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Sentencia del Tribunal Supremo, Doctrina de la Sala de lo Civil, cláusulas abusivas que fijan los intereses de demora en los préstamos hipotecarios para la adquisición de la vivienda habitual.

 

 

Adjuntamos novedosa Sentencia dictada por el Tribunal Supremo de fecha 3 de junio de 2016 por la que fija la doctrina respecto a la declaración de abusividad de las cláusulas que establecen los intereses de demora en la escritura del préstamo hipotecario. 

 

 
 
Con esta última sentencia, el Tribunal Supremo fija la doctrina respecto al control de las cláusulas abusivas contenidas en las escrituras de los préstamos hipotecarios, con aplicación de la doctrina dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
 
 
Así, señala que  el límite previsto en el artículo 114.3 de la Ley Hipotecaria, el cual reza "Los intereses de demora de préstamos o créditos para la adquisición de vivienda habitual, garantizados con hipotecas constituidas sobre la misma vivienda, no podrán ser superiores a tres veces el interés legal del dinero y sólo podrán devengarse sobre el principal pendiente de pago. Dichos intereses de demora no podrán ser capitalizados en ningún caso, salvo en el supuesto previsto en el artículo 579.2.a) de la Ley de Enjuiciamiento Civil", introducido tras las reforma operada por la Ley 1/2013 de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, no garantiza el control de abusividad para aquellos préstamos destinados a la adquisición de la vivienda  habitual.
 
 
Por ello resulta necesario extender el criterio sostenido para declarar la nulidad de la cláusula de los intereses moratorios en los préstamos personales, a los préstamos hipotecarios de adquisición de la primera vivienda, donde se considera tal, el incremento de dos puntos respecto del interés pactado, criterio fijado en la sentencia 265/2016 de 22 de abril, citando su argumentación que "concluimos abusivo un interés de demora que suponga un incremento de más de dos puntos porcentuales respecto del interés remuneratorio pactado en un préstamo personal; (...) La Sala considera que el incremento de dos puntos porcentuales previstos en el art. 576 de la LEC para la fijación del interés de mora procesal es el criterio legal más idóneo para fijar cuál es el interés de demora en los préstamos personales concertados con consumidores que no suponga la imposición de una indemnización alta al consumidor que no cumpla con sus obligaciones."
 
 
En definitiva, concluye el Alto Tribunal en su Fundamento Jurídico 2º, apartado 7, 6º párrafo que "En este momento, si partimos del presupuesto condicionante de que el límite legal previsto en el art. 114.3 LH para los intereses de demora en préstamos hipotecarios destinados a la adquisición de la primera vivienda no sirve de criterio para el control de abusividad, y advertimos la conveniencia, por seguridad jurídica, de establecer un criterio objetivo, no encontramos razones para separarnos del adoptado en la sentencia 265/2015, de 22 de abril , para los préstamos personales. Si bien, para justificar el diferencial de dos puntos respecto del interés remuneratorio, advertíamos que en el préstamo personal el interés remuneratorio habitualmente es mucho más elevado, en atención a la ausencia de garantía real, esta diferencia no justifica que variemos de criterio en el caso del préstamo hipotecario. Y de hecho, aunque referido a los efectos derivados de la nulidad de la cláusula de intereses de demora, ya advertíamos en las sentencias 705/2015, de 23 de diciembre , y 79/2016, de 18 de febrero , que «resultaría paradójico, cuando no motivo de agravio para los prestatarios hipotecarios sobre vivienda habitual, que se les aplicara un interés moratorio de carácter legal sumamente alto en relación con el interés remuneratorio usual». Además, también en este caso, este criterio se acomoda mejor a la jurisprudencia de esta sala sobre los efectos de la declaración de nulidad de la cláusula de intereses moratorios declarados abusivos que, por afectar al incremento respecto del interés remuneratorio, no impide que se siga aplicando a la deuda el interés remuneratorio pactado."
 
 
 

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 Sentencia nº 365/2016 del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil

 

 

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Suspensión de la pena privativa de libertad, artículo 80 del Código Penal.

 

 

¿En que casos cabe la suspensión de la pena privativa de libertad?

 

 
Se suele decir de manera coloquial que “si la prisión es menor de dos años no se entra a cumplir a la cárcel”. Esta expresión se refiere a aquellos casos en los que quien haya sido condenado por sentencia firme a la pena privativa de libertad inferior a los dos años cabe la suspensión de la pena o la sustitución por el pago de multa.

Si bien, tras la reforma del Código Penal obrado el pasado 1 de julio de 2015, lo que anteriormente era conocido por suspensión y sustitución de las penas, se ha visto modificado de manera sustancial.
 

Examinando la nueva redacción el art. 80 y siguientes del CP, donde se regulan los requisitos necesarios para suspender la pena de privativa de libertad, aparecen recogidos los requisitos necesarios que deben concurrir para que se suspenda la pena, si bien, esta es una facultad  del Juez, no una imposición legal a todas aquellas condenas inferiores a dos años.
 

Así en primer lugar, no encontramos con que el Juez podrá dejar en suspenso la ejecución de las penas privativas de libertad, siempre y cuando  sea razonable esperar que la ejecución de la pena no sea necesaria para evitar la comisión futura por el penado de nuevos delitos. Se valorará las circunstancias de delito y las personales del penado.


2º.- La pena a suspender debe ser no superior a dos años o la suma de las impuestas si fueran varias, sin incluir las derivadas por impago de la multa.


.- También es necesario que el penado haya delinquido por primera vez. No se tendrán en cuenta las anteriores condenas por delitos imprudentes o por delitos leves, ni los antecedentes penales que hayan sido cancelados, o debieran serlo. Tampoco los antecedentes penales por delitos que carezcan de relevancia para valorar la probabilidad de comisión de delitos futuros.


4.º Que haya abonado la responsabilidad civil y se haya hecho efectivo el decomiso acordado en sentencia. La novedad introducida tras la reforma es que si el penado asume el compromiso de pago y se espere de manera razonable que vaya a cumplir con el abono, se entenderá cumplido este requisito.


Estos son los requisitos esenciales para que se suspenda la pena privativa de libertad, si bien, existen tres supuestos excepcionales en los que también se podrá dejar en suspenso la ejecución de la pena privativa de libertad: 


- penados a penas inferiores a dos años, no reos habituales, cuando sus circunstancias personales y del delito lo aconseje, siempre condicionado a abono de la responsabilidad civil, al pago de una multa o realización de trabajos en beneficio de la comunidad con un mínimo de 1/5  y un tope máximo de 2/3 de su duración.


-como son que el penado padezca una enfermedad muy grave con padecimientos incurables, aún sin reunir ninguno de los requisitos mencionados


-o en los casos de penados dependientes a drogas tóxicas, estupefacientes, etc… y que actuaran bajo la dependencia de las mismas si la pena no supera los 5 años siempre que se certifique que se encuentra deshabituado o en tratamiento de  deshabituación.


La duración de la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad vendrá determinada por la extensión de la pena impuesta, correspondiendo a las penas inferiores a dos años una suspensión de 2 a 5 años, y de 3 meses a 1 años a las penas leves. 


La suspensión de la ejecución podrá ser acordada en la sentencia o bien tras la firmeza de la misma.
 
