1300/1995 y 3 y 5 de la Orden de 18 de enero de 1996) no lo hayan hecho, sin que la posibilidad de que el interesado pueda instar esa calificación justifique el desplazamiento hacia él de los efectos de esa omisión, especialmente cuando se ha aplicado la prórroga extraordinaria de la incapacidad temporal para poder efectuar una calificación más ajustada a la situación clínica del interesado.

Tampoco puede aplicarse la tercera solución, porque la misma no es automática, sino que requiere un acto de calificación, como se desprende de la propia naturaleza de la prestación de incapacidad permanente que, a diferencia de lo que sucede con la incapacidad temporal varía en función del grado reconocido, y porque así lo dispone el artículo 136.1.4.º de la Ley General de la Seguridad Social; norma que se refuerza en el segundo inciso de ese párrafo cuando señala que ese paso a la situación de incapacidad permanente no se producirá en el supuesto previsto "en el segundo párrafo del número 1 del artículo 131.bis, en el cual no se accederá a la situación de invalidez permanente hasta tanto no se proceda a la correspondiente calificación". Esta solución supondría además la aplicación del procedimiento de calificación con el plazo de resolución que hoy prevé el Real Decreto 286/2003; demora que lógicamente debería excluirse si ya no se abonan las prestaciones de incapacidad temporal.

Por ello, la solución más conforme a las finalidades de la norma es la de entender que también en el supuesto de superación del plazo máximo de la prórroga extraordinaria se aplica la regla del párrafo tercero del número 3 del artículo 131. bis de la Ley General de la Seguridad Social, que prevé que "en los supuestos a que se refiere el segundo párrafo del apartado precedente, los efectos de la situación de incapacidad temporal se prorrogarán hasta el momento de la calificación de la incapacidad permanente, en cuya fecha se iniciarán las prestaciones económicas de ésta". Es cierto que el párrafo segundo del número 2 del artículo 131.bis fija un plazo máximo de treinta meses. Pero, como ya se ha dicho, ese plazo se concede para que en él se proceda a la calificación de la incapacidad permanente. Por otra parte, es importante poner de relieve que la regla del artículo 131.bis.3.3.º sobre el plazo máximo no va dirigida al interesado, que ningún poder tiene en el procedimiento de calificación, sino a la entidad gestora, que es la que tiene que realizar la calificación, que "podrá retrasarse por el período preciso", pero sin rebasar "en ningún caso" los treinta meses mencionados. No es el trabajador el que ha incumplido la norma y no debe, por ello, sufrir las consecuencias de la demora en la calificación".

La regulación actual de la cuestión aparece en el artículo 131 bis de la LGSS, apartado 2, redactado por Ley 40/07, de 4 de diciembre. Dicho precepto dispone que "cuando se extingue por el transcurso del plazo de 545 días fijado en el párrafo primero de la letra a) del apartado 1 del artículo 128, se examinará necesariamente, en el plazo máximo de tres meses, el estado del incapacitado, a efectos de su calificación, en el grado de incapacidad permanente que corresponda".

A la vista de la actual regulación y de la doctrina contenida en la sentencia de esta Sala, parcialmente transcrita con anterioridad, forzoso el concluir que tras el agotamiento del período máximo de 545 días en situación de IT, si el trabajador continua necesitando asistencia sanitaria e impedido para el trabajo, se ha de examinar su estado, a efectos de su calificación en el grado de incapacidad permanente que corresponda, abonándole las prestaciones de IT hasta su calificación, aún cuando se declare que su estado no es constitutivo de incapacidad permanente. La ejecución de la sentencia dictada que condena al abono de la prestación de IT hasta la concurrencia de causa legal de extinción ha de ser interpretada en el sentido anteriormente señalado.

Al haberlo entendido así la sentencia recurrida, de acuerdo con el informe del Ministerio Fiscal, procede la desestimación del recurso formulado.

Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

 

FALLAMOS


Desestimamos el recurso de casación par la unificación de doctrina interpuesto por el Letrado de la Administración de la Seguridad Social, actuando en nombre y representación del Instituto Nacional de la Seguridad Social, contra la sentencia dictada el 18 de mayo de 2011 por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede Granada, en el recurso de suplicación número 629/11, interpuesto por la ahora recurrente contra el auto dictado por el Juzgado de lo Social n.º 1 de Granada, el 20 de diciembre de 2010, en autos 186/1010. Sin costas.

