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Mostrando articulos por etiqueta: Obligatoriedad de los Administradores de Disolver la Sociedad

Ser administrador hoy en día implica la asunción de importantes e inexcusables obligaciones, entre ellas, convocar a la Junta de Accionistas cuando la Sociedad se encuentre incursa en causa legal de disolución, dentro del plazo de 2 meses desde que concurrió.

 

Incumplir este mandato puede implicar que el Administrador asuma las deudas generadas por la Sociedad con carácter solidario, así expresamente se sidpone en el artículo 367 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, cuyo tenor literal es: 

 

Artículo 367. Responsabilidad solidaria de los administradores.

1. Responderán solidariamente de las obligaciones sociales posteriores al acaecimiento de la causa legal de disolución los administradores que incumplan la obligación de convocar en el plazo de dos meses la junta general para que adopte, en su caso, el acuerdo de disolución, así como los administradores que no soliciten la disolución judicial o, si procediere, el concurso de la sociedad, en el plazo de dos meses a contar desde la fecha prevista para la celebración de la junta, cuando ésta no se haya constituido, o desde el día de la junta, cuando el acuerdo hubiera sido contrario a la disolución.

2. En estos casos las obligaciones sociales reclamadas se presumirán de fecha posterior al acaecimiento de la causa legal de disolución de la sociedad, salvo que los administradores acrediten que son de fecha anterior.

 

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En esos casos, en los que no se ha procedido a instar un Concurso de Acreedores para liquidar de forma ordenada el patrimonio, la Ley de Sociedades de Capital permite dirigir acción frente a los responsables de la sociedad, que responderán personalmente y con su patrimonio privado de las deudas sociales. De hecho suelen ser casos que acaban con la recuperación de la deuda si el gestor de la mercantil no ha adoptado las cautelas necesarias.


Para que surja esta responsabilidad de los administradores, será necesario que:


1.- Que la Sociedad esté incursa en alguna causa de disolución, como por ejemplo pérdidas que dejen reducido su capital social por debajo del mínimo legal.

2.- Incumplimiento injustificado de los Administradores de su obligación de convocar Junta para adoptar los acuerdos necesarios para salvar la causa de disolución o proceder a instar el concurso.

3.- Transcurso del plazo de 2 meses desde que debió convocarse dicha Junta.

4.- Existencia de un crédito frente a la Sociedad.

oo

Son reiterados los pronunciamientos judiciales que nos recurdan este mandato, que ya existía en las derogadas Ley de Sociedades Anónimas y en la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada.

 

Muestra de ellos es la reciente Sentencia nº 736/2013, dictada por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo el pasado día 3 de diciembre de 2013, en cuyo fundamento jurídico 12º, nos recuerda:

  

"Responsabilidad de los administradores por no haber promovido la disolución de la sociedad


12. Comenzaremos por el análisis de los presupuestos legales para el ejercicio de la acción de responsabilidad de los administradores basada en el incumplimiento de su deber legal de promover la disolución de la sociedad, prevista en el art. 105.5 LSLR, tal y como estaba configurada antes de la reforma introducida por la Ley 19/2005, de 14 de noviembre , en atención al momento en que se habría producido el hecho del que se deriva la responsabilidad reclamada, el reseñado incumplimiento del deber legal de promover la disolución.


Como hemos recordado en otras ocasiones, entre ellas en la Sentencia núm. 585/2013, de 14 de octubre , la acción ejercitada de responsabilidad de los administradores de una sociedad de responsabilidad limitada prevista en el art. 105.5 LSRL , que se corresponde en la actualidad con el art. 367 LSC, requiere que los administradores hayan incumplido el deber de promover la disolución, existiendo una de las causas legales que así lo exige.


De este modo es preciso que, mientras los administradores demandados estaban en el ejercicio de su cargo, la sociedad hubiera incurrido en alguna de las causas de disolución contenidas en las letras c ) a g) del apartado 1 del art. 104 LSRL (en la actualidad las causas de disolución se regulan en el art. 363 LSC).


En el presente caso las causas invocadas fueron: pérdidas que dejan reducido el patrimonio de la sociedad por debajo de la mitad de su capital social ( art. 104.1.e LSRL ), la falta de la actividad que constituye el objeto social durante tres años ( art. 104.1.d LSRL ) y la imposibilidad de cumplir el fin social ( art. 104.1.c LSRL ).


Basta advertir que atendiendo a las últimas cuentas anuales depositadas por la sociedad en el Registro Mercantil, que se corresponden con el ejercicio 2004, al cierre del mismo los fondos propios eran negativos (-230.449 euros), por lo que se cumplía con toda claridad la causa prevista en la letra e) del art. 104.1 LSRL , al ser el patrimonio de la sociedad muy inferior a la mitad del capital social, que era de 30.010 euros.


13. Concurriendo la reseñada causa legal de disolución, los concretos deberes que el art. 105 TRLSA , en sus apartados 1 y 4 (se corresponden con los actuales arts. 365 y 366 LSC), imponía a los administradores eran: i) en primer lugar, convocar la junta general en el plazo de dos meses para que adopte el acuerdo de disolución; ii) en el caso en que no se hubiera podido constituir la junta, solicitar la disolución judicial en el plazo de dos meses a contar desde la fecha prevista para la celebración de la junta; y iii) si se hubiese celebrado la junta, pero no se hubiera adoptado el acuerdo de disolución o el acuerdo hubiese sido contrario, solicitar la disolución judicial en el plazo de dos meses a contar desde el día de la junta.


No consta que los administradores demandados hubieran convocado la junta de socios en los dos meses posteriores al cierre del ejercicio 2004, ni que se hubiera removido por cualquier otra vía la causa de disolución.


Bajo la regulación del art. 105.5 LSRL anterior a la reforma de la Ley 19/2005, de 14 de noviembre, que es la aplicable al caso en atención al momento del incumplimiento del deber legal de promover la disolución, anterior a la entrada en vigor de esta reforma, los administradores " responderán solidariamente de las obligaciones sociales ", en general, sin que la norma hiciera ninguna distinción, aunque se entiende que, conforme a la interpretación realizada en las Sentencia núm. 585/2013, de 14 de octubre , quedarían fuera las nacidas con posterioridad al cese de los administradores.


El crédito reclamado por la demandante consta que nació mientras los demandados eran administradores ...


En consecuencia, procede condenar a los administradores demandados al pago solidario de estos créditos, como consecuencia de la estimación de la acción de responsabilidad basada en el citado art. 105.5 LSRL .
Propiamente los intereses moratorios del 8% se pactaron respecto de la liquidación prevista en la estipulación sexta, por lo que procede imponer este interés desde la presentación de la demanda a la suma correspondiente a la primera partida, mientras que respecto de las dos restantes, al no existir interés pactado le aplicaremos el interés legal."

 

Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 3 de diciembre de 2013, sobre la Responsabilidad de los Administradores Sociales por deudas de la empresa.

 

 Descargar Sentencia en PDF.


 

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