 
 
 

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Caso real: Sentencia absolutoria de un delito de lesiones en el ámbito familiar

 

 

Adjuntamos reciente Sentencia absolutoria a favor de nuestro cliente acusado de un delito de lesiones en el ámbito familiar.  

 

En el presente caso, el cliente venía acusado de la comisión de un delito tipificado en el artículo 153.1 y 3 del Código Penal, como autor de un delito de lesiones en el ámbito familiar hacia su pareja sentimental, la cual también se encontraba acusada por un delito  de lesiones en el ámbito familiar tipificado en el art. 153.2 y 3 CP.
Las penas solicitadas por el Ministerio Público para la pareja sentimental acusadas de agredirse mutuamente era un año de prisión, privación de tenencia y porte de armas por plazo de tres años y la prohibición de aproximarse a menos de 500 metros de su pareja sentimental o de comunicar con ella por el plazo de tres años más el abono de las costas procesales.
 
 
En el acto del juicio ambos acusados se acogieron a su derecho a no declarar, contando la acusación únicamente con las testificales de los agentes de policía intervinientes en la detención de ambos acusados, pero que en ningún caso presenciaron directamente los hechos denunciados.
 
 
El Juzgado de lo Penal acaba dictando Sentencia absolutoria para ambos acusados en tanto que no ha quedado acreditado que se produjera una agresión mutua o de un sujeto hacia el otro, primando el principio de presunción de inocencia ante la carencia de prueba clara y suficiente que induzca a la conclusión razonable de la autoría del delito del que venían acusados, no siendo suficiente para quebrar el principio mencionado con la sóla declaración de los agentes, los cuales fueron testigos de referencia y nunca directos de los hechos. 
 
 
 
 
 
 Este proceso judicial ha sido defendido por la Letrada Alexandra Roncero Facal. 
 

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 Sentencia absolutoria por delito de lesiones en el ámibito familiar

 

 

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Accidente de tráfico: Responsabiliad por culpa extracontractual.

 

 

Exponemos a continuación una duda frecuente a la hora de iniciar la reclamación de responsabilidad civil tras fallecimiento del pasajero ocupante del vehículo por parte de los familiares. 

 

Accidente de tráfico en el que resulta lesionado el pasajero, el cual es trasladado a los servicios de urgencia e intervenido quirúrgicamente, si bien, acaba falleciendo como consecuencia de una infección. 


La duda surge a la hora de determinar la petición concreta de la demanda para lograr obtener una sentencia favorable y la consecuente indemnización por parte de la compañía aseguradora del vehículo implicado. ¿Se reclama por el fallecimiento dado que si no se hubiera padecido el accidente de tráfico, el trágico final no se hubiera producido, o bien, se reclama por las lesiones derivadas del accidente pues la causa del fallecimiento se encuentra relacionado  únicamente con la intervención quirúrgica? Y por otro lado, ¿quienes están legitimados para reclamar tras el fallecimiento?


Exponemos a continuación lo establecido por la Sala Primera del Tribunal Supremo en numerosas sentencias,  20 de mayo de 2015, 13 de septiembre de 2012  de Pleno y 10 de diciembre de 2009, a la hora de concretar  cuál es la causa por la que se reclama responsabilidad civil, siendo preciso diferenciar entre:


  1. La indemnización por las lesiones sufridas por el pasajero como consecuencia de la colisión. Es decir, se indemnizarían los días de sanidad y secuelas sufridos por el daño físico y moral generado al ocupante transportado. El derecho a esa indemnización ya habría entrado en el patrimonio del lesionad , y por su posterior fallecimiento correspondería su reclamación a quienes acreditasen ser los herederos. El derecho de la víctima a ser resarcido por las lesiones y daños nace como consecuencia del accidente que causa este menoscabo físico y la determinación de su alcance está función de la entidad e individualización del daño, según el resultado de la prueba que se practique. Derecho a ser indemnizado que es transmisible a sus herederos puesto que no se extingue por su fallecimiento, conforme el artículo 659 del Código Civil , con lo que serán quienes acrediten ser los herederos los que ostentarán la legitimación para exigir al conductor, propietario y aseguradora su obligación de indemnizar.
  2. Cuestión distinta es la indemnización por el fallecimiento, y que es consecuencia de una infección pos-quirúrgica. El derecho a ser indemnizado por este concepto correspondería a los parientes perjudicados por dicho óbito, que en este caso serían los hijos.


En virtud de la diferenciación anterior, el principal problema estriba en probar la relación directa entre el resultado dañoso y el accidente de tráfico. La falta de causalidad jurídica entre las lesiones derivadas de siniestro y el posterior fallecimiento supondrá la desestimación de la demanda e imposición de costas a la parte demandante.


Por ello, hay que considerar que para que nazca la obligación  del indemnizar el daño del artículo 1902 del Código Civil, es necesario en primer lugar, la existencia de una causalidad física entre la acción u omisión y el resultado dañoso. 


De igual manera, es necesario que concurra la denominada causalidad jurídica, criterio actualmente aplicado por los Tribunales, que obliga a valorar con criterios del ordenamiento jurídico la posibilidad de imputar al agente el daño causado apreciando la proximidad con la conducta realizada, el ámbito de protección de la norma infringida, el riesgo general de la vida, provocación prohibición de regreso, incremento del riesgo, consentimiento de la víctima y asunción del propio riesgo, y de la confianza. 

Así, la jurisprudencia del Tribunal Supremo viene estableciendo a través de sus resoluciones, siendo algunas,  Sentencia de 10 de septiembre de 2015, 6 de febrero de 2015, 14 de julio de 2014,18 de marzo de 2014, 10 de julio de 2012, entre otras, las siguientes reglas que sirven sobre todo para descartar la responsabilidad:

a) Los riesgos generales de la vida: La vida tiene riesgos propios e inherentes, que son aceptados por todos. Es decir, las «desgracias» sí existen.

b) La prohibición de regreso: Encontrada una causa próxima, no debe irse más allá, más atrás, buscando causas remotas.

c) La provocación: Quién provocó la situación. Sin descartar que sea el propio perjudicado porque  asumiese un riesgo no justificado.

d) El fin de protección de la norma.

e) El incremento del riesgo, o la conducta alternativa correcta. Si el daño se habría producido igual aunque se adoptase otra conducta.

f) Competencia de la víctima (hechos o situaciones que estaban en el dominio de la víctima).

g) Y, en todo caso, y como cláusula de cierre, la probabilidad; lo que permite excluir la responsabilidad en los supuestos de eventos altamente improbables, imprevisibles, y que a la postre nos recuerdan el caso fortuito.

 
Así sieta el alto Tribunal que " encontrada una causa próxima al luctuoso resultado no puede seguirse retrocediendo en el tiempo para encontrar causas remotas, porque este retroceso nos llevaría a situaciones irracionales, tales como buscar la causa del fallo renal para atribuirle el resultado o incluso más atrás."

 
 

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Artículo 76 del Código Penal, la acumulación de condenas y la reciente interpretación realizada por la Sala 2ª del Tribunal Supremo.