Devuélvanse las actuaciones al Órgano Jurisdiccional de procedencia, con la certificación y comunicación de esta resolución.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- En el mismo día de la fecha fue leída y publicada la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. R. M. V. P. hallándose celebrando Audiencia Pública la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario de la misma, certifico.

 

 

 

Caso real en el que se solicitan prestaciones por incapacidad permanente en grado de Total  para la profesión habitual por contingencia de enfermedad comun, obteniendose sentencia estimatoria en la instancia.

 

Se adjunta la documentación del caso:

 

El procedimiento comienza con la solicitud de prestaciones por Incapacidad Permanente ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social ( INSS )

 

 

                                                 <<Caso Real nº 3                       Caso Real nº 5>>

 

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 El Instituto Nacional de Seguridad Social emite resolución denegatoria adjuntando dictamen propuesta:

 

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Frente a la resolucion desestimatoria de la prestacion de Incapacidad Permanente por contingencia de enfermedad comun se presenta reclamacion previa ante el Instituto Nacional de Seguridad Social. 

Se adjunta el documento de reclamación previa.

 

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La reclamación previa planteada se resuelve con resolución desestimatoria. Se adjunta la desestimación de la reclamación previa adminsitrativa.

  

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Es aconsejable hacerse valer por algún dictamen pericial que acredite las limitaciones que se tienen para la actividad laboral.  

 

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Se presentó demanda  judicial en reclamación de prestaciones por Incapacidad Permanente.

Se muestra el modelo de demanda presentado.

 

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La sentencia estima las pretensiones del demandante, reconociendo una incapacidad permanente en grado total.

 

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INCAPACIDAD TEMPORAL

 

Régimen General Seguridad Social

 

¿Qué situaciones se consideran de Incapacidad Temporal?

 

El trabajador que por causa de enfermedad o accidente común o profesional está imposibilitado con carácter temporal para el trabajo y precisa asistencia sanitaria de la Seguridad Social con un máximo de 365 días prorrogables por otros 180 días cuando se presuma que, durante ellos el trabajador pueda ser dado de alta médica por curación.

Los periodos de observación por enfermedad profesional en los que se prescriba la baja laboral con una duración máxima de 6 meses prorrogables por otros 6 cuando se estime necesario para el diagnóstico y estudio de la enfermedad.

 

¿Qué requisitos son necesarios para poder acceder a esta prestación?

 

Estar afiliado a algún régimen de la Seguridad Social en el momento de necesitar la prestación, mientras se reciba asistencia sanitaria de la Seguridad Social y se esté impedido para el trabajo. Se entiende que en los casos que deriven de accidente de trabajo o enfermedad profesional si el empresario incumple sus obligaciones de afiliación y cotización, al trabajador afectado se le considerara de afiliado y en situación de alta de pleno derecho.

Estar en situación de alta o asimilada al alta (es alta especial la huelga legal o el cierre patronal). Se considera como situación asimilada al alta (el desempleo contributivo, el traslado por la empresa fuera del territorio nacional y los convenios especiales de diputados, senadores, gobernantes y parlamentarios de comunidades autónomas.

Tener cubierto un periodo de cotización de 180 días dentro de los 5 años anteriores al momento de incapacidad temporal para los casos de enfermedad común. Si la contingencia es por accidente sea o no de trabajo y enfermedad profesional no se exige periodo previo de cotización.

 

¿Cuál es el procedimiento de la situación de Incapacidad Temporal?

 

Determinada la baja por IT, puede tener una duración máxima de 365 días (incluidos los periodos de recaída y observación, prorrogables por otros 180 días si es previsible que se pueda producir un alta médica por curación.) Si el proceso de IT se viere interrumpido por periodos de actividad laboral por un tiempo superior a seis meses, se iniciara otro nuevo.