 

 

Os exponemos hoy la reciente interpretación práctica que ha realizado el Tribunal Supremo a la hora de aplicar la acumulación de condenas que permite el artículo 76 del Código Penal.  

 

Con motivo de la recientemente Sentencia publicada por el Tribunal Supremo, sala 2ª, pasamos a examinar la línea interpretativa del art. 76CP en relación con el acuerdo del pleno no jurisdiccional de fecha 03/02/2016.
 

El art. 76CP contempla el tiempo máximo que puede permanecer privado de libertad un condenado. Si bien el Código Penal fija que se impondrán todas las penas correspondientes a las diversas infracciones (art.73) para su cumplimiento simultáneo o para el caso de que no fuera posible, cumplimiento en orden sucesivo por la respectiva gravedad (art-. 75), se establece un tiempo máximo legal de cumplimiento en prisión, todo ello, en relación directa con el principio constitucional de las penas están orientadas hacia la reeducación y reinserción social.
 

Reza literalmente el precepto, “Artículo 76: 1. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el máximo de cumplimiento efectivo de la condena del culpable no podrá exceder del triple del tiempo por el que se le imponga la más grave de las penas en que haya incurrido, declarando extinguidas las que procedan desde que las ya impuestas cubran dicho máximo, que no podrá exceder de 20 años. Excepcionalmente, este límite máximo será:
a) De 25 años, cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos y alguno de ellos esté castigado por la ley con pena de prisión de hasta 20 años.
b) De 30 años, cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos y alguno de ellos esté castigado por la ley con pena de prisión superior a 20 años.
c) De 40 años, cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos y, al menos, dos de ellos estén castigados por la ley con pena de prisión superior a 20 años.
d) De 40 años, cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos referentes a organizaciones y grupos terroristas y delitos de terrorismo del Capítulo VII del Título XXII del Libro II de este Código y alguno de ellos esté castigado por la ley con pena de prisión superior a 20 años.
• e) Cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos y, al menos, uno de ellos esté castigado por la ley con pena de prisión permanente revisable, se estará a lo dispuesto en los artículos 92 y 78 bis.
2. La limitación se aplicará aunque las penas se hayan impuesto en distintos procesos cuando lo hayan sido por hechos cometidos antes de la fecha en que fueron enjuiciados los que, siendo objeto de acumulación, lo hubieran sido en primer lugar.”

En el Acuerdo no jurisdiccional de la Sala 2º del Tribunal Supremo, de fecha 03/02/2016, se establecieron las reglas interpretativas del art. 76.2CP “La acumulación de penas deberá realizarse partiendo de la sentencia más antigua, pues al contenerse en ella los hechos enjuiciados en primer lugar, servirá de referencia respecto de los demás hechos enjuiciados en las otras sentencias. A esa condena se acumularán todas las posteriores relativas a hechos cometidos antes de esa primera sentencia. Las condenas cuya acumulación proceda respecto de esta sentencia más antigua, ya no podrán ser objeto de posteriores operaciones de acumulación en relación con las demás sentencias restantes. Sin embargo, si la acumulación no es viable, nada impediría su reconsideración respecto de cualquiera de las sentencias posteriores, acordando su acumulación si entre sí son susceptibles de ello.”

La Sentencia de fecha 14 de abril de 2016 realiza una explicación práctica sobre la interpretación marcada con anterioridad por el Tribunal Supremo, y a la vista de la sucesiva Sentencia nº 139/2016, por la que la interpretación del art. 76.2 CP no es un principio sustantivo penal sino una regla práctica y metodológica sobre el modo de proceder en la acumulación jurídica de las penas, fijando un criterio uniforme para su realización práctica.
 

El cambio interpretativo se ve ampliado al hecho de que para el caso de que se cumplan los requisitos inamovibles de la Sala, siendo que los hechos sean siempre anteriores a la sentencia que sirva de referencia a la acumulación, que los hechos no estén sentenciados con anterioridad a la misma y que la operación sea completa, no pueden excluirse otras posibilidades combinatorias que beneficien al condenado.
 

Así aclara el alto Tribunal que lo que establece el apartado 2 del art.76  “No significa necesariamente que la sentencia deba ser la de fecha más antigua de todas las potencialmente acumulables, sino anterior a las que hayan enjuiciado los hechos que sean objeto de acumulación en relación con la que sirve de referencia en cada caso. De la misma forma, cuando el límite máximo sea superior a las penas impuestas, podrá reconsiderarse la combinación de las descartadas en la primera operación para el examen de otra posibilidad de acumulación distinta, siempre que se cumplan las reglas fijas.”
 
 
 
 

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Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 2ª, nº 314/2016, de 14 de Abril de 2016.

 

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Caso real: Sentencia absolutoria de un delito de robo con violencia e intimidación con uso de instrumento peligroso

 

 

Adjuntamos reciente Sentencia absolutoria a favor de nuestro cliente acusado de un delito de robo con violencia e intimidación con uso de instrumento peligroso.  

 

En el presente caso, el cliente venía acusado de la comisión de un delito tipificado en el artículo 237 y 242. 1º y 3º del Código Penal, como autor de un delito de robo con violencia e intimidación en su modalidad agravada por el empleo de un instrumento peligroso,  solicitando la acusación del Misniterio Fiscal, que se le impusiera la pena de de 4 años de prisión más el abono de la responsabilidad civil, debiendo indemizar al perjudicado por los daños materiales causados en sus pertenencias.
 
 
Establece el art. 237del Código Penal que "Son reos del delito de robo los que, con ánimo de lucro, se apoderaren de las cosas muebles ajenas empleando fuerza en las cosas para acceder o abandonar el lugar donde éstas se encuentran o violencia o intimidación en las personas, sea al cometer el delito, para proteger la huida, o sobre los que acudiesen en auxilio de la víctima o que le persiguieren." En relación con el artículo 242 " 1. El culpable de robo con violencia o intimidación en las personas será castigado con la pena de prisión de dos a cinco años, sin perjuicio de la que pudiera corresponder a los actos de violencia física que realizase.

2. Cuando el robo se cometa en casa habitada, edificio o local abiertos al público o en cualquiera de sus dependencias, se impondrá la pena de prisión de tres años y seis meses a cinco años.
 
3. Las penas señaladas en los apartados anteriores se impondrán en su mitad superior cuando el delincuente hiciere uso de armas u otros medios igualmente peligrosos, sea al cometer el delito o para proteger la huida, y cuando atacare a los que acudiesen en auxilio de la víctima o a los que le persiguieren.

4. En atención a la menor entidad de la violencia o intimidación ejercidas y valorando además las restantes circunstancias del hecho, podrá imponerse la pena inferior en grado a la prevista en los apartados anteriores. "
 
 
En el acto del juicio, se solicitó por el Ministerio Público la lectura del la declaración testifical de un testigo que no compareció a juicio por encontrarse en paradero desconocido, al amparo del artículo 730 de la LECrim, mostrando nuestra oposicion a la misma.
 
De acuerdo con  lo establecido en el artículo 730 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, "podrán también leerse o reproducirse a instancia de cualquiera de las partes las diligencias practicadas en el sumario, que, por causas independientes de la voluntad de aquéllas, no puedan ser reproducidas en el juicio oral, y las declaraciones recibidas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 448 durante la fase de investigación a las víctimas menores de edad y a las víctimas con discapacidad necesitadas de especial protección."
 
Si bien, la lectura de las declaraciones realizadas en fase de instrucción por parte de los testigos, resulta factible tal y como se ha pronunciado el Tribunal Supremo en numerosas ocasiones, siempre y cuando se cumpla con una serie de requisitos esenciales. Es doctrina consolidada que "se puede atribuir valor probatorio a dichas diligencias sumariales siempre que se hayan practicado con todas las formalidades que la Constitución y el ordenamiento procesal establecen y que sean efectivamente reproducidas en el juicio oral en condiciones que permitan a la defensa del acusado someterlas a contradicción."
 
Aplicando la mencionada doctrina, se alegó en el plenario la manifiesta indefensión del acusado, vulnerando su derecho a la defensa, en tanto que no se puede someter a contradicción la declaración del testigo ausente en el acto del juicio, habida cuenta que no se ha realizado la declaración en fase de instrucción con la presencia letrada del acusado.
 
 
 
 Este proceso judicial ha sido defendido por la Letrada Alexandra Roncero Facal. 
 

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Caso real: Sentencia absolutoria de un delito leve de amenazas e injurias en el ámbito familiar.

 

Adjuntamos reciente Sentencia absolutoria a favor de nuestro cliente denunciado por la presunta comisión de un delito leve de amenazas e injurias en el ámbito familiar del padre al hijo. 

  

 

Este tipo de procedimientos requieren expresamente la denuncia del perjudicado o bien de su representante legal. Así en el presente caso, se ha presentado denuncia por la madre de un menor, frente al padre del mismo, por presuntamente proferir amenazas e insultos hacia su hijo menor de edad.
 
 
Si  bien, en el acto del juicio no ha quedado acreditado que se produjeran dichos delitos por parte del padre del menor, entendiendo acertadamente el juzgador que ante la duda y ante  la falta de prueba que sostenga la acusación, debe dictarse una sentencia absolutoria a favor del denunciado-investigado, en virtud del principio de presunción de inocencia.
 
 
Para el caso de que se hubiera acreditado la comisión del delito de injurias en el ámbito familiar, veamos la pena prevista. Así, establece el art. 173.4 del Código Penal que "Quien cause injuria o vejación injusta de carácter leve, cuando el ofendido fuera una de las personas a las que se refiere el apartado 2 del artículo 173, será castigado con la pena de localización permanente de cinco a treinta días, siempre en domicilio diferente y alejado del de la víctima, o trabajos en beneficio de la comunidad de cinco a treinta días, o multa de uno a cuatro meses, esta última únicamente en los supuestos en los que concurran las circunstancias expresadas en el apartado 2 del artículo 84. Las injurias solamente serán perseguibles mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal."
 
 
Información sobre los nuevos delitos leves tras la reforma del Código Penal. Pinche aquí.
 
 
   
 Este proceso judicial ha sido defendido por la Letrada Alexandra Roncero Facal. 
 

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Caso real: Sentencia condenatoria por la comisión de un delito leve de uruspación de inmueble, dictada con conformidad de los acusados.

 

 

 

 

 
En el presente caso real, nos encontramos con dos peculiaridades en el procedimiento. En primer lugar, las variaciones en el tipo delictivo como consecuencia de la reforma del Código Penal, y en segundo lugar, la aceptación por los acusados con la condena solicitada por el Ministerio Fiscal.
 
Los antecedentes comunes a este tipo de delito son los siguientes: La ocupación de un inmueble por terceros no autorizados, siendo el propietario una entidad bancaria. La presentación por parte del banco de la correspondiente denuncia ante los Juzgados de instrucción del lugar donde radique el piso. La identificación de los ocupantes y su citación como investigados por un presunto delito de ururpación de inmueble.
 
 
Respecto de la primera peculiaridad, señalar que no se ha seguido el procedimiento habitual, sino que el mismo se ha visto modificado como consecuencia de la entrada en vigor el 1 de Julio de 2015 de la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre del Código Penal. (Para ver los artículos modificados con la reforma, pinche aquí)
 
Con anterioridad a la reforma mencionada, la ocupación de inmuble sin la autorización de su titular era constitutivo de un delito contemplado en el artículo 245.2 del Código Penal, y por lo tanto su tramitación era la dispuesta en el Título II de La Ley de Enjuiciamiento Criminal, correspondiendo su instrucción y enjuiciamiento como procedimiento abreviado.
Tras la reforma mencionada, se modifica ya no el tipo penal, que sigue castigando la ususpación de inmueble con la misma condena en el art. 245.2, sino que al producirse la supresión del cápitulo "De las Faltas y sus penas", todas las acciones sancionables contenidas en el código pasan a ser delitos, diferenciando tres tipos, los delitos graves, los menos graves y los delitos leves. Son delitos leves las infracciones que la ley sanciona con pena leve (art. 13.3CP). 
Información sobre los nuevos delitos leves tras la reforma del Código Penal. Pinche aquí.
 
Así el artículo 245.2CP pasa a ser considerado como delito leve, y de acuerdo con lo establecido en la Disposición Transitoria Primera, "se aplicará la legislación penal vigente en el momento de la comisión a los delitos cometidos hasta el día de la entrada en vigor de la Ley 1/15. No obstante, se aplicará esa ley si las disposiciones son más favorables para el reo." El beneficio radica en el plazo de prescripción de los delitos leves.
 
En segundo lugar, destacar el hecho de que se alcanzó un acuerdo con el Ministerio Fiscal, al objeto de que se impusiera a los acusados la pena mínima prevista en el Código, teniendo en cuenta que sanciona el art. 245.2CP "el que ocupare, sin autorización debida, un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada, o se mantuviere en ellos contra la voluntad de su titular, será castigado con la pena de multa de tres a seis meses"
 
La conformidad con la acusación deriva de la prueba clara y directa del reconocimiento presencial realizado por los agentes de Policía de los autores del delito en el inmueble objeto del procediminto, y por lo tanto de dificil defensa, siendo más recomendable en el presente caso que el abogado alcance un acuerdo con el Fiscal para que la pena a imponer sea la mínima, 3 meses de multa, y con una cuota diaria ajustada a las circusntancias económicas de los acusados, en este caso 3 euros diarios.
 
 
 
 Este proceso judicial ha sido defendido por la Letrada Alexandra Roncero Facal. 

 

 

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 Sentencia condenatoria por delito leve con conformidad de los acusados

 

 

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Os mostramos hoy un caso real defendido por el despacho, en el que se ha  obtenido el archivo del procedimiento penal iniciado contra un cliente, por la presunta comisión de un delito leve de ururpación de inmueble.

 

 

 
En el presente caso real, el titular de la vivienda era una entidad bancaria, la cual en el momento en que tuvo conocimiento de que el inmueble de su propiedad se encontraba habitado, sin haber otorgado título habilitante para ello, procedió a la presentación ante los Juzgado de Instrucción de Madrid de la correspondiente denuncia por si los hechos pudieran ser constitutivos de un presunto delito de usurpación de inmueble.
 