 

El Instituto Nacional de la Seguridad social (INSS) es el órgano competente:

 

Para reconocer la situación de prorroga

Para determinar la iniciación de un expediente de Incapacidad Permanente

Para evaluar, calificar y revisar la incapacidad permanente del trabajador

Para emitir el alta médica por curación o por incomparecencia injustificada a los reconocimientos médicos convocados por el INSS.

Para emitir nueva baja médica en situación de IT si se produce en el periodo de 180 días posterior a una anterior alta médica por la misma o similar patología

En el caso de que le emitan un alta médica y no esté conforme podrá mostrar su disconformidad en el plazo de 4 días ante la inspección médica del servicio público de salud (que si discrepara frente al alta del INSS) podrá proponer en plazo de 7 días la reconsideración fundamentando las discrepancias.

 

La inspección médica puede:

 

Confirmar la decisión del INSS o si no se pronunciase en el plazo de 11 días naturales siguientes el alta adquiere plenos efectos.

Discrepar contra el alta del INSS. En este caso la entidad gestora debe pronunciarse expresamente en el plazo de 7 días naturales siguientes, notificándoselo al interesado y a la inspección médica, pudiendo reconsiderar el alta médica por lo que se reconocerá la prorroga de su situación de IT o por el contrario mantener su decisión de alta médica fundamentándola prorrogándose la situación de IT hasta la fecha de la última resolución.

 

¿Qué son los partes de baja, confirmación, y de alta?

 

Los partes de baja son los documentos que emiten la declaración del médico del servicio Público de Salud que ha efectuado el reconocimiento y considera al trabajador en situación de Incapacidad Temporal. Si se trata de una IT por accidente de trabajo o enfermedad profesional y estuviera concertada la protección con una Mutua, serán los servicios médicos de las mismas los que expidan el parte médico de baja que en cualquiera de los casos deberá contener el diagnóstico, limitaciones de la capacidad funcional y previsión de la duración.

Los partes de confirmación se extienden mientras se mantenga la situación de IT cada 7 días desde el primer parte de confirmación. Se deben entregar 2 copias al trabajador una de ellas para que entregue a la empresa. Puede ocurrir que finalice el contrato laboral en el tiempo de IT, el trabajador deberá presentar a la Entidad Gestora o a la Mutua según corresponda las copias de los partes de confirmación de la baja y de alta.

Los partes de alta se emiten tras el reconocimiento del trabajador por el facultativo del Servicio Público de Salud y supone la conclusión del proceso de Incapacidad Temporal.

 

¿Qué cantidad me corresponde percibir?

 

Un subsidio equivalente a un tanto por ciento aplicado sobre una base reguladora.

 

En los casos de IT producida por contingencias comunes (enfermedad común o accidente no laboral):

 

La base reguladora es la base de contingencias comunes del trabajador correspondiente al mes anterior a la fecha de la baja (diaria).

El porcentaje es del 60% desde el día 4 hasta el día 20 inclusive y del 75% desde el día 21 en adelante.

En los casos de IT producida por contingencias profesionales (enfermedad o profesional o accidente laboral)

La base reguladora es la base de contingencias comunes del trabajador del mes anterior a la fecha de la baja sin tener en cuenta las horas extraordinarias (diaria) añadiendo la

Par los casos de accidente de trabajo y enfermedad profesional el porcentaje será del 75% desde el día en que se produzca el hecho que motiva la incapacidad temporal.

 

¿Quién abona las cantidades que se deben percibir?

 

El Instituto Nacional de La Seguridad Social (INSS), el Instituto Social de la Marina (ISM), la Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales o empresas autorizadas que lo gestionen abonan la prestación de IT.

Para los casos de enfermedad común o accidente no laboral el empresario debe abonar desde el día 4 al 15 de la baja laboral. Al tener una obligación de colaboración con la gestión de la Seguridad Social, debido al pago delegado, deberá abonar mensualmente el importe total del subsidio del trabajador, descontando posteriormente de las cuotas que deba ingresar el subsidio que ha abonado a partir del decimosexto día.

En los casos de accidente laboral o enfermedad profesional el subsidio se abonará desde el día siguiente al de la baja, y el empresario deberá abonar el salario integro correspondiente al día de la baja laboral.