Como consecuencia de la presentación de la denuncia por parte del propietario, se citó a declarar a los ocupantes de la vivienda en calidad de imputados, habiendo comparecido ante el Juzgado de Instrucción con asistencia de abogado y prestado declaración sobre los hechos, con expreso reconocimiento de la ocupación de la vivienda careciendo de autorización del tiular.
 
Por parte del Juzgado competente se emplazó a los denunciados a que abandonaran en plazo de 1 mes el piso objeto de la denuncia, pues en caso contrario, se procedería a su lanzamiento. 
 
Examinemos a continuación que establece el artículo 245.2 del Código Penal; "el que ocupare, sin autorización debida, un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada, o se mantuviere en ellos contra la voluntad de su titular, será castigado con la pena de multa de tres a seis meses."
 
Por ello, las personas denunciadas podrían haber sido condenadas como autoras de un delito de usurpación de inmueble, del art. 245.2CP, a la pena de multa de tres a seis meses, con cuota diaria atendiendo a sus circunstancias económicas.
 
En este punto debemos destacar la importancia de la figura del abogado, y que en el presente caso fue de fundamental, en tanto que se logró negociar con la entidad bancaria la ampliación del plazo para el desalojo, y la sucesiva renuncia a la continuación del procedimiento penal, dictándose por el órgano judicial Auto de sobreseimiento y archivo de la causa.
 

Este proceso judicial ha sido defendido por la Letrada Alexandra Roncero Facal. 

 

 

Por Alexandra Roncero

 Abogada Penalista en Madrid

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Derecho Penal

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 Auto de sobreseimiento y archivo dictado por el Juzgado de Instrucción de Madrid.

 

 

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  Reciente Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de Febrero de 2016 por la que se rectifica la doctrina anterior respecto a la consideración de los Planes de pensiones como ingreso o incremento patrimonial equiparable a los rendimientos de trabajo, a tener en cuenta a la hora de percibir prestaciones por desempleo.

 

 

Exponemos a continuación un caso bastante frecuente durante la percepción de prestación de desempleo, por la que el Servicio Público De Empleo Estatal, procede a sancionar al percepctor con la extinción de la prestación, al entender que se ha producido durante la misma un incremento patrimonial no comunicado y por ende, infracción sancionable con la extinción del derecho y reclamación de lo percibido a tratarse de un cobro indebido .

 

El supuesto concreto versa sobre la percepción del subsidio para mayores de 52 años. Reconocido el derecho al subsidio, durante la percepción del mismo, el sujeto,  rescata un plan de pensiones por importe de 16.000 euros, el cual si declara tributariamente pero no se comunica al SEPE como incremento patrimonial.

Así, el Servicio de Empleo, incoa un procedimiento sancionador por el que finalmente resuelve extingir la percepción del subsidio reconocido, sin derecho a acceder  a ninguna prestación o subsidio por haber extinguido el derecho, y declarar la percepción indebida de prestaciones por desempleo, en base al art. 215 LGSS "al haber obtenido rentas, en cómputo mensual, superiores al 75% del salario mínimo interprofesional, excluida la parte proportcional de dos pagas extraordinarias, tras haber rescatado un plan de pensiones por un importe de 16.000 euros". Frente a esta resolución, se presentó reclamación administrativa previa que fue desestimada.

La persona afectada por la extinción del subsidio interpuso demanda frente al Servicio Público de Empleo Estatal solicitando el reconocimiento  de derecho a la percepción del subsidio, declarando no ajustadas a Derecho las resoluciones del SEPE que le sancionan con la extinción.

 

La sentencia de primera instancia estima parcialmente la demanda del perjudicado, reconociendo el derecho a percibir la prestación extinguida, al no ser ajustadas a derecho las resoluciones sancionadoras, pero procede a la suspensión del subsidio durante el período durante el cual se rescató el fondo de pensiones con obligación de devolver lo percibido. Recurre en suplicación el SEPE, siendo desestimado por el Tribunal Superior de Justicia.

 

Se interpuso recurso de casación para la unificación de la doctrina por el Servicio de Empleo, al entender que la sanción a imponer sería la extinción de la prestación y no la suspensión.

De este punto parte la Sala de Social del Tribunal Supremo, ante la disparidad de las resoluciones dictadas en casos de misma identidad. Así, se trata de trabajadores que perciben el subisidio por desempleo para mayores de 52 años, y durante la percepción, rescatan un plan de pensiones sin comunicación a la Entidad Gestora, si bien por Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña  de fecha 14 de abril de 2008, se determinó que la sanción aplicable era la extinción de la prestación, al haber incurrido en la infracción contenida en el art.25 del RD Legislativo 5/2000, no haber comunicado al SEPE la pérdida de los requisitos para causar derecho al subsidio de desempleo, al tener rentas superiores al 75% del SMI en cómputo anual.

Sin embargo, dicha Sentencia se contradice con la dictada por el Tribunal Supremo en fecha 28 de mayo de 2013, en la que entendió que procedía la suspensión y no la extinción del subisidio ya que la imputación de ingresos obtenidos por la liquidación del plan de pensiones debe imputarse sólo al mes en que se produce, es decir, a un período concreto, y no a todo el período reconocido, con independencia de que se haya comunicado o no al SEPE.

 

En definitiva, el tribunal concluye estableciendo que:

 

<<Las únicas rentas o ingresos computables de la actora son los rendimientos, plusvalías o beneficios que le haya podido generar el plan de pensiones durante el tiempo en que el mismo subsistió, sin que quepa imputar como renta o ingreso el importe total del rescate del mismo, es decir, 16.000 euros. Y al no constar si han existido tales beneficios, plusvalías o rentas, ni el importe de los mismos, la parte actora no ha cometido la infracción que el SEPE le imputa, a saber, no comunicar la obtención de las rentas y percibir la prestación por desempleo indebidamente."

 

 

Por Alexandra Roncero

Abogado Experto en Procesos Laborales

91.530.96.95

 

 


902 55 96 22  


 

 

 


 

 


 

Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de febrero de 2016

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CASO REAL: Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia de Madrid, desestimando la demanda presentada por el Misniterio Fiscal, por la que se pretendía se declarase la incapacidad de la persona demandada y su internamiento en un centro de salud mental.

 

 

El cliente acude al despacho tras recibir citación y emplazamiento del Juzgado de Primera Instancia de Madrid, competente para resolver sobre la capacidad de las personas, en base a la demanda presentada por Fiscalía, derivado de un informe emitido por el Servicio Público de Salud, alegando la enfermedad como motivo incapacitante de su persona y que además requiere de un internamiento involuntario en un Centro de Salud Mental para su tratamiento y cuidado, con nombramiento de la Agencia de Tutela de Adultos como tutor legal de dicha persona.

 

Ante la mencionada demanda se realizó la oportuna contestación de contrario y las partes fueron citadas a Juicio Oral, previo examen del presunto incapaz y sus familiares más próximos. A pesar del informe del Servicio Público de Salud, se ha determinado en el procedimiento judicial, tras el examen realizado por el médico forense así como con la aportación de otros informes médicos que, esta persona conserva plenamente sus facultades mentales, y el hecho de padecer una enfermedad de la cual se encuentra en tratamiento no supone la limitación de su capacidad de obrar.

 

Recoge la Sentencia "NO PADECE EN EL MOMENTO ACTUAL LIMITACION EN SU CAPACIDAD DE OBRAR, la exploración de la memoria, orientación, atención y concentración, DESCARTAN con claridad la existencia de deterioro congnitivo alguno, Es una persona orientada termporo-espacialmente, con pensamiento abstracto, capacidad de cálculo y funciones ejecutivas superiores preservadas. (...) Desestimo la demanda formulada por el Ministerio Fiscal y declaro no haber lugar a modificar la capacidad".

 

En definitiva, y aunque parezca fuera de lo común, cualquier persona que padezca una enfermedad mental ya sea de manera transitoria o permanente, puede ser demandada al objeto de determinar si conserva su capacidad de obrar o si por el contrario y como consecuencia de dicha patología o enfermedad, le supone una limitación en sus capacidades cognitivas, que le impidan desarrollarse en el tráfico jurídico con normalidad, de ahí la importancia de contar con un asesoramiento experto en la materia y que de acuerdo a sus circunstancias personales le aconseje y defienda en juicio, pues de lo contrario podría verse gravemente afectado o limitado en sus que haceres y en  la gestión de su patrimonio.

 

 Puede obtener más información sobre el procedimiento de limitación de la capacidad de las personas haciendo clic aquí.

 

Asunto defendido por el abogado Alexandra Roncero. 

 


 

Sentencia del Juzgado de Primera Instancia de Madrid

 

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DELITOS LEVES, ¿QUÉ SON?

 

A pesar del tiempo transcurrido desde la entrada en vigor de la reforma del Código Penal el 1 de julio de 2015, todavía nos encontramos con que los delitos leves son en su mayoría por los ciudadanos.

 

Con la Ley 1/15 de 30 de marzo, el 1 de julio de 2015, que reforma el Código Penal del 1995 , nos encontramos ante un cambio sustancial en la clasificación de los hechos punibles. 

 

Anteriormente esta reforma, establecía el Código Penal que, las acciones u omisiones podían ser constitutivos de delitos y faltas: Art. 1 “no será castigada ninguna acción u omisión que no este prevista como delito o falta por ley anterior a su perpetración.” Si bien a partir del 1 de julio de 2015, serán castigadas las acciones u omisiones siempre que sean constitutivos de DELITO previsto en el Código Penal.

 

Así se produce la eliminación de las conocidas FALTAS, suprimiendo el Libro III denominado “de las faltas y sus penas.” ,pero con la especialidad de que ciertas acciones que antes eran clasificadas como faltas pasan ahora a ser constitutivos de delitos leves, y otras desaparecen definitivamente a favor de la jurisdicción civil o administrativa.

 

La pregunta es ¿Y qué es un delito leve? ¿Tiene pena de  prisión? Habitualmente asociamos la palabra DELITO a penas de prisión por  hechos graves o muy graves, sin embargo ahora también contempla otras acciones u omisiones que si bien no causan alarma social si son penalmente sancionables.

 

 

Son penas leves las recogidas en el art.33.4 CP:

 

a) La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de tres meses a un año.

 

b) La privación del derecho a la tenencia y porte de armas de tres meses a un año.

 

c) Inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales de tres meses a un año.

 

d) La privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos, por tiempo inferior a seis meses.

 

e) La prohibición de aproximarse a la víctima o a aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, por tiempo de un mes a menos de seis meses.

 

f) La prohibición de comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, por tiempo de un mes a menos de seis meses.

 

g) La multa de hasta tres meses.

 

h) La localización permanente de un día a tres meses.

 

i) Los trabajos en beneficio de la comunidad de uno a treinta días.

 

 

Establece el Código Penal, art.13.3 “son delitos leves las infracciones que la ley castiga con pena leve” 4. “Cuando la pena, por su extensión, pueda considerarse como leve y como menos grave, el delito se considerará, en todo caso, como leve”.

 

A continuación exponemos el listado de los delitos leves:

 

  1. Causar la muerte de otro por imprudencia menos grave.

 

Art.142.2 CP “2.El que por imprudencia menos grave causare la muerte de otro, será castigado con la pena de multa de tres meses a dieciocho meses.

 

         2. Delito leve de lesiones

                                  Art.  147.2 CP “El que, por cualquier medio o procedimiento, causare a otro una lesión no incluida en el apartado anterior, será castigado con la pena de multa de uno a tres meses

 

        3. Delito leve de maltrato de obra

                                 Art. 147.3 CP “El que golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle lesión, será castigado con la pena de multa de uno a dos meses.

 

        4. Delito leve de lesiones graves por imprudencia menos grave

                             Art. 152.2 CP El que por imprudencia menos grave causare alguna de las lesiones a que se refieren los artículos 149 y 150 será castigado con una pena de multa de tres meses a doce meses.

 

         5. Delito leve de detención ilegal

                               Art. 163.4 CP “El particular que, fuera de los casos permitidos por las leyes, aprehendiere a una persona para presentarla inmediatamente a la autoridad, será castigado con la pena de multa de tres a seis meses.”

 

          6. Delito leve de amenazas

                              Art. 171.7 CP “Fuera de los casos anteriores, el que de modo leve amenace a otro será castigado con la pena de multa de uno a tres meses.

 

          7. Delito leve de coacciones

                             Art. 172.3 CP “Fuera de los casos anteriores, el que cause a otro una coacción de carácter leve, será castigado con la pena de multa de uno a tres meses.

 

          8. Delito leve de injurias o vejaciones  a personas del 173.2 CP

                    Art. 173.4 CP “Quien cause injuria o vejación injusta de carácter leve, cuando el ofendido fuera una de las personas a las que se refiere el apartado 2 del artículo 173, será castigado con la pena de localización permanente de cinco a tre siempre en domicilio diferente y alejado del de la víctima, o trabajos en beneficio de la comunidad de cinco a treinta días, o multa de uno a cuatro meses, esta última únicamente en los supuestos en los que concurran las circunstancias expresadas en el apartado 2 del artículo 84.”

 

          9. Delito leve de omisión de socorro

                         Art. 195 CP “1. El que no socorriere a una persona que se halle desamparada y en peligro manifiesto y grave, cuando pudiere hacerlo sin riesgo propio ni de terceros, será castigado con la pena de multa de tres a doce meses. 2. En las mismas penas incurrirá el que, impedido de prestar socorro, no demande con urgencia auxilio ajeno.”

 

        10. Delito leve de mantenerse en local abierto al público

                    Art. 203.2 CP “Será castigado con la pena de multa de uno a tres meses el que se mantuviere contra la voluntad de su titular, fuera de las horas de apertura, en el domicilio de una persona jurídica pública o privada, despacho profesional u oficina, o en establecimiento mercantil o local abierto al público.

 

         11. Delito leve de injurias graves sin publicidad

                         Art. 209 CP “Las injurias leves hechas sin publicidad  se castigarán  con la pena de multa de tres a siete meses.”

 

         12. Delito leve de hurto por  importe inferior a 400€  

                        Art. 234.2 CP “Se impondrá una pena de multa de uno a tres meses si la cuantía de lo sustraído no excediese de 400 euros, salvo si concurriese alguna de las circunstancias del artículo 235.