Existen unos supuestos en los que el INSS, el ISM, la Mutua de AT y EP o empresas autorizadas que lo gestionen abonan la prestación de IT directamente sin recurrir al pago delegado:

Incumplimiento de la obligación de pago delegado por el empleador.

Exclusión de entidades y organismos de pago delegado.

Solicitudes de empresas de menos de 10 trabajadores que abonen más de 6 meses consecutivos el subsidio.

Extinción de la relación laboral en situación de IT del trabajador.

Cese voluntario en la empresa o extinción del periodo de percepción de desempleo y continuación de la situación de IT.

Representantes de comercio, profesionales taurinos o artistas (si la duración del contrato para estos últimos no excede de 30 días).

Alta médica por informe de perceptores de la prestación por desempleo.

Conclusión de la IT y del plazo máximo hasta la calificación de Incapacidad Permanente.

Por agotar la prestación de IT pasando a prorroga de IT (salvo que se estuviera percibiendo la prestación contributiva por desempleo en cuyo caso la prestación la abonaría el Servicio Publico de Empleo hasta agotamiento del mismo)

Iniciación de Incapacidad permanente tras resolución de Entidad gestora.

 

¿En qué situaciones puedo encontrarme dentro del proceso de Incapacidad temporal?

 

¿Qué ocurre si un trabajador se encuentra en situación de desempleo y se encuentra en le desarrolla una situación de incapacidad temporal?

 

De forma genérica no se amplía la prestación por desempleo. Las cotizaciones a la Seguridad Social las realizará la Entidad que gestione las prestaciones por desempleo. Se pueden producir modificaciones en la cuantía que se perciba tras agotarse el periodo de desempleo.

La cuantía que percibirá será igual a la prestación por desempleo tanto si se trata de una recaída de de un proceso que se inicio cuando estaba vigente el contrato de trabajo como si se trata de un nuevo proceso, pero en el primer caso si continua la situación de IT después de agotarse el periodo de desempleo percibirá la prestación por IT en la cuantía de desempleo que venía percibiendo, mientras que en el caso de un nuevo proceso, si continua la IT tras agotarse el periodo de desempleo percibirá la prestación por IT en cuantía igual al 80% del IPREM mensual, excluida la parte proporcional de pagas extraordinarias

 

¿Qué ocurre si durante una situación de Incapacidad Temporal se encuentra un trabajador en situación de desempleo por extinción de su contrato laboral?

 

Las diferencias que puedan surgir dependen de las contingencias que motiven la Incapacidad Temporal.

Incapacidad temporal derivada de contingencias comunes( enfermedad común o accidente no laboral). Pasara a la situación legal de desempleo si reúne los requisitos para ello percibiendo la cuantía que le corresponda por esta prestación y descontando las cantidades percibidas por la situación de IT desde la extinción del contrato

Incapacidad temporal por contingencias profesionales (accidente laboral o enfermedad profesional) . Mantendrá la situación de IT cobrando la misma cuantía que tuviera reconocida y posteriormente podrá solicitar la prestación por desempleo si cumple los requisitos necesarios para ello.

 

¿En qué casos me pueden retirar la prestación por IT?

 

Se puede anular, denegar o suspender la prestación en los casos en que se realice una actividad laboral por cuenta propia ajena ,se realice una actuación fraudulenta del beneficiario para mantener la prestación o sin tener una causa razonable se abandone el tratamiento prescrito y no se respeten las obligaciones de entrega de

 

¿En qué casos finaliza la prestación por IT?

 

- Se produzca el alta médica del trabajador, con o sin declaración de Incapacidad Permanente.

- Concluya la situación de IT.

- Reconocimiento de una pensión de jubilación para el beneficiario de la IT.

- Incomparecencia injustificada para reconocimientos y exámenes establecidos por los Médicos del INSS o la Mutua.

- Fallecimiento

 

Entrevista en elconfidencial.com del Letrado D. Vicente Javier Saiz Marco relativa a la problemática concesión de las prestaciones por incapacidad permanente http://www.elconfidencial.com/sociedad/2015-11-15/incapacidad-permanente-seguridad-social-arritimia-teleoperador_1096089/


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