 

          13. Delito leve de sustracción de cosa propia  

                        Art. 236.1 y 2 CP “1.Será castigado con multa de tres a doce meses el que, siendo dueño de una cosa mueble o actuando con el consentimiento de éste, la sustrajere de quien la tenga legítimamente en su poder, con perjuicio del mismo o de un tercero.

                        2.Si el valor de la cosa sustraída no excediera de 400 euros, se impondrá la pena de multa de uno a tres meses.”

 

           14. Delito leve de usurpación de inmueble

                         Art. 245.2 CP “El que ocupare, sin autorización debida, un inmueble, vivienda o edificios ajenos que no constituyan morada, o se mantuvieren en ellos contra la voluntad de su titular.”

 

            15. Delito leve de alteración de lindes o mojones  

                      Art. 246.1 y 2 CP “1.El que alterare términos o lindes de pueblos o heredades o cualquier clase de señales o mojones destinados a fijar los límites de propiedades o demarcaciones de predios contiguos, tanto de dominio público como privado, será castigado con la pena de multa de tres a dieciocho meses.

                2.Si la utilidad reportada no excediere de 400 euros, se impondrá la pena de multa de uno a tres meses

 

 

           16. Delito leve de distracción de aguas  

                     Art. 247.1 CP “El que, sin hallarse autorizado, distrajere las aguas de uso público o privativo de su curso, o de su embalse natural o artificial, será castigado con la pena de multa de tres a seis meses.

               2.Si la utilidad reportada no excediere de 400 euros, se impondrá la pena de multa de uno a tres meses.

 

             17. Delito leve de estafa por importe inferior a 400€  

                     Art. 249 CP “Si la cuantía de lo defraudado no excediere de 400 euros, se impondrá la pena de multa de uno a tres meses

 

           18. Delito leve de administración desleal

                Art. 252 CP “Los que teniendo facultades para administrar un patrimonio ajeno, emanadas de la ley, encomendadas por la autoridad o asumidas mediante un negocio jurídico, las infrinjan excediéndose en el ejercicio de las mismas y, de esa manera, causen un perjuicio al patrimonio administrado.

               2.Si la cuantía del perjuicio patrimonial no excediere de 400 euros, se impondrá una pena de multa de uno a tres meses.”

 

 

           19.  Delito leve de apropiación indebida

                      Art. 253.2 CP “Si la cuantía de lo apropiado no excediere de 400 euros, se impondrá una pena de multa de uno a tres meses.”

 

           20. Delito leve de apropiación de cosa mueble ajena 

                Art. 254.1 y 2 CP “1.Quien, fuera de los supuestos del artículo anterior, se apropiare de una cosa mueble ajena, será castigado con una pena de multa de tres a seis meses.  

                2.Si la cuantía de lo apropiado no excediere de 400 euros, se impondrá una pena de multa de uno a dos meses.

 

           21. Delito leve de defraudación de fluido eléctrico, gas, agua, telecomunicaciones u otra energía 

               Art. 255 CP “1. Será castigado con la pena de multa de tres a doce meses el que cometiere defraudación utilizando energía eléctrica, gas, agua, telecomunicaciones u otro elemento, energía o fluido ajenos, por alguno de los medios siguientes:

                                            1.º Valiéndose de mecanismos instalados para realizar la defraudación.

                                            2.º Alterando maliciosamente las indicaciones o aparatos contadores.

                                            3.º Empleando cualesquiera otros medios clandestinos.

                   2. Si la cuantía de lo defraudado no excediere de 400 euros, se impondrá una pena de multa de uno a tres meses.

 

          22. Delito leve de uso de terminales de telecomunicaciones 

              Art. 256.1 y 2 CP “1.El que hiciere uso de cualquier equipo terminal de telecomunicación, sin consentimiento de su titular, y causando a éste un perjuicio económico, será castigado con la pena de multa de tres a doce meses.

             2.Si la cuantía del perjuicio causado no excediere de 400 euros, se impondrá una pena de multa de uno a tres meses.”

 

          23. Delito leve de daños importe inferior a 400€ 

              Art. 263.1 CP “1.El que causare daños en propiedad ajena no comprendidos en otros títulos de este Código, si la cuantía del daño causado no excediere de 400 euros, se impondrá una pena de multa de uno a tres meses.”

 

          24. Delito leve de daños por imprudencia grave

                   Art. 267 CP “Los daños causados por imprudencia grave en cuantía superior a 80.000 euros, serán castigados con la pena de tres a nueve meses, atendiendo la importancia de los mismo.”

 

          25. Delito leve de daños por imprudencia grave en patrimonio histórico, artístico, etc….

                 Art. 324 CP “El que por imprudencia grave cause daños, en cuantía superior a 400 euros, en un archivo, registro, museo, biblioteca, centro docente, gabinete científico, institución análoga o en bienes de valor artístico, histórico, cultural, científico o monumental, así como en yacimientos arqueológicos, será castigado con la pena de multa de tres a 18 meses, atendiendo a la importancia de los mismos.

 

          26. Delito leve de maltrato de animal doméstico

                  Art. 337.4 CP “Los que, fuera de los supuestos a que se refieren los apartados anteriores de este artículo, maltrataren cruelmente a los animales domésticos o a cualesquiera otros en espectáculos no autorizados legalmente, serán castigados con una pena de multa de uno a seis meses. Asimismo, el juez podrá imponer la pena de inhabilitación especial de tres meses a un año para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales.

 

         27. Delito leve de abandono de animal doméstico

                 Art. 337.Bis CP “El que abandone a un animal de los mencionados en el apartado 1 del artículo anterior en condiciones en que pueda peligrar su vida o integridad será castigado con una pena de multa de uno a seis meses. Asimismo, el juez podrá imponer la pena de inhabilitación especial de tres meses a un año para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales.

 

          28. Delito leve de uso de moneda falsa

                  Art. 386.3 CP “El que habiendo recibido de buena fe moneda falsa la expenda o distribuya después de constarle su falsedad será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a veinticuatro meses. No obstante, si el valor aparente de la moneda no excediera de 400 euros, se impondrá la pena de multa de uno a tres meses.

 

         29. Delito leve de uso sellos/efectos timbrados  

                Art. 389 CP “El adquirente de buena fe de sellos de correos o efectos timbrados que, conociendo su falsedad, los distribuyera o utilizara será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a veinticuatro meses. No obstante, si el valor aparente de los sellos o efectos timbrados no excediera de 400 euros, se impondrá la pena de multa de uno a tres meses

 

        30. Delito leve de falsedad de certificado por particular

                 Art. 399.1 CP “El particular que falsificare una certificación de las designadas en los artículos anteriores será castigado con la pena de multa de tres a seis meses.”

 

        31. Delito leve de fabricación de útiles para falsificar

                 Art. 400 CP “La fabricación, recepción, obtención o tenencia de útiles, materiales, instrumentos, sustancias, datos y programas informáticos, aparatos, elementos de seguridad, u otros medios específicamente destinados a la comisión de los delitos descritos en los Capítulos anteriores, se castigarán con la pena señalada en cada caso para los autores.

 

        32. Delito leve de uso de uniforme, traje o insignia

                 Art. 402 CP “El que sin estar autorizado usare pública e indebidamente uniforme, traje o insignia que le atribuyan carácter oficial será castigado con la pena de multa de uno a tres meses.

 

        33. Delito leve de acusación y denuncia falsa de delito leve  

             Art. 456.1 CP “Los que, con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad, imputaren a alguna persona hechos que, de ser ciertos, constituirían infracción penal, si esta imputación se hiciera ante funcionario judicial o administrativo que tenga el deber de proceder a su averiguación, serán sancionados: 3.ºCon la pena de multa de tres a seis meses, si se imputara un delito leve.

 

        34. Delito leve de destrucción de documentos o actuaciones por un particular

                   Art. 465.2 CP “Si los hechos descritos en el apartado primero de este artículo fueran realizados por un particular, la pena será de multa de tres a seis meses.”

 

         35. Delito leve de proporcionar evasión a un preso o detenido

                  Art. 470.3 CP “ El particular que proporcione la evasión a un condenado, preso o detenido, bien del lugar en que esté recluido, bien durante su conducción, si se tratara alguna de las personas citadas en el artículo 464, se les castigará con la pena de multa de tres a seis meses.”

 

          36. Delito leve de falta de respeto a la autoridad

                    Art. 556 CP “Los que faltaren al respeto y consideración debida a la autoridad, en el ejercicio de sus funciones, serán castigados con la pena de multa de uno a tres meses.”

 

 

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Nuevo baremo de Accidentes de tráfico. Ley 35/2015, de 22 de septiembre, Reforma del Sistema para la Valoración de los daños causados como consecuencia de un Accidente de Tráfico.

 

Trás una larga espera, se ha publicado finalmente el baremo o sistema de valoración de los daños derivados de los accidentes de tráfico cuya entrada en vigor se producirá a partir del 1 de enero de 2016. 

 

El pasado día 23 de septiembre de 2015, se publicó en el BOE el esperado baremo para la valoración de los daños en accidentes de tráfico, el cual pretende un justo resarcimiento de los perjuicios sufridos por las víctimas y sus familias como consecuencia de un siniestro. Si bien, para el año 2015 no se ha publicado la actualización del mismo, debiendo aplicarse a los accidentes de tráfico ocurrido durante el 2015 el sistema establecido para el período de 2014 por Resolución de 5 de marzo  de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones por la que se publican las cuantías de las indemnizaciones por muerte, lesiones permanentes e incapacidad temporal que resultarán de aplicar durante el 2014 el sistema para valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación. (para ver pinchar aquí).

Hasta la fecha, la valoración de los daños causados como consecuencia de un accidente de tráfico venía recogido en el Anexo del Texto Refundido de la Ley de Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre

La nueva regulación del sistema de valoración, tiende a completar y/o cubrir de manera realista los graves perjuicios que supone para un lesionado las consecuencias del accidente, hasta el punto incluso de suponer un cambio en la vida diaria, como viene siendo en los grandes lesionados que llegan incluso a necesitar de la ayuda de una tercera persona para las tareas cotidianas. Con el anterior sistema de valoración, o  comúnmente denominado “baremo”, no se llegaba a indemnizar completamente las lesiones derivadas del accidente, sino que se aplicaba la escala dentro de un patrón común, aplicado a la generalidad, sin concretarse al caso concreto y sus circunstancias especiales. Así la nueva reforma pretende detallar cada partida indemnizatoria a percibir por el perjudicado-lesionado o por los perjudicados familiares y allegados del lesionado en caso de fallecimiento de éste.

Con la idea de que el perjudicado por el accidente de tráfico vuelva a su estado anterior al siniestro o lo más próximo posible, se han introducido una serie de novedades que el anterior “baremo” no contemplaba. Así destacamos las siguientes:

1º Se determina separadamente las indemnizaciones para los casos de muerte, incapacidad temporal y secuelas. En cada situación se diferencia entre el perjuicio personal básico, perjuicio particular y el perjuicio patrimonial.

Con el perjuicio personal básico se establecen una serie de mínimos por la que indemnizar al perjudicado. El perjuicio particular pretende completar la indemnización básica en el caso de que se den concretas circunstancias relacionadas con el fallecido o en su caso, con el lesionado.

Se introduce el concepto de perjuicio patrimonial, desarrollado en dos aspectos:el daño emergente y el lucro cesante. Figuras que no contemplaba el derogado sistema de valoración y que suponen toda una novedad para cuantificar la indemnización por estos conceptos de una manera personalizada al caso en cuestión; Así con el daño emergente se trata de cubrir todo gasto  derivado del accidente de tráfico bien por el lesionado, bien por los demás perjudicados, como son en los casos de muerte, el entierro y funeral, desplazamiento y traslado del fallecido…, en caso de secuelas, los futuros gastos médicos previsibles, gasto en prótesis, rehabilitación, traslados a las consultas médicas, adecuación de vehículo y otros medios de apoyo a la autonomía personal y la necesidad de ayuda  por tercera persona..., y en caso de incapacidad temporal, los gastos asistenciales en que se haya incurrido, desplazamientos necesarios, etc… donde la entidad aseguradora podrá cubrir el coste directamente con los servicios públicos de salud u otras entidades, a través de los convenios suscritos.

Respecto al lucro cesante, se supera el factor corrector contenido en el anterior sistema sobre la base de la indemnización, y se determina ahora una serie de conceptos a tener en cuenta para calcular los perjuicios económicos  que deriven de la nueva situación de lesionado/fallecido, además de las pérdidas netas de ingresos provenientes del trabajo personal.

2º Señalamos otros aspectos relevantes incluidos en la reforma del baremo, como los sigguientes:

-        - Se reconoce como perjudicado al miembro supérstite de la pareja de hecho estable, constituida mediante inscripción en un registro o que haya ha convivido un mínimo de 1 año inmediatamente anterior al fallecimiento o período inferior si tiene un hijo en común.

      - Obligación de la entidad aseguradora de hacer una oferta motivada dentro de los 3 meses desde el siniestro.

-         - Impone el deber  de colaboración del perjudicado para la peritación por los servicios médicos del eventual responsable.

-     -  Posibilidad de acordar con la entidad aseguradora el abono de  una renta vitalicia.

      -  Necesidad de acreditar la dependencia económica del fallecido/lesionado para poder concurrir como perjudicado  a indemnizar.

      -  Se indemniza el perjuicio moral sufrido por perdida de calidad de vida.

      -  Indemnización para ayuda de tercera persona en casos de grandes lesionados, muy graves o graves según la edad del lesionado y la hora de ayuda o trabajo.

     -  En el caso de lesiones temporales, se elimina el concepto de días impeditivos y no impeditivos, fijando un importe fijo por día de curación que podrá incrementarse si se dan circunstancias más graves. Lesión habitual de traumatismo cervical.

      -  Reconocimiento de las labores del hogar como trabajo no remunerado aplicándo el SMI anual, así como la pérdida de capacidad de trabajo para las personas menores de 30 años o estudiantes.

 

En definitiva, con la reforma operada en el baremo se pretende detalar pormenorizadamente cada concepto indemnizable y así el perjudicado obtendría una cuantía lo más reparadora posible dentro de sus circunstancias  concretas que han sido expresamente valoradas.

 

 

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